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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00804-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00804-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00804-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00804-01 (5334-2023)
Demandantes: Plinio Callejas Vallejo
Demandado: Procuraduría General de la Nación y Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales (DIAN)

Tema: Prescripción de la acción disciplinaria. Nulidad del acto
administrativo por falsa motivación. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de
la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. El señor Plinio Callejas Vallejo instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación y de la DIAN, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de
que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias expedidas el 29 de
junio de 2017 y el 19 de junio de 2018, por la Procuraduría Segunda Delegada para
la Vigilancia Administrativa y por la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de
la Nación, respectivamente, mediante las cuales fue sancionado con destitución e
inhabilidad general por el término de catorce (14) años; y de la Resolución 006432
del 14 de agosto de 2018, expedida por la DIAN, que ejecutó la medida
sancionatoria.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó el reintegro al cargo que
desempeñaba, sin solución de continuidad y que se le paguen los salarios que dejó
de percibir.

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HECHOS

4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

5. Que la DIAN inició una indagación preliminar el 14 de enero de 2011, en
contra de funcionarios por establecer, por presuntas irregularidades relacionadas
con devoluciones de saldos a favor a empresas del sector chatarrero. Por auto del
14 de julio de 2011 la Procuraduría General de la Nación resolvió ejercer el poder
preferente en la referida actuación y, el 18 de septiembre de 2012, abrió una
investigación disciplinaria en contra de varios funcionarios para esclarecer: (i) la
posible colaboración de dichos servidores con el entramado criminal desarrollado
por la empresa R&B Consultores, liderada por la señora Blahca Jazmín Becerra
Segura, a través de la cual se obtuvo devolución de impuestos mediante
procedimientos fraudulentos durante las vigencias 2008 a 2011 y (ii) las presuntas
irregularidades ocurridas en una diligencia de registro en junio de 2010, que tuvo
lugar en la sede de la empresa R&B.

6. Que el 11 de febrero de 2013 se rompió la unidad procesal y se continuó la
investigación en su contra por las presuntas irregularidades relacionadas con los
procedimientos fraudulentos para la devolución de impuestos durante las vigencias
2008 a 2011, lo que implicó que el 16 de marzo de 2016 se le formularan dos cargos:

(i) La realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley penal
como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa con ocasión de
la función o cargo o abusando del mismo, que se complementó con los tipos
penales de cohecho propio (artículo 405 de la Ley 599 de 2000) y concierto
para delinquir (artículo 340 de la Ley 599 de 2000). Se calificó la falta como
gravísima, con fundamento en el artículo 48.1 de la Ley 734 de 2002.

(ii) El ejercicio de las potestades que su empleo o función le concedían para una
finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante; conducta constitutiva de
falta gravísima, en los términos del artículo 48.60 de la Ley 734 de 2002.

7. Que fue sancionado en primera y segunda instancias con destitución e
inhabilidad general por el término de 14 años. La Resolución que hizo efectivo el
correctivo disciplinario se comunicó el 16 de agosto de 2018.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Constitución Política: artículo 29; Ley 734 de 2002: artículos 9, 13, 30, 128,
141 y 142; Ley 1437 de 2011: artículos 137, 138, 162 y 164.

9. Considera que los actos se expidieron con falsa motivación, porque, en
cuanto a la valoración probatoria, se apartaron de lo dispuesto por los artículos 128
a 131 de la Ley 734 de 2002, en la medida en que, para sustentar la configuración
del delito de cohecho se fundaron en una prueba testimonial de oídas, lo que
obligaba al operador disciplinario a estudiarla con mayor detalle. Esto, porque fue la
declaración que la señora Blahca Jazmín Becerra Segura rindió en el trámite penal
lo que llevó a la Procuraduría General a determinar su participación en el
«entramado criminal», aun cuando ella solo dio cuenta de una supuesta reunión

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entre él y una persona de nombre Iván De Ángelo, quien suplantó la identidad de
Alfredo Borja, ante las reiteradas inadmisiones del trámite de devolución de
impuestos de la sociedad Medal Metal.

10. Que la señora Becerra Segura no fue testigo directo de la supuesta reunión
y en el trámite disciplinario no se practicó ninguna prueba que permitiera sustentar
el dicho del señor De Ángelo. Además, la declarante dijo haber entregado al
entonces funcionario de la DIAN la suma de $100.000.000, pero no dio cuenta de
las circunstancias en que fue testigo de que el servidor recibió el dinero, por lo que
su dicho no era eficaz para demostrar que se hubiese solicitado directa o
indirectamente una retribución económica por parte suya.

11. Afirma que la declarante incurrió en imprecisiones relacionadas con los
asistentes a la reunión, los antecedentes de la misma y el origen de los recursos
que supuestamente se pagaron al funcionario, lo que debió llevar a la autoridad
disciplinaria a aplicar el principio in dubio pro disciplinado, en cuanto al presunto
cohecho.

12. Agregó que las pruebas traídas del proceso penal no fueron valoradas en
conjunto, porque se dejó de lado que a los distintos declarantes les asistía el interés
de obtener los beneficios propios del principio de oportunidad y la única prueba
sobre la que se sustentó su responsabilidad es de mera referencia, que no se apoyó
en medios de prueba directos.

13. Que la acción disciplinaria había prescrito, pues la investigación disciplinaria
se abrió el 18 de septiembre de 2012, mientras que la decisión de primera instancia
se expidió el 27 de junio de 2017 y quedó ejecutoriada en el año 2018, esto es,
cuando ya habían transcurrido los 5 años de que trata el artículo 30 de la Ley 734
de 2002, modificado por el artículo 134 de la Ley 1474 de 2011. Lo anterior, porque
la administración cumple con la función de «imponer» la sanción solo cuando expide
el acto, lo notifica y resuelve los recursos interpuestos en contra del mismo, de
manera que dentro del término contemplado en la ley se debe poner en
conocimiento del interesado la decisión disciplinaria de segunda instancia.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

14. La demanda fue admitida el 19 de julio de 20191. Se notificó a las
demandadas, quienes se pronunciaron en el siguiente sentido:

15. La DIAN propuso como excepción la falta de legitimación en la causa por
pasiva, porque el acto por ella expedido tuvo por cometido hacer efectiva la sanción
impuesta por la Procuraduría General de la Nación en ejercicio del poder preferente.

16. También propuso la inepta demanda respecto del acto de ejecución, porque
la Resolución 006432 del 14 de agosto de 2018 no es susceptible de control por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

1 La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá, el cual, por auto

del 10 de abril de 2019 declaró la falta de competencia y dispuso su remisión al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (véanse folios 358-359 del cuaderno 1).

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17. Se opuso a las pretensiones y destacó que la valoración de la
responsabilidad disciplinaria del demandante se realizó con fundamento en la
totalidad de las pruebas practicadas por la autoridad disciplinaria, quien destacó que
el señor Callejas Vallejo tenía un rol trascendente, porque era su función dar la
aprobación final a las solicitudes de devoluciones y expedir las resoluciones
correspondientes y, además, participaba en los comités pos-devoluciones, de
manera que su conocimiento, rol y funciones eran determinantes para los intereses
de R&B2.

18. La Procuraduría General de la Nación dijo que actuó conforme a la
Constitución y la ley y garantizó el derecho del demandante a defenderse, por lo
cual se opuso a las pretensiones.

19. Señaló que el demandante se desempeñaba como jefe de la División de
Gestión de Recaudo de la DIAN para el periodo comprendido entre febrero de 2009
y diciembre de 2011 y, en tal calidad, participó en la estructura delictiva que
empleaba personas jurídicas «de papel» para simular operaciones comerciales de
las que se generaba la devolución de impuestos, lo que se encontró acreditado no
solo con el testimonio de la señora Becerra Segura, sino con las interceptaciones
realizadas entre junio y julio de 2011, el informe de policía judicial del 24 de octubre
de 2011, las declaraciones de Sandra Lilina Rojas García y José Norbey Garzón
Fierro; la valoración de la respuesta que el señor Callejas Vallejo brindó respecto
del oficio del 4 de abril de 2010.

20. Que la valoración conjunta e integral de los medios de prueba está
consignada en las decisiones cuestionadas y se pudo constatar que, con ocasión
de la negociación surtida en torno a una devolución de Medal Metal, a mediados de
2010 y hasta el desmantelamiento de la organización criminal, en julio de 2011, hizo
parte de la estructura liderada por la señora Becerra Segura.

21. Que no prescribió la acción disciplinaria, porque el marco temporal de los
hechos investigados se fijó entre los años 2008 a 2011 (el 14 de julio de 2011 se
ejecutó la orden de captura en contra de la señora Becerra Segura y demás
integrantes de la organización delictiva, lo que supuso su desmantelamiento), lo que
da cuenta de que se trató de un comportamiento de ejecución continuada y, por la
fecha en que cesó, le era aplicable el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 con la
modificación introducida por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011.

22. En ese orden, como la investigación disciplinaria se abrió el 18 de septiembre
de 2012, la autoridad tenía hasta el 12 de septiembre de 2017 para expedir y
notificar la decisión de primera instancia, según la tesis jurisprudencial vigente, lo
que, en el caso concreto ocurrió mucho antes3.

23. Por auto del 4 de noviembre de 2021 se declaró probada parcialmente la
excepción previa de inepta demanda, respecto de la Resolución 6432 del 14 de
agosto de 20184. Se celebró audiencia inicial el 15 de marzo de 2022 en la cual se
fijó el litigio, se incorporaron las pruebas documentales aportadas por las partes y

2 Véanse folios 377 a 382 del cuaderno 1.
3 Véanse folios 403 a 427 del cuaderno 1.
4 Véanse folios 437 a 439 del cuaderno 1.

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se requirió a la demandada para que aportara los antecedentes administrativos 5.
Una vez incorporados, por auto del 30 de junio de 20226 se corrió traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su
concepto; luego de lo cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno
por el demandante.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

24. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del treinta
(30) de junio de dos mil veintitrés (2023)7, negó las pretensiones, tras concluir que
el demandante no acreditó que los actos administrativos adolecieran de falsa
motivación o que en su expedición se hubiese lesionado el debido proceso, pues el
demandante participó en todas las etapas y ejerció de forma plena el derecho de
defensa.

25. Que no se configuró la prescripción de la acción disciplinaria, porque el
trámite que culminó con la expedición de los actos demandados inició de cuenta de
hechos permanentes o continuados, que ocurrieron entre los años 2008 a 2011. Por
su parte, el auto que abrió la investigación se expidió el 18 de septiembre de 2012
y, como la decisión de primera instancia se notificó el 17 de julio de 2017, no había
fenecido el lapso que consagra el artículo 30 de la Ley 734 de 2002.

26. Respecto de la falsa motivación, señaló que ambas instancias disciplinarias
basaron sus decisiones en un cúmulo medios de prueba que incluían documentos,
testimonios, informes técnicos, interceptaciones; sumados a un informe que el señor
Callejas Vallejo elaboró respecto de un oficio del 4 de abril de 2010, en relación con
el cual la autoridad disciplinaria concluyó que de haberse actuado como el
funcionario lo señaló se habría podido develar sumariamente la existencia de
empresas que reportaban información fraudulenta.

27. Que las interceptaciones que se valoraron daban cuenta de que el
demandante era uno de los funcionarios de la DIAN con el cual contaba la estructura
liderada por Blahca Jazmín Becerra Segura para lograr sus cometidos fraudulentos.

28. Además, que al señor Callejas Vallejo no se le endilgaron comportamientos
para la vigencia 2008, pues en los actos cuestionados se precisó que asumió el
cargo de jefe de División de Recaudo desde febrero de 2009 y también se determinó
desde cuándo se le atribuyó su participación en el entramado delictivo.

29. Que, en ese orden, el testimonio de la señora Becerra Segura no fue la única
prueba empleada por la Procuraduría para imputarle responsabilidad, pues los
demás medios valorados daban cuenta de la forma en que participó en las
actuaciones que se le reprocharon y que las presuntas inconsistencias en el dicho
de la declarante también fueron analizadas al interior del trámite disciplinario,
ocasión en la cual la autoridad precisó que el testimonio aportaba credibilidad
respecto de la actividad del señor Callejas Vallejo al interior de la organización, sin
que la ausencia de una fecha de la reunión sostenida con el señor De Ángelo le

5 Véase folio 453 del cuaderno 1.
6 Véase folio 458 del cuaderno 1.
7 Véanse folios 483 a 495 del cuaderno 1.

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restase valor, «[p]or ello, no se trata de la aplicación de tarifa legal sobre una sola
prueba, se recalca, el análisis que ha realizado esta Delegada sobre esta
investigación es de carácter integral y consulta todos los elementos probatorios
recopilados en el plenario (…)».

30. Agregó que en las decisiones se analizó el procedimiento que se llevaba al
interior de la DIAN para la devolución del IVA y las funciones que le correspondía
ejecutar al demandante en su condición de jefe de la División de Recaudo, a quien
le competía la expedición de los actos que aprobaban las devoluciones y la
participación en los comités pos-devoluciones, lo que implicaba que no se podía
desligar de responsabilidad con el argumento según el cual la verificación de la
información aportada por las empresas era responsabilidad del grupo interno de
trabajo8.

31. Resolvió no condenar en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

32. El demandante9 interpuso recurso de apelación, en el cual insistió en que la
Procuraduría General desconoció el rol que ejercía al interior de la DIAN, pues el
trámite de devoluciones se realizaba por los grupos internos de trabajo (GIT) de las
divisiones de recaudo y fiscalización; mientras que la competencia para los trámites
pre-devoluciones y pos-devoluciones era del área de fiscalización, de manera que
no tenía injerencia directa ni indirecta en tales actuaciones, pues eran los GIT
quienes determinaban la procedencia o no de una devolución.

33. Que, por el contrario, siempre reportó cualquier duda en los expedientes para
el trámite de devoluciones, como se puede verificar en el comité que con ese
propósito se celebraba de forma semanal y en los informes que le presentó a la
directora seccional de impuestos. Que fue él quien en el año 2010 informó que unas
contadoras radicaron un oficio ante la DIAN para que se cancelara sus firmas
digitales, lo que llevó a la entidad a un mejor conocimiento acerca de las sociedades
que podían estar involucradas en las irregularidades.

34. Que el Tribunal no tuvo en cuenta que para el año 2008 no se encontraba en
la seccional de impuestos de Bogotá y solo para el 2011 fungió como jefe de
Recaudo; de manera que para las vigencias 2008 a 2010 no desempeñó ningún rol
que se relacionara con trámites de devoluciones tributarias, mientras que para el
2011 no dio ningún visto bueno a devoluciones gestionadas por R&B.

35. Agregó que ninguno de los declarantes lo relacionaron como participante de
la denominada «organización criminal» y que no existe medio de prueba directo que
dé cuenta de que hubiese realizado una solicitud indebida por el ejercicio de sus
funciones como servidor público, lo que significa que la demandada no valoró

8 Con esta consideración se dio respuesta a un argumento contenido en el escrito de alegatos de conclusión,

según el cual la autoridad disciplinaria no verificó que el trámite de las devoluciones se adelantaba en grupos
internos de trabajo (GIT) y que la competencia para los trámites post-devolución era del área de fiscalización,
por lo que él no tenía ninguna injerencia o participación en lo segundo y, en cuanto a lo primero, quienes
investigaban las solicitudes de devolución eran los funcionarios de los GIT (véanse folios 460 a 462 del cuaderno
1).
9 Véanse folios 498 a 510 del cuaderno 1.

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correctamente las pruebas.

36. Insistió en que se configuró la prescripción de la acción disciplinaria, pues
algunos disciplinados fueron notificados de la decisión de primera instancia después
del 17 de julio de 2017; que, en todo caso, la segunda instancia se pronunció el 19
de junio de 2018 y, para entonces, habían transcurrido más de 5 años y así debió
declararse en la sentencia apelada.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

37. El 15 de septiembre de 202310 fue admitido el recurso de apelación. En esta
providencia se dispuso que dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la
decisión el proceso ingresaría a Despacho para sentencia, salvo que las partes
presentaran solicitud probatoria y se indicó que el Ministerio Público podía emitir su
concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.

38. La Procuraduría General de la Nación reiteró que las pretensiones no
tienen vocación de prosperidad, pues el trámite disciplinario se desarrolló con
estricto apego a la Constitución y la ley y se garantizó el debido proceso al
demandante, de manera que sus inconformidades no controvierten la presunción
de legalidad de los actos. Que la valoración probatoria no está delimitada por una
tarifa legal y que el señor Callejas Vallejo dejó de lado que los medios analizados
para comprometer su responsabilidad no se limitaron al testimonio de la señora
Becerra Segura11.

39. El demandante, la DIAN y el Ministerio Público guardaron silencio.

40. Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

41. Corresponde a la Sala determinar si la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca debe revocarse, porque la acción disciplinaria
habría prescrito para cuando se expidieron los actos administrativos demandados.
De no salir avante este punto, se deberá determinar si el cargo de nulidad por falsa
motivación debe prosperar, porque en los actos cuestionados no se realizó una
adecuada valoración probatoria.

42. Con los anteriores propósitos, esta providencia analizará si se configuró la
prescripción de la acción disciplinaria, luego de lo cual se referirá a la causal de
nulidad invocada y abordará el caso concreto.

Prescripción de la acción disciplinaria

43. La prescripción de la acción constituye un instituto jurídico liberador, en virtud
del cual, por el transcurso del tiempo, cesa el derecho que tiene el Estado, en

10 Véase índice 00003 de SAMAI y constancia en el folio 516 del cuaderno 1.
11 Véase índice 00009 de SAMAI.

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ejercicio de su potestad disciplinaria, a imponer una sanción12.

44. Respecto de su configuración, el artículo 34 de la Ley 200 de 1995 disponía
que ocurría al cabo de 5 años, que para las faltas instantáneas empezaban a
contarse desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
continuado desde la ejecución del último acto.

45. En vigencia de dicha disposición, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en sentencia del 23 de mayo de 2002, precisó que como el
legislador no había señalado cuál era el acto que imponía la sanción e interrumpía
el término de prescripción, debía entenderse que la sanción se consideraba
impuesta cuando se hubiere expedido y notificado la decisión disciplinaria y, si
contra esta se interpusieron recursos, entonces cuando se expidiera la decisión que
los resolviera13. En cualquiera de los dos supuestos, debía proferirse la decisión
dentro de los 5 años desde la comisión de la falta o desde la realización del último
acto, de acuerdo con lo previsto en la ley.

46. La Procuraduría General de la Nación presentó recurso extraordinario de
súplica en contra de esa providencia, el cual fue conocido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo de esta Corporación que, en sentencia de unificación
del 29 de septiembre de 200914, revocó la decisión y acogió la tesis según la cual,
tratándose «(…) del régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria,
que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa»15 (subrayas de la Sala).

47. La anterior sentencia fue objeto de acción de tutela y, en fallo del 17 de abril
de 2013, se controvirtió la tesis propuesta por la Sala Plena de la Corporación, al
considerar que:

«(…) no es válida la postura de la decisión judicial sometida a tutela pues al
declarar que la sanción queda impuesta con la notificación del acto
administrativo principal, olvida que es a partir de ese momento cuando se inicial
el plazo de ejecutoria, dentro del cual cabe la interposición de los recursos de
ley. En este orden, indicó la Sala de Conjueces, tener como impuesto este acto
primigenio al disciplinado, aún antes de su ejecutoria, constituye vía de hecho
que conculca su derecho al debido proceso, al desconocer su precariedad,
ineficacia e inoponibilidad debida a su condición de recurrible»16.

48. Con base en la anterior argumentación, se revocó la posición jurisprudencial

12
Noción que se extrae de la sentencia C-.244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se
examinó la constitucionalidad, entre otras, del parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que disponía
«[c]uando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término
prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más». En la sentencia se concluyó que ya la norma fijaba un plazo
razonable para que la autoridad disciplinaria adelantara su actuación y, en consecuencia, no había justificación
razonable para que dicho término se extendiera, en detrimento de los derechos del disciplinado a la definición
de su situación jurídica.
13 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de mayo de 2002, Exp. 76001-23-31-

000-1997-22046-01 (17112). C.P., Jesús María Lemos Bustamante.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de 2009.

Exp. 11001-03-15-000-2003-00442-01. C.P. Susana Buitrago Valencia.
15 Ibid.
16 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sala de Conjueces. Sentencia del 17 de abril de 2013.

Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-00(AC). C.P. Álvaro Escobar Henríquez.

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del 2009 y se retornó a lo establecido previamente, es decir, que la acción
disciplinaria no estaría prescrita si se resolvieron los recursos interpuestos y se
notificó la providencia de segunda instancia dentro del término establecido
legalmente, que para entonces era de 5 años.

49. Luego, en sentencia del 6 de marzo de 2014, al resolver las impugnaciones
interpuestas, la Sección Cuarta del Consejo de Estado revocó la decisión del 17 de
abril de 2013, al determinar que los fallos de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado constituyen decisiones últimas, intangibles,
inimpugnables e inmodificables a través del mecanismo de la tutela, concluyendo
que dichas características de las providencias que profiera la Sala Plena impiden,
por parte del juez de tutela, cualquier pronunciamiento de fondo17. Por consiguiente,
al haberse revocado la sentencia del 2013, la tesis que vigente se corresponde con
la adoptada en el 2009 por la Sala Plena de esta Corporación.

50. Entre tanto, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 reprodujo parcialmente el
contenido del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, en el siguiente sentido (se cita la
disposición sin las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011):

«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último acto.

<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas
señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo
55 de este código18.

Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de
ellas.

Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique» (el texto
tachado se declaró inexequible mediante la Sentencia C-948 de 2002).

51. En vigencia de dicha norma, esta Corporación «(…) ha aplicado y reiterado
la posición de la Sala Plena contenida en la sentencia de unificación precitada de
acuerdo con la cual dentro del término de los 5 años a que se refiere el artículo
transcrito, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar
el acto principal, esto es, la decisión de primera o única instancia que interrumpe
el término de prescripción»19 (negrillas en el texto original; subrayas de la Sala).

52. Por su parte, el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 modificó el artículo 30
de la Ley 734 de 2002, en el siguiente sentido:

17 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 6 de marzo de 2014. Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-

03(AC). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
18 Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2019. Exp. 19001-23-

33-000-2014-00098-01- (4891-2016). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. Posición reiterada de manera más
reciente, por ejemplo en: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 7 de abril de 2025.
Exp. 54001-23-33-000-2019-00252-01 (2974-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez y Consejo de Estado.
Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 16 de octubre de 2025. Exp. 25000-23-42-000-2018-02357-01
(3796-2022). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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«La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la
ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya
cesado el deber de actuar.

La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas».

53. La introducción de estas modificaciones supuso la separación de dos
momentos que despojan a la autoridad disciplinaria de su competencia temporal: el
primero, contado entre la ocurrencia de la falta y la apertura de la investigación
disciplinaria; el segundo, entre el inicio de la actuación y, según la consolidada
jurisprudencia de esta Corporación, la notificación de la decisión disciplinaria de
primera instancia.

54. Sobre el alcance de ambas instituciones –caducidad y prescripción–, la
Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 016 del 30 de noviembre de
2011, en la cual dispuso que el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 debía aplicarse,
en materia de prescripción, solamente respecto de los hechos ocurridos a partir del
12 de julio de 2011; y que, para su aplicación, «(…) se deberá entender que la
acción disciplinaria prescribe en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura
de la investigación disciplinaria o del auto de citación a audiencia, según fuere el
procedimiento».

55. Lo anterior, luego de advertir que la expresión «auto de apertura de la
acción», contenida en el inciso segundo del referido artículo 132, se venía
interpretando sin tener en cuenta la totalidad de la disposición y que su lectura
armónica permitía concluir que «(…) la apertura de la acción disciplinaria se da con
el auto de apertura de investigación, o con el de citación a audiencia en el
procedimiento verbal. Que con dichas providencias se formaliza la existencia de la
investigación, dándole al investigado la calidad de tal».

56. Ahora bien, en atención a que la prescripción de la acción disciplinaria
depende de si la falta fue instantánea o continuada, se pone de presente que la
Corte Constitucional, en relación con la clasificación de las faltas disciplinarias, ha
precisado lo siguiente:

«(…) 6.3.1. Retomando la clasificación de las faltas, se reseña la postura
establecida por la Procuraduría General de la Nación, institución que en el
ejercicio de su control disciplinario prevalente, ha ordenado los tipos
sancionatorios conforme “a las circunstancias modales y temporales en que se
presentan, como de: (…) iii) Instantáneas cuando la realización del
comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir
cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada,
cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la
consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta”20.

20Procuraduría General de la Nación, Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa; fallo del 20 de abril de 2007 Radicación nro.: 038- 05956-04. Disciplinado: Luís Enrique Rosales
Rocha; Cargo y Entidad: Coordinador Fondo de Prestaciones del Magisterio del Departamento de Guainía.

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Igualmente, el ente de control ha manifestado que “la conducta se puede agotar
con una única actividad que despliegue el autor en un solo momento o, por el
contrario, se suceda durante un periodo de tiempo y solo al cabo del mismo
puede decirse que el hecho se ejecutó”21»22 (subrayado de la Sala).

57. Esto significa que, en las faltas disciplinarias instantáneas, la infracción del
deber funcional se agota en un solo momento; mientras que en las faltas
disciplinarias continuadas hay una unidad de conducta que genera una afectación
al deber que se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad
generadora de dicha infracción23.

58. En el caso que se analiza, al demandante le era aplicable el artículo 30 de la
Ley 734 de 2002, con las modificaciones introducidas por la Ley 1437 de 2011, en
la medida en que, como se advirtió en la sentencia apelada, la Procuraduría General
de la Nación investigó comportamientos continuados, cuya ocurrencia inició en la
vigencia 2008 y concluyó el 14 de julio de 2011.

59. Respecto del señor Callejas Vallejo, se precisó que ejerció como jefe de la
División de Gestión de Recaudo entre febrero de 2009 y diciembre de 2011 y fue
responsabilizado porque, entre las vigencias 2010 y 2011, colaboró de manera
eficaz con los trámites fraudulentos que se llevaban a cabo por parte de la sociedad
R&B, de la que era representante legal la señora Blahca Jazmín Becerra Segura.

60. La autoridad disciplinaria encontró que el comportamiento reprochado cesó
el 14 de julio de 2011, cuando se ejecutó la orden de captura en contra de la señora
Blahca Jazmín Becerra Segura y, por tanto, se desmanteló la organización. De allí
que, en los términos de la Directiva 016 del 30 de noviembre de 2011, en el trámite
adelantado en contra del demandante quepa diferenciar entre la caducidad y la
prescripción. Como la conducta disciplinable cesó el 14 de julio de 2011, es forzoso
concluir que para el 18 de septiembre de 201224, fecha en la que se abrió la
investigación disciplinaria, no había caducado la acción.

61. Tampoco se configuró la prescripción, pues, abierta la investigación, la
autoridad tenía hasta el 18 de septiembre de 2017 para expedir y notificar la decisión
disciplinaria de primera instancia y, según se extrae del expediente disciplinario, la
apoderada suplente del señor Callejas Vallejo se notificó personalmente el 17 de
julio de 201725; en tanto que a los demás sancionados se les notificó mediante
edicto, que desfijó el 25 de julio de 201726, esto es, aun si se tomara como fecha
límite la última notificación, ella tuvo lugar antes del 18 de septiembre de 2017, por
lo que la conclusión del Tribunal en este punto ha de mantenerse.

Quejoso: Informe Servidor Público. Fecha de Queja: Agosto 24 de 2004. Fecha hechos: Octubre 29 de 2003;
Asunto: Providencia por medio de la cual se modifica un fallo sancionatorio de primera instancia. (Artículo 171
de la ley 734 de 2002).
21 Despacho de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios María Leonor Rueda Rueda. Bogotá, D.C.,

17 de Julio de 2006 respuesta a consulta PAD C-214-06.
22 Corte Constitucional. Sentencia T-282A de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23 Consejo De Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 04 de junio de 2020. Exp. 19001-23-33-

000-2015-00449-01- (3965-2018). C.P. William Hernández Gómez.
24 Véanse páginas 1 a 14 del archivo «14 FOLIO 1453 AL 1526», disponible en este enlace, visible en el archivo

«48_MemorialWeb_Respuesta-RemisionEXPDISCIpd(.pdf)», en el índice 00015 del expediente.
25 Véase página 357 del archivo «54 FOLIO 9110 A 9427», disponible en este enlace, visible en el archivo

«48_MemorialWeb_Respuesta-RemisionEXPDISCIpd(.pdf)», en el índice 00015 del expediente.
26 Véanse páginas 376-377 del archivo «54. FOLIOS 9110 A 9427», disponible en este enlace, visible en el

archivo «48_MemorialWeb_Respuesta-RemisionEXPDISCIpd(.pdf)», en el índice 00015 del expediente.

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Nulidad del acto administrativo por falsa motivación

62. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011,
los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.

63. En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los
artículos 13727 y 13828 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales
es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.

64. Además, la jurisprudencia ha señalado que es posible perseguir la nulidad de
un acto cuando se advierta la vulneración sustancial del derecho al debido proceso,
teniendo en cuenta que el artículo 29 constitucional dispone que esta garantía se
aplica tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e
implica que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto
que se le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias
de cada juicio.

65. La nulidad por falsa motivación, causal invocada por el apelante, tiene lugar
cuando las razones que se plasman en la fundamentación de un acto administrativo
resultan contrarias a la realidad fáctica o jurídica, sobre la cual, la jurisprudencia de
esta Corporación ha señalado que guarda estrecha relación con el principio de
legalidad de los actos y con el control de los hechos determinantes de la decisión
administrativa29.

66. En esa misma línea, se ha precisado que la prosperidad de la pretensión de
nulidad, cuando se invoca esta causal, es necesaria la concurrencia de tres
elementos:

«(…) (a) la existencia de un acto administrativo motivado total o parcialmente,
pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación distinta; (b)
la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica que
induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente
por la administración pública, y (c) la efectiva demostración por parte del
demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra falsamente
motivado»30.

27 Del medio de control de nulidad.
28 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
29 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
30 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 19 de marzo de 2020. Radicado 52001-

23-33-000-2015-00155-01 (3093-16). C.P. William Hernández Gómez.

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67. El último elemento en cita puede demostrarse a partir de una de dos
circunstancias: i) que los hechos que la autoridad tuvo en cuenta como motivos
determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la
actuación administrativa; o ii) que la autoridad no tuvo en cuenta hechos que sí
estaban probados y que, de haberse considerado, habrían conducido a una decisión
sustancialmente diferente31.

Caso concreto

68. Del análisis del expediente de la actuación disciplinaria 32, la Sala destaca
que:

• El 18 de septiembre de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la
Vigilancia Administrativa ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en
contra de varios servidores de la DIAN, entre ellos el demandante.

Como antecedentes de esta actuación, se relató que el 14 de enero de 2011 el
coordinador nacional de investigaciones especiales de la Subdirección de
Gestión de Control Interno de la DIAN abrió una indagación preliminar para
aclarar presuntas irregularidades relacionadas con devoluciones fraudulentas
del IVA y de otros impuestos y otras más referidas a una denuncia anónima de
la cual se pudo establecer, de manera posterior, que se radicó por la señora
Andrea Botina Montero.

También se relató que dos contadoras solicitaron en octubre de 2010 el bloqueo
de sus firmas digitales, porque se estaban certificando movimientos contables
con sus nombres, sin que correspondiera a trámites efectuados por ellas y se
dio cuenta de un informe de auditoría interna que arrojó la sospecha de
operaciones simuladas en algunos procedimientos de gestión de devoluciones.

Se encontró que en el trámite para la gestión de devoluciones, un funcionario de
la DIAN determinaba si era necesario efectuar una visita al contribuyente y/o sus
proveedores para tener mayor claridad sobre las transacciones reportadas y, en
caso de no requerirse esta actuación, se expedía la correspondiente resolución
de devolución por parte del jefe de la División de Gestión de Recaudo, función
que para el periodo objeto de investigación estuvo en cabeza de varios
servidores, entre ellos el señor Plinio Callejas Vallejo.

Luego de expedido el acto, si el comité de devoluciones lo estimaba necesario,
se abría un trámite pos-devoluciones y, en los que fueron objeto de análisis, se
pudo establecer que existieron irregularidades en los documentos presentados
por los contribuyentes33.

31 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 26 de julio de 2017. Radicado 11001-03-27-000-2018-

00006-00 (22326). C.P. Milton Chaves García.
32 Que obra en este enlace, visible en el archivo « 48_MemorialWeb_Respuesta-RemisionEXPDISCIpd(.pdf)»,

en el índice 00015 de SAMAI. En adelante, las referencias al expediente disciplinario se realizarán respecto del
referido archivo.
33 Véanse páginas 1 a 14 del archivo «14 FOLIO 1453 AL 1526». Este acto se notificó por edicto, que se desfijó

el 10 de octubre de 2012 (véanse páginas 33 a 35 del mismo archivo).

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• Por auto del 16 de marzo de 2016 se formularon al demandante los siguientes
cargos:

«Cargo primero: Realizó “objetivamente una descripción típica consagrada en
la ley como delito sancionable a título de dolo [cometida] en razón, con ocasión
[…] de la función o cargo, o abusando del mismo”, descripción típica que, para
este caso, remite a las de los tipos penales de cohecho propio (artículo 405 de
la Ley 599 de 2000), según la cual incurre en delito “[e]l servidor público que
reciba para sí o para otro, dinero u otra utilidad, o acepte promesa
remuneratoria, directa o indirectamente, para omitir un acto propio de su cargo,
o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales”; y de concierto para
delinquir (artículo 340 de la Ley 599 de 2000) que estipula que “[c]uando varias
personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será
penada, por esa sola conducta […]”.

Falta gravísima que se refiere a la participación del señor CALLEJAS VALLEJO
en la empresa criminal liderada por la señora BLAHCA JAZMÍN BECERRA
SEGURA, cuyo funcionamiento ha sido ya descrito con anterioridad, y que
consistió en un compromiso permanente con la estructura delictiva para la
obtención de devoluciones de impuestos que nunca fueron pagados, con lo que
se generó una defraudación a la dirección de impuestos y a las arcas de la
Nación» (mayúsculas y corchetes en el original).

El comportamiento se adecuó típicamente a la falta gravísima del artículo 48,
numeral 1, de la Ley 734 de 2002 y se determinó provisionalmente el dolo como
forma de culpabilidad.

«Cargo segundo: El disciplinado ejerció “las potestades que su empleo o
función le [concedían] para una finalidad distinta a la prevista en la norma
otorgante”, que adicionalmente tenía el “propósito de defraudar otra norma de
carácter imperativo”. Esta imputación, constitutiva de falta gravísima, remite al
hecho de que el disciplinado utilizó su vinculación y posición en la DIAN así
como los conocimientos y el acceso que le ofrecía su rol en la dirección de
impuestos de Bogotá, para convertirse en un eslabón útil de la cadena que se
fue forjando a partir de las actividades ilegales de BLAHCA JAZMÍN BECERRA
SEGURA y sus socios. De este modo, el señor CALLEJAS VALLEJO
compaginaba el ejercicio de su cargo en la dirección de impuestos con su
carácter de miembro de la organización delictiva de R&B, sin que exista ninguna
prueba que permita suponer que se haya desligado de esta última antes de su
desmantelamiento por parte de las autoridades.

De otra parte, es claro que ese ejercicio desviado de sus potestades como
servidor público de la DIAN buscaba defraudar las normas que establecieron y
regularon las exenciones al impuesto sobre las ventas y el derecho a devolución
que el ordenamiento jurídico estableció para quienes, estando exentos por la
naturaleza de sus actividades económicas, se veían obligados a pagar el
referido tributo para mantener sus operaciones comerciales. Esas normas, que
han sido extensamente citadas en otra parte de este auto, preveían las
condiciones tanto de la exención como del derecho a devolución y fueron
permanentemente defraudadas por la empresa criminal a la que se afilió el
señor CALLEJAS VALLEJO» (mayúsculas y corchetes en el original).

La conducta se adecuó típicamente a los numerales 60 y 61 del artículo 48 de la
Ley 734 de 2002 y se determinó provisionalmente el dolo como forma de
culpabilidad34.

34 Véanse páginas 1 a 111 del archivo «44 FOLIO 6988 AL 7187». Respecto del demandante, en las páginas

85 a 90.

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• El 29 de junio de 2017 se expidió la decisión disciplinaria de primera instancia.
En esta, se ratificó la calificación de las faltas y su forma de culpabilidad y, en
consecuencia, se impuso la sanción consistente en destitución e inhabilidad
general por el término de catorce (14) años.

La autoridad disciplinaria señaló que el señor Callejas Vallejo fue incorporado a
la planta de personal de la DIAN el 4 de noviembre de 2008 y que se desempeñó
como jefe de la división de gestión de recaudo entre febrero de 2009 y diciembre
de 2011, periodo durante el cual se perfeccionó su participación en los hechos
que fueron objeto de reproche.

Que en ejercicio de su rol de jefe era uno de los funcionarios que permitía que
las devoluciones fraudulentas que se tramitaban desde la empresa R&B tuvieran
éxito, pues desde abril de 2010, tuvo la posibilidad de desplegar acciones
concretas ante la existencia de un riesgo latente respecto de empresas que
pertenecían a un sector catalogado como sensible35. Además, el esquema de
operaciones fraudulentas no inició con la anuencia de todos los servidores que
al interior de la DIAN se prestaron para participar de él, sino que los funcionarios
empezaron a sumarse en la medida en que se dieron cuenta de las
irregularidades y decidieron formar parte de la estructura.

No acogió los argumentos del disciplinado respecto de que no tendría sentido
que participase en la estructura delictiva y al tiempo desplegara acciones
respecto de las solicitudes fraudulentas, tras considerar que los funcionarios de
la DIAN dieron apariencia de legalidad a sus actuaciones, de allí que en
ocasiones se inadmitieran solicitudes de devolución o, como en el caso del
demandante, se tramitaran denuncias o se elaboraran informes.

Precisó que el desarrollo de sus funciones en la DIAN no incluía su participación
directa en los trámites de verificación necesarios para la autorización de
devoluciones, «pero su rol era aún más trascendente porque se trataba del jefe
de la división de recaudo, que tenía a su cargo el grupo de trabajo de
devoluciones de personas jurídicas, es decir, en el desarrollo de sus funciones
tuvo bajo su responsabilidad de darle (sic) aprobación final a la devolución y
expedir la resolución correspondiente» y que, además, participaba en los
comités de pos-devoluciones.

Respecto de las pruebas que comprometían la responsabilidad del disciplinado,
destacó las declaraciones de la señora Becerra Segura, que daban cuenta de
un episodio concreto de participación del demandante en las operaciones de

35 El fundamento de esta conclusión residió en el oficio de agosto de 2011 mediante el cual Plinio Callejas

Vallejo, jefe de la División de Gestión de Recaudo de la Dirección Seccional Impuestos de Bogotá le manifestó
a la directora seccional: «(…) su solicitud de informar el trámite dado al oficio N° 0650, la respondo así:
efectivamente se manejo (sic) reservadamente y no se divulgo (sic) a la totalidad de las personas del área, fue
de conocimiento de los jefes de GIT de Devoluciones. (…) es importante mencionar una de las conclusiones
del oficio N°0650 “Esta aparente organización está estructurada con profesionales en la parte contable que
soportan documentalmente todas sus operaciones, ya que en las visitas efectuadas tanto por los funcionarios
de fiscalización como por los investigadores, se ha deducido que son mínimas las inconsistencias presentadas
en la documentación que soporta las solicitudes de devolución”. / Con lo anterior queda claro que las acciones
se tomaron con anterioridad al oficio del asunto y se continuaron con el apoyo del área de fiscalización quien
es la competente para el estudio de fondo. Esto reitera el hecho que (sic) las áreas del Nivel Central conocían
del tema desde el año 2009» (véanse páginas 222-223 del archivo «39 FOLIO 6223 AL 6427»).

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R&B, mientras que transcripciones de las interceptaciones que se realizaron por
parte de la autoridad evidenciaron la preocupación de los integrantes de R&B y
la identificación de funcionarios de la DIAN involucrados en las actividades
fraudulentas.

Que los medios de prueba, valorados en conjunto, ilustraban que, con ocasión
del trámite de devolución de una empresa de nombre «Medal Metal» fue
contactado el demandante en diciembre de 2010 y, desde entonces, se integró
a la organización que lideraba la señora Becerra Segura y prestó su apoyo para
la obtención ilegítima de devoluciones de impuestos a las ventas que nunca
fueron pagados36.

• El 19 de junio de 2018 la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación confirmó la decisión disciplinaria. Para el efecto, analizó los argumentos
relacionados con la indebida valoración probatoria que formuló el apoderado del
señor Callejas Vallejo. Destacó que no se podía admitir que los hechos objeto
de reproche solo le competieran al grupo de devoluciones, pues el ejercicio de
sus funciones lo ponían en el escenario propio para tomar acciones en el trámite
de devolución de impuestos.

Que la responsabilidad del demandante quedó demostrada inclusive desde el
año 2010, «a raíz de algunos problemas presentados con una empresa en
particular de las que representaba R&B, denominada Medal Metal. Con el
antecedente que para esa época la entidad estaba implementando procesos de
control más exigentes, debido a que se habían detectado algunos sectores
sensibles, como el chatarrero por ejemplo (…)»37.

69. Para el demandante, la providencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca debe revocarse, porque en la expedición de los actos
demandados se incurrió en falsa motivación, en la medida en que la autoridad
disciplinaria desconoció que no tenía injerencia directa ni indirecta en los trámites
de devoluciones y pos-devoluciones y que, por el contrario, siempre reportó
cualquier duda que pudiera surgir en los expedientes de devoluciones, inclusive fue
quien informó las novedades puestas en conocimiento por parte de unas contadoras
en el año 2010. Sumado a ello, se pasó por alto que solo en el año 2011 fungió
como jefe de recaudo y que ninguno de los declarantes lo relacionó como
participante de la denominada «organización criminal».

70. La Sala no encuentra que en la expedición de los actos demandados se
hubiese incurrido en falsa motivación, pues aquellos aspectos que la autoridad
estimó determinantes para comprometer la responsabilidad del señor Callejas
Vallejo se soportaron en el análisis integral de los medios de prueba y no se dejó de
analizar ninguna circunstancia que hubiese llevado a una decisión sustancialmente
distinta.

36 Véase archivo «53 FOLIOS 8860 AL 9109» y folios 35 a 200 del cuaderno 2 y 201 a 282 del cuaderno 1. En

análisis respecto del demandante, en las páginas 374 a 400 del archivo «53 FOLIOS 8860 AL 9109» y folios
220 (reverso) a 233 (reverso) del cuaderno 1.
37 Véanse páginas 111 a 237 del archivo «56 FOLIO 9670 AL 9920 (FALLO 2A INSTANCIA) y folios 283 a 346

del cuaderno 1.

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71. Cabe destacar que la autoridad disciplinaria fijó el rango temporal durante el
cual el demandante desplegó las conductas objeto de reproche entre las vigencias
2010-2011. Para el efecto, partió de que fue nombrado como jefe de la División de
Recaudo en febrero de 2009 y que permaneció en dicho cargo hasta diciembre de
201138. De manera que tanto la Procuraduría como el Tribunal se ubicaron en un
lapso específico, que no abarcó la vigencia 2008, como erradamente lo sostiene el
apelante.

72. Ubicados en el lapso 2010-2011, fueron las declaraciones del 29 de mayo de
2013 , 15 de julio de 201340, 16 de julio de 201341, 13 de agosto de 201342, 15 de
39

agosto de 201343, 5 de febrero de 201444, 21 de abril de 201445, 25 de abril de 201446
y 11 de julio de 201447, rendidas por la señora Blahca Jazmín Becerra Segura48, las
que permitieron determinar la forma como el señor Callejas Vallejo fue contactado
en el marco de las gestiones para obtener la devolución de impuestos. En dicha
oportunidad, la declarante relató que, ante las dificultades que se presentaron con
el trámite de devolución de impuestos sobre las ventas de la sociedad «Medal
Metal», el señor Iván De Ángelo, quien se hizo pasar por el representante legal de
la empresa, se reunió con el demandante y llegaron a un acuerdo económico.

73. Explicó que el resultado de la referida reunión lo conoció por voz del señor
De Ángelo, a quien empleados de R&B recogieron de la DIAN ese día y, ya en las
instalaciones de R&B, «me manifiesta que ya había quedado todo solucionado con
el doctor PLINIO directamente, que él le daba vía libre a WILIAM GUTIÉRREZ para
que se subsanara el auto inadmisorio proferido por el ponente»49.

74. En el relato de la señor Becerra Segura se precisó que el referido Wiliam
Guitiérrez, también funcionario de la DIAN, jefe del GIT de devoluciones, era quien
proyectaba la resolución de devolución que posteriormente debía firmar Plinio
Callejas Vallejo.

75. En ese sentido, con las intervenciones de la señora Blahca Jazmín Becerra
Segura se logró establecer que:

38 Inclusive, para la fecha en que se expidieron las decisiones sancionatorias ocupaba el cargo de inspector IV

código 308 grado 8, según lo certificó la DIAN (véase página 59 del archivo «15 FOLIO 1527 AL 1681».
39 Véanse páginas 197 a 207 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
40 Véanse páginas 209 a 223 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
41 Véanse páginas 225 a 243 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
42 Véanse páginas 245 a 257 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
43 Véanse páginas 259 a 277 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
44 Véanse páginas 279 a 287 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
45 Véanse páginas 289 a 297 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
46 Véanse páginas 301 a 317 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
47 Véanse páginas 319 a 325 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016».
48
Incorporadas al expediente disciplinario el 18 de noviembre de 2014, perteneciente al radicado
110016000096201300005 de la Fiscalía 270 Seccional del grupo DIAN-Lavado de activos, conforme a lo
ordenado en providencia del 6 de junio de 2014 (véase página 193 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016»).
49 Estas manifestaciones reposan en la declaración del 21 de abril de 2014: «IVAN DE ANGELO me dice que

el acuerdo de pago fueron cien millones de pesos, que fueron pagados de la siguiente manera: el señor IVAN
DE ANGELO, le entregaba un anticipo que no tengo entendido de cuanto (sic) fue, al día de la reunión o al
siguiente día, y el restante cuando tuviera la resolución de la devolución, situación que me consta que sucedió
por lo siguiente, e (sic) señor LAFREDO (sic) BORJA, viaja a la ciudad de Bogotá a reclamar el título en
Bancolombia, tal como lo puede comprobar esta Fiscalía, lo negocia en DECEVA, se consigna a la cuanta de
MEDAL METAL y el señor IVAN DE ANGELO, me ordena girar un cheque al mensajero de mi empresa OSCAR
CASTIBLANCO ara (sic) ser cambiado en la oficina de Bancolombia sucursal Ayuelos, por cien millones de
pesos, para pagar el dinero a la DIAN. OSCAR CASTIBLANCO hace el cambio de este cheque, ingresa a la
tesorería de R Y B, a MARCELA VILLANUEVA y ella le entrega este dinero a IVAN DE ANGELO quien viaja a
Bogotá para entregar este dinero al funcionario PLINIO CALLEJAS».

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• El principal aliado para que la expedición de las resoluciones de devolución de
impuestos fuera exitosa era el señor William Gutiérrez.

• No obstante, ante el trámite para la devolución del impuesto sobre las ventas de
«Medal Metal» para el tercer periodo de 2010, el señor Gutiérrez les manifestó
que ese expediente lo tenía represado su jefe Plinio Callejas Vallejo, lo que llevó
a que este último funcionario fuera contactado.

• En efecto, un ciudadano de nombre Iván De Ángelo, quien, según los dichos de
la declarante, tomó la identidad del representante legal de «Medal Metal», se
reunión con el demandante en las instalaciones de la DIAN.

• De esa reunión, salió un acuerdo económico en el cual el señor Callejas Vallejo
se comprometió a expedir el acto administrativo de devolución, lo que
efectivamente ocurrió en octubre de 2010 y, como retribución, se le pagaría la
suma de 100.000.000 millones de pesos.

• En adelante, las solicitudes de devolución de impuestos de «Medal Metal»
fueron exitosas, de tal manera que en diciembre de 2010 el señor De Ángelo
viajó a Bogotá y ordenó la emisión de los cheques para el pago de las sumas
acordadas con los funcionarios de la DIAN.

76. Ahora, como también lo advirtió el Tribunal, este no fue el único medio de
prueba valorado por la autoridad disciplinaria. Estas manifestaciones permitieron
ubicar el periodo inicial de la conducta que de manera continuada se ejecutó hasta
el 14 de julio de 2011, fecha en la cual la Procuraduría consideró que, tras la captura
de la señora Becerra Segura, la participación de los funcionarios en los trámites
fraudulentos habría concluido.

77. Pero, en términos de la autoridad disciplinaria, la actuación del señor Callejas
Vallejo no se circunscribió a esa única oportunidad. Para llegar a esta conclusión,
se valió de medios de prueba provenientes de la actuación penal que por estos
hechos se seguía en contra de la señora Becerra Segura, de empleados de R&B y
de funcionarios de la DIAN. Resultó especialmente relevante la transcripción de la
interceptación de varias llamadas entre los integrantes de R&B, del 13 de julio de
2011, en las que se expresó, además de la preocupación porque se iba a destapar
«todo», que ya habían descubierto a los funcionarios de la DIAN y que entonces al
primero que tendrían que «coger» sería a Plinio, quien autorizaba las
devoluciones50.

78. Además, Sandra Liliana Rojas García, quien laboraba para R&B y quien fue
privada de la libertad por los hechos relacionados con las operaciones fraudulentas
para obtener la devolución de impuestos, detalló el funcionamiento de los trámites
que finalizaban con la expedición de las resoluciones que debía suscribir el
demandante. Destacó que se creaban empresas fachada, así como proveedores
suplantados o con cédulas de personas fallecidas o desconocidas y se realizaba la

50 Véanse páginas 394-395 del archivo «53 FOLIO 8860 AL 9109 FALLO 1A INSTANCIA».

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facturación de compra y venta y, con esos soportes, se radicaba ante la DIAN la
solicitud de devolución de impuestos.

79. Dijo que la coordinación para que los funcionarios de la DIAN facilitaran esos
trámites estaba en cabeza de Blahca Jazmín Becerra Segura (representante legal
de R&B) y Ervin Martínez (servidor de la DIAN) y que el procedimiento concluía con
la resolución que expedía Plinio Callejas Vallejo51.

80. Derly Marcela Villanueva Rojas, también empleada de R&B, realizó un listado
de los funcionarios de la DIAN a quienes la señora Becerra Segura mencionaba de
manera constante, entre ellos, el demandante52, mientras que Liliana Paola Huertas
Adán, igualmente integrante de R&B, relató tener conocimiento de que la devolución
de impuestos de «Medal Metal» sí salió53.

81. La valoración conjunta de las distintas intervenciones permitió determinar que
el comportamiento del demandante se adecuó típicamente a las faltas que le fueron
endilgadas, contenida en los numerales 1, 60 y 61 del artículo 48 de la Ley 734 de
200254 y, en el caso de la primera, integrada con los tipos penales de cohecho 55 y
concierto para delinquir56, de manera que, contrario a lo que manifestó el apelante,
su nombre no apareció únicamente en los dichos de la señora Becerra Segura.

82. Tampoco encuentra la Sala que la autoridad disciplinaria no hubiese
analizado el rol y funciones del demandante, pues, inclusive, al interior de la
actuación sancionatoria su estrategia de defensa –ejercida directamente y, en sede
de apelación, por intermedio de un apoderado– consistió en manifestar que no tenía
injerencia en el trámite de aprobación de devoluciones ni en lo que ocurriese en los
procedimientos pos-devoluciones. También en aquellas ocasiones argumentó que
inclusive él puso en conocimiento de sus superiores varias presuntas
irregularidades.

83. Tales argumentos fueron desvirtuados por la Procuraduría por razones que
esta Sala comparte, pues, como quedó acreditado en la actuación, la firma de las
resoluciones de devolución correspondía al jefe de la División de Recaudo, quien

51 «Los funcionarios de devoluciones OSCAR IVAN ZULUAGA y CARLOS proyectaban la resolución para la

firma del jefe que erra PLINIO CALLEJAS o cuando quedaba encargado WILLIAM GUTIÉRREZ, cabe anotar
que con ninguno de estos funcionarios tuve ningún nexo ni de entrega de dineros ni de reuniones para realizar
dichas devoluciones, sé que se pagaba a estos funcionarios a OSCAR IVAN ZULUAGA y CARLOS, por las
reuniones sostenidas de JAZMIN BECERRA y ERVIN MARTINEZ, y como yo era la asistente de JAZMIN yo
escuche (sic) que se les pagará un porcentaje por este trámite de devolución a estos dos funcionarios de la
DIAN, no se (sic) cual (sic) porcentaje» (Cfr. páginas 327 a 339 del archivo «36 FOLIO 5831 AL 6016»).
52 Inclusive, antes de referenciarlos, habló acerca de William Gutiérrez como uno de los funcionarios a los que,

al parecer, se le habría entregado dinero: «el WILLIAM que recibía el dinero era el que JAZMIN refería que
como que no iba a poder si él era el que firmaba» (Cfr. páginas 21 a 30 del archivo «38 FOLIO 6033 AL 6222».
53 Véanse páginas 85 a 99 del archivo «18 FOLIO 2097 A 2366».
54
Ley 734 de 2002. «Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes: /1. Realizar
objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se
cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. (…) /60.
Ejercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma
otorgante. / 61. Ejercer las funciones con el propósito de defraudar otra norma de carácter imperativo. (…)».
55 Ley 599 de 2000. «Artículo 405. Cohecho propio. El servidor público que reciba para sí o para otro, dinero u

otra utilidad, o acepte promesa remuneratoria, directa o indirectamente, para retardar u omitir un acto propio de
su cargo, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de ochenta (80) a ciento
cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a ciento cincuenta (150)
salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas
de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses. (…)».
56 Ley 599 de 2000. «Artículo 340. Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de

cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a
ciento ocho (108) meses. (…)».

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además participaba de los comités pos-devoluciones57, lo que fue ratificado además
por el señor Callejas Vallejo en la declaración que se practicó en la inspección
administrativa del 21 de febrero de 201158, ordenada en el marco de la indagación
preliminar que se abrió por auto del 14 de enero de ese año59.

84. Al demandante se le sancionó porque, con su comportamiento, trasgredió las
disposiciones legales y reglamentarias previstas para los procedimientos tendientes
a obtener la devolución de impuestos, lo que redundó en un beneficio para la
estructura que lideraba la señora Becerra Segura, lo que concretó el juicio de
antijuridicidad. Se agregó que esto ocurrió con el pleno conocimiento del servidor
acerca de las consecuencias de obrar de ese modo y con el direccionamiento de su
voluntad hacia la obtención de los resultados ya relatados, lo que permitió la
ratificación de la forma dolosa como elemento subjetivo de la responsabilidad.

85. En ese sentido, la Sala no encuentra vicios en la valoración probatoria
realizada por la autoridad disciplinaria ni elementos que, de haberse tenido en
cuenta, condujeran a una decisión distinta, lo que significa que no se configuró el
vicio de nulidad por falsa motivación y, en consecuencia, lo procedente es confirmar
la sentencia apelada.

De la condena en costas

86. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.

87. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.

88. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

57 Así lo relató en sede de indagación preliminar el entonces funcionario William Gutiérrez Contreras (véanse

páginas 238 a 245 del archivo «12 FOLIO 1051 AL 1198».
58 Véanse páginas 143 a 149 del archivo «4 FOLIO 151 AL 300». En esa oportunidad manifestó:

«PREGUNTADO: Doctor CALLEJAS VALLEJO, el GIT de devoluciones depende de la División que usted tiene
a su cargo. CONTESTO: sí. PREGUNTADO: Doctor CALLEJAS VALLEJO, desde cuando (sic) usted
desempeña el cargo como Jefe de la División de Recaudo. CONTESTO: Desde el 24 de febrero de 2009».
59 Cabe destacar que la indagación preliminar obedeció a lo informado el 1 de diciembre de 2010, según lo cual

las señoras Andrea Botina y Diana Marcela Ramos solicitaron a la DIAN que bloqueara sus firmas digitales,
porque al parecer se estaba certificando operaciones de algunas empresas sobre las cuales, en adelante, no
certificarían movimientos fiscales y contables (véanse páginas 25-26 del archivo «1 CDNO 1 HASTA FOLIO
56»).

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89. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan las pretensiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia del treinta (30) de junio de dos mil veintitrés
(2023), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la
cual se negaron las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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