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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00634-02

Fecha
17 de noviembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2017-00634-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la sentencia del 13 de septiembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Blanca Nieves Gallego García contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional. En su lugar, Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019) Demandante: Blanca Nieves Gallego García Segundo: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo derivado del silencio administrativo frente a las solicitudes de reconocimiento de pensión de sobrevivientes presentadas por la interesada. Tercero: Declarar probada la excepción de prescripción de mesadas pensionales causadas con anterioridad al 21 de mayo de 2012, por las razones expuestas en el presente proveído. Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, a efectuar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de que tratan los artículos 46 a 48 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, a favor de la señora Blanca Nieves Gallego García quien se identifica con cédula de ciudadanía 43.830.854, en una cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, con efectos fiscales a partir del 21 de mayo de 2012. En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las mesadas adeudadas a favor de la demandante a partir del 21 de mayo de 2012, esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo 187 del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula: R= Rh X Índice final _________________ Índice inicial Quinto: De los valores reconocidos por concepto de pensión de sobrevivientes se debe realizar el descuento, debidamente indexado, de lo pagado por la entidad demandada a la demandante mediante Resolución 143418 del 3 de octubre de 2012 a título de compensación por muerte de Dubian de Jesús Ossa Gallego, de conformidad con las reglas de unificación precitadas. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2017-00634-02

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

17 de noviembre de 2022

1
Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: BLANCA NIEVES GALLEGO GARCÍA
Demandadas: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL,
EJÉRCITO NACIONAL

Temas: Reconocimiento pensión de sobrevivientes a favor
de la madre de un soldado regular del Ejército
Nacional muerto en simple actividad. Régimen
aplicable conforme a las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003. Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-
2018 de 12 de abril de 2018. Principio de
favorabilidad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-196-2022

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia del 13 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, que denegó las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Blanca Nieves Gallego García en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20111, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones2

1. Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo derivado del silencio
administrativo frente a la reclamación presentada por la libelista el 20 de
mayo de 2015, en la cual solicitó el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hijo, el señor Dubian de
Jesús Ossa Gallego.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la parte pasiva
reconocer y pagar a la señora Blanca Nieves Gallego García una pensión
de sobrevivientes en virtud del fallecimiento del señor Ossa Gallego,
ocurrido en combate. Lo anterior en una suma equivalente a un salario y

1
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», o CPACA.
Se destaca que el Tribunal Administrativo de Antioquia a través de providencia del 20 de junio
de 2017, declaró la falta de competencia por razón del territorio y ordenó la remisión del
proceso al Tribunal Administrativo del Cauca (reparto), según se observa de folios 53 a 55.
2
Folio 78 a 79 de la subsanación de la demanda.

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2
Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

medio mínimo legal mensual vigente, de conformidad con el Decreto 4433
de 2004.

3. Conminar a la entidad demandada a pagar las mesadas pensionales desde
el momento del deceso del soldado fallecido y se ordene la afiliación de la
libelista al sistema de seguridad social.

Supuestos fácticos relevantes de la demanda3

1. El señor Dubian de Jesús Ossa Gallego ingresó al servicio del Ejército
Nacional adscrito al Batallón de Infantería núm. 3 Bárbula, y fue asesinado
el 2 de junio de 2009.

2. Manifestó que el finado, al momento de su deceso, era soltero y no tenía
hijos. Agregó que en su condición de hijo y hermano era la persona que
más colaboraba con el sostenimiento de su hogar.

3. A través de la Resolución 143418 del 3 de octubre de 2012 la autoridad
demandada comunicó a la señora Gallego García que le sería pagada la
suma de $19.383.048 a título de compensación por el fallecimiento de su
hijo. Empero, adujo la parte activa que dicho dinero nunca le fue
consignado.

4. La demandante presentó solicitud ante la autoridad demandada con el fin
de obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la cual fue
desatada mediante las Resoluciones 93180 de 2009 y 101156 de 2010,
que refirieron la negativa de la prestación instada.

5. De otro lado, indicó que la entidad demandada ha guardado silencio
administrativo frente a las reclamaciones de reconocimiento de pensión de
sobreviviente que fueron notificadas mediante guías 927148416 y
927148415.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»4, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 12 de julio de 2018.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
«[…] La representante judicial de la demandada propone como excepciones las
siguientes:

3
Folios 1 a 5.
4
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB.
(2015).

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3
Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

1. Falta de competencia por factor territorial
2. Prescripción de mesadas pensionales
3. Incompatibilidad entre prestaciones
4. Innominada

En lo que respecta a la excepción propuesta en el numeral 3, indica el Magistrado
Ponente que la misma no hace parte de las excepciones previas consagradas en
el artículo 100 del CGP, ni de las enunciadas en el numeral 6° del artículo 180 del
CPACA, constituyendo argumentos de defensa que se examinarán en el fondo
del asunto. Ahora, en lo que atañe a la excepción de “prescripción de mesadas
pensionales”, señala el ponente que no abordará en esta oportunidad procesal el
estudio del medio exceptivo propuesto, en tanto que el mismo no refiere a la
prescripción extintiva establecida en el numeral 6° del artículo 180 del CPACA,
sino que se encuentra encaminada a la declaratoria de prescripción de mesadas,
lo cual únicamente se podrá advertir en tanto sea resuelto el fondo del asunto.

De otra parte, en cuanto a la excepción denominada como de “falta de
competencia por factor territorial”. Precisó el ponente que dicha excepción ya fue
resuelta y saneado (sic), al haberse remitido el expediente del Tribunal
Administrativo de Antioquia a esta Corporación Judicial y al haberse avocado
conocimiento del mismo.». (Folio 225 y CD visible a folio 232 del plenario).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«[…] (i) si la demandante, señora BLANCA NIEVES GALLEGO GARCÍA tiene o
no derecho a que se le reconozca y pague una pensión de sobrevivientes por la
muerte de su hijo, el soldado regular DUBIAN DE JESÚS OSSA GALLEGO,
acaecida en actos de servicio mientras prestaba servicio militar obligatorio, y (ii) en
caso de resolverse afirmativamente el primer aspecto, deberá establecerse si debe
ordenarse el descuento de los valores a ella reconocidos y pagados por concepto
de indemnización y compensación por muerte de su hijo en actividad militar.».
(Folios 225 vuelto a 227 y CD que reposa a folio 232 del expediente).

Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.

SENTENCIA APELADA5

El a quo profirió sentencia escrita el 13 de septiembre de 2018, por medio de
la cual denegó las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Inicialmente efectuó un recuento normativo de las disposiciones que han fijado
el régimen salarial y prestacional de las Fuerzas Militares, entre ellos los
Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, la Ley 447 de 1998 y el Decreto 4433
de 2004, a fin de exponer que de ellas se deriva la negativa de reconocer la
pensión de sobrevivientes a favor de los soldados regulares que en prestación
del servicio militar obligatorio fallecieran en simple actividad.

Agregó que, al margen de que algunas prerrogativas hayan avalado el
reconocimiento de la aludida prestación en los eventos en que el fallecimiento
del militar hubiere acontecido en simple actividad, como es el caso de los
oficiales y suboficiales desde la fecha de promulgación del Decreto 4433 de
2004, este beneficio no fue extendido hacia los soldados regulares.
En cuanto al sub lite, analizó las pruebas arrimadas e indicó que al momento
del deceso del señor Dubian de Jesús Ossa Gallego se encontraban vigentes

5
Folios 288 a 293.

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Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

los Decretos 2728 de 1968 y 4433 de 2004, normas que excluyeron a los
soldados regulares que se encontraran prestando servicio militar obligatorio
del reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.

De otro lado, en aplicación del principio de favorabilidad y en virtud de los
lineamientos trazados en la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018
proferida por el Consejo de Estado, el a quo se remitió a lo preceptuado por la
Ley 100 de 1993 en torno a la figura de la pensión de sobrevivientes, a fin de
estudiar la situación particular del caso de marras a la luz de dichas
disposiciones, para concluir que, en todo caso, se confirma la negativa de
acceder a los pedimentos del libelo por cuanto el soldado regular fallecido tan
solo contaba con 2 meses y 25 días de servicios durante sus últimos tres años
de vida, mientras que la referida normativa exigía un mínimo de 50 semanas
de cotización para hacerse beneficiario del derecho económico en mención.

Acorde con los razonamientos expuestos en precedencia, el tribunal de
primera instancia profirió sentencia que se resume así: i) declaró no probadas
las excepciones de incompatibilidad entre prestaciones y prescripción de
mesadas pensionales, propuestas por la entidad demandada; ii) negó las
pretensiones de la demanda, y; iii) condenó en costas procesales a la parte
activa del litigo.

RECURSO DE APELACIÓN6

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada para acceder a las
pretensiones de la demanda. Para ello, manifestó que el juez de primera
instancia inobservó las previsiones normativas del Decreto 2728 de 1968
acogido integralmente por el Decreto 4433 de 2004, así como el acoplamiento
de derechos y garantías que se ha realizado en virtud del principio de igualdad
para los soldados campesinos, regulares y profesionales a través del Decreto
1793 de 2000.

Acto seguido, sostuvo que conforme a los convenios y tratados de derechos
humanos vigentes en Colombia, y en virtud de los fines de la pensión de
sobrevivientes, a la señora Gallego García le debe ser otorgada la prestación
de la referencia como un reconocimiento de una garantía legalmente instituida
a una madre que perdió su hijo. Para fundamentar su postura, resaltó que fue
hasta la expedición de la Ley 923 de 2004 que se previó dicho derecho
económico a favor de los oficiales y suboficiales fallecidos en simple actividad,
situación que evidencia un vacío normativo.

De otro lado, afirmó que no resulta procedente realizar el descuento de los
dineros abonados por concepto de compensación por la muerte del
uniformado, que obedecen a la suma de $9.691.524 tal como consta en la
Resolución 93180 cuya fecha no se especificó, habida cuenta de que son
prestaciones independientes y para las cuales la entidad demandada debe
disponer los recursos propios.

Finalmente, indicó su inconformidad con la condena en costas de primera
instancia al considerar que la pensión de sobrevivientes objeto de controversia
se trata de un derecho fundamental, y aceptar tal carga procesal como válida
sería tanto como coartar el acceso a la justicia. En este punto agregó que al
declarar no probadas las excepciones de incompatibilidad de pretensiones y
prescripción de mesadas pensionales se genera una confusión e inseguridad
jurídica, por cuanto con esta decisión se da por entendido que prosperan las
pretensiones de la demanda.

6
Folios 295 a 303.

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Demandante: Blanca Nieves Gallego García

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Parte demandante7: adujo que se ratificaba en todos los hechos y
pretensiones de la demanda. Efectuó un recuento de las actuaciones
procesales surtidas en el trámite de primera instancia, para manifestar que se
oponía a la prosperidad de las excepciones propuestas por la entidad
demandada.

La entidad demandada y el ministerio público guardaron silencio en esta
etapa procesal según constancia secretarial visible a folio 399 del plenario.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del
Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
planteamientos expuestos en el recurso de apelación, el cual en el presente
caso solo fue presentado por la parte demandante.

Problema jurídico

En ese orden, el problema jurídico que debe resolverse en esta instancia se
resume en las siguientes preguntas:

1. ¿La señora Blanca Nieves Gallego García en su calidad de madre del
soldado regular Dubian de Jesús Ossa Gallego, quien falleció bajo la
causal calificada como «simplemente en actividad», tiene derecho al
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, en virtud del Decreto
4433 de 2004?

2. ¿Es procedente la condena en costas de primera instancia impuesta a la
parte demandante al haber resultado vencida en dicha oportunidad?

Primer problema jurídico

¿La señora Blanca Nieves Gallego García en su calidad de madre del soldado
regular Dubian de Jesús Ossa Gallego, quien falleció bajo la causal calificada
como «simplemente en actividad», tiene derecho al reconocimiento de una
pensión de sobrevivientes, en virtud del Decreto 4433 de 2004?

Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: la demandante tiene derecho
a que le sea reconocida una pensión de sobrevivientes con ocasión del
fallecimiento del soldado conscripto Dubian de Jesús Ossa Gallego, en
aplicación del Sistema General de Pensiones que rige su situación jurídica
particular bajo el principio de favorabilidad laboral, conforme pasa a explicarse:

Ø Régimen legal de la pensión de sobrevivientes de los soldados
regulares

El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó a las Fuerzas Militares de la
aplicación del Sistema Integral de Seguridad Social y, por su parte, los

7
Folios 367 a 370.

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Demandante: Blanca Nieves Gallego García

artículos 150, ordinal 19, literal e)8 y 2179 de la Constitución Política
determinaron que la ley debía fijar el régimen salarial y prestacional especial
para los miembros de las Fuerzas Militares. Tal consideración encontró
justificación en el riesgo latente que envuelve la función pública que prestan y
desarrollan10.

Ahora bien, por medio de la Ley 65 de 1967 se revistió al presidente de la
República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y
régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, entre otros aspectos, en lo
relativo al régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento de los
oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de Policía, soldados,
grumetes, agentes y personal civil al servicio del ramo de la Defensa
Nacional11.

En virtud de lo anterior, se expidió el Decreto 2728 del 2 de noviembre de
1968, por el cual se modificó el régimen de prestaciones sociales por retiro o
fallecimiento del personal de soldados y grumetes de las Fuerzas Militares, el
cual en su artículo 8.° consagró las prestaciones a las que habría lugar en
caso de fallecimiento de un soldado o grumete. Para tal efecto, el artículo en
mención clasificó la muerte en servicio activo de la siguiente manera:

Muerte en combate Muerte ocurrida: i) en combate o ii)
como consecuencia de la acción de
enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en el mantenimiento
o restablecimiento del orden
público.
Muerte en misión del servicio Muerte ocurrida en actividad por
actos del servicio o por causas
inherentes al mismo.
Muerte simplemente en actividad Muerte ocurrida en actividad, por
causas diferentes a las enumeradas
en las dos hipótesis anteriores.

La aludida clasificación determinaba las prestaciones a percibir con ocasión
de la muerte, como pasa a explicarse:

Tipo de muerte Prestaciones a reconocer
Muerte en combate 1. Ascenso en forma póstuma al grado de
cabo segundo o marinero.
2. Reconocimiento y pago de cuarenta y ocho
(48) meses de los haberes correspondientes
a dicho grado.
3. Pago doble de la cesantía.

8
El artículo 150 de la Constitución Política de Colombia, preceptúa: «Corresponde al
Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] 19. Dictar
las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno para los siguientes efectos: […] e. Fijar el régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública.»
9
El artículo 217 de la Constitución Política, consagra: «La Nación tendrá para su defensa unas
Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la
independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional.
La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos,
derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y
disciplinario, que les es propio.»
10
En este sentido ver las sentencias C-432 de mayo 6 de 2004, T-372 de 2007 y T-894 de
2010, entre otras.
11
Artículo 1 literal c).

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Muerte en misión del 1. Reconocimiento y pago de treinta y seis
servicio (36) meses del sueldo básico que en todo
tiempo corresponda a un cabo segundo o
marinero.
Muerte simplemente en 1. El reconocimiento y pago de veinticuatro
actividad (24) meses de sueldo básico que en todo
tiempo corresponda a un cabo segundo o
marinero.

A su vez, sobre el fallecimiento del personal de oficiales o suboficiales de las
Fuerzas Militares ocurridas en servicio, el Decreto 1211 de 1990, dispuso lo
siguiente:

«ARTÍCULO 189. MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia del presente
Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio
activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en
conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público,
ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que
fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden
establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido
al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este
Decreto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a
que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y
cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y
tiempo de servicio del causante.

d. Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus
beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los
hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión
mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el
artículo 158 de este Decreto.»

«ARTÍCULO 190. MUERTE EN MISIÓN DEL SERVICIO. Durante la vigencia del
presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares
en servicio activo, ocurrida por actos del servicio o por causas inherentes al mismo,
sus beneficiarios, en el orden establecido en el presente Decreto tendrán derecho
a las siguientes prestaciones:

a. A que el Tesoro Público les pague, por una sola vez, una compensación
equivalente a tres (3) años de los haberes correspondientes al grado del causante,
tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Estatuto.

b. Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) años o más de servicio, a
que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual ser liquidada
y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y
tiempo de servicio del causante.»

«ARTÍCULO 191. MUERTE SIMPLEMENTE EN ACTIVIDAD. Durante la vigencia
del presente Decreto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares
en actividad, por causas diferentes a las enumeradas en los dos (2) artículos
anteriores, sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán
derecho a las siguientes prestaciones:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8
Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

a. A que el Tesoro Público les pague por una sola vez una compensación
equivalente a dos (2) años de los haberes correspondientes al grado del causante,
tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 del presente
Estatuto.

b. Al pago de la cesantía por el tiempo de servicio del causante.

c. Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido quince (15) o más años de servicio, a
que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, la cual será liquidada
y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y
tiempo de servicio del causante.»

Posteriormente, la Ley 447 del 21 de julio de 1998, por la cual se previó una
pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas
durante la prestación del servicio militar obligatorio, confirió una prestación en
los siguientes términos y según las señaladas causas de muerte:

«MUERTE EN COMBATE. A partir de la vigencia de la presente ley, a la muerte
de la persona vinculada a las F.F.M.M. y de Policía por razón constitucional y legal
de la prestación del servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando
en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público, sus
beneficiarios en el orden establecido en esta ley, o los beneficiarios que designe
la persona prestataria del servicio militar al incorporarse, tendrán derecho a una
pensión vitalicia equivalen te a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y
vigentes.».

Esta relación normativa evidencia que solo hasta la entrada en vigencia de la
Ley 447 de 1998 se previó una pensión a favor de los beneficiarios del
conscripto fallecido, toda vez que el Decreto 2728 de 1968 no la contemplaba.
Aunado a lo anterior, es importante advertir que la Ley 447 de 1998 consagró
la aludida pensión, tan solo para aquellas muertes ocurridas en combate o
como consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o
participando en operaciones de conservación o restablecimiento del orden
público.

Más adelante, el artículo 34 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004
reiteró que el fallecimiento de una persona vinculada por razón de la prestación
del servicio militar obligatorio, ocurrido en combate o como consecuencia de
la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones
de conservación o restablecimiento del orden público, daría lugar al
reconocimiento y pago de una pensión vitalicia a sus beneficiarios, equivalente
a un salario y medio mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley
447 de 1998.

Al respecto se transcribe el artículo en mención:

«[…] Muerte en combate del personal vinculado para la prestación del servicio
militar obligatorio. A la muerte de la persona vinculada a las Fuerzas Militares o a
la Policía Nacional por razón constitucional y legal de la prestación del servicio
militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del
enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación
o restablecimiento del orden público, sus ascendientes en primer grado de
consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el Tesoro Público se les pague
una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o
la Dirección General de la Policía Nacional según el caso, equivalente a un salario
y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley 447 de
1998.». (Cursiva del texto).

De las normas descritas se observa que el régimen especial de la Fuerza
Pública prevé la pensión de sobrevivientes respecto de oficiales y suboficiales

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muertos en combate, en misión del servicio o simplemente en actividad; para
acceder a ella se exige 12 y 15 años de servicios, para un monto del 50 % de
las partidas que indica la norma especial, pero no estipula dicha prestación
para el caso de soldados muertos en las mismas circunstancias i) misión de
servicio, ii) simplemente en actividad, o iii) muertos en combate.

En relación con la pensión de sobrevivientes, la jurisprudencia del Consejo de
Estado ha sentado la regla que la norma aplicable en cada caso, es la
favorable que esté vigente al momento en que se habría causado el derecho,
es decir, al momento del fallecimiento del causante12. En igual sentido, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, reiteradamente ha destacado su
naturaleza y objeto, al precisar que la pensión de sobrevivientes hace parte
del derecho a la seguridad social y que es una modalidad pensional que se
configura en los eventos en los que un trabajador, sin tener la condición de
pensionado, fallece.

En los términos expuestos, respecto al acceso de la pensión por muerte de
soldados, el Consejo de Estado reiteradamente ha reconocido ese derecho y
no ha encontrado justificación en el trato diferenciado respecto de sus
beneficiarios previstos en las normas en cita13. A su vez, el supremo órgano
de la jurisdicción constitucional ha manifestado que «los soldados al igual que
los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que
contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la
soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden
constitucional»14.

Por lo anterior, y en aplicación de los principios y derechos constitucionales a
la dignidad humana, favorabilidad, igualdad material y la seguridad social,
reiteradamente en acciones de tutela, la Corte Constitucional ha ordenado el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de los beneficiarios
de los soldados cuya muerte ha ocurrido en misión de servicio,15 acción directa
del enemigo,16 en combarte,17 o simplemente en actividad.18

Aunado a ello, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
010-2018 de 12 de abril de 2018, respecto al régimen aplicable a la pensión
de sobrevivientes frente al personal de soldados fallecidos en simple actividad,
concluyó lo siguiente:

«[…] 88. Esta relación evidencia que solo hasta la entrada en vigencia de la Ley
447 de 1998 se previó una pensión a favor de los beneficiarios del conscripto
fallecido, toda vez que el Decreto 2728 de 1968 no la contemplaba. Aunado a lo
anterior, es importante advertir que la Ley 447 de 1998 consagró la aludida
pensión, tan solo para aquellas muertes ocurridas en combate o como
consecuencia de la acción del enemigo, en conflicto internacional o participando
en operaciones de conservación o restablecimiento del orden público.

12
Consejo de Estado. Sentencia de unificación 76001233100020070161101 (160509) de 25
de abril de 2013. Ver también radicados 050012333000201200772 01 (0328-2014) de 3 de
marzo de 2015. Radicación número: 19001-23-33-000-2013-00557-01(3318-14), 20 de abril
de 2017.Radicado No. 201400521 01 del 28 de septiembre de 2017.
13
Sentencias del 7 de julio de 2011, radicado 70001-23-31-000-2004-00832-01(2161-09); del
2 de agosto de 2012, radicado 05001-23-31-000-2002-00672-01(1020-10); del 18 de febrero
de 2016 radicado 66001233300020120006001(2681-2013); 8 y 22 de septiembre de 2016,
radicados 13001-23-33-000-2013-00299-01(1085-14) y 41001-23-31-000-2010-00308-
01(4373-14), respectivamente; 26 enero de 2017 radicado 68001-23-33-000-2014-00278-
01(2801-15), entre otras.
14
Ibidem.
15
Sentencia T-1043-12.
16
Sentencia T-484-12.
17
Sentencias T-393-13 y T-106-12.
18
Sentencia T-1043-12.

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89. Se observa entonces que para el caso del fallecimiento de un conscripto en
simple actividad, la única prestación se encuentra prevista en el artículo 8 del
Decreto 2728 de 1968, y consiste en el reconocimiento y pago de 24 meses de
sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un cabo segundo o marinero.

(…)

1.1.8 Principio pro homine o pro persona

112. Principio pro homine o pro persona es un principio que irradia a todos los
derechos humanos, al ser connatural a la existencia misma del sistema de
protección de tales derechos.

1.1.9 Principio de igualdad

117. Es importante precisar que los regímenes pensionales especiales encuentran
limitantes impuestas en virtud de principios superiores como la igualdad y la
favorabilidad, tal como pasa a exponerse.

(…)

1.1.9.1. Principio de inescindibilidad de la norma

127. De lo anterior, se colige que el denominado principio de derecho laboral de
inescindibilidad o indivisibilidad tradicionalmente ha sido consagrado en la
legislación laboral colombiana como complemento del de favorabilidad, según el
cual, cuando en un asunto se encuentran dos o más textos aplicables a la solución
del caso concreto, la norma que se adopte: i) debe ser la más favorable al
trabajador y ii) debe ser aplicada en su integridad, con lo cual, se evita el
desmembramiento de las normas legales para tomar aspectos favorables que uno
y otro régimen ofrezca.

(…)

1.1.10. Determinación de la regla aplicable a la pensión de sobrevivientes
para los beneficiarios de los conscriptos de las fuerzas militares muertos
simplemente en actividad.

(…)

136. Ahora bien, en este estudio no debe incluirse el Decreto 1211 de 1990 por
cuanto no es aplicable a quienes prestan el servicio militar obligatorio, donde se
ubican los soldados regulares, quienes claramente no son oficiales ni suboficiales.

137. Además, no sería más favorable frente a la pensión regulada en el régimen
general,

(…)

139. Tampoco es admisible extender las prestaciones de que trata la Ley 447 de
1998, comoquiera que esta norma no decreta pensión de sobrevivientes a favor
de los familiares del conscripto muerto simplemente en actividad.

140. La misma situación se presenta en relación con las disposiciones contenidas
en el Decreto 4433 de 2004,

(…)

142. No desconoce la Sala que la Corte Constitucional en la sentencia T-1043 de
2012 hizo extensivo el régimen contenido en el Decreto 1211 de 1990, en el caso
de un conscripto fallecido el 16 de octubre de 1997 en accidente de tránsito durante
el servicio …, empero se observa que en aquella oportunidad dentro del sustento
jurídico de la decisión se acogió la posición expuesta por el Consejo de Estado en
sentencia del 7 de julio de 2011 y del 30 de octubre de 2008, vigente para ese

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momento y que extendían los efectos de un régimen especial para las Fuerzas
Militares, teoría que en esta oportunidad se reevalúa para dar aplicación al régimen
general contenida en la Ley 100 de 1993.

(…)

146. Por ende como el régimen aplicable en virtud de la regla de favorabilidad
contenido en el artículo 288, es el general previsto en la Ley 100 de 1993, este
deberá atenderse en su integridad, esto es, en lo relativo al monto de la prestación,
ingreso base de liquidación y orden de beneficiarios.

(…)
1.1.11. Descuentos por concepto de compensación por muerte.
(…)

161. En resumen es procedente el descuento, debidamente indexado, de lo que
se hubiere pagado por virtud de la compensación por muerte, como consecuencia
de la aplicación del Decreto 2728 de 1968. En todo caso, la entidad solo podrá
efectuar el descuento siempre y cuando haya identidad entre el beneficiario de la
compensación por muerte y el beneficiario de la pensión de sobrevivientes que se
reconoce.

162. De manera que por ningún motivo podrá hacerse deducción alguna de la
compensación por muerte a quien no resulte beneficiario de la pensión de
sobrevivientes.

(…)

1.1.12. Término de prescripción aplicable

(…)

169. Por su parte, en el régimen general se aplica el término prescriptivo de 3 años
de conformidad con lo establecido por los artículos 488 del Código Sustantivo del
Trabajo

(…)

173. De manera que el término de prescripción que corre en contra de la persona
que reclama el reconocimiento de la prestación opera respecto de las mesadas y
será de tres años, teniendo como referente la presentación de la respectiva
petición.

174. Ahora bien, no puede hablarse de prescripción de los valores económicos
pagados por compensación por muerte, toda vez que la sentencia que reconoce
el derecho pensional es la que origina, a su vez, el derecho de la entidad a deducir
los valores que fueron inicialmente entregados por aquél concepto.

1.1.13. Reglas de unificación

175. De todo lo expuesto se extraen las siguientes reglas de unificación de la
jurisprudencia:

1. En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y
de aplicación inmediata, el juez contencioso administrativo no está limitado para
conocer del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte
que reclama el reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de
aplicar el derecho y de resolver los conflictos sometidos a su conocimiento
conforme la normativa pensional que corresponda y a los supuestos fácticos de la
litis, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 1437 de 2011.

2. Con fundamento en la regla de favorabilidad contenida en el artículo 288 de la
Ley 100 de 1993, los beneficiarios de las personas vinculadas a las Fuerzas
Militares, en cumplimiento de la obligación constitucional de prestar el servicio

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militar, que fallezcan simplemente en actividad y con posterioridad a la vigencia de
la Ley 100 de 1993, pueden beneficiarse de la pensión de sobrevivientes prevista
por el régimen general contenido en la Ley 100 de 1993, artículos 46, 47 y 48, el
cual deberá aplicarse en su integridad para efectos del reconocimiento de la
prestación, esto es, lo relativo al monto de la pensión, el ingreso base de
liquidación y el orden de beneficiarios.

3. Como consecuencia de lo anterior y en atención al principio de inescindibilidad
normativa, de la suma adeudada por concepto de pensión de sobrevivientes en
virtud de la aplicación de la Ley 100 de 1993, deberá descontarse, debidamente
indexado, lo pagado como compensación por muerte simplemente en actividad, en
atención a la incompatibilidad de los dos regímenes y a que la contingencia que
cobija tal prestación es cubierta con el reconocimiento pensional.

4. Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad
solo podrá descontar el valor efectivamente recibido por concepto de
compensación por muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde el
valor actualizado de la compensación por muerte a descontar supere el monto del
retroactivo pensional que debe pagar la entidad, será necesario realizar un
acuerdo de pago con el fin de que el beneficiario de la pensión cubra la diferencia
sin que se afecte su mínimo vital.

5. Al hacer extensivo el régimen general para el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los beneficiarios de los conscriptos fallecidos simplemente en
actividad en vigencia de la Ley 100 de 1993, el término prescriptivo que debe
atenderse en relación con las mesadas pensionales, es el trienal, previsto en el
régimen general.

6. En ningún caso habrá prescripción a favor de los beneficiarios que tengan
derecho a la pensión en los términos de la presente providencia, de los valores
pagados por concepto de compensación por muerte. Esto por cuanto el derecho a
compensar o deducir lo pagado surge solo a partir de la sentencia que reconoce
el derecho pensional.19 […]».

En virtud de lo expuesto, se colige que la normativa especial que rige a los
miembros de las Fuerzas Militares no previó la pensión de sobrevivientes por
muerte de soldado en simple actividad y por las diferentes causales, pero ese
vacío normativo quedó superado por la jurisprudencia, al acudir al principio de
favorabilidad, motivo por el que sus beneficiarios tienen derecho a la
prestación. Muestra de ello es que en la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-
010-2018 del 12 de abril de 2018 proferida por la Sección Segunda Consejo
de Estado, se haya acudido a la Ley 100 de 1993 para otorgarla.

Por consiguiente, para que se reconozca la pensión de sobrevivientes, en el
caso de los padres de soldados regulares, es necesario que se acredite la
relación filial, la existencia de una dependencia económica y la falta de
cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho20 y,
adicionalmente, se deben atender los lineamientos trazados en el proveído
unificador de la referencia, pues no puede perderse de vista que son de
obligatorio cumplimiento.

Ø El anterior marco normativo y jurisprudencial aplicado al sub lite

Pues bien, la Sala advierte que en atención al material probatorio recaudado
y practicado a lo largo del proceso, se encuentran demostrados los siguientes
hechos:

1. Copia de cédula de ciudadanía de la señora Blanca Nieves Gallego García,
la cual da cuenta que nació el 11 de abril de 1971 (folio 10).

19
Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018.
20
Sentencia T-532A-16.

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2. Copias del registro civil de nacimiento y de defunción del señor Dubian de
Jesús Ossa Gallego, de los que se desprende que nació el 16 de octubre
de 1989 y falleció el 2 de junio de 2009. Igualmente, de los documentos de
la referencia se advierte que los señores Iván Ossa Rendón y la señora
Blanca Nieves Gallego García se registraron como sus padres. (folios 12
y 13).

3. Oficio 21736 MDN-CGFM-CE-JEDEH-DIBIE-ASJ del 5 de septiembre de
2012 suscrito por el director de la Dirección de Bienestar y Disciplina del
Ejército Nacional, que informó que el fallecido Ossa Gallego designó como
beneficiaria del 100 % de un seguro de vida subsidiado a la aquí
demandante (folio 15).

4. Oficio 469469 CE-JEDEH-DIPSO-FALL-177 del 23 de junio de 2009
emitido por el jefe de Desarrollo Humano del Ejército Nacional dirigido a la
demandante, a través del cual le informó que, con ocasión del deceso del
señor Ossa Gallego, le sería otorgado un seguro obligatorio y una
compensación por muerte a cargo de la entidad demandada (folios 24 a
25).

5. Resolución 101156 del 4 de mayo de 2010 expedida por el Ejército
Nacional que ordenó a favor del señor Iván Ossa Rendón el pago del 50%
de la compensación por muerte del señor Dubian de Jesús Ossa Gallego,
en su calidad de padre del finado. El monto que fue ordenado ser
desembolsado a su favor corresponde a la suma de $9.691.524 (folio 150).

6. Resolución 143418 del 3 de octubre de 2012 proferida por el Ejército
Nacional, mediante la cual se revocó parcialmente la Resolución 93180 del
27 de octubre de 2009 y ordenó el pago a favor de la libelista del 50 % de
la compensación por muerte del señor Ossa Gallego, en los siguientes
términos:

«[…] Que mediante resolución 93180 del 27 de octubre de 2009, se consolidado
(sic) el derecho al reconocimiento y pago de un(a) compensación por muerte con
motivo del deceso ocurrido en simple actividad de:

GRADO FUERZA NOMBRES Y NÚMERO CÓDIGO
APELLIDOS DE CÉDULA
SLR EJC. OSSA GALLEGO 1017175209 1017175209
DUBIAN DE JESUS
(Q.E.P.D)

Que se ordenó cancelar:

CONCEPTO SUELDO MESES A VALOR
BÁSICO MULTIPLICAR RECONOCIDO
COMPENSACIÓN 807.627.00 24 19.383.048.00
POR MUERTE

Que de acuerdo a certificación de la sección de nóminas de la Dirección de
Prestaciones Sociales obrante al expediente, el 50% del valor reconocido se
incluyó en la nómina CM2010-01 a favor de la señora GALLEGO GARCIA
BLANCA NIEVES C.C. 43830854 madre del causante, y el 50% restante se dejó
a salvo en poder de la fuerza hasta tanto se presentara a reclamar el señor OSSA
RENDON IVAN C.C.70301729 padre del causante, aportando la documentación
solicitada, momento en el cual se expedirá nuevo acto administrativo que ordene
el correspondiente pago.

Que posteriormente se presentó a reclamar el señor OSSA RENDON IVAN
C.C.70301729 padre del causante aportando la documentación solicitarla, motivo
por el cual se expidió la resolución 101156 del 4 de mayo de 2010, por medio de

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la cual se ordenó cancelar con cargo al presupuesto del Ejercito Nacional el 50%
del valor reconocido y que se había dejado a salvo en poder de la fuerza en la
resolución 93180 del 27 de octubre de 2009 a favor del señor OSSA RENDON
IVAN C.C.70301729 padre del causante, dineros que fueron incluido(s) en la
nómina CM2010-04 del 25 de mayo de 2010 pago que figura aplicado, de acuerdo
a certificación de la Sección de nóminas de la Dirección de Prestaciones Sociales
obrante al expediente.

Que mediante derecho de petición obrante al folio 65 del expediente, la señora
GALLEGO GARCIA BLANCA NIEVES C.C. 43830854 madre del causante,
solicita se le cancele el 50% que le corresponde por compensación por muerte de
su hijo SLR. OSSA GALLEGO DUBIAN DE JESUS (Q.E.P.D) a la cuenta de AV
VILLAS NO. 502-78863-6 que aporta.

Que de acuerdo a certificación de la Tesorería Auxiliar del Comando del Ejército
obrante al expediente, el 50% reconocido mediante resolución 93180 del 27 de
octubre de 2009, no aplicó teniendo en cuenta que la cuenta se encontraba sin
servicio de pago.

Que de acuerdo al artículo 97 del C.P.A. y de lo C.A. es procedente revocar
parcialmente la resolución 93180 del 27 de octubre de 2009, en el sentido de
ordenar a la Tesorería Auxiliar del Comando del Ejército cancele el 50%
reconocido por concepto de compensación por muerte de SLR. OSSA GALLEGO
DUBIAN DE JESUS (Q.E.P.D) equivalente a la suma de NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
MICTE., ($9.691.524.00) a favor de la señora GALLEGO GARCIA BLANCA
NIEVES C.C. 43830854 madre del causante.

Que en mérito de lo expuesto:

RESUELVE:

ARTICULO 1. Revocar parcialmente la resolución 93180 del 27 de octubre de
2009, por los motivos expuestos en el considerando de este acto administrativo.

ARTICULO 1 (sic). Ordenar a la Tesorería Auxiliar cancele el 50% de la
compensación por muerte del SLR. OSSA GALLEGO DUBIAN DE JESUS
(Q.E.P.D) equivalente a la suma de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE.,
(89.691.524.00) a favor de la señora GALLEGO GARCIA BLANCA NIEVES C.C.
43830854 madre del causante, cuenta de ahorros No. 502-78863-6 del BANCO
AV VILLAS, así:

CONCEPTO VALOR RECONOCIDO
COMPENSACIÓN POR 9.691.524.00
MUERTE
[…]». (Folios 33 a 34).

7. Peticiones presentadas por parte de la demandante ante el Departamento
de Personal del Ministerio de Defensa Nacional, el día 21 de mayo de 2015,
por medio de los cuales instó el reconocimiento y pago de una pensión de
sobrevivientes con ocasión del deceso del soldado regular Ossa Gallego
(folios 37 a 48).

8. Resolución 3160 del 10 de julio de 2015 expedida por la autoridad
demandada, que resolvió de manera negativa la solicitud de otorgamiento
de una pensión de sobrevivientes a favor de la libelista, así:

«[…] Que mediante Resoluciones Nos. 93180 del 27 de octubre del 2009 y 101156
del 04 de mayo de 2010, expedida por el Jefe de Desarrollo Humano del Ejército
Nacional, se reconoció y ordeno el pago de la compensación por muerte
consolidada por el fallecimiento del Soldado Campesino del Ejército Nacional,
DUBIAN DE JESUS OSSA GALLEGO, a favor de los señores BLANCA NIEVES

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GALLEGO GARCIA e IVAN OSSA RENDON, padres del causante, (folios 50 y 51
• 71 y 72).

Que por su parte el articulo 34 del Decreto 4433 de 2004, consagra: "Muerte en
combate del personal vinculado para la prestación del servicio militar
obligatorio. A la muerte de la persona vinculada a las Fuerzas Militares o a la
Policía Nacional por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar
obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción del enemigo
en conflicto internacional o participando en operaciones de conservación o
restablecimiento del orden público sus ascendientes en primer grado de
consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el Tesoro Público se les pague
una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional
o la Dirección General de la Policía Nacional según el caso, equivalente a un
salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los términos de la Ley
447 de 1998", (negrilla y subrayado fuera de texto).

Que teniendo en cuenta las normas antes citadas, se puede concluir en forma
clara que por el fallecimiento del Soldado Campesino del Ejército Nacional,
DUBIAN DE JESUS OSSA GALLEGO, no se generó el derecho al reconocimiento
de pensión a favor de la señora, BLANCA NIEVES GALLEGO GARCIA, madre
del fallecido, toda vez, que el mencionado Soldado Campesino falleció
Simplemente en Actividad, no cumpliéndose por consiguiente con los
presupuestos de orden legal para tal efecto. […]». (Folios 92 vuelto a 94).

9. Hoja de servicios núm. 3-01017175209 del 3 de agosto de 2009 emitida
por el Ejército Nacional, de la cual se desprende que el señor Dubian de
Jesús Ossa Gallego prestó sus servicios a la institución durante 2 meses y
25 días, y registra como causal de retiro la de muerte simplemente en
actividad. De esta también se advierte que el estado civil del finado era
soltero y no se evidenció que tuviera hijos reconocidos (folio 131 vuelto).

10. Certificado de información laboral emitido por el Ministerio de Defensa
Nacional, el 18 de junio de 2015, el cual da cuenta que el señor Dubian de
Jesús Ossa Gallego prestó sus servicios al Ejército Nacional desde el 7 de
marzo de 2009 y hasta el 2 de junio de la misma anualidad, bajo el cargo
de soldado campesino (folio 51).

11. Constancia de salarios mes a mes expedida por el Ministerio de Defensa
Nacional, el 18 de junio de 2015, mediante el cual se informó que el soldado
fallecido devengó una asignación básica mensual de $76.625 (folio 52).

12. Oficio 20169371433851 del 24 de octubre de 2016 suscrito por el jefe de
Estado mayor Séptima División del Ejército Nacional, que informó que el
señor Ossa Gallego prestó su servicio militar en el Batallón de Infantería
núm. 3 Batalla de Bárbula, con sede en Puerto Serviez, Boyacá (folio 109).

13. Declaración extrajuicio rendida por la señora Blanca Nieves Gallego García
el 6 de mayo de 2015 ante la Notaría 18 del Círculo de Medellín, quien en
su calidad de madre del soldado regular fallecido manifestó que aquel no
contrajo matrimonio, no vivió en unión libre, no tuvo hijos naturales,
extramatrimoniales, adoptivos, ni reconocidos o por reconocer, y que su
estado civil era soltero.

Agregó que vivió con el finado bajo el mismo techo familiar, y él era la
persona encargada de solventar los gastos del hogar conformado junto con
otros 7 hijos de la demandante. Continuó su dicho al afirmar que no percibe
ingresos mensuales, al no encontrarse vinculada a alguna entidad pública
o privada (folio 16).

Acorde con los medios de pruebas aportados, en primer lugar, ha de señalarse
que el señor Dubian de Jesús Ossa Gallego prestó sus servicios como soldado

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16
Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

regular ante el Ejército Nacional desde el 7 de marzo de 2009 hasta el 2 de
junio de la misma anualidad, fecha última en la cual falleció bajo la causal
calificada como simple actividad. Lo último se afirma en virtud de lo informado
a través de la hoja de servicios expedida por el Ejército Nacional y la
Resolución 143418 del 3 de octubre de 2012, las cuales dan cuenta de ello.

De otro lado, de la hoja de servicios expedida por la entidad demandada se
advierte que el señor Dubian de Jesús Ossa Gallego no contrajo matrimonio,
no tenía hijos, ni compañera permanente.

Pues bien, la parte activa solicita que, en su calidad de madre del finado quien
murió en simple actividad, le sea otorgada una pensión de sobreviviente en
aplicación del Decreto 4433 de 2004, no obstante, de conformidad con el
compendio normativo que pudiere gobernar la materia, la Sala debe explicar
las razones por las cuales no es posible resolver el presente asunto a la luz de
las disposiciones normativas del referido estatuto.

En consecuencia, sea pertinente recordar que la mencionada norma es la
llamada a resolver las situaciones prestacionales de los beneficiarios de las
personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio. Sobre
el particular, se cita a continuación el cuerpo normativo del artículo 34 del
Decreto 4433 ejusdem:

«Artículo 34. Muerte en combate del personal vinculado para la prestación del
servicio militar obligatorio. A la muerte de la persona vinculada a las Fuerzas
Militares o a la Policía Nacional por razón constitucional y legal de la prestación del
servicio militar obligatorio, ocurrida en combate o como consecuencia de la acción
del enemigo, en conflicto internacional o participando en operaciones de
conservación o restablecimiento del orden público, sus ascendientes en primer
grado de consanguinidad o civil, tendrán derecho a que por el Tesoro Público se
les pague una pensión vitalicia, que será reconocida por el Ministerio de Defensa
Nacional o la Dirección General de la Policía Nacional según el caso, equivalente
a un salario y medio (1.1/2) mínimo legal mensual vigente, en los términos de la
Ley 447 de 1998.»

Lo transcrito debe ser entendido a partir de 2 circunstancias generales a saber:
(i) la muerte en combate, y (ii) la muerte por acción del enemigo. Por su parte,
esta última puede ocurrir en medio de 2 situaciones específicas tales como: (i)
el conflicto internacional; y (ii) la participación en operaciones de conservación
o restablecimiento del orden público.

En tal sentido, se tiene probado en el expediente que el señor Ossa Gallego
falleció en simple actividad militar, lo cual no obedece a ninguna de las dos
causas generales que indica el artículo 34 del Decreto 4433 de 2004. Bajo
estas condiciones, dado que la ocasión del deceso no se originó en un
enfrentamiento armado y tampoco fue el resultado de hostilidades por parte
del adversario, estas circunstancias impiden que la situación pensional de los
beneficiarios sea definida en los términos de la aludida norma.

Visto lo anterior, es claro que el deceso del causante ocurrió en la modalidad
denominada como «simplemente en actividad», es decir, no por las causas
fijadas en el precitado artículo, en tanto los hechos infortunados no acaecieron
en el marco de ninguna de las dos causales genéricas referidas al combate o
a la acción directa del enemigo. Lo anterior, comporta un claro vacío
normativo, pues no existe en el ordenamiento jurídico un mandato legal que
ampare este tipo de situaciones para los soldados regulares que se
encuentran en simple actividad, de lo que podría concluirse que concurre una
exclusión o trato diferenciado respecto del personal de oficiales o suboficiales
de las Fuerzas Militares, cuyo fallecimiento se encuentran ampliamente
cobijado y regulado.

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Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

En aras de zanjar esta diferenciación entre el personal de oficiales y
suboficiales de las Fuerzas Militares y el personal vinculado bajo la calidad de
soldados regulares, como era el caso del señor Ossa Gallego, la Sección
Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia de unificación CE-SUJ2-
010-18 del 12 de abril de 2018, dictada dentro del proceso con radicado 81001-
23-33-000-2014-00012-01 (1321-15), en la que se fijaron una serie de reglas
para la resolución de casos de contornos fácticos y jurídicos análogos.

Por tal razón, la presente situación jurídica debe ser resuelta a la luz de las
reglas jurisprudenciales relacionadas en el acápite anterior y no a partir de las
disposiciones del Decreto 4433 de 2004 como lo insta la parte activa, pues,
conforme se indicó, en esa norma no fue prevista una causa de reconocimiento
pensional que pueda adecuarse al presente asunto, en tanto no se contempla
el fallecimiento de conscriptos en simple actividad.

Por consiguiente, bajo el amparo del principio de favorabilidad laboral, los
beneficiarios de los soldados regulares que fallezcan en simple actividad
tienen derecho a que se les otorgue una pensión de sobreviviente en los
términos del artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificado por el articulo 12
de la Ley 797 de 2003, que exige una cotización al sistema pensional de 50
semanas durante los últimos 3 años inmediatamente anteriores al
fallecimiento.

Lo anterior, justamente porque la citada prestación fue reconocida por el
artículo 47 de la Ley 100 ejusdem, a su vez modificado por el canon 13 de la
Ley 797 de 2003, a favor de los padres del causante como beneficiarios del
derecho económico, así: «e) A falta de cónyuge, compañero o compañera
permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos
del causante si dependían económicamente de éste.».

En este punto, vale la pena recordar que, tal como se indicó en precedencia,
el señor Dubian de Jesús Ossa Gallego al momento de su deceso no tenía
hijos ni cónyuge o compañera permanente, razón por la que los padres,
específicamente la señora Blanca Nieves Gallego García, única demandante
en esta oportunidad, se encuentra legalmente habilitada para solicitar el
reconocimiento pensional; pues además se itera que su calidad de madre
quedó debidamente demostrada con las copias de los registros civiles de
nacimiento y defunción del soldado regular, de los cuales se desprende que la
aquí libelista fungía como tal.

Ahora bien, en punto a las cotizaciones mínimas exigidas por el Sistema
General de Pensiones para acceder a la pensión de sobrevivientes, es
pertinente remitirse a lo preceptuado por el artículo 19 de la Ley 352 de 1997
que señala lo siguiente:

«Artículo 19. AFILIADOS. Existen dos (2) clases de afiliados al SSMP:
[…]
b) Los afiliados no sometidos al régimen de cotización:

1. Los alumnos de las escuelas de formación de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas
Militares y de la Policía Nacional y los alumnos del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, a que
se refieren el artículo 225 del Decreto-ley 1211 de 1990, el artículo 106 del Decreto-ley 41 de
1994, y el artículo 94 del Decreto 1091 de 1995, respectivamente.

2. Las personas que se encuentren prestando el servicio militar obligatorio. […]».
(Resaltado de la Sala).

Norma que previó que quienes prestan el servicio militar obligatorio son
afiliados no cotizantes el régimen de seguridad social de las Fuerzas Militares,
por lo que no sería dable exigirles el requisito mínimo de cotización al que hace
alusión el prementado artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: Blanca Nieves Gallego García

De otro lado, no puede perderse de vista la exigencia de la dependencia
económica que exige la Ley 100 ejusdem para este grupo de beneficiarios,
que para lo propio la sentencia de unificación del 12 de abril de 2018 desarrolló
lo siguiente:

«[…] [L]a Sección Segunda de esta Corporación entendió la dependencia
económica «como aquella situación de subordinación a que se halla sujeta una
persona respecto de otra en relación con su “modus vivendi”. Relación de
dependencia dentro de la cual deberá observarse, por parte del beneficiado o
amparado, una conducta sensata, eso sí, acorde con la dignidad humana pero
desprendida de ostentación o suntuosidad alguna. […]».

230. Frente a esta figura, la Corte Constitucional en sentencia C-066 de 2016
reiteró: «[…]: (i) la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los
beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes, para auto
proporcionarse o mantener su subsistencia; (ii) la presencia de ciertos ingresos no
constituye la falta de la misma, ya que tan solo se es independiente cuando el
solicitante puede por sus propios medios mantener su mínimo existencial en
condiciones dignas».

231. En estos términos, es claro que la dependencia económica no puede
asumirse desde la óptica de la carencia total de recursos económicos, sino en la
falta de condiciones materiales mínimas para la subsistencia. Es de anotar que
dicho concepto debe ser analizado en armonía con los postulados constitucionales
y legales que enmarcan la seguridad social, tales como la protección especial a
las personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancias de debilidad manifiesta. […]».

Bajo esta línea argumentativa, una vez valoradas las pruebas documentales
que obran en el expediente y que fueron practicadas en el presente proceso
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, la Subsección llega a la conclusión
de que la señora Blanca Nieves Gallego García logró demostrar la
dependencia económica. Lo anterior por las siguientes razones:

Al respecto se precisa que de los medios de convicción documentales allegados
al proceso tanto por la parte activa como pasiva, verbigracia, la Resolución 3160
del 10 de julio de 2015 de la cual se advierte que la prestación solicitada en el
sub examine fue denegada al considerarse que la normativa que gobernaba al
fallecido no preveía la prestación aquí reclamada a favor de sus beneficiarios
(folios 92 vuelto a 94).

De otro lado, la entidad demandada por medio de Resolución le reconoció a la
libelista la compensación por muerte de su hijo, el señor Ossa Gallego (folios 33
a 34).

Asimismo, la declaración extrajuicio rendida por la demandante el 6 de mayo de
2015 ante la Notaría 18 del Círculo de Medellín, da cuenta de que aquella
dependía económicamente de los ingresos del conscripto fallecido, quienes
conformaban un hogar familiar con 7 hijos más de la señora Gallego García (folio
16).

Lo anterior es coincidente con el certificado emitido por la página web del registro
único de afiliaciones (RUAF), el cual fue indagado de manera ex officio por parte
de esta Subsección, en el que se observa que la demandante se encuentra
afiliada desde el 1.° de octubre de 2015 en el régimen de salud subsidiado en
calidad de madre cabeza de familia y presentó dos vinculaciones al programa de
asistencia social «Familias en Acción»; situaciones que permiten corroborar que
no ha ejercido ningún tipo de actividad económica estable que le proveyera un
sustento en condiciones dignas al ser parte de un sector poblacional que carece
de los ingresos necesarios y de vínculo laboral alguno para ingresar al SGSS en
calidad de cotizante, lo que denota sus precarias condiciones socio económicas.

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Demandante: Blanca Nieves Gallego García

Al respecto, se anexa a continuación el resultado de la búsqueda realizada:

Cabe mencionar que durante el curso del trámite de reconocimiento pensional
en sede administrativa o judicial, no fue discutida o mucho menos desvirtuada la
credibilidad de la calidad de progenitora de la demandante frente al de cuius. En
este sentido, al verificar los medios de convicción antes mencionados se
evidencia que efectivamente la señora Blanca Nieves Gallego García dependía
económicamente de su hijo, el cual mientras estuvo en vida ayudaba con su
sostenimiento para tener una vida en condiciones dignas.

En criterio de la Sala la dependencia económica puede relacionarse con la
noción de congrua subsistencia y la concepción que proviene del adjetivo
congruente, el que a su vez significa conveniente, proporcional, coherente y
lógico21. Asimismo, puede aceptarse como una razonable porción, estipendio o
retribución de algo. Subsistencia es el conjunto de medios necesarios para el
sustento de la vida humana22.

De esta forma, se señala que una de las funciones del juez en casos como el
presente, es buscar la verdad a través de un riguroso estudio en donde las
reglas de la lógica, la psicología y la experiencia juegan un papel importante;
de manera que la convicción que pueda adquirir coincida con la realidad; por
ello, conforme a las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, resulta
evidente y que no existen dudas acerca de la dependencia económica de la
demandante en el sub lite.

En los términos señalados, para la Sala está demostrada la dependencia
económica de la señora Blanca Nieve Gallego García respecto de su hijo Dubian
de Jesús Ossa Gallego quien falleció durante simple actividad, y en vigencia del
sistema general de Seguridad Social Integral, lo cual indica que la demandante
se hizo beneficiaria de la pensión de sobrevivientes prevista en los artículos 46
a 48 de la Ley 100 de 1993, modificada en lo pertinente por la Ley 797 de 2003.

21
Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Primera Edición.
Pág. 541.
22
En igual sentido se pronunció esta Subsección en un proceso de contornos similares en
sentencia del 4 de marzo de 2021, radicado: 18001-23-33-000-2016-00218-01(4437-19).

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Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

Por consiguiente, para el reconocimiento del derecho económico aludido
debemos remitirnos al artículo 48 de la Ley 100 de 1993 que dispuso:

«ARTÍCULO 48. MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El monto
mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al
100% de la pensión que aquel disfrutaba.

El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será
igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500)
semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley. […]».

Sea pertinente indicar que la Ley 48 de 1993 en su artículo 39, literal a), concedió
a los conscriptos el derecho a devengar una bonificación mensual, sin embargo,
el artículo 19 de la Ley 352 de 1997 dispuso que frente a tal valor no se
realizarían cotizaciones. En estos términos, y para efectos de liquidar la mesada
pensional a la que tiene derecho la parte activa, habrá de tenerse en cuenta el
artículo 18 de la Ley 100 de 1993 que trazó que en ningún caso el ingreso base
de cotización puede ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente, lo
cual se acompasa con el artículo 48 ejusdem.

Esta posición ha sido además adoptada por esta Subsección23 en asuntos con
contornos similares al de marras, en el que verbi gracia se discutía el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de los padres de un
soldado fallecido en misión del servicio, conforme se cita a continuación:

«[…] Sobre el monto e ingreso base de liquidación debe decirse que, de conformidad
con lo señalado en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, la pensión de sobreviviente
debe ser equivalente a un 45 % del ingreso base de liquidación; sin embargo, debe
tomarse en consideración el hecho de que las personas que prestan el servicio militar
obligatorio no devengan un salario, sino que solamente perciben una bonificación
mensual, sobre la cual no se realiza ningún tipo de cotización.

A pesar de la anterior circunstancia, para liquidar la pensión reconocida en la presente
decisión, es necesario acudir a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 100 de 1993,
que prohíbe que el ingreso base de cotización sea inferior a un salario mínimo legal
mensual vigente.
[…]

De acuerdo con lo anterior, debido a que los conscriptos no devengan un salario
mensual, para el cálculo de la pensión de sobrevivientes de los beneficiarios de
los soldados regulares fallecidos en simple actividad o misión del servicio, debe
tomarse como referencia el salario mínimo legal mensual vigente. […]».

En tal sentido, como el de cuius no cuenta con semanas cotizadas, al ser un
afiliado no cotizante, tal como quedó expuesto en precedencia, los beneficiarios
tendrían derecho, por concepto de pensión, al equivalente a un 45 % del salario
mínimo legal mensual vigente.

No obstante, debe recordarse que el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, dispone
que las pensiones no pueden ser inferiores a un salario mínimo legal mensual
vigente, disposición reproducida en el artículo 48 ejusdem, lo cual indica que en
el sub examine el monto de la pensión de sobreviviente reconocida a la señora
Gallego García en su calidad de madre del soldado regular fallecido, debe ser
igualada a un salario mínimo, pues, dadas las condiciones fácticas del asunto,

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de abril de 2021,
radicación: 25000-23-42-000-2016-03138-01(0889-19), demandante: María de Jesús
Ramírez Aldana y otro.

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Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
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no hay lugar a un reconocimiento mayor y, legalmente, tampoco procede uno
inferior.

En cuanto al fenómeno jurídico de la prescripción, se encuentra que el señor
Dubian de Jesús Ossa Gallego falleció el 2 de junio de 2009 (folio 13), momento
a partir del cual se hizo exigible el derecho a la pensión de sobrevivientes; la
demandante recurrió en sede administrativa por primera vez para reclamar el
derecho económico de la referencia, el 21 de mayo de 2015 (folios 37 a 48); y
ejerció el presente medio de control, el 1.° de marzo de 2016 (folio 54). Por lo
anterior, es evidente que se encuentran prescritas las mesadas pensionales
causadas con anterioridad al 21 de mayo de 2012, por haber transcurrido más
de 3 años entre cada uno de los dos primeros precitados eventos.

Ahora, en virtud de los efectos de la sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-
2018 de 12 de abril de 2018, la Sala debe ordenar el descuento de los valores
pagados por la entidad demandada en virtud de la Resolución 143418 del 3 de
octubre de 2012, por medio de la cual se reconoció una compensación por la
muerte de Dubian de Jesús Ossa Gallego.

Lo anterior se justifica con ocasión de la incompatibilidad de esa prestación con
la pensión de sobreviviente que se ordenará conceder en la presente
providencia. El aludido descuento deberá efectuarse de conformidad con lo
señalado en las reglas de unificación advertidas en el marco normativo de esta
decisión24. De igual modo, no puede hablarse de prescripción de los valores
económicos pagados por compensación por muerte a favor de la demandante
«toda vez que la sentencia que reconoce el derecho pensional es la que origina, a su
vez, el derecho de la entidad a deducir los valores que fueron inicialmente entregados
por aquel concepto».

Al compás de lo anterior, esta Subsección considera que el tribunal de
instancia incurrió en un desacierto interpretativo y valorativo al estudiar la tesis
de la demanda y negar las pretensiones de la misma, pues es evidente a la
luz de lo expuesto que, en virtud del principio de favorabilidad laboral y en
atención a los lineamientos jurisprudenciales que gobiernan la materia, el
señor Dubian de Jesús Ossa Gallego quien prestó sus servicios al Ejército
Nacional como soldado regular, configuró el derecho de una pensión de
sobrevivientes a favor de sus beneficiarios, en este caso su progenitora, la
señora Blanca Nieves Gallego García.

En estos términos, es dable concluir que el acto ficto o presunto negativo
derivado del silencio administrativo frente a las restantes solicitudes
presentadas por la interesada, único acto enjuiciado en el presente litigio, se
encuentra viciado de nulidad al no encontrarse ajustado al ordenamiento
jurídico, por los motivos expuestos líneas atrás. De ello que deberá declararse
la nulidad de este, y a título de restablecimiento del derecho, ordenar a la
autoridad demandada que conceda la pensión de sobrevivientes a la señora
Gallego García, en su calidad de madre del de cuius, con efectos fiscales a
partir del 21 de mayo de 2012, en los términos anunciados.

Conclusión: la libelista en calidad de madre del soldado regular Dubian de
Jesús Ossa Gallego se hizo beneficiaria de una pensión de sobrevivientes con
ocasión del deceso de su hijo, quien falleció bajo la causal calificada como

24
Para efectos del descuento al que hace alusión el numeral anterior, la entidad solo
podrá descontar el valor efectivamente recibido por concepto de compensación por
muerte debidamente indexado. En aquellos casos donde el valor actualizado de la
compensación por muerte a descontar supere el monto del retroactivo pensional que debe
pagar la entidad, será necesario realizar un acuerdo de pago con el fin de que el
beneficiario de la pensión cubra la diferencia sin que se afecte su mínimo vital.

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Demandante: Blanca Nieves Gallego García

simplemente en actividad. Lo anterior en aplicación de las disposiciones
normativas contenidas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 respecto a la
figura de la pensión de sobrevivientes, al ser aplicable al caso de marras por
favorabilidad, y en atención a las reglas jurisprudenciales desarrolladas en la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-010-2018 de 12 de abril de 2018 proferida
por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Segundo problema jurídico

¿Es procedente la condena en costas de primera instancia impuesta a la parte
demandante al haber resultado vencida en dicha oportunidad?

Frente a este interrogante la Subsección tendrá la tesis de que: si bien en
primera instancia el a quo negó las pretensiones de la demanda, lo cual le
permitía condenar en costas al extremo procesal subyugado al haber
demostrado su causación, lo cierto es que no resulta procedente la aludida
carga en contra de la parte activa del litigio, en cuanto se revocará la sentencia
impugnada y se accederá a los pedimentos del libelo, tal como se sustenta a
continuación:

Ø De la condena en costas

Al respecto esta Subsección25 sentó posición en vigencia del CPACA, en
aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de condena en costas por lo siguiente:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo»
–CPACA-.

b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la
parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más
vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e
intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado
por éstas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP26, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

25
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Demandante:
María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
26
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de
manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única
instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o

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Demandante: Blanca Nieves Gallego García

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público27.

Así mismo, de la lectura del artículo 365 del Código General del Proceso, se
observa que varias de las situaciones por las que se impone el pago de las
costas del proceso, están relacionadas con el hecho de que una de las partes
resultó vencida en el juicio, sin que para tal efecto se indique que
adicionalmente debe verificarse mala fe o temeridad.

En el caso de marras, el a quo condenó en costas a la señora Blanca Nieves
Gallego García, por considerar que fue vencida en el proceso a la luz de lo
preceptuado en el CPACA y en el CGP, en virtud de que se denegaron las
pretensiones (folio 292 vuelto).

Al respecto, la Sala observa que si bien en principio se causaron las costas,
dado que en la providencia de primera instancia se negaron las pretensiones
encaminadas al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, dicha
decisión será revocada en sede de apelación al haberse demostrado que la
parte activa se hizo beneficiaria del derecho económico aludido, en su calidad
de madre del soldado regular fallecido Dubian de Jesús Ossa Gallego.
Situación anterior que permite revocar la carga pecuniaria impuesta en primera
instancia, de conformidad con lo previsto por el numeral 5.° del artículo 365
del CGP.

En conclusión: no resultaba procedente la condena en costas en primera
instancia en contra de la señora Blanca Nieves Gallego García, en tanto si bien
resultó vencida en dicha oportunidad, la decisión impugnada será revocada
por el ad quem y, en su lugar, se accederá a las pretensiones de la demanda,
lo cual faculta al juez de abstenerse de condenar en costas en virtud del
numeral 5.° del artículo 365 del CGP. Por lo anterior, se revocará dicha carga
procesal impuesta por el Tribunal Administrativo de Boyacá contra la parte
activa.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden se revocará la sentencia de primera instancia
proferida el 13 de septiembre de 2018 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión 6, habida cuenta de que prosperan parcialmente los
argumentos del recurso de apelación formulado por la parte demandante.

En consecuencia, se declarará la nulidad del acto ficto o presunto negativo
derivado del silencio administrativo frente a las solicitudes de reconocimiento
de pensión de sobrevivientes presentadas por la interesada. A título de
restablecimiento del derecho, se ordenará a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Ejército Nacional, reconocer a favor de la señora Gallego García una
pensión de sobrevivientes de conformidad con los artículos 46 a 48 de la Ley
100 de 1993, modificados en lo pertinente por la Ley 797 de 2003.

notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes
reglas: […]»
27
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público,
la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por
las normas del Código de Procedimiento Civil […].»

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Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

Los valores adeudados serán actualizados de acuerdo con la siguiente
fórmula:

R= Rh X Índice final
_________________
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico
(Rh), que es la mesada pensional dejada de percibir por la demandante, por
el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor
certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia,
por el índice inicial, vigente para la fecha en que debió hacerse el pago.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará
separadamente mes por mes para cada mesada comenzando desde la fecha
de su causación, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al
momento de causación de cada uno de ellos.

Debido a que el soldado regular Dubian de Jesús Ossa Gallego no devengaba
un salario mensual, pues se encontraba en cumplimiento del deber
constitucional de prestar servicio militar obligatorio, la pensión de sobreviviente
concedida a su progenitora se calculará con base en un salario mínimo legal
mensual vigente.

Sobre este punto es pertinente aclarar que, debido a que el artículo 48 de la
Ley 100 de 1993, contempla un reconocimiento equivalente a un 45 % del
ingreso base de liquidación (que para este caso es un salario mínimo),
corresponde aplicar el artículo 35 de la referida ley, acogido en el inciso tercero
del artículo 48 ibidem, según el cual, el monto de la pensión no puede ser
inferior al salario mínimo legal mensual vigente.

El anterior reconocimiento impone el deber de descontar el valor pagado por
concepto de compensación por muerte ordenada a través de la Resolución
143418 del 3 de octubre de 2012 proferida por el Ejército Nacional, conforme
a las consideraciones expuestas en precedencia.

De la condena en costas en segunda instancia

Bajo las consideraciones expuestas en el acápite anterior, en el presente caso
no se condenará en costas a la entidad demandada, toda vez que prosperaron
los argumentos esgrimidos en el recurso de alzada excepto el referente a la
no deducción de lo pagado por compensación por muerte del causante y se
accederá a las pretensiones de la demanda, acorde con lo regulado en el
numeral 5.° del artículo 365 del CGP, lo cual faculta al juez de abstenerse de
imponer dicha carga procesal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la sentencia del 13 de septiembre de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión 6, que negó las
pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Blanca
Nieves Gallego García contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional. En su lugar,

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Radicado: 15001-23-33-000-2017-00634-02 (0354-2019)
Demandante: Blanca Nieves Gallego García

Segundo: Declarar la nulidad del acto ficto o presunto negativo derivado del
silencio administrativo frente a las solicitudes de reconocimiento de pensión
de sobrevivientes presentadas por la interesada.

Tercero: Declarar probada la excepción de prescripción de mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 21 de mayo de 2012, por las razones
expuestas en el presente proveído.

Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, a efectuar el reconocimiento
y pago de la pensión de sobrevivientes de que tratan los artículos 46 a 48 de
la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, a favor de la señora
Blanca Nieves Gallego García quien se identifica con cédula de ciudadanía
43.830.854, en una cuantía equivalente a un salario mínimo legal mensual
vigente, con efectos fiscales a partir del 21 de mayo de 2012.

En razón de lo expuesto, se condena a la parte demandada a pagar las
mesadas adeudadas a favor de la demandante a partir del 21 de mayo de
2012, esto de manera actualizada de conformidad con el inciso 4.° del artículo
187 del CPACA, es decir, con base en la siguiente fórmula:

R= Rh X Índice final
_________________
Índice inicial

Quinto: De los valores reconocidos por concepto de pensión de sobrevivientes
se debe realizar el descuento, debidamente indexado, de lo pagado por la
entidad demandada a la demandante mediante Resolución 143418 del 3 de
octubre de 2012 a título de compensación por muerte de Dubian de Jesús
Ossa Gallego, de conformidad con las reglas de unificación precitadas.

Sexto: Sin condena en costas de segunda instancia.

Séptimo: La Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, dará
cumplimiento a la sentencia con base en los términos y previsiones de los
artículos 189 y 192 del CPACA.

Octavo: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la
sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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