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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01096-01

Fecha
22 de junio de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01096-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2.021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia y en su lugar se niegan las pretensiones. Segundo. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante, la cuales será liquidadas por el a quo. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas anotaciones en el portal SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01096-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de junio de 2023

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01096-01 (5527-2022)
Demandante: María Jesús Ospina Ríos y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 23000-23-42-000-2018-01096-01 (5527-2022)
Demandante: MARÍA JESÚS OSPINA RÍOS y RAFAEL CERÓN
Demandada: NACIÓN-MINISTERIO DEFENSA NACIONAL-POLICÍA
NACIONAL.

Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes a favor de padres de
patrullero de la Policía Nacional fallecido en simple actividad.
Dependencia económica. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2.021) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Los señores MARÍA JESÚS OSPINA RÍOS y RAFAEL CERÓN, obrando por
medio de apoderado debidamente constituido, instauraron demanda en contra de
la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

1. Que se declare la nulidad del Oficio S-2012-183887/ARPRE.GROIN-22 del 17
de julio de 2012, que negó el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes a favor de los demandantes.

2. Que, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada el
reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a favor de los señores

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01096-01 (5527-2022)
Demandante: María de Jesús Ospina Ríos y otro

María Jesús Ospina Ríos y Rafael Cerón, como padres del extinto patrullero de la
Policía Nacional Rafael Cerón Ospina, conforme a lo regulado en la «Ley 100 de
1.993, Decreto 4433 de 2.004 y demás normas concordantes», efectiva a partir del
12 de mayo de 2.010 y hasta la fecha en que sea efectivamente pagada.

3. Que se reconozcan y paguen las mesadas adicionales causadas, se reajuste e
indexe la pensión peticionada, así como las demás prestaciones con el mayor
porcentaje legal y en forma permanente, desde el 12 de mayo de 2.010, y de
acuerdo con el grado de patrullero de la Policía Nacional.

4. Que se paguen todas las sumas debidamente actualizadas conforme al IPC, en
los términos del artículo 192 del CPACA, más los intereses comerciales moratorios
a que haya lugar, a partir del reconocimiento de la prestación y hasta cuando
efectivamente se pague.

5. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y
195 ibidem, y se condene en costas a la demandada.

HECHOS

Que los señores María Jesús Ospina Ríos y Rafael Cerón contrajeron matrimonio
el 3 de febrero de 1.983 y de dicha unión nació el señor Rafael Cerón Ospina.

Que el señor Cerón Ospina se vinculó a la Policía Nacional el 14 de enero de
2.008 y fue retirado el 12 de mayo de 2.012, con ocasión de su muerte que fue
calificada como simplemente en actividad según el informe administrativo 038 del
28 de mayo de 2.012.

Que mediante Resolución 01508 del 21 de septiembre de 2.010, la entidad
demandada les reconoció a los demandantes las cesantías definitivas e
indemnización por muerte, como beneficiarios del causante.

Que los señores María Jesús Ospina Ríos y Rafael Cerón son personas de la
tercera edad que, si bien perciben una suma mensual de dinero, no les es
suficiente para sufragar sus gastos y llevar una vida en condiciones dignas, pues
cada uno vive de forma independiente en razón a la cesación de efectos civiles del

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Demandante: María de Jesús Ospina Ríos y otro

matrimonio decretada por orden judicial.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 20 de septiembre de 2.018 y
notificada a la Policía Nacional, quien contestó el libelo manifestando que el acto
administrativo enjuiciado fue expedido acorde al ordenamiento jurídico, toda vez
que el régimen especial aplicable para efectos de la pensión de sobrevivientes es
el Decreto 1091 de 1.995 que exige 15 años o más de servicios, requisito que no
cumplió el expolicial.

Propuso como excepciones las de acto administrativo acorde con la Constitución y
la ley; inexistencia del derecho pretendido; prescripción extintiva y carencia
probatoria para demostrar la dependencia económica «del difunto para con los
demandantes».

Mediante providencia del 23 de junio de 2.020 se dio aplicación al artículo 13 del
Decreto 806 de la mencionada anualidad, por lo que se prescindió de la audiencia
inicial y se dio traslado a las partes para que alegaran de conclusión, se dictó
sentencia, la cual fue apelada dentro del término oportuno por la entidad
demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
mediante sentencia del 6 de mayo de 2.021, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:

Que los Decretos 1091 de 1.995 y 4433 de 2.004 son las disposiciones que rigen
la situación pensional de los demandantes, en cuanto es la norma especial vigente
al momento del fallecimiento del causante, sin embargo, en aplicación del principio
de favorabilidad es procedente atender lo regulado en la Ley 100 de 1.993, tal
como lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia.

Que tal y como lo sostuvo el Tribunal Constitucional en sentencia T-424 de 2018,
no se requiere que la dependencia económica sea absoluta, en tanto resulta

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Demandante: María de Jesús Ospina Ríos y otro

suficiente que se demuestre la afectación al mínimo vital, en este sentido, si bien
los demandantes cuentan con un ingreso financiero, ello no desvirtúa que la
muerte de su hijo afectó su subsistencia en condiciones dignas, aunado a ello, son
personas de la tercera edad a las cuales se les alteró las condiciones de vida al no
contar con la ayuda que les proveía el causante, por lo que se acreditaron los
requisitos para acceder a la prestación solicitada.

Que, dado que la compensación por muerte que les fue reconocida no es una
prestación propia del régimen general, era procedente el descuento de los valores
pagados a los beneficiaros por dicho concepto.

Que se presentó el fenómeno jurídico de prescripción, por cuanto el derecho se
causó el 12 de mayo de 2.010 (fecha de fallecimiento del señor Rafael Cerón
Ospina), la petición fue radicada el 23 de mayo de 2.012 y la demanda se
presentó el 31 de octubre de 2.018, motivo por el cual las mesadas causadas con
anterioridad al «12 de mayo de 2.015» prescribieron.

Que como consecuencia de ello, declaró la nulidad del acto demandado y ordenó
a la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional, reconocer y pagar la
pensión de sobrevivientes a favor de los señores María Jesús Ospina Ríos y
Rafael Cerón, en los términos de los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1.993,
efectiva a partir del 12 de mayo de 2.015 por prescripción trienal y que de dicha
suma se descontara el valor que les fue pagado por concepto de compensación
por muerte debidamente indexado sin que se afecte el mínimo vital de los
beneficiarios. Finalmente se abstuvo de condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación en los siguientes términos:

Que, en la sentencia de primera instancia, se efectuaron aseveraciones que no
tienen sustento, pues en ningún momento se probó que los ingresos que perciben
los demandantes son insuficientes para cubrir sus necesidades o por lo menos
indicar a cuáles se refiere para contrastarlas con los ingresos económicos que
devengan, y no basarse en «simples conjeturas».

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Que es improcedente la especulación sobre una supuesta condición de vida
afectada como lo expuso el a quo en la decisión apelada, pues es necesario que
dicha circunstancia se pruebe, lo cual no ocurrió en el caso bajo estudio.

Que en consecuencia no se demostró la dependencia económica que exige la
norma aplicada, pues los interesados no acreditaron que sus ingresos no les
alcanzaba para llevar una vida en condiciones dignas que poseían antes del
fallecimiento de su hijo.

Aunado a ello, el tribunal de instancia para efectos de tener probado este aspecto,
se fundamentó en unas declaraciones extraproceso rendidas por los mismos
demandantes que tienen absoluto interés en las resultas del proceso, motivo por el
cual era necesario realizar un análisis ponderado, racional y lógico de tales
elementos de convicción.

Por último, aludió que dentro del proceso se probó que los demandantes llevan
muchos años separados y tienen domicilios diferentes, circunstancia que permite
inferir que si ambos dependían de su hijo como lo afirman, ello significaría que,
con su salario, que para el año 2010 ascendía a un poco más de $800.00, el
causante sostenía 3 viviendas, lo cual resulta inverosímil.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandada, al estar
dentro del término procesal correspondiente, mediante auto del 9 de noviembre de
2.022 se admitió el recurso de alzada y, en concordancia con el artículo 212 del
CPACA y el ordinal 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2.021 a través del cual se
modificó el artículo 247 del CPACA, se dispuso que por Secretaría, dentro de los
10 días siguientes a la ejecutoria de la mencionada providencia, pasara el
expediente al Despacho para dictar sentencia, salvo que las partes presentaran
solicitud probatoria.

El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

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CONSIDERACIONES

Deberá la Sala determinar si los demandantes, en su calidad de padres del
patrullero de la Policía Nacional, quien falleció simplemente en actividad el 12 de
mayo de 2010, demostraron la dependencia económica respecto del causante
para ser beneficiarios de una pensión de sobrevivientes conforme lo regulado en
la Ley 100 de 1.993 en aplicación del principio de favorabilidad.

Cuestión previa-objeto de pronunciamiento de la Corporación-

Previo al análisis del fondo del asunto, es preciso recordar que cuando el recurso
de alzada lo invoca una sola de las partes, el juez de segunda instancia tiene
limitada su competencia funcional no solo en virtud del principio de la «non
reformatio in pejus» sino además por los motivos de inconformidad expresados
por el recurrente respecto de la providencia objeto de censura.

Por lo que no basta con la mera interposición del recurso, sino que se precisa la
sustentación del mismo a efectos de definir las cuestiones sobre las cuales ha de
conocer el juez de la apelación dado que los aspectos de la providencia que no
sean recurridos adquieren firmeza y, por ende, son ajenos a la competencia de la
segunda instancia, tal como lo dispone el artículo 320 del CGP sobre el objeto de
la alzada: «El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión
decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el
apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión […]». (Resaltado
intencional).

Lo anterior, pues en el presente asunto se observa que la entidad apelante limitó
su manifestación de inconformidad a que los demandantes no demostraron la
dependencia económica respecto de su hijo fallecido, y en su sentir, la omisión por
parte del tribunal de primera instancia es en la valoración probatoria respecto de la
acreditación del mencionado elemento.

Por lo tanto, la competencia de esta Corporación para conocer de la alzada se
concentrará en la definición de dicho aspecto y sobre ello ha de girar la
controversia puesta en conocimiento, pues las demás cuestiones debatidas en

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primera instancia no suscitaron la inconformidad de la Policía Nacional, lo que
impide a esta Subsección efectuar un estudio de fondo sobre las mismas sin poner
en riesgo el derecho al debido proceso de la contraparte.

Precisado lo anterior, se procede a realizar el análisis.

Marco normativo y jurisprudencial

Del derecho a la seguridad social

Conforme lo regula el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es
un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que determine la ley. De ahí que el legislador quedó
habilitado para configurar el sistema de seguridad social sometido a dichos
principios y a los parámetros fundamentales señalados en la citada norma
constitucional.

En algunos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de
Derechos Humanos (artículo 22), el Pacto Internacional de Derechos Sociales y
Culturales (artículo 9) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo 16), la seguridad social es considerada un derecho que procura
el bienestar general de la sociedad.

En efecto, fue a través de la Ley 100 de 1.993, que el legislador organizó el
sistema de seguridad social integral cuya finalidad es la de proteger los derechos
irrenunciables de todas las personas para obtener la calidad de vida acorde con la
dignidad humana, mediante la protección de las contingencias que la afecten. Este
sistema comprende las obligaciones del Estado, la sociedad, las instituciones y los
recursos destinados a garantizar la cobertura de las prestaciones de carácter
económico, de salud y servicios complementarios u otras que se incorporen en el
futuro.

El Sistema de Seguridad Social Integral se encuentra conformado por los
regímenes generales regulados para pensiones, salud, riesgos profesionales, hoy

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denominados laborales, y los servicios sociales complementarios que se definen
en la misma Ley 100 de 1.993.

No obstante, esta Ley previó en su artículo 2791 la inaplicabilidad del Sistema
Integral de Seguridad Social allí previsto respecto de los miembros de la Fuerza
Pública, quienes se encuentran cobijados por un sistema especial cuyo
fundamento reside en la naturaleza de las competencias, funciones y riesgos que
asumen en la prestación del servicio que tienen a su cargo.

Con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, tanto el régimen
general contemplado como los regímenes exceptuados han previsto una
prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que
brindaba el fallecido al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca
en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las
personas beneficiarias de dicha prestación. Se trata de la pensión de
sobrevivientes, cuyo reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público
y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

En este punto es relevante aclarar que si bien la pensión de sobreviviente y la
sustitución pensional tienen la misma finalidad, la sustitución pensional es aquella
prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que fallece o del
afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles para pensionarse y
fallece; en cambio la pensión de sobreviviente es aquella prestación que se le
otorga al núcleo familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir con los
requisitos mínimos para obtener la pensión2.

Ahora, esta Corporación3 ha sostenido que en materia pensional la aplicación de
una norma que se exige sea aplicada, es requisito sine qua non que aquella

1 Artículo 279. «excepciones. el sistema integral de seguridad social contenido en la presente ley

no se aplica a los miembros de las fuerzas militares y de la policía nacional, ni al personal regido
por el decreto-ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de
la presente ley, ni a los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.»1. (subrayas y
negrillas fuera del texto)
2
Sentencia T-564 de 2015.
3 Al respecto, pueden leerse los siguientes fallos proferidos por la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda: sentencias del del 25 de abril de 2013,
76001-23-31-000-2007-01611-01(1605-09); del 8 de septiembre de 2016,
17001233300020130061701 (1030-15); del 27 de agosto de 2015, 05001233100020110110301
(0897-14); y del 3 de marzo de 2015, 05001233300020130032001(0537-14), entre otras.

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hubiera estado vigente a la fecha en que el derecho se habría causado, que para
el caso de la pensión de sobrevivientes es la fecha de deceso del causante.

Régimen legal de la pensión de sobrevivientes por muerte de nivel ejecutivo
de la Policía Nacional

En el caso de quienes han optado por vincularse a la Policía Nacional en el nivel
ejecutivo, y en atención a la fecha de causación del derecho que aquí se discute
(12 de mayo de 2010)4, el régimen especial de seguridad social aplicable se
encuentra contenido en el Decreto 4433 de 20045. El artículo 29 de la norma en
comento prevé las prestaciones del policial muerto simplemente en actividad, de la
siguiente manera6:

«Artículo 29. Muerte en simple actividad. A la muerte en simple actividad de un
Oficial, Suboficial, Agente o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, con un (1) año o
más de haber ingresado al escalafón, por causas diferentes a las enumeradas en
los artículos anteriores, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el
artículo 11 del presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del
fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual,
reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro de acuerdo con el grado y
tiempo de servicio del causante.

Cuando el Oficial, Suboficial, Agente o miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, falleciere sin tener el tiempo requerido para la asignación de retiro, la
pensión será liquidada en un porcentaje equivalente al cuarenta por ciento (40%) de
las partidas computables.
[…]

Parágrafo 2°. La Dirección General de la Policía Nacional reconocerá de
conformidad con lo dispuesto en este artículo, las pensiones establecidas en el
artículo 6° de la Ley 923 del 30 de diciembre de 2004.». (Subrayas fuera de
texto).

En tales condiciones, cuando la muerte de un miembro del nivel ejecutivo es
calificada en simple actividad, se exige que haya permanecido mínimo un (1) año
en el escalafón, para que se entienda causado el derecho a la pensión de
sobrevivientes en favor de sus beneficiarios, la cual se pagará en un porcentaje
equivalente al 40% de las partidas computables.

4
Fecha de fallecimiento del señor Rafael Cerón Ospina, según registro civil de defunción visible a
folio 29.
5
«Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».
6
Conforme se indicó en el informe administrativo 038 del 28 de mayo de 2.010, obrante en folios
45 a 47.

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En lo que respecta a los beneficiarios de las prestaciones por causa de muerte de
un policial fallecido en servicio activo, el artículo 11 de la mentada disposición
preceptúa:

«[…] 11.1 La mitad al cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente y la otra
mitad a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes mayores de 18 años y
hasta los 25 años si dependían económicamente del causante al momento de su
muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y a
los hijos inválidos si dependían económicamente del causante.

11.2 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, la pensión
corresponderá íntegramente a los hijos menores de 18 años e hijos estudiantes
mayores de 18 años y hasta los 25 años, siempre y cuando acrediten debidamente
su condición de estudiantes y a los hijos inválidos, si dependían económicamente
del causante.

11.3 Si no hubiere hijos, la pensión corresponderá la mitad al cónyuge o compañero
(a) permanente sobreviviente, y la otra mitad en partes iguales, para los padres que
dependían económicamente del causante.

11.4 Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente sobreviviente, ni
hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y cuando dependieran
económicamente del causante. […]». (Resaltado intencional).

Pensión de sobrevivientes en el régimen general

El Sistema General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1.993 contempló
distintos tipos de prestaciones para las contingencias de vejez, invalidez y muerte.

Así, en el artículo 46 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2.003, previó
los requisitos para tener derecho a la aludida prestación de la siguiente manera:

«Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:

Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a
la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:

a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;

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b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el
veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió
veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.
[…]
Parágrafo 2°. Declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-1094 de 2003.». (Negrillas fuera de texto original).

Y respecto de los beneficiarios el artículo 13 de la Ley 797 ibidem que modificó los
artículos 47 y 74 de la Ley 100 de 1.993, y en lo pertinente para resolver el
presente asunto, preceptuó:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de
forma total y absoluta de este;
[…]
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el
hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.». (Destacado de la
Sala).

Ahora, en relación con la dependencia económica la Sección Segunda de esta
Corporación en sentencia de unificación7 la entendió «como aquella situación de
subordinación a que se halla sujeta una persona respecto de otra en relación con su
“modus vivendi”. Relación de dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte
del beneficiado o amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad
humana pero desprendida de ostentación o suntuosidad alguna. […]».

Frente a esta figura, la Corte Constitucional en sentencia C-066 de 2016 sostuvo:
«[…]: (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del
causante de la pensión de sobrevivientes, para auto proporcionarse o mantener su
subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no constituye la falta de la misma, ya que
tan solo se es independiente cuando el solicitante puede por sus propios medios
mantener su mínimo existencial en condiciones dignas».

En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede asumirse
desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en la falta de
condiciones materiales mínimas para la subsistencia8. Es de anotar que dicho
concepto debe ser analizado en armonía con los postulados constitucionales y

7
CE-SUJ2-010-18 del 12 de abril de 2018, dictada dentro del proceso con radicado: 81001-23-33-
000-2014-00012-01 (1321-15).
8
En este sentido se pronunció la Sección Segunda, Subsección A, en sentencias del 17 de febrero
de 2022, radicado: 05001-23-33-000-2018-00210-01 (0119-2021); del 17 de noviembre de 2022,
radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019); entre otras.

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legales que enmarcan la seguridad social, tales como la protección especial a las
personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta.

Resolución al caso concreto

Conforme se esgrimió en apartes anteriores, el argumento del recurso de
apelación se encuentra encaminado en el sentir de la demandada, a la falta de
acreditación de la dependencia económica de los demandantes respecto del
causante, y a pesar de que no fue objeto de apelación el régimen aplicable,
acorde con lo estudiado en el acápite correspondiente, tanto el artículo 47 de la
Ley 100 de 1.993 modificado por la Ley 797 de 2.003 como el numeral 4 del
artículo 11 del Decreto 4433 de 2.004, ambas vigentes para la época de la muerte
del patrullero Rafael Cerón Ospina, exigen el requisito de dependencia económica
respecto de los padres que pretendan la pensión de sobrevivientes.

En criterio de la Sala, la dependencia económica puede relacionarse con la noción
de congrua subsistencia y la concepción que proviene del adjetivo congruente, el
que a su vez significa conveniente, proporcional, coherente y lógico9. Asimismo,
puede aceptarse como una razonable porción, estipendio o retribución de algo.
Subsistencia es entonces el conjunto de medios necesarios para el sustento de la
vida humana10, aunado a ello y conforme se analizó, no puede asumirse desde la
óptica de la carencia total de recursos económicos.

Es por ello, que una de las funciones del juez en casos como el presente, es buscar
la verdad a través de un riguroso estudio en donde las reglas de la lógica, la
psicología y la experiencia juegan un papel importante; de manera que la convicción
que pueda adquirir coincida con la realidad11.

Así pues, la finalidad de esta prestación es suplir la ausencia repentina del apoyo
económico del pensionado o del afiliado a los allegados dependientes y, por ende,
evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de la pensión.
9 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición. Pág.

541.
10 En igual sentido se pronunció esta Subsección en un proceso de contornos similares en

sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado: 18001-23-33-000-2016-00218-01(4437-19).
11 Así lo consideró la Sección A en sentencia del 17 de noviembre de 2022, radicado: 15001-23-33-

000-2017-00634-02 (0354-2019).

12

13
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01096-01 (5527-2022)
Demandante: María de Jesús Ospina Ríos y otro

Lo anterior, ha sido validado por la Corte Constitucional12, en la cual sostuvo:

«De lo expuesto se concluye que la dependencia económica supone un criterio de
necesidad, esto es, de sometimiento o sujeción al auxilio recibido de parte del
causante, de manera que el mismo se convierta en imprescindible para
asegurar la subsistencia de quien, como los padres, al no poder sufragar los
gastos propios de la vida pueden requerir dicha ayuda en calidad de
beneficiarios. Por ello la dependencia económica no siempre es total y absoluta
como lo prevé el legislador en la disposición acusada. Por el contrario, la misma
responde a un juicio de autosuficiencia, que en aras de proteger los derechos
fundamentales a la vida, al mínimo vital y a la dignidad humana, admite varios
matices, dependiendo de la situación personal en que se encuentre cada
beneficiario.

Así las cosas, es claro que el criterio de dependencia económica tal como ha sido
concebido por esta Corporación, si bien tiene como presupuesto la subordinación de
la (sic) padres en relación con la ayuda pecuniaria del hijo para subsistir, no excluye
que aquellos puedan percibir un ingreso adicional siempre y cuando éste no los
convierta en autosuficientes económicamente, vale decir, haga desaparecer la
relación de subordinación que fundamenta la citada prestación.». (Resaltado
intencional).

En efecto, los señores María Jesús Ospina Ríos y Rafael Cerón aportaron al
plenario las declaraciones extraprocesales, las cuales, si bien es cierto, no pueden
ser observadas como testimonio dentro del proceso judicial, sí procede su
valoración como documento declarativo de terceros, acorde con lo establecido en
el artículo 262 del Código General del Proceso13, en las cuales manifiestan que
dependían económicamente de su hijo, y era quien les aportaba para su sustento
y manutención.

Nótese que dichas declaraciones provienen de los mismos interesados, y que no se
aportó un medio probatorio diferente con el cual se puedan confrontar tales
aseveraciones para llevar a esta Corporación al convencimiento sobre su
configuración.

En este sentido, la Sala echa de menos las ratificaciones de las declaraciones,
testimonios, declaraciones extraproceso de las personas ajenas a la presente litis, o
documentos, entre otros, que dieran cuenta del elemento de la dependencia
económica que se predica, esto es, los interesados no acreditaron que por sus
propios medios no podían mantener su mínimo existencial en condiciones dignas.

12
Sentencia T-456 del 25 de agosto de 2016, referencia: expediente T-5.505.074.
13 «ARTÍCULO 262. DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS. Los
documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin
necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación».

13

14
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01096-01 (5527-2022)
Demandante: María de Jesús Ospina Ríos y otro

Aunado a lo anterior, se allegaron al plenario certificaciones que dan cuenta que la
señora Ospina Ríos es pensionada del Hospital de Caldas desde el 1° de
septiembre de 1.998 y que es propietaria de un inmueble en la ciudad de
Manizales, así como que el señor Rafael Cerón para el año 2.009 laboraba en una
empresa con una asignación básica de $515.000 más auxilio de transporte, esto
es un salario mínimo14.

Con base en lo anterior, considera la Sala que al plenario no se allegaron suficientes
elementos de convicción que den cuenta que los demandantes vieron disminuidas
sus condiciones de vida o que perdieron los supuestos beneficios que recibían de su
hijo, con ocasión de dicho suceso; pues no se hace posible inferir siquiera que
existía una mínima ayuda por parte del señor Rafael Cerón Ospina hacia sus padres
o por lo menos un testimonio que ayude a esclarecer esto.

De esta manera, los actores no pueden conformarse simplemente con afirmar dentro
de la demanda unos hechos, sino que tiene la carga de probar lo dicho. Ahora, al no
tener pruebas que den claridad en este asunto, se debe aplicar el principio de carga
de la prueba, para concluir que la parte actora no logró demostrarlo.

En cuanto a la carga de la prueba, se ha manifestado el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, en sentencia 14 de junio de 2.01215, de la siguiente manera:

«[…] Así pues, la carga de la prueba expresa las ideas de libertad, de
autorresponsabilidad, de diligencia y de cuidado sumo en la ejecución de una
determinada conducta procesal a cargo de cualquiera de las partes. (…)

En ese orden de ideas, el contenido material que comporta la carga de la prueba
está determinado por la posibilidad que tienen las partes de obrar libremente para
conseguir el resultado jurídico (constitutivo, declarativo o de condena) esperado de
un proceso, aparte de indicarle al juez cómo debe fallar frente a la ausencia de
pruebas que le confieran certeza respecto de los asuntos sometidos a su
conocimiento16.».

Y acerca de las consecuencias de no cumplir con el principio de carga de la prueba,
el Consejo de Estado en sentencia de fecha 28 de abril de 2.00517, expresó:

14 Según lo consultado en la página: https://www.salariominimocolombia.net/2010.
15
Radicación: 23001-23-31-000-1998-09402-01(23296).
16
En ese mismo sentido consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias
proferidas el 19 de agosto del 2009, Exp. 17.563 y del 18 de febrero de 2010, Exp. 18006, entre
otras.
17
Radicación23001-23-31-000-1997-08423-01(16175).

14

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01096-01 (5527-2022)
Demandante: María de Jesús Ospina Ríos y otro

«[…] Por lo tanto, la Sala advierte que no se acreditaron los hechos que sirvieron de
fundamento a las pretensiones de la demanda, puesto que la actora no aportó
pruebas ni desplegó actividad alguna tendiente a que se allegaran los medios de
prueba necesarios para determinar la imputación del daño a la Administración
Pública.».

A su turno, la Sección Segunda de esta Corporación18 en relación con la carga de la
prueba de la dependencia económica de quien la alega, ha señalado:

«[…] En ese sentido, es de advertir que a pesar que los padres del causante que
cotizó al Sistema de Seguridad Social, están legitimados para reclamar, entre otros,
la pensión de sobrevivientes generada por su fallecimiento; esta prerrogativa no se
traduce en la automática concesión del derecho, toda vez que se deben
acreditar los supuestos de hecho previstos en la ley.

Asimismo, se resalta que quien pretenda acudir ante la administración de justicia
está en la obligación de observar algunas cargas y respetar las ritualidades
propias de cada proceso; en este caso, allegar los elementos de prueba a que
hubiere lugar, en virtud del principio onus probandi incumbit actori, con el fin de
brindar un soporte a la decisión tomada por el operador judicial.

En este punto, la Sala no puede pasar por alto que pese a que los actores rindieron
un interrogatorio de parte, no allegaron otros medios de prueba, que resultaran
idóneos para acreditar la dependencia económica con el causante; de forma tal
que su esfuerzo se centró en demostrar que el De Cujus realizaba algún aporte al
núcleo familiar; circunstancia esta que no fue suficiente para generar en su
favor el derecho a la pensión de sobrevivientes.». (Negrilla de la Sala).

Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en
conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, no resulta acertada la decisión
del tribunal de primera instancia, por cuanto no se dan los presupuestos para
reconocer la pensión de sobrevivientes a los demandantes, y en esta medida se
revocará la sentencia apelada y en su lugar se denegarán las pretensiones de la
demanda.

De la condena en costas en segunda instancia

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,19 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

18
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 25 de noviembre de 2021,
radicación: 11001-03-15-000-2021-05087-01(AC).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-

01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi.

15

16
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01096-01 (5527-2022)
Demandante: María de Jesús Ospina Ríos y otro

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1° y
4 del artículo 365 del Código General del Proceso,20 la Sala condenará en costas
en ambas instancias a la parte demandante, toda vez que no prosperó el objeto
del recurso de alzada y se revocará en su totalidad la decisión. Las costas serán
liquidadas por el a quo según lo prevé el artículo 366 ibidem.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el seis (6) de mayo de dos mil veintiuno
(2.021) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia y en su lugar se niegan
las pretensiones.

Segundo. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante, la
cuales será liquidadas por el a quo.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las respectivas
anotaciones en el portal SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

20 «1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 4. Cuando la sentencia de segunda instancia
revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas
instancias.».

16

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