Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02357-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02357-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
Demandantes: Luis Fernando Caicedo Lince
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Prescripción de la acción disciplinaria. Nulidad del acto
administrativo por violación al debido proceso. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil veintidós (2022) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Luis Fernando Caicedo Lince instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES1
Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 13 de agosto
y 21 de diciembre de 2015, por la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal y la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación,
respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad
general por el término de once (11) años.
Como restablecimiento del derecho, solicitó, se ordene la cancelación en el registro
SIRI de la sanción impuesta y el pago de: (i) una suma mensual, a título de
reparación del daño, que corresponda a su idoneidad y experiencia, desde la fecha
de ejecutoria de la decisión disciplinaria y hasta 8.7 meses adicionales a la
providencia que acceda a las pretensiones; y (ii) la suma de 200 SMLMV por
concepto de perjuicios morales, derivados de la afectación a su honra y buen
nombre.
1 Según el escrito de la demanda (folios 53 a 76 del cuaderno principal) y su reforma (folios 144 a 151 del mismo
cuaderno).
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que, en su calidad de gerente general del Instituto Colombiano Agropecuario (en
adelante ICA), fue vinculado a una actuación disciplinaria, por presuntas
irregularidades en el trámite de enajenación del predio «La pepilla», de propiedad
de la entidad.
Explicó que el predio se enajenó previa celebración de una subasta electrónica en
la que resultó adjudicataria la empresa Grasas y derivados S.A. (GRADESA) y tras
contar con: (i) los avalúos realizados por la sociedad W.R. Ingenieros el 24 de marzo
de 2010 (que determinó el valor del bien en $2.026.182.200) y el 23 de julio de 2010
(en el cual el valor se estableció en $1.007.367.500), (ii) dos procedimientos de
selección declarados desiertos y (ii) la autorización del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo para la venta del bien.
Que la nueva gerente de la entidad, consideró anómalo el trámite para seleccionar
a GRADESA, lo que la llevó a prorrogar el término para la celebración del contrato
de compraventa. Dicha funcionaria también fue vinculada a la actuación
disciplinaria; no obstante, y tras una declaratoria de nulidad, mediante providencia
del 31 de octubre de 2014 se formuló pliego de cargos y, en este mismo acto, se
archivó la investigación en contra de la servidora que lo reemplazó.
Expresó que en la providencia citada se dijo que, como gerente general del ICA, no
había «adelantado acción alguna para verificar la legalidad del precio base del
predio “La Pepilla”», pues al parecer aquel se habría fijado con fundamento en
normas procesales civiles, sin acudir a las disposiciones propias de la contratación
estatal y de la enajenación de bienes del Estado; lo que se calificó como una falta
disciplinaria gravísima, con fundamento en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002,
ejecutada a título de culpa gravísima.
Agregó que en el trámite del procedimiento disciplinario su apoderado presentó
renuncia, que la demandada aceptó y, sin comunicársela en su condición de
investigado, le designó una defensora de oficio, con quien se culminó la actuación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Constitución Política: artículos 1, 2, 6, 29 y 83; Ley 734 de 2002: artículos 6 a 9, 11,
15 a 17, 20, 21, 29, 30, 81, 89, 90, 101 y 143 numeral 2; Código de Procedimiento
Civil: artículos 69, 174, 187; Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo: artículos 87, 89, 137 y 138.
Considera que los actos demandados incurrieron en falsa motivación e infracción
de las normas en que debían fundarse, porque la autoridad no tenía razones para
asignarle una defensa de oficio; además, la renuncia de su apoderado se debía
tramitar conforme a lo previsto en el Código de Procedimiento Civil, lo que no
ocurrió, pues nunca le fue comunicada la decisión de aceptarla. Esta situación
también significó el desconocimiento de los derechos de audiencia y de defensa,
pues al no saber lo ocurrido con su abogado de confianza, no pudo ejercer su
facultad como disciplinado.
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Que en su caso operó la prescripción de la acción disciplinaria, porque el término
previsto por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 solo se habría interrumpido con la
notificación a él o a su apoderado de la decisión sancionatoria, como ello no ocurrió,
el abogado que finalmente designó para la representación de sus intereses apenas
fue notificado el 9 de febrero de 2016 y, como el lapso se debía empezar a contar
desde el momento en que se fijó el precio de venta de «La pepilla», esto es, desde
el 10 de agosto de 2010, con la resolución de apertura del procedimiento de
selección, es claro que habían transcurrido más de 5 años.
Lo anterior significa que los actos se expidieron con falsa motivación, pues como
fecha para el cómputo de la prescripción se tomó una que no correspondía y se dijo
que la falta era de carácter continuado; con infracción de las normas en que debían
fundarse, con falta de competencia (por el paso del tiempo) y con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa.
Que la falta de competencia y la infracción de normas también provinieron de que,
encontrándose en trámite otra actuación disciplinaria por los mismos hechos, la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal no podía adelantar la
actuación y menos sancionarlo, sino que debió obrar según lo dispuesto por el
artículo 87 de la Ley 734 de 2002. No hacerlo significó incurrir en la prohibición del
artículo 11 de la misma ley, porque los hechos por los que fue sancionado ya eran
cosa juzgada pues se analizaron en un radicado distinto, que concluyó con el
archivo de la actuación.
Agregó que se desconoció el in dubio pro disciplinado, pues la autoridad no tenía
sustento probatorio para determinar que se había ejecutado una conducta
disciplinable, porque el avalúo de «La pepilla» no siguió las normas del Código de
Procedimiento Civil y, en consecuencia, no corresponde a la realidad que el precio
mínimo de venta se hubiese fijado en el 50% del determinado por la firma W.R.
Ingenieros; tampoco es cierto que hubiese suscrito la promesa de compraventa
después de su renuncia. Aspectos de la valoración probatoria que implicaron la
configuración de la falsa motivación y de la infracción de normas en que debían
fundarse los actos.
Señaló que se pasó por alto la configuración de la causal de exclusión de la
responsabilidad disciplinaria consistente en haber obrado con la convicción errada
e invencible de que su conducta no constituía falta disciplinaria, porque era
veterinario de profesión y, por ende, no tenía por qué saber cuáles eran las
características y condiciones que debía tener un avalúo y que, fundamentado en
que el segundo avalúo de «La pepilla» reflejaba la realidad del predio (que había
disminuido su tamaño en 8 hectáreas) adelantó al procedimiento para su
enajenación.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 21 de noviembre de 20182 y se notificó a la demandada,
quien se opuso a las pretensiones por considerar que los actos sancionatorios se
2 Véase folio 112 del cuaderno principal. La demanda se radicó ante el Consejo de Estado y correspondió, por
reparto, al entonces consejero Rafael Francisco Suárez Vargas, quien se declaró impedido el 20 de enero de
2017 (se resolvió y se declaró infundado el 9 de marzo del mismo año) y, nuevamente el 24 de agosto de 2017.
La última manifestación se declaró fundada el 16 de noviembre del mismo año. Finalmente, esta Corporación
remitió el proceso por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por auto del 17 de agosto de
2018 (véanse folios 86 a 105 del cuaderno principal).
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expidieron con el lleno de los requisitos legales, con plena observancia del debido
proceso y luego de una valoración integral de las pruebas.
Señaló que si bien la tesis jurisprudencial vigente se refiere al control integral de las
decisiones de naturaleza disciplinaria, con ello no se desconoce que el
procedimiento que da lugar a su expedición tiene reglas propias y una autoridad
competente, de allí que la jurisdicción de lo contencioso administrativo no pueda
convertirse en una tercera instancia; máxime teniendo en cuenta que la actuación
en la cual resultó sancionado el demandante no incurrió en interpretaciones
normativas y probatorias irracionales.
Que el procedimiento en contra del demandante inició por las presuntas
irregularidades en el trámite de enajenación del predio «La pepilla», de propiedad
del ICA, lo cual derivó en la imputación de una conducta tipificada como falta
disciplinaria gravísima, ejecutada a título de culpa gravísima, pues el señor Caicedo
Lince suscribió los actos de apertura del procedimiento de selección, de
adjudicación y la promesa de compraventa, sin adelantar ninguna acción para
verificar la legalidad del precio base de venta del bien, con lo que pudo haber
generado detrimento del patrimonio.
Dijo que la presencia de un apoderado no es obligatoria y que, conforme se
encuentra probado, el demandante conocía la actuación disciplinaria; no obstante,
ante la renuncia de su abogado de confianza, se designó una defensora de oficio,
actuación que no implica una nulidad.
Sobre la prescripción de la acción sancionatoria, afirma que no se configuró porque
la última conducta constitutiva de falta disciplinaria fue la suscripción de la promesa
de compraventa, lo que ocurrió el 21 de octubre de 2010; de allí que la autoridad
tenía hasta el 21 de octubre de 2015 para expedir y notificar la decisión de primera
instancia; y esta se puso en conocimiento de la defensora del demandante el 14 de
agosto de 2015.
Que el trámite se adelantó por la autoridad competente y que no se da la «cosa
juzgada» porque entre las actuaciones disciplinarias, si bien existió identidad de
sujeto, no ocurrió lo mismo con el objeto y causa petendi, pues mientras que en el
radicado IUS 2011-330031 se investigaron las presuntas irregularidades en el
procedimiento de enajenación de «La pepilla»; el radicado IUS-210886, acumulado
con el IUS 2011-105374 se adelantó la actuación sancionatoria con ocasión de la
promesa de compraventa suscrita con FEDEPALMA.
Agregó que la valoración probatoria permitió concluir que el valor base para la
enajenación de «La pepilla» correspondió al 50% del avalúo efectuado por W.R.
ingenieros, lo que resultó de aplicar disposiciones del Código de Procedimiento Civil
en perjuicio de las normas del Decreto 4444 de 2008 e incidió en un posible
detrimento al patrimonio y en el desconocimiento del principio de responsabilidad
en materia contractual.
Se celebró audiencia inicial el 17 de octubre de 20203, en la cual se fijó el litigio y se
ordenó la incorporación de las pruebas documentales; se prescindió de la audiencia
de pruebas y se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al
3 Véanse folios 165 a 167 del cuaderno principal y CD en el folio 164 del mismo cuaderno.
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Ministerio Público para que rindiera su concepto; luego de lo cual se dictó sentencia,
que fue apelada en el plazo oportuno por el demandante.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del trece (13) de
mayo de dos mil veintidós (2022)4, negó las pretensiones, tras concluir que no se
logró demostrar ningún vicio en la legalidad de los actos demandados, pues el
trámite que dio lugar a su expedición se sujetó a lo dispuesto por la Ley 734 de
2002, se motivaron en debida forma, se respetaron sus derechos de audiencia y de
defensa y los expidió el funcionario competente.
En relación con el trámite para la aceptación de la renuncia de su apoderado, se
indicó que la autoridad remitió las comunicaciones a la dirección que el demandante
suministró cuando fue vinculado a la actuación disciplinaria y que, al ser devuelta la
respectiva comunicación, la autoridad le designó una defensora de oficio, con quien
continuó la actuación. Con ello se garantizaron los derechos del señor Caicedo
Lince, quien además incumplió con el deber de informar su cambio de domicilio,
según se desprende del artículo 91 del Código Disciplinario Único.
Respecto del reproche relacionado con la prescripción de la acción disciplinaria,
señaló que la conducta por la cual se investigó al demandante se aludió a una
conducta que se concretó en tres momentos: la expedición de la resolución de
apertura del procedimiento de selección del contratista (10 de agosto de 2010), de
la resolución de adjudicación (17 de septiembre) y la suscripción de la promesa de
compraventa (27 de septiembre de 2010 (sic)). De allí que para cuando se notificó
a la defensora del señor Caicedo Lince la decisión de primera instancia, el 14 de
agosto de 2015, no habían transcurrido los 5 años previstos en la normativa.
Que el trámite sancionatorio se adelantó por la autoridad competente, pues las
irregularidades respecto de la enajenación del predio «El mira» se analizaron por la
Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal en el radicado IUS-
2011-105374, acumulado con el IUS-2011-210886, procedimiento que concluyó el
18 de enero de 2017; mientras que lo ocurrido con la venta de «La pepilla», y que
dio lugar a la expedición de los actos demandados, se tramitó por la Procuraduría
Primera Segunda para la Contratación Estatal y concluyó con la decisión de
segunda instancia del 21 de diciembre de 2015; precisiones temporales que
desvirtuaban la existencia de una «cosa juzgada», porque la decisión de
prescripción del IUS-2011-105374 fue posterior a la expedición de los actos
cuestionados en este medio de control.
Que la valoración probatoria arrojó como resultado el uso de normativa no aplicable
para fijar el precio mínimo de venta de «La pepilla», pues fue claro que el segundo
avalúo al que aludió el demandante no fue tenido en cuenta para tal propósito, de
lo que dio cuenta la ficha técnica del procedimiento de selección abreviada por la
modalidad de subasta electrónica GC-SA-01-33-2010-ICA y que inclusive, la
entidad concilió con el contratista para dejar sin efectos la promesa de compraventa,
al advertir que se incurrió en una irregularidad al emplear las disposiciones del
Código de Procedimiento Civil y no los lineamientos del Decreto 4444 de 2008.
Agregó que no se demostró la configuración de la causal de exclusión de la
4 Véanse folios 225 a 242 del cuaderno principal.
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responsabilidad disciplinaria que se alegó, porque esta supone, además de la
creencia de obrar conforme a derecho, que el error alegado no sea superable y, en
el caso concreto, su profesión no le impedía desplegar las acciones para determinar
el valor correcto de «La pepilla».
Finalmente, se refirió a la solicitud de otorgar valor a pruebas testimoniales y
documentales que reposaban IUS-2011-210886, contenida en los alegatos de
conclusión, para indicar que no se abordaría este punto, pues en dicha etapa no era
posible ampliar el concepto de violación ni incluir nuevos cargos de nulidad; y
condenó en costas al demandante.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante5 interpuso recurso de apelación en el cual insistió en que el trámite
para la aceptación de la renuncia de su apoderado desconoció lo dispuesto por el
artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, según la cual si un abogado quiere
renunciar a la representación debe (i) presentar un escrito, (ii) que este se apruebe
mediante auto, (iii) que se notifique al poderdante a través de telegrama y (iv) en
caso de no poderse notificar, se proceda en los términos del artículo 320 de la
misma normativa.
Que, en esos términos, para que la renuncia de su apoderada fuera efectiva, era
necesario que se le notificara por aviso o fuera enterado de alguna manera, lo que
resultaba fundamental, porque al otorgar poder confió en que todas las
notificaciones se llevarían a cabo con su abogado.
Reiteró que el término de prescripción no podía contarse desde la promesa de
compraventa, sino que debía hacerse desde el pliego de condiciones de la subasta,
con el precio mínimo de venta, porque este documento es un instrumento
vinculante, que no puede ser desconocido por la administración y que, de manera
posterior, conforma el contrato a celebrar.
Señaló que el segundo avalúo de «La pepilla» sí se tuvo en cuenta para determinar
el valor del predio y que es importante tener en cuenta que se realizaron tres
procedimientos de contratación para su venta y que el precio del bien se ajustó,
asunto que para la Procuraduría no resultó irregular según se advierte en el auto
del 31 de octubre de 2012, mediante el cual archivó una investigación por este
aspecto.
Insistió en que deben analizarse los argumentos que expuso en los alegatos de
conclusión ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque allí se
precisaron circunstancias propias del trámite contractual para la enajenación de
inmueble y hacen parte integral de la actuación disciplinaria.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 8 de agosto de 20226 fue admitido el recurso de apelación. En esta providencia
se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la decisión el
proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes presentaran
solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su concepto
5 Véanse folios 249 a 252 del cuaderno principal.
6 Véase índice 00003 de SAMAI y constancia en el folio 260 del cuaderno principal.
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hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
La demandada7 señaló que las inconformidades del apelante no controvierten la
presunción de legalidad de los actos sancionatorios, pues la valoración probatoria
que la autoridad realizó, de manera integral, dio cuenta de la ejecución de la
conducta disciplinable y reiteró que las decisiones se expidieron antes de que
transcurrieran los 5 años de que trata la normativa.
Que el procedimiento disciplinario es menos riguroso que el penal en lo que
corresponde a la defensa técnica y que, con todo, al demandante se le remitieron
las comunicaciones a la última dirección aportada y que la Ley 734 de 2002 dispone
la notificación por estado a falta de la personal; de manera que no era el
emplazamiento lo que procedía ante la devolución de la comunicación. Agregó que
la aceptación de la renuncia del apoderado no es de aquellas decisiones que
afectan el fondo del asunto, ni impulsan la actuación y, por tanto, según las reglas
del Código Disciplinario Único, debía ser comunicada.
Agregó que al disciplinado se le designó una defensora, quien intervino en las
demás etapas y que el señor Caicedo Lince mal podría alegar su propia negligencia
en su favor, pues al tenor de las normas disciplinarias, le correspondía informar su
nuevo domicilio.
El demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Corresponde a la Sala determinar si la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca debe revocarse, porque la demandada expidió los
actos sancionatorios luego de ocurrida la prescripción de la acción disciplinaria; o
porque en su expedición se incurrió en violación al debido proceso, derivado de (i)
la ausencia de notificación del acto mediante el cual se aceptó la renuncia de su
apoderado y (ii) una indebida valoración probatoria. Además, se deberá analizar si
en la sentencia apelada se omitió algún punto de los expuestos por el demandante
en su escrito de alegatos de conclusión.
Con este fin, la providencia estudiará si se configuró o no la prescripción de la acción
disciplinaria, luego de lo cual se referirá a la causal de nulidad invocada y abordará
el caso concreto.
Prescripción de la acción disciplinaria
La prescripción de la acción constituye un instituto jurídico liberador, en virtud del
cual, por el transcurso del tiempo, cesa el derecho que tiene el Estado, en ejercicio
de su potestad disciplinaria, a imponer una sanción8.
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Véase índice 00008 de SAMAI.
8 Noción que se extrae de la sentencia C-244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se examinó
la constitucionalidad, entre otras, del parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que disponía «[c]uando
la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término prescriptivo se
prorroga por seis (6) meses más». En la sentencia se concluyó que ya la norma fijaba un plazo razonable para
que la autoridad disciplinaria adelantara su actuación y, en consecuencia, no había justificación razonable para
que dicho término se extendiera, en detrimento de los derechos del disciplinado a la definición de su situación
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Respecto de su configuración, el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 disponía que
ocurría al cabo de 5 años, que para las faltas instantáneas empezaban a contarse
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado
desde la ejecución del último acto.
En vigencia de esta disposición, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 23 de mayo de 2002, precisó que como el
legislador no había señalado cuál era el acto que imponía la sanción e interrumpía
el término de prescripción, debía entenderse que la sanción se consideraba
impuesta cuando se hubiere expedido y notificado la decisión disciplinaria y, si
contra esta se interpusieron recursos, entonces cuando se expidiera la decisión que
los resolviera9. En cualquiera de los dos supuestos, debía proferirse la decisión
dentro de los 5 años desde la comisión de la falta o desde la realización del último
acto, de acuerdo con lo previsto en la ley.
En contra de dicha providencia, la Procuraduría General de la Nación presentó
recurso extraordinario de súplica, el cual fue conocido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación que, en sentencia de unificación
del 29 de septiembre de 200910, revocó la decisión y acogió la tesis según la cual,
tratándose «(…) del régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria,
que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa»11 (subrayas de la Sala).
La anterior sentencia fue objeto de acción de tutela en la que, por sentencia del 17
de abril de 2013, se controvirtió la tesis propuesta por la Sala Plena de la
Corporación, al considerar que:
«(…) no es válida la postura de la decisión judicial sometida a tutela pues al
declarar que la sanción queda impuesta con la notificación del acto
administrativo principal, olvida que es a partir de ese momento cuando se inicial
el plazo de ejecutoria, dentro del cual cabe la interposición de los recursos de
ley. En este orden, indicó la Sala de Conjueces, tener como impuesto este acto
primigenio al disciplinado, aún antes de su ejecutoria, constituye vía de hecho
que conculca su derecho al debido proceso, al desconocer su precariedad,
ineficacia e inoponibilidad debida a su condición de recurrible»12.
Con base en la anterior argumentación, se revocó la posición jurisprudencial del
2009 y se retornó a lo establecido previamente, es decir, que la acción disciplinaria
no estaría prescrita si se resolvieron los recursos interpuestos y se notificó la
providencia de segunda instancia dentro del término establecido legalmente, que
para entonces era de 5 años.
jurídica. Este entendimiento de la «prescripción» puede encontrarse, además, en: Corte Constitucional.
Sentencia C-556 de 2001. M.P. Álvaro Tafur Galvis (declaró constitucional el inciso final del artículo 36 de la
Ley 734 de 2002, en relación con el término para adelantar la actuación disciplinaria cuando el investigado
renuncia a la prescripción) y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de marzo
de 2012. Exp. 25000-23-25-000-2003-05420-01 (0479-2009). C.P. Luis Rafael Vergara Quintero;
9 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de mayo de 2002, Exp.
76001233100019972204601 (17112). C.P., Jesús María Lemos Bustamante.
10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de 2009.
Exp. 11001031500020030044201. C.P. Susana Buitrago Valencia.
11 Ibid.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sala de Conjueces. Sentencia del 17 de abril de 2013.
Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-00(AC). C.P. Álvaro Escobar Henríquez.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
Luego, en sentencia del 6 de marzo de 2014, al resolver las impugnaciones
interpuestas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión del 17 de
abril de 2013, al determinar que los fallos de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado constituyen decisiones últimas, intangibles,
inimpugnables e inmodificables a través del mecanismo de la tutela, concluyendo
que dichas características de las providencias que profiera la Sala Plena impiden,
por parte del juez de tutela, cualquier pronunciamiento de fondo13. Por consiguiente,
al haberse revocado la sentencia del 2013, la tesis que vigente se corresponde con
la adoptada en el 2009 por la Sala Plena de esta Corporación.
Entre tanto, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 reprodujo parcialmente el contenido
del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, en el siguiente sentido (se cita la disposición
sin las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011):
«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último acto.
<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas
señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo
55 de este código14.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de
ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique» (el texto
tachado se declaró inexequible mediante la Sentencia C-948 de 2002).
En vigencia de dicha norma, esta Corporación «(…) ha aplicado y reiterado la
posición de la Sala Plena contenida en la sentencia de unificación precitada de
acuerdo con la cual dentro del término de los 5 años a que se refiere el artículo
transcrito, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar
el acto principal, esto es, la decisión de primera o única instancia que interrumpe
el término de prescripción»15 (negrillas en el texto original; subrayas de la Sala).
Ahora bien, en atención a que la prescripción de la acción disciplinaria depende de
si la falta fue instantánea o continuada, se pone de presente que la Corte
Constitucional, en relación con la clasificación de las faltas disciplinarias, ha
precisado lo siguiente:
«(…) 6.3.1. Retomando la clasificación de las faltas, se reseña la postura
establecida por la Procuraduría General de la Nación, institución que en el
ejercicio de su control disciplinario prevalente, ha ordenado los tipos
sancionatorios conforme “a las circunstancias modales y temporales en que se
presentan, como de: (…) iii) Instantáneas cuando la realización del
comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir
cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada,
cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la
13 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de marzo de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-
03(AC). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2019. Exp. 19001-23-
33-000-2014-00098-01- (4891-2016). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta”16.
Igualmente, el ente de control ha manifestado que “la conducta se puede agotar
con una única actividad que despliegue el autor en un solo momento o, por el
contrario, se suceda durante un periodo de tiempo y solo al cabo del mismo
puede decirse que el hecho se ejecutó”17»18 (subrayado de la Sala).
Esto significa que, en las faltas disciplinarias instantáneas, la infracción del deber
funcional se agota en un solo momento; mientras que en las faltas disciplinarias
continuadas hay una unidad de conducta que genera una afectación al deber que
se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad generadora
de dicha infracción19.
Llevado al caso concreto, se tiene que el 20 de marzo de 2013 se abrió una
investigación disciplinaria en contra del señor Luis Fernando Caicedo Lince y de la
señora Teresita Beltrán Ospina, originada en el informe ejecutivo de la solicitud de
conciliación nro. 132 de 2011, remitido por la Procuraduría Delegada para la
Vigilancia de la Función Pública, quien consideró que en la etapa precontractual del
procedimiento que dio lugar a la conciliación, se habría incurrido en
irregularidades20.
A dicha actuación se le asignó el radicado IUS-2011-330031 y en ella se formuló
cargos y sancionó al demandante porque, en su condición de gerente general del
ICA, suscribió la resolución de apertura nro. 002622 del 10 de agosto de 2010, la
resolución de adjudicación 003099 del 17 de septiembre del mismo año y la
promesa de compraventa nro. 003 del 21 de octubre de 2010, sin adelantar ninguna
actuación para verificar la legalidad del precio base de venta del predio «La pepilla»,
pues según la ficha técnica del procedimiento se selección, «el ICA reconsideró el
precio de venta, siguiendo los lineamientos del capítulo 4° remate de bienes y pago
al acreedor del Código de Procedimiento Civil en particular los artículos 523 y 533».
La actuación concluyó con la decisión de primera instancia, expedida el 13 de
agosto de 2015, consistente en destitución e inhabilidad general por el término de
11 años, que se notificó a la defensora del señor Caicedo Lince el 14 del mismo
mes y año21.
No es de recibo para la Sala la manifestación del apelante, según la cual el término
de prescripción debía empezar a contarse desde la publicación del pliego de
condiciones de la subasta GC-SA-01-33-2010-ICA, pues si bien aquel fija las reglas
de juego para quienes desean participar en el procedimiento, es la resolución de
apertura la que marca su inicio formal22.
16 Procuraduría General de la Nación, Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa; fallo del 20 de abril de 2007 Radicación nro.: 038- 05956-04. Disciplinado: Luís Enrique Rosales
Rocha; Cargo y Entidad: Coordinador Fondo de Prestaciones del Magisterio del Departamento de Guainía.
Quejoso: Informe Servidor Público. Fecha de Queja: Agosto 24 de 2004. Fecha hechos: Octubre 29 de 2003;
Asunto: Providencia por medio de la cual se modifica un fallo sancionatorio de primera instancia. (Artículo 171
de la ley 734 de 2002).
17 Despacho de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios María Leonor Rueda Rueda. Bogotá, D.C.,
17 de Julio de 2006 respuesta a consulta PAD C-214-06.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-282A de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
19 Consejo De Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 04 de junio de 2020. Exp. 19001-23-33-
000-2015-00449-01- (3965-2018). C.P. William Hernández Gómez.
20 Véase notificación por edicto en la página 9 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en
la carpeta «IUS 2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
21 Véase página 441 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
22 Según el artículo 5 del Decreto 2474 de 2008, reglamentario de la Ley 80 de 1993 y de la Ley 1150 de 2007,
para la fecha de los hechos, «Artículo 5°. Acto administrativo de apertura del proceso de selección. La entidad,
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
Pero tal actuación no puede leerse separada de las demás etapas del procedimiento
de selección, pues este bien podría haber concluido con una declaratoria desierta
(como ocurrió en dos ocasiones previas) y con ello, no haberse materializado la
situación que llevó a la sanción disciplinaria; pero lo cierto es que la subasta GC-
SA-01-33-2010-ICA fue adjudicada mediante acto administrativo del 17 de
septiembre 2010. Aun ahí, de haberse desplegado un comportamiento diligente, el
demandante podría haber adelantado actuaciones para que no se materializara el
posible daño patrimonial; no obstante, su última actuación se consolidó con la
celebración de la promesa de compraventa del 21 de octubre de 2010.
Se trató, por tanto, de una conducta de naturaleza continuada, que cesó el 21 de
octubre de 2010 y, por tanto, la autoridad tenía hasta el 21 de octubre de 2015 para
expedir y notificar la decisión disciplinaria de primera instancia, lo que efectivamente
tuvo lugar el 14 de agosto de 2015. En esos términos, se reitera la conclusión del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la precisión acerca de la fecha de
celebración de la promesa de compraventa.
Si, en gracia de discusión se aceptara que al caso del señor Caicedo Lince se podía
aplicar la modificación introducida por la Ley 1474 de 2011, tampoco habría lugar a
declarar la prescripción, por cuanto el auto mediante el cual se abrió la investigación
disciplinaria se expidió el 20 de marzo de 2013; por lo que la autoridad habría tenido
hasta el 20 de marzo de 2018 para emitir un pronunciamiento de fondo y, como se
indicó, para esa fecha ya se había proferido y notificado la decisión de primera
instancia.
Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13723 y 13824 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de un
acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
mediante acto administrativo de carácter general, ordenará de manera motivada la apertura del proceso de
selección que se desarrolle a través de licitación, selección abreviada y concurso de méritos».
23 Del medio de control de nulidad.
24 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.
Esta Corporación ha precisado que el debido proceso, además de constituir un
límite al ejercicio del poder público, constituye un mecanismo para proteger los
derechos de los ciudadanos y, en el ámbito administrativo, implica el deber de los
agentes del Estado de aplicar los procedimientos legalmente establecidos en el
curso de cualquier actuación administrativa, de tal manera que quienes puedan
resultar afectados con sus decisiones cuenten con las garantías procedimentales y
sustanciales que les brinda el ordenamiento jurídico25.
Atendiendo a lo anterior, para determinar si hay lugar a declarar la nulidad por su
desconocimiento, se examinan elementos formales y sustanciales en la formación
del acto administrativo que repercuten en la garantía que consagra el artículo 29
constitucional: a) en la perspectiva formal, (i) que la actuación se adelante por el
competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los interesados; (iii) que
estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan dilaciones
injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y controvertir
pruebas; (vi) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida forma y
que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas 26; y b) en
sentido sustancial, (vi) que la autoridad aplique el principio de favorabilidad siempre
que sea pertinente; (vii) que durante el trámite de la actuación el investigado se
presuma inocente.
La Corte Constitucional ha señalado que la vulneración sustancial del derecho al
debido proceso27 puede predicarse tanto de las providencias judiciales como de los
actos administrativos y que esta se concreta en los distintos defectos identificados
por la jurisprudencia constitucional: (i) orgánico (falta de competencia de la
autoridad que lo expide); (ii) procedimental absoluto (la actuación se adelantó al
margen del procedimiento); (iii) fáctico (absoluto desconocimiento de lo probado en
el trámite); (iv) material o sustantivo (la autoridad aplicó normas inexistentes,
inconstitucionales, ilegales o que no resultaban aplicables al caso concreto o que
se interpretaron de una manera irrazonable) (v) error inducido o vía de hecho por
consecuencia (se adoptó una decisión contraria a derecho por causa de la actuación
engañosa de un tercero); (vi) falta de motivación (el acto no expresó las razones
fácticas y jurídicas que lo fundamentaban); (vii) desconocimiento del precedente
constitucional vinculante; y (viii) violación directa de la Constitución28.
25 Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-
33-000-2014-02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
26 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Exp. 05001-23-31-000-2000-02324-
01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
27 Cabe destacar que esta Corporación ha precisado que la irregularidad que vicia el acto administrativo es la
sustancial, en línea con lo señalado por la Corte Constitucional: «Una irregularidad acaecida en el curso de un
procedimiento administrativo se considera como sustancial, cuando incide en la decisión de fondo que culmina
con la actuación administrativa, contrariando los derechos fundamentales del administrado, es decir, que de no
haber existido tal irregularidad, el acto administrativo que define la situación jurídica debatida hubiese tenido un
sentido sustancialmente diferente. Por el contrario las irregularidades o vicios, que no afectan el fondo del asunto
discutido, esto es, que de no haber ocurrido, la decisión definitiva hubiese sido en igual sentido, no tienen la
relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso
administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos» Cfr. Consejo de
Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 11 de abril de 2019. Exp. 05001-23-33-000-2014-
02189-01 (1171-2018). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
28 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Sentencia T-076
de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; y, analizados como causales específicas de la acción de tutela contra
providencias, cfr. Corte Constitucional. Sentencia SU-453 de 2019. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Caso concreto
Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria, la Sala destaca que:
• El 20 de marzo de 2013 la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal abrió una investigación disciplinaria en contra de la señora Teresita del
Carmen Beltrán Ospina y del señor Luis Fernando Caicedo Lince, con
fundamento en las presuntas irregularidades derivadas del procedimiento para
la enajenación del predio «La pepilla», de propiedad el ICA, que fueron puestas
en conocimiento por parte de la Procuraduría Primera Delegada para la
Vigilancia Administrativa29.
Como antecedente de esta actuación, se encontraba el trámite de conciliación
extrajudicial convocado por la señora Beltrán Ospina, gerente general del ICA,
quien sucedió al demandante en dicho cargo; y que se promovió con el fin de
dejar sin efectos la promesa de compraventa suscrita entre la entidad y
GRADESA, como resultado de la selección abreviada-subasta electrónica GC-
SA-01-33-2010, que se adelantó con el objeto de enajenar el predio «La
pepilla»30.
• Por auto del 27 de noviembre de 2013 se archivó la investigación en contra de
la señora Beltrán Ospina y se formuló pliego de cargos al demandante31. No
obstante, esta actuación se anuló el 20 de agosto de 201432, previo escrito de
descargos del señor Caicedo Lince33, por considerar que la gravedad de la
conducta se había calificado de dos formas distintas.
El 31 de octubre de 2014 se formuló al demandante el siguiente cargo:
«(…) en su condición de Gerente General (sic) del INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO. ICA. (Cl. Anexo No. 1. Fls. 103), por haber incurrido en
presuntas irregularidades vinculadas con la suscripción de la resolución de
apertura No. 002622 del 10 de agosto de 2010, la resolución de adjudicación
No. 003099 del 17 de septiembre de 2010 y la promesa de compraventa No.
003 de 2010, sin haber adelantado acción alguna para verificar la legalidad del
precio base del predio “la Pepilla”: ($1.013.091.100), toda vez que en la ficha
técnica del 09 de agosto de 2010, se indicó que el mismo se reconsideró
teniendo como sustento los artículos 523 y 533 del código de procedimiento civil
(sic), normatividad no aplicable para la enajenación de bienes del estado y
teniendo en cuenta que el avalúo del 24 de marzo de 2010, elaborado por la
firma W.R. Ingenieros Avaluadores LTDA., señaló que el valor del mencionado
predio ascendía a la suma de ($2.026.182.200). Situación que en su momento
pudo haber generado un detrimento para el patrimonio del Estado y una
violación del principio de responsabilidad de la contratación estatal».
29 Véanse páginas 1 a 9 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal. Estas páginas corresponden a las
diligencias de comunicación y notificación de dicha providencia, pues los antecedentes administrativos se
remitieron a partir de allí.
30 La solicitud de conciliación visible en las páginas 65 a 83 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf»,
disponible en la carpeta «IUS 2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal. La
conciliación se llevó a cabo en la Procuraduría Tercera Judicial Administrativa ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca el 25 de octubre de 2011 (véanse páginas 35 a 37 del mismo archivo) y fue aprobada en
providencia del 23 de noviembre de 2011 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-
Subsección B (véanse páginas 39 a 60), adicionada el 11 de abril del 2012 (véanse páginas 61 a 64 del mismo
archivo).
31 Véanse páginas 121 a 143 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal. El señor Caicedo Lince se notificó el
12 de diciembre de 2012 personalmente (véase página 149 del mismo archivo).
32 Véanse páginas 179 a 183 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
33 Véanse páginas 151 a 171 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
La falta disciplinaria se calificó provisionalmente como gravísima, con
fundamento en el artículo 48, numeral 31, de la Ley 734 de 2002, ejecutada a
título de culpa gravísima, pues a él le correspondía vigilar y dirigir la actividad
precontractual; pero su desatención elemental llevó a que se dejara de lado la
aplicación del Decreto 4444 de 2008.
En el mismo acto se archivó la investigación en contra de la señora Beltrán
Ospina, pues fue la actuación de dicha servidora la que, finalmente, evitó que se
concretara el detrimento patrimonial34.
• El 13 de agosto de 2015 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia.
En esta se ratificó la calificación de la falta y su forma de culpabilidad y se
sancionó al demandante con destitución e inhabilidad general por el término de
once (11) años.
La autoridad disciplinaria consideró que en el expediente se encontraba
acreditado que, para la determinación del precio base para la venta de «La
pepilla» se acudió a los artículos 523 y 533 del Código de Procedimiento Civil,
aun cuando existían normas especiales en materia de contratación estatal para
la enajenación de bienes del Estado; y que ello ocurrió porque, pese a la
obligación legal que el señor Caicedo Lince tenía de verificar las razones para
que el precio del bien fuera más de mil millones por debajo del valor del avalúo,
no adelantó ninguna acción para ello.
Agregó que aunque era clara la existencia de un avalúo del 23 de julio de 2010,
en el procedimiento contractual ninguna alusión se hizo a este; inclusive, en la
ficha técnica del 9 de agosto de 2010 se tomó como referencia el avalúo del 24
de marzo de 2010, por valor de $2.026.182.200.
También resolvió de manera desfavorable la solicitud de excluir al disciplinado
de responsabilidad por haber obrado con la convicción errada e invencible de
que su conducta no era constitutiva de falta. Sobre este punto, destacó era
previsible y vencible el alegado error, pues bastaba con el análisis de la
documentación que hacía parte del procedimiento de selección para llamar la
atención acerca de la ostensible diferencia entre el valor del avalúo del predio y
el precio mínimo de venta35.
• La sanción disciplinaria se confirmó por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación el 21 de diciembre de 2015. En esta oportunidad, se
resolvió la solicitud de la defensora del señor Caicedo Lince de reconsiderar la
calificación de la falta, al plantear que finalmente no hubo daño patrimonial.
La autoridad señaló que si bien el contrato de compraventa no se perfeccionó,
esto se debió a la intervención de la nueva gerente del ICA; pero el
procedimiento de selección, del cual investigado alcanzó al suscribir la promesa
de compraventa, se llevó a cabo aun cuando se aplicó una normativa que no
correspondía para la fijación del precio de la enajenación.
34 Véanse páginas 193 a 217 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
35 Véanse páginas 419 a 436 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
Advirtió que la conducta del señor Caicedo Lince sí se consumó y que de ello
deban cuenta los distintos actos en los que intervino, situación que afectó el
ejercicio de la función administrativa, en la medida en que no protegió en debida
forma los recursos públicos y reiteró que del disciplinado se esperaba el mayor
cuidado en el procedimiento para la venta de «La pepilla», lo que justificaba la
calificación de culpa gravísima en el elemento subjetivo de la responsabilidad36.
El demandante insistió en las irregularidades de la aceptación de la renuncia de su
apoderado y en la valoración de las pruebas del procedimiento de selección como
vicios en la legalidad de los actos demandados. Ambos reproches se estudiarán a
partir del debido proceso, en sus componentes de derecho a la defensa y valoración
probatoria; anticipando desde ya que la conclusión será la misma a la que llegó el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia apelada.
Respecto del primer punto, cabe destacar que de conformidad con el artículo 91 de
la Ley 734 de 2002, una vez el investigado es vinculado a la actuación disciplinaria,
tiene la obligación de señalar la dirección en la cual recibirá las comunicaciones y
notificaciones y que el incumplimiento de este deber implica que estas se dirijan a
la última dirección que la autoridad conozca.
Se trata de una carga que el régimen disciplinario impone al sujeto disciplinado, que
tiene como propósito que la autoridad pueda enterarlo de manera oportuna de las
decisiones que conforman la actuación, en especial de aquellas que, por su
naturaleza, es imperativo notificar personalmente.
En el caso concreto, el 27 de noviembre de 2013 se formuló un primer pliego de
cargos. Este se notificó personalmente al demandante, quien el 27 de diciembre del
mismo año solicitó su nulidad. En su intervención, presentada en causa propia,
indicó como dirección para notificaciones «Balcones del Vergel Torre 5 Apto 401 de
Ibagué (Tolima)»37, de manera que la demandada remitió allí las posteriores
comunicaciones.
Entre tanto, ante la ya relatada declaratoria de nulidad de aquella decisión de
cargos, se expidió un nuevo pliego el 31 de octubre de 2014. El 25 de noviembre
del mismo año se comunicó la decisión al señor Caicedo Lince 38. El oficio fue
devuelto el 27 del mismo mes y año con la anotación de «no reside»39; mientras que
el 4 de diciembre del mismo año, se aportó un poder que el investigado otorgó al
abogado Luis Carlos Torregroza Diazgranados, quien, además, designó una
abogada suplente40. Por auto del 15 del mismo mes y año se le reconoció
personería41.
Por su parte, para la notificación del pliego de cargos al investigado se comisionó a
la Procuraduría Regional del Tolima, quien fijó un edicto entre el 5 y el 12 de
diciembre de 2014 con tal propósito y devolvió la comisión el 16 del mismo mes y
36 Véanse páginas 475 a 497 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
37 Véase página 171 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
38 Véanse páginas 247 a 249 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
39 Véase página 251 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
40 Véanse páginas 235 y 241-242 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta
«IUS 2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
41 Véase página 239 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
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15
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
año42.
Luego, por auto del 16 de enero de 2015 la Procuraduría Segunda Delegada para
la Contratación Estatal ordenó notificar al apoderado del señor Caicedo Lince de la
decisión de cargos e indicó que el profesional contaría con 10 días hábiles para la
presentación de descargos43. Esta decisión se comunicó al abogado el 20 de enero
de 201544. No obstante, el 27 del mismo mes y año el apoderado presentó un escrito
de renuncia al poder que le fue conferido, fundamentado en el incumplimiento de
las obligaciones derivadas del contrato de prestación de servicios profesionales 45,
la cual se aceptó por auto del 30 de enero de 201546.
Con el fin de enterar al señor Caicedo Lince de esta decisión, se libró comunicación
el 5 de febrero de 2015, en la cual se indicó que «[c]on base en lo anterior, le informo
que este despacho procederá hacer (sic) la solicitud correspondiente para que le
sea asignado un defensor de oficio; en caso contrario, de llegar a tener uno, deberá
remitir a esta oficina el poder conferido para reconocerle personería»47. El oficio se
envió a la dirección «Balcones del Vergel, Torre 5 Apto 401 Ibagué-Tolima» y fue
devuelta con la anotación «no reside», ante lo cual se solicitó a las Universidades
del Rosario y de los Andes la designación de un defensor de oficio48.
El 18 de marzo de 2015 se posesionó como defensora del señor Caicedo Lince una
estudiante de la Universidad del Rosario49, quien ese mismo día se notificó del
pliego de cargos y presentó escrito de descargos el 9 de abril del mismo año 50, en
el cual solicitó la práctica de unas pruebas, lo que dio lugar a la expedición del auto
del 27 de abril de 201551.
El 19 de mayo de 2015 se reconoció personería a una nueva estudiante del
consultorio jurídico de la Universidad del Rosario52, quien presentó alegatos de
conclusión53, se notificó de la decisión de primera instancia54, radicó escrito de
apelación55 y se fue notificada de la decisión de segunda instancia56.
El 18 de enero de 2016 la secretaría de la Sala Disciplinaria comunicó la decisión
42 Véanse páginas 259 y 261 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
43 Véase página 263 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
44 Véanse páginas 267 a 269 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
45 Véase página 271 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
46 Véase página 275 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
47 Véase página 279 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
48 Véanse páginas 291 y 293 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
49 Véanse páginas 297 a 301 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
50 Véanse páginas 303 a 311 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
51 Véanse páginas 315 a 321 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
52 Véase páginas 341 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
53 Véanse páginas 401 a 415 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
54 Véase página 441 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
55 Véanse páginas 447 a 457 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
56 Véase página 501 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
de segunda instancia al sancionado57 y el 9 de febrero del mismo año compareció
el abogado Andrés Eduardo Salcedo Camacho, en calidad de apoderado del señor
Caicedo Lince, con el fin de notificarse de dicha decisión58.
Realizado este recuento, cabe destacar que según el artículo 17 de la Ley 734 de
2002, si el investigado se juzga como persona ausente, deberá estar representado
a través de un apoderado y, si no lo tuviere, es imperativa la designación de un
defensor de oficio. Esta previsión tiene como cometido que se garantice al
disciplinado el pleno ejercicio del derecho a la defensa y contradicción.
Esta Corporación ha venido sosteniendo que el artículo 17 del Código Disciplinario
Único, aunque pareciera contener dos formas de ejercer el derecho a la defensa,
no puede leerse en abstracto, pues ante todo es necesario tener en cuenta tres
cosas: que las actuaciones de naturaleza disciplinaria se estructuran bajo la
presunción de inocencia; que la carga de la prueba está en cabeza de la autoridad
y que en dicho trámite el investigado puede defender directamente sus intereses.
De allí que cuando se actúe sin representación de un apoderado o defensor resulte
incorrecto hablar de una «defensa técnica», pues bajo la última se rotula a la que
es ejercida por los profesionales del derecho. Pero no significa que cuando se
cuente con la representación de un abogado la defensa deje de ser material, pues
en últimas la «defensa material» implica que la participación en el ejercicio de
contradicción se realice con conocimiento –del hecho investigado, de los
argumentos para ratificar o desvirtuar la responsabilidad, de los medios de prueba,
etc.–.
Dicho de otra forma: la defensa material no tiene que ser técnica, pero la defensa
técnica siempre será material, pues contar con un apoderado de confianza o con un
defensor de oficio constituye la máxima garantía del derecho a la defensa, en la
medida en que los intereses del disciplinado están representados por quien conoce
las disposiciones, el régimen de responsabilidad y lo que se ha de exigir a la
autoridad disciplinaria para imponer una sanción.
El apelante echó de menos en el trámite derivado de la renuncia del abogado Luis
Carlos Torregroza Diazgranados no se hubiesen observado los parámetros del
artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, según el cual «[l]a renuncia no pone
término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse por estado
el auto que la admita, y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama
dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales (…)» o se
notifique por aviso, según el artículo 320 de la misma normativa.
Al respecto, cabe precisar que la Ley 734 de 2002 contiene normas especiales para
enterar al servidor o a su defensa de las distintas decisiones que conforman la
actuación y es a estas a las que debe acudir la autoridad disciplinaria, en garantía
del debido proceso en su perspectiva formal.
En ese contexto, al acto que aceptó la renuncia del apoderado no le era aplicable el
trámite de notificación previsto en la normativa procesal civil; lo que se debía buscar
era la forma prevista en el Código Disciplinario Único para ponerlo en conocimiento.
57
Véase página 503 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
58 Véanse páginas 505 a 508 del archivo «DOC051019-05102019083443.pdf», disponible en la carpeta «IUS
2011-330031 CDO1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
Allí, el artículo 109 dispone que las comunicaciones proceden respecto de las
decisiones no susceptibles de recurso; tratándose de un acto de este tipo, la
demandada procedió conforme a la ritualidad procedente. Otra cosa es que no se
hubiese podido entregar la comunicación al señor Caicedo Lince.
Ahora, de allí no se puede deducir que el demandante no conociera la actuación
disciplinaria, ni que la comunicación fallida impactara negativamente en su defensa
material, pues lo cierto es que quedó acreditado, primero, que intervino al presentar
el primer escrito de descargos, inclusive de allí se derivó una declaratoria de nulidad;
y segundo, que las defensoras que concurrieron ejercieron el objeto de su
designación de manera tal que sus intereses estuvieron debidamente
representados, al margen de que sus argumentos no bastaran para exonerarlo de
responsabilidad disciplinaria.
Con todo, aun si se asumiera que el trámite para poner en su conocimiento la
decisión de aceptar la renuncia de su apoderado fue irregular, no tendría la entidad
suficiente para viciar los actos demandados, porque lo fundamental en este asunto
reside en que estuvo debidamente representado, sumado a que si la comunicación
de esta y de las posteriores decisiones no fue exitosa se debió al incumplimiento
del deber que el artículo 91 de la normativa disciplinaria asigna al investigado.
Por lo expuesto, esta situación no desvirtúa la presunción de legalidad de las
decisiones demandadas.
Respecto de la valoración de las pruebas, especialmente, de la existencia de un
segundo avalúo del predio «La pepilla», esta Sala reitera lo dicho por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que encuentra sustento, además, en la motivación
de los actos demandados y en las pruebas recaudadas: ese punto nunca estuvo en
discusión.
Recuérdese que la demandada encontró en la ficha técnica del procedimiento de
selección para la enajenación del predio dos datos que la llevaron a ratificar la
responsabilidad disciplinaria del señor Caicedo Lince: (i) como valor del avalúo se
indicó la suma de $2.026.182.200, tomando como fuente «documentación del ICA
y avalúo comercial de marzo de 2010» (subrayas de la Sala); y (ii) como precio
mínimo de venta se estableció la suma de $1.013.091.100 y, a continuación, se
indicó «el ICA reconsideró el precio de venta, siguiendo los lineamientos del capítulo
4° remate de bienes y pago al acreedor del Código de Procedimiento Civil en
particular los artículos 523 y 533»59.
Para la demandada, la determinación del precio mínimo de venta en esos términos
desconoció que el Decreto 4444 de 200860 contenía normativa especial para la
enajenación de bienes del Estado y que, aunque se aludió a este Decreto en los
antecedentes de la promesa de compraventa61, lo cierto es que no fueron sus
lineamientos los que guiaron la fase precontractual de la subasta GC-SA-01-33-
2010-ICA, básicamente porque de conformidad con las disposiciones del Código de
59 Véanse página 75 del archivo «DOC051019-05102019091126.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-
330031 ANEXO 1» del CD visible en el folio 143 del cuaderno principal y folio 2684 del cuaderno 13 de
antecedentes administrativos.
60 «Por medio del cual se reglamenta parcialmente el literal e) del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de
2007». El referido literal contempla como causal de selección abreviada, la enajenación de bienes del Estado,
con excepción de aquellos a que se refiere la Ley 226 de 1995 (propiedad accionaria estatal).
61 Y cabría agregar que, aunque en la promesa de compraventa se alude al Decreto 4444 de 2008, de ninguna
de sus menciones se extrae que el PMV se fijara según el artículo 11 de dicha normativa (véanse folios 374 a
377 del cuaderno 15 de antecedentes administrativos).
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
Procedimiento Civil la determinación el precio base de venta era porcentual,
mientras que los artículos 10 y 11 del Decreto 4444 de 2008 se referían a factores
cualitativos y cuantitativos para determinar el precio mínimo de enajenación de
bienes inmuebles62.
La Sala no encuentra en el expediente contractual de la enajenación de «La pepilla»
ninguna alusión al documento presentado por W.R. Ingenieros el 23 de julio de
2010, pues inclusive en el pliego de condiciones se indicó como valor por avalúo el
que se encuentra al consultar el que se elaboró el 24 de marzo de 201063.
Tampoco es posible concluir, como lo pretende el apelante, que en el auto del 31
de octubre de 2012 se hubiese decidido algo que impacte la legalidad de los actos
demandados. Al respecto, lo primero que cabe precisar es que en la referida
providencia se asumió conocimiento de la actuación con radicado IUS-2011-
210886, se abrió investigación por unos hechos y se ordenó el archivo de una
indagación preliminar respecto de otros. Los asuntos objeto de la última
determinación se relacionaron con aparentes irregularidades en el avalúo de los
bienes de propiedad el ICA. La Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal encontró que había predios –«La pepilla» entre ellos–, cuya
situación real no era conocida por el avaluador, aspecto que justificó en varios casos
la elaboración de nuevos estudios para determinar los valores comerciales 64.
Pero aquella situación dista de la que fue objeto de las decisiones disciplinarias del
13 de agosto y 21 de diciembre de 2015, en la medida en que la razón de la sanción
impuesta al señor Caicedo Lince no se derivó de irregularidades en el avalúo del
predio, sino de los parámetros empleados para la determinación del precio base de
venta que se fijó con el propósito de enajenar «La pepilla». En ese sentido, que el
demandante no hubiese actuado con el máximo cuidado que se esperaba para
analizar la forma como se definió que el bien se podía subastar tomando como base
la suma de $1.013.091.100 llevó a su participación en la etapa precontractual en los
términos reprochados por el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y a
que su conducta se calificara como ejecutada con culpa gravísima.
De esta forma, no hay aspectos de la valoración probatoria que se hubieren omitido,
ni en el juicio de la autoridad disciplinaria, ni en las consideraciones del Tribunal
para negar las pretensiones.
Finalmente, hay un punto en el recurso de apelación que se refiere al contenido de
los alegatos de conclusión que se presentaron en primera instancia. En la Sentencia
se dijo que no se podía, en esa etapa, adicionar el concepto de violación ni
introducirse cargos de nulidad. Sobre este punto, que la Sala comparte, cabe
agregar que, en todo caso, los medios de prueba a los que se aludió por parte del
62 En especial, el artículo 11 del referido decreto, disponía que, una vez obtenido el avalúo comercial del
inmueble, la entidad lo debía ajustar para obtener el precio mínimo de venta, considerando 8 variables: (i) valor
del avalúo, (ii) ingresos provenientes del bien, (iii) gastos para el sostenimiento del bien; (iv) tasa de descuento;
(v) tiempo de comercialización, (iv) factores para definir el tiempo de comercialización; (vii) estado de
saneamiento de los activos y (viii) cálculo del PMV (Precio Mínimo de Venta), equivalente a la diferencia entre
el valor actualizado de los ingresos incluido el valor del avalúo del bien y el valor actualizado de los egresos a
una tasa de descuento dada.
63 En el punto 1.3. del pliego de condiciones para el procedimiento de selección abreviada en la modalidad de
subasta electrónica GC-SA-01-33-2010 se indica el valor de $2.026.182.200 como avalúo y se aclara que fue
certificado por W.R Ingenieros (véase folio 2711 del cuaderno 13 de antecedentes administrativos). Por su parte,
el avalúo del 24 de marzo de 2010, se encuentra en las páginas 14 a 38 del archivo «DOC051019-
05102019091126.pdf», disponible en la carpeta «IUS 2011-330031 ANEXO 1» del CD visible en el folio 143 del
cuaderno principal.
64 Véanse folios 3152 a 3157 del cuaderno 15 de antecedentes administrativos.
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
demandante conforman el expediente IUS-2011-210886 y fueron los que llevaron a
la Procuraduría a archivar unos puntos de la indagación preliminar que se
adelantaba bajo dicho radicado el 31 de octubre de 2012.
Su introducción al medio de control ocurrió como consecuencia de las pruebas
aportadas por la demandada, conforme quedó consignado en la audiencia del 17
de octubre de 2019. En ese orden, si bien algo podría haberse dicho respecto de
las pruebas que conformaron el IUS-2011-210886, en nada habría cambiado la
decisión de no declarar la nulidad de los actos del 13 de agosto y 21 de diciembre
de 2015, porque mientras que los testimonios y documentos referenciados por el
demandante aludían a la justificación para avaluar dos veces «La pepilla», en el
IUS-2011-330031, que concluyó con los actos cuestionados en este medio de
control, se reprochó que se hubiese abierto el procedimiento de selección,
adjudicado y suscrito la promesa de compraventa sin adelantar ninguna actuación
para validar la legalidad del precio mínimo de venta del predio.
En síntesis, en la expedición de los actos demandados no se desconocieron los
derechos de defensa y contradicción, ni la autoridad pasó por alto pruebas que
hubiesen llevado a la exoneración del disciplinado. En ese sentido, lo procedente
es confirmar la sentencia apelada.
De la condena en costas
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se niegan
las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
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Radicado: 25000-23-42-000-2018-02357-01 (3796-2022)
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de mayo de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Tercero. RECONOCER personería a la abogada Linda Jairiny Peñaranda Mantilla,
identificada con la cédula de ciudadanía 1.091.653.591 y portadora de la tarjeta
profesional 185.850 del C.S. de la J. para representar los intereses de la
Procuraduría General de la Nación, conforme al poder que obra en el índice 00028
del aplicativo SAMAI.
Cuarto. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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21
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