Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01848-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01848-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
19 de marzo de 2026
1
Número Interno: 2630-2022
Demandante: Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Diecinueve (19) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01848-01 (2630-2022)
Demandante: Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante 1 y
demandada2, contra la Sentencia proferida el Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil
Veinte (2020) por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual, se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1) La demanda.
1.1) Pretensiones.
1. La señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez, por intermedio de apoderada
judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
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Fls. 236 a 238 del expediente físico.
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Fls. 241 a 242 del expediente físico.
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Número Interno: 2630-2022
Demandante: Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 –
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de solicitar la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i)
las resoluciones No. 4955 del Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Quince (2015) y
5704 del Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil Quince (2015), mediante las cuales,
el director ejecutivo seccional de administración judicial de Bogotá – Cundinamarca,
respectivamente, negó los reconocimientos solicitados, y concedió la apelación
interpuesta por la solicitante; y (ii) la Resolución No. 6071 del Dos (2) de septiembre
de Dos Mil Dieciséis (2016), por medio de la cual, la directora ejecutiva de
administración judicial, resolvió la apelación presentada por la parte interesada, en
el sentido de confirmar la decisión adoptada en el acto primigenio, por la dirección
seccional.
2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada: (i) al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales,
incluyendo el treinta por ciento (30%) correspondiente a la prima especial de
servicios, desde la posesión de la parte actora como juez, y hasta la fecha en que
desempeñe el cargo; (ii) al pago de las cesantías y de los intereses a las cesantías;
(iii) al pago, en lo sucesivo, del 100% de los ingresos mensuales de la demandante,
con las respectivas consecuencias prestacionales; (iv) a la indexación de las sumas
adeudadas; (v) al reconocimiento de los intereses desde la fecha en la que debieron
causarse las sumas, y hasta la fecha en la que se efectivamente se paguen; y (vi)
por último, solicitó que se condene en costas a la parte demandada.
1.2) Los hechos.
3. La apoderada de la parte demandante, señaló que, el Tres (3) de julio de Dos Mil
Quince (2015), presentó una solicitud ante la dirección ejecutiva de administración
3
Número Interno: 2630-2022
Demandante: Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez
Demandada: Nación – Rama Judicial
judicial, encaminada a que se le reconocieran, liquidaran y pagaran las diferencias
salariales, derivadas de su calidad de beneficiaria de la prima especial de servicios.
4. La solicitud fue resuelta de manera desfavorable, mediante las Resoluciones No.
4955 del Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Quince (2015) y 5704 del Diecinueve
(19) de agosto de Dos Mil Quince (2015), expedidas por el director ejecutivo
seccional de administración judicial de Bogotá – Cundinamarca, y a través de la
Resolución No. 6071 del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), por
medio de la cual la directora ejecutiva de administración judicial, resolvió la
apelación presentada por la parte interesada, en el sentido de confirmar el acto
primigenio.
5. Señaló que, los actos administrativos demandados, desconocen la existencia de
derechos ciertos e indiscutibles a favor de la parte actora, y que su expedición
entraña la vulneración de normas de raigambre constitucional y legal.
1.3) Concepto de la violación.
6. La demandante alegó que, los actos administrativos enjuiciados vulneran el
preámbulo y los artículos 1, 13, 25, 53 y 121 de la Constitución Política de Colombia;
los artículos 2º, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; los artículos 1º, 2º y 4º del Decreto 10
de 1993; el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo; el artículo 84 del Código
Contencioso Administrativo; y el artículo 152 de la Ley Estatutaria 270 de 1996.
7. Manifestó que, está recibiendo un trato desigual reflejado en su asignación
salarial, situación que comporta el desconocimiento del derecho a la igualdad, del
principio “a trabajo igual, salario igual” y del principio de favorabilidad que consagra
el artículo 53 Superior. Agregó que, el Gobierno no puede desmejorar los salarios y
prestaciones sociales de los servidores del Estado.
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Número Interno: 2630-2022
Demandante: Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez
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8. Sostuvo que, los actos demandados se encuentran falsamente motivados y
adolece del vicio de desviación de poder, toda vez que: (i) por un lado, la
manifestación de la voluntad de la administración se sustentó en hechos contrarios
a la realidad; y (ii) por el otro lado, fueron expedidos con una finalidad distinta a la
constitucional y legalmente establecida. Al respecto, aseveró que, la entidad se
“aprovechó” de la prima prevista en la Ley 4ª de 1992, para desmejorar las
condiciones de la actora, razón que conduce a declarar la nulidad de los actos.
1.4) La contestación de la demanda.
9. En el escrito de contestación3, la entidad demandada se opuso a la prosperidad
de las pretensiones, para lo cual enfatizó en la diferencia entre el régimen ordinario
(no acogidos) del Decreto 51 de 1993 y el régimen especial (acogidos) del Decreto
57 de 1993, cada uno de los cuales, debe ser aplicado en su integridad, sin que sea
dable fragmentarlas o descomponerlas, en virtud de los principios de favorabilidad
e inescindibilidad de las normas. Frente al demandante, sostuvo que, atendiendo a
los supuestos fácticos demostrados en el expediente, “(…) se establece con claridad
que la parte actora pertenece al régimen aplicable al personal acogido”.4
10. En lo que toca a los reconocimientos adicionales y los reajustes deprecados por
concepto de prima especial de servicios, la entidad adujo que, la reclamación
administrativa tuvo lugar el Tres (3) de julio de Dos Mil Quince (2015), por lo que las
sumas reclamadas con anterioridad al Tres (3) de julio de Dos Mil Doce (2012) se
encuentran prescritas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968.
3
Fls. 171-185 del expediente físico.
4
Fl. 173 del expediente físico.
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11. Respecto a los efectos vinculantes de la sentencia de nulidad proferida por el
Consejo de Estado el Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), señaló
que, de acuerdo con el alcance y la interpretación dada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, existe una imposibilidad material y presupuestal, para
incluir en nómina el pago adicional de la prima especial del 30%, prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. Asimismo, argumentó que, al acceder a un pago
adicional del 30% de la retribución consagrada anualmente, se terminaría
reconociendo una remuneración que excede el techo establecido por el Decreto
1251 del Catorce (14) de abril de Dos Mil Nueve (2009).
12. Sobre la pretensión de reliquidación de las prestaciones, con la inclusión de la
prima especial, advirtió que, dicho emolumento no tiene carácter salarial por
expresa disposición legal, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor
de salario para la liquidación y pago de la prima de servicios, navidad, vacaciones,
auxilio de cesantías, bonificación por servicios, etc. Finalmente, propuso como
excepciones las que denominó: (i) integración del litis consorcio necesario, (ii)
ausencia de causa pretendi, (iii) la prescripción y la (iv) innominada.
1.5) La sentencia de primera instancia.
13. Mediante la Sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020)5,
notificada el trece (13) de octubre de la misma anualidad, la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
14. El Tribunal señaló que, con base en las pruebas aportadas al proceso, se logró
acreditar que la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez se vinculó a como
juez de la República, desde el Primero (1º) de enero de Mil Novecientos Noventa y
5
Fls. 225-229 del expediente físico.
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Tres (1993) al Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Nueve (2009), y desde el Seis
(6) de noviembre de Dos Mil Nueve (2009) hasta la fecha, tiempo durante el cual,
fue beneficiaria de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992.
15. En lo que toca a la excepción de prescripción trienal, el A quo recordó que, al
amparo de lo dispuesto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1949 de 1969, así como de la regla instruida por el Consejo de Estado en
la Sentencia de Unificación del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019),
el derecho a disfrutar de la prima especial de servicios, se hizo exigible desde el
Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) (con la entrada en
vigor del Decreto 53 de ese mismo año) o desde el momento de la vinculación del
reclamante en la entidad accionada. Sobre el caso particular, el Tribunal evidenció
que, la demandante presentó la reclamación el Tres (3) de julio de Dos Mil Quince
(2015) ante la entidad convocada, por lo que concluyó que, las sumas causadas
antes del Tres (3) de julio de Dos Mil Doce (2012), se encontraban prescritas.
16. Por último, el Tribunal concluyó que, la señora Martínez Méndez tiene derecho
a que se le paguen las diferencias entre lo recibido y lo dejado de percibir, desde el
Tres (3) de julio de Dos Mil Doce (2012) y hasta tanto funja como juez de la
República. En consecuencia, ordenó la reliquidación y pago de los ingresos
mensuales sobre la base del 100% del salario básico, más el 30% de la prima
especial de servicios, así como la reliquidación de las prestaciones sobre la base
de todo el salario básico sin sumar o restar el 30% equivalente a la prima especial
(al adolecer de carácter salarial). La parte resolutiva del fallo apelado se transcribe
a continuación:
“PRIMERO. Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia del 14 de diciembre de 2011 por medio de la cual se anulo el Decreto 4040 del 3
diciembre de 2004, y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 02 de septiembre de
2019, por las razones expuestas.
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SEGUNDO. DECLARAR PARCIALMENTE probada la excepción de prescripción de los
derechos laborales reclamados por la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez de lo
reclamado con antelación al 03 de julio de 2012 por las razones expuestas.
TERCERO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones No 4955 del 17 de julio de 2015 No 5704 del 19 de agosto de 2015 y No 6071
del 2 de septiembre de 2016 en cuanto negaron a la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez
el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de
beneficiarios de la prima especial de servicios conforme con lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO. CONDENAR a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en favor
de la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez retroactivamente la diferencia existente entre
lo percibidlo y lo que debió devengar por concepto de ingresos mensuales, sobre la base del
salario básico mas el 30% de acuerdo a la prima especial de servicios, y de las prestaciones
sociales liquidadas sobre la base de todo el salario básico para las que únicamente se tuvo
en cuenta el 70% del salario básico al momento de su liquidación, en lo correspondiente a
al periodo comprendido desde el 03 de julio de 2012 hasta tanto funja como Juez de la
República y sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional para cada anualidad conforme con lo expuesto en la parte motiva. Debiéndose
descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos, conforme con lo expuesto
en la parte motiva.
QUINTO. NO RECONOCER la reliquidación y el pago de las prestaciones sociales a la parte
actora por concepto de factor salarial de la prima especial de servicios, en concordancia con
los considerandos de esta providencia.
SEXTO. Sin lugar a condena en costas conforme con lo expuesto en la parte motiva (…)”
1.6) Los recursos de apelación.
17. Parte demandante.6 En el referido medio de impugnación, la apoderada de la
demandante cuestionó la decisión del A quo relativa al fenómeno prescriptivo. Al
respecto, señaló que, la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, declaró la nulidad de los decretos salariales de los años 1993
a 2007, decisión en la que retrotrajo las cosas al estado anterior en que se hallaban,
razón por la cual, manifestó que no había lugar a la prescripción, en la medida en
que surgió para la parte actora “una expectativa legítima de un derecho que finalmente
se concretó con la anulación de los decretos”. En su criterio, es a partir de ese momento,
que nace el derecho a que la entidad demandada reconozca y pague la
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Fls. 236-238 del expediente físico.
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remuneración mensual, sin deducir el 30% por concepto de la prima especial de
servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
18. Agregó que, para que opere el fenómeno prescriptivo, es necesario que se
predique la certeza del derecho, la cual -a su juicio- surgió a partir de la ejecutoria
de las sentencias de nulidad proferidas por esta Corporación. Adicionalmente, adujo
que, por el carácter constitutivo de las sentencias en mención, no es posible aplicar
la prescripción a las reclamaciones y demandas presentadas con anterioridad.
19. Parte demandada.7 El apoderado judicial de la demandada, se limitó a hacer
referencia a la Sentencia de Unificación del Dos (2) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), proferida por la Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, a los efectos vinculantes de dicho fallo y al deber de
aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia. En uno de los acápites del
recurso de alzada, denominado “2. Del ánimo conciliatorio de la entidad”, expresó que
a la entidad le asistía el ánimo de conciliar.
20. En línea con lo expuesto, el apoderado de este extremo procesal solicitó que,
se convocara a audiencia de conciliación, con el propósito de explorar la fórmula de
arreglo propuesta por la entidad. Precisó que, en caso de no llegar a un acuerdo
total (sic) con la parte actora, debía concederse el recurso ante el superior, a quien
le solicitó revocar la sentencia “(…) en los puntos en que difiere la entidad”.
1.7) Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia.
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Fls. 241-242 del expediente físico.
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21. Por medio del auto del Seis (6) de abril de Dos Mil Veintidós (2022) 8 , el
Despacho Sustanciador concedió, en el efecto suspensivo, los recursos de
apelación.
22. En el auto del Tres (3) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), el Dr. Juan Camilo
Morales Trujillo, en calidad de Conjuez Ponente, admitió los recursos de apelación
interpuestos por las partes. Más adelante, mediante el auto del Cuatro (4) de julio
de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferido por la Dra. Erlin Abad Palacios Moreno, en
calidad de Conjuez Ponente, ordenó correr traslado para alegar de conclusión por
el término de diez (10) días, término dentro del cual, la parte demandante y
demandada allegaron los alegatos correspondientes.
23. Teniendo en cuenta que entre el 2023 y el 2025 se modificó la integración de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, por vencimiento del período de los
magistrados titulares de cada uno de los despachos, se dio aplicación a lo dispuesto
en el artículo 116 del CPACA. En tal virtud, mediante el auto del Once (11) de marzo
de Dos Mil Veinticinco (2025)9, el Dr. Carlos Mario Isaza, actuando como Conjuez,
ordenó remitir el asunto al Despacho del suscrito Consejero Ponente, quien avocó
el conocimiento del proceso de la referencia en el auto del Nueve (9) de diciembre
de Dos Mil Veinticinco (2025).
II. CONSIDERACIONES
2) Cuestión previa.
24. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 207 del CPACA, la Sala considera
necesario pronunciarse sobre la solicitud de conciliación que, en el marco del
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Fl. 249 del expediente físico.
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Índice 0048 del expediente que reposa en el SAMAI.
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recurso de apelación, elevó ante el A quo la entidad demandada. Para dicho
propósito, se acudirá, en primer lugar, a un recuento de las actuaciones procesales
y, en segundo lugar, se analizará si existe algún vicio o irregularidad que tenga la
aptitud para invalidar lo actuado.
25. De conformidad con las piezas que reposan en el expediente, se tiene que,
mediante Sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020), la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. La providencia fue
notificada el Trece (13) de octubre de la referida anualidad10 y, mediante memorial
del Catorce (14) de octubre 11, la parte demandante solicitó su corrección, en el
entendido que, el Tribunal omitió incluir el segundo apellido de la parte actora en la
parte resolutiva de la decisión.
26. El Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Veinte (2020)12, y sin que se hubiere
resuelto la solicitud de corrección, la parte actora, a través de su apoderada judicial,
interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, medio de
impugnación en el que rebatió la declaración del fenómeno prescriptivo.
27. Por su parte, mediante el memorial remitido el Veintisiete (27) de octubre de Dos
Mil Veinte (2020)13, la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia. Aunque el escrito se presentó como recurso de
alzada, la solicitud estuvo orientada a que, previo a la concesión del recurso, el A
quo convocara a una audiencia de conciliación posterior al fallo.
10
Fls. 230-232 del expediente físico.
11
Fl. 233 del expediente físico.
12
Fl. 235-237 del expediente físico.
13
Fl. 240-242 del expediente físico.
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28. El Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), previo a la concesión
de los recursos de apelación, la Sala Transitoria del prenombrado Tribunal accedió
a la solicitud de corrección incoada por la parte actora14. La decisión fue notificada,
por estado, el Veintiséis (26) de noviembre del mismo año.
29. Mediante el auto del Seis (06) de abril de Dos Mil Veintidós (2022)15, notificado
por estado el Ocho (8) del mismo mes y año, el magistrado ponente concedió, en el
efecto suspensivo, los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante
y demandada.
30. Para la concesión de los recursos, el despacho ponente dio aplicación a lo
dispuesto en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, con la modificación que
introdujo el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, norma que estaba vigente para la
fecha en la que se profirió la providencia en comento. Incluso, en las
consideraciones de la providencia se insertó una nota al pie, en la que se resaltó el
trámite previsto en la norma, así: “(…) 2. Cuando el fallo de primera instancia sea de
carácter condenatorio, total o parcialmente, y contra este se interponga el recurso de
apelación, el juez o magistrado ponente citará a audiencia de conciliación que deberá
celebrarse antes de resolverse sobre la concesión del recurso, siempre y cuando las partes
de común acuerdo soliciten su realización y propongan fórmula conciliatoria.”
31. De acuerdo con el recuento procesal expuesto, para la Sala no pasa inadvertido
que, al momento de concederse los recursos de alzada, el Tribunal no tramitó la
solicitud de conciliación elevada por la entidad demandada y, en su lugar, dio
aplicación al artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, a efectos de proceder con la
concesión de los mismos ante el superior.
14
Fl. 243-244 del expediente físico.
15
Fl. 249 del expediente físico.
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32. Entiende esta Sala que, como la sentencia de primer grado, fue objeto de una
solicitud de corrección, la cual fue resuelta mediante providencia del Veintinueve
(29) de octubre de Dos Mil Veintiuno (2021), es decir, en vigencia de la Ley 2080 de
2021, sólo podía quedar ejecutoriada una vez resuelta la solicitud de corrección. Al
respecto, el artículo 302 del Código General del Proceso señala, en punto a la
ejecutoria de las providencias, que: “Las providencias proferidas en audiencia adquieren
ejecutoria una vez notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos. No
obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará
ejecutoriada una vez resuelta la solicitud.”
33. Siendo así, el término de ejecutoria para interponer el recurso de apelación
podía computarse desde la notificación de la providencia que resuelve la solicitud
de corrección. En el auto de unificación del Doce (12) de abril de Dos Mil Dieciocho
(2018)16, proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, se sostuvo que,
dicho entendimiento se acompasa con una interpretación pro homine de los
artículos 247 ordinal 1.º del CPACA, y 287 – inciso final- y 322 ordinal 2.º inciso 2
del CGP. Así pues, en la citada providencia se analizó un escenario de similares
contornos, pero en materia de adición de providencias, en el siguiente sentido:
“(…) en aras de facilitar el acceso al recurso de apelación, es exigible la interpretación bajo
la cual se concluya que el término de ejecutoria de la sentencia inicial vuelve a computarse,
conforme la misma filosofía que tiene este término en el CGP, después que se ha negado la
adición. En efecto, como hay diferencia en los términos para recurrir las sentencias entre
ambas codificaciones, no puede limitarse el ejercicio del derecho a la apelación del fallo
inicial en materia contencioso administrativa. Lo anterior, por cuanto la aplicación de la figura
procesal regulada en el CGP -adición de sentencias-, debe hacerse de conformidad y en
armonía con la naturaleza de los términos previstos en el CPACA para recurrir las sentencias
judiciales. Así las cosas, en este caso concreto de hermenéutica procesal, como la ley prevé
que la sentencia solo quedará ejecutoriada una vez se decida la solicitud de adición, la
oportunidad para recurrir debe ser la misma que había respecto de la sentencia inicial,
aunque la petición de adición sea negada. Es decir, no solo deben computarse los tres (3)
días siguientes a la notificación del auto que así lo decide, sino que reinicia el cómputo de la
ejecutoria de la sentencia, que en esta jurisdicción es de diez (10) días.”
16
Exp. 5000-23-42-000-2014-04339-01(3223-17), M.P. William Hernández Gómez.
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34. Vistas así las cosas, es razonable sostener que, al haberse tramitado la
concesión de los recursos de apelación con posterioridad a la providencia que
resolvió la solicitud de corrección, el Tribunal optó por privilegiar la disposición
vigente al momento de la ejecutoria de la sentencia, esto es, la Ley 2080 de 2021,
en cuyo artículo 67 se modificó el trámite del recurso de apelación regulado en el
artículo 247 del CPACA, en el sentido de supeditar la conciliación a la solicitud
conjunta de las partes -y a la fórmula de arreglo que propusieran-, despojándolo del
carácter obligatorio que le imprimía el otrora inciso 4º del artículo 192 ibídem.
35. En este punto, no puede perderse de vista que, frente a la decisión así adoptada,
las partes guardaron silencio, sin requerir la celebración de la audiencia de
conciliación, ni la aplicación de las normas anteriores a la Ley 2080 de 2021.
Inclusive, después de admitido el recurso sin que se advirtiera alguna irregularidad,
las partes presentaron sus alegatos de conclusión en sede de segunda instancia,
oportunidad en la cual no hicieron mención al ánimo conciliatorio que, en su
momento, le asistía a la entidad, por lo que se sobreentiende que la interpretación
efectuada por el Tribunal de origen, fue aceptada por los sujetos procesales.
36. En virtud de las consideraciones expuestas, y teniendo en cuenta que, a las
partes se les ha garantizado, en todo momento, los derechos de defensa y
contradicción, en tanto elementos medulares del debido proceso, la Sala decidirá
de fondo el asunto planteado y, en consecuencia, dictará fallo de segunda instancia.
2.1) Competencia.
37. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 de la Ley 1437 de
2011 – CPACA. De igual forma, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 328 del
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Código General del Proceso (CGP) 17 , el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. En adición, el inciso 2º del artículo en cita señala que, cuando ambas
partes hayan apelado toda la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.
2.2) Problemas jurídicos.
38. En el presente caso, le corresponde a la Sala: (i) en primer lugar, determinar si
los motivos que sustentan el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, se dirigen contra el fondo de la decisión recurrida y si, en esa medida,
debe revocarse la Sentencia del 31 de julio de 2020, proferida por la Sala Transitoria
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, o si, por el
contrario, debe declararse fallida la apelación; y (ii) en segundo lugar, determinar si
la prescripción de los derechos reclamados por la demandante, operó en los
términos establecidos por el A quo o si, como lo repara la parte actora, debe
revocarse parcialmente el fallo impugnado en lo que a la prescripción se refiere, en
el entendido en que no operó con respecto a las sumas causadas con anterioridad
al Tres (3) de julio de Dos Mil Doce (2012).
39. Con el propósito de desatar los problemas jurídicos planteados, se abordarán
los siguientes capítulos: 2.3) el marco normativo y jurisprudencial de la prima
especial de servicios y la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social;
2.4) los hechos probados; y el 2.5) caso concreto.
17
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.”
15
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2.3) Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios.
40. La Ley 4ª de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como
un incremento salarial del 30% calculado sobre el 100% de la asignación básica, sin
carácter salarial. Más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial sólo para el pago de aportes pensionales.
41. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo
en el sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de
servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la Sentencia
SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el dos (2) de septiembre de 2019.
42. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza
y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, se explicó que, la
mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores,
que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede
entenderse, en ningún caso, como un elemento de deducción que afecte
negativamente los derechos del trabajador. En la sentencia de la referencia, se
determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho,
en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de
la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen
derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación
básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional,
atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho
16
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a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación
básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite del
80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios,
se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a
partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el
Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá superar
en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de
Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el auxilio
de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
2.3.1) La imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social.
43. Con respecto a la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social, esta
Subsección ha precisado que:18
«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.»
En la sentencia del 2 de septiembre de 200919, el Consejo de Estado determinó que
en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto
3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.
Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a
la seguridad social previsto en el artículo 48 superior 20 como con los principios
laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no
regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en
pensiones. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero
del 2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez)
20
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que
establezca la Ley.
17
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del tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.»
44. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales opera a los tres (3) años
desde su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo
102 del Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso con la
reclamación administrativa. En relación con la prima especial de servicios, el
Consejo de Estado aseguró que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde
la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 y del Decreto 57 de 1993, y no la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes
pensionales, por tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho
fundamental a la seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad.
45.Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a
decidir el presente caso.
2.4) Hechos probados.
46. Para resolver la controversia, la Sala tendrá en cuenta el acervo probatorio
allegado al proceso, el cual le permite tener por acreditados los siguientes hechos:
a) El Tres (3) de julio de Dos Mil Quince (2015) 21 , la parte actora presentó un
derecho de petición ante la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá
– Cundinamarca, en virtud del cual se elevó la siguiente solicitud: “(…) solicito a esa
Dirección que se le reconozca y pague a mi mandante el equivalente del 30% como
remuneración mensual con carácter salarial, con las consecuencias prestacionales de este
21
Fls. 32-43 del expediente físico.
18
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30% del salario, incluidas las cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial
consagrada en los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, en los períodos señalados (...)”22.
b) En virtud de la Resolución No. 4955 del Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Quince
(2015), el director ejecutivo seccional de administración judicial de Bogotá –
Cundinamarca resolvió no acceder a la petición incoada por la señora Martínez
Méndez.
c) Con la certificación DESAJ15-THCER-4857 del Diez (10) de julio de Dos Mil
Quince (2015) 23 , la Coordinadora del Área de Talento Humano de la dirección
ejecutiva seccional de administración judicial de Bogotá – Cundinamarca, certificó
los cargos y tiempos de servicios de la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez
Méndez.
d) Mediante la Resolución No. 5704 del Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil Quine
(2015) 24 , el director ejecutivo seccional de administración judicial de Bogotá –
Cundinamarca, concedió el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la
reclamante.
e) Mediante la Resolución No. 6071 del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Dieciséis
(2016)25, la dirección ejecutiva de administración judicial, al desatar la apelación
interpuesta, confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 4955 del Diecisiete
(17) de julio de Dos Mil Quince (2015), por medio de la cual se negaron los
reconocimientos y pagos reclamados. Conviene precisar que, frente a los tiempos
de servicios analizados en el acto administrativo, se tuvieron en cuenta los
siguientes (visible en la p. 3 del acto):
22
En la petición se precisó que los períodos reclamados eran los siguientes: desde el 1º de enero de 1993 al 30 de septiembre
de 2009, y desde el 6 de noviembre de 2009 hasta la fecha.
23
Índice 003 del Samai.
24
Índice 003 del Samai.
25
Índice 003 del Samai.
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f) Aunque al proceso no se allegó ningún certificado que acreditara que la
demandante se acogió al régimen salarial establecido en el Decreto 57 de 1993, lo
cierto es que, en el escrito de contestación 26 , la entidad demandada señaló lo
siguiente: “(…) atendiendo a los supuestos fácticos demostrados en el sub lite, se
establece con claridad que la parte actora pertenece al régimen aplicable al personal
ACOGIDO.” No pasa inadvertido que, con el escrito de contestación, tampoco se
aportaron pruebas adicionales a las allegadas por la parte demandante.
2.5) Caso concreto.
47. Según lo acreditado en el plenario, la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez
Méndez se desempeñó en el cargo de juez de la República en Despachos adscritos
a la dirección seccional de administración judicial de Bogotá – Cundinamarca, de
manera intermitente, desde el Primero (1º) de enero de Mil Novecientos Noventa y
26
Fl. 173 del expediente físico, página 4 de la contestación.
20
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Tres (1993), el cual seguía ostentando para la fecha en la que presentó la
reclamación en sede administrativa. Vale la pena anotar que, aunque en la
certificación DESAJ15-THCER-4857 del diez (10) de julio de 2015, expedida por la
coordinadora del área de talento humano de la Dirección Ejecutiva Seccional, se
relacionaron tiempos de servicios como Juez anteriores al primero (1º) de enero de
Mil Novecientos Noventa y Tres (1993), lo cierto es que, tanto en la petición del Tres
(3) de julio de Dos Mil Quince (2015), como en la Resolución No. 6071 del Dos (2)
de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), el objeto de la discusión se contrajo al
período comprendido entre el Primero (1º) de enero de Mil Novecientos Noventa y
Tres (1993), hasta la fecha de la decisión.
48. Asimismo, está probado que, mediante petición del Tres (3) de julio de Dos Mil
Quince (2015), la parte demandante presentó una reclamación administrativa ante
la dirección seccional de administración judicial de Bogotá – Cundinamarca. No
obstante, mediante la Resolución No. 4955 de Diecisiete (17) de julio de Dos Mil
Quince (2015), el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Bogotá
– Cundinamarca, no accedió a la petición incoada por la señora Nancy Jeanet del
Pilar Martínez Méndez. Contra dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de
apelación, el cual fue resuelto de manera desfavorable en virtud de la Resolución
No. 6071 del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), expedida por la
dirección ejecutiva de administración judicial.
49. Del escrito de contestación de la demanda se logra extraer -y así lo confirmó la
entidad demandada- que la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez
pertenece al régimen de acogidos, al amparo del Decreto 57 de 1993.
50. Precisado lo anterior, la Sala procede a abordar los problemas jurídicos
planteados.
21
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2.5.1) Determinar si los motivos que sustentan el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada se dirigen contra el fondo de la decisión
51. El artículo 247 del CPACA establece el trámite del recurso de apelación contra
las sentencias proferidas en primera instancia por los juzgados y tribunales
administrativos, así:
“ARTÍCULO 247. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera
instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. El recurso deberá interponerse y sustentarse ante la autoridad que profirió la providencia,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
2. Si el recurso fue sustentado oportunamente y reúne los demás requisitos legales, se
concederá mediante auto en el que se dispondrá remitir el expediente al superior, quien
decidirá de plano si no se hubiese pedido la práctica de pruebas. Si las partes pidieron
pruebas, el superior decidirá si se decretan según lo previsto en este Código.
3. Recibido el expediente por el superior, si este encuentra reunidos los requisitos decidirá
sobre su admisión (….)” (Redacción original, antes de la modificación introducida en virtud
del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021).
52. El Código General del Proceso (CGP), en su artículo 320, prevé que el recurso
de apelación tiene como objeto «[…] que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el
superior revoque o reforme la decisión», el cual será interpuesto por la parte a la que
aquella le haya sido desfavorable, con lo que se materializa el principio de la doble
instancia contenido en el artículo 31 de la Carta Política.
53. Ahora bien, en lo concerniente al requisito de sustentación del recurso de
apelación, esta Corporación27 ha dicho que:
27
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección A; sentencia de 1º de agosto de 2018, expediente: 73001-23-31-000-
2014-00160-01 (3026-2015); consejero ponente: William Hernández Gómez. Al respecto, ver también fallos de 28 de junio de
2018, expediente: 44001-23-33-000-2013-00068-01 (3393-2015), C. P. Rafael Francisco Suárez Vargas; y 15 de marzo de
2018 y 9 de noviembre de 2017, expedientes: 25000-23-42-000-2012-00914-01 (2666-2014) y 18001-23-33-000-2015-00214-
01 (1050-2017), respectivamente.
22
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“De conformidad con lo expuesto, se advierte que en atención a que la parte demandada
no controvirtió en absoluto la sentencia de primera instancia, esta Corporación no puede
resolver a su favor el recurso, en vista de que los argumentos de la decisión que emitió el
fallador de primera instancia ni siquiera fueron objeto de confrontación dentro del recurso
de apelación interpuesto. En consecuencia, un escrito de apelación que no contenga
argumentos tendientes a desvirtuar las razones que fundamentan el fallo de primera
instancia, impide un reexamen de los mismos de carácter oficioso por parte de la segunda
instancia, por cuanto, tal como ya se ha dicho, en el sub lite, la impugnante se refiere en
su recurso a unos fundamentos y consideraciones diferentes de los adoptados por el a
quo para proceder a ordenar la indexación de la primera mesada del demandante.
[…] En este sentido, no es dable al juez asumir cargas que corresponden a las partes
procesales, ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio, esto es, en el evento en que
una de las partes está inconforme con la sentencia, es su responsabilidad atacar la
decisión poniendo en conocimiento, tanto del juez como de la parte favorecida con la
sentencia, las razones que en su criterio, dejan sin fundamento la providencia judicial.
54. En la Sentencia de primera instancia, el A quo declaró la nulidad de los actos
administrativos contenidos en las Resoluciones demandadas, al concluir que la
demandante tiene derecho a que se le paguen las diferencias entre lo recibido y lo
dejado de percibir desde el Tres (3) de julio de Dos Mil Doce (2012), y hasta tanto
funja como juez de la República. Así las cosas, ordenó la reliquidación y pago de
los ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico, más el 30% de
la prima especial, y la liquidación de las prestaciones sobre la base del salario
básico sin inclusión de la prima especial, toda vez que, no tiene carácter salarial.
55. La entidad demandada dividió el acápite denominado “Razones de la apelación”28
en tres (3) partes: (i) en la primera, titulada “De la sentencia de unificación del Consejo
de Estado SUJ-016-CE-S2-2019”, transcribió una cita de la Sentencia del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta Corporación; (ii) en la segunda, titulada “ De los efectos
vinculantes de la Sentencia de Unificación del Consejo de Estado”, se limitó a resaltar el
deber de aplicación uniforme de la jurisprudencia y las normas, en los términos del
artículo 10 del CPACA, y la extensión de jurisprudencia prevista en el artículo 102
28
Fls. 241-242 del expediente físico.
23
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ibídem; y (iii) en la tercera, denominada “Del ánimo conciliatorio de la entidad”, dejó
consignada la voluntad de proponer una fórmula de arreglo.
56. En línea con lo anterior, la entidad solicitó que se convocara “ a audiencia de
conciliación pos fallo” con el fin de explorar la fórmula conciliatoria y, sólo en el evento
de no llegarse a un acuerdo, pidió que se concediera el recurso de apelación ante
el superior, a fin de revocar la sentencia de primera instancia.
57. Ahora bien, al analizar el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, la Sala observa que, el referido medio de impugnación no contempla
reparos concretos frente al contenido del fallo del A quo, o una exposición clara y
razonada de los motivos de inconformidad, que estén debidamente relacionados
con los supuestos fácticos y jurídicos de la decisión impugnada. Como se señaló en
precedencia, la entidad, en lugar de controvertir el fondo de la decisión adoptada,
se limitó a señalar en el recurso, que le asistía ánimo conciliatorio.
58. En el presente asunto, advierte la Sala que, conforme al principio de
congruencia, la competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada
por los aspectos planteados en el recurso de apelación, los cuales deben guardar
coherencia con lo alegado en la demanda y su contestación, con el fin de
salvaguardar el derecho de defensa y contradicción de las partes. Sobre el
particular, la Sección Segunda de esta Corporación29 ha dicho:
“(…) Frente al particular, esta Corporación ha expuesto lo siguiente acerca del principio de
congruencia: (...) de acuerdo con la finalidad del recurso de apelación, resulta necesario
no solo que el recurrente sustente la decisión, sino que lo haga de la forma adecuada,
indicando en concreto los motivos de inconformidad respecto del fallo del A-quo, los
cuales determinarán el objeto de análisis del Ad quem y su competencia frente al caso.
Lo anterior demanda un grado de congruencia entre el fallo recurrido y la fundamentación u
objeto de la apelación, fuera de lo cual, se estaría desconociendo el debate jurídico y
probatorio que fundamentó la decisión del juez de primera instancia, como también la
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 13 de febrero
de 2020, Rad. 25000-23-25-000-2011-00401-01(3598-16), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
24
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finalidad y objeto mismo de la segunda instancia". Ahora bien, cuando los fundamentos de
la apelación son extraños al debate por no corresponder al caso juzgado por el A quo,
se entiende como una apelación fallida, en cuanto que la falta de congruencia entre la
sentencia recurrida y los motivos de inconformidad no permite resolver la apelación;
así lo ha sostenido esta Corporación: "En conclusión, se observa que los argumentos
esgrimidos por el recurrente como sustentación del recurso, en verdad, no están dirigidos
contra el fondo de la sentencia apelada, por no corresponder al caso que se juzga, lo cual
impide en el fondo desatar la apelación, es decir, ésta resulta fallida porque es
imposible confrontar la sentencia con una apelación de la misma que no lo es”
(Destacado fuera del texto original).
59. La Sala precisa que, las razones finalmente planteadas por el recurrente, no
obedecen a reparos concretos que permitan desatar la apelación, puesto que, se
insiste, las razones expuestas no están dirigidas contra el fondo de la sentencia,
sino que se circunscriben a explorar una fórmula conciliatoria que, en el trámite de
la concesión y posterior admisión del recurso, no se materializó. En consecuencia,
la Sala declarará fallida la apelación interpuesta por la entidad demandada y
procederá a estudiar los reparos expuestos por la parte demandante.
2.5.2) Determinar si la prescripción de los derechos reclamados por la
demandante operó en los términos establecidos por el A quo.
60. En la Sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020), el A
quo declaró parcialmente probada la excepción de prescripción de las sumas
reclamadas por la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez, con anterioridad
al Tres (3) de julio de Dos Mil Doce (2012), teniendo en cuenta que, la petición se
presentó hasta el Tres (3) de julio de Dos Mil Quince (2015). Dicha decisión se
fundamentó en la aplicación de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968, 102 del
Decreto 1848 de 1969 y en la regla de unificación adoptada por la Sala Plena de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la Sentencia del Dos
(2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).
61. En el recurso de apelación, la demandante expuso que no había lugar a declarar
la prescripción trienal, habida cuenta que, a su juicio, el derecho se hizo exigible a
partir de la anulación de los decretos salariales por parte del Consejo de Estado.
25
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62. En este punto, conviene precisar que, la jurisprudencia de esta Corporación ha
sido pacífica en señalar que, en materia de acciones laborales ejercidas por
empleados públicos y trabajadores oficiales, rige la prescripción trienal, prevista en
el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, los cuales señalan que: (i) el término de prescripción es de
tres (3) años, contados desde que la respectiva obligación se hace exigible; (ii) el
simple reclamo escrito del trabajador ante la autoridad competente interrumpe la
prescripción, pero sólo por un lapso igual; y (iii) dentro del anterior plazo, contado
desde la presentación de la reclamación administrativa, el trabajador debe acudir
ante la jurisdicción en procura del reconocimiento del derecho.
63. En armonía con las citadas disposiciones, la Sala Plena de Conjueces de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en la referida Sentencia SUJ-016-CE-S2-
2019 del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), reafirmó la aplicación
del fenómeno prescriptivo en materia laboral, precisando que, el hecho constitutivo
del derecho a la prima especial de servicios, se hizo exigible desde la entrada en
vigor del decreto reglamentario de la Ley 4ª de 1992, esto es, a partir del Siete (7)
de enero de Mil Novecientos Noventa y Tres (1993). En dicha oportunidad, y
contrario a lo alegado por la parte demandante en el escrito de apelación, la Sala
de Conjueces sostuvo lo siguiente:
“(…) Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se reclama se
hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó primigeniamente la Ley 4
de 1992, es decir, a partir del 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto
57 de 1993. En consecuencia, desde el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber
interrumpido la prescripción trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de
la sentencia del 29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada
su naturaleza declarativa” (Destacado fuera del texto original).
64. En la sentencia en comento, la Sala Plena de Conjueces dejó consignada la
siguiente regla de unificación en el ordinal primero, numeral 5º, de la parte
26
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resolutiva: “(…) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y-a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más
atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 "y 1848 de 1969.”
65. En el caso concreto, se encuentra probado que, la señora Nancy Jeanet del
Pilar Martínez Méndez se ha desempeñado en el cargo de juez de la República en
Despachos adscritos a la dirección seccional de administración judicial de Bogotá –
Cundinamarca, de manera intermitente, desde el Primero (1º) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993). Sin embargo, durante todo el tiempo de
vinculación a la Rama Judicial, la demandante sólo presentó la reclamación
relacionada con las diferencias derivadas del pago de la prima especial de servicios,
hasta el Tres (3) de julio de Dos Mil Quince (2015), cuando con antelación tenía la
posibilidad de interrumpir el término de prescripción, teniendo en cuenta que el
derecho se hizo exigible desde el Siete (7) de enero de Mil Novecientos Noventa y
Tres 1993 (1993).
66. Bajo estos parámetros, la normativa aplicable ha sido clara en señalar que, el
intervalo de tres (3) años, debe contabilizarse desde la exigibilidad del derecho, esto
es, desde la consagración legal de la prima especial de servicios, momento en el
cual surgió el derecho, o bien desde la presentación de la reclamación ante la
administración, según el caso. En consecuencia, no es factible modificar la regla
general de prescripción y, de suyo, acoger los reparos de la demandante.
67. La Sala reitera que, los principios de confianza legítima, progresividad y no
regresividad laboral, junto con el principio general del derecho según el cual «nadie
puede alegar en su favor su propia culpa», no determinan una forma diferente de
contabilizar el fenómeno de la prescripción en este caso, ni mucho menos modifican
la fecha en que la obligación discutida se hizo exigible. Además, llama la atención
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en que, la prescripción extintiva del derecho constituye una sanción a la inactividad
prolongada e injustificada del titular para ejercer oportunamente su reclamación.
68. En virtud de lo expuesto, le asiste razón al A quo al declarar probada la
prescripción de los derechos laborales, causados con anterioridad al Tres (3) de
julio de Dos Mil Doce (2012). Sin embargo, se modificará parcialmente lo dispuesto
en el ordinal segundo de la parte resolutiva del fallo apelado, en el entendido que,
hay lugar a declarar la prescripción de los derechos laborales en los términos
señalados, salvo los aportes a la seguridad social en pensión, respecto de los
cuales, no opera la prescripción. Lo anterior, por cuanto el pago de aportes
pensionales está ligado al derecho pensional, el cual es un derecho irrenunciable e
imprescriptible30.
69. La Sala dispondrá que los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones deberán ser liquidados y pagados por la entidad, por todo el período en
que la actora haya ejercido como juez y durante el tiempo en que hubiere tenido
derecho a percibirla, de la siguiente manera: desde el siete (7) de enero de 1993
hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, esto es, el diecinueve (19) de
diciembre de 1996, la liquidación debe realizarse sobre el 100%; a partir de dicha
fecha, y hasta tanto se dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, la
base de liquidación será el 100% de la asignación básica, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, siempre que, para ese momento,
la demandante continúe prestando el servicio en cargos que generen el derecho a
dicha prima o, en su defecto, hasta su desvinculación, sin que opere la prescripción.
30
« Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de
carácter irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido
desarrollada de manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En
consecuencia, los beneficiarios del sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo,
como mecanismo para garantizar los fines esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge
Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.
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2.5.3) Consideraciones adicionales sobre la decisión apelada.
70. En el escrito de demanda, la parte actora solicitó que, se declare la nulidad de
los siguientes actos administrativos: (i) las Resoluciones No. 4955 del Diecisiete
(17) de julio de Dos Mil Quince (2015) y 5704 del Diecinueve (19) de agosto de Dos
Mil Quince (2015), expedidas por el director ejecutivo seccional de administración
judicial de Bogotá – Cundinamarca; y (ii) la Resolución No. 6071 del Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), expedida por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial. En la sentencia apelada, el A quo declaró la nulidad de
dichos actos, decisión que quedó consignada así:
“TERCERO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones No 4955 del 17 de julio de 2015 No 5704 del 19 de agosto de 2015 y No 6071
del 2 de septiembre de 2016 en cuanto negaron a la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez
el reconocimiento, liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de
beneficiarios de la prima especial de servicios conforme con lo expuesto en la parte motiva.”
71. Para esta Sala, que actúa como juez de legalidad de los actos administrativos,
no puede pasar inadvertido que uno de los actos demandados, cuya nulidad fue
declarada, corresponde a un acto de trámite que no es pasible de control judicial,
en los términos del artículo 43 y 75 del CPACA. Al respecto, en la Resolución No.
5704 del Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil Quince (2015), el director ejecutivo
seccional de administración judicial se limitó a conceder el recurso de apelación
interpuesto por la apoderada de la demandante, sin que en dicho acto se decidiera
de fondo del asunto, como sí ocurrió en las demás resoluciones acusadas. Sobre
esa base, se modificará en lo pertinente el ordinal tercero de la parte resolutiva.
72. Adicionalmente, cuando se revisa la orden dada por el Tribunal, en el ordinal
cuarto de la sentencia apelada, se observa que, la redacción de aquel puede llevar
a confusiones, motivo por el cual habrá de modificarse para precisar que, por un
lado, las diferencias a pagar deben atender a los períodos estrictamente laborados
y hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021,
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siempre que, para ese momento, la demandante continúe prestando el servicio en
cargos que generen el derecho a dicha prima o, en su defecto, hasta su
desvinculación, sin que, en ningún caso, al sumar la totalidad de los ingresos se
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para el cargo de Juez
de la República y, por el otro lado, que la reliquidación de prestaciones sociales se
debe realizar sobre la base del 100% de la asignación básica, sin sumarle ni restarle
el 30% de la prima especial de servicios.
73. Además, se adicionará en dicho ordinal que, el cumplimiento de la presente
sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro
pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos.
74. Como corolario de lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia.
2.6) Condena en costas.
75. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, razón
por la cual no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley
1437 de 2011 y, por lo tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
76. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. DECLARAR FALLIDO el recurso de apelación interpuesto por la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, contra la
Sentencia del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la
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Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la Sentencia del Treinta y Uno (31) de
julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, de acuerdo con los motivos expuestos en esta
providencia.
TERCERO: MODIFICAR el ordinal SEGUNDO de la Sentencia del Treinta y Uno
(31) de julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en los siguientes términos:
“SEGUNDO. DECLARAR parcialmente probada la excepción de prescripción de los
derechos laborales reclamados por la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez de lo
reclamado con antelación al tres (03) de julio de 2012, salvo los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, los cuales deberán ser liquidados y pagados por la
administración judicial por todo el período en que la actora haya ejercido como juez y durante
el tiempo en que hubiere tenido derecho a percibirla, de la siguiente manera: desde el siete
(7) de enero de 1993 hasta la entrada en vigor de la Ley 332 de 1996, esto es, el diecinueve
(19) de diciembre de 1996, la liquidación debe realizarse sobre el 100%; a partir de dicha
fecha y hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, la base
de liquidación será el 100% de la asignación básica, más el 30% correspondiente a la prima
especial de servicios, siempre que, para ese momento, la demandante continúe prestando
el servicio en cargos que generen el derecho a dicha prima o, en su defecto, hasta su
desvinculación, sin que opere la prescripción respecto de este concepto, por las razones
expuestas.”
CUARTO: MODIFICAR el ordinal TERCERO de la Sentencia del Treinta y Uno (31)
de julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:
“TERCERO. DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones No. 4955 del 17 de julio de 2015 y No. 6071 del 2 de septiembre de 2016, en
cuanto negaron a la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez el reconocimiento,
liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiarios de
la prima especial de servicios conforme con lo expuesto en la parte motiva.”
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QUINTO: MODIFICAR el ordinal CUARTO de la Sentencia del treinta y uno (31) de
julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:
“CUARTO. CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a RECONOCER y PAGAR en
favor de la señora Nancy Jeanet del Pilar Martínez Méndez retroactivamente la diferencia
existente entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de ingresos mensuales,
sobre la base del salario básico más el 30% de acuerdo a la prima especial de servicios, y
las prestaciones sociales liquidadas sobre la base del 100% de la asignación básica, sin
sumarle ni restarle el 30% de la prima especial de servicios, en lo correspondiente al período
comprendido desde el tres (03) de julio de 2012, en atención a la prescripción trienal, hasta
tanto funja como Juez de la República. Las diferencias a pagar deben atender a los períodos
estrictamente laborados, hasta tanto la entidad dé aplicación a lo dispuesto en el Decreto
272 de 2021, siempre que, para ese momento, la demandante continúe prestando el servicio
en cargos que generen el derecho a dicha prima o, en su defecto, hasta su desvinculación,
sin que en ningún caso al sumar la totalidad de los ingresos se supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional para el cargo de juez de la República. Debiéndose descontar
lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte
motiva.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada
no haya realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos.”
SEXTO: CONFIRMAR los demás ordinales de la Sentencia del treinta y uno (31) de
julio de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SÉPTIMO: RECONOCER PERSONERÍA a la Dra. Dora Isabel Sierra Sierra,
abogada portadora de la T.P. No. 183.044 del Consejo Superior de la Judicatura,
en los términos del poder conferido por la entidad demandada.31
OCTAVO: Sin condena en costas en esta instancia.
NOVENO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
31
Visible en el Índice 00046 y 00047 del expediente electrónico que reposa en Samai.
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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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