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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01297-01

Fecha
30 de octubre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01297-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F ALL A PRIMERO.- CONFI RM AR la provide ncia de 23 de juli o de 2019 prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda- Subsección A, dictada dentro del proceso ejecutivo f ormulado por José de Jesús Muñoz Prada contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribucion es Paraf iscales de la Protección Social – UGPP-, por los motivos señalados en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO.- SI N CONDEN A en costas de segunda instancia, de conformidad con lo señalado en precedencia. TERCERO – EFE CTU AR las anotaciones correspondientes en el sistema de gestión judicial SA MA I y una ve z en f irme esta providencia DEVOLVER el expedient e al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01297-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

30 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO ADMINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: G ABRIEL V ALBUE N A HE RN ÁNDEZ

Bogotá D.C., tre int a (30) de octubre de dos mil veintit rés (2023)

Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 25000 -23-42-000-2018-01297-01 (2587-2020)
Ejecutante : José de Jesús Muñoz Prada
Ejecutada : Unid ad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Paraf iscales de la Protección
Social – UGPP-
Temas: Apelación de sentencia que ordena seguir adelante
con la ejecución – Intereses moratorios derivados
de condena judicial - Caducidad

SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A

I. AS UNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la UGPP y el
Ministerio Público en contra de la providencia del 23 de julio de
2019, prof erida por el Tribunal Administrativo de Cund inamarca -
Sección Segunda - Subsección A 1 qu e declaró no pro badas las
excepciones propuestas por la entidad 2, ordenó seguir adelante con
la ejecución en e l proceso ejecutivo de la ref erencia, dispuso
practicar la liqu idación del crédito de acuerdo c on el artículo 44 4
del CGP y se abst uvo de imponer condena en costas.

1 Con ponencia del magistrado Néstor Javier Calvo Chaves.
2 Pago y caducidad.

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Proceso Ejecutivo
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Ejecutante: José de Jesús Muñoz Prada

II. ANTECEDE NTE S

2.1. La demanda 3
2.1.1. Las pretensiones

2. El señor José de Jesús Muñoz Prada, actuando en su propio
nombre 4, f ormuló demanda ejecutiva con el f in de lograr e l
cumplimiento de las sentencias de l 20 de septiembre de 2007
prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda- Subsección A 5, conf irmada el 12 de marzo de 2009 por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 6, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento radicado
25000232500020040 8584-00/01 (2560-2007) instaurado en contra
de la Caja Nacional de Previsión Social.
3. Como consecuencia de lo anterior, solicitó librar ma ndamiento
ejecutivo por ( sic p ara toda la cita ):
(i) « Q ue se li br e m andam ient o de p ag o a m i f avor y en con t r a de
la UNI DA D AD MI NI ST RAT I VA ESPECI AL DE G E ST I Ó N
PENSI O NAL Y C O NT RI BUCI O NES PARAFI S CAL ES D E LA
PRO T ECCI Ó N SO CIAL
1) Por la cant idad de VEI NT I SÉI S MI LLO NES CUAT RO CI ENT O S
SET ENT A Y CI NCO MI L SESENT A PE SO S CO N 64/ 100
( $26' 475. 060. 64) , cor r espondient es a los int er eses m or a t or ios
liq uidad os m ediant e Resoluc ión N o. 53710 del 03 d e ag ost o de
2012, con inc lusió n en nóm ina en f ebr er o de 2013, los c uales
f uer on decr et ados en sent encias de Pr i m er a y Seg unda I nst ancia
pr of er idas por ese T r ibunal Adm ini st r at ivo y el Hon or able
CO NSEJO DE EST A DO , con f echas 20 de sept iem br e de 200 7 y 12
de m ar zo de 2009, r espect ivam ent e, m ediant e las cuales se
O RDENÓ LA RELI Q UI DACI Ó N de m i pensión por la ext int a
CAJAN AL, conf or m e al ar t ícu lo 17 7 del ant er ior C. C. A. y d em ás
nor m as r eg lam ent ar ias.
2) Por los int er eses m or at or ios liq uidados a la t asa m áxim a leg al
de la Super int ende ncia Bancar ia, desd e cuando se liq uida r on y
or denar on inc luir en nóm ina ( 31 de ener o de 2013) , hast a cuando
se ver if iq ue el pag o de la obl ig ación) sent encia.
3) Por las cost as del pr oceso, conf or m e lo dispong a en la
sentencia ».

3 Archivo53 y s.s. del expediente.
4 Portadorde la T. P. No. 116.057 del C.S de la J.
5 Con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.
6 Con ponencia de la consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez.

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Ejecutante: José de Jesús Muñoz Prada

2.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes, el apoderado del ejecutante señaló los
sigu ientes:

• José de Jesús Muñoz Prada, actuando en su propio nombre ,
f ormuló demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra de CAJANAL a ef ectos de obtener la reliquidación de la
pensión de jubilación conforme al Decreto 1933 de 1989,
aplicable a empleados del extinto DA S.
• El Tribu nal Administrativo de Cundina marca, Sección Segunda,
Subsección A, en sentencia de 20 de septiembre de 2007 7,
accedió a las súplicas de la demanda , declaró la nulidad de los
actos demandados y ordenó la reliqu idación pensional «[…] en
cuantía del 75% del promedio de los salarios de vengados en el
último año de servicios, inclu yendo como f actores salariales:
Asignación básica, bonif icación por servicios, prima de
servicios, prima de vacaciones y prima de navidad».
Igualmente orde nó realizar los reajust es de la Ley 100 de 1993,
actualiza r las dif erencias resultantes de la reliquidación en los
términos del art ículo 178 del CCA y dar «[…] cumplimiento a
esta sentencia en los términos previst os en el artículo 176 del
C.C.A. y recono c erá intereses en la f orma prevista en el
artícu lo 177 ibidem, adicionado por el artícu lo 60 de la Ley 446
de 1998».

• La anterior decisió n f ue conf irmada el 12 de marzo de 2009 por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 8,
quedando ejecutoriada el 5 de junio de 2009 .

• El demandante solicitó a la entidad dar cumplimiento a la orden
judicial.

• A través de la Re solución 53710 de 3 de agosto de 2012 , la
UGPP dio cumplimiento a las sentencias mencionadas , para lo
cual reliquid ó la pensión tomando en cuenta las mesadas
atrasadas, indexación e intereses de mora que estableció
tomando como base para determinarlos la suma de
$26´475.060,64, liquidados desde el 6 de junio de 2009 al 31
de enero de 2013.

7 Con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez.
8 Con ponencia de la consejera Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Ejecutante: José de Jesús Muñoz Prada

• Según se indicó, a la f ech a de presentación de la demanda
ejecutiva, de tales valo res liquidados, al dar cumplimiento
solamente se incluyó la inde xación y mesadas atrasadas, pero
no se había producido la inclusión e n nómina, ni se habían
pagado los intereses liqu idados a cargo de e sa entidad.

• En reiteradas oportunidades el accionante solicitó el pago e
inclusión en nómina de los valores qu e dan origen a la a cción,
pero la UGPP se ha negado a su pago, razón por la cual
promovió la demanda ejecutiva.

2.2. Mandamiento de pago 9

5. A tra vés de au to del 18 de septiembre de 2018 , el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - S ubsección A
libró mandamiento ejecutivo en contra de la UGPP y a f avor de José
de Jesús Muñoz Prada.
6. Para ello, advirtió en primer lu gar qu e las sentencia s base de
ejecución fueron prof eridas el 20 de septiembre de 2007 y el 12 de
marzo de 2009, las cuales quedaron ejecutoriadas el 5 de junio de
2009.
7. De conf ormidad con lo previsto en el artículo 177 del C.C.A . se
hicieron e xigibles el 5 de diciembre de 2010, 18 meses después de
su ejecutoria, por ello, como la demanda ejecutiva f ue radicada el
12 de junio de 2018, daría lu gar a la operancia de la caducidad, sin
embargo, dado que la liquidación de CAJANAL suspensión los
términos de prescripción y caducidad desde el 12 de junio de 2009
y hasta el 11 de ju nio de 2013, de acuerdo con lo señalado por el
Consejo de Estado 10 se tiene que la demanda ejecutiva f ue
presentada en término.
8. Advirtió igualmente que se alle gó copia auténtica de la s
sentencias constitutivas del título ejecutivo, así como la constancia
de ejecutoria , copia de las Resoluciones UGM 010428 de 27 de
septiembre de 20 11 y UG M 049208 de 6 de junio de 2012 y la
liquidación ef ectuada por la UGPP .
9. Señaló entonces que reconocería los intereses moratorios
conforme a lo señalado en el artículo 177 del CCA por ser la norma

9 Folios62 y siguientes del cuaderno principal.
10 H i z o
referencia a la providencia de la Sección Segunda, Subsección A, del
25 de agosto de 2015 dentro del proceso radicado
25000234200020150132701 (1777-2015) con ponencia del consejero (e)
Jorge Octavio Ramírez.
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vigente al momento de prof erirse el f allo. A partir de lo anterior
recordó el contenido de dicho artículo , en su inciso adicionado p or
la Ley 446 de 1998 11, según el cual, cumplidos seis (6) meses desde
la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide un a condena
o de la que apruebe una conciliación, sin que los benef iciarios
hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla e f ectiva,
acompañando la documentación exigida para el ef ecto, cesará la
causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando
se presentare la solicitud en legal f orma.
10. Coligió entonces que como la parte demandante radicó su
solicitud de cumplimiento el 10 de septiembre de 2010, es decir, 1
año y 7 meses después de la ejecutoria (5 de junio de 2009), por
ende, se le adeudaban intereses moratorios desde el 6 de junio de
2009 (día siguiente a la ejecutoria) hasta el 5 de diciembre de 2009
(6 meses desde la ejecutoria de la providencia) y desd e el 10 de
septiembre de 2010 (presentación de la solicitud) hasta el 31 de
enero de 2013 (f echa de inclusión en nómina). Esto, en monto de
$21´648.672,43 de acuerdo con la liquidación establecida en dicha
providencia (f . 64 vto.). Para ello indicó:
«Es per t inent e adve r t ir q ue el Despacho t uvo en cuent a la t asa de
int er eses y el ca pit al base q ue la UG PP r elaci onó en la l iq uid ación
(f ls. 47 - 52), en r azón a q ue la par t e ej ecut ant e no est á discut iendo
la f orm a en q ue la ent idad los calc uló.
Por t al r azón, con so por t e en t odas las consider ac iones ant e r ior es
y una ve z r evisada la dem anda y al r eunir el t ít ulo ej ecut i vo los
r eq uisit os de q ue t rat a el ar t ícul o 422 del C. G . del P. , se li br ar á
el cor r espondient e m andam ient o de pag o, por las sum as que se
consider an leg ales c onf orm e a la sent encia base de r ecaudo en la
pr esent e acción ej ecut iva, de conf or m idad a lo est ablecido en el
ar t ícu lo 430 de l Cód ig o G ener al del Pr oceso ( C. G. del P. ) .
Fina lm ent e, el Despacho no libr ar á m andam ient o de pag o por la
pr et ensión seg unda de la dem anda ej ecut iva, r elac ionada a los
int er eses m or at or ios liq uidados a la t asa m áxim a l eg al de la
Super int ende ncia Bancar ia, desde cuando se l iq u ida r on y
or denar on inclu ir en nóm ina ( 31 de enero de 2013) hast a cuando
se ver if iq ue el pago t ot al de la oblig ación, t oda vez q ue de la
lect ur a de d icha pr et ensión la S ala Unit a r ia consi der a q ue se est á
r eclam ando int er eses sobr e int er eses, pues dicho conc ept o
solam ent e se causa desde el día sig ui ent e a la ej ecut or ia de la
sent encia hast a el p ag o de la oblig ación ( 31 de ener o de 2013) . »

11 « [ … ]

Cumplidos seis (6) meses desde la e jecutoria de la providencia que imponga
o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los
b e n e f i c i a r i o s h a ya n a c u d i d o a n t e l a e n t i d a d r e s p o n s a b l e p a r a h a c e r l a e f e c t i v a ,
acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la ca usación de
intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud
en legal forma».

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11. En consecuencia, libró mandamiento de pago a f avor del
ejecutante así:
«1. LI BRAR par cial m ent e m andam ient o de pag o en cont r a de la
Unida d Adm inist r a t iva Es pecia l de G est ión Pensio nal y
Cont r ibuci ones Par a f iscales de la Pr ot ección Socia l - UG PP , y a
f avor del señor José de Jesús Muño z Pr ada, ident if icado con la
cédula de ciudad an ía No. 19. 372. 515, por la suma de
$21. 648. 67 2, 43, por concept o de int er eses m or at or ios der ivados
de la sent encia j udicial pr of er ida por est a Sala el 20 de sept iem br e
de 2007, conf ir m ada en seg unda inst ancia por el Consej o de
Est ado - Sala de lo Cont encioso A dm ini st r at ivo - Sección S eg unda
• Subsecci ón B el 12 de m ar zo de 2009, q ue se causar on desde el
6 de j unio de 2009 (d ía sig uient e a la ejecut or ia de la pr ovid encia)
hast a el 5 de d iciem br e de 2009 ( 6 m eses desde la ej ecut or ia de
la pr o vide ncia) y des de el 10 de s ept iem b r e de 2010 ( pr esent ación
de la solicit ud) hast a el 31 de ener o de 2013 (f echa de inclusión
en nóm ina) .
[ …] ».

2.4. Trámite en primera instancia.

• La UGPP presentó escrito de def ensa con las siguientes
excepciones 12:
• Pago. Según lo ind icó, mediante la Resolución UGM 10428 del
27 de septiembre de 2011 la UGPP dio cumplimiento a las
sentencias objeto de ejecución.
• Inexistencia de la obligación y/o cobro de lo no debido.
Dijo que es deber del ejecutante acreditar que se pre sentó la
solicitud de cumplimiento acompañada de la totalidad de los
documentos requeridos para el pago dentro de los 6 meses
posteriores a la ejecutoria del f allo judicial, de acuerdo con el
artícu lo 177 del CCA, lo cual no ocurrió en este caso. Además,
las re glas de impu tación de pagos del Código Civil no opera
en los recursos d el sistema general de pensiones , pues se
estarían desviando tales recursos, qu e go zan de destinación
especif ica. Finalmente, como la entidad estaba en proceso de
liquidación no se encontraba en disposición de realizar p agos
y por ende no había luga r al reconocimiento de intereses
moratorios.
• Caducidad de la acción ejecuti va . Según la entidad en este
caso el título base de la ejecución cobró ejecutoria el 5 de

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junio de «2008» y el proceso ejecutivo f ue instaurado el « 15
de junio de 2018 ». Como la demanda fue presentada en
vigencia de la Le y 1437 de 2011 en cuyo art ículo 299, inciso
2.° establece el término de 10 meses después de la ejecutoria
de la sentencia para que el t ítulo sea eje cutable y por tanto si
la demanda ejecutiva f ue presentada con posterioridad al 1.°
de julio de 2015 se presentó el f enómeno jurídico la caducidad.
Igualmente, desde el 12 de junio de 2013, f echa en que se
liquidó CAJANAL y empezaron a correr los términos
nuevamente y el 1 5 de junio de 2018 (cuando se presentó la
demanda) transcurrieron 5 años por lo que se presentó la
caducidad de la acción.

• Mediante auto del 29 de enero de 2019 13, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, ordenó correr traslado de las excepciones propuestas al
ejecutante, en los términos del artículo 443 del CGP.

• El demandante se opuso a las excepciones propuestas en escrito
que obra a f olios 103 y s.s.

• El día 21 de ma yo de 2019 se desarrolló la a udiencia pre vista
en el artículo 372 del CGP , en la cual se adelant ó la etapa de
saneamiento del proceso, se ad virt ió que los argumentos de las
excepciones propu estas no hacían parte de las pre vist as en el
artícu lo 442 del CGP . Además, los requisitos f ormales del título
ejecutivo sólo podían discutirse mediante el recurso de
reposición.
Igualmente se f ijó el litigio, se consideraron como pruebas las
allegadas por las partes y se conce dió a éstas y al a gente del
Ministerio Público la oportunidad para presentar alegatos de
conclusión y conce pto, respectivamente.

• En síntesis, el ejec utante acla ró que la solicitud de cumplimiento
de la sentencia se presentó el 13 de junio de 2009, que f ue
reiterada el 27 de septiembre de ese mismo año. La apoderada
de la UGPP indicó que la sentencia quedó ejecutoriada el 5 de
junio de 2009 por lo que no proced e el pago de los inte reses en
razón a que no se presentó dentro de los 3 años en que duró la
liquidación de CAJANAL. Por ello e l p ago le co rresponde al Fondo
de Contingencias de CAJANAL y no a la UGPP.
Por su parte el agente del Ministe rio Público indicó que se
conf iguró el f enómeno de la caducidad toda vez que transcurrió

13 F o l i o 101.
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más de 5 años desde la ejecutoria de la sentencia. Además,
indicó que el té rmino de 10 meses que prevé la norma es para
que el ejecutante realice los trámites ante la entidad. Igualmente ,
sostuvo que no compartía la suspensión de términos durante la
liquidación de CAJANAL y que dentro de dicho proceso
liquidatorio CAJA NAL dio cumplimiento a las sentencias ra zón
por la que el ejecutante podía presentar el proceso ejecutivo , con
lo que la caducidad operó el 6 de junio de 2014.

2.5. La sentencia apelada 14

12. Mediante providencia del 23 de julio de 2019 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección A,
adoptó las siguientes determinaciones:

«PRI M ERO : DECLA RAR no pr oba das la s excepc iones de p ag o y
caducidad f or m ulada s por la ent ida d ej ecut ada, con f undam ent o en
lo expuest o en la pa r t e m ot iva .
SEG UNDO : SEG UI R adelant e con la ej ecución pr opuest a por el
señor José de Jesús Muño z Pr ada en cont r a de la UG PP, com o se
ha exp l icado en es t a pr ovide ncia, par a el cum plim ient o de las
oblig acio nes det er m inadas en e l m anda m ient o de pag o pr of er ido
en el pr oceso ej ecut i vo de la r ef er encia.
TE RC ERO : En los t ér m inos expuest os po r el ar t ícu lo 444 de l C. G .
del P. , cualq uier a d e las pa r t es podr á pr esent ar la liq uidac i ón del
cr édit o con especif i cación de l cap it al y de los int er eses ca u sados
hast a la f echa de su pr esent ación, de acuer do con lo dispues t o en
el m andam ient o de pag o, adj unt ando los docum ent os que la
sust ent en si f uer en necesa r ios.
CU AR TO : Sin con de na en cost as, por lo ant es expuest o. ».

13. En primer lugar, f rente a la excepción de pago de la obligación
indicó que la entidad se f undamentó en que la entidad demandada
dio cumplimiento a la sentencia a través de las Resoluciones UGM
010428 de 27 de septiembre de 20 11 y UGM 049208 de 6 de jun io
de 2012; sin embargo, pese a que en la liquidación la entidad
inclu yó la suma de $26´475.060,64, no obstante, al demandante no
se le canceló dicho monto y en virtu d de ello, el 15 de marzo de
2013 solicitó a la UGPP el pago de los intereses moratorios
adeudados. Igualmente advirtió que la entidad, a través de la
Resolución RDP 033445 de 28 de agosto de 2017 declaró la

14 F o l i o s 127 y s.s.
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extinción de la obligación de los intereses moratorios por caducidad
de la acción ejecutiva.
14. Estimó esa Sala a partir de tales presupuestos, que la UGPP no
logró demostrar que dio cabal cumplimiento a la providencia
judicial.
15. Advirt ió igualmente en que le asistió ra zón al ejecutante en que
la solicitud de cumplimiento de las sentencias fue presentada el 13
de julio de 2009 y no el 10 de septiembre de 2010 , como lo indicó
el acto administrativo de cumplimiento Resolución UGM 010428 de
27 de septiembre de 2011 . Lo anterior una ve z examinado el
expediente administrativo.
16. En consecuencia, como los intereses que había lugar a
reconocer eran los del artículo 177 del CCA y dado que la ejecutoria
de la sentencia ocurrió el 5 de junio de 2009,como el demandante
solicitó el cumplimiento de la sentencia el 13 de julio de 2009 (antes
de los seis meses ) sería del caso reconocer los intereses
moratorios desde el día sigu iente y hasta el pago total de la
obligación. Sin embargo, como el ejecutante no interpuso recurso
contra el mandamiento de pago del 18 de septiembre de 2018, dicha
decisión se encontraba ejecutoriada y no era posible modif icarla,
dado que debía pronunciarse sobre las excepciones propuestas por
la entidad.
17. Por tanto , estimó que al accion ante se le adeudaba n los
intereses en los té rminos ordenados en el mandamiento ejecutivo
es decir desde el 6 de juni o de 2009, día siguiente a la ejecutoria
de la providencia, hasta el 5 de diciembre de ese año ( 6 meses
desde la ejecutoria de la providencia) y desde el 10 de septiembre
de 2010 hasta el 31 de enero de 2013 , f echa de la inclusión en
nómina, por la suma d e $21´648.672,43, como se señaló en el
mandamiento de pago.
18. Precisó en consecuencia que no se logró probar el pago de los
intereses moratorios ordenados razón por la cual no declaró la
prosperidad de la excepción propuesta por la entidad.
19. En cuanto a la excepción de caducidad precisó que en este caso
se aplicaba el CPACA , en atención a la f echa de la presentación de
la demanda como f ue el 13 de diciembre de 2016. Igualmente , el
numeral 2.° del literal k) del art ículo 164 ib idem establece que la
acción ejecutiva caduca el cabo de 5 años contados a partir de la
exigibilidad del respectivo derecho.

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20. En este caso en atención a que las providencias constitutiv as
del título ejecutivo f ueron prof eridas en vigencia del CCA debía
atenderse a lo señalado en el artículo 177 según el cual las
condenas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo son
ejecutables 18 meses después de su ejecutoria.
21. En apoyo de su argumentación citó el auto de 30 de junio de
2016 profe rido por la Sección Se gunda Subsección A del Consejo
de Estado, con ponencia del consejero W illiam Hernández Gómez,
dentro del proceso radicado interno 3637 -2014.
22. En consecuencia , como las sentencias base de ejecución
quedaron ejecutoriadas el 5 de ju nio de 2009 y de acuerdo con el
artícu lo 177 del CCA la sentencia se h izo e xigible el 6 de diciembre
de 2010 (18 meses después de la ejecutoria) y la demanda ejecutiva
f ue radicada el 12 de junio de 2018 , por lo que en principio podría
colegirse que hay ca ducidad de la acción, s in embargo , los términos
de caducidad f ueron suspendidos mientras duró la liqu idación de
CAJANAL por el p eriodo comprendido entre el 12 de junio de 2009
y el 11 de junio de 2013 ; por tanto, estimó que descontando dicho
lapso la deman da ejecutiva f ue instaurada dentro del término
exigido legalmente.
23. Finalmente concluyó que la e xcepción de inexiste ncia de la
obligación y/o cob ro de lo no debido , no se encontraba dentro de
las excepciones establecidas en el artículo 442 del Código General
del Proceso y se a bstuvo de imponer condena en costas a la parte
vencida al verif icar que actuó sin temeridad o mala f e.
24. El magistrado José María Armenta salvó su voto al establecer
que la demanda ejecutiva se encontraba caducada en la medida en
que el té rmino de 5 años debía ser con tabilizado desde la ejecutoria
de la providencia judicial y no desde el vencimiento de los 18 o 10
meses, según el caso .

2.7. El recurso de apelación contra la sentencia 15.

2.7.1. . El apoderado de la UGPP se opuso a la decisión de primera
instancia, para lo cual señaló que, se encontraba de acuerdo con el
salvamento de voto, por cuanto la a cción ejecutiva se encontraba
caducada.

15 A partir del m inuto 20.22 y s.s. Cd visible a folio 136.
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2.7.2. El agente del Ministerio Públ ico precisó que disentía de la
decisión del Tribunal, por la ocurrencia de la caducidad de la
acción.

25. Al efecto, explicó que no era viable que el proceso liquidatorio
de CAJANAL pudiera suspender la cadu cidad y la prescripción .

26. Frente al caso indicó que la sentencia de segunda instancia
quedó ejecutoriada el 5 de junio de 2009 y desde el 6 de junio
sigu iente empezó a ser e xigible la obligación. Además, la demanda
se presentó el 12 de junio de 2018, por tanto, quitándole esos
cuatro años, el término de caducidad «aqu í le da 5 años y 6 d ías
entonces por esa vía tiene (sic) est a caducada» ; además que la
posición del Consejo de Estado era inaceptable , f rente a que l a
liquidación de CAJANAL podía dar luga r a la suspensión de los
procesos, esto, porque en su parecer la suspensión sólo podría
suceder para «acuerdos de recuperación de negocios» y por ello no
lo estimó «justo contra el erario público» y que los temas
pensionales tienen su propia f orma de cubri rse presupuestalmente.

2.8. Intervención en segunda insta ncia.

2.8.1. La parte ejecutada allegó me morial 16 en el que insistió en
que ocurrió la ca ducidad, por cuanto el f allo proferido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B tiene f echa de
ejecutoria el 5 de junio de 2009, y a partir de allí el peticionario
contaba con 18 meses (inciso 4 art íc ulo 177 del CCA) y 5 años
adicionales (numeral 11 artículo 136 CCA), para hacer exigible el
derecho y como se observa, dicho termino comenzó a correr e l d ía
5 de junio de 2009 (f echa de ejecutoria de la sentencia) y po r tanto
dicho término venció el día 4 de diciembre de 2015, sin embargo la
demanda ejecutiva f ue presentada el día 15 de junio de 2018.

27. Además, que en este caso el señor ejecutante no presentó los
documentos para dar cumplimiento a la sentencia de la jurisdicción
contenciosa y f inalmente que no debe imponerse condena en costas
a cargo de la entidad.

2.8.2. El ejecutante 17 indicó que se e ncontraba de acuerdo con la
decisión adoptada por el Tribunal comoquiera que en el caso de
CAJANAL en Liquidación se suspendió el término de caducidad de

16 F o l i o s 15 y 16 del aplicativo SAMAI.
17 Í n d i c e 14 aplicativo SAMAI.
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la acción ejecutiva durante el periodo en que se realizó la
liquidación, esto es, entre el 12 de junio de 2009 hasta su
conclusión, que tuvo lu gar el 11 de junio de 2013, por lo tanto en la
acción ejecutiva que se adelanta, descontando el lapso de
interrup ción, f ue instaurada dentro del término de los cinco años
previstos en el numeral 2 literal K) d el artícu lo 164 del CPACA.

2.8.3. El agente del Ministerio Público guardó silen cio en esta
oportunidad.

III. CONSIDER ACI ONES

3.1. Competencia
28. Es compete nte esta Subsección para decidir dentro del proceso
del epígraf e, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 del
CPACA 18.

3.2. Problema jurí dico

29. En atención a los argumentos de disenso esgrimidos en la
apelación corresponde a la Sala de Subsección establecer si ¿en
este caso ocurrió el f enómeno extintivo de la caducid ad y si con
ello, debe revocarse la providencia qu e ordenó seguir adelante con
la ejecución, respecto de los intereses moratorios señalados en el
artícu lo 177 del CCA, deriv ados de las sentencias de 20 de
septiembre de 2007 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda - Subsección A, conf irmada el 12
de marzo de 2009 por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B 19, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
radicado 250002325000200408584 -00/01 (2560 -2007)?

18 C P A C A , a r t . 1 5 0 : « C o m p e t e n c i a d e l C o n s e j o d e E s t a d o e n s e g u n d a i n s t a n c i a

y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte
de los tribunales, o se conceda e n un efecto distinto del que corresponda, o
no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia […]».
19 C o n p o n e n c i a d e l a c o n s e j e r a B e r t h a L u c í a R a m í r e z d e P á e z .

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3.3. Marco normati vo

3.3.1. Generalidades del proceso ejecuti vo y los requisitos del
título e jecuti vo

30. El proceso eje cutivo ha sido def inido como el medio procesal
para que un acre edor, de modo coercitivo, ha ga ef ectiva una
obligación o un derecho del que es titular ante un deudor que se
rehúsa a su cumplimiento. Es decir, « es el medio para que el
acreedor haga valer el derecho (que conste en un documento
denominado títul o ejecutivo ) mediante la ejecución f orzada» 20

31. En esta clase de procesos no se busca el reconocimiento de
un derecho subjeti vo , sino que está dirigido a o btener el
cumplimiento de una obligación que consta en un documento que
da plena fe de su existenc ia, siendo el título « el documento principal
a partir del cual se desarrolla el proceso ejecutivo». 21 Su def inición
y re quisitos se encuentran en el artículo 422 del CGP, antes 488 22
del C P C , en los siguientes términos:

« AR TÍ CU LO 422. TÍ TULO EJ ECU TI VO . Pueden d em andar se
ej ecut ivam ent e las oblig acio nes e xpr esas, clar as y e xi g ibles q ue
const en en docum ent os q ue pr oveng an del deudor o de su causant e,
y const it u yan pl ena pr ueba cont r a él, o las q ue em anen de una
sent encia de cond ena pr of er ida por juez o t r ib una l de cualq uier
j ur isdicción, o de ot r a pr ovidenc ia j udic i al, o de las pr ovid e ncias q ue
en pr ocesos de polic ía apr ueben l iq ui dación de cost as o señalen
honor ar ios de auxi l i ar es de la j ust icia, y los dem ás document os q ue
señale la le y. La c onf esión hecha en el cur so de un pr o ceso no
const it uye t ít u lo ej ecut ivo, per o s í la q ue const e en el int er r og at or io
pr evist o en el ar t íc ul o 184».

32. La norma consagra los re quisitos del título ejecutivo: formales
y sustancia les. Los primeros hacen ref erencia a la prueba de la
existencia de la o bligación y e xigen que el t ítulo eje cutivo sea

20 Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 15 de noviembre de
2017, radicado 54001 23 33 000 2013 00140 01(22065), M.P. Julio Roberto
Piza Rodríguez. Ver también Consejo de Estado, Sección Primera, providencia
del 12 de julio de 2018, radicado 81001 23 33 003 2017 00042 01, M.P. María
Elizabeth García Gonzá lez.
21 S e n t e n c i a T - 7 0 4 d e 2 0 1 3 . I g u a l c o n c e p t o e s t á e n l a s e n t e n c i a T - 9 9 6 d e 2 0 1 2 .
22 « P u e d e n d e m a n d a r s e e j e c u t i v a m e n t e l a s o b l i g a c i o n e s e x p r e s a s , c l a r a s y

exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su
causante y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una
sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o
d e o t r a p r o v i d e n c i a j u d i c i a l q u e t e n g a f u e r z a e j e c u t i v a c o n f o r m e a l a l e y, o d e
las providencias que en procesos contencioso - administrativos o de policía
aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia.
L a c o n f e s i ó n h e c h a e n e l c u r s o d e u n p r o c e s o n o c o n s t i t u ye t í t u l o e j e c u t i v o ,
pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 294.»
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auténtico y que proven ga del deudor, su causante o de una
providencia judicial. 23 La autenticidad se ref iere a la plena
identif icación del creador del documento para que no haya duda del
deudor y el jue z tenga certe za de quién lo suscribió. 24

33. Los segundos exigen que en el título ejecutivo se ref leje en
f avor del ejecutante una obligación clara, expresa y e xigible. Es
expresa s i se encuentra especif icada en el título y no es el resultado
de una presunción legal o de una interpretación; clara si sus
elementos aparecen inequívocamente señalados y no hay duda con
respecto al objeto o sujetos de la obligación, esto es fácilmente
inteligible y se entiende en un solo sentido; y, exigible si la
ejecución no depende del cumplimiento de un plazo o condición o
siempre que estos se hubiesen cumplido 25.

34. Estos requisit os deben cumplirse en su totalidad y en lo s
términos enunciados, de modo que del título se conclu ya sin duda
alguna la existencia de la obligació n, su claridad y que ya es
exigible. Así entonces cuando el juez ve rif ica que el documento
cumple con los requisitos enunciados debe emitir la orden de pago

23 Sobre los requisitos formales del título se puede consultar la siguiente
jurisprudencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia
del 27 de agosto de 2015. Radicado: 200012331000 2011 -00548 01 (2586 –
2013). Consejera ponente Sandra Liss et Ibarra Vélez. «…que se trate de
documentos que tengan autenticidad, que emanen de autoridad judicial, o de
otra clase si la ley lo autoriza, o del propio ejecutado o causante cuando aquel
sea heredero de este y los segundos, que de esos documentos apare zca a
favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o de su causante,
una obligación clara expresa, exigible y además líquida o liquidable por simple
operación aritmética si se trata de pagar una suma de dinero». Ver también:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
s e n t e n c i a d e 3 1 d e m a yo d e 2 0 1 8 , C o n s e j e r a p o n e n t e M a r í a E l i z a b e t h G a r c í a
González, Radicación: 11001 03 15 000 2018 00824 00. A su vez la Sección
Tercera del Consejo de Estado señaló: «Que ademá s de esos requisitos el
documento debe reunir dos condiciones formales: i) la autenticidad y ii) que
proceda del deudor o de su causante, o de una sentencia judicial condenatoria,
o de cualquier otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva». Consej o
de Estado, Sección Tercera, Subsección C, providencia de 8 de junio de 2016,
radicado 27001 23 31 000 2012 00086 01(47539), M.P. Jaime Orlando
Santofimio Gamboa (E).
24 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n T e r c e r a , S u b s e c c i ó n C , s e n t e n c i a d e l 1 4 d e

m a yo d e 2 0 1 4 , r a d i c a d o 3 3 . 5 8 6 .
25 C o n s e j o d e E s t a d o , S a l a d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , S e c c i ó n C u a r t a ,

consejera ponente Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero
de 2014, Radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del
Countr y S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G.,
Juan Guillermo. Los procesos ejecutivos. (2006). Medellín: Librería Jurídica
Sánchez R. Ltda.
T am b i é n p u e d e c o n s u l t a r s e l a s i g u i e n t e j u r i s p r u d e n c i a : C o n s e j o d e E s t a d o ,
Sección Segunda, Subsección A, 26 de julio de 2018, radicado 41001 23 31
000 2010 00139 01(0490-16), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
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en contra de la parte ejecutada, pues así lo dispone el artículo 430
del CGP 26, antes 497 del C P C 27.

35. De acuerdo con lo anterior, el tít ulo ejecutivo es el documento
necesario para que pueda i ncoarse y darse trámite al proceso
ejecutivo. Además, conf orme lo dispone el artículo 422 del CGP 28,
antes 488 del C P C , i) es la prueba de la existencia de la obligación,
la cual debe ser expresa, cla ra y e xigible; y ii) señala con certeza
el obligado a cu mplirla, por lo que constituye plena prueba contra
el adeudado, por provenir de él o de su causante o de cualquiera
de las providencias enunciadas en dicha norma. En tal sentido,
debe entenderse que las sentencias ejecutoriadas que condenen a
una entidad a l pago de suma de dinero constitu yen un título
ejecutivo.

3.3.2. Competencia del juez en el proceso ejecuti vo.

36. El artículo 430 del CGP, antes 497 del CPC 29, dispone que una
ve z presentada la demanda con el documento que presta mérito
ejecutivo el jue z lib rará mandamiento ordenando al demandado que
cumpla la obligación en la f orma pedida, si f uere procedente, o en
la que aquel considere legal. Esto en los siguientes términos:

26 T r a n s c r i t oen el acápite siguiente.
27 « P r e s e n t a d a l a d e m a n d a c o n a r r e g l o a l a l e y, a c o m p a ñ a d a d e d o c u m e n t o
que preste mérito ejecutivo, e l juez librará mandamiento ordenando al
d e m a n d a d o q u e c u m p l a l a o b l i g a c i ó n e n l a f o rm a p e d i d a s i f u e r e p r o c e d e n t e ,
o en la que aquél considere legal».
28 « Ar t í c u l o 4 2 2 . T í t u l o e j e c u t i v o . P u e d e n d e m a n d a r s e e j e c u t i v a m e n t e l a s

obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
p r o v e n g a n d e l d e u d o r o d e s u c a u s a n t e , y c o n s t i t u ya n p l e n a p r u e b a c o n t r a é l ,
o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal
de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias
que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen
honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la
l e y. L a c o n f e s i ó n h e c h a e n e l c u r s o d e u n p r o c e s o n o c o n s t i t u ye t í t u l o
ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo
184. »
29 « AR T Í C U L O 4 9 7 . M AN D AM I E N T O E J E C U T I V O . < Ar t í c u l o d e r o g a d o p o r e l

literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de
enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del
artículo 627> <Artículo modificado por el artículo 1, numeral 259 del Decreto
2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Presentada la demanda con
a r r e g l o a l a l e y, a c o m p a ñ a d a d e d o c u m e n t o q u e p r e s t e m é r i t o e j e c u t i v o , e l
juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación
en la forma pedida si fuere procedente, o en la que aquél considere legal.
<Inciso adicionado por el artículo 29 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto
es el siguiente:> Los requisitos formales d el título ejecutivo solo podrán
discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago. Con
posterioridad, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del
título, sin perjuicio del control oficioso de legalidad. »
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« AR TÍ CU LO 430. M AN D AM I EN TO EJECU TI VO . Pr esent ada la
dem anda acom pañada de docum ent o que pr est e m ér it o ej ecut ivo ,
el j uez libr ar á m andam ient o or denando al dem andado q ue cum pla
la oblig ació n en la f or m a pedida, si f uere pr ocedent e, o en la q ue
aq uel consider e leg al.

Los r eq uisit os f ormales de l t ít ulo ej ecu t ivo só lo podr án dis cut ir se
m ediant e r ecur so d e r eposic ión cont r a el m andam ient o ej e cut ivo.
No se adm it ir á n ing una cont r over s ia so br e los r eq uisit os d el t ít ulo
q ue no haya sido plant eada por m edi o de dicho r ecur so. En
consecuenci a, los d ef ect os f or m ales del t ít u lo ej ecut i vo n o pod r án
r econocer se o declar ar se por el j uez en la sent encia o en el aut o
q ue or dene seg uir adelant e la ej ecuci ón , seg ún f uer e el caso .

Cuando com o consecuencia de l r ecur so de r eposición e l j uez
r evoq ue el m andam i ent o de pag o por ausencia de los r eq uisi t os del
t ít u lo ej ecut ivo, el dem andant e, dentr o de los cinco ( 5) días
sig uient es a la ej ecut or ia del aut o, podrá pr esent ar dem anda ant e
el j uez par a q ue se adelant e pr oceso de clar at i vo dent r o del m ism o
expe dient e, sin q ue haya lug ar a nuevo r epar t o. El j uez s e
pr onunciar á sobr e la dem anda declar at iva y, si la adm it e, or denar á
not if icar por est ado a q uien ya est u vies e vincul ado en e l pr oceso
ej ecut ivo. [ …] » (Se resalta).

37. Frente a la competencia del Juez en el análisis de los citados
requisitos, esta Subsección en sentencia de 3 de junio de 2021,
prof erida dentro del proceso radicado 11001-03-25-000-2017-
00841-00 (4483 -17) 30 señaló que al juez del proceso ejecutivo le
corresponde verif icar los requisitos f ormales y susta nciales del
título y, aunque la norma limita la discusión de los primeros sólo a
través del recurso de reposición que se promueva en contra del
auto que libra mandamiento ej ecutivo, lo cual no implica que e l
estudio sobre los presupuestos sustanciales también se
encuentre limitado, en la medida que la norma no trae dicha
restricción.

38. Así, en la sentencia mencionada se indicó que la norma no
prohíbe al juez ejecutivo en sede de segunda instancia resolver lo
atinente a los requisitos de f ondo del título y, que aquel tiene la
«f acultad para examinar» 31 si se cumplen las exigencias que están
relacionadas con las condiciones de certeza, e xigibilida d, claridad
y legalidad del t ítulo.

30 C o n p o n e n c i a d e l C o n s e j e r o D r . W i l l i a m H e r n á n d e z G ó m e z.
31 C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n C u a r t a , a u t o d e l 3 0 d e m a yo d e 2 0 1 3 , r a d i c a d o :
25000232600020090008901 (18057), actor: Banco Davivienda S.A. También
puede consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de junio de
2020, radicación: 05001-23-33-000-2017-02282-01 (5925-18), actor: María
D o r i s F r a n c o G ó m e z, d e m a n d a d a : U n i d a d A d m i n i s t r a t i v a E s p e c i a l d e G e s t i ó n
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.
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39. Ahora bien, acreditado lo anterior, el juez debe emitir la orden
de pago en contra de la parte ejecutada, al tenor del artículo 430
del CGP, f rente a la cual, en tratándose de un título ejecutivo
contenido en una sentencia judicial, solo pueden presentarse las
excepciones de mérito señaladas en el numeral 2.° d el artículo 442
del C G P , así:

« Ar tíc u lo 4 4 2 . E x c e p c io n e s . L a f o rmu l a c i ón de e x c e p c io n e s se
s o m e te rá a l a s s i g u ien te s re g l a s :

1 . D e n tro d e l o s d i e z (1 0 ) d ía s s i g u i e n te s a l a n o tif i c ac i ó n d e l
m a n dam i e n to e j e c u tivo e l d e m a n d ad o p od rá p ro p o ne r e x c e pc io n e s d e
mé rito . D e b e rá e x p re s a r l o s h e c h o s e n q u e s e f u n d e n l a s e x c e p c i o n e s
p ro p u e s ta s y a c o m p añ a r l a s p ru e b a s re l a c i o n a d a s c o n e ll a s .

2 . C u a n d o s e tra te d e l c o b ro d e o b li g a c io n e s c on te n id as e n u n a
p ro vid e n c ia , c o n c ili a c ió n o tra n s a c c ió n a p ro b a d a p o r q u ien e je rz a
fu n c ió n ju ris d ic c io n a l, s ó lo p o d rá n ale g a rs e la s e x c e p cio n e s d e
p a g o , c om p en s a c i ón, c o n f u s i ó n , n o va c ió n , re m i si ó n , p re s c ri p c i ó n o
tra n s a c c i ó n , s ie mp r e q u e s e b a s e n e n h e c h o s p o s te riore s a la
re s p e c tiva p ro v id e n c ia , l a d e n u l i d a d p o r i n d e b i d a re p re s e nta c i ó n o
f a l ta d e n o ti f i c a c i ón o e m p l a za mi e n to y l a d e p é rd i d a d e l a c o s a d e b i d a .

3 . E l b e n ef i c io d e ex c u s i ó n y l o s h e c h os q u e c o n fi g u re n e xc e p c i o n es
p re vi a s d e b e rá n a l e g a rs e m e d i a n te re p o s ic i ó n c o n tra e l m a n d am i en to d e
p a g o . D e p ro s p e ra r a l g u n a q u e n o i m pl i qu e te rm i n a c i ó n d e l pro c e s o e l
j u e z a d o p ta rá l a s m e d i d a s re s p e c ti va s p a ra q u e e l p ro c e s o c o n ti n ú e o ,
s i f u e re e l c a s o , c o n c e d e rá a l e j e c u ta n te u n té rm i n o d e c i n c o (5 ) d ía s
p a ra s u b s a n a r l o s d e f e c to s o p re s e n ta r l o s d o c u m en to s o m i ti d o s , s o
p e n a d e q u e s e re vo q u e l a o rd e n d e p a g o , i m p o ni e n d o c o n d en a e n c o s ta s
y p e rj u i c i o s » . (Negrilla de la Sala).

40. De acuerdo con la norma en cita, en los eventos en que el t ítulo
ejecutivo correspo nda a una providencia, conciliación o t ransacción
aprobada por quien ejerza f unción jurisdiccional, el demandado
únicamente puede alegar las e xcep ciones enlistadas de manera
taxativa en su numeral 2.°.

3.3.3. El fenómeno de la caducidad en los procesos ejecuti vos.

41. En primer lugar, debe recordarse que la caducidad es un
f enómeno jurídico cuyo término previsto por la ley se convierte en
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los
derechos individu ales y subjetivos de los administrados para la
reclamación judicia l de los mismos, en desarrollo del prin cipio de la
seguridad jurídica bajo criterios d e racionalidad y suf iciencia
temporal 32.

32Auto del 24 de enero de 2007, actor Néstor José Duarte Tolosa contra
“Corelca S.A.” y otro, radicación No. 20001 -23-31-000-2005-02769-01(32958),
Consejo de Estado, Sección Tercera, Mag. Pte. Ruth Stella Correa Palacio.
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42. Específ icamente para el caso d e los pro cesos e jecutivos, el
ordenamiento jurídico colombiano estableció que cuando se
pretenda la ejecución con títulos derivados de decisiones judiciales
prof eridas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el
término para solicitar su ejecución es d e cinco años contados a
partir de la e xigib ilidad de la obligación en ellos co ntenida 33 y
podrán ser cobradas en dif erentes oportunidades, según la norma
procesal con la qu e hayan sido concebidas.

43. En ef ecto, si la providencia se expidió bajo el sistema descrito
en el Decreto 01 de 1984, sus mandatos relacionados con el pago
o devolución de dinero por parte de una entidad pública podrán ser
reclamados cuando hayan trascurrido 18 meses a partir de la
ejecutoria de la decisión judicia l, en virtud de lo est ablecido en el
artícu lo 177 del CCA, que dispone:

«Ar t íc ulo 177. Ef ect ividad de conde nas cont r a ent idades públ icas.
Cuando se conden e a la Nación, a una ent idad t er r it or ial o
descent r ali zad a al p ag o o devol ución d e una cant idad l íq uid a de
diner o, se enviar á i nm ediat am ent e copi a de la sent encia a q uien
sea com pet ent e par a ej er cer las f unciones del m in ist er io p úblic o
f r ent e a la ent idad condenada.
[ …]
Ser á causal de m al a conduct a de los f uncionar ios encar g ados de
ej ecut ar los pr esupuest os públic os, pag ar las apr opiac iones par a
cum plim ient o de condenas m ás lent ament e q ue el r est o. T ales
condenas, adem ás, ser án ej ecut ables ant e la j ust icia or d inar ia
dieci ocho ( 18) m eses después de su ej ecut or ia».

44. Por su parte, si el f allo f ue expedido según las reglas del
CPACA, su cumplimiento podrá demandarse en momentos
dif erentes, según el tipo de condena impuesta a la Administración:
cuando consista en pagar o de volve r una suma de dinero, su cobro
jurisdiccional podrá inicia rse cuando hayan t ranscurrido 10 meses
sigu ientes a la ejecutoria de la sentencia; sin embargo, cualquier
otro tipo de prestación, podrá reclamarse ante un juez al término
de 30 días siguien tes a la ejecutoria de la respectiva condena tal
como lo dispone el artículo 192 del CPACA.

« A rtíc u l o 1 9 2 . C u mp l i m i en to d e s e n te n c i a s o c o n c i l i ac i o n es p o r p a rte
d e l a s e n ti d a d e s p ú bli c a s . C u a n d o l a s e n ten c i a im p o n ga u n a c o nd e n a
q u e n o i mp l iq u e e l p a g o o d e vo l u c i ó n de u n a c a n ti d a d l íq u id a d e
d i n e ro , l a a u to ri d a d a q u i e n c o rre s p o n da s u e j e c u c i ón d e n tro d e l

33 C ó d i g o
de Procedimiento Administrativo y de l o Contencioso Administrativo,
artículo 164, literal k), antes numeral 11 del artículo 136 del Código
Contencioso Administrativo. Este precepto tuvo su antecedente remoto con el
artículo 44 de la ley 446 de 1998, pues fue sólo con esta norma que se instituy ó
un término especial de caducidad en títulos ejecutivos para la jurisdicción de
lo contencioso administrativo.

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té rm i n o d e t re i n ta (3 0 ) d ía s c o n ta d o s d e s d e s u c o m un i ca c i ó n ,
a d o p ta rá l a s m e di d a s n e c e s a ri a s p a ra s u c u m pl im ie n to .

L a s c o n d e n a s i m pu es ta s a e n ti d a d e s p ú b l i c a s c o n s i s te n te s e n e l
p a g o o d e vo l u c i ó n d e u n a s u m a d e d i n ero s e rá n c u m p l i da s e n u n
p l a zo m á x im o d e di e z (1 0 ) m e s e s , c o n ta d o s a p a rti r d e l a f e c h a d e l a
e j e c u to ri a d e l a s e n te n c i a . P a ra ta l e f e c to , e l b e n e f i c i a rio d e b e rá
p re s e n ta r l a s o l i c i tu d d e p a g o c o rre s p o n d i e n te a l a e n ti d a d o b l i g a d a
[… ]

45. Como se aprecia de todo lo anterior, a ef ectos de verif icar si
ocurrió el f enómeno de la caducidad debe determinarse en primer
lugar la norma aplicable al caso, la fecha de exigibilida d del título
ejecutivo y en el caso de regirse por la Ley 1437 de 2011, deberá
determinarse si se cumplen los plazos establecidos en la norm a
dependiendo del tipo de obligación cuyo cumplimiento se persigue.

3.3.4. Suspensión de la caducidad para iniciar procesos
ejecuti vos contra Cajanal en Liquidación.

46. Esta Corporación en numerosas ocasiones se ha pronunciado
sobre el procedimiento l iquidatorio d e Cajanal y sus im plicaciones
f rente a los procesos ejecutivos contra dicha entidad 34. En ef ecto,
en primer lugar, a través de auto de 30 de junio de 2016, prof erido
dentro del proceso 250002342000201306595 -01 (3637 -2014) 35 se
realizó un detallado análisis normativo del proceso de liquidación
de Cajanal y sus implicaciones f rente a la f igura de la caducidad de
los medios de control, a partir de lo cual se indicó:

« [… ]
E n c o n s e c u e n ci a , re s u l ta a d e c u a d o j u ríd i c a m e n te e x te n d e r l a n o rm a
s u s p e n s i va d e c a d u cid a d a l o s c ré d i to s a na l i za d o s , p e r o s o l o du r a n te
l o s l a p so s e n lo s c u al e s l a s pe rs o n a s s e vi e ro n im p o si b il i ta d a s p a ra
a c u d i r a l a j u ri s d i c ci ó n p o r l a m i sm a ac tu a c i ó n e rrá ti c a d e e s ta
c u a n d o d e ci d i ó te rm i na r y re m i ti r l o s p ro c e s o s e j e c u ti vos a l a
l i q ui d a c i ón , a s í c o mo d e l a mi sm a e n ti da d e n l i q ui d a ci ó n a l re c i b i r
e s to s a s u n to s , n e g a r s u i n c l u s i ón e n l a m as a d e l i q u i d a ci ó n y re ta rd a r
o n e g a r e l c u m p lim i en to a t ra vé s d e l a U GM.

34 C o n s e j o de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda,
subsección B, auto de 29 de marzo de 2016, proceso ejecutivo 25000 -23-42-
000-2015-01601-01 (5042-2015), con ponencia de la consejera Sandra Lisset
Ibarra Vélez; y de la subsección A: proveído de 25 de agosto de 2015,
expediente 25000-23-42-000-2015-01327-01 (1777-2015), C. P. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez (E); y sentencia de 17 de noviembre de 2016, proceso 11001 -
03-15-000-2016-02902-00(AC), C. P. Rafael Francisco Suarez Vargas;
sentencia de 2 de julio de 2020 dentro del proceso radicado
76001233300020180078901 (2930-19), con ponencia del consejero W illiam
H e r n á n d e z G ó m e z.

35 C o n ponencia del consejero W illiam Hernández Gómez
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A s í l a s c o s a s , s i b i e n e n d e c i s i o n e s re c i e n te s d e l a S e c c i o n e s
S e g u n d a y C u a rta d e e s ta C o rp o ra c i ó n s e s e ñ a l ó q u e l a c a du c i d a d
f re n te a s e n te n c i a s d e c o n d e n a c on tra C A JA NA L o C A JA NA L EN
L IQU ID A C IÓN s e s u sp e n d i ó d u ra n te l o s cu a tro (4 ) a ñ o s q u e d u ró s u
trá m i te l i q u id a to ri o , e l l o s o l o re s u l ta a p lic a b l e a a q u e l lo s c a s o s c o n
c a ra c te rís ti c a s e s p e c i a l e s a n al i za d a s en e l l o s e n l os c u a le s s e
i m pi d ió q u e a n te s d e l 1 2 d e j u n i o d e 2 0 1 3 s e e j e c u ta ra j u d i c i alm e n te
l a o b l i ga c i ó n c o n tra C A JA NA L o l a U GPP 36.

P o r e l c o n tra ri o , l a a n te ri o r re g l a n o p u e d e s e r a p l i c a d a f re n te a l o s
f a l lo s c o n d e n a to ri os e j e c u to ri a d o s y/ o c u ya s p e ti c i o n es d e
c u m pl im ie n to s e ra d i c a ro n c o n p o s te ri o ri d a d a l 8 d e n o vi e m bre d e
2 0 1 1 , e n ta n to q u e :

a - F re n te a e l l a s s o l o p u e d e o p e ra r l a s u s p e n s i ó n d e l té rm i n o d e
c a d u c i d ad h a s ta e l 8 d e n o vi e m b re d e 2 0 11 , m om e n to h a s ta e l
c u a l s ó l o e ra vi a b l e a c u d i r a n te C A JA NAL E N L IQU ID AC IÓN
p a ra ta l e f e c to 37.
b - A p a rti r d e e s a f e c h a l a o b l i g a c i ón d e s a ti s f a c e r e l c ré d i to
re c a yó l e g a l m e n te e n l a U GP P , c o n f o rm e lo d i s p u s o e l D e c re to
4 2 6 9 d e 2 0 1 1 y l a s p e rs o n a s e s ta b a n h a b i l i ta d a s l e g alm e n te
p a ra e j e c u ta r l a s c o n d e n a s e n c o n tra d e l a U GP P .
c - P o r e l l o , ta m p oc o re s u l ta ría p ro p o rc i o n a l p a ra e l E s ta d o
d e u d o r e l e x te n d e r l o s e f e c to s d e s u s p e n s i ó n d e l a c a d u c i d a d
p o r c u a tro a ñ o s , c o mo s í s u c e d e c o n l o s c a s o s a n te ri o re s .

D e e s ta fo rma , e s n e c e s a rio q u e e l ju e z i d e n tifiq u e a p a rt ir d e q u é
mo me n to s e h iz o ex ig ib le la o b l ig a c ió n ju d ic ia l y la fe c h a e n la
c u a l s e p u do efe c ti va me n te p e rs e g u ir ju d ic ia lme n t e s u
c u mp limie n to a n t e C AJ AN AL o U GP P , te n i e n d o e n c u e n ta q u e l a
c a d u c i d ad d e m ed i o d e c o n tro l s e s u s p e n d e rá s ó l o a p a rti r d e l
m om e n to e n q u e i n i ció e l p e ri o d o li q u id a to ri o d e C A JA NA L E ICE y s e
re a c ti va rá :

a - E l 8 d e n o vi e m b re d e 2 0 1 1 s i l a p e ti c i ó n d e c u m p lim i e n to s e
re a l i zó y c o m p e tía a te n d e rl a a l a U GP P d e a c u e rd o c o n e l
D e c re to 4 2 6 9 d e 2 0 1 1 o ,
b - P a ra a q u e l l a s o b l iga c i o n e s c u ya p e ti c i ó n d e c u m p l im i en to
c o rre s p o n d ía a te n d e r a C A J AN A L en l i q uid a c i ó n , c o n f o rm e e l
m i smo d e c re to , l a re a c ti va c i ó n s e rá e l 1 2 d e j u n i o d e 2 01 3 , d ía
s i g u i en te a l a f e c h a en l a q u e c u lm i nó l a l iq u i d a ci ó n d e a q u el l a
e n ti d a d y p o r e n d e l a o b l i g a c ió n p o d ía p e rs e g u i rs e e n c a b e za
d e l a U GP P .

[… ]» . (N e g ri l l a d e l a S a l a ).

47. Tanto la providencia judicial en cita como a las que se hace
alusión en el pie de pági na, advirtieron que durante el lapso en el

36 E n e f e c t o , s e r e f e r í a n a s e n t e n c i a s
de condena contra CAJANAL o CAJANAL
EN LIQUIDACIÓN que reconocían derechos pensionales y que fueron dictadas
antes del 8 de noviembre de 2011; la reclamación de cumplimiento del fallo se
hizo con anterioridad o en vigen cia del proceso liquidatorio, pero en todo caso
hasta el 8 de noviembre de 2011 y por tanto la competencia para su
cumplimiento era de esta entidad y mientras duró el proceso liquidatorio en
muchos casos no fue posible adelantar cobros ejecutivos y el prop io liquidador
negó su inclusión en la masa de acreedores.
37 E l l o e n v i r t u d d e l D e c r e t o 4 2 6 9 d e 2 0 1 1 y l a s n o r m a s p r o p i a s d e l p r o c e s o d e

liquidación
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que se lle vó a cabo la liqu idación de la e xtinta Caja de Pre visión
Social se vio rest ringida la posibilidad de quienes obtuvie ron la
declaratoria judicial de sus derechos mediante sentencia
ejecutoriada y que al m omento de hacerla ef ectiva se encontraban
con un panorama incierto debido a la desorganiza ción de la
administración y a la ausencia de reglas unif ormes sobre la forma
de exigir la ef ectividad de la condena.

48. En ese context o dados los diferentes escenar ios y períodos en
que opera la referida suspensión, se ha concluido que no es posible
suspender con uniformidad el curso d e la caducidad, debido a que,
en torno al desordenado proceso de liquidación de Cajanal, se
suscitaron diversa s hipótesis y situa cione s f ácticas, merecedoras
de trato dif erenciado, por lo que corresponde al juez identif icar a
partir de qué momento se hizo exigible la obligación judicial y la
f echa en la cual se pudo efectivamente perseguir judicialmente su
cumplimiento ante CAJANAL o UGP P, teniendo en cuenta que la
caducidad de medio de control se suspenderá sólo a partir del
momento en que inició el periodo liquidatorio de CAJANAL EICE y
se reactivará:

a- El 8 de noviembre de 2011 si la petición de cumplimiento se
realizó y competía ate nderla a la UGPP de acuerdo con el Decreto
4269 de 2011.
b- Para aquellas obligaciones cuya petición de cumplimiento
correspondía atender a CAJANAL en liquidación, la reactivación
será el 12 de juni o de 2013 , día siguiente a la f echa en la que
culminó la liqu idación de aquella entidad y por ende la obligación
podía perseguirse en cabeza de la UGPP.

3.4. Solución del caso

49. El acervo prob atorio da cuenta de lo siguiente:

50. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Segunda- Subsección A, a través de sentencia de 20 de septiembre
de 2007 38 dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento
radicado 250002325000200408584-00 ordenó la re liquid ación de la
pensión de jubilación d el señor José de Jesús Muñoz Prada, «[…]
en cuantía del 75% del promedio de los salarios de vengados en el
último año de servicios, inclu yendo como factores salariales:
Asignación básica, bonif icación por servicios, p rima de servicios,
prima de vacaciones y prima de navidad».

38 F o l i o s 2 y s.s.
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51. Igualmente ordenó realizar los rea justes de la Le y 10 0 de 1993,
actualiza r las dif erencias resultantes de la reliquidación en los
términos del artícu lo 178 del CCA y dar «[…] cumplimiento a esta
sentencia en los términ os previstos e n el artículo 176 del C.C.A. y
reconocerá intereses en la forma prevista en el artículo 177 ibidem,
adicionado por el artículo 60 de la Ley 446 de 1998».

52. La anterior decisión f ue conf irmada en sus precisos t érminos el
12 de marzo de 200 9 por el Consejo de Estado, Sección Segunda.
Subsección B, quedando ejecutoriada el 5 de junio de 2009 39.

53. Ahora bien, ve rif icado el expedien te administrativo a portado en
el Cd visible a f olio 99, en el archivo 43 aparece digitalizada la
primera petició n de cumplimiento de la sentencia, radicad a el 13 de
julio de 2009.

54. En virtud de lo anterior se e xpid ió la Resolución UGM 10428
de 27 de septiembre de 2011 (ff . 40 - 44) a tra vés de la cual se
reliquidó la pensió n de jubilación al señor Muñoz P rada , elevan do
su cuantía en monto de $913.632, efectiva part ir del 1 . ° de agosto
de 2001, con efectos f iscales a partir del 10 de septiembre de 2007.
Se le indicó que para poder incluir en nómina el retroactivo el
interesado debía acreditar que no había iniciad o cobro alguno por
vía ejecutiva . Allí se dijo que «[…] el área de nómina realizará las
operaciones pertinentes conf orme se señala en el f allo y en el
presente acto administrativo, respecto de los artícu los 177 del CCA,
[…]».

55. Posteriormente, a tra vés de la Re solución UGM 049208 de 6 de
junio de 2012, CAJANAL EICE en liquidación, modif icó la decisión
anterior, elevando la cuantía pensional a $938.668. (ff 37 -38).

56. Según petición de 15 de marzo de 2013, elevada por el
ejecutante ante la UGPP para ob tener el pago de los intereses
moratorios, éste manif estó que el reajuste señalado f ue incluido en
nómina pensional en el mes de febrero de 2013.

57. A f olios 47 a 52 obra copia del d ocumento «Cálculo de Fallos»
realizado por la UGPP el 7 de febrero de 2 013, donde se realiz ó la
liquidación de los intereses moratorios, desde el 6 de junio de 2009
hasta el 31 de enero de 2013, por valor de $26´475.060,64 .

39 F o l i o
36. Según constancia emitida por el secretario de la Sección Segunda
del Consejo de Estado.
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58. En este punto es importante recordar que, d e acuerdo con el
marco jurídico desarrollado en el acápite anterior y lo señalado por
esta Subsección 40, la oportunidad para f ormular la demanda cuando
se pretende la ejecución de una sentencia judicial prof erida por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo « […] es de 5 años
contados a partir de la exigibilidad de la obligación contenida en la
providencia judicia l de condena, en los sigu ientes términos:
a) 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia, si f ue
dictada de conf ormidad con el CCA o Decreto 01 de 1984. b) 10
meses siguientes a la m isma ejecutoria, si se trata de sentencia
dictada en procesos regidos por el CPACA o Ley 1437 de 2011, en
la cual se condene al pago de sumas dinerarias. c) 30 día s
sigu ientes a su comunicación, cuando la condena no implique el
pago o devolución de una can tidad líquida de dinero en procesos
regidos por el CPACA o Ley 1437 de 2011 – art. 192 inciso 1.º ib.
–.».
59. Así las cosas no es de recibo la tesis expuesta en el salvamento
de voto y en el recurso de apelación comoquiera que debe
ef ectuarse una interpretación integral entre el numeral 11 del
artícu lo 136 del CCA y el art ículo 177 ibide m, por cuanto el primero
señala que los 5 a ños inician a partir de la exigibilidad del derecho
y esta se presenta una ve z transcurran, precisamente, los 18 meses
de esta última disposición, los cua les corren una ve z ad quiera
ejecutoria el título judicial 41.
60. Así entonces, como la sentencia de 12 de marzo de 2009
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
quedó ejecutoria da el 5 de juni o de 200 9, la entidad tenía 18 meses
para dar ef ectivo cumplimiento es decir hasta el 6 de diciembre de
2010.
61. Esto a la luz de lo establecido por el Decreto 01 de 1984,
artícu lo 177, cuyo plazo era de 18 meses.
62. Sin embargo, en virtud del Decreto 2196 de 2009 y conforme a
las re glas f ijadas en precedencia, los términos de caducidad de las
acciones f rente a obligaciones a cargo de la entidad liqu idada
f ueron suspendidos desde el 12 de junio de 2009 hasta el 11 de
juni o de 2013 , esto es, por espacio de cuatro (4) años.

40 A u t o
de 22 de junio de 2023, dictado dentro del proceso ejecutivo radicado:
25000-23-42-000-2017-01453-01 (2456-2023) con ponencia del Consejero
Jorge Iván Duque Gutiérrez.
41 Ibidem.

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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700
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Proceso Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01297-01 (2587-2020)
Ejecutante: José de Jesús Muñoz Prada

63. De acuerdo con lo anterior, tomando en cuenta la f echa de
ejecutoria (5 de junio de 2009 ) y desde el 12 de junio de 2009 para
los 18 meses, f altaban 17 meses y 2 4 días.
64. Por tanto, a partir del 12 de junio de 2013 se suma ese tiempo
(17 meses y 2 4 días) por lo que la entidad podía cumplir la
obligación hasta el 5 diciembre de 2014 .
65. En consecuencia, el 6 de diciembre de 2019, vencía el término
de caducidad para la interposición de la demanda ejecutiva.
66. En este caso se tiene que la de manda se interpuso el 12 de
junio de 2018 (según sello secretarial visib le a f olio 57) , por lo que,
se advierte que en este caso no operó el f enómeno jurídico de la
caducidad, tal como lo advirtió el Tribunal Administrati vo de
Cundinamarca.
67. De acuerdo con lo anterior y dad o que el objeto de la apelación
versa exclusivame nte sobre el f enómeno de la caducidad, que como
ya quedó visto, no ocurrió en sub lite , se conf irmará la providencia
objeto de apelación de l 23 de julio de 2019 , en sus precisos
términos, de conf ormidad con las razones expresadas en
precedencia.

3.5. Condena en costas

68.En el caso concreto, no se ad vierte que ha ya lu gar a condenar
en costas a la Unid ad Administrativa Especial de Gestió n Pensiona l
y Contribuciones Paraf iscales de la Protección Social – UGPP-,
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoració n objetiva para determinar si
había, o no, lugar a condenar en costas, lo cierto es que
actualmente, con la entrada en vigen cia de la Le y 2080 de 2021, es
procedente ef ectuar un estudio respecto de la conducta de las
partes en el proceso y la carencia de fundamentación juríd ica, por
lo que en estos términos al hacer extensiva esa interpretación al
caso bajo análisis, de la reedición del recurso de apelación no
puede observarse dicha situación, co ntrario a ello, en el recurso se
sustentaron las razones de def ensa judicial de sus intereses y por
ende no se condenará en costas en esta instancia

69. En mérito de lo expuesto el Co nsejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

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Proceso Ejecutivo
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01297-01 (2587-2020)
Ejecutante: José de Jesús Muñoz Prada

F ALL A

PRIMERO.- CONFI RM AR la provide ncia de 23 de juli o de 2019
prof erida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda- Subsección A, dictada dentro del proceso ejecutivo
f ormulado por José de Jesús Muñoz Prada contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribucion es
Paraf iscales de la Protección Social – UGPP-, por los motivos
señalados en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO.- SI N CONDEN A en costas de segunda instancia, de
conformidad con lo señalado en precedencia.

TERCERO – EFE CTU AR las anotaciones correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MA I y una ve z en f irme esta
providencia DEVOLVER el expedient e al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE

Esta providencia f ue estudiada y aprobada por la Sala en sesión del
treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023).

G ABRIEL V ALBUE N A HERN ÁNDEZ
Consejero de Estado

JORGE IV ÁN DUQ UE GUTIÉRRE Z
Consejero de Estado

R AF AE L FR ANCIS CO SU ÁREZ V AR G AS
Consejero de Estado

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