Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00175-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00175-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2018-00175-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
23 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintidós (2022)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
Demandante : Félix Enrique Vega Ariza
Demandada : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército
Nacional
Tema : Retiro del servicio y reconocimiento de pensión de
invalidez; falta de congruencia entre el recurso de
apelación y la sentencia de primera instancia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el actor contra
la sentencia de 6 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
del Magdalena, mediante la cual declaró probada la excepción de caducidad
respecto del primer acto acusado, dio por terminado el proceso en relación con
el segundo, al no ser pasible de control judicial, y negó las demás pretensiones
de la demanda dentro del proceso del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 1 a 10). El señor Félix Enrique Vega Ariza, por
intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de
Defensa Nacional – Ejército Nacional, para que se acojan las pretensiones que
en el apartado siguiente se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de «[...] la ORDEN
ADMINISTRATIVA PCE No. 1156- del 20 de noviembre del 2001, que [lo] -
retira del servicio, por disminución de la capacidad sicofísica al SLV (R) FELIX
ENRIQUE VEGA ARIZA [...] y EL ACTO ADMINISTRATIVO No. OFI16-
97627 TMY [de 9 de diciembre de 2016] que niega la convocatoria al Tribunal
para la revisión del Acta Junta Médico Laboral No. 2979 del 11 de octubre de
2001, por modificación de secuelas [...]» (sic para toda la cita).
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la parte accionada (i) «[...] la convocatoria a Tribunal para la revisión
del Acta Junta Médico Laboral No. 2979 del 11 de octubre de 2001»; (ii) «[…]
Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Félix Enrique Vega Ariza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional
reconocer y pagar al [actor] la PENSIÓN DE INVALIDEZ en los términos
establecidos en el artículo 89 del Decreto 094 de 1989»; (iii) «[...] en el evento
de considerarlo no apto para la prestación del servicio militar, deberá rendirse
un informe técnico en el que se especifiquen las habilidades del actor y se
determine qué tipo de labores administrativas, docentes o de instrucción podrá
desempeñar»; (iv) «[...] el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones
dejados de recibir, desde el 6 de junio de 2001, fecha del retiro, hasta cuando
[...] sea reintegrado»; y (v) sufragar costas procesales.
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata el demandante que el 26 de diciembre de
1996 ingresó a prestar el servicio militar obligatorio, fue posteriormente
incorporado como soldado profesional y el 24 de julio de 2000 resultó lesionado
en combate como consecuencia de la acción del enemigo en tareas de
mantenimiento del orden público y presentó pérdida total del oído izquierdo y
trauma severo en el brazo derecho, por lo cual «[...] se mantiene en tratamiento
farmacéutico y de psicoterapia debido a los trastornos postraumáticos crónicos
producto de las heridas [...]», por lo que fue valorado por la «[...] Junta Medica
Laboral [...] y se le determina el 10.5% una INCAPACIDAD RELATIVA Y
PERMANENTE NO APTO PARA EL SERVICIO [...]» (sic).
Que, en la «[...] ORDEN ADMINISTRATIVA No. 1156 del 20 de noviembre del
2.001, [la accionada] le retira del servicio activo por disminución de la
discapacidad laboral debido a las secuelas producto del atentado [...]» (sic) y
esa condición le ha hecho imposible incorporarse al mercado laboral.
Dice que, con oficio 20163671774181 MDN-CGFM.COEJC.SECEJ-JEMGF-
COPER-DIPSO-JUR.1-10 de 26 de diciembre 2016, le fue negada la pensión
de invalidez que peticionó.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos censurados los artículos 47, 48,
53 y 54 de la Constitución Política; 21 del Código Sustantivo del Trabajo (CST),
26 de la Ley 361 de 1997 y 27 de la Ley 1346 de 2009.
Aduce que «[…] por la pérdida de capacidad de trabajo en servicio activo, se
encuentra en total ignominia más aún cuando su estado de disminución de
capacidad psicofísica RELATIVA Y PERMANENTE se a crecentado [sic]
debido a las secuelas producto de las heridas y trastornos psicológicos
producto del atentado en cumplimiento del servicio al Estado […]».
1.2 Contestación de la demanda (ff. 89 a 120). La entidad accionada, por
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Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
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Félix Enrique Vega Ariza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
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intermedio de apoderado, se opone a las pretensiones de la demanda y respecto
de los hechos afirma que algunos son ciertos y los otros deben demostrarse.
Asimismo, propuso las excepciones que denominó inepta demanda, caducidad,
indebida acumulación de pretensiones, legalidad del acto administrativo
demandado e inexistencia del derecho.
Sostiene que «[…] si el demandante no se encontraba conforme con su
valoración, debió acudir al Tribunal Medico solicitando una revisión de su
Junta Médica, lo cual como se puede observar no lo hizo [y] pudo ser
demanda[da] dentro de los cuatro meses siguientes» (sic para toda la cita).
1.3 La providencia apelada (ff. 253 a 262). El Tribunal Administrativo del
Magdalena, en sentencia de 6 de agosto de 2019, (i) declaró «probada la
excepción de caducidad en cuanto a la pretensión de nulidad y restablecimiento
del derecho respecto de la orden administrativa personal CDO. EJC No.1156
del 20 de noviembre de 2001 [...] a través del cual se dio de baja por
incapacidad relativa y permanente al» actor, puesto que la demanda fue
presentada «habiendo transcurrido 17 años desde que se expidió el acto
administrativo»; (ii) dio por terminado el proceso «[...] en cuanto a la
pretensión de nulidad del oficio 16-97627 TM de 09 de diciembre de 2016 [...]
mediante el cual se niega la convocatoria a Tribunal Médico Laboral [...]», al
no ser el acto susceptible de control judicial porque es de trámite; y (iii) negó
las demás súplicas de la demanda (sin condena en costas), al considerar que
«[…] el porcentaje exigido de pérdida de capacidad laboral para [el
reconocimiento de la pensión de invalidez] es igual o superior al 75%, cuestión
que claramente no se cumple en el caso en concreto, pues el [demandante] fue
calificado en un porcentaje del 10,5% [...]» (sic).
1.4 El recurso de apelación (ff. 266 a 269). Inconforme con el anterior fallo,
el actor, por conducto de apoderada, interpuso recurso de apelación, el estimar
que «[...] como soldado profesional con una pérdida de la capacidad laboral
del 10.5%, es un sujeto de especial protección del Estado con una estabilidad
laboral reforzada [...]»; además, la obligación de la demandada de reubicar al
accionante encuentra sustento en el convenio 159 de 1983 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la readaptación profesional y el
empleo de personas en situación de discapacidad; y la Convención de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006,
aprobada por la Ley 1346 de 2009, prescribe que los Estados partes reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de
condiciones con los demás.
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Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
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Félix Enrique Vega Ariza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
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II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido con auto de 11 de febrero de 2020 (f.
271) y admitido por esta Corporación a través de proveído de 2 de diciembre de
2021 (f. 278), en el que se dispuso la notificación personal al agente del
Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.
2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de auto de 24 de marzo de 2022 (f. 278), para que aquellas
alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la
accionada, para solicitar se confirme la sentencia de primera instancia1.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Cuestión previa. En el asunto sub examine, se observa que en el libelo
introductorio el accionante pide se declare la nulidad de «[...] la ORDEN
ADMINISTRATIVA PCE No. 1156- del 20 de noviembre del 2001, que [lo]
retira del servicio, por disminución de la capacidad sicofísica al SLV (R) FELIX
ENRIQUE VEGA ARIZA [...]» (sic); y del «[...] ACTO ADMINISTRATIVO No.
OFI16-97627 TMY [de 9 de diciembre de 2016] que niega la convocatoria al
Tribunal para la revisión del Acta Junta Médico Laboral No. 2979 del 11 de
octubre de 2001, por modificación de secuelas [...]»; en consecuencia, se ordene
a la parte demandada «[...] la convocatoria a Tribunal para la revisión del Acta
Junta Médico Laboral No. 2979 del 11 de octubre de 2001», «[…] reconocer y
pagar al [actor] la PENSIÓN DE INVALIDEZ en los términos establecidos en
el artículo 89 del Decreto 094 de 1989» (sic) y «[...] el reconocimiento y pago
de los salarios y prestaciones dejados de recibir, desde el 6 de junio de 2001,
fecha del retiro, hasta cuando [...] sea reintegrado [...]».
Por su parte, el Tribunal de instancia, en la sentencia impugnada, declaró
probada la excepción de caducidad frente a la pretensión de nulidad del primer
acto administrativo precitado y frente al segundo dio por terminado el proceso,
al no ser pasible de control judicial porque comporta una decisión de trámite.
1
Memorial visible en la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI, índice 15.
4
Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
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Félix Enrique Vega Ariza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
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Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación, en el
que encaminó su argumentación a señalar que se le debían reconocer los
derechos a la estabilidad laborar reforzada, la readaptación y el empleo de las
personas en situación de discapacidad en igualdad.
Por lo descrito en precedencia, esta Sala estima pertinente determinar si resulta
dable proferir dentro de este asunto decisión de fondo, pese a que de los
argumentos planteados por el actor en su escrito de alzada no se advierte
congruencia con el fallo de primera instancia y, por ende, con el objeto del
proceso.
En primer lugar, ha de precisarse que el trámite del recurso de apelación, en el
asunto que ahora nos ocupa, se encuentra previsto en el artículo 243 del
CPACA2 y, en los aspectos no contemplados en este, el Código General del
Proceso (CGP) [antes Código de Procedimiento Civil]3, norma que, para la
fecha en que el demandante interpuso la alzada (22 de noviembre de 2019),
estaba vigente4.
Aclarado lo anterior, el CGP, en su artículo 320, establece que la finalidad del
recurso de apelación radica en que el superior examine la decisión de un juez
funcionalmente inferior tan solo en relación con los reparos expuestos por la
parte a la que aquella le haya sido desfavorable, con lo que se materializa el
principio de la doble instancia, contenido en el artículo 315 de la Carta Política.
Asimismo, el artículo 328 ibidem preceptúa:
Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante,
sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la
que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.
[…]
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único,
salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
2
Modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021.
3
Según el artículo 306 del CPACA, «En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de
Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan
a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo».
4
Para los asuntos tramitados por la jurisdicción contencioso-administrativo, entró en vigor a partir del 1º de
enero de 2014, conforme a lo determinado por la sala plena del Consejo de Estado, en auto de 25 de junio de
ese año, expediente: 25000-23-36-000-2012-00395-01, C. P. Enrique Gil Botero.
5
«Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley».
5
Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Félix Enrique Vega Ariza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional
íntimamente relacionados con ella.
[…] (subraya la Sala).
Esta disposición delimita el margen decisorio de los jueces para estudiar
recursos de apelación en dos ámbitos: cuando solo una de las partes apela, no
puede agravarse su situación, y la decisión de segunda instancia debe ceñirse a
los argumentos de la impugnación6. No obstante, estos límites pueden
soslayarse excepcionalmente (i) si existe el deber legal de decidir de oficio
algún asunto no planteado, (ii) en caso de que la parte que no apeló se adhiera
al recurso y (iii) cuando para la modificación reclamada por el impugnador
único fuera indispensable reformar puntos que desmejoren su situación.
Lo anotado también encuentra sustento en el principio de congruencia, el cual
está relacionado con la coherencia que debe existir entre lo pedido por el
demandante, lo probado dentro del trámite procesal y la decisión judicial que se
adopte frente a ello, es decir, que comporta un límite que se le impone al juez
para desatar la controversia puesta en su conocimiento, pero su aplicación no
solo se circunscribe a esa situación, sino que este principio procesal se extiende
también a todas las diligencias que se desarrollen dentro de una actuación
judicial, como en el evento en que se recurra un fallo, en cuyo respectivo recurso
se tendrán que alegar las inconformidades que motivan su interposición, las
cuales deben estar dirigidas a controvertir las razones expuestas en la
providencia apelada.
Sobre este tema, esta Corporación7 ha dicho:
Si bien el principio de la doble instancia constituye una garantía
constitucional a la luz del artículo 31 de la Carta Política, el acceso a dicha
garantía procesal y la efectividad de su ejercicio no opera deliberadamente,
por cuanto resulta necesario el cumplimiento de ciertos requisitos
establecidos por el Legislador relacionados con su oportunidad y
procedencia, los cuales deben ser satisfechos a cabalidad so pena del
fracaso del recurso de apelación, requisitos que dentro del Procedimiento
Contencioso Administrativo quedaron consignados dentro de los artículos
181 y 212 del C.C.A.
[…]
En este sentido y de acuerdo a la finalidad de la alzada, es menester que la
sustentación se efectúe de la forma adecuada, es decir, que no solamente
deben manifestarse los aspectos que se consideran lesivos al derecho o
6
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, sentencia de 24 de
noviembre de 2016, expediente: 08001-23-31-000-2010-00219-01 (4047-15).
7
Sentencia de 7 de abril de 2011, expediente: 13001-23-31-000-2004-00202-02 (417-2010), C. P. Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren.
6
Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
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interés en discusión, sino además los motivos de inconformidad en
concreto respecto a la decisión del a quo, lo que en suma determinará el
objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior
demanda desde luego un grado de congruencia inequívoco entre el fallo
recurrido y la fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo
cual, se estaría desconociendo la finalidad y objeto mismo de la
segunda instancia.
[…]
Aunque la parte demandada cumplió con el requisito procesal ordenado en
el artículo 212 del C.C.A., por lo cual se le dio el impulso procesal
correspondiente al recurso, el escrito no satisfizo la finalidad sustancial del
mismo y en estas condiciones, carece la Sala de elementos que le permitan
revisar la decisión que se apela, pues no cuenta con los argumentos del
recurrente tendientes a rebatir el análisis que el Tribunal expuso en su
sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio jurídico
adoptado.
En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las
partes procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si una
de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad
atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la
parte favorecida con la sentencia, las razones que en su criterio, dejan
sin fundamento la providencia judicial.
[…]
En conclusión, ante la incongruencia de las razones que arguyó el
apoderado de la parte demandada dentro del recurso, no puede menos la
Sala que señalar que no existe en el presente motivo alguno de
inconformidad contra el fallo, lo que impone declarar incólume la
sentencia apelada [destaca la Sala].
Ahora bien, en el asunto de la referencia el Tribunal de instancia planteó como
problemas jurídicos: (i) «determinar si la pretensión dirigida a atacar la
legalidad de la decisión que retiró del servicio al actor por disminución de la
capacidad psicofísica fue promovida dentro del término legal»; (ii)
«establecer [...] si es posible que en este evento el juez contencioso
administrativo ordene la convocatoria a nueva junta médico laboral para que
sea calificado un ex soldado voluntario del Ejército Nacional que sufrió
lesiones por razones del servicio prestado a esa entidad, para lo cual la
Colegiatura analizará la naturaleza del acto que niega la convocatoria a la
junta médico laboral con el fin de verificar si se trata de una decisión de
control jurisdiccional»; y (iii) «si hay lugar a estudiar la pretensión de
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. En este sentido, debe
determinar conforme a las pruebas obrantes en el expediente, si se solicitó
ante la administración esta pretensión para que proceda a examinar la
legalidad de la decisión expresa o ficta que lo resolvió».
7
Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
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Respecto de lo cual, como se dejó consignado en precedencia, en su orden, el
a quo declaró la caducidad del medio de control, decretó la terminación el
proceso y negó la última pretensión, habida cuenta de que (i) trascurrieron más
de 17 años entre la expedición del acto de retiro del servicio del demandante y
la presentación del libelo introductorio, (ii) el oficio que negó la convocatoria
al Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar y de Policía es de trámite y
(iii) el accionante no acreditó tener una pérdida de la capacidad laboral
equivalente a la exigida por la norma aplicable para configurar el derecho a la
prestación solicitada, empero, la alzada de aquel se sustenta en un tema
diferente al decidido por el a quo (derechos de las personas con discapacidad a
trabajar en igualdad de condiciones y estabilidad laboral reforzada).
Por consiguiente, esta Sala advierte que los fundamentos del actor, contenidos
en el escrito del recurso, no atacan de manera directa las razones expuestas por
el a quo para declarar la caducidad del medio de control, dar por terminado el
proceso y negar el reconocimiento de la pensión de invalidez deprecada, por
cuanto, se insiste, mientras que ellas hacen referencia a aspectos eminentemente
procesales y del régimen de pensión de invalidez del accionante, el recurso de
apelación atañe a las garantías de las personas en condición de discapacidad,
motivo por el que no se encuentran puntos de desacuerdo de la alzada con la
sentencia impugnada que permitan un estudio en segunda instancia.
En similares términos, esta sección se ha pronunciado8:
De conformidad con lo expuesto, se advierte que en atención a que la parte
demandada no controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia,
esta Corporación no puede resolver a su favor el recurso, en vista de que
los argumentos de la decisión que emitió el fallador de primera instancia
ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso de apelación
interpuesto.
En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga argumentos
tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera
instancia, impide un reexamen de los mismos de carácter oficioso por parte
de la segunda instancia, por cuanto, tal como ya se ha dicho, en el sub
lite, la impugnante se refiere en su recurso a unos fundamentos y
consideraciones diferentes de los adoptados por el a quo para proceder a
ordenar la indexación de la primera mesada del demandante.
En este sentido y de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación,
resulta necesario no sólo que el recurrente sustente la decisión, sino que lo
8
Sentencia de 1º. de agosto de 2018, expediente: 73001-23-31-000-2014-00160-01 (3026-2015). Al respecto,
ver también fallos de 28 de junio de 2018, expediente: 44001-23-33-000-2013-00068-01 (3393-2015), C. P.
Rafael Francisco Suárez Vargas; y 15 de marzo de 2018 y 9 de noviembre de 2017, expedientes: 25000-23-42-
000-2012-00914-01 (2666-2014) y 18001-23-33-000-2015-00214-01 (1050-2017), respectivamente.
8
Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
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haga de la forma adecuada, indicando en concreto los motivos de
inconformidad respecto del fallo del a quo, los cuales determinarán el
objeto de análisis del ad quem y su competencia frente al caso. Lo anterior
requiere un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la
fundamentación u objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría ante
una trasgresión al debate jurídico y probatorio que fundamentó la decisión
del juez de primera instancia, así como la finalidad y objeto mismo de la
segunda instancia.
Bajo las anteriores reflexiones, observa la Sala que el recurso de apelación
formulado por la entidad demandada se encuentra totalmente alejado de
las consideraciones o motivos en que se basó el Tribunal para denegar las
súplicas de la demanda. En efecto, el mismo no hace mención alguna de
los puntos expuestos en la sentencia de primera instancia, respecto a las
razones por las cuales lo procedente es reconocer la pensión gracia del
demandante.
Por lo anterior, debe concluirse que la apelación no guarda la congruencia
exigida con lo analizado y decidido en la sentencia apelada, de modo que
si bien el recurso fue interpuesto de manera oportuna, por lo cual se dio el
impulso procesal correspondiente, el escrito no satisfizo la finalidad
sustancial del mismo y en estas condiciones, la Sala carece de elementos
que le permitan revisar la decisión que se apela, pues no cuenta con los
argumentos del recurrente tendientes a rebatir el análisis que el Tribunal
expuso en su sentencia frente al examen probatorio realizado o el criterio
jurídico adoptado.
En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las
partes procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio, esto es,
en el evento en que una de las partes está inconforme con la sentencia, es
su responsabilidad atacar la decisión poniendo en conocimiento, tanto del
juez como de la parte favorecida con la sentencia, las razones que en su
criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial, de manera que la
parte no recurrente pueda exponer, en ejercicio de su derecho de defensa,
las razones por las cuales considera que la decisión merece ser confirmada.
En ese orden de ideas, comoquiera que el recurrente no expuso en la alzada,
pese a que era una carga atribuible a él, inconformidades directas respecto de la
decisión adoptada por el a quo, esta Sala colige que al no haber congruencia
entre la apelación y el fallo, que limitan su competencia en segunda instancia,
tampoco resulta procedente efectuar un análisis de la referida determinación
judicial.
Sin perjuicio de lo anterior, a guisa de pedagogía judicial, el acto de retiro del
servicio, al no contraerse a una prestación periódica, la correspondiente
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho está sujeta al término de
caducidad de los 4 meses, establecido en el artículo 164 (numeral 2, letra d) del
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Expediente: 47001-23-33-000-2018-00175-01 (2136-2020)
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Ejército Nacional
CPACA, plazo que se superó de manera amplia en el sub lite (más de 16 años
después de su notificación se presentó el medio de control).
Con fundamento en lo expuesto, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia, pero por las razones
expuestas en la parte motiva.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 6 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que declaró probada la excepción de caducidad
respecto del primer acto acusado, dio por terminado el proceso en relación con
el segundo y negó las demás súplicas de la demanda incoada por el señor Félix
Enrique Vega Ariza contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Ejército Nacional, pero por las razones expuestas en la parte motiva.
2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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