Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01890-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01890-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-01890-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
1 de septiembre de 2022
1
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022)
Demandante: Myriam Amado Aparicio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., primero (1.°) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022)
Demandante: MYRIAM AMADO APARICIO
Demandada: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES1
Tema: Sustitución pensional cónyuge supérstite. Acreditación
requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por
el canon 13 de la Ley 797 de 2003.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-156-2022
ASUNTO
La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 26 de agosto de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
La señora Myriam Amado Aparicio en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del
20112, formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones3
1. Que se declare la nulidad de las Resoluciones SUB126581 del 17 de junio,
SUB220690 del 10 de octubre y DIR19035 del 27 de octubre, todas de 2017,
por medio de las cuales se negó el reconocimiento de una pensión de
sobrevivientes a favor de la demandante.
2. A título de restablecimiento del derecho, se ordene a Colpensiones efectuar
el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes4 a la señora
Myriam Amado Aparicio.
• 1
En adelante Colpensiones.
• 2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo», en adelante CPACA.
• 3
Folios 4 a 6.
• 4
En este punto es pertinente aclarar que, si bien la libelista insta el reconocimiento de una pensión
de sobrevivientes, lo cierto es que el derecho que se reclama en esta oportunidad corresponde a
una sustitución pensional, toda vez que, al causante, al momento de su fallecimiento, ya le había
sido otorgada por parte de la entidad demandada una pensión de jubilación, conforme se expondrá
con posterioridad.
2
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022)
Demandante: Myriam Amado Aparicio
3. Se condene al pago de $133.200.000 por concepto de las mesadas dejadas
de percibir por la libelista desde el mes de febrero de 2012 y hasta el mes
de abril de 2018.
4. Que frente a las sumas que resulten a su favor se efectúe la correspondiente
indexación de estas conforme al IPC.
5. Conminar a la demandada a dar cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 192 del CPACA, y se condene al pago de intereses moratorios.
6. Declarar responsable a la autoridad demandada de los perjuicios causados
conforme al artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
7. Condenar en costas a la parte pasiva del litigio.
Fundamentos fácticos relevantes5
1. La señora Myriam Amado Aparicio contrajo matrimonio con el señor Julio
Ernesto Cavallazzi Soriano el 17 de junio de 1995. Compartieron techo,
lecho y mesa desde el año 1994 y hasta la fecha del deceso de este último,
el 25 de febrero de 2012.
2. El señor Cavallazzi Soriano gozaba en vida de una pensión de vejez a cargo
de Colpensiones, en una cuantía de $1.800.000.
3. La demandante presentó ante la autoridad demandada solicitud de
reconocimiento de pensión de sobrevivientes, el 24 de mayo de 2017. En
consecuencia, fue expedida la Resolución SUB126581 del 17 de junio de la
citada anualidad, que negó el derecho instado al considerar que no se había
acreditado la convivencia entre la interesada y el finado.
4. Luego, fue interpuesto recurso de reposición y en subsidio el de apelación
contra la anterior decisión administrativa, el 24 de agosto de 2017, los
cuales fueron desatados de manera desfavorable a través de las
Resoluciones SUB220690 del 10 de octubre y DIR19035 del 27 de
ocotubre, amabas de 2017, en el sentido de confirmarla en todas sus partes.
SOBRE LA AUDIENCIA INICIAL
En el presente proceso no se celebró dicha diligencia, debido a que, conforme
al auto del 25 de junio de 2021 (folios 139 a 142), el a quo prescindió de esta
en aplicación del artículo 13 del Decreto Legislativo 806 de 2020, ello con el
fin de correr traslado para alegar de conclusión y proferir sentencia anticipada
por tratarse de un litigio de pleno derecho sin pruebas pendientes para
practicar.
• 5
Folios 6 a 9 y 75 a 76.
3
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Demandante: Myriam Amado Aparicio
SENTENCIA APELADA6
El a quo profirió sentencia escrita el 26 de agosto de 2021, en la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demandante con fundamento en las
siguientes consideraciones:
Indicó que los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificados por los
artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, previeron los requisitos y beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes; la cual ha sido considerada como una de las
herramientas para la protección de la familia como núcleo fundamental de la
sociedad. En este punto, recordó que una de las exigencias para que el
cónyuge o compañera permanente accedan a la pensión de sobrevivientes, es
demostrar que hizo una vida marital con el causante hasta su muerte y convivió
con el fallecido no menos de 5 años continuos con anterioridad a su deceso.
Acto seguido, realizó un análisis de las pruebas allegadas al plenario para
concluir que los únicos elementos aportados por la parte activa a fin de
acreditar la convivencia con el causante, fueron las declaraciones extrajuicio
de sendos deponentes. Al respecto, citó la sentencia del 14 de diciembre de
2016 proferida por esta Sección Segunda en la que se precisó que dichos
medios de convicción no pueden ser valorados como testimonios pero sí como
documentos declarativos de terceros.
En ese orden, estimó que las referidas pruebas documentales fueron
coincidentes en señalar que la señora Amado Aparicio convivió
ininterrumpidamente con el señor Julio Ernesto Cavallazzi Soriano desde el 17
de junio de 1995 y hasta el 25 de febrero de 2012, momento de su deceso; si
además se tiene en cuenta que era la demandante quien se dedicaba a las
labores del hogar y dependía económicamente del fallecido.
Continuó su razonamiento al esbozar que se tiene probada la existencia del
vínculo matrimonial vigente entre los implicados a la fecha del deceso del
causante, como también se demostró que hubo una relación solidaria, ayuda
mutua y acompañamiento espiritual como económico en aras de proteger el
concepto de familia que la ley y la jurisprudencia amparan.
Por último, arguyó que operó el fenómeno prescriptivo frente a las mesadas
pensionales causadas con anterioridad al 24 de mayo de 2014, por cuanto
transcurrieron más de tres años entre la fecha de fallecimiento del pensionado
(25 de febrero de 2012) y la reclamación en sede administrativa de la pensión
de sobrevivientes (24 de mayo de 2017).
Conforme a lo anterior, el tribunal de primera instancia profirió sentencia que
en su parte resolutiva se resume así: i) declaró la nulidad de las Resoluciones
SUB126581 del 17 de julio, SUB220690 del 10 de octubre y DIR19035 del 27
de octubre, todas de 2017, mediante las cuales se negó el reconocimiento de
una sustitución pensional a favor de la demandante; ii) a título de
restablecimiento del derecho, condenó a Colpensiones a reconocer y pagar a
la señora Myriam Amado Aparicio, en calidad de cónyuge supérstite del
causante, la sustitución de la pensión de vejez que percibía el señor Julio
Ernesto Cavallazzi Soriano, a partir del 25 de febrero de 2012, con efectos
• 6
Folios 164 a 179.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022)
Demandante: Myriam Amado Aparicio
fiscales desde el 24 de mayo de 2014, y; iii) negó las demás pretensiones de
la demanda y se abstuvo de condenar en costas.
RECURSO DE APELACIÓN7
Colpensiones presentó recurso de alzada contra la decisión reseñada
anteriormente y solicitó que esta sea revocada, y en su lugar, negar los
pedimentos de la demanda. Al respecto, manifestó que el artículo 47 de la Ley
100 de 1993 exige a los cónyuges una convivencia mínima de 5 años
anteriores al fallecimiento del causante; situación que no fue demostrada en el
caso de marras, como en efecto se constató al momento de realizar la
investigación administrativa en la que se determinó que no existió una
cohabitación como compañeros permanentes entre la demandante y el señor
Cavallazzi Soriano.
SOBRE LA ETAPA DE ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA
INSTANCIA
Una vez presentado el recurso de apelación por la parte demandante, al estar
dentro del término procesal correspondiente, el Despacho ponente mediante
auto del 29 de septiembre de 2021, admitió el recurso de alzada y, en
concordancia con el artículo 212 del CPACA y el ordinal 5.° del artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021 a través del cual se modificó el artículo 247 del CPACA,
dispuso que por Secretaría, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de
mencionada providencia, pasara el expediente al Despacho para dictar
sentencia, salvo que las partes presenten solicitud probatoria.
En cumplimiento de lo anterior y en atención a la constancia del 15 de junio de
2022, proferida por la Secretaría, visible a índice 8 del registro de SAMAI, en
la cual se indicó que no hubo solicitud de pruebas, se procede a decidir de
fondo el asunto.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, el cual en el presente caso solo lo presentó la parte
demandada.
Problema jurídico
Con fundamento en los anteriores argumentos, el problema jurídico que se
debe resolver en esta instancia, se resume en la siguiente pregunta:
¿La señora Myriam Amado Aparicio cumple con los requisitos previstos en el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la sustitución de la
7
Índice 9 del registro de SAMAI.
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Demandante: Myriam Amado Aparicio
pensión de jubilación que en vida ostentaba su cónyuge, el señor Julio Ernesto
Cavallazzi Soriano?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: la demandante acreditó
los supuestos de la Ley 100 de 1993 para ser beneficiaria de la sustitución de
la pensión que en vida devengaba el señor Julio Ernesto Cavallazzi Soriano,
conforme pasa a explicarse.
Régimen legal de la sustitución pensional
Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un
servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que determine la ley.
A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su
objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.
Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:
«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]».
En este punto es relevante aclarar que si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la
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Demandante: Myriam Amado Aparicio
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión8.
De acuerdo con lo anterior, lo aquí debatido es el derecho a la sustitución
pensional, debido a que el causante, señor Julio Ernesto Cavallazzi Soriano,
al momento de su fallecimiento, ya percibía una pensión de jubilación9.
Beneficiarios de la sustitución pensional
En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección
en diferentes oportunidades10 ha considerado que las disposiciones aplicables
son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.
En este sentido, en razón a que el deceso del señor Julio Ernesto Cavallazzi
Soriano (causante de la pensión) se produjo el 25 de febrero de 201211, es por
lo que frente a la sustitución pensional, estaba vigente la Ley 100 de 1993 que
en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003 y preceptúa:
«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]».
(Subrayas del texto).
Conforme a la normativa en cita, se observa que para que la compañera
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiaria de la sustitución pensional,
se debe probar, en este caso, que la aquí demandante hizo vida marital con el
causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.
El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 200312 consideró:
«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
8
Sentencia T-564 de 2015. Sentencia del 3 de septiembre de 2015. Referencia expediente T-4.919.041.
9
Conforme se advierte del hecho tercero de la demanda en el cual se indicó que el causante devengaba
en vida una pensión de vejez a cargo de Colpensiones, y como fue afirmado por el ente de previsión
en el escrito de contestación de la demanda al manifestar que al señor Cavallazzi Soriano le fue
concedida la prestación a través de Resolución 52492 del 1.º de enero de 2006, efectiva a partir del
1.º de septiembre de 2002.
10
Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008.
Exp. 2638-2014.
11
Acorde con el registro civil de defunción obrante a índice 9 del registro de SAMAI.
12
Sentencia del 19 de noviembre de 2003. Referencia: expediente D-4659.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022)
Demandante: Myriam Amado Aparicio
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para
el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes. […]». (Negrilla del texto).
En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es
otra cosa que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y
convivencia que no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a
sustituir, en forma vitalicia, una prestación.
Ahora bien, en lo que respecta a la convivencia y lo que se ha entendido como
tal, esta Subsección13 ha sostenido:
«[…] La “convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir
en compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente,
auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia.
Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de
protección de la sustitución pensional.
Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una
comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los
cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia14, no se
pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad se impone por la
fuerza de las circunstancias:
“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen
lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero
acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de
vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier
clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar
común.
De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido
a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir
una familia.
En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:
‘En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida en
la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa
prestación.
13
Cita de cita. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de
2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
14
Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, Demandante: Beatriz
Elena Aristizábal Vallejo.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022)
Demandante: Myriam Amado Aparicio
‘Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte,
que ha visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface cuando
se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún en la
separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora por
limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del
concepto de familia en la seguridad social y requisito indispensable para que la
cónyuge o la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de
miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la prestación por
muerte del afiliado o pensionado.
‘Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige
vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en
la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la
justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de
conformar un hogar y tener una comunidad de vida’”(resaltado y subrayas
fuera del texto).”15 […]» (Subrayas conforme a la transcripción).
En virtud de lo citado en precedencia y conforme lo consideró en aquella
oportunidad el Consejo de Estado, la convivencia no se refiere en forma
exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los
elementos que en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el
acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio
mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja
de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir
y mantener una familia.
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda16 ha
señalado que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello
para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».
Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia, por
lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales, circunstanciales,
incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que haya podido tener
en vida el fallecido pensionado.
Finalmente, no es factor determinante para desvirtuar la convivencia efectiva,
el que los cónyuges o compañeros permanentes no vivan juntos en un
momento dado. En efecto, debe valorarse cada circunstancia en concreto, las
razones por las que no vivieron en el mismo techo, así como los demás
factores determinantes de la convivencia, como los son el auxilio o apoyo
mutuo, la comprensión y la vida en común, que en últimas son los que
legitiman el derecho reclamado17.
Bajo las anteriores precisiones normativas y jurisprudenciales, procede la
Subsección a verificar si la demandante demostró los requisitos señalados en
15
Sentencia de abril 7 de 2001, Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08).
• 16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017,
número interno: 0286-2015
17
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de marzo de 2018. Radicación:
15-001-23-33-000-2013-00077-01, número interno: 4526-2013.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022)
Demandante: Myriam Amado Aparicio
la norma para ser acreedora de la sustitución de la pensión de jubilación que
en vida disfrutaba con su cónyuge, el señor Julio Ernesto Cavallazzi Soriano.
En este orden de ideas, en el expediente se tiene probado lo siguiente:
• Según la narración del hecho tercero del libelo introductor, Colpensiones
otorgó una pensión de jubilación a favor del señor Julio Ernesto Cavallazzi
Soriano. Afirmación la cual fue verificada por el mentado ente de previsión
en la contestación de la demanda, al indicar que es un hecho cierto que
mediante Resolución 52492 del 1.º de enero de 2006, le fue reconocido
este derecho económico al causante, con efectividad a partir del 1.º de
septiembre de 2002.
• Copia de cédula de ciudadanía de la señora Myriam Amado Aparicio, la
cual indica que nació el 4 de julio de 1962 (índice 9 del registro de SAMAI).
• Copia del registro civil de defunción del señor Julio Ernesto Cavallazzi
Soriano del cual se desprende que el referido ciudadano falleció el 25 de
febrero de 2012 (ibidem).
• Registro civil de matrimonio expedido por la Registraduría Nacional del
Estado Civil, por medio del cual se certificó que la señora Myriam Amado
Aparicio y el señor Julio Ernesto Cavallazzi Soriano celebraron matrimonio
el 17 de junio de 1995 (ibidem).
• Resolución SUB126581 del 17 de julio de 2017, a través de la cual
Colpensiones negó a la demandante el reconocimiento de la sustitución
pensional con ocasión al fallecimiento del señor Julio Ernesto Cavallazzi
Soriano. Al respecto, se indica que no se advierte motivación alguna de la
parte considerativa del acto administrativo distinta a la cita de los artículos
47 y 53 de la Ley 100 de 1993 (ibidem).
• Inconforme con la decisión del precitado acto administrativo, la libelista
interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación (ibidem), los
cuales fueron desatados de manera negativa por medio de las
Resoluciones SUB220690 del 10 de octubre y DIR 19035 del 27 de octubre,
ambas de 2017, (ibidem) al considerar que del análisis y estudio de las
pruebas aportadas no se desprende de manera fehaciente el tiempo
mínimo de convivencia que exige la Ley 100 de 1993, esto es, 5 años
anteriores al fallecimiento del causante. Tal como se manifestó en la parte
motiva de la resolución que data del 27 de octubre de 2017, así:
«[…] Que en virtud de lo solicitado por la peticionaria se procedió a realizar nueva
investigación administrativa a fin de determinar si existió convivencia con el
causante, obteniendo el siguiente resultado:
“(…) NO SE ACREDITÓ el contenido y la veracidad de la solicitud presentada por
Myriam Amado Aparicio, una vez analizadas y revisadas cada una de las pruebas
aportadas en la presente investigación administrativa.
Se estableció que no hay pruebas suficientes que confirmen la convivencia del
señor Julio Ernesto Cavallazzi Soriano y la señora Myriam Amado Aparicio desde
el 17 de junio de 1995, hasta el 25 de febrero de 2012, fecha de fallecimiento del
10
Radicado: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022)
Demandante: Myriam Amado Aparicio
causante, puesto que la solicitante no aportó pruebas fehacientes como
fotografías, pertenencias e información de familiares del causante, pues los únicos
que aseguran la convivencia de la pareja son los aportados por la señora Miryam
(…)”.
Así las cosas esta subdirección no encuentra procedente el reconocimiento y
pago de la pensión de sobrevivientes solicitada y en consecuencia se confirmará
la decisión tomada en la resolución SUB126581 del 17 de julio de 2017, ya que
no se acreditó convivencia con el causante hasta su muerte durante no menos de
cinco (5) años continuos a su muerte […]».
• Declaración extrajuicio realizada el 1.º de septiembre de 2017 por parte del
señor Humberto Romero Agudelo ante la Notaría 77 del Círculo de Bogotá
y el 31 de agosto del mismo año por parte de la señora Briceida Saavedra
Ardila ante la Notaría Segunda del Círculo de Bogotá, quienes afirmaron
que desde hace varios años conocían al señor Julio Ernesto Cavallazzi
Soriano, por lo que le consta estaba casado con la demandante durante 17
años, tiempo durante el cual compartieron lecho, techo y mesa de manera
ininterrumpida y permanente, ello desde 1995 y hasta el momento del
fallecimiento del causante. Agregó que la libelista era la encargada de
realizar las labores del hogar y dependía económicamente del pensionado.
De otro lado, añadieron que de su unión no procrearon hijos, y que no
conoce la existencia de otra persona distinta a la señora Amado Aparicio
con mejor o igual derecho para reclamar la pensión de jubilación del finado
(ibidem).
• Declaración extrajuicio presentada el 8 de mayo de 2017 ante la Notaría
Segunda del Círculo de Bogotá por el señor Henry Leonardo Muñoz, quien
según su dicho indicó que la demandante y el causante convivieron en el
barrio Engativá de la ciudad de Bogotá, en la dirección Diagonal 62 # 132-
25. Asimismo, afirmó que de la unión no procrearon hijos y que la vida en
común entre ellos perduró hasta el día del fallecimiento del señor
Cavallazzi Soriano. Expuso además que la libelista dependía
económicamente de su esposo (ibidem).
• Declaración extrajuicio rendida el 8 de mayo de 2017 ante la Notaría
Segunda del Círculo de Bogotá por la demandante, en la cual manifestó
que conformó un hogar con el finado, y compartió de manera permanente
techo, lecho y mesa con aquel hasta el día de su deceso, el 25 de febrero
de 2012. Indicó que de dicha unión no procrearon hijos y que dependía
económicamente de su esposo (ibidem).
• Declaración extrajuicio realizada el 30 de agosto de 2017 por parte del
señor Jesús Alfredo Ospina Espinal ante la Notaría 77 del Círculo de
Bogotá, quien depuso que conoció al causante y le consta que su esposa
era la señora Amado Aparicio, los cuales compartieron el mismo techo,
lecho y mesa de manera permanente e ininterrumpida desde el año 1995
y hasta la fecha de fallecimiento del señor Cavallazzi Soriano, en el año
2012 (ibidem).
Ahora bien, en virtud de la relación probatoria que antecede, se realizan las
siguientes conclusiones:
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• Es un hecho cierto que Colpensiones a través de Resolución 52492 del 1.º
de enero de 2006, reconoció una pensión de jubilación a favor del señor
Julio Ernesto Cavallazzi Soriano, con efectividad a partir del 1.º de
septiembre de 2002. Asimismo, quedó demostrado que el titular de dicho
beneficio pensional falleció el 25 de febrero de 2012.
• De otro lado, de las declaraciones extraprocesales arrimadas al proceso,
las cuales si bien es cierto no pueden ser tenidas en cuenta como
testimonios dentro del proceso judicial, sí procede su valoración como
documentos declarativos de terceros, acorde con el artículo 262 del Código
General del Proceso18, dan cuenta de que el señor Julio Ernesto Cavallazzi
Soriano y la señora Myriam Amado Aparicio contrajeron matrimonio civil el
17 de junio de 1995 y mantuvieron una convivencia ininterrumpida hasta la
fecha de fallecimiento del causante, esto es, el 25 de febrero de 2012.
Situación última que se puede corroborar con el registro civil de matrimonio,
por medio del cual se certificó que la pareja celebró matrimonio en la
precitada calenda.
• En igual sentido, si se evalúa separadamente la deposición rendida por el
señor Henry Leonardo Muñoz, se observa que esta brinda claridad respecto
al lugar donde se desarrolló la convivencia de la pareja, específicamente en
el barrio Engativá de la ciudad de Bogotá, cuya vivienda se encontraba en
la Diagonal 62 # 132-25. Por consiguiente, su dicho ofrece certeza de la
cohabitación y de la unión que existió entre ellos, así como de los cuidados
del hogar a cargo de la demandante, como en efecto lo sostuvieron los
demás deponentes en su dicho, inclusive el de la señora Amado Aparicio.
En estos términos, estos medios de convicción exponen los detalles de la
vida en pareja, el acompañamiento y la asistencia solidaria que existió entre
los implicados desde el año 1995 cuando contrajeron nupcias y hasta la
fecha del deceso del finado; elementos que son característicos de una
convivencia en pareja, así como las condiciones de tiempo y lugar en las
que subsistió la cohabitación entre ellos. Y, por último, resulta claro que el
acervo probatorio en cuestión es coherente y da fe de la tesis sostenida en
la demanda en cuanto a la convivencia durante los últimos años de vida del
causante.
Carece por tanto de fundamento legal y fáctico la negativa por parte de la
entidad demandada de sustituir la pensión de jubilación que en vida
devengaba el señor Cavallazzi Soriano a favor de la parte activa, bajo el
argumento de que no se demostró la convivencia en pareja durante los últimos
5 años de vida del pensionado, pues como bien se ha analizado de las pruebas
allegadas por la interesada, estas dan fe de los límites temporales exigidos por
la norma para la procedencia del reconocimiento pensional.
Ahora, es pertinente tener en cuenta que Colpensiones en su recurso de
alzada no manifestó argumentos distintos a la presunta falta de acreditación
del requisito de convivencia entre los implicados, los cuales en todo caso
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«ARTÍCULO 262. DOCUMENTOS DECLARATIVOS EMANADOS DE TERCEROS. Los
documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin
necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación.»
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permitieran desvirtuar las afirmaciones de la señora Myriam Amado Aparicio
tendientes a obtener el reconocimiento de la sustitución pensional. Ello por
cuanto recaía en cabeza de la administradora de fondos esgrimir los
fundamentos de inconformidad con el fallo impugnado que avalaran a la Sala
analizar de fondo las inconsistencias probatorias presentadas en el sub lite de
cara al cumplimiento de las exigencias formales para la obtención del derecho
económico reclamado.
En todo caso, no se puede obviar que en el plenario quedó debidamente
demostrado que la libelista, al tratarse de una interesada en la calidad de
cónyuge supérstite del finado, acreditó que mantuvo una convivencia durante
los cinco años anteriores a su fallecimiento, que sí hizo vida marital con el
causante por aproximadamente más de quince años.
Dicho contexto también permite vislumbrar que los cónyuges en ningún
momento se divorciaron ni liquidaron su sociedad conyugal constituida,
además que no formaron vínculo alguno con otras personas, circunstancia que
permite advertir que su intención siempre fue mantener una vida en común.
Bajo los términos expuestos, los elementos probatorios allegados en el sub lite
permiten argüir que la demandante acreditó el tiempo de convivencia exigido
por la ley, esto es, más de 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado.
Pues como bien se ha analizado de acuerdo a las declaraciones extrajuicio
exponen los detalles de la vida en pareja, el acompañamiento espiritual y la
asistencia solidaria; elementos característicos de una convivencia en pareja.
En ese orden, tal como se analizó en precedencia, la prestación económica
denominada «sustitución pensional» tiene por objeto garantizar una renta
periódica a los miembros del grupo familiar de quienes dependían
económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado en
vida cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, ello, con el fin de que, en
este caso, la cónyuge supérstite cuente con los recursos necesarios para
mantener un nivel de vida similar al que tenía antes del fallecimiento del
pensionado. Así, en cuanto al caso de marras, la demandante en su calidad
de cónyuge supérstite acreditó, frente al requisito de convivencia, la vocación
de estabilidad y permanencia, así como también se demostraron las relaciones
de apoyo y comprensión mutua.
Al compás de lo anterior, esta Subsección considera que el a quo no incurrió
en algún desacierto interpretativo al estudiar la tesis de la demanda y acceder
parcialmente a las pretensiones de la misma, pues es evidente que del material
probatorio en estudio, se vislumbra una comunidad de vida entre la libelista y
el finado. Por tanto, pese a las manifestaciones por parte de la entidad
demandada que afirman la inexistencia una convivencia anterior a los 5 años
anteriores al fallecimiento de este último, estas no conducen a desconocer el
derecho que le fue otorgado en primera instancia a la señora Myriam Amado
Aparicio.
Corolario, los medios de prueba referenciados conllevan a afirmar que la
señora Myriam Amado Aparicio cumple con los requisitos previstos por el
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797
de 2003, para ser beneficiaria de la sustitución de la pensión deprecada, pues
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Demandante: Myriam Amado Aparicio
se probó que conformó sociedad conyugal con el causante desde el año 1995,
y que convivió de manera efectiva por más de 5 años previos a su
fallecimiento.
En conclusión los elementos probatorios presentados por la demandante
llevan a la convicción de la existencia de una convivencia real, constante y
permanente con el señor Julio Ernesto Cavallazzi Soriano, por lo cual, se
acreditó el requisito de convivencia previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para reconocer a la
señora Myriam Amado Aparicio, en su calidad de cónyuge supérstite, la
sustitución de la pensión de jubilación del causante.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada en el sentido
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, toda vez que no
prosperaron los argumentos de la impugnación presentada por la entidad
demandada.
De la condena en costas
Esta subsección19 sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del
CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo
para la imposición de condena en costas por lo siguiente:
a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas,
al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará
atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte
vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y
generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la
participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por
éstas.
• 19
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, demandante: María
del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Demandante: Myriam Amado Aparicio
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP20, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público21.
Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas
a la parte demandada pese a haber resultado vencida en esta instancia, en
atención a que no se observa su causación, de conformidad con el numeral
8.º del artículo 365 del CGP, ello al no haberse surtido la etapa de alegatos de
conclusión en sede de apelación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 26 de agosto de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda en el proceso que en ejercicio del
medio de control y restablecimiento del derecho promovió la señora Myriam Amado
Aparicio contra Administradora Colombiana de Pensiones.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
20
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]»
21
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
Sigue leyendo
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