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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01422-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01422-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, NEGAR las pretensiones invocadas por el señor Luis Hermes Ninco Aguirre, por los motivos expuestos. Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01422-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01422-01 (5284-2023)
Demandante: Luis Hermes Ninco Aguirre
Demandado: Nación – Unidad Nacional de Protección.

Tema: Trabajo suplementario. Escolta. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia
proferida el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección segunda, Subsección A, que accedió
parcialmente a las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Luis Hermes Ninco Aguirre, instauró demanda en contra de la Nación –
Unidad Nacional de Protección, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015, a través
del cual la Unidad Nacional de Protección negó la solicitud del 26 de diciembre de
2014 con código de registro EXT14-00067521.

Que a título de restablecimiento del derecho se ordene reconocer y pagar los recargos
nocturnos, dominicales, festivos, horas extra y compensatorios, por el tiempo laborado
en el DAS y en la UNP. Se reconozca el pago de aportes a seguridad social de forma
retroactiva, y finalmente, se incorpore al demandante al cargo de Oficial de Protección,

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01422-01 (5284-2023)

Grado 15, Código 3137 del nivel técnico 1 «por haber sido incorporado a uno que no
corresponde al haberse tomado en cuenta solamente la asignación básica, sin incluir
la prima de riesgo (…) del artículo 7 del decreto 4057 de 2011»2; que dicha suma sea
indexada.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que, estuvo vinculado en carrera administrativa en el Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS-, desempeñando el cargo de agente escolta, grado 05, código 205
en el cual ejerció una actividad de alto riesgo y por el que recibió su salario y
prestaciones de acuerdo con el Decreto 1932 de 1989.

Que, cuando el DAS fue liquidado, fue incorporado a la Unidad Nacional de Protección
– UNP- (el 01 de enero de 2012), pero que sus condiciones laborales fueron
desmejoradas porque se dio aplicación al régimen ordinario de carrera administrativa,
omitiendo garantizarle los derechos adquiridos dentro del régimen específico al que
pertenecía en el DAS.

Que, fue vinculado en el cargo de Oficial de Protección, Grado 15, Código 3137 del
nivel técnico, empleo en el que percibió únicamente, la asignación básica, sin incluir
la prima de riesgo que recibía en el DAS. Que se le desconoció el pago de las horas
extras, compensatorios, dominicales, festivos y recargos diurnos y nocturnos, aun
cuando, en esa extinta entidad, laboró entre 18 y 20 horas diarias.

Que, mediante Oficio OFI15-00000981 del 20 de enero de 2015, la Unidad Nacional
de Protección negó la solicitud del 26 de diciembre de 2014 con código de registro
EXT14-00067521.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como violados los artículos 1, 2, 4, 9, 13, 25, 29 y 53 de la Convención
Americana de Derechos Humanos, la Convención de Viena, las Leyes 16 de 1972,
artículo 4, Ley 319 de 1996, Ley 860 de 2003, artículo 4, numeral 2 de la Ley 909 de
2004 el Decreto 4057 de 2011.

En el concepto de la violación manifestó que el acto administrativo acusado infringió
las normas en que debía fundarse, pues disminuyó los derechos que el demandante
tenía en el DAS – régimen especial-, no reconoció las horas extras, compensatorios,
dominicales, festivos y recargos diurnos y nocturnos, aun cuando laboró entre 18 y 20
horas diarias; que ello va en contravía del principio de progresividad y su correlativa
prohibición de regresividad porque, además, al vinculársele en la UNP se tuvo en

1 Así lo indicó en la demanda. Folio 5 del expediente físico.
2 Folio 5 del cuaderno físico.

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cuenta, únicamente, su asignación básica, sin incluir la prima de riesgo que recibía en
el DAS.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 20 de septiembre de 2018 y se notificó a la Unidad
Nacional de Protección, que contestó en su oportunidad 3. Indicó que, no era
procedente trasladar el régimen prestacional y salarial, del DAS, a la UNP, porque el
artículo 7 del Decreto 4057 de 2011, dispone que el régimen salarial, prestacional, de
carrera y de administración de personal, es el que rija en la entidad receptora, y que
esa disposición normativa había sido declarada exequible por la Corte Constitucional
en sentencia C – 98 de 2013.

Que, a la planta de personal de la UNP se les aplica la normatividad vigente específica
descrita en los Decretos 4057, 4065 y 4064 de 2011; y en las Resoluciones de la UNP
0134 de 2012, 0092 de 2014, 0351 de 2014 y 0362 de 2016, relativas a la jornada
máxima laboral ordinaria dentro de la entidad. Que el personal tiene una jornada
ordinaria especial y que, de acuerdo con ello, no es dable el reconocimiento de horas
extras, trabajo dominical y festivo, sino que solamente procede la compensación en
tiempo de descanso.

Se impartió el trámite para dictar sentencia anticipada y se corrió traslado para que las
partes presentaran sus alegatos de conclusión 4. Las partes reiteraron sus argumentos
y el Ministerio Público no se pronunció5.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El 24 de febrero de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia
en la que accedió parcialmente a las pretensiones, declarando la nulidad parcial del
acto demandado.

Expuso que el demandante se vinculó al DAS el 22 de octubre de 1997 y fue
incorporado a la UNP, sin solución de continuidad, el 1 de enero de 2012 en calidad
de Agente de Protección Código 4071 Grado 16.

Que la actividad desarrollada por los empleados que cumplían funciones de
conductores en la UNP no tenía una jornada ordinaria sino especial, la cual debía estar
sujeta a los límites fijados por el Decreto 1042 de 1978.

Que, no era posible acceder a la pretensión de pertenecer a un grado idéntico al que

3 Folios 90 a 109 del expediente físico.
4 Folio 128 del expediente físico.
5https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1700123330002020000750111001

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tenía en el DAS -incluyendo la prima de riesgo-. Que, si el demandante estaba
inconforme con la incorporación realizada en la UNP en el cargo de Agente de
Protección Código 4071 Grado 16, debió demandar el Decreto 4067 de 2011, por el
cual se establecieron las equivalencias de empleos del DAS a la UNP.

Que, no era posible acceder a la pretensión de realizar la cotización de aportes a
seguridad social en pensiones incluyendo ese rubro porque el personal incorporado,
debido al proceso de supresión del DAS, se regía por el régimen salarial y prestacional
de la UNP.

Que, estaba habilitado para laborar 72 horas semanales, 312 al mes, lo que superaba
la jornada ordinaria legal de 44 horas semanales y 190 al mes, por lo que tenía derecho
al reconocimiento y pago de las horas extras laboradas, como también a los recargos
nocturnos, pero no a los compensatorios porque estos ya habían sido reconocidos. Se
indicó, además, que le debían pagar un recargo equivalente al doble del valor de un
día de trabajo por cada domingo o festivo laborado.

Finalmente, explicó que había operado la prescripción a partir del 26 de junio de 2015
porque su petición fue radicada el 26 de junio de 2018.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandada interpuso recurso de apelación expresando se había aplicado
una norma que no era procedente, en lugar de acudir al Decreto 1932 de 1989. Como
sustento de lo anotado, trajo a colación el precedente del Consejo de Estado 6, -
Sentencia del 31 de marzo de 2022, radicado: 25000234200020180141001 (3060-
2021)- donde se resolvió un caso similar. La Sección Segunda de esta Corporación
destacó que a los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad que
fueron incorporados a la Unidad Nacional de Protección se les debe conservar los
beneficios salariales y

prestacionales que venían percibiendo, es decir, los relacionados en el artículo 13 del
Decreto 1932 de 1989 y que, como las horas extras no son reconocidas para los
empleados que realizan funciones que implican el desarrollo de actividades
discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad,
pues así lo establece el artículo 12, por ende, no es dable reconocer este emolumento.

Citó también las sentencias proferidas el 4 de febrero de 2021, radicado:
05001233300020150156101 (4122-2017) 7 y el 17 de junio de 2021, radicado:
050012333000201501555 01 (0640-2020), que fueron definidas en el mismo sentido 8.

Que con relación a los funcionarios de la UNP que realizan actividades permanentes

6 SAMAI, Gestión en otras Corporaciones, índice 020.
7 SAMAI, Consejo de Estado, Exp. 05001233300020150156101 (4122-2017), Índice 33.
8 SAMAI, Consejo de Estado, Exp. 050012333000201501555 01 (0640-2020), Índice 17.

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y de protección, no es viable el reconocimiento y pago de horas extras, recargos
nocturnos, dominicales, festivos ni compensatorios, sino únicamente la compensación
en tiempo de descanso, de conformidad con el artículo 12 del decreto citado. Que,
además, la norma se había incorporado en la Resolución 134 del 13 de abril de 2012.

Que, la Unidad Nacional de Protección expidió las Resoluciones 92 del 5 de febrero
de 2014, 351 del 26 de junio de 2014 y 362 del 1 de junio de 2016, ratificando que
para dicho personal no procedía el reconocimiento solicitado en la demanda.

La parte demandante sustentó su recurso expresando que se vulneran los principios
de progresividad y prohibición de la regresividad, porque desconoce que al ser
incorporado en la UNP comenzó a recibir un menor salario, yendo en contravía de la
Convención de Viena, el sistema normativo internacional y el precedente de la Corte
Constitucional.

Que, la UNP lo incorporó a un cargo que no correspondía, y tuvo en cuenta solamente
en su remuneración la asignación básica, sin incluir la prima de riesgo que como
derecho adquirido recibía en el DAS, y que estaba integrado como tal mediante el
artículo 7° del Decreto 4057 de 2011.

Que, debía aplicarse la regla más favorable al trabajador y, finalmente, que la
sentencia desconoce que está disponible en la UNP durante 24 horas, laborando
extensas jornadas, por tanto, al darse aplicación al artículo 93 de la Constitución
Política -Bloque de Constitucionalidad-, sí debía ordenarse el reconocimiento de los
emolumentos solicitados en la demanda.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 7 de octubre de 2024 se admitieron los recursos de apelación. Las partes y el
ministerio público guardaron silencio.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

La Sala debe determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de
recargos nocturnos, dominicales, festivos, horas extra y compensatorios -Decreto
1042 de 1978- o si, en cambio, deben aplicarse las disposiciones normativas
contenidas en el Decreto 1932 de 1989.

También corresponde estudiar si tiene derecho a que se le incorpore al cargo de Oficial
de Protección, Grado 15, Código del nivel técnico.

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Sobre la jornada laboral de los empleados públicos y el trabajo suplementario.

El artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, establece que la jornada de trabajo de
los servidores públicos está determinada por 44 horas semanales y, atendiendo dicho
parámetro, el jefe de la entidad debe fijar los horarios de trabajo.

Excepcionalmente, la ley permitió que, para el caso de los trabajadores que ejecutan
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, se fijara una jornada
especial de 12 horas diarias, sin que esta pudiera superar 66 horas semanales.

Atendiendo dicho parámetro, los artículos 34 a 40 del mencionado decreto, regulan lo
relativo a los derechos que resultan del trabajo suplementario, tales como horas extras
diurnas y nocturnas, recargos nocturnos, dominicales y festivos y los días de descanso
compensado.9

De la Unidad Nacional de Protección y su jornada laboral.

Mediante el Decreto Ley 4057 de 2011, se suprimió el Departamento Administrativo
de Seguridad –DAS-, reasignando sus funciones en diferentes entes del orden
nacional.

En relación con la supresión de empleos y su posterior incorporación, el artículo 7 del
mencionado decreto, estipuló:

«(…) El régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal
de los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo
receptor, con excepción del personal que se incorpore al Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional cuyo régimen salarial y prestacional lo fijará el
Presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales.

(…) Los servidores que sean incorporados en un empleo al cual corresponde una
asignación básica inferior al valor de la asignación básica y la prima de riesgo que
vienen percibiendo, la diferencia se reconocerá con una bonificación mensual
individual por compensación que se entiende integrada a la asignación básica y
por lo tanto constituye factor salarial para todos los efectos legales.

Los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que
ostenten derechos de carrera administrativa que sean incorporados en las
entidades que asuman las funciones de que trata el presente decreto, conservarán
sus derechos y se actualizará su inscripción en el correspondiente registro por
parte de la autoridad competente. A partir de la incorporación su régimen de
carrera será el que rige en la entidad receptora».

9 Los artículos 34 a 40 regulan la jornada ordinaria nocturna, jornada mixta, horas extras diurnas y nocturnas,

trabajo ordinario en días dominicales y festivos y trabajo ocasional en días dominicales y festivos.

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De esta forma, la función administrativa de seguridad y protección se entregó a la
Unidad Nacional de Protección, 10 cuyo objeto fue determinado en el artículo 3. ° del
Decreto 4065 de 2011, como el de «(…) articular, coordinar y ejecutar la prestación
del servicio de protección a quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de
sus actividades, condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales (…) se
encuentren en situación de riesgo extraordinario o extremo de sufrir daños contra su
vida, integridad, libertad y seguridad personal o en razón al ejercicio de un cargo
público u otras actividades (…)»

Además, el artículo 24 del mismo estatuto, estableció que debían integrarse a la
actividad de la UNP las reglas relacionadas con el DAS, dentro de las que, por su
importancia para el caso, se destaca el Decreto 1932 de 1989, «por el cual se
establece el sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos del Departamento
Administrativo de Seguridad, se fija la escala de remuneración y se dictan otras
disposiciones», que en el artículo 12 estipuló la jornada de laboral, así:

«(…) Artículo 12. Jornada de trabajo. La asignación básica mensual fijada en la
escala de remuneración señalada en este Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad, podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce (12) horas diarias sin que en la
semana excedan un límite de sesenta y seis (66) horas.

Sin embargo, por especiales razones del servicio, el Jefe del Departamento podrá
disponer jornadas hasta de dieciocho (18) horas diarias, sin que en la semana se
exceda el límite de setenta y dos (72) horas.

Dentro de los límites máximos fijados en este artículo el Jefe del Departamento
podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con
tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo constituya
trabajo suplementario o de horas extras.

Parágrafo. Por la naturaleza del servicio que prestan los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad, en horas diurnas o nocturnas
adicionales a la jornada ordinaria de trabajo prevista en este artículo o en días
dominicales y festivos, no tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas
extras. Únicamente procederá la compensación en tiempo de descanso del
servicio prestado, en la forma prevista por el artículo 68 del Decreto 512 de 1989»
(Subrayas de la Sala)

El Consejo de Estado, el 22 de junio de 202311, al definir la demanda de nulidad
presentada en contra del parágrafo 1.° del artículo 4.° de la Resolución 362 de 2017 -
por la cual se estableció la jornada y los horarios de trabajo de la UNP-, expuso:

10 La UNP fue creada por el Decreto 4057 de 2011, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera

y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del Interior y con carácter de organismo nacional de seguridad.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Exp. 11001-03-25-000-2017-00146-00 (0853-2017),

Consejero Ponente Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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«(…) 6.2.3. Análisis del desconocimiento de la norma superior en el caso
concreto.

En el asunto en estudio, el demandante pretende la nulidad del parágrafo 1 del
artículo 4 de la Resolución 362 del 1° de junio de 2016, proferida por el director
general de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y de las comunicaciones
internas MEM16-00017482 del 28 de septiembre de 2016 y MEN16-00018296 del
11 de octubre de 2016, expedidas por el subdirector de protección de la Unidad
Nacional de Protección, al considerar que el hecho de establecer una jornada
máxima de 72 horas a la semana, desconoce el artículo 33 de Decreto 1042 de
1978, según el cual, la jornada laboral de los servidores públicos es de 44 horas
semanales y máximo de 66 horas a la semana para quienes desarrollen
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia.

Frente al anterior planteamiento, encuentra la sala que el Decreto Ley 1042 de
1978 definió que sus disposiciones regirán para los empleados públicos que
desempeñarán las distintas categorías de empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional. Asimismo, en su artículo
104, estableció las personas que estaban exceptuadas de esa reglamentación,
dentro de las cuales no se encontraban los servidores vinculados al DAS.

Sin embargo, con posterioridad a la expedición de la norma referida en el párrafo
anterior, mediante la Ley 43 de 1988, el legislador revistió al presidente de la
República de «facultades extraordinarias para modificar la estructura y funciones
del Departamento Administrativo de Seguridad y para expedir disposiciones
relativas a la Carrera del Funcionario del DAS, a su régimen salarial, prestacional
y disciplinario y a la organización de sus Academias», por lo que, en cumplimiento
del mencionado mandato se expidió el Decreto 1932 de 1989, el cual estableció
un régimen especial en cuanto a la jornada laboral -se hace referencia al aspecto
pertinente para el asunto en estudio, esto es, lo relativo al horario laboral de los
empleados públicos vinculados al DAS, cuyas funciones implicaran el desarrollo
de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de
investigación y seguridad, a quienes les asignó una jornada laboral máxima de 72
horas cuando se presenten «especiales razones del servicio».

Así las cosas, para fecha de creación de la Unidad Nacional de Protección,
para los empleados del DAS, en materia de jornada de trabajo se encontraba
vigente el artículo 12 del Decreto 1932 de 1989, por lo que es esta disposición
la que se integró al régimen laboral de los servidores vinculados a la UNP y
que cumplen las funciones que se encontraban a cargo del DAS y que le
fueron trasladadas a esa unidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto Ley 4057 de 2011. Lo anterior, en consonancia con la referencia
normativa prevista en el Decreto 4065 de 2011.

De acuerdo con lo expuesto, la sala concluye que los actos demandados, al
señalar que la jornada laboral de los empleados de la UNP y con funciones
«operacionales» puede ser hasta de 72 horas semanales, no desconoce el
artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978; sino que, por el contrario, las
disposiciones se encuentran acordes con el Decreto 1932 de 1989, norma
especial aplicable, según lo expuesto» (negrillas de la Sala)

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Del análisis de constitucionalidad del régimen de carrera de los empleados del
extinto DAS, adoptado por la UNP.

En lo que tiene que ver con el régimen de carrera adoptado según la entidad receptora
y los derechos del personal vinculado al DAS en carrera administrativa – artículo 7 del
Decreto Ley 4057 de 2011-, el 27 de febrero de 2013, la Corte Constitucional, al
realizar el juicio de constitucionalidad, estipuló:

«(…) 3.7.4. Régimen de carrera

3.7.4.4.Como se observa, no existe afectación del debido proceso ni mucho menos
de los principios laborales, alegados por los actores, ya que como lo indica la
norma, los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) que ostenten derechos de carrera administrativa que sean incorporados en
las entidades que asuman las funciones de que trata el presente decreto,
conservarán sus derechos y se actualizará su inscripción en el correspondiente
registro por parte de la autoridad competente.

3.7.4.5. No obstante, debe aclararse que la protección que brinda el artículo
acusado recae sobre aquellos derechos ya adquiridos por los trabajadores
desvinculados del DAS y no sobre las meras expectativas como la de continuar
vinculados al régimen de carrera de una entidad ya extinta. Así, en cada caso
concreto se atenderá la situación particular del empleado para asegurar los
derechos de los que efectivamente sea titular.

3.7.4.6. De otro lado, cuando la norma dice que a partir de la incorporación su
régimen de carrera será el que rige en la entidad receptora, no puede entenderse
que se están desconociendo los derechos adquiridos de los trabajadores
reubicados y los principios constitucionales en materia laboral.

3.7.4.7. Al respecto, como se indicó en precedencia, el sistema de carrera
administrativa tiene como finalidad esencial garantizar la estabilidad de los
empleados en los cargos públicos del Estado y el acceso de los ciudadanos a la
Administración Pública (…)

3.7.4.8. De lo anterior, queda claro que la protección de la que gozan los servidores
públicos en carrera administrativa se circunscribe a la estabilidad y permanencia
en el cargo, lo cual hace que no puedan ser removidos del mismo, salvo que
infrinjan las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias.

(…) la estabilidad laboral de los empleados de carrera no sería absoluta, en la
medida que la administración pública está facultada para adecuar su
funcionamiento a las necesidades del servicio; por lo tanto puede crear, modificar,
reorganizar y suprimir los cargos de su planta de personal.

(…) la protección de los servidores inscritos en carrera administrativa de una
entidad suprimida, en virtud de la estabilidad laboral, no puede ir más allá de la
incorporación, reincorporación o la indemnización, toda vez que el Estado no
puede garantizar la vigencia de un régimen de una entidad, que en virtud de la
supresión, no existe. No obstante ello, la legislación vigente con el fin de garantizar
la estabilidad laboral de los trabajadores de carrera administrativa establece reglas
de incorporación que procuran que el servidor escalafonado a quien le fue
suprimido el cargo siga desempeñándose como tal en otra entidad. Es decir, que,
aunque pierde las condiciones especiales del régimen extinto, ingresa a la nueva
entidad bajo el amparo de las reglas de carrera para ella vigentes.

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(…) 3.7.4.13. En efecto, el legislador no está obligado a trasladar los beneficios
contemplados en un régimen que ha perdido vigencia, en virtud de la supresión de
la entidad a la que se aplicaba, a aquellos trabajadores que con el fin de garantizar
su derecho a la estabilidad laboral fueron reubicados en otro organismo. Lo
anterior por cuanto, se reitera, (i) la estabilidad laboral de los empleados de carrera
no es absoluta y no se antepone a la reestructuración de la administración, y (ii) la
supresión de una entidad no solo implica que el organismo desaparezca de la
estructura de la administración pública, sino también la cesación o el traslado de
sus funciones, de su personal y de su régimen especial de carrera, en caso de
existir.

(…) 3.7.4.15. En ese entendido, el proceso de supresión del D.A.S. se ajustó a los
preceptos constitucionales y legales, y procuró la protección de los derechos
adquiridos, la estabilidad laboral y el debido proceso de los servidores en carrera
cuyos cargos fueron suprimidos, a través de la incorporación a entidades afines
en cargos escalafonados y de la indemnización de perjuicios, según el caso.
Adicionalmente, se repite, no existe obligación para el legislador de mantener en
el tiempo los beneficios de un régimen cuya vigencia se agotó con la supresión del
organismo para el cual fue establecido. De manera que, como lo accesorio sigue
la suerte de lo principal, una vez extinguida la entidad para el cual fue creado el
régimen de carrera, éste desaparece del ordenamiento jurídico, salvo disposición
especial del legislador en contrario.» (Subrayas de la Sala)

Resolución al caso concreto

La Sala se pronunciará, como primer punto, sobre la solicitud de incorporación del
demandante al cargo de Oficial de Protección, Grado 15, Código 3137 del nivel
técnico.

El proceso de incorporación del actor, a la planta de personal de la UNP se dio en
virtud del Decreto Ley 4057 de 2011 y la Resolución de incorporación 44 del 27 de
diciembre de 2011; razón por la que se evidencia que lo pretendido en la petición del
26 de diciembre de 2014, que dio lugar a la decisión objeto de estudio, fue revivir
términos sobre una vinculación ya ejecutoriada.

En este orden de ideas, le asiste razón al Tribunal al advertir que, si la intención del
demandante era debatir los efectos que sobre el régimen salarial y prestacional
produjo su incorporación a la UNP, lo debió cuestionar oportunamente 12.

Ahora, como segundo punto, la Sala considera que la jornada laboral de la que gozan
los servidores de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, que estuvieron vinculados
al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-, es la contenida en el artículo 12
del Decreto 1932 de 1989, en atención a la remisión normativa del artículo 24 del
Decreto Ley 4065 de 2011.

En consecuencia, le asiste razón al recurrente -entidad demandada- al indicar que el

12
En similares términos decidió la Subsección A en sentencia de 30 de enero de 2025,2500023420002018 01394
01 (2819-2024).

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01422-01 (5284-2023)

cargo desempeñado por el demandante no le permitía acceder a los emolumentos
solicitados, pues el exceso en el tiempo de trabajo solo le otorga a dicho personal, el
derecho a los días de descanso compensado que, además, tal como lo indicó el
Tribunal, ya fueron disfrutados por él.

Así entonces, se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán
las pretensiones de la demanda.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio introducido
por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 13 en el que se indica que
dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró
con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A considera que en el
presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando los argumentos
esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones, no se presenta tal
supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el 24 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En su lugar, NEGAR las pretensiones invocadas por
el señor Luis Hermes Ninco Aguirre, por los motivos expuestos.

Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

LOS MAGISTRADOS,

13 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia

dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia
de fundamento legal.

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JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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