Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01150-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01150-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01150-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01150-01 (3000-2020)
Demandante: Ana Cecilia Mendoza Villamil
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: Sanción moratoria Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071
de 2006. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el 7 de febrero de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Ana Cecilia Mendoza Villamil instauró demanda en contra de la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la existencia del acto presunto negativo configurado con ocasión de
la petición radicada el 31 de marzo de 2014 ante la entidad demandada; y su
consiguiente nulidad, en cuanto negó la sanción moratoria por el retardo en la
cancelación de las cesantías definitivas.
Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la demandada a pagar
la sanción por mora. Que se dé cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192
del CPACA. Que se disponga sobre el pago de intereses comerciales y moratorios.
Que se ordenen los ajustes de valor a que haya lugar, desde que debió producirse
el pago hasta que se hizo efectivo. Que se condene en costas a la demandada.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:
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Que prestó sus servicios como docente oficial durante 34 años y mediante
Resolución 3851 del 6 de diciembre de 2011, le fue aceptada la renuncia a partir del
31 del mismo mes y año.
Que el 24 de febrero de 2012 solicitó al FOMAG el pago de las cesantías definitivas,
las cuales fueron reconocidas mediante Resolución 4476 del 5 de septiembre de
2013 y canceladas el 25 de octubre del mismo año.
Que elevó petición el 31 de marzo de 2014 por medio de la cual reclamó la sanción
moratoria por el pago tardío de la referida prestación y mediante comunicación S -
2014-56601 del 4 de abril de 2014 Fonpremag trasladó a la Fiduprevisora la
competencia para resolver el petitorio. Sin embargo, esta última no emitió respuesta.
Que el 31 de julio de 2014 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho, asignada por reparto al Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Bogotá, el cual a través de sentencia del 25 de marzo de 2015, accedió a las
pretensiones. Decisión que fue apelada por la entidad.
Que mediante auto del 9 de julio de 2015 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca invalidó la sentencia de primera instancia; declaró la falta de
jurisdicción y ordenó remitir a los Juzgados Laborales.
Que el Juzgado 26 Laboral se abstuvo de conocer el asunto y propuso conflicto de
jurisdicción, que fue resuelto el 27 de octubre de 2015 por el Consejo Superior de
la Judicatura señalando que la competencia era del Juez 26 Laboral quien debía
darle trámite al proceso como ejecutivo. Ese Despacho a través de auto del 20 de
marzo de 2016 negó el mandamiento de pago, decisión frente a la cual se interpuso
recurso de apelación, que fue rechazado por extemporáneo.
Que volvió a presentar demanda y correspondió al Juzgado 37 Laboral, quien negó
las pretensiones, por medio de auto del 20 de abril de 2016, pues consideró que no
se reunieron los requisitos legales del título, auto recurrido mediante reposición y en
subsidio apelación. Que, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la decisión el 8 de
noviembre de 2016, contra el que interpuso recurso de súplica el cual tampoco
prosperó.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 29 de agosto de 2018 y notificada a la
demandada, quien no se pronunció. Se celebró audiencia inicial el 6 de febrero de
2019, en la cual se fijó el litigio y luego de agotado el período probatorio y de dar
traslado a las partes para que alegaran de conclusión, se dictó sentencia, la cual
fue apelada oportunamente por el FOMAG.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 7 de febrero
de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda expresando que,
al no obrar en el proceso prueba que permitiera concluir que la entidad demandada
respondió de fondo la petición presentada el 31 de marzo de 2014, era procedente
declarar la existencia del acto ficto por medio del cual se negó la solicitud de la
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sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías definitivas.
Que el reconocimiento de la prestación se produjo de forma tardía, puesto que la
Resolución fue emitida el 5 de septiembre de 2013 y la cancelación de las cesantías
se realizó el 25 de octubre de la referida anualidad, aun cuando la solicitud se
presentó el 24 de febrero de 2012 y los 15 días con que contaba la entidad para
expedir el respectivo acto administrativo; más los 5 días siguientes de ejecutoria,
tuvieron lugar el 26 de marzo de 2012, y finalmente los 45 días hábiles para realizar
el pago, se vencieron el 1.° de junio del mismo año.
Que la señora Ana Cecilia Mendoza Villamil tiene derecho al reconocimiento y pago
de la penalidad de carácter económico pretendida, equivalente a un día de salario
por cada día de retraso, a partir del 2 de junio de 2012, día siguiente al vencimiento
de los 65 días hábiles que prevé el CPACA hasta el 24 de octubre de 2013, día
anterior aquel en el que la demandada efectuó el pago de la prestación definitiva.
Que en principio podría señalarse que se configuró el fenómeno de la prescripción,
por cuanto el término para reclamar la penalidad es de 3 años, contados a partir del
día siguiente a su exigibilidad, es decir, del 2 de junio de 2012 al 2 de junio de 2015,
ello si se tiene en cuenta que la solicitud de reconocimiento se elevó el 31 de marzo
de 2014 y la demanda se interpuso el 30 de mayo de 2018. Sin embargo, advirtió
que según lo probado en el proceso, la señora Mendoza Villamil presentó el primer
escrito introductor en tiempo (31 de julio de 2014); y fue el tribunal en segunda
instancia, quien indicó que la competencia del asunto era de la jurisdicción ordinaria
cuando ya había una decisión proferida por la jurisdicción contenciosa.
Que con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, se tendría
como suspensión de la prescripción el lapso en que la demanda estuvo en trámite
ante las jurisdicciones, pues entre la petición (31 de marzo de 2014) y la
interposición del medio de control (30 de mayo de 2018) sólo se presentó inactividad
por el término de 1 año, 8 meses y 2 días, por lo que señaló que no hay lugar a
declarar la prescripción trienal.
Que la indexación resulta improcedente, dado que se trata de valores monetarios
que no tienen la intención de compensar ninguna contingencia relacionada con el
trabajo y mucho menos remunerarlo.
De esta manera, declaró la existencia del acto administrativo ficto producto de la
petición radicada por la demandante el 31 de marzo de 2014; a título de
restablecimiento del derecho condenó al FOMAG a pagar la sanción por mora
causada entre el 2 de junio de 2012 y el 24 de octubre de 2013 para un total de 510
días, en consideración a la asignación básica devengada en el año 2011 por ser la
fecha de retiro; dar cumplimiento a la sentencia en los términos y con los intereses
señalados en los artículos 192 y 195 del CPACA; y condenó en costas a la parte
demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con la decisión, el FOMAG interpuso recurso de apelación
argumentando que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 3135 de 1968 y su
reglamentario, 1848 de 1969, una vez causado el derecho al reconocimiento de la
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sanción moratoria, la parte interesada tiene 3 años para reclamarlo.
Que transcurrieron 65 días después de radicada la solicitud de las cesantías
definitivas (24 de febrero de 2012), sin que se realizara el respectivo pago, por lo
que el 28 de abril de 2012 se configuró el derecho a la penalidad económica, de ahí
que la demandante contaba con 3 años para solicitar su reconocimiento. Sin
embargo, alegó que este término no se cumplió, en tanto que, la señora Mendoza
Villamil realizó la petición el 31 de marzo de 2014; y demandó el 30 de mayo de
2018.
Que no es de recibo, el hecho de que la demandante no haya ejercido el medio de
control idóneo para la obtención de sus pretensiones, pues debe hacerse un conteo
riguroso del término de la prescripción.
Que conforme a lo dispuesto en los artículos 365 del CGP y 188 del CPCA, no es
procedente la condena en costas, en la medida que se debe tener en cuenta la
buena fe de la entidad en sus actuaciones procesales, ello teniendo en cuenta que
los argumentos de la defensa fueron inminentemente jurídicos.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Se admitió el recurso mediante providencia del 9 de noviembre de 2020 y por auto
del 12 de marzo de 2021, se ordenó correr traslado de alegatos.
La parte demandante solicitó tener en cuenta las omisiones en las que incurrió la
demandada en el desarrollo del proceso; considerar diversas sentencias que
enumeró de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; desestimar los
argumentos de la entidad en el recurso de apelación; y confirmar la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda.
La parte demandada y el agente del Ministerio Público guardaron silencio en
desarrollo de esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico a resolver se resume en definir si operó el fenómeno de la
prescripción extintiva sobre el derecho a la sanción moratoria que le asistía a la
señora Ana Cecilia Mendoza Villamil por el pago tardío de sus cesantías definitivas.
Competencia para conocer de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías
Sobre la competencia para conocer de la sanción moratoria producto del pago tardío
de las cesantías de que trata la Ley 244 de 1995, se han presentado diversas
posiciones que han generado contradicciones entre jueces laborales y de lo
contencioso administrativo.
Dicha discusión se provocó por la incertidumbre en torno al mecanismo idóneo para
obtener la cancelación de la referida penalidad.
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Sobre el particular, en el marco del conflicto negativo de competencia suscitado
entre los jueces de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y la Jurisdicción
Ordinaria, los primeros han señalado que ante la presencia de un título ejecutivo
complejo, cuando existe acto administrativo que reconoce las cesantías y el
documento que acredita el pago tardío de las mismas, se debe adelantar un proceso
ejecutivo; la tesis de la segunda se sustenta en que, el acto administrativo que niega
la sanción mora no constituye título ejecutivo.
Al respecto y con el fin de establecer un criterio uniforme, la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo mediante decisión del 27 de marzo de 2007 1 al realizar
un análisis de la norma que regula la mencionada penalidad, precisó que el medio
de control procedente cuando se pretenda el reconocimiento de la sanción mora es
el de nulidad y restablecimiento del derecho. Veamos:
«[…] Conforme al texto de la norma se presentan varias hipótesis, a partir de la
petición del interesado, que pueden dar lugar a la existencia de un conflicto, así:
5.3.1 La administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la
liquidación de sus cesantías.
5.3.2 La administración no reconoce las cesantías y, por ende, no las paga.
5.3.3. La administración efectúa el reconocimiento de las cesantías.
En este caso pueden ocurrir variar posibilidades:
5.3.3.1. Las reconoce oportunamente pero no las paga.
5.3.3.2. Las reconoce oportunamente pero las paga tardíamente.
5.3.3.3. Las reconoce extemporáneamente y no las paga.
5.3.3.4. Las reconoce extemporáneamente y las paga tardíamente.
5.3.4. Existe pronunciamiento expreso sobre las cesantías y/o sobre la sanción y el
interesado no está de acuerdo con el monto reconocido.
En las situaciones aludidas que impliquen discusión respecto del contenido mismo
del derecho la Sala considera que la acción procedente es la de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, en razón de que el origen de la
suma adeudada es una acreencia laboral.
En las hipótesis en que no haya controversia sobre el derecho, por existir la
resolución de reconocimiento y la constancia o prueba del pago tardío, que, en
principio, podrían constituir un título ejecutivo complejo de carácter laboral, el
interesado puede acudir directamente ante la justicia ordinaria para obtener el pago
mediante la acción ejecutiva. V.gr. hipótesis 5.3.3.1 y 5.3.3.2.
En este caso la obligación debe reunir los requisitos previstos en los artículos 100 y
siguientes del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, esto es, ser
expresa, clara, exigible y constar en documento que provenga del deudor o de su
causante pues el fundamento del proceso ejecutivo es la certeza sobre la existencia
de la obligación.
Para que exista certeza sobre la obligación no basta con que la ley haya dispuesto
el pago de la sanción moratoria, aquella es la fuente de la obligación a cargo de la
1 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 27 de marzo de 2007.
Radicado: 76001-23-31-000-2000-02513-01(IJ). Demandante: José Bolívar Caicedo Ruiz.
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administración por el incumplimiento o retardo en el pago de las cesantías definitivas
mas no el título ejecutivo, que se materializa con el reconocimiento de lo adeudado
por parte de la administración.
En este caso el interesado debe provocar el pronunciamiento de la administración
para obtener el acto administrativo que le sirva de título ejecutivo ante la Jurisdicción
Laboral, no ante los jueces administrativos, porque el artículo 134 B-7, adicionado
por la Ley 446 de 1998, artículo 42, sólo les otorgó competencia a éstos para
conocer de los procesos ejecutivos originados en condenas impuestas por esta
jurisdicción, mientras que el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y la
Seguridad Social, modificado por el artículo 2 de la Ley 712 de 2001, le adjudica
competencia general a la jurisdicción laboral ordinaria para “la ejecución de
obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social
integral que no correspondan a otra autoridad.”.
También constituye título ejecutivo, cuyo pago deberá reclamarse ante la jurisdicción
ordinaria, el acto por el cual la administración reconoce en favor del peticionario una
suma de dinero por concepto de sanción moratoria. Aquí igualmente se trata de la
simple ejecución de una acreencia laboral respecto de la cual no versa discusión
alguna.
En suma la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento
de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo
que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos
procede la ejecución del título complejo […]».
La anterior postura ha sido acogida en varios pronunciamientos del Consejo de
Estado2 en los que se ha sostenido que, cuando no haya certeza de lo adeudado
por concepto de cesantías o sanción moratoria, la jurisdicción competente en la
materia será la contenciosa administrativa; por el contrario, cuando exista
pronunciamiento de reconocimiento de la penalidad pretendida, el asunto deberá
ser adelantado ante la jurisdicción ordinaria.
La Sección Segunda, en decisión del 16 de julio de 2015,3 señaló:
«[…] la competencia para conocer el asunto relacionado con el pago de la sanción
moratoria, es la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo salvo que el empleado
tenga en su poder tanto el acto administrativo de reconocimiento de las cesantías y
el que le reconoce la indemnización moratoria, pues, de no ser así, se debe dirigir a
la administración para provocar la decisión de ésta referida al reconocimiento o no
de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, según lo dispuestos por
la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, pues, para que haya certeza sobre la
obligación no basta que la ley disponga el pago de la sanción moratoria, ya que ella
es la fuente de la obligación a cargo de la administración por el incumplimiento o
retardo en el pago de las cesantías definitivas pero no el título ejecutivo, el cual se
materializa con el reconocimiento de lo adeudado por parte de la administración. Por
tanto, el interesado debe provocar el pronunciamiento de la administración para
obtener el acto administrativo que le sirva de título ejecutivo […]».
2
Radicación: 08001-23-31-000-2007-01035-01 (0067-11); 15001-23-33-000-2013-00480-02 (1447-15); 25000-
23-41-000-2016-00425-01 (AC); 08001-23-31-000-2010-00219-01 (4047-2015); 11001-03-15-000-2016-02704-
00(AC); 11001-03-15-000-2017-00130-00(AC); 11001-03-15-000-2017-00695-00(AC); 05001-23-33-000-2017-
00995-01(AC).
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Auto del 16 de julio de 2015.
Demandante: Rosa María Rodríguez Obando.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01150-01 (3000-2020)
Posteriormente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura mediante decisión del 16 de febrero de 2017,4 unificó el criterio
atendiendo a la posición del órgano de cierre expuesta en el año 2007. Sobre el
punto, determinó lo siguiente:
«[…] Esta Sala buscando objetivos similares en lo de su competencia, por la
importancia jurídica de estos asuntos que reiteradamente se han venido resolviendo,
y con las finalidades de facilitar el acceso de los usuarios a la administración de
justicia, de no entrar en controversia con las líneas jurisprudenciales que creen los
órganos de cierre de las demás jurisdicciones, de crear un precedente vinculante
para esta misma Sala y para las autoridades en conflicto, a fin de que se convierta
en un mecanismo de descongestión, que evite la proposición de conflictos sobre
este tema, contribuya a la seguridad jurídica y a la creación de un precedente de
obligatoria aplicación para todas las autoridades, decide en esta providencia
UNIFICAR EL CRITERIO respecto de la autoridad competente en las demandas en
las que se pretenda la declaratoria de mora en el pago de las cesantías, dejándolo
de manera expresa, para efectos de su publicación y difusión por la relatoría de esta
Sala, de manera sistematizada y organizada, asignando la competencia a la
jurisdicción administrativa.
[…]
En jurisprudencia actual del Consejo de Estado, se confirma la competencia de los
jueces administrativos frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías, así las cosas, el actor debe acudir a la Jurisdicción Administrativa, ya que
el Consejo de Estado es claro en señalar que la vía procesal adecuada es la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho que es en últimas lo que se pretende en
la demanda.
Es de resaltar que en este tema, y para que no existan más controversias frente a
la solución de conflictos de sanción moratoria, se unificó el criterio, en el sentido de
exaltar lo que realmente pretende la parte actora, desde el punto de vista sustancial
o material, lo cual es obtener por vía judicial el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en la ley, por el no pago oportuno de las cesantías reconocidas
por parte de la entidad demandada, siendo así la jurisdicción administrativa la
competente para conocer del asunto.
Así las cosas, en aras de favorecer la majestad de la justicia, en vista de obtener
una celeridad en la protección de los derechos del trabajador, evitar que exista un
doble proceso el cual causaría una dilación en el pago de los intereses moratorios,
la vía indicada, consecuente con lo que […]».
Visto lo anterior, se concluye que, cuando el derecho a la sanción moratoria se
encuentre en controversia, porque precisamente se solicitó y la administración
resolvió de forma negativa, o no se pronunció al respecto, el medio de control que
deberá adelantar el interesado es el de nulidad y restablecimiento del derecho, por
lo que la jurisdicción competente para conocer al respecto es la contenciosa
administrativa.
Ahora, si la entidad emitió un acto administrativo en el que reconoció la sanción
mora, de la cual se desprende una obligación clara, expresa y exigible, el
4
Consejo Superior de la Judicatura. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Decisión del 16 de febrero de 2017.
Radicado: 11001010200020160362900.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01150-01 (3000-2020)
beneficiario quedará facultado para presentar demanda ejecutiva ante la jurisdicción
laboral, pues bajo ese supuesto existe certeza sobre el derecho. De lo anterior, es
necesario señalar que no basta con que la penalidad económica esté prevista en la
ley, pues esta no opera de manera automática; se requiere manifestación expresa
en la que se advierta la anuencia de la entidad respecto a lo adeudado por dicho
concepto.
La prescripción extintiva en materia de sanción moratoria
La figura jurídica de la prescripción extintiva hace relación al deber que tiene cada
persona de reclamar sus derechos en el tiempo previsto en la ley; es decir, si los
derechos que se han adquirido no se solicitan en un determinado lapso fijado por
una norma, se pierde la oportunidad para ejercerlos ante la ausencia del interés que
presume el legislador por parte de quien ostenta el derecho.
Sobre la prescripción en casos de sanción moratoria, la Sala plena de la Sección
Segunda dispuso en sentencia de unificación CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de
20165 que, en el caso de la sanción por la no consignación oportuna de las cesantías
anualizadas, el fenómeno procede si pasados tres años luego de su exigibilidad
(esto es, a partir del 15 de febrero del año siguiente a la causación de las cesantías),
la parte interesada no reclamó ante la administración su reconocimiento y pago 6.
Ahora, si bien la sentencia de unificación aludida hace referencia a la sanción
moratoria en el caso de la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas,
esta Subsección ha sido del criterio que dicha tesis resulta también aplicable, por
analogía7, respecto a los casos de mora en el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales y definitivas. Ello por cuanto, se reitera el argumento expuesto
en la providencia de 2016, en el ordenamiento jurídico colombiano no puede haber
sanciones imprescriptibles.
De acuerdo con lo anterior, la Sala estima que en el caso de la sanción moratoria
regulada en las Leyes 244 y 1071, el término prescriptivo debe contabilizarse a partir
de su exigibilidad, tal y como advirtió la Sala Plena de la Sección Segunda en
providencia CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020 8, exigibilidad que
dependerá de las múltiples hipótesis que se pueden presentar en estos casos y que
5 Sentencia CE-SUJ2-004-16 del 25 de agosto de 2016, radicación 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-
14). Yesenia Esther Hereira Castillo contra el municipio de Soledad.
6 «[…] los salarios moratorios, que están a cargo del empleador que incumpla su obligación de consignar las
cesantías en el término que la ley concede, no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su reconocimiento, ni hacen parte
de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y deviene del incumplimiento u omisión del deber legal
consagrado a cargo del empleador, están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en
que se debe efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que introdujeron esa
sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de prescripción, no puede considerarse
un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que una de las características del derecho sancionador
es que no pueden existir sanciones imprescriptibles […]»
7 Así lo ha considerado la Sala, entre otras, en sentencias del 21 de junio de 2018 (2735-2016), 26 de abril de
2018 (3230-2016), 19 de abril de 2018 (2653-2015 y 2051-2016), 5 de abril de 2018 (2268-2015). De igual forma
se ha pronunciado recientemente la subsección B en sentencias del 17 de marzo de 2022 (3369-2021), 3 de
febrero de 2022 (6038-2019)
8 Ver sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020, radicación 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
María Lucely Taborda Cervantes contra el municipio de Sabanagrande.
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01150-01 (3000-2020)
fueron descritas en sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de
2018, previamente referenciada 9.
Caso concreto
Se encuentra probado que la señora Ana Cecilia Mendoza Villamil prestó sus
servicios como docente desde el 1.° de febrero de 1977 10 hasta el 31 de diciembre
de 2011, fecha a partir de la cual se le aceptó la renuncia.11
Que la demandante radicó solicitud el 24 de febrero de 2012,12 tendiente a que le
fueran pagadas sus cesantías definitivas.
Que por medio de la Resolución 4476 del 5 de septiembre de 2013, 13 la Secretaría
de Educación de Bogotá reconoció la prestación peticionada por un valor de
$31.958.884, la cual fue cancelada el 25 de octubre de 2013.14
Que el 31 de marzo de 2014 15 la señora Mendoza Villamil reclamó la sanción
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías. Que mediante oficio S-2014-
56601 del 4 de abril de 2014, el FOMAG informó que remitió el petitorio a la
Fiduciaria la Previsora S.A para que se pronunciara al respecto.
Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda al encontrar probado el retardo en el pago de las
acreencias laborales requeridas; precisando que como la petición sobre el particular
fue radicada el 24 de febrero de 2012; el vencimiento de los 65 días hábiles que
tenía la entidad para pagar las cesantías, se produjo el 1.° de junio de 2012, por lo
que la mora se generó desde el 2 de junio de 2012 hasta el 24 de octubre de 2013,
día anterior en que se efectuó el pago de las cesantías.
Frente al fenómeno extintivo, indicó:
«[…] Con el fin de garantizar el acceso a la administración de justicia, se puede
entender que se suspendió el término de la prescripción, con el fin de que no se
viera afectada la demandante por el tiempo en que el proceso estuvo en la
jurisdicción contencioso administrativa y en la ordinaria, teniendo en cuenta que en
principio la demanda fue presentada ante la jurisdicción contenciosa administrativa
siendo remitida a la jurisdicción ordinaria, razón por la cual, se puede concluir que
la demandante ha sido diligente y ha realizado actuaciones pertinentes desde el
momento en que la entidad demandada incurrió en mora por el pago de sus
cesantías, interponiendo las demandas en tiempo, y que fue el cambio
jurisprudencial lo que no permitió que su derecho fuera concretado […]».
La demandada interpuso recurso de apelación contra la decisión, al sostener que:
i) en el caso concreto se configuró la prescripción regulada en el Decreto 3135 de
1968 y su reglamentario, 1848 de 1969 y; ii) la demandante no ejerció el medio de
9 Sentencia CE-SUJ2-012-18 del 18 de julio de 2018, radicación 73001-23-33-000-2014-00580-01 (4961-2015).
Jorge Luis Ospina Cardona contra el Ministerio de Educación Nacional, Fomag y departamento del Tolima.
10 Folio 132 del anexo 1.
11 Según se advierte en la Resolución 3851 del 6 de diciembre de 2011, visible a folio 94 del Anexo 1.
12 Folio 2.
13 Folios 5 a 6.
14 Folio 7.
15 Folios 8 a 9.
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control idóneo para la obtención de las pretensiones, por lo que debe realizarse un
conteo riguroso del plazo extintivo.
En relación con el primer argumento, es importante señalar que los decretos citados
no son aplicables en materia de prescripción de la sanción moratoria. Lo anterior, al
existir una norma especial contenida en el artículo 151 del estatuto procesal laboral
que impone al interesado el deber de reclamar las obligaciones derivadas de los
derechos sociales (entre los que se incluye el derecho al auxilio de cesantías) dentro
de los tres años siguientes contados desde que el deber se hizo exigible.
Para el caso de la penalidad económica por el no pago dentro de los términos
legales de las cesantías parciales o definitivas, se presenta a partir del día siguiente
a la finalización del término de 45 días hábiles que tiene la entidad para el pago del
derecho laboral.
En este punto, la Subsección reitera su posición respecto a que la sanción moratoria
consagrada en las Leyes 244 y 1071 se extingue por el paso del tiempo, según se
desprende de las reglas jurisprudenciales citadas y que resultan plenamente
aplicables al presente caso. En ese sentido, la norma que regula el término de
prescripción para estos casos es el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, según el cual, las acciones que emanen de leyes sociales
prescriben en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible.
En lo que concierne al segundo punto, contrario a lo manifestado por la apelante y
en concordancia con la jurisprudencia citada, la demandante adelantó el medio de
control idóneo con el fin de que se declarara la nulidad del acto presunto negativo
configurado con ocasión de la petición elevada el 31 de marzo de 2014, en cuanto
negó el reconocimiento y pago de la penalidad regulada en las Leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006.
La Sala tampoco comparte lo expuesto, referente a que debe efectuarse un conteo
riguroso de la prescripción; por cuanto como se acreditó dentro del plenario, fue la
administración de justicia, al no tener un criterio unificado sobre la competencia y la
vía judicial procedente, la que obligó a la demandante a acudir en varias
oportunidades tanto a la jurisdicción ordinaria como a la contenciosa, situación que
terminó repercutiendo en el plazo extintivo del derecho, al momento de concluir que
el presente asunto sí era demandable ante la última.
Repárese que la señora Ana Cecilia Mendoza Villamil, precisamente, interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho el 31 de julio de 2014 16, por
considerar que ese era el medio de control pertinente, sin embargo, en esa fecha
no había claridad al respecto, pues sólo fue hasta el 16 de febrero de 2017 que la
Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, con fundamento en la
sentencia del 27 de marzo de 2007 proferida por esta Corporación, consideró que
la autoridad competente para reclamar la sanción mora ante la negativa de la
administración era la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.
16 Folio 10A.
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Así las cosas, la Subsección estima que en este caso no debe contabilizarse la
prescripción de forma estricta, dado que, según los supuestos fácticos y las
actuaciones procesales surtidas 17, la competencia para conocer del asunto de la
referencia, empezó a dilucidarse alrededor del año 2007 y sólo se definió para el
2017.
De ese modo, la Sala comparte la decisión del Tribunal en el sentido de no
contabilizar el término extintivo durante el tiempo en que el proceso estuvo entre la
Jurisdicción Ordinaria y la Contenciosa Administrativa. En principio, la demandante
tenía hasta el 2 de junio de 2015 para reclamar la sanción moratoria, pues la petición
de reconocimiento de la prestación tiene fecha del 24 de febrero de 2012 y los 65
días de que trata la Ley 244 de 1995, se cumplieron así: 15 días para expedir la
resolución (16 de marzo de 2012); 5 días de ejecutoria del acto (26 de marzo de
2012); y 45 días para efectuar el pago (1.° de junio de 2012).
Sin embargo, tal fenómeno se interrumpió con la solicitud radicada el 31 de marzo
de 2014, por una sola vez, el cual se extendió hasta el 31 de marzo de 2017. No
obstante, según lo expuesto, el plazo prescriptivo no se podrá computar durante los
lapsos en que la señora Mendoza Villamil acudió a la jurisdicción y se dieron las
decisiones judiciales que truncaron su acceso a ella.
Ahora bien, entre la fecha de interrupción (31 de marzo de 2014) y la fecha en que
presentó por primera vez la demanda (31 de julio de 2014), solo habían transcurrido
4 meses, es decir restaban 2 años y 6 meses para que operara la prescripción.
En ese sentido, se observa que los tiempos de inactividad posterior de la interesada,
transcurridos entre la culminación de cada proceso y la radicación de la demanda
siguiente, no superaron dicho término.
De esta manera, la Sala estima que no resulta consecuente limitar el derecho de
acceso a la administración de justicia, imponiendo un castigo a la demandante, que
implica la extinción de la penalidad reclamada, fundado, precisamente, en un asunto
que ha generado polémica, respecto a la vía judicial procedente y la respectiva
competencia.
Sobre la condena en costas de primera instancia
En lo que respecta a este punto de impugnación, la Sala en el caso particular acudirá
a la tesis que se había sostenido con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, pues se entiende que la decisión de primera instancia fue proferida
en ejercicio de la autonomía propia del juez de origen, previamente a la referida
circunstancia.
Es decir, resultaba acertado al momento de la expedición de la sentencia apelada
(7 de febrero de 2020), asumir que en virtud del criterio objetivo valorativo para la
imposición de las costas, debía excluirse el elemento subjetivo de la mala fe o la
temeridad de las partes y que en consecuencia procedía la referida condena contra
el demandada por haber resultado vencida en juicio y haberse demostrado la
17 El 31 de julio de 2014 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho; el 20 de abril de 2016
interpuso demanda ejecutiva ante la Jurisdicción Ordinaria; el 30 de mayo de 2018 instauró la demanda de la
referencia.
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causación de las agencias en derecho conforme a las previsiones del artículo 188
del CPACA y 365 del CGP.
En tal sentido, se confirmará en su totalidad el fallo apelado, incluida la decisión de
condena en costas de primera instancia a cargo del accionante.
De la condena en costas de segunda instancia
Sin perjuicio de lo anterior, respecto de la imposición de la referida carga en esta
oportunidad, se recuerda que dicho criterio fue variado con la adición introducida
por el art. 47 de la Ley 2080 de 2021, en el que se indica que la condena en costas
es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta
carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación y de los alegatos de conclusión que no se presenta una
carencia de fundamentación legal que dé lugar a la condena en costas. Contrario a
ello, ambas partes en sus escritos manifestaron argumentos razonables en defensa
jurídica de sus intereses, en consecuencia, no se impondrá condena en costas en
esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 7 de febrero de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovió la señora Ana Cecilia Mendoza Villamil contra la Nación-
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.
Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
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Radicación: 25000-23-42-000-2018-01150-01 (3000-2020)
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
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