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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01858-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01858-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Adicionar la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, en el sentido de ordenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que, efectúe las cotizaciones al Sistema General de Pensiones que correspondan sobre el 100% del salario básico mensual más 30% de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 desde el 21 de septiembre de 2010 hasta que la demandante ocupe el cargo que le otorgaba el derecho. El cumplimiento de esta decisión estará condicionado a que la entidad verifique que no haya realizado otros pagos por los mismos conceptos aquí ordenados. Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Johana Patricia Santamaría Chanaga contra la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Tercero. No condenar en costas en esta ni en la primera instancia. Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. FNM 18

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01858-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Temas: Prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra de la
sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria mediante la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Johana Patricia Santamaría Chanaga presentó demanda2 en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en

1
En adelante DEAJ.
2
La demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2016 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con radicado 25000234200020160616700 bajo el radicado 25000234200020160616700. Posteriormente,
mediante auto del 22 de agosto de 2018, se ordenó su desglose y se le asignó el radicado 25000-23-42-
000-2018-01858-00. Si Expediente digital, documentos 14; y 30, página 8.
3
En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

orden a que se i) inaplicaran los artículos 6 y 7 de los decretos 57 de 1993 y 106 de
1994; 7 y 8 del Decreto 43 de 1995; 6 y 7 de los decretos 36 de 1996, 76 de 1997,
64 de 1998 y 44 de 1999; 7 y 8 de los decretos 2740 de 2000; 1475 de 2001, 2720
de 2001, 2777 de 2001; 6 y 7 de los decretos 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de
2004, 936 de 2005 y 389 de 2006; 6 de los decretos 618 de 2007 y 658 de 2008; 8
de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de
2013 y 194 de 2014; y 4 de los decretos 105 de 2015 y 234 de 2016 expedidos por
el gobierno nacional; y ii) se declarara la nulidad de las resoluciones 7967 del 3
noviembre de 2015, 175 del 14 de enero de 2016 y 8239 del 15 de diciembre de
2016, proferidas por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá4 y la DEAJ, por medio de las cuales le negó el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992;
y la estipulada en el artículo 15 ejusdem; así como la diferencia del 30% del salario
dejado de percibir o pagado a título de prima especial de servicios y la reliquidación
de las prestaciones sociales.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de a) la prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y la de servicios estatuida en el artículo 15
ejusdem; b) las diferencias salariales ajustadas al 100% del salario básico mensual
que le fue disminuido en un 30%, por el tiempo durante el cual se desempeñó como
juez de la República y en adelante; ii) la reliquidación de las prestaciones sociales
con base en el 100% del salario básico mensual; iii) la indexación de las sumas
adeudadas; iv) los intereses corrientes y moratorios sobre las sumas reclamadas;
v) la aplicación de los artículos 187 a 189, 192 y 195 ibidem; y vi) la condena en
costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Johana Patricia Santamaría Chanaga se desempeñó como juez 50 penal
municipal con función de control de garantías, desde el 21 de septiembre de 20105.

3.2. El 2 de octubre de 2015 presentó reclamación administrativa ante la DESAJ en
la que solicitó el reconocimiento de la prima especial de servicios del 30% prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y la estipulada en el artículo 15 ejusdem; así
como la diferencia del 30% del salario dejado de percibir o pagado a título de prima
especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales.

4 En lo siguiente DESAJ.
5 Se advierte que, para mayor comprensión, los hechos fueron reconstruidos a partir del análisis de

la demanda y las pruebas aportadas al expediente.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

3.3. LaDESAJ negó la anterior solicitud a través de la Resolución 7967 del 3
noviembre de 2015. En contra de esa decisión interpuso recurso de apelación
concedido mediante la Resolución 75 del 14 de enero de 2016; y resuelto de manera
negativa por la DEAJ por medio de la 8239 del 15 de diciembre de 2016.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 2,
14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 152 de la Ley 1270 de 1996; 14 del Código Sustantivo
del Trabajo; y 1, 2 y 4 del Decreto 10 de 1993.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que tenía derecho a la prima especial
de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un
emolumento adicional al salario básico mensual; y aquella establecida en el artículo
15 ejusdem cuya finalidad consistía en equiparar los ingresos laborales totales
anuales de los magistrados de altas cortes con los percibidos por los congresistas,
que tenía incidencia en su remuneración mensual por lo que debía reconocerse
dicha incidencia con inclusión de las cesantías como un ingreso permanente que
integraba la base para efectuar la referida equiparación.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DESAJ sostuvo que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 fue concebida como un emolumento sin carácter salarial y que,
conforme con la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Consejo de Estado, constituye
un incremento adicional equivalente al 30% de la asignación básica mensual,
mientras que las prestaciones sociales deben liquidarse sobre el 100% de dicha
asignación básica6.

7. Propuso las siguientes excepciones:

7.1. Integración del litisconsorcio necesario, al considerar indispensable la
vinculación de la nación, Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, por ser las
entidades competentes para fijar el régimen salarial y efectuar las apropiaciones
presupuestales;

7.2. Imposibilidad de reconocer los derechos reclamados por ausencia de
disponibilidad presupuestal para asumir las obligaciones derivadas de la
reliquidación salarial y prestacional pretendida;

6 Folios 222 al 230 del expediente físico.

3

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

7.3. Prescripción trienal, respecto de las sumas causadas con anterioridad al 2 de
octubre de 2012 porque la reclamación administrativa fue presentada el 2 de octubre
de 2015; y

7.4. La innominada.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria,
en sentencia proferida el 30 de noviembre de 20207, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y no emitió condena en costas. En tal sentido, ordenó
lo siguiente:

«PRIMERO.- Estese a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril del año 2014 proferida
por el Consejo de Estado dentro del expediente N° 2007-0087-00 […] en cuanto declaró
la nulidad por inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos reglamentarios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 e inaplicar por inconstitucional todos los decretos que
dieron un entendimiento diferente en el sentido de disminuir el derecho a la prima, en
cuanto no se considere un aumento sino una disminución y a la sentencia de Unificación
–SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado – Sección Segunda – Sala Plena de Conjueces – el dos (2) de
septiembre de 2019 […] por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO.- Declarar probada parcialmente la excepción de prescripción trienal
respecto a las sumas causadas antes del 2 de octubre de 2012 y sólo reconocerá el
pago por concepto de prima especial de servicios a que tiene derecho la demandante,
como un emolumento adicional que asciende al 30% del 100% del salario básico y/o
asignación básica, de aquellas sumas causadas a partir del 2 de octubre de 2012 y hasta
la fecha en que funja o fungió en dicho cargo.

TERCERO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en las
Resoluciones Nos. 7967 del 3 de noviembre de 2015, 175 del 14 de enero de 2016, 8239
del 15 de diciembre de 2016 expedidas por el Director Ejecutivo de Administración
Judicial por medio de los cuales se negó a la demandante los derechos laborales
reclamados, en razón a que tiene derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste, que
corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, en el entendido de que dichos salarios fueron liquidados sobre el 70% de su salario
básico, para lo cual el 30% de la prima especial de servicios se debe sumar al salario y
en cuanto a las prestaciones sociales, la prima especial de servicios consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no es un factor salarial, esto es, no debe ser sumada ni
excluida para establecer la base sobre las cuales se van a liquidar aquellas, las cuales
deben ser liquidadas sólo sobre la base del 100% del salario básico mensual.

CUARTO.- Condénase a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a pagarle a la demandante
Johana Patricia Santamaría Chanaga, el derecho que tiene a la reliquidación y pago
de sus ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de

7 Expediente digital, documento 52.

4

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

éste, que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992 y el derecho al reconocimiento, reliquidación y pago de sus prestaciones
sociales, liquidadas sobre la base de todo salario básico, “sin restarle ni sumarle a éste
el 30%, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no
incide o es inocua para liquidar las prestaciones sociales. La diferencia entre lo
efectivamente recibido y lo dejado de recibir, por los anteriores conceptos, sumas que
se deben liquidar a partir del 2 de octubre de 2012 y hasta la fecha en que funja o
fungió en el cargo de Juez Municipal siguiéndose para su liquidación y pago los
parámetros fijados en esta sentencia, sin que en ningún caso se supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo que ocupó la demandante
en el periodo supra relacionado. Precisándose además, que aquellos funcionarios
beneficiarios de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992.

QUINTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del CPACA […] conforme a lo dicho en la parte motiva.

SEXTO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan
los supuestos de hecho y de derecho.

[…] [sic].

9. Para tal efecto expuso lo siguiente:

9.1. De conformidad con los parámetros jurisprudenciales del Consejo de Estado, en
particular los referidos en la sentencia SUJ-016-CE-S2-20198 proferida el 2 de
septiembre de 2019 por la Sección Segunda, según los cuales, la prima especial de
servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 es un emolumento
adicional al salario básico mensual, la actora tenía derecho a dicha prima por el
desempeño del cargo de juez penal con función de conocimiento, desde el 2 de
octubre de 2012 hasta que se desempeñara en el cargo que le otorgó el derecho;
y, en consecuencia, a la reliquidación de las prestaciones sociales con base en el
100% del salario básico que le fue disminuido en un 30%.

9.2. Operó el fenómeno jurídico de la prescripción de los periodos causados con
anterioridad al 2 de octubre de 2012 porque la reclamación administrativa fue
presentada ante la entidad el 2 de octubre de 2015; en aplicación de los artículos
41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que prevén un
término de prescripción de 3 años contado a partir de la exigibilidad de la obligación.

9.3. Declaró no prósperas las excepciones de falta de integración del litisconsorcio
necesario porque la entidad demanda fue quien profirió los actos demandados y no
las entidades señalas por la demandada; y de la imposibilidad de reconocer los
derechos reclamados, pues los argumentos de orden presupuestal no eran válidos
para negar el derecho que le correspondía.

8
Con radicado 2016-00041-02.

5

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

9.4. No condenó en costas.

1.4. Los recursos de apelación

10. La DESAJ presentó recurso de apelación con fundamento en que de
conformidad con la sentencia SUJ-016-CE-S2-20199 proferida el 2 de septiembre
de 2019 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituía un factor adicional
al salario básico mensual; y que la disminución del salario en un 30% imponía la
reliquidación de las prestaciones sociales y salariales sobre el 100% de la
remuneración; así que el tribunal debía sujetarse estrictamente a los parámetros
fijados en dicha sentencia de carácter vinculante10.

11. Johana Patricia Santamaría Chanaga presentó recurso de apelación, al
considerar que no operó el fenómeno de la prescripción de las acreencias
reclamadas porque el término correspondiente debía contabilizarse a partir de la
ejecutoria de la sentencia proferida el 29 de abril de 201411 por el Consejo de
Estado, por medio de la cual se declaró la nulidad de los decretos salariales anuales
expedidos por el gobierno nacional que interpretaron y aplicaron indebidamente la
Ley 4ª de 1992; por tratarse de una decisión constitutiva que otorgó certeza sobre
el derecho reclamado y cuyos efectos son retroactivos12.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

12. La demandante insistió en que tenía derecho a la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un emolumento adicional al
salario básico mensual por todo el periodo reclamado, frente al que no operó la
prescripción cuyo inicio de contabilización procedía a partir de la fecha de ejecutoria
de la sentencia que declaró la nulidad parcial de los decretos salariales anuales que
la habían previsto sin carácter salarial13.

1.6. El Ministerio Público

13. El Ministerio Público no emitió concepto en esta oportunidad.

2. Consideraciones

9
Con radicado 2016-00041-02.
10 Expediente digital, documento 56.
11 Con radicado 11001-03-25-000-2007-0087-00.
12 Expediente digital, documento 55.
13 Índice 63 de Samai.

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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

2.1. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia14, se circunscriben a
establecer ¿si la sentencia de primera aplicó correctamente las reglas fijadas en la
sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 respecto de la prima especial de servicios prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y de las consecuencias salariales y
prestacionales derivadas de su reconocimiento?; y ¿si operó le fenómeno de la
prescripción de las acreencias reclamadas por Johana Patricia Santamaría
Chanaga?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

15. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del Congreso de la República y de la fuerza pública.

16. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial15 para los Magistrados de todo orden de los

14 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
15
Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24
de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad
para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el
concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos
por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no
implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano

7

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

17. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

18. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

19. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes
de las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura,
Magistrados del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y
los Procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación».

20. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200716, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874

tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la
comunidad internacional».
16
Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la prima
especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados por la

8

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar17».

21. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

22. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

23. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201918, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de radicado
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
17
Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales no
se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
18
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

9

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

24. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201919.

25. Asimismo, el Consejo de Estado20 declaró la nulidad de algunas normas que

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-2018).
20
Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz. Declaró la
nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º y 10º del Decreto
54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto 106 de 1994; 9º y 10º
del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43 de 1995; 9º del Decreto 47
de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de 1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º
del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997; 6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto
64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37
de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto 44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º
del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto 2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto
1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724
de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto 2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002;
8º, 10º y 12º del Decreto 683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de
2003; 6º del Decreto 3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004;
6º del Decreto 4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del
Decreto 936 de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto

10

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

reglamentaban la prima especial, pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional
contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los decretos
demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2° de la mencionada
Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar los salarios y prestaciones
sociales. Sin embargo, los decretos demandados interpretaron erróneamente y aplicaron
indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber mermado el salario de un grupo de
servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución
y la Ley, así como para declarar su nulidad». [Se resalta].

26. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 21 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

27. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

28. En la sentencia del 2 de septiembre de 201922, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio de que trata el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

29. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del

392 de 2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
21
Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
22
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

11

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

30. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

31. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior23 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro-operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

32. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

33. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0524 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

34. Ahora bien, vale la pena precisar que a la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4ª de 1992 solo le fue otorgado carácter salarial para efectos
pensionales por medio del artículo 1 de la Ley 332 de 1996, en el que se indicó lo
siguiente: «la prima especial prevista en el primer inciso del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
[…] harán parte del ingreso base únicamente para efectos de la liquidación de la pensión

23
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
24
Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-
2015)

12

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

de jubilación, para lo cual se harán las cotizaciones de pensiones establecida por la Ley».

35. El hecho de que la prima especial de servicios fuera factor salarial solo para
efectos pensionales a partir de la vigencia de la Ley 332 de 1996 y no desde su
creación fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional a través de la
sentencia C-444 de 1997, en la que se explicó lo siguiente en torno al derecho a la
igualdad:

«Es cierto que la ley 332, al otorgar carácter salarial a la prima especial de que trata el
artículo 14 de la ley 4a. de 1992, otorgó un beneficio para los futuros pensionados,
beneficio que se traduce en un mayor valor de la asignación pensional, en relación con
la que reciben quienes se pensionaron con anterioridad a su vigencia. Este hecho, sin
embargo, no les desconoce derecho alguno, pues éstos consolidaron su derecho
pensional bajo la vigencia de un régimen diverso, en el cual la prima especial no podía
ser tenida en cuenta para efectos de la liquidación de la pensión, y por ello recibieron su
asignación en el monto señalado en la ley.

Por otra parte, y tal como se indicó, el legislador, si así lo hubiera querido, podría haber
ordenado la reliquidación de las pensiones a quienes la obtuvieron bajo la vigencia del
artículo 14 de la ley 4ª de 1992. Pero el que no lo hubiese hecho, no desmejora ni
desconoce sus derechos».

36. De acuerdo con lo anterior, a pesar de que los aportes al sistema pensional son
imprescriptibles, la prima especial de servicios no tenía carácter salarial ni siquiera
en materia pensional hasta la vigencia de la Ley 332 de 1996, pues la Ley 4ª de
1992 no lo previó de ese modo. En consecuencia, no hay lugar a conceder aportes
por la citada prima antes del 28 de diciembre de 1996, fecha de vigor de la Ley 332
de ese año.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

37.1. Johana Patricia Santamaría Chanaga se vinculó a la Rama Judicial el 1 de julio
de 1999. Desde el 21 de septiembre de 2010 se desempeñó como juez 50 penal
municipal con función de control de garantías con estado activo al 12 de febrero de
2020, fecha de la certificación expedida por la DESAJ de Bogotá 25.

37.2. El 2 de octubre de 201526 presentó reclamación administrativa ante la DESAJ
en la que solicitó el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios del 30%
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y la estipulada en el artículo 15

25 Expediente digital, documento 42.
26 Expediente digital, documento 12, páginas 1 a 8.

13

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

ejusdem; así como la diferencia del 30% del salario dejado de percibir o pagado a
título de prima especial de servicios y la reliquidación de las prestaciones sociales,
desde el 21 de septiembre de 2010 hasta la fecha en que se desempeñe como juez
penal municipal con función de control de garantías.

37.3. La DESAJ negó la anterior solicitud a través de la Resolución 7967 del 3
noviembre de 201527, con fundamento en que, los emolumentos pretendidos solo
constituían factor salarial para efectuar los aportes al Sistema General de Pensión
y de Seguridad Social en Salud; tenía la obligación legal de aplicar las normas
vigentes que regulan la materia y no podía aplicar las sentencias de nulidad ni las
de nulidad y restablecimiento del derecho porque la primera surtía efectos hacia
futuro, lo que implicaba una asignación presupuestal que no había sido autorizada
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y la segunda solo surtía efectos
inter partes.

37.4. Contra dicha decisión, la actora interpuso recurso de apelación concedido
mediante la Resolución 175 del 14 de enero de 201628.

37.5. La DEAJ confirmó el acto recurrido mediante la Resolución 8239 del 15 de
diciembre de 2016, con fundamento en idénticos argumentos expuestos en aquella
decisión y, adicionalmente, en que la actora no era beneficiaria de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 199229.

2.4. Análisis sustancial

38. Antes de abordar los problemas jurídicos planteados, la Sala advierte que dentro
de las pretensiones de la demanda se solicitó el reconocimiento de la prima especial
de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992. No obstante, el tribunal
no efectuó pronunciamiento alguno respecto de dicha pretensión en la sentencia de
primera instancia. Pese a lo anterior, no se formuló reparo alguno en el recurso de
apelación frente a dicha omisión. En consecuencia, la controversia sometida al
conocimiento de la Sala se encuentra delimitada exclusivamente por los aspectos
objeto de inconformidad de los apelantes, en virtud del principio de congruencia, y
las reglas que gobiernan la competencia funcional del juez de segunda instancia; es
decir, en relación con el reparo de la DEAJ en torno a la aplicación de los parámetros
fijados en la sentencia de SUJ-016-CE-S2-2019 respecto de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y de las consecuencias
salariales y prestacionales derivadas de su reconocimiento, así como por la
configuración del fenómeno de la prescripción respecto de las acreencias

27 Expediente digital, documento 12, página 19.
28 Expediente digital, documento 12, páginas 12 a 16.
29 Expediente digital, documento 12, páginas 23 a 45.

14

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

reclamadas por la demandante.

2.4.1. En torno a la aplicación de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019

39. La DEAJ sostuvo que el tribunal debió sujetarse estrictamente a las reglas fijadas
en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado el 2 de septiembre de 2019, en relación con la prima especial
de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

40. Sobre el particular, la referida providencia de unificación precisó que la prima
especial de servicios constituía un emolumento adicional equivalente al 30% del
salario básico mensual. En consecuencia, estableció que los beneficiarios de dicha
prestación tenían derecho a percibir el 100% del salario básico mensual más el
referido porcentaje, sin que este emolumento adquiriera carácter salarial. Por lo
tanto, no integraba la base para liquidar las prestaciones sociales, las cuales debían
calcularse sobre el 100% del salario básico mensual, sin sumar ni restar el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios.

41. Al examinar la decisión recurrida, la Sala observa que el tribunal acogió dichos
parámetros, pues, reconoció que la actora tenía derecho a percibir la prima especial
de servicios como un emolumento adicional equivalente al 30 % del salario básico
mensual; declaró la nulidad de los actos administrativos que negaron dicho
reconocimiento; ordenó la reliquidación y pago de los ingresos mensuales sobre la
base del salario básico más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios;
y precisó que las prestaciones sociales debían liquidarse únicamente sobre el 100%
del salario básico mensual, por cuanto aquella carece de carácter salarial. Por
consiguiente, el reparo formulado por la entidad no está llamado a prosperar.

2.4.2. En torno al fenómeno de la prescripción

41. Contrario a lo señalado por la actora, de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 «[l]as acciones
que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se
haya hecho exigible» lo que impone considerar de un lado, la fecha de la norma que
creó el emolumento reclamado; y del otro, y con mayor importancia, implica analizar
las fechas en las que se prestó el servicio, de manera que se pueda predicar la
existencia de un derecho.

42. Esto es así, porque la inclusión del 30% de la prima especial de servicios no se
hizo exigible a partir de la sentencia de «unificación» proferida por el Consejo de

15

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

Estado el 29 de abril de 201430, sino por virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992 y los decretos que año a año establecían el salario.

43. En este caso, Johana Patricia Santamaría Chanaga presentó la reclamación el 2
de octubre de 2015, por lo tanto, los periodos reclamados con anterioridad al 2 de
octubre de 2012 están afectados por el fenómeno de la prescripción tal como lo
determinó el a quo; en consecuencia, el reparo de la apelante no tiene vocación de
prosperidad.

44. No obstante, habida cuenta de la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad
social se condenará a la entidad a pagar los aportes al Sistema General de
Pensiones, tomando como base el 100% de la remuneración básica mensual más
el 30% de la prima especial desde el 21 de septiembre de 2010 hasta que la
demandante ocupe el cargo que le otorgaba el derecho.

45. Para efectos de lo anterior, se advierte que el cumplimiento de la presente
sentencia queda supeditado a que la entidad demandada no haya efectuado
previamente pagos a favor de la parte actora por los mismos conceptos ahora
reconocidos.

46. Finalmente, se adicionará la sentencia de primera instancia en el sentido de
precisar que no hay lugar a condena en costas, toda vez que el tribunal así lo
consideró en la parte motiva de la providencia; sin embargo, omitió consignar dicha
determinación en la parte resolutiva.

2.5. Costas

47. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

48. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

30 Con radicado 11001-03-25-000-2007-0087-00.

16

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

49. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma31.

50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

51. En el caso concreto, no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del
trámite procesal de la primera instancia ni de la segunda, razón por la que la Sala
se abstendrá de imponer condena en costas.

3. Conclusión

52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sala Transitoria aplicó correctamente los parámetros fijados en
la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 respecto de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y de las consecuencias salariales y
prestacionales derivadas de su reconocimiento, así como la prescripción trienal
respecto de las acreencias causadas con anterioridad al 2 de octubre de 2012.

53. No obstante, en atención al carácter imprescriptible de los aportes al Sistema
General de Pensiones, se adicionará la sentencia de primera instancia para ordenar
a la entidad demandada efectuar las cotizaciones correspondientes sobre el 100%
de la remuneración básica mensual más el 30% de la prima especial de servicios
desde el 21 de septiembre de 2010 hasta que la demandante ocupe el cargo que le
otorgaba el derecho. El cumplimiento de esta decisión quedará supeditado a que la
entidad demandada no hubiere efectuado previamente pagos por los mismos
conceptos aquí reconocidos. También se adicionará la sentencia para precisar que
no hay lugar a condenar en costas en primera instancia, determinación omitida en
la parte resolutiva del fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

31
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-2013-
00065-01 (1908-2014).

17

Radicado: 25000-23-42-000-2018-01858-01 (0057-2022)
Demandante: Johana Patricia Santamaría Chanaga

F A L L A:

Primero. Adicionar la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, en el sentido de ordenar
a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que,
efectúe las cotizaciones al Sistema General de Pensiones que correspondan sobre
el 100% del salario básico mensual más 30% de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 desde el 21 de septiembre de 2010
hasta que la demandante ocupe el cargo que le otorgaba el derecho.

El cumplimiento de esta decisión estará condicionado a que la entidad verifique que
no haya realizado otros pagos por los mismos conceptos aquí ordenados.

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2020
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por Johana Patricia
Santamaría Chanaga contra la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
proveído.

Tercero. No condenar en costas en esta ni en la primera instancia.

Cuarto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Quinto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
FNM

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