Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01760-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01760-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01760-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
16 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01760-01 (4688-2024)
Demandante: Cristian Eduardo Gil Brausin
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Ejercito Nacional
Tema: Reconocimiento pensión de invalidez. Dictamen pericial
rendido por médico particular
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones
de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Pretensiones
1. Cristian Eduardo Gil Brausin presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto negativo o presunto por la falta
de respuesta de la entidad demandada a la petición del 15 de marzo de 2018, por
medio de la cual solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez y el reajuste
de la indemnización por la pérdida de la capacidad laboral.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de la pensión de invalidez en cuantía equivalente al
50% del salario devengado por un cabo tercero; ii) el reajuste de la indemnización
reconocida, conforme con la disminución de la capacidad médico laboral
1 En adelante CPACA.
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Demandante: Cristian Eduardo Gil Brausin
dictaminada que daba derecho a la prestación, en los términos previstos en la Ley
923 de 20042; iii) la indexación de las sumas que resultaren de la condena; iv) el
pago de los intereses a los que hubiere lugar y de 100 salarios mínimos por
perjuicios causados; y v) el cumplimiento de la sentencia en los términos
dispuestos en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:
3.1. Cristian Eduardo Gil Brausin se vinculó al Ejército en buenas condiciones de
salud, «lo cual se presume, porque de lo contrario, no hubiese sido declarado apto para
el servicio».
3.2. Durante la prestación del servicio sufrió diferentes lesiones que afectaron su
salud, las cuales han desmejorado progresivamente su calidad de vida.
3.3. Fue retirado de la institución militar el 8 de junio de 2012, sin que para el
momento de la presentación de la demanda se le haya practicado la junta médico
laboral.
3.4. Después de ese momento, no recibió el tratamiento y asistencia médica
adecuada, lo cual propició el decaimiento de sus condiciones de salud, «al punto
de padecer [...] un alto grado de discapacidad laboral que lo [hacía] acreedor al acceso
de la pensión de sanidad o invalidez».
3.5. Desde el momento de desacuartelamiento o retiro no tuvo recuperación
alguna y ha dependido de sus familiares.
3.6. Se le realizó una valoración por parte del doctor Enrique Ayala Pérez, médico
cirujano especialista en Salud Ocupacional y Administración de Salud y consultor
en peritajes médico laborales y administrativos. Según esta presentaba una
pérdida de la discapacidad laboral del 50.52%.
3.7. Las lesiones que dieron lugar a la discapacidad tuvieron origen en la
prestación del servicio y lo han mantenido al margen del desempeño de cualquier
actividad laboral.
3.8. Solicitó a la entidad demandada el reconocimiento de la pensión de invalidez
y el reajuste de la indemnización por pérdida de la capacidad psicofísica; sin
embargo, la petición no fue contestada.
2 Para la Sala es importante poner de presente que si bien se solicitó el reajuste de la
indemnización, lo cierto es que, como se verá, del material probatorio obrante en el plenario no se
evidenció que esta se hubiera reconocido.
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Demandante: Cristian Eduardo Gil Brausin
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Se citaron como tales los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25, 29, 48, 49, 53, 228, 229 y
230 de la Constitución Política; 9 del Código Sustantivo del Trabajo; 3, numeral
3.5, de la Ley 923 de 2004; 32 del Decreto 4433 de 2004; y 2 del Decreto 1157
de 2014.
5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:
5.1. Era injusto e inequitativo que un uniformado que ingresó a prestar un servicio
a la patria en la plenitud de sus facultades psicofísicas retornara a la vida civil en
lamentables condiciones, sin recibir alguna prestación social que por ley le
correspondía.
5.2. El desmejoramiento de la salud y de la calidad de vida ocurrió en el servicio
activo en la institución militar.
5.3. Los miembros de la Fuerza Pública, tanto en servicio activo como retirados,
han contado con el derecho a la revisión y vigilancia permanente respecto de sus
condiciones de salud por razón de una enfermedad o lesión adquirida dentro de
la prestación del servicio.
5.4. Se debía reconocer el reajuste de la indemnización, en razón a que era
compatible con la pensión de invalidez, al tenor del numeral 3.12 del artículo 3 de
la Ley 923 de 2004, «por considerar que dicha pretensión se ajust[aba] en un todo a
los hechos y el derecho».
1.2. Contestación de la demanda
6. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en los siguientes argumentos4:
6.1. El acto demandado gozaba de la presunción de legalidad y, de cualquier
manera, por la falta de sustento fáctico, jurídico y probatorio no había lugar a las
declaraciones y condenas solicitadas por la parte demandante.
6.2. El demandante no logró demostrar la ocurrencia de un daño antijuridico, toda
vez que no se ha practicado una junta médico laboral que haya determinado
índice alguno que diera cuenta de la disminución de la capacidad laboral,
secuelas o limitaciones funcionales.
3 Folios folio 36 a 39.
4 Folios 59 a 64.
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6.3. En el caso concreto únicamente podía llevarse a cabo la calificación de la
invalidez por las autoridades legales correspondientes, es decir, la Junta Médico
Laboral o el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía.
6.4. Así entonces, no era posible tener en cuenta la valoración que efectuó el
médico Enrique Ayala Pérez, en la cual se incluyeron afecciones que el actor no
poseía al momento de la desvinculación y que no fueron puestas en conocimiento
de la entidad.
1.3. La sentencia apelada
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, en sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 negó las pretensiones de
la demanda.
8. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal y jurisprudencial aplicable
al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente5:
8.1. En el caso concreto no se logró demostrar que durante el servicio el actor
haya sufrido lesiones o afectaciones a su salud, como consecuencia de un
accidente u otra circunstancia relativa a las labores militares.
8.2. El demandante no asistió o se presentó dentro de los 2 meses siguientes a la
desvinculación para realizarse el examen médico de retiro, según lo dispuesto en
el artículo 35 del Decreto 1796 de 20006.
8.3. Para la determinación de la pérdida de la capacidad laboral de los servidores
públicos, los dictámenes rendidos por profesionales de la medicina de carácter
particular no resultaban idóneos.
8.4. Si bien en el proceso judicial se decretó un dictamen para determinar el
estado de salud y la calificación de capacidad laboral del demandante por parte
de la Junta Regional de Calificación de Bogotá, lo cierto es que no fue realizado
por la falta de concurrencia y el pago de los honorarios que cobraba la Junta por
practicarlo.
8.5. En este orden, no había lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez y,
5 Folios 126 a 130
6 «ARTICULO 35. ABANDONO DEL TRATAMIENTO. Cuando el personal de que trata el presente
decreto se haya desvinculado sin derecho a la asignación de retiro, pensión de jubilación o pensión
de invalidez y abandone o rehúse sin justa causa, por un término de dos (2) meses o durante el
mismo período no cumpla con el tratamiento prescrito por la Sanidad o con las indicaciones que
le han sido hechas al respecto, la institución quedará exonerada del reconocimiento y pago de las
prestaciones económicas que de ello se deriven».
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en consecuencia, del reajuste de la indemnización, en la medida en que no se
demostró lesiones ni pérdida de la capacidad laboral por parte del demandante.
8.6. No condenó en costas; sin embargo, no realizó consideración al respecto.
1.4. El recurso de apelación
9. La parte demandante interpuso recurso de apelación bajo los siguientes
argumentos7:
9.1. La sentencia recurrida vulneró el debido proceso, en tanto estableció en
cabeza de los organismos médico militares y de policía de manera exclusiva y
única la competencia para los reconocimientos pensionales por sanidad, cuando
en virtud de la descentralización de esta función ha sido extendida y también
corresponde a las autoridades médico externas, a las cuales igualmente se les ha
atribuido tal competencia como peritos y admitido sus dictámenes en el ámbito
del régimen probatorio, con otorgamiento de su validez y eficacia en desarrollo de
lo preceptuado en el artículo 226 del Código General del Proceso8 y los requisitos
establecidos por el artículo 218 y siguientes del CPACA.
9.2. El dictamen médico pericial acompañado con la demanda, elaborado por el
médico Enrique Ayala Pérez, el cual no fue controvertido, vetado, tachado u
objetado en forma alguna por las partes o los intervinientes del proceso, goza de
presunción de legitimidad y le permite a la parte actora, al haberle determinado
una disminución de la capacidad laboral del 50.52%, el reconocimiento de la
«pensión de sanidad» de conformidad con lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los
decretos 923 de 2004 y 1157 de 2014, normas según las cuales quien haya
acreditado un 50% o más de ello tendría derecho a la prestación.
9.3. Ese dictamen, como medio idóneo de prueba, se encontraba revestido de
plena validez y eficacia, en el cual concurrieron los principios de conducencia,
pertinencia, utilidad y necesidad de la prueba. Por tanto, no ha debido ser
desconocido por el fallador de primera instancia.
9.4. En esas condiciones, desde la perspectiva principal y probatoria de obrar en
el proceso con plena eficacia, conforme con las exigencias de las reglas del
régimen probatorio y de la sana crítica, los elementos de convicción, que surgen
de la interpretación de los artículos 165 del CGP y 218 y siguientes del CPACA,
el dictamen médico pericial obrante en el proceso, al no haber sido válidamente
desvirtuado, habría cobrado plena eficacia, sin menoscabo de su presunción de
legitimidad.
7 Samai Tribunal Administrativo de Cundinamarca, índice 47, actuación «RECIBE MEMORIALES
ONLINE», documento «18_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua 47».
8 En adelante CGP.
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1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
10. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar9.
1.6. Concepto del Ministerio Público
11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
12. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación10, el
problema jurídico consiste en determinar ¿si Cristian Eduardo Gil Brausin tiene
derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez, en razón a que el dictamen
pericial rendido por el médico Enrique Ayala Pérez estableció que contaba con
una pérdida de la capacidad laboral del 50.52%?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. La pensión de invalidez de los miembros de las fuerzas militares
13. El artículo 48 de la Constitución Política estableció que la seguridad social es
un servicio público de carácter obligatorio, el cual se presta bajo la dirección,
coordinación y control del Estado. De acuerdo con el artículo 209 ibidem, al
legislador le corresponde su desarrollo legal con observancia de los principios de
la función administrativa.
14. En relación con el estado y la capacidad psicofísica de los miembros de la
9 Tal y como se indicó en el auto del 12 de febrero de 2024. Samai, índice 4, actuación «Auto que
admite recurso de apelación», documento «AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 4».
10 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece
el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Fuerza Pública, los Decretos 2728 de 196811, 1836 de 197912, 94 de 198913, 1796
de 200014 y 4433 de 200415 han precisado los procedimientos médico-científicos
a través de los cuales se verifica la capacidad laboral, el origen de la incapacidad,
el porcentaje de su pérdida y las prestaciones económicas que eventualmente se
deben reconocer.
15. El Decreto 94 de 1989 estableció que i) sería calificado «no apto» quien
presentara alguna alteración psicofísica que no le permitiera desarrollar normal y
eficientemente la actividad militar, policial o civil correspondiente a su cargo,
empleo o funciones [artículo 3]; y ii) era obligación de la entidad realizar el examen
de capacidad psicofísica, el cual tenía «carácter de definitivo para los efectos legales
correspondientes» y cuya importancia radicaba en los derechos prestacionales
derivados del estado de salud del miembro de la Fuerza Pública.
16. La disminución de aquella, la capacidad laboral, ha dado lugar al
reconocimiento de diversas prestaciones, entre ellas, la pensión de invalidez
prevista en el artículo 89 ibidem, conforme con el cual, se debía acreditar una
pérdida igual o superior al 75%.
17. Posteriormente, el Decreto 1796 de 2000 en su artículo 40, dispuso que,
«[c]uando mediante Junta Médico-Laboral o Tribunal Médico-Laboral de Revisión Militar
y de Policía, haya sido determinada una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al 75%, ocurrida durante el servicio, por causa o razón del mismo, el personal
[oficiales y suboficiales de las fuerzas militares o su equivalente en la Policía Nacional],
tendr[ía] derecho, mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual, valorada y
definida de acuerdo con la reglamentación que se expida para el efecto [...]». La
liquidación de la pensión sería así: (i) el 75% de los salarios básicos cuando la
disminución fuera del 75% y no alcanzara el 95%; y (ii) el 100% de los salarios
básicos, cuando fuera igual o superior al 95%.
11 «Por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del
personal de soldado y grumetes de las Fuerzas Militares».
12 «Por el cual se determinan las normas relativas a la Capacitación Sicofísicas, las incapacidades,
invalideces e indemnizaciones en el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y
personal civil del Ministerio de Defensa y Policía Nacional».
13 «Por el cual se reforma el estatuto de la capacidad sicofísica, incapacidades, invalideces e
indemnizaciones del personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional, Soldados, Grumetes, Agentes, Alumnos de las Escuelas de Formación y personal civil
del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional».
14 « Por el cual se regula la evaluación de la capacidad sicofísica y de la disminución de la
capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por invalidez e
informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos de las
Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio del
Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la Policía
Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993»
15 «Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de
la Fuerza Pública».
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18. Luego, la Ley 923 de 2004 estableció que el gobierno nacional, con sujeción
a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta ley, fijaría el régimen de la
pensión de invalidez [entre otras], correspondientes a los miembros de la Fuerza
Pública.
19. En el artículo 3 ibidem, se previó que el derecho para acceder a la pensión de
invalidez, así como su monto, sería fijado de acuerdo con el porcentaje de la
disminución de la capacidad laboral, «determinado por los Organismos Médico-
Laborales Militares y de Policía, conforme a las leyes especiales [...] vigentes, teniendo
en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias que [originaran] la
disminución de la capacidad laboral. En todo caso, no se [podía] establecer como
requisito para acceder al derecho, una disminución de la capacidad laboral inferior al
cincuenta por ciento (50%) y el monto de la pensión en ningún caso [sería] menor al
cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la asignación de retiro».
20. En cumplimiento de lo anterior, el gobierno nacional expidió el Decreto 4433
de 2004. En el artículo 30, dispuso que cuando la Junta Médico Laboral o el
Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía determinara una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al 75% ocurrida en servicio
activo, tendrían derecho al reconocimiento de la pensión mensual.
21. No obstante, en la sentencia proferida el 28 de febrero de 2013 16, esta
Sección declaró la nulidad de la expresión «igual o superior al setenta y cinco por
ciento (75%)» al considerar que este parámetro era distinto al ordenado por la Ley
923 de 2004. Expuso al respecto:
«Como puede observarse, si por Ministerio de la ley no existe el derecho al
reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez, cuando la disminución de la
capacidad laboral sea inferior al 50%; a contrario sensu, cuando tal disminución sea
igual o superior a este porcentaje, surge el derecho a la obtención y reconocimiento
de la misma. De tal manera que si esa fue la decisión del legislador, ella no puede ser
variada sino por la propia ley, sin el desconocimiento de los derechos adquiridos y, en
tal virtud, no puede predicarse la validez de una norma que en desarrollo de los
dispuesto en una Ley Marco, señale en detrimento de sus beneficiarios, requisitos
superiores a los establecidos por esa ley.
De la confrontación entre lo dispuesto por el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley 923 de
2004, y el contenido del artículo 30 del Decreto 4433 de 2004, surge que mientras
aquél establece que no se tiene el derecho a la pensión de invalidez o al sueldo de
retiro correspondiente cuando la disminución de la capacidad laboral sea inferior al
50%, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 al señalar que se tiene derecho al
reconocimiento y liquidación de esa prestación social cuando la incapacidad laboral
de los servidores públicos allí mencionados sea igual o superior al 75% cuando ella
ocurra en servicio activo, en realidad lo que establece es que cuando sea inferior a
ese porcentaje del 75%, no existe el derecho. Es decir mediante ese Decreto que dice
desarrollar lo dispuesto en la Ley Marco 923 de 2004, se está creando una norma
16Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación 11001-03-25-000-2007-00061-00 (1238-
2007).
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distinta a la que estableció el artículo 3° numeral 3.5 de la Ley mencionada, norma
que, además excluye del derecho a quienes deberían ser beneficiarios del mismo.
Por tanto, el artículo 30 del Decreto 4433 de 2004 adolece de un vicio insubsanable
de nulidad, pues fue expedido por el Presidente de la República fuera de la órbita
competencial que expresamente le señaló el Congreso de la República en la Ley 923
de 2004, artículo 3° numeral 3.5 y, por consiguiente, resulta contrario a derecho y
carente de validez».
22. Debido a dicha declaratoria de nulidad, se expidió el Decreto 1157 de 201417,
el cual dispuso lo siguiente:
«Artículo 2°. Reconocimiento y liquidación de la pensión de invalidez. Cuando
mediante Acta de Junta Médico-Laboral y/o Tribunal Médico-Laboral de Revisión
Militar y de Policía, realizada por los organismos médico-laborales militares y de
policía, se determine al Personal de Oficiales, Suboficiales, Soldados Profesionales y
personal vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de las Fuerzas
Militares y Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel Ejecutivo, Agentes y personal
vinculado para la prestación del servicio militar obligatorio de la Policía Nacional, una
disminución de la capacidad laboral igual o superior al cincuenta por ciento (50%)
ocurrida en servicio activo, tendrán derecho a partir de la fecha del retiro o del
vencimiento de los tres meses de alta cuando se compute como tiempo de servicio,
mientras subsista la incapacidad, a que el Tesoro Público, les pague una pensión
mensual, que será reconocida por el Ministerio de Defensa Nacional o por la Dirección
General de la Policía Nacional, según el caso, liquidada de conformidad con los
porcentajes que a continuación se señalan, con fundamento en las partidas
computables que correspondan, según lo previsto en los Decretos 4433 de 2004 y
1858 de 2012, así:
2.1. El cincuenta por ciento (50%), cuando la disminución de la capacidad laboral sea
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), e inferior al setenta y cinco por ciento
(75%).
2.2. El setenta y cinco por ciento (75%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al setenta y cinco por ciento (75%), e inferior al ochenta y cinco
por ciento (85%).
2.3. El ochenta y cinco por ciento (85%), cuando la disminución de la capacidad laboral
sea igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85%), e inferior al noventa y cinco
por ciento (95%).
2.4. El noventa y cinco por ciento (95%) de dichas partidas, cuando la disminución de
la capacidad laboral sea igual o superior al noventa y cinco por ciento (95%)» [se
resalta].
23. Acorde con lo anterior, conviene destacar las siguientes características que
determinan el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez: i) la exigencia
de un porcentaje mínimo de pérdida de capacidad laboral del 50% a efectos de
acceder a la pensión de invalidez; y ii) la pérdida de capacidad laboral mínima del
17 «Por el cual se fija el régimen de asignación de retiro a un personal de la Policía Nacional y de
pensión de invalidez para el personal uniformado de la fuerza pública».
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50% debe generarse por lesiones o afecciones médicas ocurridas o contraídas
durante el servicio, lo cual no significa que tenga que estructurarse de manera
absoluta durante este, pues hay ciertas patologías que pueden ir progresando y
es posible que la merma de capacidad sicofísica aumente con el paso del tiempo.
En otras palabras, el sistema de aseguramiento que proporciona la respectiva
institución de cara a la contingencia de invalidez, le otorga cobertura al empleado
durante el tiempo que permanezca vinculado en servicio activo y por los eventos
que se presenten o se desarrollen a lo largo de este, sin que pueda exigirse que
sus efectos se consoliden plenamente en el mismo periodo.
24. En suma, el derecho a la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza
Pública surge cuando se genera una pérdida de la capacidad laboral igual o
superior al 50% por lesiones o afecciones generadas durante el servicio, con
independencia de su origen18, es decir, que las patologías deben ocurrir durante
el servicio activo, así no sean por causa o con ocasión de la actividad militar19.
2.3. Caso en concreto
25. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
25.1. Cristian Eduardo Gil Brausin Nació el 3 de septiembre de 1992, como
consta en su cédula de ciudadanía20.
25.2. Según constancia del 26 de febrero de 201321, expedida por la Oficina de
Atención al Usuario de la Dirección de Personal del Ejército, Jefatura de
Desarrollo Humano, Cristian Eduardo Gil Brausin se desempeñó como soldado
regular entre el 7 de septiembre de 2010 y el 8 de junio de 2012, cuando fue
retirado a través de la orden administrativa de personal OAP-EJC 1519 del 21 de
junio de 2012. El tiempo total de servicio fue de 1 año, 9 meses y 1 día.
25.3. Por medio de Acta 48 del 31 de julio de 201222, expedida por el Batallón de
Infantería de Selva 45 «GR. PROSPERO PINZON», cuyo asunto era «EXAMEN DE
EVALUACION POR LICENCIAMIENTO PRACTICADO AL PERSONAL DE SOLDADOS
REGULARES INTEGRANTES DEL SEPTIMO CONTINGENTE DE 2010 ORGANICOS
DEL BATALLON DE INFANTERIA DE SELVA No. 45 “GENERAL PROSPERO
PINZON”», se estableció que el actor no era apto. En esta se consignó como
18 Al respecto se pueden consultar las sentencias de la Sección Segunda, Subsección A: del 18
de julio de 2019, radicado: 050012333000201501359 01 (4887-2016); del 11 de julio de 2020,
radicado: 25001-23-42-000-2012-02051-01(0565-17) y del 20 de mayo de 2021, radicado: 50001-
23-31-000-2010-00461-01(6256-19), entre otras.
19 En igual sentido se pronunció esta Sección en sentencia del 18 de febrero de 2021, radicado:
25000-23-42-000-2013-00285-01(0351-18).
20 Folio 3.
21 Folio 23.
22 Folios 28 a 30.
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observación leishmaniasis cutánea.
25.4. A través de constancia del 2 de marzo del 2013, el suboficial de Personal
del Batallón de Infantería de Selva 45 «GR. PROSPERO PINZON», informó lo
siguiente:
«Que el Señor CRISTIAN EDUARDO GIL BRAUSIN identificado con cédula de
ciudadanía Nº 1121714060 fue integrante del séptimo contingente del 2010 y a la
fecha se encuentra dado de baja por tiempo militar cumplido» [sic].
25.5. Por el Oficio 1074/MDN-CGFM-CE-DIV8-BR28-BIPIN-CJM-22 del 18 de
marzo de 201323, al resolver una petición presentada por el actor, el comandante
del Batallón de Infantería de Selva 45 «General Prospero Pinzón» indicó lo
siguiente:
«PRIMERO. Que el certificado de ingreso y retiro de la Fuerza se expide en Puente
Aranda en la Oficina de Atención al usuario.
SEGUNDO. Que verificado el archivo de la sección de personal de esta unidad táctica
no reposa informativo de lesiones del señor CRISTIAN EDUARDO GIL BRAUSIN.
TERCERO. Certifica el Batallón de Infantería de Selva No 45 “General Prospero
Pinzón” que el señor CRISTIAN EDUARDO GIL BRAUSIN. fue orgánico de esta
Unidad Táctica integral de del séptimo (7) contingente de dos mil diez (2010), el cual
ya fue licenciado por tiempo de servicio militar.
CUARTO. El personal de soldados regulares no devengan un salario solo reciben una
bonificación mensual» [sic].
25.6. El 3 de septiembre de 2016, el médico particular Enrique Ayala Pérez
valoró la capacidad laboral del demandante y determinó la pérdida en un 50.52%.
Lo anterior con fundamento en lo siguiente24:
«2- ANTECEDENTES
2 - a - Dermatología, agosto 28 2014, dx Leishmania cutánea en pierna derecha
cicatriz de 8.5 x 6.0 centímetros. En 13-06-2013, refiere aumento de tamaño de la
lesión, recibió tratamiento con pentamicina en diciembre 2011, en dic 2012 con
anfotericina B, con persistencia de lesión a tratamientos realizados. En septiembre
2014, según servicio de dermatología, la patología es recidivante, en varias
oportunidades según el paciente más de tres, para marzo 15 2015, las
sobreinfecciones estaban activas.
2- b- Octubre 2012, hizo crisis de diarreas verdosas de tres meses de evolución, al
parecer por reacción medicamentosa a la anfotericina B, asociada a celulitis, alérgico
a la vancomicina.
23 Folio 21.
24 Folios 6 y 7.
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2.-c.- El paciente presenta trastorno de dolor permanente en el miembro inferior
derecho, con frecuencia le formulan analgésicos de pocos resultados.
3 - CONCEPTO ESPECIALISTA
3- a - Psicología, Dra. Claudia P. Rubio, marzo 5 2015, La familia psicológicamente
afectada, ellos piensan que la enfermedad se les va a pegar, se fatiga fácil, no puede
practicar deportes favoritos foofball, ha enfermado más después de prestar el servicio
militar, vive con la madre, tres hermanas y la abuela. Individuo inseguro, desconfiado,
con falta de confianza en sí mismo, sentimientos de minusvalía, se evidencia estado
de ansiedad, con trastorno mixto de ansiedad y depresión, presenta pensamientos de
muerte sin agresiones, irritabilidad, estado de ánimo cambiante, valoración por
psiquiatría.
3 - b - Psiquiatría, Dr. Oswaldo Matta, marzo 30 2015. En diciembre de 2012, se le
diagnostico Leishmaniasis, cojea del lado derecho, colabora con la entrevista,
respondiendo a las preguntas, con fallas en la atención, son persistentes sus ideas de
temor ante el futuro, ante los problemas de salud que han sido difícil controlar, se
observa una memoria muy afectada en fijación, se le dificulta recordar nombres de
lugares y fechas relativamente recientes, se encuentra un afecto triste y ansioso
debido a la incertidumbre paciente sintomático, se encuentra afectado
emocionalmente debido al dolor permanente que presenta en pierna derecha por las
reinfecciones. DX: REACCION DE ADAPTACION CON DEPRESION -
LEISHMANIASIS CUTANEA, LESION CUTANEA DE SOBREINFECCION EN 1-3
INFERIOR DE PIERNA DERECHA.
3 – c – Valoración Dr. Jairo Romero, 27 de marzo de 2015, infección Leishmania, hace
tres años en miembro inferior derecho. Recibió pentamicina y anfotericina B
finalizando en diciembre 2012, persiste lesión ulcerada, eritema perilesional área
cicatricial.
4 - SITUACION ACTUAL
Paciente de 23 años, la mejor edad productiva del ser humano, con dx de Leishmania
cutánea, recibió tratamiento con pentamicina y anfotericina B con pobre resultado,
ulceras sobre infectadas en varias oportunidades, localizadas en región tibial anterior
de miembro inferior derecho, durante su tratamiento presento crisis diarreicas por más
de tres meses posible intolerancia al medicamento.
5 - ANALISIS DE LA SITUACION
5- a - Paciente con diagnostico hace más de 4 años con leishmaniasis cutánea y sobre
infecciones agregadas, que lo limitan para caminar, trotar, hacer ejercicio, agacharse,
hacer fuerza, generándole marcada discapacidad para laborar y producir ingresos
para subsistir.
5- b - Ante la resistencia del tratamiento de la leishmania se recomienda se de
aplicación a la guía establecida en el año 2010 por el ministerio de salud de Colombia
y la recomendación de expertos de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
SOBRE LEISMANIASIS descrito en el informativo n° 375 de 2015.
6 – DIAGNOSTICO
6-a - Leishmaniasis Cutánea Crónica En Miembro Inferior Derecho
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6-b - Estado Depresivo
6-c - Trastorno De Sensibilidad En Miembro Inferior Derecho
6-d - Lesiones Con Dermatitis Exudativas En Miembro Inferior Derecho
7 – EVALUACION DE LA DISMINUCIÓN DE SU CAPACIDAD LABORAL
FECHA PATOLOGÍA NUMERAL ÍNDICE DL DTL%
ESTRUCTURACION DE LA TABLA
LESIÓN
Diciembre 2011 -19 Lesiones 10-007 8 24.0 24.0
Años Exudativas
Grado B
2015 – 23 Años Estado 3-040 5 13.0 9.88
Depresivo
2011 – 19 Años Trastornos De 4-193 5 13.5 8.92
Sensibilidad
Diciembre 2011- 19 Lesión 10-004 5 13.5 7.772
Años Deformante
De Leishmania
Miembro
Inferior
Derecho
TOTAL 50.52%
DICAPACIDAD
8 – CONCLUSIONES
8- a - ORIGEN DE LA ENFERMEDAD: Leishmaniasis cutánea en miembro inferior
derecho, adquirida en el año 2011, en GUANIA, las lesiones exudativas, los trastornos
de sensibilidad y estados depresivos son secuelas de las lesiones de leishmania.
8 - b - IMPUTABILIDAD DEL SERVICIO: Leishmaniasis cutánea, adquirida en
prestación del servicio por causa y razón del mismo, encontrándose en el Guainía en
el año 2011» [sic].
25.7. El 20 de marzo de 2014 solicitó a la nación, Ministerio de Defensa, Ejercito
Nacional, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez y el reajuste de la
indemnización25; no obstante, la entidad guardó silencio.
25.8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, con la finalidad de determinar el porcentaje de la pérdida de la
capacidad laboral del actor de oficio decretó la práctica de un dictamen pericial,
el cual debía ser realizado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de
Bogotá26; no obstante, no fue practicado «por falta de concurrencia y pago de los
honorarios o expensas que cobra la Junta por practicar ese estudio»27.
25 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento
«ED_47001233300020190012(.zip) NroActua 2», carpeta «47001233300020190012500»,
archivo «01ExpedienteDigitalizado.pdf», folios 10 a 12.
26 Folio 97.
27 Folio 129.
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2.4. Análisis sustancial del caso concreto
25.9. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, negó el reconocimiento de la pensión de invalidez y, en
consecuencia, el reajuste de la indemnización, en la medida en que no se
demostró que el actor haya sufrido lesiones o afectaciones a su salud, como
consecuencia de un accidente u otra circunstancia relativa a las labores militares,
ni pérdida de su capacidad laboral.
25.10.Asimismo, que para la determinación de la pérdida de la capacidad laboral
de los servidores públicos, los dictámenes rendidos por profesionales de la
medicina de carácter particular no resultaban idóneos.
26. El demandante apeló la anterior decisión toda vez que el a quo desconoció
que los organismos médico-militares y de policía no son los únicos que tiene la
competencia para determinar la pérdida de la capacidad laboral para efectos de
los reconocimientos pensionales por sanidad, pues consideró que esta también
le asiste a las autoridades médico-externas a quienes se les ha atribuido tal
facultad como peritos y admitido sus dictámenes en el ámbito del régimen
probatorio.
26.1. El dictamen médico pericial realizado por el doctor Enrique Ayala Pérez,
anexo de la demanda, no fue controvertido, vetado, tachado u objetado en forma
alguna por las partes o los intervinientes del proceso, goza de presunción de
legitimidad y le permite a la parte actora, al haberle establecido una pérdida de la
capacidad laboral del 50.52%, el reconocimiento de la «pensión de sanidad», de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 923 de 2004 y los decretos 923 de 2004
y 1157 de 2014, según los cuales quien haya acreditado una disminución del 50%
o más tendría derecho a la prestación.
27. Pues bien, en el régimen general, el artículo 41 de la Ley 100 de 1993,
estableció que correspondía a Colpensiones, a las administradoras de riesgos
profesionales, a las compañías de seguros que asumieran el riesgo de invalidez
y muerte y a las entidades promotoras de salud [EPS] determinar en una primera
oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el
origen de las contingencias. En caso de desacuerdo con la calificación, el
interesado debía manifestarlo a la entidad, la cual debía remitirlo a las Juntas
Regionales de Calificación de Invalidez, cuya decisión sería apelable ante la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez [artículo 41].
28. Igualmente, señaló que las juntas regionales y nacional de calificación de
invalidez eran organismos del sistema de la seguridad social, de carácter
interdisciplinario [artículo 42].
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29. A su turno, el Decreto 1346 de 199428 estableció la competencia, en primera
instancia, a las juntas regionales y, en segunda, a la Junta Nacional de
Calificación de Invalidez; asimismo, que las decisiones se emitirían con base en
el manual único para la calificación. Este fue derogado por el Decreto 2463 de
200129, el cual también mantuvo la competencia en estas para determinar el
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral. Lo mismo ocurrió con el Decreto
1352 de 201330.
30. Por su parte, en lo que respecta al personal uniformado del Ejército o Policía
Nacional, el Decreto 94 de 1989 estableció que la Junta Médico Laboral Militar o
de Policía estaría integrada por 3 médicos que podían ser oficiales de sanidad o
al servicio de la unidad o guarnición; además, tendrían como finalidad «llegar a un
diagnóstico positivo, clasificar las lesiones y secuelas, valorar la disminución de la
capacidad laboral para el servicio y fijar los correspondientes índices para fines de
indemnizaciones cuando a ello hubiere lugar».
31. De igual modo, la Ley 923 de 2004 ordenó que, para acceder a la pensión de
invalidez, debía tenerse en cuenta la calificación determinada por los organismos
médico-laborales militares y de policía.
32. La calificación por la disminución de la capacidad psicofísica se constituye en
un derecho fundamental de quienes, en ejercicio de sus labores militares, ven
menguado su estado de salud, pues es esta la que les permite acceder a las
prestaciones previstas por el ordenamiento jurídico para garantizar una vida
digna.
33. Ciertamente, la Corte Constitucional ha señalado que aquella «detenta una
verdadera función prestacional ius fundamental, puesto que desde una visión
constitucional, es un derecho de quienes pertenecen al régimen de la Fuerza Pública,
inescindible a determinadas prestaciones del mismo y que cobra especial relevancia al
convertirse en el medio para acceder a la garantía y protección de otros derechos
fundamentales como el mínimo vital»31.
34. Es por ello que si bien esta Sección ha señalado que los documentos «aptos
para calificar la pérdida de la capacidad laboral respecto del personal de las Fuerzas
Armadas y de la Policía son los provenientes de las autoridades Médico-Militares y de
Policía y el Tribunal Médico-Laboral de Revisión»32, también ha aceptado que, a
28 «Por el cual se reglamenta la integración, la financiación y el funcionamiento de las Juntas de
Calificación de Invalidez».
29 «Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de
calificación de invalidez».
30 «Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez, y se dictan otras disposiciones».
31 Sentencia T-530 de 2014.
32 Subsección A, sentencia del 31 de agosto de 2023, radicación 05001-23-33-000-2016-01864-
01 (1678-2022).
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través de las juntas regionales o nacional de calificación de invalidez se pueda
establecer el porcentaje de disminución. Por ejemplo, en la sentencia dictada el 1
de junio de 202333, esta Subsección sostuvo lo que se transcribe a continuación:
«No obstante, lo anterior, esta Corporación ha otorgado valor probatorio a los
dictámenes de las Juntas Regionales o Nacionales de Calificación de Invalidez,
decretados en el curso de los procesos instaurados por miembros de la Fuerza
Pública, para que obre en el proceso un informe técnico por parte del médico legista
sobre la incapacidad laboral. Por consiguiente, se evidencia que las autoridades
judiciales pueden otorgar valor probatorio a las actas de las Juntas Regionales o
Nacionales de Calificación de Invalidez, aunque el interesado pertenezca al régimen
especial de la Fuerza Pública, caso en el cual el dictamen deberá valorarse como
prueba pericial en conjunto con el acervo probatorio y acorde con las reglas de la sana
crítica».
35. Ciertamente, ello obedece a la libertad probatoria del interesado para
demostrar que es beneficiario de las prestaciones reconocidas por el
ordenamiento jurídico para proteger su condición de discapacidad.
36. Corolario de lo dicho, encuentra la Sala que para este asunto particular son
documentos aptos para calificar la pérdida de la capacidad laboral respecto del
actor como personal de las Fuerzas Militares, según el régimen que le aplica,
los provenientes de las autoridades Médico-Militares y de Policía y el Tribunal
Médico-Laboral y por las Juntas Regionales y Nacionales de Calificación de
Invalidez, las cuales tienen competencia para emitir el dictamen una vez se haya
surtido previamente la calificación del padecimiento o lesión por parte del
respectivo ente.
37. A más de lo anterior, es menester precisar que si bien los conceptos
científicos que determinan el porcentaje de disminución de la capacidad laboral
deben realizarse por los órganos colegiados creados por la norma, ello no impide
que el juez pueda confrontar y valorar objetivamente si existieron irregularidades,
imprecisiones o errores a través de otro dictamen34 que puede ser rendido por un
médico particular; sin embargo, en este último caso, la experticia no tiene el
alcance para sustituir a aquel que sirve de fundamento para el reconocimiento
pensional.
38. En otros términos, aunque un profesional de la medicina pueda rendir un
concepto sobre las consideraciones de los organismos médico-laborales militares
y de policía y la junta regional o nacional, no puede reemplazar la calificación, en
razón a que la norma exige que la decisión sea adoptada por la autoridad médica
competente, pues esta «es la pieza necesaria para la expedición del acto administrativo
33 Radicación 25000-23-42-000-2019-01234-01 (4065-2021).
34 Siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos por la ley y se surta su contradicción.
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de reconocimiento de la pensión, propiamente dicho»35. Sobre tal asunto, esta Sección
ha sostenido lo siguiente:
«Es claro que las normas mencionadas no establecieron la posibilidad de que un
médico particular actuara como perito para estos efectos, pues la modificación del
grado de invalidez quedó debidamente concentrada en entidades calificadas para
ello» [se subraya].
39. En esas condiciones, para la Sala el dictamen realizado por el médico
particular Enrique Ayala Pérez es un documento que no tiene la capacidad de
sustituir los dictámenes expedidos por las entidades competente para establecer
el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral de Cristian Eduardo Gil
Brausin, que para su caso particular como miembro de las Fuerzas Militares son
lo expedidos por las autoridades Médico-Militares y de Policía y el Tribunal
Médico-Laboral y por las Juntas Regionales y Nacionales de Calificación de
Invalidez, a quienes les asiste la competencia para ello y ante las cuales no acudió
para tal fin.
40. Ahora bien, valga recordar que de conformidad con los actuales preceptos
que regulan la pensión de invalidez de los miembros de la Fuerza Pública,
contenidos en el numeral 3.5 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004, así como en el
artículo 2 del Decreto reglamentario 1157 de 2014, para tener derecho a la
pensión de invalidez la pérdida de capacidad laboral mínima del 50% debe
generarse por lesiones o afecciones médicas ocurridas o contraídas en servicio
activo, situación que no se acredita en el caso concreto, aún más cuando el
comandante del Batallón de Infantería de Selva 45 «General Prospero Pinzón», al
cual perteneció el actor, por medio del Oficio 1074/MDN-CGFM-CE-DIV8-BR28-
BIPIN-CJM-22 del 18 de marzo de 201336, indicó «(q)ue verificado el archivo de la
sección de personal de esta unidad táctica no reposa informativo de lesiones del señor
CRISTIAN EDUARDO GIL BRAUSIN».
41. A lo expuesto debe sumarse que el pasar del tiempo no puede ser
considerado como una presunción de progresividad de la enfermedad, pues
precisamente por este factor también puede ocurrir que las lesiones y/o patologías
permanezcan incólumes, disminuyan o desaparezcan; prueba de ello es que el
legislador determinó que, incluso cuando se ha reconocido la pensión, el estado
de invalidez podía revisarse cada 3 años «con el fin de ratificar, modificar o dejar sin
efectos el dictamen que sirvió de base para la liquidación [...] y proceder a la extinción,
disminución o aumento de la misma, si a ello hubiere lugar»37, lo cual también ha sido
reconocido por la Corte Constitucional al considerar que pueden ocurrir «cambios
en la intensidad de la incapacidad, que tengan el efecto de modificar la invalidez
35 Corte Constitucional, sentencia C-1002 de 2004.
36 Folio 21.
37 Artículo 44 de la Ley 100 de 1993.
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inicialmente determinada, ya sea porque aumentó o disminuyó el grado de pérdida de la
capacidad laboral, o porque [la] incapacidad desapareció»38.
42. Valga indicar que, si bien en la demanda se solicitó el reajuste de la
indemnización, lo cierto es que del material probatorio obrante en el plenario no
se evidenció que esta se hubiera reconocido, aunado a que, como se evidenció,
no se practicó una Junta Medico Laboral que hubiera determinado un porcentaje
de la pérdida de la capacidad laboral y con base a este tener derecho a tal
indemnización.
43. Por último, se resalta que, a pesar de que se dio la opción en el curso del
proceso judicial para que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bogotá
determinara el grado de pérdida de la capacidad laboral del actor, esta no se
realizó por su falta de concurrencia y pago de los honorarios o expensas
necesarias para su realización.
44. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 16 de noviembre
de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda.
2.5. Costas
45.La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».
46. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.
47. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde
al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación
subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa
imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar
38 Corte Constitucional, sentencias T-071 de 2019, T-501 de 2019 y T-133 de 2023.
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paso a una aplicación razonable de la norma39.
48. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.
49. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
50. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que el dictamen del
médico particular Enrique Ayala Pérez, obrante en el expediente, no es un
documento que pueda sustituir el emitido por la autoridad competente para
establecer el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral de Cristian Eduardo
Gil Brausi, pues esta competencia en su caso particular como miembro de las
Fuerzas Militares regido por el Decreto 94 de 1989 y la Ley 923 de 2004 recae en
las autoridades Médico-Militares y de Policía y el Tribunal Médico-Laboral y por
las Juntas Regionales y Nacionales de Calificación de Invalidez.
51. Aunado a esto, para tener derecho a la pensión de invalidez la pérdida de
capacidad laboral mínima del 50% debe generarse por lesiones o afecciones
médicas ocurridas o contraídas en servicio activo, situación que no se demostró
en el caso concreto.
52. En esas condiciones, se confirmará la sentencia proferida el 16 de noviembre
de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, negó las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por
39 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Cristian Eduardo Gil Brausin
Cristian Eduardo Gil Brausin contra la nación, Ministerio de Defensa, Ejército
Nacional, de conformidad con lo expuesto en esta decisión.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-
23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma
del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
LAVM
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