Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01405-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01405-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01405-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
28 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2018 01405 01 (1281-2022)
Demandante: Pedro Elías Murillo Joya
Demandado: Unidad Nacional de Protección
Tema: Trabajo suplementario - Escolta
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia de fecha 8 de julio
de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda
y se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada.
I. ANTECEDENTES
1.1 Pretensiones de la demanda.
A través del medio de control de la referencia, se exigió lo siguiente:
• Anular el oficio OFI15-00000981 de 20 de enero de 2015,1 mediante el cual se
negó el reconocimiento y pago de las horas extras, de los recargos por los
trabajos desarrollados en tiempos nocturnos, dominicales y festivos, así como
el reajuste de las prestaciones sociales percibidas y de los aportes al sistema
de seguridad social.
• Condenar a la accionada reconocer y pagar al reclamante todos los
emolumentos arriba descritos, desde el 1.° de enero de 2012 y hasta que se
empiecen a cancelar en forma permanente.
• Condenar a la demandada a reconocer y pagar los valores correspondientes
por concepto de recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas extras y
compensatorios laborados desde el día en que ingresó al servicio del extinto
DAS por no haber sido reconocidos por esa entidad.
1 Folios 33 a 37 del expediente.
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2018 01405 01 (1281-2022)
Demandante: Pedro Elías Murillo Joya
• Que se reconozca que el demandante pertenece en un cargo idéntico al que
desempeñaba en el DAS, y que en la entidad demandada corresponde al de
Oficial de Protección, grado 15, código 3137 del nivel técnico.
• Dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en el artículo 187
de la Ley 1437 de 2011.
1.2 Hechos que fundamentan la demanda.
Como hechos relevantes se destacan los siguientes:
El demandante estuvo vinculado al Departamento Administrativo de Seguridad –
DAS en el cargo de Agente Escolta, grado 05, código 205. Durante su
permanencia en dicha entidad, recibió los siguientes emolumentos salariales de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1932 de 1989: prima especial de
riesgo, incrementos por antigüedad, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, auxilio de alimentación y de transporte, viáticos y gastos de
representación.
Con ocasión al proceso de supresión del Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS, el demandante fue incorporado a la Unidad Nacional de
Protección -en adelante UNP- desde el 1.° de enero de 2012, en calidad de
Agente Escolta, asumiendo todas las obligaciones que en relación con el
accionante tenía el desaparecido DAS.
La entidad demandada omitió incorporar al demandante en el empleo de Oficial
de Protección, grado 15, código 3137, nivel técnico. La UNP nunca le ha
reconocido al actor los derechos que emanan del trabajo suplementario -horas
extras diurnas y nocturnas, recargos nocturnos, dominicales, festivos y los
descansos compensados-.
El 26 de diciembre de 2014, el señor Pedro Elías Murillo Joya presentó
reclamación administrativa ante la demandada solicitando los emolumentos
salariales antes referenciados. Mediante OFI15-00000981 de 20 de enero de
2015, la UNP negó la solicitud presentada por el accionante. La anterior decisión
no fue notificada personalmente ni por aviso.
1.3 Fundamentos de derecho.
Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:
• El preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 9, 13, 25, 29, 43 y 53 de la Constitución
Política.
• Artículo 4 de la Ley 16 de 1972
• Artículos 33 y 42 del Decreto 1042 de 1978
• Artículos 4, 6 y 7 de la Ley 319 de 1996
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Radicado: 25 000 23 42 000 2018 01405 01 (1281-2022)
Demandante: Pedro Elías Murillo Joya
• Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 860 de 2003
• Artículos 6 y 7 del Decreto 4057 de 2011
Al desarrollar el concepto de violación, el jurista adujo:
• El acto administrativo es nulo por infracción de las normas en que debió
fundarse, tanto nacionales como internacionales, pues si bien es cierto el
DAS fue liquidado y, en consecuencia, el demandante fue reubicado en la
UNP, también lo es que dicha situación no justificaba el desconocimiento
de sus derechos laborales adquiridos y de las condiciones más
beneficiosas en que se hallaba bajo el régimen de esa entidad.
• La UNP desmejoró laboralmente al actor al momento de su incorporación,
por cuanto a este lo cobijaba un régimen especial contemplado en el
Decreto 1932 de 1989, el cual fue desconocido por la accionada.
• Esa incorporación produjo un cambio de régimen de carrera, lo que
desencadenó un efecto nocivo con la imposición de medidas regresivas
para sus derechos laborales, toda vez que pese a su condición de agente
escolta, lo incorporó a un cargo que no le correspondía y solo tomó en
cuenta su asignación básica, sin que se incluyera la prima de riesgo que
como derecho adquirido recibía en el DAS, por disposición del artículo 7
del Decreto 4057 de 2011. De ahí que omitió reconocer su incorporación
al empleo de oficial de protección, grado 15, código 3137, del nivel técnico.
• La UNP desconoció que debía estar disponible las 24 horas del día y
laboraba aproximadamente entre 18 a 20 horas diarias, pero no le
reconoció y pagó valor alguno por horas extras, recargos diurnos y
nocturnos, así como los compensatorios derivados del trabajo en
dominicales y festivos.
• Era procedente, además, que el trabajo suplementario fuera objeto de
aportes al régimen de prima media en pensiones, en consideración a que
la actividad ejercida era de alto riesgo e idéntica a la que realizaba en el
DAS, máximo porque en virtud del artículo 6 del Decreto 4057 de 2011 y
los principios de progresividad, prohibición de la regresividad y condición
más beneficiosa, conservaba los derechos adquiridos en la entidad
suprimida.
• Luego de referenciar algunos apartes de la Convención Americana de
Derechos Humanos, adveró que la demandada desconoció los principios
de progresividad y no regresividad establecidos en dicho instrumento
internacional, por cuanto desmejoró el régimen laboral de los empleados
del otrora DAS y que fueron incorporados a la UNP.
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Demandante: Pedro Elías Murillo Joya
1.4 Contestación de la demanda.
Dentro de la oportunidad de ley, el ente accionado contestó la demanda,2
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como
argumentos de defensa esgrimió los siguientes:
• El demandante se desempeñó como «[…] agente escolta, código 205,
grado 05 […]» en el extinto DAS hasta el 23 de junio de 2011 y en el
proceso de incorporación ordenado por el gobierno nacional a través del
Decreto 4067 de 2011, pasó al cargo de Agente Escolta ante el Ministerio
del Interior […]».
En consecuencia, lo ocurrido por virtud del artículo 6 del Decreto Ley 4057
de 2011 fue la supresión de empleos y proceso de incorporación de los ex
servidores del DAS, más no una homologación de empleos. En otras
palabras, se trató de una «[…] equivalencia entre la nomenclatura y
clasificación de empleos del extinto DAS y la fijada en el sistema general
de nomenclatura y clasificación de empleos públicos de la rama ejecutiva
nacional, aplicable a la UNP […]».
• El demandante no fue claro en cuanto a la finalidad de su afirmación
relativa a que ejerció una actividad de alto riesgo, esto es, si iba dirigida a
la acreditación de su derecho pensional según la Ley 797 de 2003 o al
reconocimiento de la prima de riesgo prevista en el Decreto 2646 de 1994,
la cual no constituía factor salarial.
• No se demostró la prestación del trabajo suplementario alegado en la
demanda ni se especificaron las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en que los realizó, ni mucho menos la autoridad que ordenó su ejercicio
durante los dominicales o festivos. No obstante, aún con respaldo
probatorio no había lugar al reconocimiento pretendido con ocasión de la
naturaleza del servicio, a saber, funciones intermitentes y discontinuas
desarrolladas por el servidor público, comoquiera que solo era procedente
la compensación en tiempo de descanso en aras de la recuperación física
y mental del empleado.
• El Decreto 1932 de 1989, que regulaba a los empleados del extinto DAS
no le es aplicable a la UNP, en estricto sentido, en atención a que cuentan
con su propio régimen salarial y prestacional, el cual es armónico con las
Resoluciones 134 de 2012, 92 de 2014, 351 de 2014 y 362 de 2016, según
lo previsto en el artículo 3 del Decreto 4067 de 2011 que preservó los
beneficios salariales y prestacionales en su calidad de ex funcionarios del
DAS. Este, a su vez se encuentra acorde con el régimen general del
servidor público del orden nacional -Decreto 1042 de 1978-.
2 Folios 98 a 116 del paginario.
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• Los elementos probatorios aportados por la parte demandante son
insuficientes para tener certeza de los dominicales y festivos trabajados,
del tiempo adicional laborado fuera de la jornada ordinaria, así como de
los compensatorios recibidos o debidamente solicitados. Por lo tanto, era
improcedente tener en cuenta dichos emolumentos como factores
salariales para la liquidación de las prestaciones sociales y los aportes a
pensión.
• Formuló las excepciones de «inepta demanda por falta de los requisitos
legales y por indebida acumulación de pretensiones», «inexistencia del
derecho y la obligación», «cobro de lo no debido», «prescripción»,
«enriquecimiento sin causa e injustificado del actor», «buena fe y legalidad
del acto administrativo acusado» e «imposibilidad de condena en costas».
1.5 Sentencia de primera instancia.
Mediante sentencia de 8 de julio de 2021,3 la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió a las
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
demandada. Con tales fines, luego de referenciar: i) la naturaleza jurídica de la
Unidad Nacional de Protección; ii) el régimen salarial y prestacional de esa
entidad y; iii) las pruebas recaudadas en la actuación, concluyó:
• Como la incorporación del demandante a la UNP se realizó a través de la
Resolución 0044 de 27 de diciembre de 2011, y esta no fue sometida a juicio
de legalidad, no es posible abordar la pretensión de incorporación a un empleo
similar al ejercido en el extinto DAS.
• Mediante Resolución 0362 de 1.° de junio de 2016, la UNP, fundada en el
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, fijó el horario de trabajo de sus
servidores. Por tanto, el reconocimiento y pago de los emolumentos que se
derivan del trabajo suplementario se regulan por ese dispositivo.
• Está demostrado que el demandante satisfizo los requisitos previstos en los
artículos 36 y 37 de ese decreto, para acceder a las horas extras diurnas y
nocturnas, por cuanto:
i) Ejerce el cargo de Agente de protección, el cual está adscrito al nivel
asistencial con el grado 16, esto es, un grado inferior al señalado en
aquellas normas.
ii) Las autorizaciones para la realización del trabajo suplementario están
contenidas tanto en el acto administrativo que fijó el horario de trabajo -en
especial el del personal que desarrolla labores discontinuas, intermitentes,
de control, de protección o de análisis de seguridad-, como en los
3 Folios 153 a 162 del expediente.
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formularios de «REGISTRO DE SEGUIMIENTO DE HORAS HOMBRE
LABORADAS Y COMPENSADAS» depositados en los antecedentes
administrativos remitidos por la demandada, que evidencian jornadas de
trabajo de 17 horas diarias.
• También quedó probado el derecho a los recargos nocturnos, pues el
accionante ejecutó permanentemente sus labores en horas diurnas y
nocturnas -jornada mixta-, máximo porque su empleo le impedía terminar la
jornada de trabajo sin antes garantizar la seguridad de la persona cuya
protección le había sido asignada.
• Igualmente se acreditó que entre los años 2016 y 2018, el actor trabajó
habitualmente los días domingos y festivos -en cumplimiento de las
comisiones asignadas por la demandada-, razón suficiente para concluir que
le asiste el derecho a la remuneración equivalente al doble del valor de un día
de trabajo por cada dominical o festivo laborado.
• La UNP demostró que, por cada domingo y festivo trabajado, el demandante
disfrutó del respectivo día compensatorio, por lo que no tiene derecho a ningún
descanso adicional.
• Los conceptos reconocidos por el aludido trabajo suplementario deben ser
tenidos en cuenta para la reliquidación de las cesantías y de los aportes
realizados al sistema general de pensiones.
• No operó la prescripción, por cuanto el demandante presentó reclamación
administrativa el 26 de diciembre de 2014, e instauró la demanda el 12 de
enero de 2016.
1.6 Recurso de apelación.
Inconforme con esa decisión, el apoderado de la entidad demandada la recurrió
en apelación.4 En su intervención, censuró la decisión del tribunal de primera
instancia, pues, a su juicio:
• Desconoció el artículo 24 del Decreto 4065 de 2011, que señaló que toda
referencia normativa realizada frente al extinto Departamento Administrativo
de Seguridad - DAS, involucra a la Unidad Nacional de Protección. Por tanto,
a los funcionarios adscritos a esa institución que cumplen funciones de
protección, de manera permanente e interrumpida, le son aplicables las
disposiciones establecidas para aquel departamento.
En consonancia con lo anterior, la jornada laboral que rige para esos
servidores es la contenida en el artículo 12 del Decreto 1932 de 1989,
consistente en 12 horas diarias y máximo 66 horas semanales. Sin embargo,
4 Folios 165 a 174 del expediente..
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esa norma autorizó al jefe de la entidad para que, fundado en razones
especiales del servicio, disponga el cumplimiento de 18 horas diarias, sin
superar el tope de 72 horas a la semana.
En todo caso, el aludido decreto estableció que el trabajo suplementario
realizado en horas diurnas y nocturnas o durante los dominicales y festivos no
genera el reconocimiento y pago de horas extras, sino únicamente el derecho
a días de descanso compensados.
La extensión de la jornada de trabajo prevista en el Decreto 1932 de 1989 a
los servidores de la UNP que provinieron del extinto DAS fue ratificada, entre
otras, en la sentencia de 4 de febrero de 2021, emitida por la Subsección B del
Consejo de Estado dentro del expediente con radicado interno 4122-2017.
• Por otro lado, argumentó que, contrario a lo indicado por el tribunal de primera
instancia, el demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos
establecidos en los literales b) y c) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978,
para acceder al reconocimiento y pago de las horas extras. En tal sentido
reprochó que la conclusión del juez se cifrara sobre las resoluciones que fijaron
los horarios de trabajo en la entidad y, a partir de ellas, construyera erradas
inferencias en torno al derecho reclamado.
Así mismo, alegó que el actor no tiene derecho a los recargos nocturnos ni al
pago de los dominicales y festivos, pues no acreditó las exigencias para ello.
No obstante, el recurrente reiteró que el artículo 12 del Decreto 1932 de 1989
prohíbe el reconocimiento y pago de horas extras al personal que cumple
actividades de seguridad y protección, por lo que, en todo caso, se predica la
inexistencia de los emolumentos reconocidos en la decisión apelada.
• Finalmente, solicitó no condenar en costas a la entidad demandada en esta
instancia.
1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.
1.7.1 La admisión del recurso: Mediante auto de fecha 25 de abril de 2022,5 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de los plazos previstos en los numerales
4.° y 6.° del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones
de las partes ni del Agente del Ministerio Público Delegado ante esta
Corporación.
1.8 El control de legalidad.6 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:
5 Folio 182 del expediente.
6 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá
el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
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II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,7 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.
2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,8 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
En el caso concreto es necesario pronunciarse respecto de los argumentos
expuestos por el apoderado de la parte demandada, en su condición de apelante
único.
2.3 Problema jurídico.
De acuerdo con los argumentos planteados en la alzada, le corresponde a la Sala
determinar:
i) ¿Cuál es la norma que regula la jornada de trabajo del demandante, la prevista
en el Decreto 1042 de 1978 o la contenida en el Decreto 1932 de 1989?
ii) ¿El demandante satisfizo los requisitos establecidos en el Decreto 1042 de
1978 para acceder a las horas extras reconocidas en la sentencia apelada?
En el camino de resolución de estos interrogantes, la Sala analizará i) la jornada
laboral de los empleados públicos y los derechos que surgen del trabajo
suplementario y; ii) la jornada de trabajo en la Unidad Nacional de Protección.
2.4 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.4.1 La jornada laboral de los empleados públicos y los derechos que
surgen del trabajo suplementario.
El artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, estableció lo siguiente:
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».
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«ARTICULO 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. <Modificado en lo pertinente
por los Artículos 1o. a 3o. del Decreto 85 de 1986; ver Nota de Vigencia. El texto
original del artículo es el siguiente:> La asignación mensual fijada en las escalas
de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana
excedan un límite de 66 horas.
Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo
podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con
tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo
compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.
El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo
cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto
para las horas extras».
De esa disposición se infiere que, en general, la jornada de trabajo de los
servidores públicos corresponde a 44 horas semanales, límite conforme al cual
el jefe de la entidad debe fijar los respectivos horarios de trabajo. De manera
excepcional, la ley permite que frente a los trabajadores que ejecutan actividades
discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, se fije una jornada de 12 horas
diarias, sin superar las 66 horas semanales.
En ese sentido, la norma previó que, ante el exceso frente a esos límites surgen
los derechos concebidos en los artículos 34 y siguientes, los cuales, por su
trascendencia en esta decisión, se transcriben a continuación:
«ARTICULO 34. DE LA JORNADA ORDINARIA NOCTURNA. Se entiende por
jornada ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las
6:00 p.m. y las 6:00 a. m. del día siguiente.
Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el
sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar
en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por
ciento sobre el valor de la asignación mensual.
No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6:00 p.m.
completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo.
Los incrementos de salario a que se refiere los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo.
ARTICULO 35. DE LAS JORNADAS MIXTAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en
normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el
sistema de turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente
en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo
trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del treinta y cinco
por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo.
ARTICULO 36. DE LAS HORAS EXTRAS DIURNAS. <Artículo modificado por los
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Decretos anuales salariales> Cuando por razones especiales del servicio fuere
necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el
jefe del respectivo organismo o las personas en quienes éste hubiere delegado tal
atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras.
El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se
sujetarán a los siguientes requisitos:
a) <Literal modificado tácitamente por el Artículo 12 del Decreto 660 de 2000. El
nuevo texto es el siguiente:> Para que proceda el pago de horas extras y del
trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como el reconocimiento,
cuando a ello hubiere lugar de descansos compensatorios de que trata el Decreto
1042 de 1978 y sus modificatorios, el empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico
hasta el grado 09 o al Nivel Asistencial hasta el grado 19.
Los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, Viceministros, Directores
y Subdirectores de Departamento Administrativo y los Secretarios Ejecutivos de
Grado 20 en adelante que desempeñen sus funciones en los Despachos de los
Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Viceministros y
Subdirectores de Departamento Administrativo, Secretarías Generales de
Ministerios y Departamento Administrativo, tendrán derecho a devengar horas
extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren en jornadas
superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.
En los Despachos antes señalados sólo se podrán reconocer horas extras máximo
a dos (2) Secretarios a las que se refiere el inciso anterior.
PARÁGRAFO 1°. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación de
participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto
de rentas y la ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre
e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas extras, dominicales y
festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los niveles asistencial, técnico
y profesional. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas
extras, dominicales y festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la
remuneración mensual de cada funcionario.
PARÁGRAFO 2°. Amplíese el límite para el pago de horas extras mensuales a los
empleados públicos que desempeñen el cargo de Conductor Mecánico en las
entidades a que se refiere el presente decreto, a ochenta (80) horas extras
mensuales.
En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse
cuando exista disponibilidad presupuestal.
b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de
desarrollarse.
c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución
motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento sobre la
remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.
d) <Modificado por los Decretos anuales salariales. Número máximo de horas
extras modificado por el Artículo 13 del Decreto 10 de 1989, ver inciso final. Artículo
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modificado tácitamente por el Artículo 12 del Decreto 660 de 2000. El texto
pertinente del Decreto 660 de 2000 es el siguiente:> ...
En los Despachos antes señalados sólo se podrán reconocer horas extras máximo
a dos (2) Secretarios a las que se refiere el inciso anterior.
PARÁGRAFO 1o. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación de
participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto
de rentas y la ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre
e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas extras, dominicales y
festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los niveles asistencial, técnico
y profesional. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas
extras, dominicales y festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la
remuneración mensual de cada funcionario.
PARÁGRAFO 2o. Amplíese el límite para el pago de horas extras mensuales a los
empleados públicos que desempeñen el cargo de Conductor Mecánico en las
entidades a que se refiere el presente decreto, a ochenta (80) horas extras
mensuales.
En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse
cuando exista disponibilidad presupuestal.
<El texto modificado por el Artículo 13 del Decreto 10 de 1989 es el siguiente:> En
ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.
e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el
excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por
cada ocho horas extras de trabajo.
ARTICULO 37. DE LAS HORAS EXTRAS NOCTURNAS. Se entiende por trabajo
extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6:00 p.m. y las 6:00
a.m. del día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna.
Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la
asignación básica mensual.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.
En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo dispuesto
en el artículo anterior.
ARTICULO 39. DEL TRABAJO ORDINARIO EN DÍAS DOMINICALES Y
FESTIVOS. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de
quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en
razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente
los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente
al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más
el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración
ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.
La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada
en la asignación mensual.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales
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y festivos.
ARTICULO 40. DEL TRABAJO OCASIONAL EN DÍAS DOMINICALES Y
FESTIVOS. <Artículo modificado por los Decretos anuales salariales> Por razones
especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días dominicales
o festivos.
Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados
públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se aplicarán
las siguientes reglas:
a) <Modificado por los Decretos anuales salariales. Artículo modificado tácitamente
por el Artículo 12 del Decreto 660 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Para
que proceda el pago de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y
festivos, así como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar de descansos
compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el
empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel
Asistencial hasta el grado 19.
Los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, Viceministros, Directores
y Subdirectores de Departamento Administrativo y los Secretarios Ejecutivos de
Grado 20 en adelante que desempeñen sus funciones en los Despachos de los
Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Viceministros y
Subdirectores de Departamento Administrativo, Secretarías Generales de
Ministerios y Departamento Administrativo, tendrán derecho a devengar horas
extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren en jornadas
superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.
PARÁGRAFO 1º. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación de
participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto
de rentas y la ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre
e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas extras, dominicales y
festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los niveles asistencial, técnico
y profesional. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas
extras, dominicales y festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la
remuneración mensual de cada funcionario.
b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o por la
persona en quien éste hubiere delegado tal atribución, mediante comunicación
escrita en la cual se especifiquen las tareas que hayan de desempeñarse.
c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución
motivada.
d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día
de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del
funcionario. Dicha retribución será igual al doble de la remuneración
correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo
laborado si éste fuere menor.
Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en días dominicales
y festivos.
e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se
reconocerán sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el
funcionario por haber laborado el mes completo.
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f) La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida en
la asignación mensual».
En resumen, los derechos que emanan del trabajo suplementario, entendido por
tal aquél que excede las horas previstas para la respectiva jornada de trabajo,
corresponden a: horas extras diurnas y nocturnas, recargos nocturnos,
dominicales y festivos y sus respectivos días de descanso compensado.
2.4.2 La jornada de trabajo en la Unidad Nacional de Protección.
A través del Decreto Ley 4057 de 2011, el presidente de la República suprimió el
Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y traslado sus funciones a
diferentes estamentos estatales del orden nacional.9
Adicionalmente, en el artículo 6.° contuvo la orden de supresión de empleos y su
posterior incorporación en algunos organismos adscritos a la rama ejecutiva y
judicial respectivamente. En consecuencia, el artículo 7.° señaló que:
«[e]l régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de
los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo
receptor, con excepción del personal que se incorpore al Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional cuyo régimen salarial y prestacional lo fijará el
Presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales […]».
En consecuencia, las labores de seguridad y protección fueron entregadas a la
Unidad Nacional de Protección,10 cuyo objetivo fue delineado en el artículo 3.° del
Decreto 4065 de 2011, en los siguientes términos:
«ARTÍCULO 3o. OBJETIVO. El objetivo de la Unidad Nacional de Protección
(UNP) es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a
quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades,
condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales,
étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista
de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o
extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o
en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar
riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas
desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas
que se otorgan.
Se exceptúan del campo de aplicación del objetivo de la Unidad los programas de
competencia de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación y el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y
Paz».
Por su parte, el artículo 24 de este decreto estableció que:
9 Artículo 3.°.
10 Creada mediante el Decreto 4057 de 2011, el presidente de la República creó la citada entidad «con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del
Interior, hará parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de
seguridad».
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«ARTÍCULO 24. REFERENCIAS NORMATIVAS. Las referencias que hagan las
disposiciones vigentes al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al
Programa de Protección del Ministerio del Interior, que tengan relación con las
funciones expresadas en el presente Decreto, deben entenderse referidas a la
Unidad Nacional de Protección.
De igual forma, las referencias que hagan las disposiciones vigentes al
Departamento Administrativo de Seguridad y al Programa de Protección del
Ministerio del Interior como asistente, integrante o miembro de Consejos,
Comisiones, Juntas, Mesas u otras instancias de deliberación, relacionadas con
las funciones que en el presente Decreto se mencionan, deben entenderse
referidas a la Unidad Nacional de Protección».
La finalidad de la citada disposición no fue otra que integrar a la actividad de la
UNP todas aquellas reglas de derecho relacionadas con el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS. Entre ellas, se destaca el Decreto 1932 de
1989 «por el cual se establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los
empleos del Departamento Administrativo de Seguridad, se fija la escala de
remuneración y se dictan otras disposiciones», que en su artículo 12 reglamentó
la jornada de trabajo en los siguientes términos:
«Artículo 12. Jornada de trabajo. La asignación básica mensual fijada en la
escala de remuneración señalada en este Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales.
A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad, podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce (12) horas diarias sin que en la
semana excedan un límite de sesenta y seis (66) horas.
Sin embargo, por especiales razones del servicio, el Jefe del Departamento podrá
disponer jornadas hasta de dieciocho (18) horas diarias, sin que en la semana se
exceda el límite de setenta y dos (72) horas.
Dentro de los límites máximos fijados en este artículo el Jefe del Departamento
podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con
tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo constituya
trabajo suplementario o de horas extras.
Parágrafo. Por la naturaleza del servicio que prestan los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad, en horas diurnas o nocturnas
adicionales a la jornada ordinaria de trabajo prevista en este artículo o en días
dominicales y festivos, no tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas
extras. Únicamente procederá la compensación en tiempo de descanso del
servicio prestado, en la forma prevista por el artículo 68 del Decreto 512 de 1989».
Se sigue de lo expuesto que a los servidores públicos vinculados a la UNP y que
ejercen las funciones que vinieron trasladadas desde el DAS, se les aplica la
disposición arriba descrita, que contempla una jornada de trabajo con los
siguientes matices:
i) Normal y ordinaria: consistente en 44 horas de labores semanales.
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ii) Excepcional: representada en 12 horas diarias de trabajo y máximo 66 horas
a la semana, para aquellos empleos que desarrollan actividades discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad y;
iii) Especial: cuando por razones del servicio, el jefe de la entidad ordene que
los servidores arriba descritos cumplan su misión con una periodicidad de 18
horas diarias y/o máximo 72 horas a la semana.
Además, esa disposición estableció que las actividades ejecutadas en horas
diurnas o nocturnas o durante los dominicales y festivos que excedan la jornada
ordinaria, no darán derecho al reconocimiento y pago de los estipendios que
emanan del trabajo suplementario -y que fueron reseñados anteriormente-, sino
únicamente a un día de descanso compensado por cada 8 horas de labores.
Al resolver la demanda de nulidad presentada en contra del parágrafo 1.° del
artículo 4.° de la Resolución 362 de 2017 -que estableció la jornada y los horarios
de trabajo al interior de la UNP-, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia de 22 de junio de 202311 expresó:
«[…] 6.2.3. Análisis del desconocimiento de la norma superior en el caso
concreto.
En el asunto en estudio, el demandante pretende la nulidad del parágrafo 1 del
artículo 4 de la Resolución 362 del 1° de junio de 2016, proferida por el director
general de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y de las comunicaciones
internas MEM16-00017482 del 28 de septiembre de 2016 y MEN16-00018296 del
11 de octubre de 2016, expedidas por el subdirector de protección de la Unidad
Nacional de Protección, al considerar que el hecho de establecer una jornada
máxima de 72 horas a la semana, desconoce el artículo 33 de Decreto 1042 de
1978, según el cual, la jornada laboral de los servidores públicos es de 44 horas
semanales y máximo de 66 horas a la semana para quienes desarrollen
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia.
Frente al anterior planteamiento, encuentra la sala que el Decreto Ley 1042 de
1978 definió que sus disposiciones regirán para los empleados públicos que
desempeñarán las distintas categorías de empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional. Asimismo, en su artículo
104, estableció las personas que estaban exceptuadas de esa reglamentación,
dentro de las cuales no se encontraban los servidores vinculados al DAS.
Sin embargo, con posterioridad a la expedición de la norma referida en el párrafo
anterior, mediante la Ley 43 de 1988, el legislador revistió al presidente de la
República de «facultades extraordinarias para modificar la estructura y funciones
del Departamento Administrativo de Seguridad y para expedir disposiciones
relativas a la Carrera del Funcionario del DAS, a su régimen salarial, prestacional
y disciplinario y a la organización de sus Academias», por lo que, en cumplimiento
del mencionado mandato se expidió el Decreto 1932 de 1989, el cual estableció
un régimen especial en cuanto a la jornada laboral -se hace referencia al aspecto
pertinente para el asunto en estudio, esto es, lo relativo al horario laboral de los
empleados públicos vinculados al DAS, cuyas funciones implicaran el desarrollo
11 Expediente No. 11001-03-25-000-2017-00146-00 (0853-2017), Consejero Ponente Dr. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
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de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de
investigación y seguridad, a quienes les asignó una jornada laboral máxima de 72
horas cuando se presenten «especiales razones del servicio».
Así las cosas, para fecha de creación de la Unidad Nacional de Protección, para
los empleados del DAS, en materia de jornada de trabajo se encontraba vigente el
artículo 12 del Decreto 1932 de 1989, por lo que es esta disposición la que se
integró al régimen laboral de los servidores vinculados a la UNP y que cumplen las
funciones que se encontraban a cargo del DAS y que le fueron trasladadas a esa
unidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 4057 de 2011. Lo
anterior, en consonancia con la referencia normativa prevista en el Decreto 4065
de 2011.
De acuerdo con lo expuesto, la sala concluye que los actos demandados, al
señalar que la jornada laboral de los empleados de la UNP y con funciones
«operacionales» puede ser hasta de 72 horas semanales, no desconoce el artículo
33 del Decreto Ley 1042 de 1978; sino que, por el contrario, las disposiciones se
encuentran acordes con el Decreto 1932 de 1989, norma especial aplicable, según
lo expuesto».
La aplicación de la jornada laboral contenida en el Decreto 1932 de 1989, a los
empleados de la UNP que ejecutan las labores de seguridad y protección
asignadas al extinto DAS, también ha sido avalada, entre otras, en las sentencias
de 25 de septiembre de 2020,12 7 de diciembre de 202113 y 25 de abril de 2024.14
Precisado lo anterior, procede la Sala a resolver el caso concreto.
2.5 Caso concreto.
Primer interrogante: ¿cuál es la norma que regula la jornada de trabajo del
demandante, la prevista en el Decreto 1042 de 1978 o la contenida en el Decreto
1932 de 1989?
Previa resolución de este planteamiento, la Subsección señalará los hechos
probados en el expediente:
• El demandante prestó sus servicios como Agente Escolta 205-05 en el
desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, desde el
19 de febrero de 2001 hasta 31 de diciembre de 2011.15
• Por Resolución N° 0044 de 27 de diciembre de 2011, el actor fue
incorporado a la entidad demandada, sin solución de continuidad, a partir
del 1 de enero de 2012, en el cargo de agente de protección.16
12 Sección Segunda, Subsección B, expediente No. 05001-23-33-000-2015-01557-01(2259-17), Consejera
Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez.
13Sección Segunda, Subsección B, expediente No. 05001-23-33-000-2016-00565-01 (4233-2017),
Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
14Sección Segunda, Subsección B, expediente No. 13001-23-33-000-2017-00539-01 (3382-2022),
Consejero Ponente Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar.
15 Ver a folio 25 certificación expedida por la Coordinadora de Gestión Humana del Archivo General de la
Nación Colombiana.
16 Folio 134 CD antecedentes administrativos.
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• El 26 de diciembre de 2014, el señor Murillo Joya, a través de vocero
judicial, solicitó a la demandada el reconocimiento y pago de los
emolumentos que emanan del trabajo suplementario, así como el reajuste
de las prestaciones sociales y de los aportes al sistema de seguridad
social, entre otras peticiones.17
• Mediante Oficio No. OFI17-00000981 de 20 de enero de 2015,18 la UNP
negó la anterior petición.
• El Subdirector de Talento Humano de la Unidad Nacional de Protección,
mediante certificación de fecha 10 de enero de 2019, dio constancia de los
viáticos y gastos de viajes cancelados al demandante, desde el año 2016
al 2018.19
Pues bien, de acuerdo con las consideraciones plasmadas en el acápite que
antecede, la Sala responde que la jornada laboral de los servidores de la Unidad
Nacional de Protección – UNP- que ejecutan las funciones asignadas en otro
tiempo al extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, es la
contemplada en el artículo 12 del Decreto 1932 de 1989, dada la remisión
contenida en el artículo 24 del Decreto Ley 4065 de 2011.
Con base en esa reglamentación, el director general de la entidad demandada
fijó, a través de las Resoluciones 0134 de 13 de abril de 2012, 092 de 5 de febrero
de 2014 y 0362 de 1.° de junio de 2016 -entre otras-,20 la jornada y el horario
laboral de sus servidores, conservando las prescripciones que, en torno a los
límites de tiempos de trabajo y de pago de horas extras se encuentran
depositadas en el Decreto 1932 de 1989. En consecuencia, le asiste razón al
recurrente cuando alegó que el cargo desempeñado por el demandante no le
permite acceder a las horas extras previstas en el Decreto 1042 de 1978, pues
el exceso en el tiempo de trabajo solo le otorga el derecho a los respectivos días
de descanso compensado que, por cierto, ya fueron disfrutados por él.
Así entonces, deviene improcedente resolver el segundo interrogante planteado,
relacionado con el cumplimiento, por parte del actor, de los requisitos de acceso
a los derechos que emanan del trabajo suplementario, contenidos en el Decreto
1042 de 1978. Por tanto, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, se negarán las súplicas de la demanda.
2.6 Condena en costas.
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
17 Folios 39 a 44 del expediente.
18 Folios 33 a 38 del expediente.
19 Folios 127 a 128.
20 Folio 133 CD.
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Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.
En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la parte demandante, no se advierte esa situación.
Por el contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de
sus intereses, por lo que, se repite, no será condenada en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 8 de julio de 2021, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
presentada por el señor Pedro Elías Murillo Joya en contra de la Unidad Nacional
de Protección. En consecuencia:
SEGUNDO. NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva.
TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
esta providencia.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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