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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01963-01

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-01963-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia proferida el Cinco (5) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda Sub-Sección “F”, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-01963-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos mil Veintiséis (2026)

Radicado : 25000-23-42-000-2018-01963-01 (0185-2026)
Demandante : Martha Ruth Caita Caro
Demandado : Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Relaciones laborales encubiertas
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Se desata el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el Cinco (5) de Julio de Dos Mil Veintitrés (2023), por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda Sub-Sección “F”, que concedió
parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

1.1. Pretensiones1

1. La señora Martha Ruth Caita Caro, por intermedio de apoderado judicial, en
ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad del oficio No. S-
2018-283458-0101 de fecha Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), por
medio del cual, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo sucesivo -ICBF-,
negó el reconocimiento de todas las prestaciones laborales y sociales dejadas de
percibir.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió: i) Que se declare la existencia de
la relación laboral entre la señora Martha Ruth Caita Caro y el ICBF, ii) el reconocimiento
y pago de todas las prestaciones laborales y sociales dejadas de percibir tales como:
cesantías e intereses, primas de navidad, prima de junio, prima de servicios, vacaciones,
aportes a salud, pensión, administradora de riesgos laborales y caja de compensación
familiar, así como, los valores dejados de percibir por concepto de dotación y en general

1 Expediente hibrido – sistema Samai índice 07, folio 834-870.

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Número interno: 0185-2026
Demandante: Martha Ruth Caita Caro
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

todas las sumas a título de prestaciones sociales que corresponde a la contraprestación
de la labor desempeñada desde el año 2011 al año 2016; y en general todas aquellas
prestaciones e indemnizaciones a que tiene derecho un trabajador de igual o mejor nivel
que preste sus servicios a la demandada.

3. De igual forma, solicita: iii) la devolución de las sumas pagadas por concepto de
aportes con destino al sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales. iv) El pago de los aportes al sistema general de seguridad social en salud,
pensión, riesgos laborales y Caja de Compensación Familiar. v) La devolución de las
sumas de dinero descontadas a la demandante por concepto de retención en la fuente.
vi) El pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, por el pago tardío
de las cesantías. vii) ajustar al valor de las sumas reconocidas, el pago de los intereses
moratorios conforme al artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo
192 ibidem, el pago de las costas procesales y se condene a la entidad extra y ultra
petita.

4. Los hechos relevantes en que se fundamentan las pretensiones de la demanda
son los siguientes2.

5. Sostiene la demandante que estuvo vinculada con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar –ICBF- mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios,
durante el lapso comprendido entre el Primero (1) de julio de Dos Mil Once (2011) y el
Diez (10) de octubre de Dos Mil Dieciséis (2016).

6. Afirma que, los servicios prestados consistieron en brindar apoyo a la dirección
general en la gestión administrativa, dependencia que requería el manejo de
información, atención al público y comunicación interna y externa.

7. Aduce que, como remuneración por los servicios prestados recibió por el ultimo
contrato la suma de un millón trescientos sesenta y cinco mil pesos ($1.365.500 m/cte).
previo al pago que debía realizar por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad
Social.

8. Indica que, durante la prestación del servicio fue sometida al cumplimiento de
reglamentos, funciones predeterminadas y susceptibles de ser desarrolladas por
trabajadores de contrato laboral directo, así mismo, debía atender horario fijo y le
suministraban los elementos de trabajo para desempeñar las diferentes funciones
asignadas y desarrolladas para cumplir el objeto social del ICBF.

2 Ibidem, folios 835-838.

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Número interno: 0185-2026
Demandante: Martha Ruth Caita Caro
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

9. Alega que el Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), presentó petición
por medio de la cual, solicitó la declaratoria de la existencia de la relación laboral y como
consecuencia de ello, el correspondiente reconocimiento y pago de todas las prestaciones
laborales y sociales, no obstante, el ICBF por medio del oficio No. S-2018-283458-0101
del Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), resolvió no acceder a lo
deprecado.

1.2. Normas violadas y concepto de violación3

10. Como normas violadas se citan: Constitución Política artículos 2, 4, 11, 13, 25,
29, 42, 46, 48, 53, 58, y 128, Código Civil artículo 10, CST, artículos 19, 36 y
concordantes, Decreto 1042 de 1978, Decreto 1750 de 2003, Decreto 4171 de 2009,
Ley 80 de 1993, numeral 3, entre otras.

11. La demandante considera que, con la expedición del acto acusado de ilegalidad,
se desconoce el principio de relevancia de la realidad sobre las formalidades,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, independientemente de la
denominación que se le haya dado como órdenes de prestación de servicios o contratos
de prestación de servicios.

12. Así, indica que, el ICBF por medio del oficio objeto de control de legalidad,
transgrede normas de orden superior, al desestimar de plano y sin fundamento
constitucional, el pago de todas las prestaciones laborales y sociales dejadas de percibir
que corresponden a la contraprestación de la labor desempeñada desde el 2011 hasta
el 2016.

13. Resalta que, trabajó de manera permanente en el ICBF desde el 2011 hasta el
2016, mediante contratos de prestación de servicios, sin embargo, la labor
desempeñada cumple con los presupuestos de una relación laboral, pues, se le exigió
la prestación personal de servicio, por ello, le pagaron las cantidades pactadas en los
contratos, previa exigencia de contar con el pago de las afiliaciones al sistema de
seguridad social, estaba sometida a reglamentos y funciones predeterminadas dentro
de la entidad susceptible de ser desarrolladas por trabajadores de contrato laboral
directo.

14. De igual forma, resalta que, debía cumplir horario en las instalaciones de la
entidad sin poder ejercer la actividad fuera de estas, le fueron asignados elementos de
trabajo para cumplir las diferentes funciones encaminadas a desarrollar el objeto social

3 Ibidem 838-856

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Número interno: 0185-2026
Demandante: Martha Ruth Caita Caro
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

para el cual fue creado el ICBF, prestación que indica no se puede considerar como
esporádica, pues, fue continua y permanente tal como lo acreditan los contratos de
prestación de servicios entre los años 2011 y 2016, además, contaba con superior
jerárquico, por lo que, no disponía de su propia dirección y gobierno para desarrollar las
diferentes funciones pactadas en los contratos.

15. En consecuencia, considera que, se desvirtúan los presupuestos de un contrato
de prestación de servicio y se configura la relación laboral a pesar de todas las otras
cláusulas en las que se le pretende disfrazar una actividad que por su naturaleza y
funciones debe ser desempeñada mediante un contrato de trabajo.

1.3. Contestación de la demanda4

16. Actuando por medio de apoderado judicial, el Instituto Colombano de Bienestar
Familiar presentó contestación de la demanda en el sentido de oponerse a la prosperidad
de las pretensiones, por cuanto considera que, los hechos no le constan, otros no son
ciertos, algunos si lo son y unos parcialmente ciertos, tales como, la forma de pago, la
radicación de la petición por medio de la cual, solicitó se declarara la existencia de una
relación laboral y la respuesta emitida por el ICBF de no acceder a lo pedido.

17. En ese orden, considera que la relación con la demandante se derivó de contratos
de prestación de servicios profesionales, y no se configuró una relación de carácter laboral
como se pretende.

18. Afirmó que, el ICBF si bien suscribió contratos de prestación de servicios con la
demandante, estos corresponden a los identificados así: 427 y 1738 de 2012, 577 de
2013, 181 de 2014, 114 de 2015, 590 y 1094 de 2016.

19. Resalta que en el contrato No. 903 de 2011, entre los extremos de la litis no existió
relación jurídica directa, pues, se trató de un contrato suscrito entre la demandante y la
Fundación Red Alma Mater, según lo acredita el certificado del Siete (7) de junio de Dos
Mil Trece (2013), expedido por la referida fundación, en el cual, se hace constar el objeto
contractual, fecha de inicio y terminación, tipo de contrato y estado del contrato –ejecutado
y liquidado-.

20. Expone que, no resulta procedente el reconocimiento de la relación laboral entre la
demandante y el ICBF por el periodo exigido en la demanda, esto es, entre los años 2011
al 2016, toda vez que, varios de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la
gestión de la dirección de nutrición del ICBF, se encuentran liquidados, por medio de las

4 Expediente hibrido – sistema Samai índice 14, folio 3-21

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Demandante: Martha Ruth Caita Caro
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

respectivas actas de fechas Veintinueve (29) de octubre de Dos Mil Doce (2012)
correspondiente al contrato No. 427 de 2012, del Treinta (30) de abril de Dos Mil Trece
(2013) la del No. 1738 de 2012, y del Treinta (30) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016),
el No. 590 de 2016, las cuales fueron suscrita por el secretario general de la entidad, el
supervisor del contrato y la demandante.

21. Aduce que, existió coordinación de actividades y no subordinación de tipo laboral, de
acuerdo con lo expuesto en la sentencia proferida por el Consejo de Estado de fecha Tres
(3) de diciembre de Dos Mil Nueve (2009), dentro del expediente con radicado No. 05001-
23-21-000-2002-00293-01.

22. Expone que, la demandante al suscribir los contratos de prestación de servicios era
conocedora de las condiciones sobre las cuales, se suscribían los mismos pues, de todo
ello, dan cuenta los contratos tanto en su parte considerativa como en el clausulado
propiamente dicho, los estudios previos a la celebración de cada uno de ellos, la invitación
a ofertar a la demandante y a la aceptación de la oferta institucional.

23. De igual forma, sostiene que la demandante era conocedora de las razones
anotadas, así como que, en la planta de personal del ICBF no existía el personal para
adelantar las gestiones por las cuales, se justificó su contratación, lo cual, se encuentra
debidamente acreditado, pues, obran en el expediente además de otros documentos, las
certificaciones expedidas por el director de gestión humana en las que da cuenta de tal
situación.

1.4. Sentencia de primera instancia5

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda Sub-Sección “F”,
el Cinco (5) de julio de Dos Mil Veintitrés (2023), profirió sentencia en el sentido de
acceder parcialmente a las pretensiones, al resolver lo siguiente:

«PRIMERO.- DECLÁRANSE NO PROBADAS las excepciones propuestas por el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DECLÁRASE la nulidad del Oficio núm. S-2018-283458-0101 del
21 de mayo de 2018, suscrito por la Secretaria General del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, que negó la existencia de la relación laboral y el
consecuente pago de los derechos prestacionales derivados de esta.

TERCERO.- Como consecuencia de la declaración anterior y a título de
restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar a reconocer y pagar a favor de la señora Martha Ruth Caita Caro,
identificada con cédula de ciudadanía núm. 41.718.985 expedida en Bogotá D.C.,

5 Expediente hibrido – sistema Samai índice 91

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Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

todos los emolumentos salariales y prestacionales que cuenten con fuente legal y
que devenga un empleado de planta que desempeñe el cargo de Secretario
asignado a Dirección, teniendo como parámetro de liquidación el valor de los
honorarios mensuales pactados entre las partes en cada uno de los contratos, ello
desde el 1º de julio de 2011 (fecha del primer contrato de prestación de servicios
Alma Mater beneficiario ICBF) hasta el 9 de noviembre de 2016 (fecha de
vencimiento de plazo de ejecución del último contrato de prestación de servicios,
salvo interrupciones. Las sumas que resulten a favor de la parte actora, se
ajustarán en su valor dando aplicación a la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final
Índice inicial

En donde el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el valor correspondiente a las prestaciones dejadas de pagar, por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado
por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice
inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

CUARTO.- CONDÉNASE al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a realizar
los aportes a pensión a favor de la señora Martha Ruth Caita Caro, ya identificada,
en el porcentaje que le correspondía en condición de empleador con base en el
valor pactado en cada uno de los contratos de prestación de servicios. Para tal
efecto la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema de
Seguridad Social en el periodo ordenado; con base en lo anterior, la entidad
deberá establecer los porcentajes de cotización omitidos informando a la
accionante los pagos que adeuda y si a ello hay lugar una vez la demandante
demuestre haber efectuado la totalidad de los aportes a su cargo la entidad
condenada efectuará la cotización al fondo de pensiones por el monto que le
correspondía.

QUINTO.- DÉSE cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187
y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

SEXTO.- NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda. Sin condena en
costas en esta instancia.

SÉPTIMO.- Sin condena en costas.»

25. Como sustento de su decisión, luego de revisar las pruebas recaudas y las
aportadas por las partes, dilucidó cada elemento de la relación laboral, tales como:
prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

26. Precisó que, los contratos de prestación de servicios suscritos entre la señora
Martha Ruth Caita Caro y el ICBF o a través de sus intermediarios, con sus respectivas
actas de liquidación, le permitieron encontrar demostrado que entre las partes se
desarrolló una relación de orden contractual, cuyo objeto de forma permanente fue el
prestar sus servicios en actividades de apoyo a la gestión en labores administrativas,
manejo de información, atención al público, manejo de correspondencia, entre otras.

27. Resaltó que, la demandante inicialmente suscribió un contrato de prestación de
servicios con la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero «Alma Mater» por virtud
del Convenio Interadministrativo de Cooperación y Aporte núm. 001 de 2011, celebrado
entre la Red y el ICBF para la contratación de personal de apoyo. El contrato

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corresponde al No. 001-2011-903, cuyo objeto consistió en «Apoyar a la dirección
general en la gestión administrativa que requiera, el manejo de información, atención al
público y las comunicaciones internas y externas que sean requeridas. », por el plazo
comprendido entre el Primero (1) de julio de Dos Mil Once (2011) y el Treinta y uno (31)
de Diciembre de Dos Mil Once (2011).

28. Del anterior contrato, precisó que se aportaron seis actas de recibo y liquidación
e informe de actividades en los que, con relación al objeto contractual previamente
indicado evidenció las desarrolladas por la demandante, de lo cual, encontró que prestó
sus servicios de forma personal y directa al ICBF, pese a que el contrato indicado revele
que su contratante era «Alma Mater» por virtud del Convenio Interadministrativo
señalado.

29. Seguidamente, pasó a analizar los contratos directamente suscritos con el ICBF,
los cuales, luego de enlistar con objeto contractual, fecha de inicio y fin, interrupción en
días hábiles, valor del contrato y forma de pago, concluyó que, con ello le era dable tener
por acreditado dos de los elementos de la relación laboral, estos son: «i) la prestación
personal del servicio, por cuanto efectivamente la demandante fue contratada por el
entonces ICBF para desempeñarse como auxiliar de apoyo a la gestión administrativa y
ii) la remuneración por el trabajo cumplido, ello en razón a que, en los contratos de
prestación de servicios se estipuló un «valor», cuyo pago debía ser realizado por el ICBF,
es decir, la suma de dinero que tenía derecho a percibir la demandante y la modalidad
del pago, lo que entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo
prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario), que en este
caso le era pagada de forma mensual, según lo acordado en cada contrato. »

30. En lo que corresponde al elemento de la subordinación y dependencia, para
establecer si se encontraba acreditado, resaltó las actividades que le correspondía
desarrollar a la demandante según lo pactado en los actos contractuales, además, valoró
las pruebas testimoniales de los señores María Andrea Jordán Esparza y Óscar Antún
Castro Hernández y la declaración de parte de la señora Martha Ruth Caita Caro, así
mismo, precisó la existencia de registro de visitas, llamadas, agendas, control a
correspondencia recibida de donde advirtió el registro de persona, horario, finalidad,
entre otros aspectos, para control y posterior revisión, aunado al certificado de idoneidad
y experiencia por la Dirección de Contratación de la entidad, lo cual, le permitió concluir
que, a la demandante se le ubicó en el nivel técnico en razón a su experiencia.

31. Adunado a lo anterior, en lo que corresponde al giro ordinario de la actividad de la
entidad, estableció que con los contratos quedó acreditado que, fueron celebrados
desde el Primero (1º) de julio de Dos Mil Once (2011) hasta el Nueve (9) de noviembre

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de Dos Mil Dieciséis (2016), lo cual, denota la necesidad permanente del servicio que
se presta y desnaturaliza la esencia del contrato celebrado, aspecto este que sumado a
lo antes anotado le permitió inferir que la labor prestada por la señora Martha Ruth Caita
Caro, tenía la característica de permanente, obligatoria y de apoyo al funcionamiento de
la entidad; situación que desvirtúa el carácter temporal o transitorio y de especialidad
que se atribuye a aquellas a las que debería obedecer el contrato de prestación de
servicios.

32. Así mismo, encontró demostrado que la actora estuvo sometida inicialmente a la
subordinación impuesta por la dirección general y la dirección de nutrición, con lo que
quedaba desvirtuada la autonomía e independencia en la prestación del servicio.

33. Concluyó que, probada la prestación personal del servicio de manera
permanente, la remuneración, la subordinación y dependencia en el desarrollo de la
actividad, se configuraba una relación laboral en aplicación de los principios
consagrados en los artículos 13 y 53 de la Carta Política, razón por la cual, a la
demandante, le asistía el derecho a obtener el mismo trato que su par de labor, sin que
ello le otorgue la calidad de empleada pública, dado que para ello es requisito sine qua
non, la ocurrencia de los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión.

1.5. Recurso de apelación6

34. El ICBF, actuando por medio de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación a través del cual, solicita se revoque la decisión del A-quo, para en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda, toda vez que, en la sentencia recurrida se
concluyó en indebida forma la existencia del elemento de la subordinación.

35. Lo anterior, por cuanto afirma que, a la luz de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, el cumplimiento de horario, la prestación del servicio en las instalaciones de la
parte contratante o el hecho de recibir instrucciones, por sí solas, no evidencian una
relación de subordinación, en tanto aquello, se puede derivar válidamente de la relación
de coordinación entre contratista y contratante.

36. Sostiene que, el ICBF en su actuación administrativa obró conforme a las normas
previstas para el perfeccionamiento de los contratos de prestación de servicios
profesionales mediante contratación directa, en cumplimiento del Estatuto de
Contratación de la Administración Pública, la Constitución Política y demás
disposiciones jurídicas aplicables.

6 Expediente hibrido – sistema Samai índice 96

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37. Por lo anterior, considera que nunca existió “vinculación” legal o reglamentaria
entre la señora Martha Ruth Caita Caro y el ICBF, sino que, se formalizó un vínculo
contractual de carácter civil surgido de los contratos de prestación de servicios suscritos
con base en la autonomía de la voluntad de las partes.

38. Precisa que, la actividad personal de la contratista no es materia de discusión,
por tanto, pasó a sustentar los argumentos bajo los cuales, considera que en el sub lite,
no se logró acreditar el elemento de la subordinación.

39. En ese orden, afirma que el contrato de prestación de servicios suscrito entre los
extremos de la litis, se justificó, porque no había personal de planta con conocimientos
técnicos especializados para las actividades requeridas. En tal razón, aun cuando la
demandante alegó subordinación, no especificó actos concretos que demostraran
dependencia laboral.

40. Considera que, el juez de primera instancia confundió la coordinación y
supervisión propias del contrato con subordinación laboral, pues, las instrucciones
recibidas por la contratista provenían de los supervisores, estaban limitadas al
cumplimiento de las obligaciones contractuales, no a un control disciplinario.

41. Aunado a lo anterior, resalta que la comunicación permanente y el suministro de
insumos por parte del ICBF eran necesarios para ejecutar el objeto contractual, pero
ello no implica subordinación, sino condiciones mínimas para cumplir el contrato, luego
entonces, colige que la relación fue exclusivamente contractual, con autonomía técnica
de la contratista, y no una relación laboral.

42. Bajo este norte, considera que el análisis de subordinación debe hacerse caso
por caso, considerando el objeto del contrato, las actividades y si requieren
conocimientos especializados, en aras de esclarecer bajo el análisis probatorio
pertinente, la verdadera naturaleza de la relación existente y que se discute en el sub
examine.

43. Las instrucciones dadas desde el ejercicio de la supervisión a cargo del ICBF,
dirigidas a la señora Martha Ruth Caita Caro, no implica necesariamente la
subordinación alegada, por cuanto la labor de instrucción, coordinación, seguimiento y
control no tiene fin distinto que velar por el cumplimiento de la ley y la efectiva prestación
del servicio del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

44. Reitera que, la señora Martha Ruth Caita Caro, no aporta pruebas o evidencias
que conlleven a demostrar la subordinación, pues si bien, adjuntó copia de los contratos

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suscritos, estos soportes no reflejan en realidad la subordinación, por el contrario,
constata los actos de coordinación de las actividades, y el reporte del cumplimiento de
obligaciones contractuales; funciones que se equiparan al ejercicio eficiente de la
supervisión y del seguimiento contractual que por competencia le corresponde al ente
estatal.

45. Finalmente, en cuanto a la prescripción señala que la petición fue presentada
por parte de la demandante el Diecisiete (17) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018),
luego entonces, se interrumpió la prescripción de los presuntos derechos laborales
reclamados entre el Diecisiete (17) de diciembre de Dos mil Quince (2015) y el
Diecisiete (17) de diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018), razón por la cual, considera
que se debe tener en cuenta cada contrato de forma independiente para efectos de
verificar, si ha operado el fenómeno prescriptivo en contra de lo pretendido.

1.6. Trámite de segunda instancia

46. Por auto del Ocho (8) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el extremo pasivo de la litis,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

47. De acuerdo con el numeral 5° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.

1.6.1. Concepto Ministerio Público.

48. El Procurador delegado de Intervención Tercero ante el Consejo de Estado,
emitió concepto de fondo, en el sentido de solicitar se confirme la sentencia de primera
instancia.

49. Lo anterior, en razón a que, del análisis del material probatorio, logró concluir que
la prestación personal del servicio y la remuneración como elementos de una relación
laboral se encontraban debidamente acreditados y sobre ello no existe discrepancia
entre las partes.

7 Expediente digital – Samai – índice - 009

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50. Así, pasó a dilucidar el elemento de la subordinación a la luz de la jurisprudencia
del Consejo de Estado8, bajo la cual, resaltó que la relación de coordinación de
actividades entre contratante y contratista implica que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, dentro
de lo cual, señala se puede nombrar entre otras, el cumplimiento de un horario, el hecho
de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, realizar informes sobre sus
resultados.

51. No obstante, señala que en el presente caso se configuró el elemento de
subordinación, toda vez que, el objeto y las funciones que se establecieron en los
contratos suscritos entre las partes procesales, sumado a lo expuesto por los
testimonios, las actividades desarrolladas por la señora Martha Ruth Caita Caro, exigían
para su ejecución una necesaria dependencia y subordinación, razón por la cual, le fue
posible determinar la existencia de una relación laboral subordinada, siendo
incuestionable la actitud de la entidad contratante de emplear de modo permanente y
continuo los servicios de la parte activa en consideración a la sucesiva e ininterrumpida
relación contractual.

52. Considera que, los argumentos de la parte pasiva de la litis son carentes de
respaldo probatorio, pues, omitió acreditar la plena autonomía e independencia de la
contratista para la ejecución en el desarrollo de sus funciones.

53. Indica que, de acuerdo con la naturaleza de las actividades y funciones
ejecutadas por la demandante, las cuales se constituyeron en permanentes y propias
del objeto social del ente demandado; logró con el análisis del material probatorio,
verificar la concurrencia de los elementos de una relación laboral, en especial el relativo
a la subordinación, por lo cual, le fue razonable concluir que, los contratos de prestación
de servicios suscritos entre los extremos de la litis escondían una verdadera relación de
sustrato laboral; en consecuencia, a la demandante le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales de carácter legal.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero

Ponente: Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, sentencia del 16 de abril de 2021, Rad. 25000-23-42-000-2015-
04688-01(4317-17)
Consejo de Estado Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección “B”. Consejera
Ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil dieciséis
(2016) radicación número: 05001233300020130081301 (3867-14).

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Número interno: 0185-2026
Demandante: Martha Ruth Caita Caro
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

54. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328 del Código
General del Proceso10, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

55. ¿Debe revocarse la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca - Sección Segunda Sub-Sección “F”, el Cinco (5) de julio de
Dos Mil Veintitrés (2023) por medio de la cual, concedió parcialmente las pretensiones
de la señora Martha Ruth Caita Caro?

Con tal fin, se verificará lo siguiente:

i) ¿Entre la demandante y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –
ICBF- se configuró una verdadera relación laboral por la existencia de los
elementos: i) Prestación personal del servicio, ii) remuneración y iii)
subordinación?
ii) De resultar acreditada la existencia de una relación laboral encubierta bajo
la celebración de contratos de prestación de servicios, se dilucidará
establecerá si se configuró o no el fenómeno jurídico de la prescripción.

56. Con el fin de resolver los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre
la primacía de la realidad sobre las formas. 2.2.2. Hechos probados y 2.2.3. Caso
concreto -en el que se dilucidará los dos argumentos de la alzada, estos son: los
elementos de la relación laboral y el fenómeno de la prescripción-.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial.

9 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del
que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
10 El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el

apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido
al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar
en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia.

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Configuración de relaciones de trabajo subordinadas con el Estado suscitadas en
el marco de la ejecución de contratos administrativos de prestación de servicios
• Principio de primacía de realidad sobre las formalidades: efectos y prerrogativas

57. La situación particular que ocupa la atención de la Sala se deriva de la
interpretación y aplicación de las condiciones legales previstas en el artículo 32.3 de la
Ley 80 de 1993, a la luz de lo consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política y
la jurisprudencia aplicable a casos en los cuales se suplica la existencia de una relación
laboral encubierta, conforme al principio de la realidad sobre las formas.

58. La tipología de contratación estatal de prestación de servicios personales se
encuentra regulada por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, forma jurídica de
vinculación de personas naturales con la administración que está dirigida a «[…]
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y se caracterizan porque «[…] sólo podrán celebrarse […] cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados», «no generan relación laboral ni prestaciones sociales», y porque «[…]
se celebrarán por el término estrictamente indispensable»

59. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154
de 1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características del
contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo.

60. En dicha oportunidad sostuvo la Corte que «[…] sus elementos son bien
diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles,
que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y
objeto de los mismos»; y concluyó que «el elemento de subordinación o dependencia
es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios,
toda vez que, en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones
sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo
subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración
contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de
la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del
servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales,
así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente».

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61. Posteriormente, ese alto Tribunal11 determinó los criterios que permiten
establecer o diferenciar lo que constituye una actividad permanente, al precisar que «[…]
la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para
desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese
efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal».

62. En tal razón, para el esclarecimiento del criterio de permanencia, en dicha
providencia la Corte indicó que «la jurisprudencia constitucional ha precisado los
criterios para determinarla, los cuales se refieren [i] al criterio funcional, [ii] al criterio de
igualdad, [iii] al criterio temporal o de habitualidad, [iv] al criterio de excepcionalidad, y [v]
al criterio de continuidad.

63. A su turno, esta Corporación ha proferido sendas sentencias de unificación
jurisprudencial, como la CE-SUJ2-005-1612 en la cual, coligió que «[…] el contrato de
prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos
constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago
de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía
de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la
garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto
de la materia».

64. En el mismo sentido, esta Sección profirió la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-202113, en la que identificó algunos criterios para
desentrañar la subordinación en el ámbito de las contrataciones estatales, tales como
lugar de trabajo, horario de labores, dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar y la comprobada identidad funcional con empleados de la planta de personal, y
señaló que «el ordenamiento jurídico nacional proscribe la simulación del contrato
estatal de prestación de servicios para evadir el pago de prestaciones sociales y otras
garantías propias de la relación laboral ocultada, en tanto dicha práctica no solo es
contraria a la Constitución y a la ley, sino que conduce, irremediablemente, a la
precarización de las condiciones socioeconómicas mínimas para la supervivencia digna
de los trabajadores».

11 Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de

2012, M.P. Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016;

expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter
13 Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre

de 2016; expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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65. Asimismo, en dicha providencia, esta Colegiatura introdujo el criterio de
necesidad temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo
subordinadas a través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual
estableció que, conforme lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
estos últimos deben ser celebrados por el «término estrictamente indispensable»,
concepto que alude al lapso «señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado
en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración, de forma
esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo de permanencia».

66. De lo anterior resulta claro que, si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las entidades
públicas, esta modalidad no fue instituida para encubrir relaciones laborales
subordinadas, pues de ser así, surgen en forma inmediata los derechos para el
contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y prerrogativas propios
de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en los cuales se trata de
atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto misional del ente
contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas permanentes, necesarias
e indispensables para la consecución de sus fines.

67. Luego entonces, para la prosperidad de una pretensión de existencia de la
relación laboral subordinada entre dos sujetos, se requiere que la parte interesada
demuestre los elementos esenciales de la misma, esto es, que la actividad haya
sido prestada de manera personal, es decir, por sí mismo; que por dicho oficio haya
recibido una remuneración o pago; y, además, que en la relación con el empleador
exista continua subordinación o dependencia, situación entendida como aquella
facultad para exigir al prestador del servicio el cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, la
cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del vínculo. De estos tres
elementos, el de subordinación resulta ser el de mayor relevancia, toda vez que marca
la diferencia entre el contrato de prestación de servicios y una relación laboral.

2.4 Análisis y resolución del caso concreto

68. Pasa la Sala a dilucidar la alzada, acorde con la valoración crítica del material
probatorio relevante que se realizará a continuación, en aras de establecer si le asiste o
no vocación de prosperidad, veamos:

69. Destaca la Sala que, valorando el contenido de las pruebas allegadas y
recaudadas dentro del expediente, se advierte que la parte demandante aduce que la

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existencia de la relación laboral con ocasión a los servicios personales que prestó al ICBF
se configuró entre el 2011 y el 2016, lo cual, encuentra soporte en el hecho que, aun
cuando se advierte que el contrato que se enlista bajo el número 903-2011 con fecha de
inicio del Primero de julio de Dos Mil Once (2011) y fecha de terminación Treinta y Uno
(31) de diciembre de Dos Mil Once (2011), no fue suscrito directamente con el ICBF, sino
con la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero para el Desarrollo Regional -Alma
Mater-, en virtud del convenido interadministrativo de Cooperación y aporte No. 001 de
2011 celebrado entre dicha fundación y el ICBF14, también es cierto que, los servicios
personales de la demandante, fueron prestados a favor del ICBF y bajo la supervisión de
dicha entidad.

70. Así, se tiene que el contrato en mención se suscribió con las siguientes
características:

Denominación y Plazo y valor Objeto Fecha de inicio Fecha de Observación
No. del contrato terminación

Prestación de Duración de 6 Apoyar a la La señora
servicio No. 903 meses. dirección general Martha Ruth
de 2011.15 de la gestión Caita Caro,
$11.513.340 administrativa presentó al
01-07-2011 31-12-2011
que requiera, el supervisor del
manejo de contrato
información, asignado por el
atención al ICBF, 6
público y las informes, con
comunicaciones los cuales se le
internas y certificaba el
externas que cumplimiento
sean requeridas del objeto
contractual y se
le autorizaba el
pago de cada
mes.16

71. Seguidamente, se observa que durante las anualidades 2012 a 2016, la
demandante fue contratada directamente por el ICBF, a través de los contratos que se
pasan a enlistar a continuación:

Denominación Plazo y valor Objeto Fecha de Fecha de Observación
del contrato inicio terminación

Contrato de Cláusula 6: Plazo: Apoyar la gestión
prestación de El plazo de administrativa el
servicios de ejecución será manejo de la
apoyo a la contado a partir del información atención
gestión No. 427 cumplimiento de al público y la
del 23 de enero los requisitos de correspondencia 23-01- 30-04-201219
ejecución y se interna y externa de 2012

14 Expediente hibrido – sistema Samai – índice 07, folios 36
15 Expediente hibrido – sistema Samai – índice 08, folio 759-764
16 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 07, folios 230-241
19 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 14, folios 36-38

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de 201217 extenderá hasta el la oficina asesora de
30 de abril del 2012 comunicaciones y
atención al
Valor: $7.951.600 ciudadano
Contrato
Liquidado20

01-05-
$3.975.800 2012
Adición y 30-04-2012
prorroga No. 1
de 201218
hasta el 30 de
junio de 2012.

Contrato de Cláusula 6: Plazo: Apoyar la gestión 23-07- 31-12-2012 Contrato
prestación de Tendrá un plazo de administrativa el 2012 Liquidado22
servicios de ejecución contados manejo de la
apoyo a la a partir del información atención
gestión No. perfeccionamiento al público y la
1738 del 23 de y legalización del correspondencia
julio de 201221 contrato sin que se interna y externa de
exceda del 31 de la dirección de
diciembre del 2012 nutrición

Valor: $11.927.400

Contrato de Tendrá un plazo de Apoyar la gestión 08-01- 31-12-201324
prestación de ejecución contados administrativa el 2013
servicios de a partir del manejo de la
apoyo a la perfeccionamiento información atención
gestión No. 577 y legalización hasta al público y la
del 4 de enero el 31 de diciembre correspondencia
de 201323 del 2013. interna y externa de
la dirección de
Valor: $24.570.444 nutrición

Contrato de Tendrá un plazo de Apoyar la gestión 09-01- 31-12-201426
prestación de ejecución contados administrativa el 2014
servicios de a partir del manejo de la
apoyo a la perfeccionamiento información atención
gestión No. y legalización hasta al público y la
0181 del 4 de el 31 de diciembre correspondencia
enero de 201325 del 2014. interna y externa de
la dirección de
Valor: $30.897.648 nutrición

17 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 765-771
18 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 772-773
20 Ibidem
21 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 774-779
22 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 14, folios 39-41
23 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 780-786
24 Expediente hibrido -sistema Samai, índice 14, folios 67-68
25 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 789/ 805-812
26 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 14, folios 65-66

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Contrato de Tendrá un plazo de Prestar servicio de 05-01- 31-12-201529
prestación de ejecución contados apoyo a la gestión en 2015
servicios de a partir del materias
apoyo a la perfeccionamiento administrativas,
gestión No. 114 y legalización hasta documentales y
del 5 de enero el 31 de diciembre atención al público.
de 201527 del 2015.

Modificado el 29 Valor: $31.824.576
de mayo de
201528

Contrato de Tendrá un plazo de Prestar servicio de 19-01- 31-03-201632 Contrato
prestación de ejecución contados apoyo a la gestión en 2016 liquidado34
servicios de a partir del materias
apoyo a la perfeccionamiento administrativas, 33
gestión No. 590 y legalización hasta documentales y
del 19 de enero el 31 de marzo del atención al público.
de 201630, 2016.
9 de mayo de
adición y
Valor: $7.191.633 1º de abril 2016
prorroga No. 1
de 2016
del 31 de marzo Valor: $ 3.550.300
de 2016.31

Contrato de Tendrá un plazo de Prestar servicio de 10-05- 09-11-2016
prestación de 6 meses contados apoyo a la gestión en 2016
servicios de a partir del materias
apoyo a la cumplimiento de administrativas,
gestión No. los requisitos de documentales y
1094 del 10 de perfección y atención al público
mayo de 201635- ejecución

• Fuente: elaboración propia.

72. En virtud de los actos contractuales, se expidieron certificados de pagos y
retención36, aprobación de garantías37, certificado de idoneidad y experiencia38,
declaración juramentada de la demandante39, estudios y documentos previos
contractuales40, certificado de cumplimiento e informe de obligaciones de servicios –
honorario41, informe de obligación y certificación de supervisor de contratos42,
comprobantes de pago43.

27 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 795-801
28 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 803-804
29 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 14, folios 63-64
30 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 813-818
31 Expediente hibrido -sistema Samai, índice 08, folios 819-821
32 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 14, folio 62

34 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 14, folio 399
35 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 823-828
36 Expediente hibrido - sistema Samai, Índice 08, folios 42-45 / 68-229
37 Expediente hibrido - sistema Samai, índice 08, folio 271, 289, 295, 300, 322
38 Expediente hibrido - sistema Samai, índice 08, folio 274
39 Expediente hibrido - sistema Samai, índice 08, folios 278-280, 291
40 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08 folios 310-315, 375-384
41 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 387-389
42 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folios 432-434 / 437-439 / 559-581
43 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folio 521-523, 525, 257, 529, 531, 533, 535, 537, 539,

540, 542, 543, 545, 546, 548, 549, 550, 551, 553, 555, 557,

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73. Reposa memorando adiado Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Diecisiete
(2017), por medio del cual, el director de gestión humana del ICBF informa a la directora
de contratación que, en la planta de personal y en el manual de funciones del Bienestar
Familiar no se cuenta con servidores públicos con función de gestor de convivencia de
información44. De igual forma, certificó que, en la planta global del ICBF, no existe
personal asistencial suficiente para “Apoyar la gestión administrativa, documental, el
manejo de la información, atención al público y la correspondencia interna y externa de
la dirección nutricional”45.

74. Ahora, culminada las relaciones contractuales, la demandante demostró haber
presentado petición ante el ICBF el Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018)46,
por medio de la cual, solicitó el reconocimiento de una relación laboral y pago de los
derechos prestaciones sociales.

75. Frente a la anterior petición el ICBF emitió respuesta por medio del oficio No. S-
2018-283458-0101 de fecha Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), en el
sentido de negar la existencia de una relación laboral, así como el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales47

76. En la etapa probatoria de decretaron y practicaron en audiencia de pruebas
realizada el Veinte (20) de agosto de Dos Mil Veintiuno (2021) el testimonio de los
señores María Andrea Jordán Esparza y Óscar Antún Castro Hernández. También se
recaudó la declaración de parte de la señora Martha Ruth Caita Caro 48.

77. De la mano del material probatorio que reposa en el expediente procede la Sala a
verificar si se encuentran cumplidos o no los elementos que son propios de una relación
laboral, estos son: i) prestación personal del servicio, ii) remuneración y iii)
subordinación y dependencia en el caso sub – judice.

• De la prestación personal del servicio

78. Para dilucidar el primer elemento, se tiene de la valoración de los contratos
aportados y sus anexos, que la señora Martha Ruth Caita Caro, en su calidad de técnica
suscribió los actos contractuales antes enlistados y en virtud de ellos prestó a favor del
ICBF, su servicio personal de apoyo a la gestión administrativa. En consecuencia, fueron
adquiridas obligaciones entre las cuales se destacan:

44 Expediente hibrido -sistema Samai. Índice 08, folio 46
45 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folio 307
46 Expediente hibrido -sistema Samai, índice 08, folios 4-9
47 Expediente hibrido -sistema Samai, índice 08, folios 12-22
48 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 57

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79. Del contrato No. 903 de 201149, se insiste que, aun cuando no fue suscrito
directamente con el ICBF, los servicios de la demandante fueron contratados a favor de
la entidad demandada, quien le asignó supervisor50 y certificó el primero (1) de julio de
Dos Mil Once (2011) que las obligaciones contractuales y a las cuales el contratista debía
dar cabal cumplimiento, eran las siguientes:

Obligación 1: Orientar y atender personal o telefónicamente al público y
suministrar información, documentos o elementos que sean solicitados, de
conformidad con los trámites, las autorizaciones y los procedimientos
establecidos con el propósito de brindar un servicio de calidad a la
Dependencia.
Obligación 2: Vigilar el adecuado uso y mantenimiento de los equipos de la
Oficina con el propósito de optimizar los recursos de la institución.

80. Así, se resalta que el periodo en el que la demandante prestó sus servicios a favor
del ICBF, por medio del contrato suscrito con la a Universidades Públicas del Eje Cafetero
para el Desarrollo Regional -Alma Mater- en virtud del convenio interadministrativo de
Cooperación y aporte No. 001 de 2011 celebrado entre el ente universitario y el ICBF,
puede ser tenido en cuenta para acreditar la existencia de una relación laboral y derivar
de ello el derecho a percibir salarios y prestaciones, cuya obligación recae en la entidad
que se benefició de sus servicios.

81. Tesis que encuentra sustento jurisprudencial, en similar pronunciamiento dictado
por esta Corporación51.

«201. En ese sentido, la existencia de un contrato de prestación de servicios, en favor
de un tercero ajeno a este contrato, no impide que, encontrándose reunidos los
requisitos de la relación laboral, se declare su existencia, pues dicha decisión se
ampara en el principio constitucional de la primacía de la realidad sobre las formas,
como una verdadera garantía de los derechos de los trabajadores.

202. En el sub lite, como se verá más adelante, la prueba recaudada es reveladora
respecto de la realidad oculta tras los contratos de prestación de servicios suscritos
entre la señora Gloria Luz Manco Quiroz y el Instituto Tecnológico Metropolitano,
concluyéndose que la beneficiaria directa de los servicios de la demandante era la
Personería de Medellín y frente a ella se materializaron las condiciones de
subordinación típicas de una relación laboral. Sin embargo, si bien la entidad que
fungió como contratante fue el ITM, su rol frente a la demandante fue el de simple

49 Expediente hibrido – sistema Samai – índice 08, folio 759-764
50 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 8, folio 254

51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, nueve (9) de septiembre
de dos mil veintiuno (2021), Asunto: sentencia de unificación de jurisprudencia conforme al artículo 271
de la Ley 1437 de 2011, Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho, Radicado: 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016), Demandante: Gloria Luz Manco Quiroz.

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intermediario, sin que tal condición pueda subsumirse dentro de la
responsabilidad solidaria de que trata el artículo 35 del CST. A juicio de esta
Sala, su actuación estuvo cobijada por el principio de la buena fe, en tanto no pudo
demostrarse que mantuviera una relación de subordinación con la demandante; por
lo tanto, no entró en ningún momento en la relación que ahora se desvela como
laboral, entre la Personería de Medellín y la señora Manco Quiroz.

203. Adicionalmente, en casos como el presente, donde la figura del empleador está
representada por la Administración Pública, es cuando menos justificable que el
tercer inciso del artículo 35 del CST no se aplique para el intermediario, pues,
a diferencia de los empleadores privados, la Administración está regida por los
principios de la función pública52 y, además, tiene a su alcance una pluralidad
de instrumentos jurídicos para vincular personal de manera temporal. De ahí
que deba exigírsele una mayor diligencia a la hora de vincular al personal en
sus entidades. En especial a los contratistas por prestación de servicios, a
quienes no puede, bajo ningún pretexto, imponerles el mismo tratamiento
laboral que a sus empleados. De hacerlo, deberá estar dispuesta a asumir las
consecuencias plenas de su actuación, sin que medie una responsabilidad
compartida o solidaria, como pretende la demandada al amparo de la precitada
norma del Código Sustantivo del Trabajo.

204. En ese orden de ideas, si la Personería de Medellín sobrepasó los límites de la
relación contractual con la señora Gloria Luz Manco Quiroz, al punto de constituir
una auténtica relación laboral con ella, el Instituto Tecnológico Metropolitano no
puede verse afectado por esta actuación, comoquiera que solo sirvió de enlace entre
ese organismo, que se invistió de empleador, y la contratista que tuvo que desarrollar
sus actividades como si fuese empleada suya.53» [se resalta]

82. Para el cumplimiento del objeto contractual, el ICBF le entregó a la demandante
los implementos de oficina y documentos, consistente en:54 puesto secretaria, aparato
telefónico en buen estado, 1 cosedora en buen estado, 1 perforadora en buen estado, 1
CPU en buen estado, 1 monitor en buen estado, 1 teclado en buen estado, 1 carpeta con
las llamadas recibidas para informarle al dr. Javier Veloza con su respectivo trámite, 1
carpeta con documentos de las comisiones tramitadas por el dr. Javier Veloza, copias de
documentos varios tramitados a nombre del dr. Javier Veloza, copia de inventario del dr.
Javier Veloza.

52 Artículo 2 de la Ley 909 de 2004: 1. La función pública se desarrolla teniendo en cuenta los principios
constitucionales de igualdad, mérito, moralidad, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia,
celeridad y publicidad.
53 Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 27 de noviembre de 2014; radicado 012-00275-
01 (3222-2013); C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
54 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 8, folio 256

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Número interno: 0185-2026
Demandante: Martha Ruth Caita Caro
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

83. Con lo anterior, se acredita la relación jurídica sustancial entre la demandante y el
ICBF bajo el periodo del contrato No. 903 de 2011, razón por la cual, le asiste razón el
extremo activo de la litis cuando aduce que prestó sus servicios personales a la entidad
accionada durante los años 2011 al 2016, pues nótese que, entre el contrato en mención
y el contrato No.1094 del Diez (10) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), el servicio
prestado guardó identidad de objeto y no fue interrumpido. En todo caso, con
independencia de si el objeto guardó identidad o si fue o no interrumpido, lo importante
es que quien se benefició de sus servicios fue la parte demandada.

84. Así nótese, en lo que respecta a los contratos suscritos directamente con el ICBF,
el supervisor de los contratos expidió las correspondientes certificaciones de
cumplimiento de obligaciones55, por medio de las cuales, hace constar el desempeño a
cabalidad de las obligaciones contractuales por la demandante, por consiguiente,
autorizaba el pago correspondiente.

85. En tal razón, es clara la prestación personal del servicio de la demandante, para
atender la gestión administrativa de la dirección general y de nutrición del ICBF, durante
el tiempo que se encuentra debidamente acreditado con los actos contractuales que
existen dentro del expediente y que quedaron enlistados en los cuadros antes
enunciados.

• De la remuneración

86. La remuneración, como elemento de una relación laboral, también se encuentra
debidamente acreditada, pues reposa en el expediente comprobantes de pago mensual
como contraprestación de los servicios prestados por la demandante en virtud del objeto
contractual.

87. Por lo anterior, queda acreditado en grado de certeza tanto la prestación de
servicio personal como la remuneración o pago por los mismos.

• De la subordinación

88. En lo que atañe al elemento de la subordinación, éste reviste una primordial
importancia en una relación de trabajo, toda vez que, se entiende como la facultad que
tiene un empleador o contratante, de dar órdenes a sus empleados, de disponer de su
capacidad y fuerza de trabajo según sus instrucciones, necesidades y conveniencias.

55 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 8, folios 387-389, 432-434 / 437-439 / 559-581

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Demandante: Martha Ruth Caita Caro
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

89. Respecto del elemento de la subordinación, se resalta la sentencia de unificación56
proferida por esta subsección57, pues, en ella se indicó:

«(i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público
el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad
de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii)
le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea
inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con
los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia,
para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera
relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y
puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación
laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es
indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su
correspondiente posesión.»

90. Así, la Sala a través de sentencia de unificación58 recordó, ciertas circunstancias
que permiten determinar la existencia de la subordinación; entre las cuales destacó: i) El
lugar de trabajo, ii) el horario de labores, iii) la dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar y iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral.

91. Teniendo en cuenta lo anterior, y en aras de verificar si en el caso concreto la
demandante estuvo sujeta a subordinación continuada por parte de la entidad
demandada, se analizará si en el sub examine se presentan indicios que permiten
determinar su existencia.

92. En lo que respecta al i) lugar de trabajo, se recuerda que en los contratos de
prestación de servicios suscritos por los extremos de la litis se dejó claro que el objeto
contractual era apoyar la gestión administrativa de la dirección general y de nutrición del
ICBF sede Bogotá.

93. La circunstancia de lugar se encuentra debidamente acreditada con los
certificados de cumplimiento de obligaciones antes citados y las pruebas testimoniales
de los señores María Andrea Jordán Esparza y Óscar Antún Castro Hernández, pues, de
manera unánime declararon que la señora Martha Ruth Caita Caro, ejecutó labores como

56 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda. Consejero Ponente: Dr.

Carmelo Perdomo Cuéter. Sentencia del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación
número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16.
57 Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve,

sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), actora:
Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca.
58Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de unificación

por importancia jurídica, de fecha nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021), medio de control:
Nulidad y restablecimiento del derecho, radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016),
demandante: Gloria Luz Manco Quiroz, demandado: municipio de Medellín - Personería de Medellín y
otro.

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secretaria del despacho de la dirección de nutrición del ICBF.

94. Frente al ii) horario de trabajo, la testigo María Andrea Jordán Esparza, afirmó
que lo desconocía porque, fungió como Asesora externa de la dirección de nutrición del
ICBF, por tanto, no cumplía horario dada su condición de asesora externa, sin embargo,
manifestó que la señora Martha Ruth Caita Caro, era siempre presente, era quien dirigía
el despacho, el archivo, las comunicaciones, el teléfono. Resaltó la testigo que llegaba
tipo 9:00 am a la entidad y siempre encontraba a la señora Caita Caro en el desarrollo
de sus labores.

95. A su turno, el testigo Óscar Antún Castro Hernández, al ser interrogado sobre el
cumplimiento de horario por parte de la señora Martha Ruth Caita Caro, afirmó no
conocerlo de manera específica, pero reconoció que la priorizaban por la función que
desempeñaba, es decir, al momento de contratar al personal, la demandante era una de
las primeras, que suscribía los contratos de prestación de servicios, además, precisó que
la señora Caita Caro «literalmente era la secretaría de la directora de nutrición, entonces,
por eso a ella la priorizaban, incluso cuando yo llegaba a la oficina ella siempre estaba
de primeras.»

96. De la declaración de los testigos, si bien no se advierte que de menara precisa y
con certeza indicaran el cumplimiento de un horario por parte de la demandante, pues,
nótese que precisaron no conocerlo, en tanto, prestaban servicios de asesora externa y
consultor, lo cierto es que, los resultados descritos en los certificados de cumplimiento
de obligaciones suscritos tanto por la demandante como la supervisora del contrato59, se
observa la necesaria permanencia de la señora Martha Ruth Caita Caro, en el lugar
asignado por el contratante para cumplir con el objeto contractual, pues nótese que, -
atendía a las personas que diariamente llegaban a la oficina, brindaba solución a las
inquietudes planteadas relacionadas con los profesionales encargados de cada tema,
realizaba seguimiento a los compromisos adquiridos por el jefe de la oficina para dar
cumplimiento a las obligaciones y compromisos con la dirección general y con las
diferentes áreas del ICBF.

97. También le correspondía recibir, radicar, clasificar, tramitar y distribuir
correspondencia a los empleados que conforman la dependencia, despachaba
oportunamente la correspondencia interna y externa expedida por la dependencia,
numeraba y registraba los documentos recibidos o emitidos, de igual forma, los
elementos requeridos que ingresaban los recibía, clasificaba y organizaba de forma

59 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 8, folios 387-389, 432-434 / 437-439 / 559-581

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rápida y eficiente de tal manera que se pudiera acceder oportunamente cuando se
requería.

98. Así mismo, revisaba y recordaba diariamente a la doctora Ana María Ángel
Correa, los compromisos adquiridos con las diferentes dependencias del ICBF, las
reuniones, llamadas pendientes, atención a visitas, etc… la relación de las
comunicaciones delegadas por la dirección general y la subdirección general
debidamente en los archivos y registro en planillas de las comunicaciones que recibía y
de redireccionamiento a cada una de los profesionales de acuerdo a lo designado por la
directora de nutrición, las cuales reposan en archivo, igualmente, registraba el control de
respuestas a medición que se van generando, entre otras muchas actividades que
indudablemente requerían ser atendidas diariamente y durante el horario laboral bajo el
cual el ICBF brinda una adecuada prestación del servicio público, esto es, una jornada
laboral mínimo de 40 horas a la semana a la luz de lo establecido en el artículo 7 de la
Ley 1437 de 2011.

99. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: De la lectura
de las obligaciones contractuales ejecutadas por la demandante, aunado al análisis
realizado por este despacho de las pruebas encontradas en el plenario, entre ellas
testimoniales y documentales, se desprende que las labores desarrolladas no fueron
realizadas acorde al principio de autonomía y coordinación, por el contrario, se fundaron
en la sujeción a las directrices impuestas por la parte demandada relacionadas con las
funciones a ejecutar, el lugar de desempeño y horario bajo la dependencia de quien
fungía en calidad de jefe inmediato.

100. Lo anterior se corrobora de las manifestaciones dadas por los testigos, quienes
fueron coherentes y pacíficos en señalar que, para la ejecución de las labores
contratadas era necesario que la actora siguiera los direccionamientos emitidos por la
señora Ana María Ángel quien era la titular del despacho de la dirección de nutrición,
además, resaltaron que «la actividad desplegada por la accionante era absolutamente
asistencial, donde la persona lo que hace realmente es ejecutar las indicaciones e
instrucciones del superior, así coincidieron en que la señora Martha Caita Caro respondía
directamente a lo que demandaba la coordinadora en su momento.»

101. Igualmente, se advierte que la demandante desarrollaba sus funciones con
elementos propios de la institución y en los horarios oficiales para prestar el servicio
público de competencia del ICBF.

102. Lo anterior, demuestra que el desarrollo de las actividades encomendadas a la
demandante no fueron realizadas de manera coordinada entre las partes, sino por el
contrario, estudiadas las pruebas del plenario, para la Sala estas resultan suficientes para

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acreditar que la prestación de su servicio fue bajo el control y direccionamiento efectivo
de la entidad, circunstancias que demuestran el elemento de subordinación que
veladamente se pretendió encubrir bajo la vinculación de contratos de prestación de
servicios enlistados anteriormente.

103. Por otra parte, resalta la Sala que, aun cuando en el expediente reposan
memorando60 y certificaciones61, por medio de las cuales, se informa que, en la planta
de personal y en el manual de funciones del Bienestar familiar no se cuenta con
servidores públicos con función de gestor de convivencia de información y tampoco existe
personal asistencial suficiente para “Apoyar la gestión administrativa, documental, el
manejo de la información, atención al público y la correspondencia interna y externa de
la dirección nutricional”, lo cierto es que, las vinculaciones de la demandante, no tuvieron
lugar por necesidad de contar con personal con conocimientos especializados, ni fueron
celebradas por el tiempo estrictamente necesario establecido en la Ley 80 de 1993, sino
con el objetivo de satisfacer la demanda ciudadana durante lapsos indeterminados,
habida cuenta que, tal como fue certificado, no existía planta de personal para atender
sus actividades.

104. Así, se advierte en el sub lite, que la demandante fue contratada de manera
permanente entre los años 2011 y 2016 para atender actividades consustanciales al giro
ordinario u objeto misional del ICBF, esto es: para suplir necesidades administrativas
permanentes, necesarias e indispensables para la consecución de sus fines, tal como
dan cuenta las funciones desempeñadas por la demandante y lo corroboraron las
pruebas testimoniales, las cuales no podía ejecutarlas de manera esporádica y a criterio
de la contratista, en razón al carácter asistencial de la actividad ejecutada.

105. Por lo expuesto, se tiene que, la condición de los ámbitos funcionales asignados
a la demandante y las particularidades en que las ejercía permite apreciar la
configuración del elemento de subordinación.

106. En tal razón, se evidencia el cumplimiento de los elementos de prestación personal
del servicio, remuneración y subordinación, propios de una relación laboral, sin que
pueda predicarse la existencia de un vínculo de coordinación en las actividades
ejecutadas por la demandante62.

60 Expediente hibrido -sistema Samai. Índice 08, folio 46
61 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 08, folio 307
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero

ponente: Carmelo Perdomo Cuéter Bogotá, D. C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023) Medio de
control: Nulidad y restablecimiento del derecho Expediente: 25000-23-42-000-2017-06115-01 (630-2023)
Demandante: Olga Luzmila Bernal Parra Demandado: Bogotá, Distrito Capital - secretaría distrital de
seguridad, convivencia y justicia Tema: Contrato realidad: “el principio de coordinación, ínsito en los
contratos de prestación de servicios, consiste en la sincronización de las actividades que ejerce el
contratista con las directrices que imparte el contratante para la ejecución eficiente y eficaz del contrato,

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Demandante: Martha Ruth Caita Caro
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

107. En este orden, desvirtuado el asunto de temporalidad, y probados los elementos
de la relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente,
la remuneración y la subordinación o dependencia en el desarrollo de la actividad,
concluye la Sala que, el ente demandado utilizó equívocamente las figuras contractuales
reseñadas para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que, en este
caso subyace una relación laboral encubierta, en aplicación de los principios
constitucionales consagrados en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

108. Así las cosas, para la Sala se encuentra probado que, la prestación personal del
servicio por parte de la accionante en el ente demandado contó con el elemento de
continua subordinación y dependencia, lo cual, desvirtúa el argumento sostenido por el
apelante.

109. Por tanto, la Sala confirmará la sentencia apelada, en lo relacionado con los
reproches formulados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, sobre el
elemento de la subordinación.

2.4.1. De la prescripción

110.Teniendo en cuenta que quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con
el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en
aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberán
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su
vínculo contractual.

111. Lo anterior, atendiendo que esta materia está regulada por el artículo 41 del Decreto
Ley 3135 de 1968, el cual dispone lo siguiente:

«Las acciones que emanen de los derechos consagrados en este Decreto prescribirán en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del
empleado o trabajador ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación debidamente
determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual.»

112. A su turno, el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, con relación a la prescripción
de las acciones, dispone:

«1°. Las acciones que emanen de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este
Decreto, prescriben en tres [3] años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se
haya hecho exigible.

por lo que es indispensable que exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato
con independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su contraparte,
respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al pacto suscrito. Diferente es la
subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del trabajador hacia su empleador y, en tal sentido,
este cuenta en todo momento con la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la
obligación correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de tiempo, modo y
lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para que el trabajador desarrolle sus labores,
sin que le asista ningún tipo de independencia

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Número interno: 0185-2026
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Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

2°. El simple reclamo escrito del empleado oficial, formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso
igual.»

113. Conforme la normatividad anteriormente citada, los derechos salariales y
prestacionales consagrados a favor del empleado prescriben en tres años, contados
desde la fecha en que se hacen exigibles. Igualmente, el simple reclamo escrito del
empleado ante la autoridad competente, sobre un derecho o prestación, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.

114. De igual forma, se debe atender la sentencia de unificación proferida por esta sección,
toda vez que en ella se indicó:

“Si quien pretende el reconocimiento de la relación laboral con el Estado, se excede de los tres
años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual, para reclamar los derechos
en aplicación del principio de la “…primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas
por los sujetos de las relaciones laborales” (artículo 53 constitucional), se extingue el derecho
a solicitar las prestaciones que se deriven de aquella, pues dicha situación se traduciría en su
desinterés, que no puede soportar el Estado, en su condición de empleador. Pero en aquellos
contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución
entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse
la prescripción a partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por
consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en aras de proteger
los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades administrativas al encubrir
una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios”63

115. En consonancia con lo anterior, la Sala al revisar los plazos de ejecución de cada uno
de los contratos de prestación de servicios, observa tal como detalladamente lo expuso el
A-quo que entre el inicio y la terminación de cada relación contractual no se presentaron
interrupción que superaron los 30 días hábiles.

116. En tal razón, se recuerda que el último contrato de prestación de servicios, este es,
el número 1094 del Diez (10) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016), finalizó el Nueve (9)
de noviembre de Dos Mil Dieciséis (2016), la solicitud del reconocimiento de la relación
laboral en sede administrativa fue presentada ante el ICBF el Dieciséis (16) de abril de
Dos Mil Dieciocho (2018)64, frente a la cual, se emitió respuesta por medio del oficio No.
S-2018-283458-0101 de fecha Veintiuno (21) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), en el
sentido de negar la existencia de una relación laboral, así como el reconocimiento y pago
de las prestaciones sociales65 y la demanda fue presentada el Quince (15) de agosto de
Dos Mil Dieciocho (2018)66, razones por las cuales, en el sub examine, tal como concluyó
el A-quo, no se configuró la prescripción.

63 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda. Consejero Ponente: Dr.

Carmelo Perdomo Cuéter. Sentencia del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), radicación
número: 230012333000201300260 01 (0088-15) CE–SUJ2-005-16.
64 Expediente hibrido -sistema Samai, índice 08, folios 4-9
65 Expediente hibrido -sistema Samai, índice 08, folios 12-22
66 Expediente hibrido – sistema Samai, índice 8, folio 866

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2.4.2. Del restablecimiento del derecho cuando se reconoce la existencia de la
relación laboral con fundamento en el principio de la primacía de la realidad.

117. De cara a la existencia de la relación laboral entre los extremos de la litis, el A-quo
a título de restablecimiento del derecho dispuso reconocer y pagar a favor de la
demandante todos los emolumentos salariales y prestacionales que cuenten con fuente
legal y que devenga un empleado de planta que desempeñe el cargo de Secretario
asignado a Dirección, teniendo como parámetro de liquidación el valor de los honorarios
mensuales pactados entre las partes en cada uno de los contratos, ello desde el 1º de
julio de 2011 hasta el 9 de noviembre de 2016.

118. Frente a tal disposición, en la alzada no se esbozó argumento alguno. En todo caso
se precisa que, si bien la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de los
valores que por concepto de prestaciones legales derivadas de la relación laboral
debieron liquidarle, también lo es que, a la luz del criterio imperante de la Sala es que la
liquidación tendría que realizarse en consideración al salario de un empleado de planta
que desarrollaba iguales funciones a las que ejecutó y, solo en caso de no existir, con
base en los honorarios pactados en los contratos de prestación de servicios

119. No obstante, en estas condiciones, el reconocimiento se mantiene en los términos
indicados en el fallo apelado: «teniendo como parámetro de liquidación el valor de los
honorarios mensuales pactados entre las partes en cada uno de los contratos »67.

120. En lo referente al pago de las prestaciones sociales, esta Sala, en sentencia de 4
de febrero de 201668, precisó que «con el fin de determinar cuáles son las prestaciones
sociales que se deberán reconocer […] al declararse una relación de carácter laboral,
[…] acude a la clasificación que se ha hecho de estas prestaciones sobre la base de
quien debe asumirlas. En ese orden de ideas, se encuentran las que son asumidas por
el empleador directamente y las que se prestan o se reconocen de forma dineraria por
el Sistema de Seguridad Social Integral. Dentro de las prestaciones sociales que están
a cargo directamente del empleador se encuentran las ordinarias o comunes como
son entre otras las primas, las cesantías; y las prestaciones sociales que se encuentran
a cargo del Sistema Integral de Seguridad Social son la salud, la seguridad social, los
riesgos profesionales y el subsidio familiar, que para ser asumidas o reconocidas por
cada sistema debe mediar una cotización» [negrillas para resaltar]. Asimismo, en

67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B consejero
ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, sentencia del (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 68001-23-33-000-2017-01374-01 (3435-2024).
68 Expediente 81001-23-33-000-2012-00020-01 (316-2014).

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providencia de 6 de octubre siguiente69, aclaró que «el reconocimiento de la primacía
de la realidad sobre la formalidades que conlleva a la declaración de existencia de una
relación laboral subyacente de un contrato de prestación de servicio, no puede otorgar
al accionante la calidad de empleado público, por lo que no es posible reconocer
prestaciones sociales de carácter extralegal que devenguen otros funcionarios de la
planta de personal del ente territorial demandado, máxime cuando el accionante no
acreditó dentro del proceso cuales son las prestaciones a las que considera tener
derecho ni el origen de las mismas» [negrillas de la Sala].

121. Por consiguiente, le corresponderá al ente accionado, al momento de cumplir la
condena impuesta, determinar las prestaciones sociales de carácter legal que serán
objeto de liquidación a favor de la parte actora, siguiendo lo indicado en la sentencia que
se confirma.

2.5. Condena en costas

122. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto, no se
impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República Colombia y por autoridad de la ley.

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR, la sentencia proferida el Cinco (5) de julio de
Dos Mil Veintitrés (2023), por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Segunda Sub-Sección “F”, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

69 Expediente 66001-23-33-000-2013-00091 01 (237-2014).

31

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La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

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