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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2010-00219-01

Recurso de apelación: competencia del juez de segunda instancia se contrae a los argumentos del escrito de apelación

Fecha
24 de noviembre de 2016
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
11 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-31-000-2010-00219-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confírmese la sentencia proferida el 28 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo del Atlántico (Subsección de Descongestión) en el proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Nayib René Reguillo Charris contra el municipio de Soledad (Atlántico), por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Segundo: Reconócese personería al doctor Misael Triana Cardona identificado con cc 80.002.404 de Bogotá y TP 135.830 del C. S. de la J. como apoderado del municipio de Soledad (Atlántico), en los términos y para los efectos de la sustitución al poder conferido por el doctor Charles Champan López, el cual obra a folio 270 del expediente. Tercero: Sin condena en costas. Cuarto: Teniendo en cuenta que la condena anterior podría generar un detrimento patrimonial para el Estado, por Secretaría envíese copias de la presente actuación a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo. Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-31-000-2010-00219-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

24 de noviembre de 2016

RECURSO DE APELACIÓN - Competencia del juez de segunda instancia se contrae a los argumentos del escrito de apelación

Esta Corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente en el recurso de apelación. Lo anterior significa que las competencias funcionales del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por el apelante, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia. Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 31 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 328

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA

En virtud del principio de congruencia, el juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está llamado a proferir sentencia atendiendo los hechos, las pretensiones de la demanda, las pruebas y demás intervenciones que se surtan dentro del proceso, en este caso el de nulidad y restablecimiento del derecho.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 170 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 281

CESANTÍAS ANUALIZADAS – Liquidación / CESANTÍAS DEFINITIVAS - Liquidación

A los empleados beneficiarios del régimen anualizado de cesantías previsto en la Ley 344 de 1996 (vinculados al servicio con posterioridad al 31 de diciembre del mismo año o quienes se acogieron a este), le serán liquidadas sus cesantías al 31 de diciembre de cada año por anualidad o fracción, y se consignarán antes del 15 de febrero del año siguiente a que se causó en cuenta individual a nombre del empleado en el fondo de cesantía que él mismo elija, mientras la relación laboral este vigente, pues una vez ésta finalice, la obligación que se origina no es la de consignar dicha prestación sino de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y salarios a que tenga derecho.

FUENTE FORMAL: LEY 6 DE 1945 / LEY 6 DE 1946 / LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 99 / LEY 344 DE 1996 - ARTÍCULO 13 / DECRETO 1582 DE 1996 - ARTÍCULO 1

SANCIÓN MORATORIA DE CESANTÍAS DEFINITIVAS - Liquidación / SANCIÓN MORATORIA DE CESANTÍAS DEFINITIVAS- Exigibilidad / PAGO DE CESANTÍA / PROCESO EJECUTIVO/ JURISDICCIÓN ORDINARIA /SANCIÓN MORATORIA /ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO / JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA/ ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO SANCIÓN MORATORIA ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Compatibilidad con el cobro de las cesantías ante la jurisdicción ordinaria

La indemnización moratoria referida, es una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último por el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley. Nótese, que el espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías. Esta sanción se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se interpongan recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (Art. 62 del CCA). Así entonces, es viable obtener el pago de las cesantías a través del proceso ejecutivo en la jurisdicción ordinaria y la sanción moratoria por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la jurisdicción contenciosa. Máxime cuando las dos son de naturaleza distinta, pues la primera surge como consecuencia de la vinculación laboral y la segunda como un castigo al empleador por el pago tardío de aquella. En el sub examine, se puede inferir en principio que la situación del actor se encuadra en la tercera hipótesis, ya que tiene un título ejecutivo que puede hacer exigible ante la jurisdicción ordinaria y constancia del pago extemporáneo de la prestación, sin embargo, la sanción moratoria no está reconocida de forma clara y expresa, es decir, que respecto de esta no se puede librar mandamiento de pago, razón por la que era necesario, tal como efectivamente se hizo, provocar un pronunciamiento de la administración, para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. NOTA DE RELATORÍA: Sobre la causación de la sanción moratoria y respecto del ejercicio simultáneo de la acción ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria y la acción declarativa ante el contencioso, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 27 DE MARZO DE 2007, C.P., Jesús María Lemos Bustamante, rad. 2777-14

FUENTE FORMAL: LEY 244 DE 1995 - ARTÍCULO 1 / LEY 244 DE 1995 - ARTÍCULO 2 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 62

SANCIÓN MORATORIA - Prescripción trienal. Fundamento normativo

En lo que concierne a la prescripción trienal de carácter laboral, la Sección Segunda en la sentencia de unificación, determinó que la norma aplicable es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Lo anterior, toda vez que el término de prescripción previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, se fijó para los derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la sanción moratoria de que trata el artículo 99, ordinal 3.º de la Ley 50 de 1990; criterio que esta subsección estima es aplicable a la indemnización de que trata la Ley 244 de 1995, como quiera que tiene un carácter sancionador semejante al de la Ley 50 y a que tampoco está contenida en los mencionados decretos. Así las cosas, la sanción moratoria deberá solicitarse a la administración dentro de los tres años a que se hace exigible, so pena de verse afectada por el fenómeno de prescripción.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO PROCESAL DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL - ARTÍCULO 151

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de noviembre de dos mil dieciséis (2016).

Radicación número: 08001-23-31-000-2010-00219-01(4047-15)

Actor: NAYIB RENÉ REGUILLO CHARRIS

Demandado: MUNICIPIO DE SOLEDAD (ATLÁNTICO) Y CONTRALORÍA MUNICIPAL.

Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Decreto 01 de 1984

La Subsección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 28 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico (Subsección de Descongestión), que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Nayib René Reguillo Charris contra el municipio de Soledad.

ANTECEDENTES

El señor Nayib René Reguillo Charris, por conducto de apoderado, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Decreto 01 de 1984, demandó al municipio de Soledad (Atlántico) y a la Contraloría Municipal.

Pretensiones

1. Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio STH 609-09 del 25 de agosto de 2009, mediante el cual la secretaría de talento humano del municipio de Soledad denegó el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria reclamada por el señor Nayib René Reguillo Charris.

2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad territorial reconocer y pagar la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, en los términos de la Ley 244 de 1995, desde el 9 de marzo de 2001 hasta el 16 de diciembre de 2008, fecha en la cual se hizo efectivo el pago.

3. Se ordene el pago de los honorarios tasados en un 30% del valor recaudado, según contrato de prestación de servicios celebrado entre el demandante y su apoderado.

4. Se condene en costas, agencias en derecho y perjuicios a la entidad territorial demandada. Asimismo se ordene reconocer los intereses corrientes y de mora.

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

En resumen, los siguientes son los fundamentos fácticos de las pretensiones:

El señor Nayib René Reguillo Charris prestó sus servicios a la Contraloría del municipio de Soledad (Atlántico), como director administrativo y financiero, desde el 24 de abril de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha en la cual se aceptó su renuncia al cargo que ocupaba.

El último salario devengado fue la suma de $1.124.067 mensuales.

Mediante Resolución 239 del 29 de diciembre de 2000, la Contraloría del municipio de Soledad reconoció la liquidación de las cesantías por el periodo entre el 24 de abril hasta el 31 de diciembre de 2000 por valor de $803.909, de las cuales se obtuvo el pago, el 16 de diciembre de 2008 con ocasión del proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad, bajo el radicado 2006-0443.

El 5 de agosto de 2009, el demandante solicitó al municipio el reconocimiento y cancelación de la correspondiente indemnización moratoria por el no pago oportuno de las cesantías, la cual fue denegada a través del Oficio STH 609-09 del 25 de agosto de 2009.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos 10, 53, 89 y 90 de la Constitución Política; 98 y 99 de la Ley 50 de 1990; 2.º de la Ley 244 de 1995; Ley 1071 de 2006, 249 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, 85 del C.C.A. y 13 de la Ley 1285 de 2009.

Como concepto de violación expuso que el acto administrativo demandado proferido por el ente territorial vulneró los derechos laborales adquiridos por el actor, esto es, el reconocimiento y pago oportuno del auxilio de cesantías, así como la indemnización moratoria que se causa por la cancelación tardía de la primera, lo que desconoce la Constitución Política, las leyes y la jurisprudencia desarrolladas sobre la materia.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Municipio de Soledad (ff. 43 a 49)

El apoderado del municipio se opuso a las pretensiones de la demanda e indicó que el actor no estuvo vinculado con la alcaldía del ente territorial sino con la Contraloría municipal. A su vez propuso como excepciones:

-Caducidad: pues a pesar que se demanda la nulidad del Oficio STH 609-09 del 25 de agosto de 2009, lo cierto es que la resolución que reconoció las obligaciones prestacionales a favor del actor es del año 2000 y para su cumplimiento lo que procedía era una demanda ejecutiva. Es decir, que el demandante con el acto acusado lo que pretendió fue revivir los términos para discutir el contenido de aquella resolución.

-Cosa juzgada: debido a que ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad se tramitó proceso ejecutivo bajo el radicado 2006-0443, dentro del que se ordenó el pago de la prestación reconocida en la resolución del año 2000.

Finalmente, adujó que se configuraban las excepciones de cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación.

Contraloría Municipal de Soledad (ff. 165 a 170)

Solicitó denegar las pretensiones de la demanda comoquiera que el actor debió presentar acción de nulidad y restablecimiento del derecho previo agotamiento de la vía gubernativa.

Señaló que el accionante instauró proceso ejecutivo laboral ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito, con el fin de obtener el pago entre otros, de los salarios moratorios, presentando como título ejecutivo la Resolución 239 del 29 de diciembre de 2000, pese a que tales emolumentos no estaban reconocidos dentro de dicho acto administrativo, razón por la cual la acción pertinente para lograr su reconocimiento era la de nulidad y restablecimiento del derecho, que tiene un término perentorio de 4 meses, no obstante, los mismos se encuentran vencidos, debido a que el actor la interpuso tan solo cuando el ejecutivo finalizó.

En consecuencia, propuso como excepción la caducidad de la acción, teniendo en cuenta que la resolución mediante la cual se reconoció el auxilio de cesantías data del año 2000 y el auto admisorio de la demanda contenciosa de abril de 2010.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Municipio de Soledad (Atlántico) (ff. 144 a 148)

Reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda e insistió en las excepciones de caducidad y cosa juzgada.

Igualmente, afirmó que el actor incurrió en un fraude procesal, pues aunque ya se tramitó demanda ejecutiva ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad, con la cual se obtuvo el pago de lo que se le adeudaba, instauró la presente acción contenciosa con la intención de hacer incurrir en error al Tribunal Administrativo.

Nayib René Reguillo Charris (ff. 149 a 154)

Reafirmó las manifestaciones expuestas en la demanda e indicó que en el proceso quedó probado que si bien es cierto, se tramitó demanda ejecutiva contra el municipio de Soledad, ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa localidad, con la que se obtuvo el pago de las cesantías reconocidas a través de la Resolución 239 del 29 de diciembre de 2000, también lo es, que dentro del mismo no se reconoció la sanción moratoria que se causó con ocasión de la cancelación tardía de la prestación, por lo que es posible solicitar su reconocimiento ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ministerio público (ff. 213 a 224)

El Procurador 118 Judicial II Administrativo presentó concepto por fuera del término legal.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo del Atlántico (Subsección de Descongestión) en sentencia del 28 de junio de 2013 dispuso lo siguiente:

Declaró la nulidad del Oficio STH 609-09 del 25 de agosto del 2009 proferido por el municipio de Soledad, mediante el cual se denegó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías correspondientes al período que comprende la vigencia del 24 de abril de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2000.

Condenó a la entidad territorial a reconocer y pagar la indemnización moratoria por el no pago de la cesantía definitiva dentro del término legal, a favor del señor Nayib Reguillo Charris, desde el 31 de agosto de 2006 hasta el 15 de diciembre de 2008, fecha en la cual se hizo efectivo el pago.

Denegó las demás suplicas de la demanda y no condenó en costas.

Los fundamentos de dicha decisión son los siguientes:

Encontró no probadas las excepciones propuestas y señaló que de conformidad con la sentencia del 21 de mayo de 2009 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado (número interno: 2070-2007), existen dos tipos de indemnizaciones, a saber, la que se deriva por la no consignación de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente a que se causaron, contenida en la Ley 344 de 1996, y aquella que se genera por la falta de pago de dicha prestación a la finalización de la relación laboral, en los términos de la Ley 244 de 1995, siendo esta última la reclamada por el accionante.

Seguidamente, advirtió que el término de 45 días de que trata la Ley 244 de 1995, inició a contabilizarse desde el 22 de junio de 2006 y finalizó el 31 de agosto de la misma anualidad, es decir, que a partir de esta fecha se hizo exigible la indemnización moratoria. De modo que para el 13 de agosto de 2009 cuando se solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria aún no había operado la prescripción, por tanto ordenó su reconocimiento a partir del 31 de agosto de 2006 y hasta el 15 de diciembre de 2008, cuando se hizo efectivo el pago de las cesantías definitivas.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

El municipio de Soledad presentó recurso de apelación (ff. 240 a 245) contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en lo siguiente:

Sostuvo que el término de prescripción de la sanción moratoria reclamada por el señor Nayib René Reguillo Charris inició desde el momento en que se desvinculó del servicio y fue proferida la Resolución 239 del 29 de diciembre de 2000 a través de la cual se le reconocieron cesantías definitivas, es decir, que para el 13 de agosto de 2009 ya había cesado la oportunidad de pedir el pago de dicha indemnización, pues entre el retiro y la petición trascurrieron 8 años, 7 meses y 12 días.

Por consiguiente, pidió denegar las pretensiones de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Solo intervino el municipio de Soledad (ff. 282-289) quien reafirmó los argumentos expuestos en las demás intervenciones procesales, específicamente en cuanto a las excepciones de caducidad, cosa juzgada e inexistencia de la obligación.

De igual forma, insistió en que la sanción moratoria reclamada se encuentra prescrita, dado que la misma se hizo exigible el 9 de marzo de 2001 una vez cumplidos los 45 días hábiles previstos en la Ley 244 de 1996, luego de proferida la Resolución 239 del 29 de diciembre de 2000, no obstante, el actor presentó solicitud para obtener su pago hasta el año 2009.

Finalmente, manifestó que el accionante no prestó sus servicios al municipio sino a la Contraloría Municipal y que la vinculación de aquel dentro de la presente acción, obedeció simplemente a que es la entidad territorial que tiene personería jurídica para actuar en los procesos judiciales.

MINISTERIO PÚBLICO

La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado consideró que en esta instancia no puede proferirse decisión de fondo, toda vez que la sentencia del a quo se fundó en actos inexistentes dentro del proceso, esto es, en la Resolución 106-003 del 27 de noviembre de 2003, la cual no fue producto de la reclamación que en sede administrativa elevó el actor y que dio lugar a la presente acción, como quiera que la solicitud de nulidad gira en torno al Oficio STH 609-09 del 25 de agosto de 2009, acto a través del cual se resolvió la petición del accionante.

CONSIDERACIONES

Cuestiones previas

Competencia funcional del ad quem

Esta corporación ha sostenido que la competencia funcional del juez de segunda instancia está limitada por las razones de inconformidad expresadas por el recurrente. Lo anterior significa que las competencias funcionales del juez de la apelación, cuando el apelante es único, no son irrestrictas, pues están limitadas, en primer lugar, por el principio de la non reformatio in pejus (art. 31 de la Constitución Política y 328 del C.G.P), y en segundo, por el objeto mismo del recurso, cuyo marco está definido, a su vez, por los juicios de reproche esbozados por quien impugna, en relación con la situación creada por el fallo de primera instancia.

Así pues, al ad quem le está vedado, en principio y salvo las excepciones hechas por el legislador, revisar temas del fallo de primera instancia que no fueron objeto de impugnación, como quiera que los mismos quedan excluidos del siguiente debate y, por lo tanto, debe decirse que, frente a dichos aspectos, termina por completo la controversia.

Ahora bien, conviene precisar que los alegatos de conclusión presentados en segunda instancia por la parte demandada deben circunscribirse a los motivos de inconformidad expuestos en el recurso de apelación, pues su naturaleza es conclusiva, es decir, que no puede pretenderse en esta etapa adicionar nuevos aspectos o subsanar las deficiencias de la impugnación.

En el sub lite, se observa en primer lugar, que la sentencia proferida por el a quo el 28 de junio de 2013, solo fue recurrida por el municipio de Soledad en cuanto al término de prescripción de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995. En segundo, que esta entidad territorial en uso de la etapa de alegatos de conclusión que se corrió en esta instancia, solicitó denegar las pretensiones de la demanda con fundamento en que se configuran las excepciones alegadas en la contestación, esto es, caducidad de la acción, cosa juzgada e inexistencia de la obligación.

Así las cosas, la Subsección restringirá su estudio a los argumentos esgrimidos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada en cuanto al término de prescripción de la sanción reconocida, sin tener en consideración lo expuesto por la misma en sus alegatos de conclusión, como quiera que dichos argumentos referidos a los aspectos de fondo de la controversia, no fueron planteados con el recurso de alzada.

Contenido de la sentencia

El artículo 170 del CCA dispone que: «La sentencia tiene que ser motivada. Debe analizar los hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas pertinentes, los argumentos de las partes y las excepciones con el objeto de resolver todas las peticiones. […]».

Por su parte, el artículo 281 del CGP prevé que «La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley. No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta […]».

Al respecto, el doctor Hernán Fabio López Blanco sostuvo que: «[…] la sentencia debe concordar con esas peticiones, de manera muy especial en lo tocante con las pretensiones de la demanda, porque, de ordinario y salvo contadas excepciones, el juez no puede otorgar en una sentencia, cuando esta sea estimatoria de la demanda, más de lo pedido ni algo distinto, ni condenar por causa diferente […]».

En efecto, en virtud del principio de congruencia, el juez de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está llamado a proferir sentencia atendiendo los hechos, las pretensiones de la demanda, las pruebas y demás intervenciones que se surtan dentro del proceso, en este caso el de nulidad y restablecimiento del derecho.

En el sub lite estima la procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado, que la providencia proferida el 28 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico se fundamentó en un acto administrativo inexistente, a saber, la «Resolución 106-003 del 27 de noviembre de 2003», pues revisado el escrito de demanda es evidente que el actor solicitó la nulidad del Oficio STH 609-09 del 25 de agosto de 2009, y sobre éste era que debía pronunciarse, con el fin de determinar si al accionante le asistía o no el derecho reclamado. Razón por la cual solicitó remitir el proceso al tribunal de origen para que se dicte una nueva decisión.

No obstante, no se dará trámite a su petición, como quiera que examinada la providencia recurrida se observa que la misma sí guarda congruencia con las pretensiones de la demanda y las pruebas aportadas al plenario. Si bien, esta Subsección no pasa por alto que de forma equivocada el a quo se refirió a la «Resolución 106-003 del 27 de noviembre de 2003», pese a que nada tiene que ver con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cierto es que de la lectura integra del proveído, se observa que se estudió el acto efectivamente demandado, esto es, el Oficio STH 609-09 del 25 de agosto de 2009.

Nótese, que en los acápites de hechos probados, análisis de los cargos de nulidad, y conclusión se dejó claro que el acto objeto de análisis era el oficio referido.

En consecuencia, hechas las precisiones anteriores, procede la Sala a decidir el recurso de apelación presentado por el municipio de Soledad.

Problema jurídico

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:

¿El actor podía reclamar el pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, pese a que instauró proceso ejecutivo para el pago de sus cesantías?

En caso afirmativo,

¿La sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 reclamada por el demandante se encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción?

A efectos de resolver el problema jurídico planteado la Subsección abordará las siguientes temáticas: i) auxilio de cesantías; ii) sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, de que trata la Ley 244 de 1995; iii) prescripción.

Auxilio de cesantías

Las cesantías como prestación social de carácter especial, constituyen un ahorro forzoso de los empleados para auxilio en caso de quedar cesantes. Dicho derecho prestacional fue consagrado inicialmente a favor de los trabajadores oficiales en la Ley 6ª de 1945, y posteriormente extendido a todos los asalariados al servicio del Estado de conformidad con la Ley 65 de 1946.

Bajo esta normativa, las cesantías se liquidaban con base en el régimen de retroactividad, sin embargo, con la expedición de la Ley 50 de 1990 en el artículo 99 se fijó una liquidación anualizada, pero aplicable solamente a los empleados cuyas relaciones laborales estuvieran regidas por el Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos:

«Artículo 99. -El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
[…]

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4ª. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. […]» (Se subraya)

Posteriormente se profirió la Ley 344 del 27 de diciembre de 1996, que en el artículo 13 dispuso que a partir de su publicación, las personas que se vinculen a las entidades del Estado, tendrán dicho régimen, en virtud del cual, la liquidación definitiva de las cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente debe realizarse el 31 de diciembre de cada año.

Subsiguientemente, se expidió el Decreto 1582 del 5 de agosto de 1998 (Artículo 1.º), reglamentario de la anterior, que hizo extensivo este régimen para los empleados públicos del nivel territorial, y dispuso que para quienes se vincularan a partir del 31 de diciembre de 1996 y se afiliaran a un fondo privado de cesantías, les serían aplicables los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.

Así las cosas, a los empleados beneficiarios del régimen anualizado de cesantías previsto en la Ley 344 de 1996 (vinculados al servicio con posterioridad al 31 de diciembre del mismo año o quienes se acogieron a este), le serán liquidadas sus cesantías al 31 de diciembre de cada año por anualidad o fracción, y se consignarán antes del 15 de febrero del año siguiente a que se causó en cuenta individual a nombre del empleado en el fondo de cesantía que él mismo elija, mientras la relación laboral este vigente, pues una vez ésta finalice, la obligación que se origina no es la de consignar dicha prestación sino de entregarla al trabajador junto con las demás prestaciones y salarios a que tenga derecho.

Sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, de que trata la Ley 244 de 1995

Por su parte, la Ley 244 de 1995 en cuanto a las cesantías definitivas que habrán de reconocerse a los servidores públicos de los órganos y entidades del Estado una vez terminen su relación laboral, dispone no solo unos términos perentorios para su liquidación, reconocimiento y pago, sino también consagró una sanción por mora en caso de que se pague de forma tardía dicha prestación.

Así pues, la indemnización moratoria referida, es una sanción a cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, correspondiente a un día de salario por cada día de retardo, establecida con el propósito de resarcir los daños que se causan a este último por el incumplimiento en el pago de la liquidación definitiva del auxilio de cesantía en los términos de la mencionada ley. Nótese, que el espíritu de la comentada disposición es proteger el derecho de los servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación definitiva de sus cesantías.

Esta sanción se contabiliza a partir de la firmeza del acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas, vale decir, cuando no se interpongan recursos contra el mismo, cuando se renuncie expresamente a ellos o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido (Art. 62 del CCA).

En los eventos en que la administración no se pronuncie o lo haga tardíamente frente a la solicitud del pago del auxilio de cesantía, dicha situación, salvo los casos previstos por la ley para su retención, no la exime de la indemnización por mora correspondiente a un día de salario por cada día de retraso.

En relación con el procedimiento que debe surtir la administración para la liquidación de la referida prestación, la Ley 244 de 1995 previó lo siguiente:

«ARTÍCULO 1. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.

PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta, deberá informárselo al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente qué requisitos le hacen falta anexar.

Una vez aportados los requisitos faltantes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.»

Ahora bien, una vez proferida la resolución de liquidación de la cesantía, el artículo 2.º ibidem, establece que el pago se efectuará dentro del siguiente término legal:

«Artículo 2. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social.»

Por su parte, el parágrafo del artículo en mención, prevé la sanción moratoria en el pago de la cesantía, en caso de incumplirse los términos legales, con el siguiente tenor literal:
«Parágrafo.-En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste»
Así entonces, la anterior normativa contempla los términos legales con que cuenta la administración para la liquidación y pago de las cesantías, y consagra una sanción moratoria en caso de que se incumplan los mismos.

Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado, dejó en claro a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía y su agotamiento en la vía gubernativa, con el siguiente análisis:

«Cuando la Administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria […].

En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria. […]»

Igualmente, precisó que si bien la indemnización moratoria está dispuesta por ley para los casos en que la administración no pague las cesantías definitivas o lo haga tardíamente, esta es solo la fuente de la obligación a cargo de la entidad, más no el título ejecutivo, razón por la cual, cuando no se tenga certeza de lo adeudado (cesantías o sanción moratoria), el interesado queda facultado para provocar un pronunciamiento de su empleador, a efectos de obtener un acto administrativo o un silencio demandable ante la jurisdicción contenciosa. De lo contrario procederá la ejecución de título ejecutivo complejo ante la jurisdicción laboral.

De manera que: « […] la vía procesal adecuada para discutir las cesantías y el reconocimiento de la sanción moratoria es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, salvo que exista certeza del derecho y de la sanción, porque, se repite, en estos eventos procede la ejecución del título complejo.»

En el sub lite se encontró probado que mediante Resolución 239 del 29 de diciembre de 2000 (ff. 13-14) la Contraloría Municipal de Soledad con fundamento en la Ley 344 de 1996 y demás normas complementarias, efectuó la liquidación anual de cesantías a favor del señor Nayib René Reguillo Charris como director administrativo financiero de la entidad, por el periodo laborado entre el 24 de abril de 2000 hasta el 31 de diciembre de la misma anualidad.

Que el actor presentó renuncia al cargo que ocupaba y la misma le fue aceptada el 30 de enero de 2001.

Se advierte que una vez efectuada la liquidación anual de cesantías por el período laborado entre el 24 de abril de 2000 y el 31 de diciembre de la misma anualidad el accionante se retiró del servicio de la Contraloría Municipal, es decir, que para el 30 de enero de 2001, conforme lo expuesto en esta providencia, la entidad ya no tenía la obligación de consignar aquella prestación en el fondo elegido por el actor, sino de entregársela directamente junto con las demás prestaciones.

Empero, tan solo hasta el 15 de diciembre de 2008 obtuvo el pago de las cesantías, como consta en el Oficio 3549 del día 16 de los mismos mes y año (f. 26), en virtud del proceso ejecutivo laboral que se tramitó ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad, bajo el radicado 2006-0443 (ff. 15-21).

Ahora, es pertinente precisar que si bien el accionante inició proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, ello no restringe la posibilidad de ejercer la acción contenciosa con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la sanción moratoria que se generó por el pago tardío de las cesantías en los términos de la Ley 244 de 1995.

Sobre el particular, esta corporación en proveído del 27 de marzo de 2007, ya citado, delimitó los eventos en los que es viable acudir ante una u otra jurisdicción, así:

Cuando la administración no resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación, se puede instaurar acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral.
Si hay discusión respecto del contenido mismo del derecho, bien sea sobre las cesantías o la sanción por mora, procede también la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral.
Si no existe controversia sobre el derecho, por haberse proferido la resolución de reconocimiento y constancia o prueba del pago tardío, en principio podría constituirse ello en un título ejecutivo complejo exigible ante la jurisdicción ordinaria mediante la acción ejecutiva. No obstante, para que esto sea así la obligación debe ser clara, expresa y exigible.
Cuando las cesantías estén debidamente reconocidas y no se discuta el derecho, la acción ejecutiva ante el juez ordinario será la adecuada, pues estamos frente a una obligación clara, expresa y exigible.

Así entonces, es viable obtener el pago de las cesantías a través del proceso ejecutivo en la jurisdicción ordinaria y la sanción moratoria por medio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en la jurisdicción contenciosa. Máxime cuando las dos son de naturaleza distinta, pues la primera surge como consecuencia de la vinculación laboral y la segunda como un castigo al empleador por el pago tardío de aquella.

En el sub examine, se puede inferir en principio que la situación del actor se encuadra en la tercera hipótesis, ya que tiene un título ejecutivo que puede hacer exigible ante la jurisdicción ordinaria y constancia del pago extemporáneo de la prestación, sin embargo, la sanción moratoria no está reconocida de forma clara y expresa, es decir, que respecto de esta no se puede librar mandamiento de pago, razón por la que era necesario, tal como efectivamente se hizo, provocar un pronunciamiento de la administración, para demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Adicionalmente, se resalta que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Soledad mediante auto del 19 de octubre de 2006 (ff. 15-18) dispuso: «[…] LIBRAR mandamiento de pago a favor del señor NAYIB REGUILLO CHARRIS […] por la suma de OCHOCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS […] 2º) NO LIBRAR mandamiento de pago por los salarios moratorios de que trata la Ley 244 de 1994 (sic: 1995), por lo expuesto. […]»

En conclusión: El señor Nayib René Reguillo Charris puede solicitar el pago de la sanción moratoria que prevé la Ley 244 de 1995 a través de la acción de nulidad y restablecimiento, aunque haya adelantado proceso ejecutivo en la jurisdicción ordinaria, debido a que con este último solo obtuvo el pago de las sumas que estaban clara y expresamente definidas en la Resolución 239 del 29 de diciembre de 2000, dentro de las que se encontraban las cesantías, más no la indemnización de que trata la Ley 244 de 1995.

Prescripción

La prescripción es la acción o efecto de «adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley "o en otra acepción" como concluir o extinguirse una carga, obligación o deuda por el transcurso del tiempo»

En lo que concierne a la prescripción trienal de carácter laboral, la Sección Segunda en la sentencia de unificación, determinó que la norma aplicable es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral, el cual señala:

«Artículo 151. Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple Reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero solo por un lapso igual.»

Lo anterior, toda vez que el término de prescripción previsto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, se fijó para los derechos en ellos contenidos, dentro de los cuales no se encuentra la sanción moratoria de que trata el artículo 99, ordinal 3.º de la Ley 50 de 1990; criterio que esta subsección estima es aplicable a la indemnización de que trata la Ley 244 de 1995, como quiera que tiene un carácter sancionador semejante al de la Ley 50 y a que tampoco está contenida en los mencionados decretos.

Así las cosas, la sanción moratoria deberá solicitarse a la administración dentro de los tres años a que se hace exigible, so pena de verse afectada por el fenómeno de prescripción.

Para el caso concreto se observa que al demandante le fueron reconocidas las cesantías a través de la Resolución 239 del 29 de diciembre de 2000, y en atención a que en el expediente no obra constancia de notificación de la misma, se tendrá como fecha para el efecto el día de su expedición, y no el 15 de junio de 2006 como equivocadamente lo concluyó el a quo, dado que en esa última data se resolvió un derecho de petición (f. 97) y se entregaron dos copias del acto administrativo, más no se notificó el contenido del acto, por lo que los 5 días de ejecutoria no pueden contarse desde ese momento, sino desde que fue proferido.

De manera que, al tenor de lo dispuesto en la normativa citada, el acto administrativo quedó debidamente ejecutoriado el 9 de enero de 2001, por lo que el computo de los 45 días venció el 13 de marzo de la misma anualidad, generándose a partir de allí la sanción moratoria que consagra la Ley 244 de 1996, la cual se causó hasta el día 15 de diciembre de 2008, fecha en la cual la entidad realizó el pago de dicha prestación (f. 26).

Analizado lo anterior, la Subsección advierte que en el presente caso operó el fenómeno de la prescripción, como quiera que solo hasta el 13 de agosto de 2009 (f. 22) el señor Nayib René Reguillo Charris presentó petición referente al pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna de las cesantías. En este sentido habría lugar a declarar prescrita la porción de sanción causada con tres años de anterioridad a dicha fecha, por lo que solo procedería el pago de las sumas adeudadas durante el período comprendido entre el 13 de agosto de 2006 y el 15 de diciembre de 2008, día en el que se hizo efectivo el pago de las cesantías.

Sin embargo, ello aumentaría la condena impuesta al municipio, quien es el apelante único, razón por la que en aplicación del principio de la non reformatio in pejus contenido en los artículos 31 de la Constitución Política y 328 del CGP, se confirmará la sentencia de primera instancia proferida el 28 de junio de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico (Subsección de Descongestión) en cuanto ordenó el pago de la sanción moratoria desde el 31 de agosto de 2006 y hasta el 15 de diciembre de 2008.

En conclusión

Las porciones de sanción moratoria que se causaron con anterioridad al 13 de agosto de 2006 se encuentran prescritas, es decir, que su reconocimiento debería efectuarse desde el 13 de agosto de 2006 y hasta el 15 de diciembre de 2008, fecha en la que se realizó el pago de las cesantías adeudadas, no obstante, en virtud del principio de la non reformatio in pejus, se confirmará la condena impuesta por el tribunal, que va desde el 31 de agosto de 2006 hasta el 15 de diciembre de 2008.

Decisión de segunda instancia.

Por lo expuesto la Subsección confirmará la sentencia proferida el 28 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo del Atlántico (Subsección de Descongestión) en el proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Nayib René Reguillo Charris contra el municipio de Soledad (Atlántico), por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Además, y teniendo en cuenta que la condena anterior podría generar un detrimento patrimonial para el Estado, se ordenará enviar copias de la presente actuación a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo.

Condena en costas

Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que hay lugar a la imposición de condena en costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna procedió de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.

Reconocimiento de personería

Reconocer personería al doctor Misael Triana Cardona en calidad de apoderado sustituto del municipio de Soledad (Atlántico), para los fines y efectos establecidos a folios 270 y 271 del expediente.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confírmese la sentencia proferida el 28 de junio de 2013, por el Tribunal Administrativo del Atlántico (Subsección de Descongestión) en el proceso que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Nayib René Reguillo Charris contra el municipio de Soledad (Atlántico), por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Segundo: Reconócese personería al doctor Misael Triana Cardona identificado con cc 80.002.404 de Bogotá y TP 135.830 del C. S. de la J. como apoderado del municipio de Soledad (Atlántico), en los términos y para los efectos de la sustitución al poder conferido por el doctor Charles Champan López, el cual obra a folio 270 del expediente.

Tercero: Sin condena en costas.

Cuarto: Teniendo en cuenta que la condena anterior podría generar un detrimento patrimonial para el Estado, por Secretaría envíese copias de la presente actuación a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su cargo.

Quinto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático «Justicia Siglo XXI».

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Consejero Ponente: Germán Ayala Mantilla. Sentencia del 30 de enero de 1998. Expediente 8509.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández. Sentencia del 19 de mayo de 2016. Radicado: 08001-23-31-000-2011-00812-01(3855-14). Actor: Fabio José García Caicedo. Demandado: Municipio De Soledad (Atlántico)
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – PARTE GENERAL. Bogotá D.C., Colombia: Dupre Editores, 2016. Pág. 657.
Ver, sentencia del 8 de abril de 2010, Expediente 1872 de 2007, consejero ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de marzo de 2007, consejero ponente: Dr. Jesús María Lemus Bustamante, número interno: 2777-2004, actor José Bolívar Caicedo Ruíz.
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero Ponente: Dr. Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de 20 de noviembre de 2014, actor: Javier Enrique Muñoz Fruto. Núm. interno: 3404-2013.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016. Consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero. Núm. interno: 0528-2014. Actor Yesenia Esther Hereira Castillo. Demandado: Municipio de Soledad (Atlántico)

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