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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01567-01

Fecha
21 de septiembre de 2023
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01567-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el primero (1.°) de junio dos mil veintidós (2.022), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia. TERCERO: Se reconoce personería para actuar al abogado Omar Andrés Viteri Duarte identificado con la C.C 79.803.031 y T.P. 111.852 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Unidad Administrativa Especial y de Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de acuerdo con el poder general conferido, visible en índice 14 de Samai. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 25-000-23-42-000-2019-01567-01 (4358-2022)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01567-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

21 de septiembre de 2023

1

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000234200020190156701 (4358-2022)
Demandante: Beatriz Bonilla de Arciniegas
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social

Temas: Sustitución pensional cónyuge supérstite. Disolución de
sociedad conyugal y separación de cuerpos.
Confirma sentencia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra de la sentencia proferida el primero (1.°) de junio de dos mil veintidós (2.022),
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Beatriz Bonilla de Arciniegas, instauró demanda en contra de la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento

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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las
siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Resolución RDP N° 013589 del 18 de abril de 2018 mediante la cual se negó a la
demandante el reconocimiento provisional de la pensión de sobrevivientes con
ocasión del fallecimiento de su cónyuge Arciniegas Badecker Reinaldo, RDP N°
016441 del 08 de mayo de 2018 a través de la cual se resolvió el recurso de
reposición interpuesto, la RDP 021637 del 13 de junio de 2018 con el cual se decidió
el recurso de apelación.

Además, las Resoluciones N° 021880 del 14 de junio de 2018 mediante la cual a
través de la cual se niega la pensión de sobrevivientes y la N° 017320 del 07 de
junio de 2019, con la cual la UGPP, no accedió a la solicitud de revocatoria directa
del acto administrativo anterior.

A título de restablecimiento del derecho, se condene a la entidad demandada a
reconocer y pagar la sustitución pensional en su calidad de cónyuge supérstite del
señor Reinaldo Arciniegas Badecker, a partir del 7 de febrero de 2018. Que se
ordene el pago retroactivo pensional, generado por concepto de mesadas ordinarias
y adicionales a partir del 7 de febrero de 2018, hasta cuando se verifique el pago
total de la obligación con los aumentos de ley. Que se reconozca la indexación o
corrección monetaria, a partir del 7 de febrero de 2018 con base en el IPC certificado
por el DANE, hasta cuando se efectúe el pago correspondiente. Que se dé
cumplimiento al fallo en los términos del artículo 192 y 195 del CPACA.

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HECHOS

La demanda se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que, el señor Reinaldo Arciniegas Badecker falleció el 7 de febrero de 2018 y tenía
reconocida pensión de vejez según Resolución N° 037270 de 8 de marzo de 1993
por Cajanal y reliquidada mediante las Resoluciones N° 24644 de 1993, 18976 de
2001 y 27845 de 2002.

Que, la demandante y el causante contrajeron matrimonio católico el 25 de julio de
1959, que terminó con el fallecimiento del señor Reinaldo Arciniegas Badecker el 7
de febrero de 2018. Mantuvieron un vínculo de una pareja sólida, guardándose
asistencia y ayuda mutua y respeto en forma permanente e ininterrumpida,
compartiendo mesa, lecho y techo. De esa unión nacieron cuatro hijos, hoy mayores
de edad y totalmente independientes.

Que, el 13 de agosto de 1993, mediante escritura pública número 3223 la
demandante y el causante efectuaron la disolución y liquidación de la sociedad
conyugal de común acuerdo ante notaría, por motivos de su situación económica y
para preservar el patrimonio obtenido durante toda su vida como esposos.

Que, la demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en
calidad de cónyuge supérstite, petición que fue negada por la UGPP mediante los
actos administrativos demandados.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida mediante auto del 24 de enero de 2.020, notificada a la
demandada, entidad que se opuso a las pretensiones. Indicó que, obra Registro
Civil de Matrimonio celebrado entre la solicitante y el causante el 25 de julio de 1959
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con nota marginal de liquidación de la sociedad conyugal mediante escritura pública
N° 3223 del 13 de agosto de 1993 de la Notaría 34 de Bogotá D.C. y separación de
cuerpos indefinida, decretada mediante sentencia del 27 de octubre de 1993 del
Juzgado Octavo de Familia de Bogotá D.C.

Que, revisado el expediente administrativo en su integridad, se evidencia el Informe
Investigativo N° 240/2018 de 30 de abril de 2018 con resultado inconforme porque
la solicitante afirma que el 13 de agosto de 1993, se separó del causante liquidando
la sociedad conyugal debido a problemas familiares, los cuales solucionó el año
siguiente, continuando su convivencia permanente con el causante hasta el día de
su deceso.

Que, la solicitante manifiesta que dicha convivencia se dio durante los últimos
veinticinco años anteriores al fallecimiento del causante en la calle 149 N° 6ª-31 en
la localidad de Usaquén, lugar donde se le requirió que suministrara el nombre de
algunos vecinos que pudiesen ratificar la citada convivencia a lo cual se negó
aduciendo no tener trato alguno con aquellos.

Que, el hermano del causante manifestó que este se encontraba separado hace
varios años de la solicitante y que vivía solo en su casa. Que su hija era quien estaba
pendiente de él.

Que la demandante indicó que el causante permaneció internado en un hogar
geriátrico por un tiempo aproximado de un mes anterior a su defunción, versión
corroborada por dicha institución, y que su acudiente fue la solicitante en calidad de
esposa, que realizó acompañamiento permanente demostrando afecto y apoyo en
su fase terminal.

Se celebró la audiencia inicial el 6 de agosto de 2.021, dentro de la cual se fijó el
litigio y, luego de practicarse las pruebas decretadas, se corrió traslado de 10 días
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a las partes para alegar de conclusión. Se dictó sentencia el 1 de junio de 2.022, la
cual fue apelada dentro del término oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, denegó las pretensiones de la
demanda, indicando que, los efectos de la disolución de la sociedad conyugal son
en principio patrimoniales y tiene por objeto finiquitar esa comunidad económica que
se conformó por el acto matrimonial, pero el vínculo permanece incólume. Ahora
conforme lo indica la jurisprudencia, la sociedad conyugal si bien no termina con los
demás efectos de civiles del matrimonio, es causal para perder el derecho a la
sustitución de la pensión, no obstante, si se demuestra la convivencia en los últimos
5 años anteriores al fallecimiento no se puede negar el reconocimiento de la
prestación.

Que, para establecer si en efecto la señora Bonilla de Arciniegas es beneficiaria de
la sustitución pensional que reclama en calidad de cónyuge supérstite, se debe
analizar si cumple los requisitos exigidos por el régimen aplicable. En primer lugar,
se allegó al plenario el registro de matrimonio católico celebrado entre aquella y el
señor Reinaldo Arciniegas Badecker y de esa unión nacieron 4 hijos.

Que, se acreditó con escritura pública que el señor Arciniegas Badecker y la
demandante disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal por mutuo acuerdo. Así
mismo, obra copia de la sentencia del 27 de octubre de 1993 proferida por el
Juzgado 8 de Familia de Bogotá D.C. mediante la cual se decretó la separación
indefinida de cuerpos de los cónyuges referidos, igualmente se indicó que cada uno
atendería sus gastos.

Que, se acreditó el apoyo económico a la demandante por parte del causante, pues
se hizo referencia a ello en las declaraciones de los testigos, sin embargo, esta sola
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circunstancia no es un factor determinante para la concesión del derecho pensional
ya que la ley objetivamente exige el cumplimiento del requisito de convivencia por
un término de cinco años.

Que, se probó que contrario a lo afirmado en el escrito introductorio, la demandante
y el señor Reinaldo Arciniegas no tenían una relación de convivencia efectiva, pues
esta cesó en el año 1993, no solo por la separación de cuerpos sino también
liquidaron la sociedad conyugal, lo que permite inferir que su intención no era
continuar con esa vida en pareja y bajo un mismo techo.

Que, por lo tanto la demandante no cohabitó con el señor Arciniega no menos de 5
años continuos con anterioridad a su muerte, por cuanto llevan separados más de
24 años teniendo en cuenta que el causante murió el 7 de febrero de 2018. Si bien
los deponentes Sofía Zea de Venegas, Zoraida Arciniegas Bonilla y la demandante,
afirmaron que el causante vivió con esta última, esto solo fue pasajero y por fuerza
mayor, no con la intención de restablecer el hogar y hacer vida en común, pues el
causante fue trasladado a un hogar geriátrico donde residió del 12 de enero hasta
el 7 de febrero de 2018 cuando falleció, de lo cual dieron cuenta los mismos testigos.

En conclusión, la Sala determinó que no se puede establecer bajo las reglas de la
sana crítica que esta ayuda correspondía a una relación de pareja que permitiera
predicar que la demandante tiene la calidad de esposa o compañera permanente
de tal forma que pueda ser enmarcada como beneficiaria de la pensión del
causante.

Finalmente, se abstuvo de condenar en costas procesales.

RECURSO DE APELACIÓN

La demandante interpuso recurso de apelación, expresando que no existe otra
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persona que reclame mejor derecho porque hasta el momento de la muerte del
causante, fue la señora Beatriz Bonilla de Arciniegas quien desplegó su apoyo
incondicional y ayuda mutua, retribución por el amparo y dependencia que siempre
tuvo de su cónyuge.

Que, un análisis conjunto de los medios de prueba aportados al proceso debió llevar
al fallador de instancia a la conclusión de que le asiste a la demandante el derecho
al reconocimiento de la sustitución pensional. Esta afirmación se encuentra
respaldada en los medios de prueba, como el interrogatorio de parte practicado en
el cual señaló que: “nos separamos de mutuo acuerdo porque teníamos un hogar muy
bonito, teníamos 4 hijos ya, nos separamos en noviembre de 1993. Preguntado: los últimos
5 años de vida del señor Reinaldo en dónde vivió él? Respondió: Cuando nos separamos
vendimos la casa, el compró en bosques del pino y yo en alhambra hasta que el falleció”
Preguntado: Con quien vivía don Reinaldo? Respondió: “Solo, al lado en la casa de él vivía
mi hija menor”.

Que, de tal declaración se puede inferir que a pesar de convivir en casas separadas
siempre se pretendió por mantener una unidad familiar y de ayuda mutua, así
también lo expone Francy Rincón Arciniegas quien señaló “(…) pero mantenían una
relación muy cordial, de ayuda, solidaridad, acompañamiento, yo también me la encontraba
allá con mucha frecuencia (…) Ella iba todos los días y lo visitaba también, no vivía no
residían, pero lo visitaba lo acompañaba al médico le suministraba lo que necesitaba, lo
que requiriera, sus alimentos, sus medicamentos, lo acompañaba a los exámenes, ella se
encargó de ser su dama de compañía (…)” . Luis Fernando Calderón Gómez manifestó
en su declaración que “(…) nos veíamos en reiteradas ocasiones, reuniones familiares,
sé que están casados hace muchos años y que estaban separados de hecho, sin embargo
ellos tenían una relación cercana, permanente (…)”

Que, el error en el que incurrió el tribunal al valorar los anteriores medios de prueba,
se concreta en que no tuvo en cuenta el objetivo fundamental de la norma para la
“pensión de sobrevivientes” que se debate, pues su aspiración es la de proteger a
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la familia como núcleo fundamental de la sociedad de tal suerte que las personas
que dependían económicamente del causante Reinaldo Arciniegas, puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia.

Que, el yerro en el que incurrió el tribunal, conllevó a que se desconociera la correcta
aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la
Ley 797 de 2003, respecto al análisis de las pruebas recaudadas por cuanto brota
de estas que en el presente caso no se trató de una amistad, pues procrearon 4
hijos y quedó evidenciado que entre la demandante y el causante existió ayuda
mutua y dependencia económica que perduró hasta su fallecimiento.

Que, aunado a lo anterior la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia SL399-
2018 ratificó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente (sic) al cónyuge
supérstite separado de hecho, sin que para ello se requiera sociedad conyugal
vigente, siempre y cuando acredite convivencia con el causante por un lapso no
inferior a cinco años en cualquier época. Lo que sucede en el asunto bajo estudio,
porque la demandante demostró en debida forma su vínculo matrimonial con el
causante, el cual no se extinguió hasta el fallecimiento del mismo y por consiguiente
las obligaciones personales como el socorro y ayuda mutua persistieron varios
años.

TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.

Por auto del 31 de agosto de 2.022, se admitió el recurso de apelación interpuesto
y por no haber pruebas que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de
traslado para alegar de conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en
su artículo 67 numeral 5 que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.

El señor Agente del Ministerio Público, emitió concepto en el que solicitó se confirme
la sentencia de primera instancia porque, a partir del conjunto de pruebas arrimadas,
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se observa es una relación entre dos personas que estuvieron vinculadas por una
relación marital, con cuatro hijos que los unió, pero que desde el año 1993 dejaron
de ser pareja.

Que del relato fáctico de la propia demanda, así como del recurso de apelación, se
insiste en que, pese a la separación y disolución de la sociedad conyugal, tuvieron
una buena relación, compartiendo ayuda, apoyo y solidaridad, sin que se hubiere
especificado, como resultaba del caso, circunstancias concretas que denoten un
proyecto de vida común.

Concluyó que no se logró demostrar de forma clara, concreta y precisa que la
señora Beatriz Bonilla de Arciniegas haya convivido bajo el mismo techo y lecho
durante los cinco años anteriores al fallecimiento del causante.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Se deberá determinar si la señora Beatriz Bonilla de Arciniegas, en su calidad de
cónyuge supérstite del causante Reinaldo Badecker Arciniegas, tiene derecho al
reconocimiento y pago de la sustitución pensional teniendo en cuenta que
disolvieron la sociedad conyugal.

Marco normativo

A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su objetivo fue
garantizar a la población el amparo contra las eventualidades derivadas de la vejez,
la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones

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que se determinan en la citada ley. Al respecto, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993
modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 señala:

ARTÍCULO 46. REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE
SOBREVIVIENTES. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo
común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y
cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
a) <Literal INEXEQUIBLE>

b) <Literal INEXEQUIBLE>

PARÁGRAFO 1o. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo
requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya
tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la
devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que
se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de
sobrevivientes, en los términos de esta ley.

El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la
Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del
monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.

PARÁGRAFO 2o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>.

Así, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el legislador
previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución pensional, como una
prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba
el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un
cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas
beneficiarias de dicha prestación.

En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al núcleo

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familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la pensión de
sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar del afiliado
no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
pensión8.

De acuerdo con lo anterior, lo aquí debatido es el derecho a la sustitución pensional,
debido a que el causante, señor Reinaldo Arciniegas Badecker, al momento de su
fallecimiento, ya percibía una pensión de jubilación otorgada mediante Resolución
03727 de 1993 expedida por la Caja Nacional de Previsión Social (fls. 25-29).

Beneficiarios de la sustitución pensional

En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección en
diferentes oportunidades10 ha considerado que las disposiciones aplicables son
aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.

En este sentido, en razón a que el deceso del señor Reinaldo Arciniegas Badecker
causante de la pensión, se produjo el 7 de febrero de 2018 (f. 79), es por lo que,
frente a la sustitución pensional, estaba vigente la Ley 100 de 1993 que en lo
pertinente fue modificada por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 y preceptúa:

«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30
o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte
del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte; […]». (Subrayado del texto original).

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Vale la pena precisar que frente al requisito de convivencia debe acreditarse la
vocación de estabilidad y permanencia, por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas
relaciones casuales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o
accidentales que haya podido tener en vida el pensionado fallecido.

Resolución del caso concreto.

En el presente asunto, se observa que no existe una confrontación entre varias
personas por el derecho a percibir la sustitución pensional, sino que se tiene a una
sola reclamante que, estando casada con el causante, liquidaron la sociedad
conyugal y se separaron de cuerpos por sentencia judicial, pero afirma que continuó
una relación de apoyo mutuo con él.

Analizadas las pruebas se tiene que mediante escritura pública N.° 3.223 suscrita
el 13 de agosto de 1.993 por el señor Reinaldo Arciniegas y la demandante,
liquidaron de mutuo acuerdo la sociedad conyugal tras haber contraído matrimonio
por el rito católico el 25 de julio de 1959 (f. 201).

Reposa igualmente sentencia proferida el 23 de octubre de 1993 por el Juzgado 8
de Familia de Bogotá (f.201) dentro del proceso de separación de cuerpos
adelantado por el causante de la pensión reclamada y la aquí demandante, en la
cual se indicó “(…) procede el despacho a instarlos para la reconciliación en pro de la
institución matrimonial. Las partes de consuno manifiestan que no desean la reconciliación,
e insisten en la demanda y las pretensiones. (…) Resuelve. PRIMERO: Decretar la
separación indefinida de cuerpos de los cónyuges REINALDO ARCINIEGAS BADECKER
y BEATRIZ BONILLA DE ARCINIEGAS de condiciones civiles anotadas. SEGUNDO: Cada
uno de los cónyuges atenderá sus propios gastos (…)”

Se practicaron además los siguientes testimonios, entre otros, y el interrogatorio de
parte en los cuales se fundamenta la alzada para sustentar la inconformidad

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respecto a la sentencia de primera instancia a los cuales se hará referencia,
correspondiente a los testigos Francy Rincón Arciniegas, Luis Fernando Calderón
Gómez y la demandante respectivamente (f. 199 cd).

Al respecto mencionó la deponente Francy Rincón Arciniegas que “(…) Preguntado:
entonces no vivían juntos? Respondió: No, unos años atrás no vivían juntos, cada uno tenía
su residencia permanente (…) de su propiedad, ella su apartamento y él su casa.
Preguntado: con quién vivía el señor Reinaldo? Respondió: vivía con su hija Zoraida la
menor en la casa contigua (…) Preguntado: Quién lo cuidaba era doña Zoraida y no doña
Beatriz? Respondió: ella iba todos los días y lo visitaba también, no vivía no residía pero lo
visitaba lo acompañaba (…) ella se encargó de ser su dama de compañía solamente que
no pernoctaba allí (…)”

Por su parte, el testigo Luis Fernando Calderón Gómez mencionó que “(…) sé que
estaban separados de hecho, sin embargo tenían una relación cercana, permanente (…)”
Preguntado: cómo era la relación de ellos? Respondió: sumamente cordial, yo incluso en
varias oportunidades les mencioné oiga ustedes no parecen que estuvieran separados (…)”

La señora Beatriz Bonilla en el interrogatorio de parte sostuvo: Preguntado: ya no era
una relación de pareja o si lo era? Respondió “(…) No de amistad después de eso, no de
pareja no, íntimamente no (…) Preguntado: usted nos puede decir si el señor Reinaldo pasó
sus últimos días en un hogar geriátrico. Respondió: sí (…) Preguntado: los últimos 5 años
de vida del señor Reinaldo en donde vivó él? Respondió: cuando nos separamos vendimos
la casa, el compró en bosques del pino y yo en alhambra hasta que él falleció. Preguntado:
con quién vivía don Reinaldo? Solo (…)”

A partir de las declaraciones anteriores se deduce que la demandante tenía una
relación de amistad con el causante después de la separación de cuerpos y de la
disolución de su sociedad conyugal. Relación que si bien se caracterizó por
acompañamiento entre estos, colaboración económica, cordialidad en el trato y
cercanía para apoyarse en las dificultades, no puede colegirse como una institución

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de hogar entre ellos, como tampoco él ánimo o interés de continuar su unión como
pareja.

Al contrario, además del mutuo consenso para disolver la sociedad conyugal y
separarse de cuerpos judicialmente, lo cual no obsta para haber continuado la vida
en común entre ambos si así se hubiera probado debidamente, se demostró fue la
falta de convivencia como lo revelaron los testigos y la propia demandante en el
interrogatorio practicados, desde el año 1.993 y concretamente los últimos 5 años
de vida del señor Reinaldo Arciniegas.

Por lo tanto, en el presente caso no es posible pretender la sustitución pensional
cuando no se acreditó el factor volitivo de la pareja de mantener un hogar y tener la
vocación y convicción de establecer, constituir y mantener una familia en una
relación sentimental establecida, especialmente en los 5 años anteriores al
fallecimiento del causante.

Finalmente, respecto al argumento del recurso de apelación consistente en que es
posible acceder a dicha sustitución, respecto a la cónyuge supérstite, con la
acreditación del referido periodo de vida en común en cualquier tiempo, en virtud
de sentencia SL1399 de 2018 proferida por la Corte Suprema de Justicia, es preciso
indicar en primer lugar que , de acuerdo al artículo 47 de la Ley 100 de 1993 se
exige que los 5 años de convivencia lo sean anteriores al deceso del causante,
tratándose de los beneficiarios previstos en el literal a) de dicho canon, como
reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado en la
materia1.

1
Al respecto ver entre otras sentencias: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del diez (10) de marzo de dos mil
veintidós (2022), Radicación: 05001-23-33-000-2018-01184-01 (0754-2021), Demandante: Marta
Cecilia Montoya Patiño, Demandada: UGPP. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A Sentencia del primero (1.°) de septiembre de dos
mil veintidós (2022), Radicación: 25000-23-42-000-2018-01890-01 (1451-2022), Demandante:
Myriam Amado Aparicio, Demandada: Colpensiones.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25-000-23-42-000-2019-01567-01 (4358-2022)

En segundo lugar, la providencia invocada en la alzada no constituye un precedente
de unificación y en gracia de discusión, los supuestos fácticos y jurídicos de aquél
difieren de la situación particular del aquí demandante, por cuanto en dicho asunto
se discutía el derecho a la sustitución pensional entre dos compañeras
permanentes, y la cónyuge supérstite del causante, vinculada como interviniente ad
excludendum.

Con lo anterior, se da respuesta a las inconformidades planteadas en el recurso de
apelación las cuales no prosperan, en consecuencia, se confirmará la sentencia de
primera instancia.

De la condena en costas de segunda instancia

Esta Subsección, en sentencia del 7 de abril de dos mil dieciséis (2.016), 2 respecto
de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió
del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a que, el Consejo de Estado, ya ha
venido analizando la conducta de las partes en el proceso y la carencia de

2
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

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Radicado: 25-000-23-42-000-2019-01567-01 (4358-2022)

fundamentación jurídica, en el presente asunto, se procederá a analizar dicha
situación a la luz de la normatividad vigente, así:

De la revisión de la demanda y de la oposición a la misma, no se observa que sea
manifiesta una carencia de fundamentación legal, que dé lugar a la condena en
costas. Contrario a ello, ambas partes, en sus escritos, manifestaron razones en
defensa jurídica de sus intereses, por tal razón, al no encontrarse acreditado tal
presupuesto normativo, no se condenará en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el primero (1.°)
de junio dos mil veintidós (2.022), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas de segunda instancia.

TERCERO: Se reconoce personería para actuar al abogado Omar Andrés Viteri
Duarte identificado con la C.C 79.803.031 y T.P. 111.852 del Consejo Superior de
la Judicatura, como apoderado de la Unidad Administrativa Especial y de
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, de acuerdo con el poder
general conferido, visible en índice 14 de Samai.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

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