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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01394-01

Fecha
30 de enero de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01394-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR el ordinal “PRIMERO” de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva. SEGUNDO. REVOCAR en todo lo demás esa providencia. En consecuencia: www.consejodeestado.gov.co 18 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25 000 23 42 000 2018 01394 01 (2819-2024) Demandante: José Rosario Torres Bone TERCERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva. CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en esta providencia. QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01394-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de enero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25 000 23 42 000 2018 01394 01 (2819-2024)
Demandante: José Rosario Torres Bone
Demandado: Unidad Nacional de Protección - UNP
Tema: Trabajo suplementario - Escolta

Decisión: Revoca parcialmente sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por las partes contra la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2021, proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas a la entidad demandada.

I. ANTECEDENTES

1.1 Pretensiones de la demanda.

A través del medio de control de la referencia, se exigió lo siguiente:

• Anular el oficio OFI15-00000981 de 20 de enero de 2015,1 mediante el cual se
negó el reconocimiento y pago de las horas extras, de los recargos por los
trabajos desarrollados en tiempos nocturnos, dominicales y festivos, así como
el reajuste de las prestaciones sociales percibidas y de los aportes al sistema
de seguridad social.

• Condenar a la accionada reconocer y pagar al reclamante todos los
emolumentos arriba descritos, desde el 1.° de enero de 2012 y hasta que se
empiecen a cancelar en forma permanente.

• Que se reconozca que el demandante pertenece en un cargo idéntico al que
desempeñaba en el DAS, y que en la entidad demandada corresponde al de
Oficial de Protección, grado 15, código 3137 del nivel técnico.

1 Expediente digital. Índice 2 SAMAI

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2018 01394 01 (2819-2024)
Demandante: José Rosario Torres Bone

• Dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en el artículo 187
de la Ley 1437 de 2011.

1.2 Hechos que fundamentan la demanda.

Como hechos relevantes se destacan los siguientes:

El demandante estuvo vinculado al Departamento Administrativo de Seguridad –
DAS en el cargo de agente escolta, grado 05, código 205. Durante su
permanencia en dicha entidad, recibió los siguientes emolumentos salariales de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1932 de 1989: prima especial de
riesgo, incrementos por antigüedad, bonificación por servicios prestados, prima
de servicios, auxilios de alimentación y de transporte, viáticos y gastos de
representación.

Con ocasión al proceso de supresión de aquella entidad, el accionante fue
incorporado a la Unidad Nacional de Protección -en adelante UNP- desde el 1.°
de enero de 2012, en calidad de agente escolta, asumiendo todas las
obligaciones que en relación con el demandante tenía el desaparecido DAS.

La entidad demandada omitió incorporar al actor en el empleo de oficial de
protección, grado 15, código 3137, nivel técnico. La UNP nunca le ha reconocido
al actor los derechos que emanan del trabajo suplementario -horas extras diurnas
y nocturnas, recargos nocturnos, dominicales, festivos y los descansos
compensados-.

El 26 de diciembre de 2014, el señor José Rosario Torres Bone presentó
reclamación administrativa ante la demandada solicitando los emolumentos
salariales antes referenciados. Mediante OFI15-00000981 de 20 de enero de
2015, la UNP negó la anterior petición, que por cierto no fue notificada
personalmente ni por aviso.

1.3 Fundamentos de derecho.

Se señalaron como vulneradas las siguientes disposiciones:

• El preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 9, 13, 25, 29 y 53 de la Constitución
Política.
• Artículo 4 de la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
• Artículos 4, 6 y 7 de la Ley 319 de 1996, aprobatoria del protocolo adicional
de la anterior convención, suscrita en San Salvador.
• Artículo 27 de la Convención de Viena.
• Artículo 2 de la Ley 860 de 2003.
• Artículos 6 y 7 del Decreto 4057 de 2011.
• Artículo 4 de la Ley 909 de 2004.

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25 000 23 42 000 2018 01394 01 (2819-2024)
Demandante: José Rosario Torres Bone

Al desarrollar el concepto de violación, la jurista adujo:

• El acto administrativo es nulo por infracción de las normas en que debió
fundarse, tanto nacionales como internacionales, pues si bien es cierto el
DAS fue liquidado y, en consecuencia, el demandante fue reubicado en la
UNP, también lo es que dicha situación no justificaba el desconocimiento
de sus derechos laborales adquiridos y de las condiciones más
beneficiosas en que se hallaba bajo el régimen de esa entidad.

• La UNP desmejoró laboralmente al actor al momento de su incorporación,
por cuanto a este lo cobijaba un régimen especial contemplado en el
Decreto 1932 de 1989, el cual fue desconocido por la accionada.

• Esa incorporación produjo un cambio de régimen de carrera, lo que
desencadenó un efecto nocivo con la imposición de medidas regresivas
para sus derechos laborales, toda vez que, pese a su condición de
conductor, lo incorporó a un cargo que no le correspondía y solo tomó en
cuenta su asignación básica, sin que se incluyera la prima de riesgo que
como derecho adquirido recibía en el DAS, por disposición del artículo 7
del Decreto 4057 de 2011.

• La UNP desconoció que el reclamante debía estar disponible las 24 horas
del día y laboraba aproximadamente entre 18 a 20 horas diarias, pero no
le reconoció y pagó valor alguno por horas extras, recargos diurnos y
nocturnos, así como los compensatorios derivados del trabajo en
dominicales y festivos.

• Era procedente, además, que el trabajo suplementario fuera objeto de
aportes al régimen de prima media en pensiones, en consideración a que
la actividad ejercida era de alto riesgo e idéntica a la que realizaba en el
DAS, máximo porque en virtud del artículo 6 del Decreto 4057 de 2011 y
los principios de progresividad, prohibición de la regresividad y condición
más beneficiosa, conservaba los derechos adquiridos en la entidad
suprimida.

• Luego de referenciar algunos apartes de la Convención Americana de
Derechos Humanos, adveró que la demandada desconoció los principios
de progresividad y no regresividad establecidos en dicho instrumento
internacional, por cuanto desmejoró el régimen laboral de los empleados
del otrora DAS y que fueron incorporados a la UNP.

1.4 Contestación de la demanda.

Dentro de la oportunidad de ley, el ente accionado contestó la demanda,2
oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Como

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Demandante: José Rosario Torres Bone

argumentos esgrimió los siguientes:

• La jornada laboral de los agentes de protección de la UNP es de 12 horas
diarias sin que en la semana exceda el límite de 66 horas. Debido a la
naturaleza del servicio que prestan en horas diurnas o nocturnas
adicionales a la jornada ordinaria de trabajo o en dominicales y festivos,
no tienen derecho al reconocimiento y pago de horas extras, sino
únicamente a tiempos de descansos remunerados.

• El trabajo suplementario que pudiere haber prestado el señor Torres Bone
fue compensado con tiempos de descansos, sin que en ningún momento
se genere pago de este en dinero, por tanto, no puede ser tenido en cuenta
como factor salarial para liquidar prestaciones sociales y aportes al
sistema de seguridad social. No obstante, en el proceso no reposa ninguna
certificación que acredite que el actor prestó sus servicios por fuera de la
jornada ordinaria laboral.

• La UNP no tiene competencia para reconocer acreencias laborales del
extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS.

• Formuló las excepciones de «inexistencia del derecho y la obligación»,
«falta de causa para pedir» y «legalidad del acto administrativo acusado».

1.5 Sentencia de primera instancia.

Mediante sentencia de 11 de noviembre de 2021,3 la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte
demandada.

Con tales fines, luego de referenciar: i) la reglamentación interna de la jornada
laboral y el horario de trabajo en la Unidad Nacional de Protección; ii) los
derechos que emanan del trabajo suplementario a la luz de lo previsto en el
Decreto 1042 de 1978; iii) el régimen pensional que gobierna las cotizaciones del
personal proveniente del extinto DAS y; iv) las pruebas recaudadas en la
actuación, concluyó:

• Que había ineptitud sustantiva de la demanda respecto de la pretensión
consistente en la incorporación del actor al cargo de oficial de protección,
código 3137, grado 15, pues el acto administrativo que definió esa situación
jurídica corresponde a uno diferente al demandado.

• Que mediante Resolución 0362 de 1.° de junio de 2016, la UNP, fundada en
el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, fijó el horario de trabajo de sus

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servidores. Por tanto, el reconocimiento y pago de los emolumentos que se
derivan del trabajo suplementario se regulan por ese dispositivo.

• Está demostrado que el demandante satisfizo los requisitos previstos en el
Decreto 1042 de 1978, para acceder a las horas extras diurnas y nocturnas.

• También quedó probado que el demandante, a pesar de trabajar durante las
noches, no le fueron pagados en dinero los derechos causados por tal
actividad. Por estos motivos, se le deben reconocer y pagar los valores que se
hubieren causado por recargos nocturnos.

• Igualmente se acreditó que el accionante trabajó habitualmente los días
domingos y festivos -en cumplimiento de las comisiones asignadas por la
demandada-, razón suficiente para concluir que le asiste el derecho a la
remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada
dominical o festivo laborado.

• La UNP demostró que, por cada domingo y festivo trabajado, el demandante
disfrutó del respectivo día compensatorio, por lo que no tiene derecho a ningún
descanso adicional.

• Operó la prescripción de todas las diferencias salariales y prestacionales
causadas con anterioridad al 26 de diciembre de 2011, comoquiera que la
reclamación administrativa fue radicada el 26 de diciembre de 2014.

1.6 Recurso de apelación.

Oportunamente, los apoderados judiciales de las partes apelaron la sentencia de
marras. Durante sus intervenciones, plasmaron sus censuras en los siguientes
términos:

1.6.1 Unidad Nacional de Protección.4

El demandante no tiene derecho al trabajo suplementario reconocido, pues el
Decreto 1932 de 1989 que le es aplicable, contempla que la jornada laboral de
los servidores del extinto DAS que fueron incorporados a la UNP corresponde 12
horas diarias y máximo 66 horas semanales.

Sin embargo, esa norma autorizó al jefe de la entidad para que, fundado en
razones especiales del servicio, disponga el cumplimiento de 18 horas diarias,
sin superar el tope de 72 horas a la semana, sin que en uno u otro caso se genere
derecho al pago de horas extras, recargos nocturnos o pagos por trabajos
durante los dominicales y festivos.

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Por otro lado, solicitó que en caso de que se confirme la sentencia apelada, se
tenga en cuenta la prescripción trienal de los derechos laborales consagrada en
el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.

1.6.2 Parte demandante.5

El tribunal se apartó del deber que tenía de proteger y garantizar al trabajador los
principios de progresividad y no regresividad en materia laboral, los cuales fueron
violados al demandante al momento de ser incorporado al servicio de la entidad
demandada.

La sentencia apelada desconoció que, aunque el actor fue vinculado como
agente de protección, tal situación constituyó una mera formalidad, por cuanto
siguió cumpliendo las funciones que en la actualidad ejecuta un oficial de
protección de la UNP, actividad que es catalogada como de alto riesgo.

Por tanto, el argumento relacionado con que el acto administrativo que debió
demandarse fue el que ordenó la incorporación a la UNP, es errado, comoquiera
que es un «[…] acto preparatorio porque con él se prepara el acto administrativo
definitivo […]». Afirmó que «los actos preparatorios o administrativos no
contemplan recursos […], por lo tanto, no pueden ser demandados ante ninguna
instancia […]».

Arguyó que su cliente pertenecía al régimen específico de carrera administrativa
consagrado en el numeral 2.° de la Ley 909 de 2004, el cual le fue modificado en
su contra desde el momento en que fue incorporado a la UNP, en cumplimiento
de las reglas depositadas en el Decreto 4057 de 2011. Tal situación patrocinó el
retroceso en sus derechos laborales, en clara oposición de lo establecido en los
artículos 25, 53 y 58 de la Carta Política.

Esa actuación desencadenó un efecto nocivo sobre sus prerrogativas de trabajo,
pues el error cometido en el acto de incorporación lo despojó de la prima de riesgo
que devengaba en el extinto DAS. En consecuencia, el tribunal debió analizar sí
ese alistamiento facultaba a la UNP para cercenar los derechos de carrera
administrativa y salariales que venía disfrutando.

Finalmente, censuró la negativa de reajuste de aportes al sistema pensional
conforme a los porcentajes definidos en la ley para la actividad de alto riesgo que
ejecuta y que no dejó de serlo por su vinculación a la entidad accionada.

1.7 Trámite correspondiente a la segunda instancia.

1.7.1 La admisión del recurso: Mediante auto de fecha 5 de agosto de 2024,6
se admitió el recurso de apelación.

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Dentro de los plazos previstos en los numerales 4.° y 6.° del artículo 247 de la
Ley 1437 de 2011, no se registraron intervenciones de las partes ni del Agente
del Ministerio Público Delegado ante esta Corporación.

1.8 El control de legalidad.7 Luego de las revisiones de rigor, la Sala no advierte
ninguna causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,8 esta Sala de Subsección del
Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
presentado.

2.2 Marco de análisis de la segunda instancia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso,9 la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los
argumentos expuestos por el recurrente. No obstante, en caso de que ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En virtud de lo anterior, la Subsección resolverá sin limitaciones dado que ambas
partes impugnaron toda la providencia de primera instancia.

2.3 Problema jurídico.

De acuerdo con los argumentos planteados en la alzada, le corresponde a la Sala
determinar sí:

i) ¿Se configuró la excepción de inepta demanda frente a la pretensión de
incorporación del demandante en el cargo de Oficial de Protección, código 3137,
grado 15?

ii) ¿Cuál es la norma que regula la jornada de trabajo del demandante, la prevista
en el Decreto 1042 de 1978 o la contenida en el Decreto 1932 de 1989?

iii) ¿El demandante satisfizo los requisitos establecidos en el Decreto 1042 de

7 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá

el control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de
hechos nuevos, no se podrán alegar en las etapas siguientes».
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]».

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1978 para acceder a las horas extras reconocidas en la sentencia apelada?

iv) ¿Sobre los emolumentos reconocidos por concepto de trabajo suplementario,
se deben efectuar aportes al sistema pensional de acuerdo con los porcentajes
definidos para las actividades catalogadas como de alto riesgo?

En el camino de resolución de estos interrogantes, la Sala analizará i) la jornada
laboral de los empleados públicos y los derechos que surgen del trabajo
suplementario y; ii) la jornada de trabajo en la Unidad Nacional de Protección.

2.4 Normas y jurisprudencia aplicable al asunto.

2.4.1 La jornada laboral de los empleados públicos y los derechos que
surgen del trabajo suplementario.

El artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978, estableció lo siguiente:

«ARTICULO 33. DE LA JORNADA DE TRABAJO. <Modificado en lo pertinente
por los Artículos 1o. a 3o. del Decreto 85 de 1986; ver Nota de Vigencia. El texto
original del artículo es el siguiente:> La asignación mensual fijada en las escalas
de remuneración a que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro horas semanales. A los empleos cuyas funciones implican el
desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana
excedan un límite de 66 horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo
podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con
tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo
compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo
cuando exceda la jornada máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto
para las horas extras».

De esa disposición se infiere que, en general, la jornada de trabajo de los
servidores públicos corresponde a 44 horas semanales, límite conforme al cual
el jefe de la entidad debe fijar los respectivos horarios de trabajo.

De manera excepcional, la ley permite que frente a los trabajadores que ejecutan
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia, se fije una jornada
de 12 horas diarias, sin superar las 66 horas semanales.

En ese sentido, la norma previó que, ante el exceso frente a esos límites surgen
los derechos concebidos en los artículos 34 y siguientes, los cuales, por su
trascendencia en esta decisión, se transcriben a continuación:

«ARTICULO 34. DE LA JORNADA ORDINARIA NOCTURNA. Se entiende por
jornada ordinaria nocturna la que de manera habitual empieza y termina entre las
6:00 p.m. y las 6:00 a. m. del día siguiente.

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Demandante: José Rosario Torres Bone

Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales para quienes trabajan por el
sistema de turnos, los empleados que ordinaria o permanentemente deban trabajar
en jornada nocturna tendrán derecho a recibir un recargo del treinta y cinco por
ciento sobre el valor de la asignación mensual.

No cumplen jornada nocturna los funcionarios que después de las 6:00 p.m.
completan su jornada diurna hasta con una hora de trabajo.

Los incrementos de salario a que se refiere los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo.

ARTICULO 35. DE LAS JORNADAS MIXTAS. Sin perjuicio de lo dispuesto en
normas especiales para los funcionarios que trabajen ordinariamente por el
sistema de turnos, cuando las labores se desarrollen ordinaria o permanentemente
en jornadas que incluyan horas diurnas y horas nocturnas, la parte del tiempo
trabajado durante estas últimas se remunerará con el recargo del treinta y cinco
por ciento, pero podrá compensarse con períodos de descanso.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el recargo de que trata este artículo.

ARTICULO 36. DE LAS HORAS EXTRAS DIURNAS. <Artículo modificado por los
Decretos anuales salariales> Cuando por razones especiales del servicio fuere
necesario realizar trabajos en horas distintas de la jornada ordinaria de labor, el
jefe del respectivo organismo o las personas en quienes éste hubiere delegado tal
atribución, autorizarán descanso compensatorio o pago de horas extras.

El pago de horas extras o el reconocimiento del descanso compensatorio se
sujetarán a los siguientes requisitos:

a) <Literal modificado tácitamente por el Artículo 12 del Decreto 660 de 2000. El
nuevo texto es el siguiente:> Para que proceda el pago de horas extras y del
trabajo ocasional en días dominicales y festivos, así como el reconocimiento,
cuando a ello hubiere lugar de descansos compensatorios de que trata el Decreto
1042 de 1978 y sus modificatorios, el empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico
hasta el grado 09 o al Nivel Asistencial hasta el grado 19.

Los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, Viceministros, Directores
y Subdirectores de Departamento Administrativo y los Secretarios Ejecutivos de
Grado 20 en adelante que desempeñen sus funciones en los Despachos de los
Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Viceministros y
Subdirectores de Departamento Administrativo, Secretarías Generales de
Ministerios y Departamento Administrativo, tendrán derecho a devengar horas
extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren en jornadas
superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

En los Despachos antes señalados sólo se podrán reconocer horas extras máximo
a dos (2) Secretarios a las que se refiere el inciso anterior.

PARÁGRAFO 1°. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación de
participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto
de rentas y la ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre
e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas extras, dominicales y
festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los niveles asistencial, técnico
y profesional. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas
extras, dominicales y festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la
remuneración mensual de cada funcionario.

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PARÁGRAFO 2°. Amplíese el límite para el pago de horas extras mensuales a los
empleados públicos que desempeñen el cargo de Conductor Mecánico en las
entidades a que se refiere el presente decreto, a ochenta (80) horas extras
mensuales.

En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse
cuando exista disponibilidad presupuestal.

b) El trabajo suplementario deberá ser autorizado previamente, mediante
comunicación escrita, en la cual se especifiquen las actividades que hayan de
desarrollarse.

c) El reconocimiento del tiempo de trabajo suplementario se hará por resolución
motivada y se liquidará con un recargo del veinticinco por ciento sobre la
remuneración básica fijada por la ley para el respectivo empleo.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.

d) <Modificado por los Decretos anuales salariales. Número máximo de horas
extras modificado por el Artículo 13 del Decreto 10 de 1989, ver inciso final. Artículo
modificado tácitamente por el Artículo 12 del Decreto 660 de 2000. El texto
pertinente del Decreto 660 de 2000 es el siguiente:> ...

En los Despachos antes señalados sólo se podrán reconocer horas extras máximo
a dos (2) Secretarios a las que se refiere el inciso anterior.

PARÁGRAFO 1o. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación de
participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto
de rentas y la ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre
e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas extras, dominicales y
festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los niveles asistencial, técnico
y profesional. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas
extras, dominicales y festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la
remuneración mensual de cada funcionario.

PARÁGRAFO 2o. Amplíese el límite para el pago de horas extras mensuales a los
empleados públicos que desempeñen el cargo de Conductor Mecánico en las
entidades a que se refiere el presente decreto, a ochenta (80) horas extras
mensuales.

En todo caso la autorización para laborar en horas extras sólo podrá otorgarse
cuando exista disponibilidad presupuestal.

<El texto modificado por el Artículo 13 del Decreto 10 de 1989 es el siguiente:> En
ningún caso podrá pagarse más de cincuenta (50) horas extras mensuales.

e) Si el tiempo laborado fuera de la jornada ordinaria superare dicha cantidad, el
excedente se reconocerá en tiempo compensatorio, a razón de un día hábil por
cada ocho horas extras de trabajo.

ARTICULO 37. DE LAS HORAS EXTRAS NOCTURNAS. Se entiende por trabajo
extra nocturno el que se ejecuta excepcionalmente entre las 6:00 p.m. y las 6:00
a.m. del día siguiente por funcionarios que de ordinario laboran en jornada diurna.

Este trabajo se remunerará con un recargo del setenta y cinco por ciento sobre la
asignación básica mensual.

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Radicado: 25 000 23 42 000 2018 01394 01 (2819-2024)
Demandante: José Rosario Torres Bone

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar las horas extras.

En todos los demás aspectos el trabajo extra nocturno se regulará por lo dispuesto
en el artículo anterior.

ARTICULO 39. DEL TRABAJO ORDINARIO EN DÍAS DOMINICALES Y
FESTIVOS. Sin perjuicio de lo que dispongan normas especiales respecto de
quienes presten servicio por el sistema de turnos, los empleados públicos que en
razón de la naturaleza de su trabajo deban laborar habitual y permanentemente
los días dominicales o festivos, tendrán derecho a una remuneración equivalente
al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado, más
el disfrute de un día de descanso compensatorio, sin perjuicio de la remuneración
ordinaria a que tenga derecho el funcionario por haber laborado el mes completo.

La contraprestación por el día de descanso compensatorio se entiende involucrada
en la asignación mensual.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ordinario en días dominicales
y festivos.

ARTICULO 40. DEL TRABAJO OCASIONAL EN DÍAS DOMINICALES Y
FESTIVOS. <Artículo modificado por los Decretos anuales salariales> Por razones
especiales de servicio podrá autorizarse el trabajo ocasional en días dominicales
o festivos.

Para efectos de la liquidación y el pago de la remuneración de los empleados
públicos que ocasionalmente laboren en días dominicales y festivos, se aplicarán
las siguientes reglas:

a) <Modificado por los Decretos anuales salariales. Artículo modificado tácitamente
por el Artículo 12 del Decreto 660 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> Para
que proceda el pago de horas extras y del trabajo ocasional en días dominicales y
festivos, así como el reconocimiento, cuando a ello hubiere lugar de descansos
compensatorios de que trata el Decreto 1042 de 1978 y sus modificatorios, el
empleado deberá pertenecer al Nivel Técnico hasta el grado 09 o al Nivel
Asistencial hasta el grado 19.

Los Secretarios Ejecutivos del despacho de los Ministros, Viceministros, Directores
y Subdirectores de Departamento Administrativo y los Secretarios Ejecutivos de
Grado 20 en adelante que desempeñen sus funciones en los Despachos de los
Ministros, Directores de Departamento Administrativo, Viceministros y
Subdirectores de Departamento Administrativo, Secretarías Generales de
Ministerios y Departamento Administrativo, tendrán derecho a devengar horas
extras, dominicales y días festivos, siempre y cuando laboren en jornadas
superiores a cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

PARÁGRAFO 1º. Los empleados públicos del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y del Departamento Nacional de Planeación que tengan la obligación de
participar en trabajos ordenados para la preparación y elaboración del presupuesto
de rentas y la ley de apropiaciones, su liquidación y demás labores anexas al cierre
e iniciación de cada vigencia fiscal, podrán devengar horas extras, dominicales y
festivos, siempre y cuando estén comprendidos en los niveles asistencial, técnico
y profesional. En ningún caso podrá pagarse mensualmente por el total de horas
extras, dominicales y festivos más del cincuenta por ciento (50%) de la
remuneración mensual de cada funcionario.

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b) El trabajo deberá ser autorizado previamente por el jefe del organismo o por la
persona en quien éste hubiere delegado tal atribución, mediante comunicación
escrita en la cual se especifiquen las tareas que hayan de desempeñarse.

c) El reconocimiento del trabajo en dominical o festivo se hará por resolución
motivada.

d) El trabajo ocasional en días dominicales o festivos se compensará con un día
de descanso remunerado o con una retribución en dinero, a elección del
funcionario. Dicha retribución será igual al doble de la remuneración
correspondiente a un día ordinario de trabajo, o proporcionalmente al tiempo
laborado si éste fuere menor.

Los incrementos de salario a que se refieren los artículos 49 y 97 del presente
Decreto se tendrán en cuenta para liquidar el trabajo ocasional en días dominicales
y festivos.

e) El disfrute del día de descanso compensatorio o la retribución en dinero, se
reconocerán sin perjuicio de la asignación ordinaria a que tenga derecho el
funcionario por haber laborado el mes completo.

f) La remuneración por el día de descanso compensatorio se entiende incluida en
la asignación mensual».

En resumen, los derechos que emanan del trabajo suplementario, entendido por
tal aquél que excede las horas previstas para la respectiva jornada de trabajo,
corresponden a: horas extras diurnas y nocturnas, recargos nocturnos,
dominicales y festivos y sus respectivos días de descanso compensado.

2.4.2 La jornada de trabajo en la Unidad Nacional de Protección.

A través del Decreto Ley 4057 de 2011, el presidente de la República suprimió el
Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- y traslado sus funciones a
diferentes estamentos estatales del orden nacional.10

Adicionalmente, en el artículo 6.° contuvo la orden de supresión de empleos y su
posterior incorporación en algunos organismos adscritos a la rama ejecutiva y
judicial respectivamente. En consecuencia, el artículo 7.° señaló que:

«[e]l régimen salarial, prestacional, de carrera y de administración de personal de
los servidores que sean incorporados será el que rija en la entidad u organismo
receptor, con excepción del personal que se incorpore al Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional cuyo régimen salarial y prestacional lo fijará el
Presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y
legales […]».

10 Artículo 3.°.

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Demandante: José Rosario Torres Bone

En consecuencia, las labores de seguridad y protección fueron entregadas a la
Unidad Nacional de Protección,11 cuyo objetivo fue delineado en el artículo 3.° del
Decreto 4065 de 2011, en los siguientes términos:

«ARTÍCULO 3o. OBJETIVO. El objetivo de la Unidad Nacional de Protección
(UNP) es articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección a
quienes determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades,
condiciones o situaciones políticas, públicas, sociales, humanitarias, culturales,
étnicas, de género, de su calidad de víctima de la violencia, desplazado, activista
de derechos humanos, se encuentren en situación de riesgo extraordinario o
extremo de sufrir daños contra su vida, integridad, libertad y seguridad personal o
en razón al ejercicio de un cargo público u otras actividades que pueden generar
riesgo extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas
desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas
que se otorgan.

Se exceptúan del campo de aplicación del objetivo de la Unidad los programas de
competencia de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la
Nación y el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y
Paz».

Por su parte, el artículo 24 de este decreto estableció que:

«ARTÍCULO 24. REFERENCIAS NORMATIVAS. Las referencias que hagan las
disposiciones vigentes al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y al
Programa de Protección del Ministerio del Interior, que tengan relación con las
funciones expresadas en el presente Decreto, deben entenderse referidas a la
Unidad Nacional de Protección.

De igual forma, las referencias que hagan las disposiciones vigentes al
Departamento Administrativo de Seguridad y al Programa de Protección del
Ministerio del Interior como asistente, integrante o miembro de Consejos,
Comisiones, Juntas, Mesas u otras instancias de deliberación, relacionadas con
las funciones que en el presente Decreto se mencionan, deben entenderse
referidas a la Unidad Nacional de Protección».

La finalidad de la citada disposición no fue otra que integrar a la actividad de la
UNP todas aquellas reglas de derecho relacionadas con el extinto Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS.

Entre ellas, se destaca el Decreto 1932 de 1989 «por el cual se establece el
sistema de clasificación y nomenclatura de los empleos del Departamento
Administrativo de Seguridad, se fija la escala de remuneración y se dictan otras
disposiciones», que en su artículo 12 reglamentó la jornada de trabajo en los
siguientes términos:

«Artículo 12. Jornada de trabajo. La asignación básica mensual fijada en la
escala de remuneración señalada en este Decreto, corresponde a jornadas de
cuarenta y cuatro (44) horas semanales.

11 Creada mediante el Decreto 4057 de 2011, el presidente de la República creó la citada entidad «con

personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, adscrita al Ministerio del
Interior, hará parte del Sector Administrativo del Interior y tendrá el carácter de organismo nacional de
seguridad».

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Demandante: José Rosario Torres Bone

A los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad, podrá
señalárseles una jornada de trabajo de doce (12) horas diarias sin que en la
semana excedan un límite de sesenta y seis (66) horas.

Sin embargo, por especiales razones del servicio, el Jefe del Departamento podrá
disponer jornadas hasta de dieciocho (18) horas diarias, sin que en la semana se
exceda el límite de setenta y dos (72) horas.

Dentro de los límites máximos fijados en este artículo el Jefe del Departamento
podrá establecer el horario de trabajo y compensar la jornada del sábado con
tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso dicho tiempo constituya
trabajo suplementario o de horas extras.

Parágrafo. Por la naturaleza del servicio que prestan los empleados del
Departamento Administrativo de Seguridad, en horas diurnas o nocturnas
adicionales a la jornada ordinaria de trabajo prevista en este artículo o en días
dominicales y festivos, no tendrán derecho al reconocimiento y pago de horas
extras. Únicamente procederá la compensación en tiempo de descanso del
servicio prestado, en la forma prevista por el artículo 68 del Decreto 512 de 1989».

Se sigue de lo expuesto que a los servidores públicos vinculados a la UNP y que
ejercen las funciones que vinieron trasladadas desde el DAS, se les aplica la
disposición arriba descrita, que contempla una jornada de trabajo con los
siguientes matices:

i) Normal y ordinaria: consistente en 44 horas de labores semanales.

ii) Excepcional: representada en 12 horas diarias de trabajo y máximo 66 horas
a la semana, para aquellos empleos que desarrollan actividades discontinuas,
intermitentes, de control, de vigilancia o de investigación y seguridad y;

iii) Especial: cuando por razones del servicio, el jefe de la entidad ordene que
los servidores arriba descritos cumplan su misión con una periodicidad de 18
horas diarias y/o máximo 72 horas a la semana.

Además, esa disposición estableció que las actividades ejecutadas en horas
diurnas o nocturnas o durante los dominicales y festivos que excedan la jornada
ordinaria, no darán derecho al reconocimiento y pago de los estipendios que
emanan del trabajo suplementario -y que fueron reseñados anteriormente-, sino
únicamente a un día de descanso compensado por cada 8 horas de labores.

Al resolver la demanda de nulidad presentada en contra del parágrafo 1.° del
artículo 4.° de la Resolución 362 de 2017 -que estableció la jornada y los horarios
de trabajo al interior de la UNP-, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación, en sentencia de 22 de junio de 202312 expresó:

«[…] 6.2.3. Análisis del desconocimiento de la norma superior en el caso
concreto.

12 Expediente No. 11001-03-25-000-2017-00146-00 (0853-2017), Consejero Ponente Dr. Juan Enrique
Bedoya Escobar.

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Demandante: José Rosario Torres Bone

En el asunto en estudio, el demandante pretende la nulidad del parágrafo 1 del
artículo 4 de la Resolución 362 del 1° de junio de 2016, proferida por el director
general de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y de las comunicaciones
internas MEM16-00017482 del 28 de septiembre de 2016 y MEN16-00018296 del
11 de octubre de 2016, expedidas por el subdirector de protección de la Unidad
Nacional de Protección, al considerar que el hecho de establecer una jornada
máxima de 72 horas a la semana, desconoce el artículo 33 de Decreto 1042 de
1978, según el cual, la jornada laboral de los servidores públicos es de 44 horas
semanales y máximo de 66 horas a la semana para quienes desarrollen
actividades discontinuas, intermitentes o de simple vigilancia.

Frente al anterior planteamiento, encuentra la sala que el Decreto Ley 1042 de
1978 definió que sus disposiciones regirán para los empleados públicos que
desempeñarán las distintas categorías de empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y
unidades administrativas especiales del orden nacional. Asimismo, en su artículo
104, estableció las personas que estaban exceptuadas de esa reglamentación,
dentro de las cuales no se encontraban los servidores vinculados al DAS.

Sin embargo, con posterioridad a la expedición de la norma referida en el párrafo
anterior, mediante la Ley 43 de 1988, el legislador revistió al presidente de la
República de «facultades extraordinarias para modificar la estructura y funciones
del Departamento Administrativo de Seguridad y para expedir disposiciones
relativas a la Carrera del Funcionario del DAS, a su régimen salarial, prestacional
y disciplinario y a la organización de sus Academias», por lo que, en cumplimiento
del mencionado mandato se expidió el Decreto 1932 de 1989, el cual estableció
un régimen especial en cuanto a la jornada laboral -se hace referencia al aspecto
pertinente para el asunto en estudio, esto es, lo relativo al horario laboral de los
empleados públicos vinculados al DAS, cuyas funciones implicaran el desarrollo
de actividades discontinuas, intermitentes, de control, de vigilancia o de
investigación y seguridad, a quienes les asignó una jornada laboral máxima de 72
horas cuando se presenten «especiales razones del servicio».

Así las cosas, para fecha de creación de la Unidad Nacional de Protección, para
los empleados del DAS, en materia de jornada de trabajo se encontraba vigente el
artículo 12 del Decreto 1932 de 1989, por lo que es esta disposición la que se
integró al régimen laboral de los servidores vinculados a la UNP y que cumplen las
funciones que se encontraban a cargo del DAS y que le fueron trasladadas a esa
unidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley 4057 de 2011. Lo
anterior, en consonancia con la referencia normativa prevista en el Decreto 4065
de 2011.

De acuerdo con lo expuesto, la sala concluye que los actos demandados, al
señalar que la jornada laboral de los empleados de la UNP y con funciones
«operacionales» puede ser hasta de 72 horas semanales, no desconoce el artículo
33 del Decreto Ley 1042 de 1978; sino que, por el contrario, las disposiciones se
encuentran acordes con el Decreto 1932 de 1989, norma especial aplicable, según
lo expuesto».

La aplicación de la jornada laboral contenida en el Decreto 1932 de 1989, a los
empleados de la UNP que ejecutan las labores de seguridad y protección
asignadas al extinto DAS, también ha sido avalada, entre otras, en las sentencias

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de 25 de septiembre de 2020,13 7 de diciembre de 202114 y 25 de abril de 2024.15

Precisado lo anterior, procede la Sala a resolver el caso concreto.

2.5 Caso concreto.

Primer interrogante: ¿Se configuró la excepción de inepta demanda frente a la
pretensión de incorporación del demandante en el cargo de Oficial de Protección,
código 3137, grado 15?

El a quo declaró probada la excepción de inepta demanda en relación con la
pretensión contenida en el numeral 2.4 de ese acápite,16 al considerar que:

«corresponde a un acto administrativo previo, pues su incorporación a esta
entidad y respecto al empleo sobre el cual plantea su inconformidad se
materializó el 1° de enero de 2012, […] de ahí que el acto administrativo
controvertido en la demanda, ante una eventual declaratoria de nulidad, no puede
conducir a una incorporación distinta al empleo que actualmente desempeña el
demandante, puesto que, como ya fue señalado, el acto administrativo que
definió esa situación jurídica es distinto al demandado, de ahí que para la
prosperidad de esa pretensión se debió demandar ese acto y no el que se
cuestiona en el sub examine.»

En la alzada, el abogado del actor expuso que esa decisión es un acto
preparatorio, pues no permitió la presentación de los recursos de la otrora vía
gubernativa, por lo que no es pasible de control judicial.

Pues bien, de acuerdo con lo estipulado en el CPACA, los actos administrativos
definitivos son los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o
hacen imposible continuar con la respectiva actuación, de modo tal que son
susceptibles de control judicial. Por tanto, los que no detentan esa condición se
les denomina genéricamente como “actos preparatorios” y, dada su naturaleza y
carácter, no son enjuiciables ante el contencioso administrativo.

De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación,17 el acto administrativo es
toda declaración unilateral de la voluntad de la administración pública o de un
particular, efectuada en ejercicio de la función administrativa otorgada por la
Constitución Política o la ley, capaz de producir efectos jurídicos directos o

13 Sección Segunda, Subsección B, expediente No. 05001-23-33-000-2015-01557-01(2259-17), Consejera

Ponente Dra. Sandra Lisett Ibarra Vélez.
14Sección Segunda, Subsección B, expediente No. 05001-23-33-000-2016-00565-01 (4233-2017),

Consejero Ponente Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
15Sección Segunda, Subsección B, expediente No. 13001-23-33-000-2017-00539-01 (3382-2022),

Consejero Ponente Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar.
16 «Que se le reconozca al demandante pertenecer a un cargo idéntico al que ejercía en el DAS que era de

Agente Escolta, según sus grados y código, que deben corresponder en la UNP al cargo de OFICIAL DE
PROTECCIÓN, grado 15, código 3137 del nivel técnico, por haber sido incorporado a uno que no
corresponde […]».
17 Sección Segunda, Subsección B, expediente No. 52001-23-33-000-2020-01014-01 (6638-2022),

Consejero Ponente Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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definitivos, es decir el mecanismo por el cual la administración crea, modifica o
extingue una situación jurídica determinada.

Por lo que sigue, son susceptibles de control de legalidad por parte de esta
jurisdicción, los actos de la administración producto de la conclusión de un
procedimiento administrativo o que hagan imposible la continuación del mismo.

Por tanto, en nulidad y restablecimiento del derecho, es necesario que se
demande la decisión que contiene esa manifestación o declaración de voluntad
que produce efectos jurídicos, que puede estar contenida en uno o varios
instrumentos jurídicos y que la doctrina ha denominado acto administrativo.

Frente al interrogante planteado, el proceso de incorporación del actor a la planta
de personal de la UNP se dio en virtud del Decreto Ley 4057 de 2011 y,
concretamente, con la Resolución 44 de 27 de diciembre de 2011. De suerte que,
lo pretendido en la petición de 26 de diciembre de 2014 y que produjo la decisión
materia de censura,18 fue revivir términos sobre el particular.

En este orden de ideas, si la intención del accionante era debatir los efectos que
sobre el régimen salarial y prestacional produjo su incorporación a la entidad
demandada, debió cuestionar oportunamente el acto administrativo en cita, toda
vez que fue a través suyo que se definió su situación jurídica en la nueva entidad.

Así las cosas, acertó el tribunal cuando declaró fundada la excepción de inepta
demanda, pues es improcedente analizar esa pretensión de cara al oficio
demandado en esta oportunidad.

Segundo interrogante: ¿Cuál es la norma que regula la jornada de trabajo del
demandante, la prevista en el Decreto 1042 de 1978 o la contenida en el Decreto
1932 de 1989?

Previa resolución de este planteamiento, la Subsección señalará los hechos
probados en el expediente:

• El 26 de diciembre de 2014, el demandante, a través de vocero judicial,
solicitó a la accionada el reconocimiento y pago de los emolumentos que
emanan del trabajo suplementario, así como el reajuste de las
prestaciones sociales y de los aportes al sistema de seguridad social, entre
otras peticiones.19

• Mediante Oficio No. OFI17-00000981 de 20 de enero de 2015,20 la UNP
negó la anterior petición.

18 Expediente digital. Índice 2 SAMAI.
19 Expediente digital. Índice 2 SAMAI.
20 Expediente digital. Índice 2 SAMAI.

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Pues bien, de acuerdo con las consideraciones plasmadas en el acápite que
antecede, la Sala responde que la jornada laboral de los servidores de la Unidad
Nacional de Protección – UNP, que ejecutan las funciones asignadas en otro
tiempo al extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, es la
contemplada en el artículo 12 del Decreto 1932 de 1989, dada la remisión
contenida en el artículo 24 del Decreto Ley 4065 de 2011.

En consecuencia, le asiste razón al recurrente cuando alegó que el cargo
desempeñado por el demandante no le permite acceder a las horas extras
previstas en el Decreto 1042 de 1978, pues el exceso en el tiempo de trabajo
solo le otorga el derecho a los respectivos días de descanso compensado que,
por cierto, ya fueron disfrutados por él.

Así entonces, la Sala queda relevada para resolver el resto de interrogantes
planteados en el capítulo denominado “problema jurídico”. En consecuencia, se
revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las súplicas
de la demanda.

2.6 Condena en costas.

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en costas.
Lo dicho, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar
a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia
de la Ley 2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la
conducta de las partes en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica.

En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la parte demandante, no se advierte esa situación.
Por el contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de
sus intereses, por lo que, se repite, no será condenada en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR el ordinal “PRIMERO” de la sentencia de fecha 11 de
noviembre de 2021, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de acuerdo con lo expresado en la
parte motiva.

SEGUNDO. REVOCAR en todo lo demás esa providencia. En consecuencia:

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TERCERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en
esta providencia.

QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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