Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00252-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2019-00252-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 54001-23-33-000-2019-00252-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
7 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 54001-23-33-000-2019-00252-01 (2974-2024)
Demandante: Henry Manuel Valero Peinado
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Tema: Sanción disciplinaria. Servidores públicos elegidos por voto
popular. Acción disciplinaria. Caducidad y prescripción. Nulidad
del acto administrativo. Violación al debido proceso e infracción
de las normas en que debe fundarse. REVOCA DECISIÓN.
Sentencia de segunda instancia. Cumplimiento orden de
tutela.
SENTENCIA DE REEMPLAZO
En cumplimiento de lo ordenado en la sentencia del veinticuatro (24) de febrero de
dos mil veinticinco (2025), proferida por la Sección Tercera – Subsección B de esta
Corporación, mediante la cual se resolvió la acción de tutela promovida por la
Procuraduría General de la Nación en contra de las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en el proceso con radicado Nro. 11001-
03-15-000-2024-04153-00 y acumulados1, procede la Sala a dictar sentencia de
reemplazo.
ANTECEDENTES
El señor Henry Manuel Valero Peinado instauró demanda en contra de la
Procuraduría General de la Nación y del Departamento de Santander, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, con el fin de que se acceda a las siguientes:
1 Decisión que tiene 2 aclaraciones de voto.
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PRETENSIONES2
Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y segunda
instancia, expedidas el 15 de noviembre de 2018 por la Procuraduría Provincial de
Cúcuta y el 31 de enero de 2019 por Procuraduría Regional de Norte de Santander,
mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el
término de diez (10) años; y del Decreto Nro. 000373 del 27 de marzo de 2019,
mediante el cual fue ejecutada la sanción por parte del Gobernador de Norte de
Santander.
Que, como consecuencia, se ordene el reintegro, sin solución de continuidad, al
cargo de alcalde del municipio de Puerto Santander y el pago de los salarios,
prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir, desde el momento
de su desvinculación hasta su reintegro efectivo, con la respectiva indexación de las
sumas que se reconozcan.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que fue elegido alcalde del municipio de Puerto Santander (Norte de Santander)
para el periodo 2016-2019, posesionándose en el cargo el 1 de enero de 2016.
Que, previamente, fungió como alcalde del mismo municipio para el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011.
Que el 4 de julio de 2012 un ciudadano formuló una queja disciplinaria, relatando
que para el 16 de noviembre de 2011, el alcalde de Puerto Santander suscribió un
contrato de prestación de servicios profesionales con un abogado para que
representara los intereses del municipio ante la Fiscalía Tercera Delegada ante los
Jueces del Circuito – Unidad de Delitos contra la Administración Pública; contrato
que, según el quejoso, no debió celebrarse, porque desde el 31 de octubre de 2011
se había aceptado al ente municipal como parte civil en el respectivo proceso penal,
por lo que se trató de un hecho cumplido.
Que mediante auto del 15 de febrero de 2018 se formuló pliego de cargos, porque
en su condición de alcalde de Puerto Santander otorgó poder a un abogado el 18
de octubre de 2011 para los fines ya relatados y que, posteriormente, el 16 de
2 Según el contenido del escrito de demanda (archivo 2 del expediente digital) y la corrección de la demanda
(archivo 12 del expediente digital); ambos, en el índice 00002 de SAMAI.
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noviembre de 2011 se celebró el contrato de prestación de servicios profesionales
con el mismo apoderado, «(…) sin observar el cumplimiento de los requisitos legales
esenciales del contrato de prestación de servicios profesionales, (…) conducta con
la que habría quebrantado los principios de responsabilidad, moralidad, eficacia,
transparencia y buena fe (…)», calificando la falta como gravísima con fundamento
en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, remitiéndose al artículo 410
de la Ley 599 de 2000 y determinando como culpa gravísima la forma de
culpabilidad.
Que mediante Resolución nro. 020 del 15 de noviembre de 2018 fue sancionado en
primera instancia con destitución e inhabilidad general por el término de trece (13)
años y, en Resolución nro. 001 del 31 de enero de 2019 se modificó la sanción
impuesta, manteniendo la destitución y fijando el término de la inhabilidad general
en diez (10) años.
Que mediante Decreto nro. 000263 del 1 de marzo de 2019 el Gobernador de Norte
de Santander ejecutó la sanción disciplinaria.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Constitución Política: artículo 29; Ley 734 de 2002: artículos 6, 30, 48 numeral 1,
143 numerales 2 y 3 y 170; Ley 80 de 1993: artículos 24 numeral 8; 25, 26 numeral
3, 39 y 41; Ley 599 de 2000: artículo 410; Decreto 2474 de 2011: artículo 82.
Que los actos demandados incurrieron en violación al debido proceso, porque se
profirieron luego de prescrita la acción disciplinaria, pues, de conformidad con el
artículo 30 de la Ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de
2011, la acción disciplinaria caduca si transcurridos 5 años desde la ocurrencia de
la falta no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria y prescribe
en 5 años contados a partir del auto de apertura de la acción disciplinaria.
Que, en ese escenario, el auto de apertura de la acción disciplinaria no es el mismo
de apertura de la investigación disciplinaria, pues el proceso sancionatorio es un
todo unitario que inicia en ocasiones con la apertura de una indagación preliminar,
siendo este último al que se refiere el término de prescripción.
Que, en su caso, la decisión de primera instancia se notificó el 14 de diciembre de
2018, cuando la facultad sancionatoria había prescrito, porque el auto de apertura
de indagación preliminar se profirió el 27 de agosto de 2012, lo que significaba que
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la demandada tenía hasta el 26 de agosto de 2017 para sancionarlo
disciplinariamente.
Que los actos sancionatorios incurrieron en nulidad por infracción de la norma
superior, pues se aplicó de forma indebida el artículo 410 del Código Penal y se
dejaron de aplicar los artículos 77 y 82 del Decreto 2474 de 2008, reglamentarios
de la modalidad de selección de contratación directa y se omitió considerar, de
conformidad con la jurisprudencia y la línea de la misma Procuraduría, que la
obligatoriedad de elaborar estudios previos no implica que estos deban estar por
escrito.
Que la necesidad de contratar la representación del municipio de Puerto Santander
para que se constituyera como parte civil en el proceso penal 163.607 respondió al
imperativo legal del artículo 137 de la Ley 600 de 2000 y que, de ese modo, no se
trasgredió ningún principio contractual y, por tanto, no se configuró la conducta
constitutiva de delito regulada por el artículo 410 ya referido.
Que el contrato de prestación de servicios con el abogado Edgar Eduardo Contreras
Hernández fue celebrado por el funcionario competente, con el respectivo respaldo
presupuestal y precedido de la modalidad de selección adecuada.
Que este cargo de nulidad –violación de la norma superior– también se configuró
en la medida en que la demandada aplicó de manera indebida los artículos 39 y 41
de la Ley 80 de 1993, pues no tuvo en cuenta que entre el alcalde y el abogado, el
18 de octubre de 2011, se celebró un contrato de mandato, para dar cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo 137 de la Ley 600 de 2000; mismo que se encuentra
regulado en una disposición de la normativa civil y, aunque se parece al contrato de
prestación de servicios, su regulación y características difieren.
Que no se trató de un contrato verbal, como concluyó la demandada y que no se
puede deducir responsabilidad disciplinaria del hecho de haber celebrado,
posteriormente, un contrato de prestación de servicios, porque se debe tener en
cuenta que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado, con la emisión del poder
y su aceptación, se perfecciona el contrato de mandato, lo que en efecto ocurrió en
el caso concreto.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
Por auto del 2 de febrero de 2021 se admitió la demanda respecto de la
Procuraduría General de la Nación y se rechazó (i) en relación con el Departamento
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de Norte de Santander y (ii) sobre la pretensión de nulidad del Decreto 00263 del 1
de marzo de 2019, por tratarse de un acto de ejecución 3. Se notificó a la
demandada, quien se opuso a las pretensiones, señalando que las decisiones
disciplinarias se expidieron con apego a la ley y con respeto de todas las garantías
procesales; y que la pretensión de reintegro no tenía lugar, pues el periodo para el
cual el demandante fue elegido culminó el 31 de diciembre de 2019.
Que no hay lugar a declarar la prescripción de la acción disciplinaria porque los
hechos investigados son del 16 de noviembre de 2011, se abrió la investigación
disciplinaria el 14 de diciembre de 2016 y se profirió la decisión de primera instancia
el 15 de noviembre de 2018. Según eso, la prescripción ocurría el 14 de diciembre
de 2021 y, para entonces, ya se había notificado el acto que resolvió en primera
instancia.
Que el demandante incurrió en una conducta que en la ley penal se describe como
delito sancionable a título de dolo, según el artículo 48 numeral 1 de la Ley 734 de
2002, cuya adecuación correspondió al artículo 410 del Código Penal, pues celebró
un contrato de manera verbal con un abogado, para que se constituyera como parte
civil en el proceso 163607 y, posteriormente, se celebró el contrato de prestación
de servicios Nro. 078-11, desconociendo con ello las exigencias y etapas
establecidas por las normas que rigen la contratación púbica.
Que el objeto y obligaciones del contrato de prestación de servicios 078 de 2011 se
cumplieron de manera previa a su firma, pues en las copias del proceso 163067
reposaba un memorial suscrito el 18 de octubre de 2011, mediante el cual el alcalde
de Puerto Santander otorgaba poder al mismo abogado y, posteriormente, la
demanda de constitución de parte civil, con fecha del 25 de octubre de 2011,
mientras que el referido contrato se suscribió el 16 de noviembre de 20114.
Se celebró audiencia inicial el 19 de octubre de 20215, en la cual se fijó el litigio, se
resolvió sobre el decreto de pruebas y se dio traslado a las partes para que alegaran
de conclusión y al Ministerio Público para que presentara su concepto, luego de lo
cual se dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 14 de
3 Véase archivo 14 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
4 Véase archivo 19 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
5 Véanse archivos 24 y 25 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
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marzo de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones, ordenando el pago de lo
dejado de percibir entre el 1 de marzo y el 31 de diciembre de 2019, con el
descuento de lo que se hubiere percibido en el sector público durante dicho periodo.
Analizó el marco normativo y jurisprudencial respecto del control judicial de los actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias y, en segundo lugar,
abordando el estudio del caso concreto con fundamento en los estándares
interamericanos sobre la restricción de los derechos políticos y el precedente
vertical y horizontal respecto de la competencia de la Procuraduría General de la
Nación para imponer sanciones disciplinarias a los servidores públicos de elección
popular.
Que, en relación con la restricción de derechos políticos de contenido electoral, se
destacan dos decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: el caso
López Mendoza Vs Venezuela -sentencia del 1 de septiembre de 2011- y Petro
Urrego Vs Colombia – pronunciamiento del 8 de julio de 2020-; según las cuales las
restricciones de los derechos políticos por vía de sanción solo pueden provenir de
una autoridad judicial y que, por tanto, no resultaba procedente que a un funcionario
democráticamente elegido lo destituyera e inhabilitara una autoridad administrativa
disciplinaria.
Que lo dicho refleja una contradicción entre los estándares interamericanos y
diferentes disposiciones del ordenamiento interno, como el artículo 277.6
constitucional, 7.15 de la Ley 262 de 2000, 45 de la Ley 734 de 2002 o, de forma
reciente, 49 de la Ley 1952 de 2019, pues de ellos se desprende que la Procuraduría
General de la Nación tiene la competencia para restringir derechos de contenido
electoral con ocasión de sanciones disciplinarias a servidores públicos elegidos por
voto popular.
Que cuando se sancionó disciplinariamente al demandante se encontraba vigente
el estándar interamericano derivado de la sentencia López Mendoza Vs Venezuela,
parámetro de convencionalidad que permite concluir que la demandada actuó por
fuera de sus competencias.
Que tratándose de una autoridad administrativa, la decisión sancionatoria no se
circunscribe al contenido del artículo 23 de la CADH; y que si bien la
constitucionalidad condicionada de la Ley 2094 de 2021 permitiría que la sanción
quede suspendida hasta que se resuelva el recurso correspondiente por la autoridad
competente, lo cierto es que el procedimiento adelantado en contra del demandante
ocurrió en vigencia de la Ley 734 de 2002, por lo que el control de convencionalidad
se realiza entre el artículo 44.1 de dicha ley y el artículo 23.2 de la CADH,
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encontrando la incompatibilidad ya advertida.
Finalmente, negó las demás súplicas de la demanda y decidió no condenar en
costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada interpuso recurso de apelación6, advirtiendo que, de acuerdo con la
estructura del Estado colombiano, la entidad tenía plena competencia para
investigar y sancionar al demandante y que la Corte Constitucional ha señalado que
la CADH no tiene carácter supraconstitucional (Sentencia C-551 de 2003) y luego,
en relación con una posible oposición entre el régimen disciplinario derivado del
artículo 277.6 constitucional y lo establecido en el artículo 23.2 de la CADH, en la
Sentencia C-028 de 2006 se advirtió que la norma interamericana no podía leerse
de manera aislada.
Que, posteriormente, en las sentencias SU-712 de 2013, C-500 de 2014 y SU-355
de 2015 se precisó que las sanciones disciplinarias son, como las penales, una
expresión del poder punitivo del Estado y que, por lo mismo, resulta esencial el
respeto por el debido proceso y en la Sentencia C-101 de 2018 se agregó que la
lectura del artículo 23 de la CADH debía armonizarse con todos los instrumentos
que hacen parte del bloque de constitucionalidad.
Que en sentencias como la C-146 de 2021 (posterior al caso Petro Urrego Vs
Colombia) y C-030 de 2023 la Corte Constitucional ha señalado que la Procuraduría
General de la Nación ha tenido, tiene y conserva la facultad de investigar a los
servidores públicos, inclusive si fueron elegidos popularmente y de imponer
sanciones que limiten sus derechos políticos y que en distintos pronunciamientos
del Consejo de Estado se ha señalado que la entidad es competente para investigar
y sancionar a este tipo de servidores públicos; línea que se puede rastrear también
en diferentes pronunciamientos del Consejo de Estado.
Que en la jurisprudencia de ambos tribunales es claro que el pleito fallado en el caso
Petro Urrego Vs Colombia no tiene efectos erga omnes y que la competencia de la
Procuraduría General de la Nación para disciplinar funcionarios públicos elegidos
por voto popular no se perdió.
Que el precedente judicial resulta de obligatoria observancia y su desconocimiento,
abre la posibilidad de acudir, primero, a la acción de tutela contra providencia judicial
6 Véase archivo 034 del expediente digital, en el índice 00002 de SAMAI.
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por incurrirse en una vía de hecho y que, respecto de las competencias disciplinarias
de la Procuraduría General de la Nación, existe cosa juzgada constitucional, lo que
implica que el Tribunal desconoció la existencia del precedente en la materia.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 19 de junio de 20247 fue admitido el recurso de apelación y en dicha providencia
se dispuso que, una vez ejecutoriada, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslado y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
Pronunciamiento de las partes
De conformidad con el numeral 4 del artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, una vez
concedido el recurso y hasta la ejecutoria del auto admisorio, las partes guardaron
silencio.
Concepto del Ministerio Público
Mediante escrito del 15 de julio de 20248 la Procuraduría Delegada de Intervención
7 – Segunda ante el Consejo de Estado solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, para lo cual se refirió al derecho al debido proceso disciplinario, al control
integral de legalidad de las decisiones de esta naturaleza, a las competencias de la
Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones que limiten derechos
políticos y a las nulidades en el procedimiento disciplinario.
Que la potestad de vigilancia de la conducta de los servidores públicos se deriva de
los artículos 277 y 278 constitucionales, según los cuales a la Procuraduría General
de la Nación le corresponde ejercer preferentemente el poder disciplinario y
sancionar a los funcionarios públicos que incurran en faltas disciplinarias, incluidos
aquellos que se eligen popularmente, aspecto que se ha desarrollado en numerosas
sentencias por parte de la Corte Constitucional, destacando que en la Sentencia C-
551 de 2003 se precisó que la CADH no tiene carácter supraconstitucional.
Que el trámite adelantado en contra del demandante se realizó por funcionarios
competentes, siguiendo en lo formal y sustancial lo dispuesto por la Ley 734 de 2002
y que en su calidad de disciplinado actuó en todas las etapas del procedimiento;
además, que la decisión sancionatoria se fundamentó en las pruebas aportadas y
7 Véase índice 00004 de SAMAI.
8 Véase índice 00008 de SAMAI.
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valoradas y que en la demanda no se formuló ningún reparo en relación con el
acervo probatorio.
Que la conducta investigada en el caso particular corresponde a aquellas que se
concretan en actos de corrupción, según la Ley 412 de 1997 por la cual se prueba
la Convención Interamericana contra la corrupción, del 29 de marzo de 1996.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Cuestión previa
El 2 de octubre de 2024 se profirió sentencia de segunda instancia9, confirmando la
decisión del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, al considerar que la
Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para sancionar
disciplinariamente a la demandante.
En contra de esta decisión la Procuraduría General de la Nación interpuso una
acción de tutela, que fue resuelta por la Sección Tercera, Subsección B de esta
Corporación, ordenando que se «(…) profieran las sentencias reemplazo, según su
competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en
consideración a lo aquí decidido»10. Esto, luego de considerar que las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los
actos administrativos expedidos por la Procuraduría General de la Nación mediante
los cuales impuso sanciones de destitución e inhabilidad o de suspensión a
funcionarios elegidos por voto popular, se apartaron indebidamente de la tesis
consolidada de la Corte Constitucional, con carácter de cosa juzgada constitucional,
que avalaba la competencia de la autoridad administrativa.
La Sala no comparte los argumentos que llevaron a la decisión de amparo
constitucional por varias razones: i) porque la sentencia proferida en el caso Petro
Urrego Vs Colombia no constituyó el fundamento para que fueran declarados nulos
los actos demandados, como parece ser la premisa de los considerandos de la
sentencia de tutela11; ii) porque no es de recibo el argumento según el cual la
9 Véase índice 00012 de SAMAI.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 24
de febrero de 2025. Exp. 11001-03-15-000-2024-04153-00 y acumulador. C.P. Alberto Montaña Plata.
11 «56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas
de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la
Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos
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aplicación de la excepción de inconvencionalidad desconoce el principio de
jurisdiccionalidad; iii) porque la decisión adoptada el 23 de mayo de 2024 obedeció
a parámetros constitucionales y convencionales, en virtud de lo consagrado en la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ratificada por el Estado
Colombiano mediante la Ley 16 del 30 de diciembre de 1972 y atendiendo a la
jurisprudencia vinculante de la Corte IDH; y iv) porque esta Sala ha destacado la
importancia de proteger el principio democrático, pues resulta claro que la
imposición de sanciones como la cuestionada a servidores públicos elegidos
popularmente resulta todavía más gravosa si se considera que por la vía de
decisiones lesivas de la presunción de inocencia, se corre el riesgo de sustraer del
ejercicio de derechos políticos a quienes la ciudadanía ha elegido para representar
sus intereses.
No obstante, en cumplimiento de la orden de tutela, esta providencia se referirá a la
competencia de la autoridad disciplinaria, para determinar si respecto de ella se
configura la nulidad de los actos demandados y, posteriormente, abordará el
desconocimiento de las normas superiores y la violación al debido proceso, luego
de lo cual analizará el caso concreto.
Competencia de la Procuraduría General de la Nación para investigar y
sancionar servidores públicos elegidos por voto popular
Toda vez que la Sala abordó en la providencia dejada sin efectos sus
consideraciones en relación con esta cuestión, sin tener elementos adicionales qué
manifestar, a continuación, se transcriben los argumentos expuestos en la sentencia
de tutela del 24 de febrero de 202512:
«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas
convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de
la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación
no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de
quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la
autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del
ordenamiento jurídico interno que desconoció el principio de jurisdiccionalidad contenido en
el artículo 23.2 de la CADH13.
políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos
administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio
aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del ordenamiento jurídico interno que desconoció
el principio de jurisdiccionalidad contenido en el artículo 23.2 de la CADH (…)» (negrillas y subrayas de la Sala).
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 31 de octubre de
2024. Radicado 11001031500020240302101. Consejero Ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil.
13 «Artículo 23. Derechos Políticos
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57. En ese orden de ideas, dado el contenido y alcance de los reparos planteados por la
parte actora, los mismos serán estudiados de forma conjunta, es decir, se analizará la tesis
adoptada por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado para
los casos enjuiciados, de cara a la postura de la Corte Constitucional sobre la potestad
sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación respecto de empleados públicos de
elección popular, así como la interpretación que, en ese marco, se le ha dado al artículo
23.2 de la CADH, sobre limitación de los derechos políticos.
58. En Sentencia C-028 de 2006, la Corte Constitucional, al analizar la exequibilidad de los
artículos 44 (numeral 1), 45 (numeral 1, literal d) y 46 de la Ley 734 de 2002, concluyó que
la facultad otorgada por el legislador a la Procuraduría General de la Nación para sancionar
a servidores públicos de elección popular, mediante la limitación, de forma temporal o
definitiva, de los derechos políticos, no contrariaba los artículos 93 de la Constitución
Política y 23 de la CADH, (se trascribe):
“En el caso concreto, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, tal y como se ha explicado, no se opone realmente a que los legisladores
internos establezcan sanciones disciplinarias que impliquen la suspensión temporal o
definitiva del derecho de acceso a cargos públicos, con miras a combatir el fenómeno
de la corrupción. En igual sentido, la Constitución de 1991, tal y como lo ha considerado
la Corte en diversos pronunciamientos, tampoco se opone a la existencia de dichas
sanciones disciplinarias, incluso de carácter permanente, pero bajo el entendido de que
dicha sanción de inhabilidad se aplique exclusivamente cuando la falta consista en la
comisión de un delito contra el patrimonio del Estado.
En suma, contrario a lo sostenido por los demandantes, la facultad que le otorgó el
legislador a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones disciplinarias
temporales o permanentes que impliquen restricción del derecho de acceso a cargos
públicos, no se opone al artículo 93 constitucional ni tampoco al artículo 23 del Pacto
de San José de Costa Rica.”
59. Esta tesis fue reiterada por la Corte, en Sentencia SU-712 de 2013, en la que estudió,
vía acción de tutela, un caso en el que se cuestionó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para investigar y sancionar disciplinariamente a los congresistas. En
esa oportunidad, señaló (se trascribe):
“(…) a partir de una interpretación armónica de las normas constitucionales con los
instrumentos que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, la Corte
concluyó que las competencias disciplinarias y sancionatorias del Procurador General
de la Nación no desconocen el artículo 93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(…)
En efecto, según fue explicado anteriormente, el análisis de la normativa constitucional
en sus diferentes perspectivas (potestad disciplinaria y prerrogativas parlamentarias),
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por
voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o
condena, por juez competente, en proceso penal.».
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de los preceptos legales que regulan la materia, así como de los precedentes
decantados por esta Corporación, demuestra que el Procurador General de la Nación
sí es competente para investigar disciplinariamente a los congresistas e imponer las
sanciones a que haya lugar de acuerdo con la falta imputada y los demás elementos
propios de la responsabilidad en asuntos de esta índole.
Asimismo, conviene tener presente que las decisiones emanadas del Ministerio Público
en ejercicio del poder disciplinario estarán siempre bajo la lupa de una autoridad judicial,
en tanto son actos administrativos susceptibles de ser sometidos a control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.”
60. Luego, en Sentencia C-086 de 2019, la Corte ratificó la competencia de la Procuraduría
General de la Nación para adelantar esta clase de juicios disciplinarios, concretamente, la
suspensión provisional de servidores públicos electos popularmente (artículo 157 de la Ley
734 de 2002) y sostuvo (se trascribe):
“Debe destacarse que la competencia para investigar y sancionar, en el contexto del
proceso disciplinario, a servidores públicos de elección popular corresponde a la
Procuraduría General de la Nación. Esta entidad es un organismo de control: forma
parte del ministerio público, que no se encuentra dentro de ninguna rama del poder
público y, por tanto, no está sometida en modo alguno a interferencias políticas. En
tanto órgano autónomo responsable de adelantar el proceso disciplinario, la
Procuraduría General de la Nación es independiente de los demás órganos del Estado,
de manera semejante a como lo son los jueces, como lo ha destacado este tribunal, al
momento de interpretar de manera sistemática y armónica con la Constitución el artículo
23 de la CADH. Además, sus actos son susceptibles de control judicial, por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.
4.9.4. Por tanto, dado que la competencia para suspender provisionalmente a un
servidor público, incluso de elección popular, se funda en la competencia del operador
disciplinario para investigar y sancionar disciplinariamente a los servidores públicos,
conforme al antedicho precedente, debe concluirse que la norma demandada es
compatible con las normas previstas en el artículo 23 de la CADH y en el artículo 40 de
la Constitución.”
61. Mediante Sentencia C-111 de 2019, la Corte estudió la constitucionalidad del artículo
45 de la Ley 734 de 2002, concretamente, la expresión “elección”, cuando se hace
referencia a la terminación de la relación del servidor público sin importar la naturaleza de
esta, como consecuencia de la destitución e inhabilidad como sanción disciplinaria. Al
respecto, indicó (se trascribe):
“25. Al respecto la Corte ha sostenido que la norma acusada no desconoce el artículo
93 de la Constitución, ni el artículo 23 de la CADH por las siguientes tres razones: (i) el
artículo 23 de la CADH debe interpretarse de manera coherente y sistemática con (a)
la Constitución, (b) toda la Convención y (c) otros tratados internacionales ; (ii) la
restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad distinta a
un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido proceso;
(iii) la PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos popularmente porque (a) es
una autoridad independiente e imparcial, (b) su proceso de imposición de sanciones
asegura las garantías judiciales establecidas en la CADH y (c) sus actos son
judicialmente controlables de una manera efectiva. Por lo tanto (iv) no se justifica que
la Corte Constitucional cambie su precedente.
(…)
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27. La restricción del ejercicio de derechos políticos que provenga de una autoridad
distinta a un juez penal, es válida siempre y cuando se respeten las garantías del debido
proceso. Como lo ha señalado esta Corte, la CADH no prohíbe a los Estados que sus
ordenamientos internos otorguen competencia a una autoridad administrativa para que
limite los derechos políticos de los servidores públicos de elección popular siempre que
dicha autoridad sea (i) autónoma e independiente y (ii) asegure las garantías judiciales
establecidas en su artículo 8.
28. Por lo tanto, esta Corte no comparte el argumento planteado por los demandantes
según el cual únicamente un juez penal pueda asegurar las garantías mínimas de los
derechos políticos. Los Estados tienen un margen de apreciación en virtud del cual
pueden atribuir a los organismos de control del Estado competencias disciplinarias que
puedan conducir a la imposición de sanciones de destitución e inhabilidad general de
los servidores públicos. Por ende, el legislador puede otorgarle esa competencia a
cualquier autoridad siempre que ella respete las garantías establecidas en los artículos
29 de la Constitución y 8 de la CADH. Así, se concluye que el límite que encuentra el
margen de apreciación son los derechos al debido proceso de los servidores públicos
de elección popular. De allí que, no obstante no ser un “juez penal”, la PGN debe
respetar las garantías establecidas en el artículo 29 de la Constitución y 8 de la CADH.
En consecuencia, puede válidamente limitar los derechos políticos de los funcionarios
públicos de elección popular.
29. La PGN ofrece suficientes garantías para cumplir con la finalidad de proteger los
derechos y libertades de los funcionarios públicos elegidos. En el caso sub examine, la
disposición acusada se encuentra dentro de los límites del margen de apreciación del
Estado colombiano porque garantiza los derechos establecidos en el artículo 29 de la
Constitución y el 8 de la CADH. Esto es así por tres razones: (i) la PGN es una autoridad
independiente e imparcial, (ii) el proceso de imposición de sanciones a funcionarios de
elección popular asegura las garantías judiciales previstas por la Constitución y la
CADH, (iii) sus actos pueden ser controlados judicialmente de una manera efectiva.”
62. Finalmente, en la Sentencia C-030 de 2023, la Corte Constitucional, al revisar la
exequibilidad de la titularidad de la potestad disciplinaria y funciones jurisdiccionales de la
Procuraduría General de la Nación, en el marco de la Ley 2094 de 2021, estableció que la
aludida potestad fue otorgada a esa autoridad por expreso mandato constitucional (artículos
118 y 277 de la Constitución Política). No obstante, la misma debía ser interpretada de
forma sistemática y armónica con la CADH y, en consecuencia, debía respetar el principio
de reserva judicial para las sanciones que limiten derechos políticos. Por lo tanto, el recurso
extraordinario de revisión constituía un remedio que garantizaría la intervención del juez de
lo contencioso administrativo.
63. A partir de lo anterior, se tiene entonces que para la época en la que fueron proferidas
las decisiones administrativas de carácter sancionatorio, existía una tesis consolidada de la
Corte Constitucional que avalaba la competencia de la Procuraduría General de la Nación
para sancionar, con destitución e inhabilidad, a servidores públicos de elección popular,
respecto de la cual las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
se apartaron indebidamente, dado el carácter de cosa juzgada constitucional que el tema
tenia a la fecha de expedición de las decisiones enjuiciadas y, en consecuencia, incurrieron
en los defectos invocados.
64. Sobre el particular, la Corte Constitucional, en la Sentencias SU-381 de 2024, resolvió
un pleito con identidad fáctica y jurídica al del asunto de la referencia. En dicha providencia,
la Corte advirtió la configuración de los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento del precedente y sustantivo, por las siguientes razones (se trascribe):
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“184. En conclusión, las condiciones normativas y jurisprudenciales del año 2012 en las
que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia, aunado a que la
interpretación realizada por el Consejo de Estado a partir del trasplante de una regla de
decisión de la sentencia López Mendoza vs. Venezuela 14 desconoció principios
constitucionales, conducen a afirmar que se configuró una violación directa de la
Constitución. Lo que correspondía en este caso a la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado era pronunciarse sobre la legalidad de la sanción, a
partir de los cargos invocados por el señor Merlano Morales, sin reprochar un asunto
de competencia que, se insiste, estaba claro en el año 2012 respecto a su titularidad en
cabeza de la Procuraduría General de la Nación, y sigue claro bajo el estándar
constitucional vigente, sin perjuicio, por supuesto, del exhorto realizado al legislador.
(…)
200. Por lo expuesto, se concluye que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, porque desconoció que para el
momento en el que la Procuraduría General de la Nación ejerció su competencia
disciplinaria –año 2012–, el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 15 había sido objeto de
decisión de exequibilidad por este Tribunal a través de la Sentencia C-028 de 2006 al
amparo del artículo 23.2 de la CADH, en aplicación de la cláusula de remisión prevista
en el artículo 93.1 de la Constitución. Adicionalmente, la Subsección B mencionada
pasó por alto que, al momento de emitir su decisión, también existía la Sentencia C-500
de 2014 que había reafirmado esa constitucionalidad, pese a la expedición de la
Sentencia de la Corte IDH en el caso López Mendoza vs. Venezuela. En la medida en
que estas sentencias determinaron la exequibilidad del artículo 44.1 de la Ley 734 de
2002, hacer caso omiso a su vinculatoriedad, implica la configuración del defecto
sustantivo examinado.”
65. Asimismo, en Sentencia SU-382 de 2024, la Corte señaló (se trascribe):
“(…) Sin embargo, dentro del marco normativo que evaluó, la subsección accionada
pasó por alto el precedente constitucional que había avalado la facultad de la PGN de
expedir tales decisiones.
83. La sentencia objeto de la acción de tutela, igualmente, desconoció el precedente
constitucional sobre el valor de las normas convencionales y de la jurisprudencia de la
Corte IDH en el ordenamiento interno colombiano. Estas, como lo ha insistido la Corte
Constitucional, no deben aplicarse en forma aislada y en perjuicio de las normas
constitucionales, sino que su aplicación debe ser sistemática y armónica. En el caso
concreto, con ocasión de la sentencia del caso Petro Urrego vs. Colombia, el Estado
colombiano inició un proceso de armonización normativa que, en todo caso, no podía
ser “automático”. Ese proceso se empezó a realizar a partir de las sentencias C- 146 de
2021 y C-030 de 2023, así como de la Ley 2094 de 2021, pero sus consecuencias no
podían aplicarse a decisiones administrativas anteriores, cuando el ordenamiento
jurídico nacional reconocía la competencia de la PGN en casos como el que es objeto
de estudio.
84. Finalmente, la sentencia tampoco consideró que, al estudiar la legalidad de actos
administrativos, debían privilegiarse las circunstancias de hecho y de derecho vigentes
al momento en que fueron proferidos, en línea con la jurisprudencia del propio Consejo
de Estado. La postura de la subsección accionada ponía a la PGN en una situación
14 Se tiene en cuenta que esta fue la providencia de la Corte IDH que estimó el Consejo de Estado estaba
«vigente» al año 2012 y, por lo tanto, era aplicable en este caso.
15 La Sentencia SU-355 de 2015, reconoció que sobre la competencia de la Procuraduría para sancionar
servidores públicos de elección popular recaía el fenómeno de cosa juzgada constitucional. Ver la reseña
realizada en el apartado 5.3. de esta providencia.
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imposible: desconocer el precedente vigente de la Corte Constitucional y comprometer
la validez de sus actuaciones por cuenta de la “aplicación” de un precedente
interamericano que todavía no había sido adoptado. En efecto, la vinculatoriedad del
precedente está relacionada con la protección de los principios de seguridad jurídica,
igualdad, confianza legítima y coherencia del orden jurídico. Su aplicación rigurosa
permite orientar el comportamiento de las personas e instituciones hacia las normas y
principios constitucionales.
(…)
92. Es cierto que, al declarar la nulidad de los actos de destitución e inhabilidad por falta
de competencia, la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado no dio el
alcance a los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución como habían sido entendidos
por la jurisprudencia constitucional en su momento. Además, con el argumento de
aplicar un control de convencionalidad difuso, el Consejo de Estado desconoció que las
normas de la CADH no tienen un carácter superior a las de la Constitución Política, por
lo que no se pueden aplicar las primeras sin tener en cuenta las segundas. Por el
contrario, es necesario adelantar una interpretación sistemática y armónica. En esta
labor, no se puede desconocer la interpretación autorizada por parte de la Corte
Constitucional. En consecuencia, la violación de la Constitución se produce en este
caso por no aplicar las normas superiores que otorgaban una competencia que había
sido reconocida pacíficamente por esta Corporación. La configuración de este defecto
trae por consecuencia la vulneración del derecho al debido proceso de la PGN, pues
dicha garantía fundamental le imponía a la autoridad judicial accionada el deber de
acatar, en todo momento del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que le
correspondió conocer, los postulados del texto superior.”
66. En aquellos pronunciamientos, la Corte revocó las decisiones de instancia que negaron
y declararon improcedentes las solicitudes de amparo y, en su lugar, amparó el derecho al
debido proceso de la Procuraduría General de la Nación, pues estimó que las providencias
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho no superaron el juicio de validez
constitucional de tutela.
67. Finalmente, no puede pasarse por alto que la postura adoptada por esta Sala se alinea
con las consideraciones del Auto de 3 de diciembre de 2024 de la Sala Plena del Consejo
de Estado, Rad. 11001-03-15-000-2023-00871-0016, según las cuales (se trascribe):
“Por lo tanto, en el presente caso, el juicio efectuado por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-030 de 2023, en cuanto declaró ajustado a la Constitución las expresiones
contenidas en el artículo 1º de la Ley 2094 de 2021, que modificó el art. 2º de la Ley
1952 de 2019, y el artículo 54 de la Ley 2094, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional
absoluta, dado que en el fallo no se hicieron salvedades, limitaciones ni distinciones
sobre el juicio desarrollado. Así entonces. en relación con las prescripciones anteriores,
no es dable discutir su compatibilidad con la Carta ni con las disposiciones de la CADH
ni los fallos de la Corte IDH”17, pues, este asunto fue resuelto por el juez que tiene la
atribución constitucional de velar por la integridad y supremacía de la Constitución
Política.”».
Por ello, como se concluyó en la providencia de la Sección Tercera, Subsección B
de esta Corporación y contrario a lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Norte
16 No puede pasarse por alto que los consejeros de Estado William Barrera Muñoz y Alberto Montaña Plata
aclararon su voto frente a dicha providencia de unificación.
17 Sentencia C-310 de 2002 y Sentencia C-098 de 2007.
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de Santander, no hay lugar a declarar la nulidad por falta de competencia de la
autoridad disciplinaria.
Causales de nulidad del acto administrativo
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011, los actos
administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción parte del
cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición,
relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa,
la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento
de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la
materia de que trate.
En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, los artículos
13718 y 13819 de la Ley 1437 de 2011, regulan los supuestos bajo los cuales es
posible perseguir la declaratoria de su nulidad, pretensión que puede promoverse
cuando se advierte que el acto administrativo i) se ha expedido con infracción de las
normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma
irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante
falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió.
Interesan, para resolver el caso concreto, el desconocimiento del debido proceso y
la infracción de las normas en que el acto debe fundarse, reproches a los que se
refiere el demandante al señalar que la autoridad disciplinaria ejerció la potestad
sancionadora luego de ocurrida la prescripción de la acción y que en la motivación
de los actos se aplicó de manera indebida la normativa referida al contrato de
prestación de servicios y se concluyó de forma errónea que se había celebrado un
contrato verbal cuando las partes convinieron un mandato.
• Nulidad del acto administrativo por violación al debido proceso
El artículo 29 de la Constitución Política dispone que el debido proceso se aplica
tanto a las actuaciones judiciales como a las de carácter administrativo, e implica
que nadie puede ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se
le imputa, ante el juez competente y con observancia de las formas propias de cada
juicio.
18 Del medio de control de nulidad.
19 Del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Atendiendo a lo anterior, bajo esta causal de nulidad se examinan elementos
formales y sustanciales en la formación del acto administrativo que repercuten en la
garantía que consagra el artículo 29 constitucional. Su respeto tiene que ver,
entonces, con la concreción de por lo menos estos elementos: (i) que la actuación
se adelante por el competente, (ii) permitiendo la participación activa de todos los
interesados; (iii) que estos sean escuchados durante el trámite; (iv) que no existan
dilaciones injustificadas; (v) que los interesados puedan aportar, solicitar y
controvertir pruebas; (iv) que las decisiones que se profieran se notifiquen en debida
forma y (vi) que se dé el trámite oportuno cuando las decisiones sean impugnadas20.
La Corte Constitucional en la Sentencia T-076 de 201821 determinó que, tanto de
las providencias judiciales, como de los actos administrativos, puede predicarse la
vulneración sustancial del derecho al debido proceso, la cual se materializa en los
distintos defectos identificados por la jurisprudencia constitucional:
«“Defecto orgánico, que se estructura cuando la autoridad administrativa que
profiere el acto objeto de reproche constitucional carecía absolutamente de
competencia para expedirlo (…).
Defecto procedimental absoluto, el cual se predica de la actuación
administrativa, cuando ha sido tramitada completamente al margen del
procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico (…).
Defecto fáctico, que se demuestra cuando la autoridad administrativa ha
adoptado la decisión bajo el absoluto desconocimiento de los hechos
demostrados dentro de la actuación. (…)
Defecto material o sustantivo, el cual concurre cuando la autoridad
administrativa profiere el acto a partir de la aplicación de normas inexistentes,
inconstitucionales, declaradas ilegales por la jurisdicción contenciosa o
abiertamente inaplicables para el caso concreto. La jurisprudencia también ha
contemplado que la interpretación irrazonable de las reglas jurídicas es una
causal de estructuración de defecto sustantivo, evento en el que se exige una
radical oposición entre la comprensión comúnmente aceptada del precepto y su
aplicación por parte de la autoridad administrativa, situación que encuadra en
lo que la doctrina define como interpretación contra legem.
Error inducido o vía de hecho por consecuencia, defecto que se predica cuando
la autoridad administrativa adopta una decisión contraria a los derechos
fundamentales de las partes interesadas, debido a la actuación engañosa por
parte de un tercero.
Falta de motivación, que corresponde a los actos administrativos que no hacen
expresas las razones fácticas y jurídicas que le sirven de soporte. (…)
20 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 3 de julio de 2014. Radicado 05001-23-31-000-2000-
02324-01. C.P. Guillermo Vargas Ayala.
21 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Desconocimiento del precedente constitucional vinculante, defecto que ocurre
cuando la autoridad administrativa obra, de forma injustificada, en contravía del
contenido y alcance de los derechos fundamentales que ha realizado, con
efectos obligatorios, la Corte Constitucional.
Violación directa de la Constitución, lo que se predica del acto administrativo
que desconoce, de forma específica, normas de la Carta Política (…)’22»23.
• Nulidad del acto administrativo por infracción de las normas superiores en
que debe fundarse
Esta causal, también denominada nulidad por violación del ordenamiento superior
o de la regla de derecho de fondo que se exigía para sustentar el acto, se relaciona
con los elementos que, en términos generales, debe validarse en un acto
administrativo frente a cada elemento que lo compone: las reglas de competencia,
de procedimiento, los componentes de la motivación y el debido proceso,
concretado en el derecho de audiencia y de defensa24.
En un sentido más estricto, se ha entendido por esta Corporación como la
contravención directa de la norma que serviría como fundamento al acto
administrativo, lo que puede ocurrir por falta de aplicación, aplicación indebida o
interpretación errónea.
Lo primero, es decir, la falta de aplicación puede suceder porque la autoridad
administrativa ignore la existencia de la norma o, a pesar de conocerla, no la aplique
a la solución del caso o crea, de manera errónea, que la norma no es aplicable al
asunto que examina.
La aplicación indebida puede configurase cuando la autoridad hace valer
disposiciones que no son pertinentes para resolver asunto objeto de decisión; lo que
a su vez puede ocurrir por que i) hubo un error al seleccionar la norma por
inadecuada valoración del supuesto de hecho que esta consagra, y/o ii) porque no
se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la
hipótesis legal y la tesis del caso concreto.
En cuanto a la interpretación errónea se ha precisado que ocurre cuando las
disposiciones que se aplican son en efecto las que regulan el asunto que se debe
22 Ver Sentencia T-076 de 2011. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
23 Corte Constitucional. Sentencia T-076 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
24 Al respecto, Cfr. Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 21 de mayo de 2020.
Radicado 52001233300020150004501 (3779-2017). C.P. William Hernández Gómez.
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decidir, pero la autoridad las entiende de manera errónea y, con esa interpretación,
las aplica. En otras palabras, es lo que ocurre cuando se asigna a una disposición
un sentido o alcance que no le corresponde25.
Caso concreto
Del análisis del expediente disciplinario, la Sala destaca:
• Que el 4 de julio de 2012 el señor Jairo Valdez Lozano radicó una queja en
contra del exalcalde del municipio de Puerto Santander Henry Manuel Valero
Peinado, relatando que dicho funcionario el 16 de noviembre de 2011 celebró un
contrato de prestación de servicios con el abogado Edgar Eduardo Contreras
Hernández, para la constitución del municipio como parte civil en el proceso
número 163.607 ante la Fiscalía Tercera de Administración Pública.
Que ese contrato no se debió celebrar porque desde el 31 de octubre de 2011
se había aceptado al municipio como parte civil en el referido proceso, lo que
significaba que las obligaciones del abogado –aceptar el poder y constituirse
como parte civil– ya se habían ejecutado, tratándose en consecuencia de un
hecho cumplido26. Como soporte de esta afirmación se aportaron los siguientes
documentos:
(i) El registro presupuestal nro. AM 11012542 expedido a favor del señor Edgar
Eduardo Contreras para «La constitución de parte civil del municipio de Puerto
Santander dentro del proceso penal 163607 de la Fiscalía Tercera de Administración
Pública de Cúcuta»27;
(ii) El estudio previo en la modalidad de selección de contratación directa con el mismo
objeto ya descrito28;
(iii) Una invitación para presentar oferta, del 15 de noviembre de 2011, dirigida al señor
Edgar Eduardo Contreras Hernández29;
(iv) La propuesta del señor Contreras Hernández junto con los soportes de su calidad,
formación y experiencia30;
(v) El acto de adjudicación de un contrato por la modalidad de contratación directa,
expedido el 16 de noviembre de 201131;
(vi) La Resolución interlocutoria nro. 015 del 31 de octubre de 2011, expedida en el
proceso 163.607 mediante la cual la Fiscalía Tercera Delegada ante los Jueces
Penales del Circuito – Unidad de Delitos contra la Administración Pública admitió la
25 Cfr. Ibid. También Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 15 de marzo de 2012. Radicado 25000-
23-27-000-2004-92271-02 (16660). C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
26 Véanse páginas 19-20 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
27 Véase página 21 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
28 Véanse páginas 22-23 del del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
29 Véase página 24 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
30 Véanse páginas 25 a 33 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
31 Véanse páginas 34-35 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
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19
Radicado: 54001-23-33-000-2019-00252-01 (2974-2024)
demanda de constitución de parte civil presentada por el abogado Edgar Eduardo
Contreras Hernández32;
(vii) Constancia de estado actual del proceso 163.607, expedida por la referida Fiscalía
Tercera, el 3 de noviembre de 201133;
(viii) Cuenta de cobro presentada por el señor Edgar Eduardo Contreras Hernández por
concepto de prestación de servicios para la representación legal de la entidad y la
constitución de parte civil en el proceso 163.607 y constancia de cumplimiento del
objeto contractual suscrita por el alcalde de Puerto Santander el 14 de diciembre de
201134.
• Que, con fundamento en lo anterior, el 27 de agosto de 2012, se inició una
indagación preliminar en contra del señor Henry Manuel Valero Peinado35, en el
marco de la cual se incorporó como prueba el contrato de prestación de servicios
profesionales nro. 078 del 16 de noviembre de 201136, copia del proceso penal-
constitución de parte civil del radicado 163.60737, y diferentes documentos
relacionados con la adjudicación, ejecución y pago del referido contrato de
prestación de servicios38.
• Que por auto del 17 de mayo de 2016 se ordenó la apertura de una investigación
disciplinaria, por cumplirse el presupuesto del artículo 152 de la Ley 734 de 2002
y se decretó la práctica de pruebas documentales relacionadas con el contrato
078 de 201139.
• Que el 15 de febrero de 2019 se formuló al señor Henry Manuel Valero Peinado
el cargo consistente en:
«(…) haber incurrido en aparente falta disciplinaria al otorgar poder el 18 de
octubre de 2011 al abogado EDGAR EDUARDO CONTRERAS HERANDEZ,
para que se constituyera en parte civil dentro del proceso No. 163-6087(sic) por
el delito de peculado por apropiación que se ventilaba en la Fiscalía Tercera
Delegada ante los Jueces Penales de Circuito, Unidad de Delitos contra la
Administración Pública de Cúcuta, tal como se soporta con la presentación
personal ante la Notaría Quinta del Círculo de Cúcuta (…), presentándose la
demanda de parte civil el 25 de octubre de 2011 y mediante auto interlocutorio
No. 015 del 31 de octubre de 2011 fue admitida (…); pudiendo incurrir en
irregularidad disciplinaria, una vez que posterior a ello, el 3 de noviembre de
2011 se expidió el certificado de disponibilidad presupuestal No. 0011011539
32 Véanse páginas 36 a 38 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
33 Véase página 39 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
34 Véanse páginas 40-41 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
35 Véanse páginas 44 a 46 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
36 Véanse páginas 59 a 62 y 96 a 99 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de
SAMAI.
37 Véanse páginas 72 a 95 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
38 Véanse páginas 100 a 103 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
39 Véanse páginas 108 a 111 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI. Las
pruebas ordenadas fueron aportadas por el municipio de Puerto Santander, según consta en las páginas 115 a
150, 185 a 199 y 200 a 211 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
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afectando el rubro 2103010209 remuneración por servicios técnicos por la suma
de $4.850.000.oo vigencia 2011, subsiguientemente el 16 de noviembre de
2011 se expidió el registro presupuestal No. AM 11012542 por la suma de
$4.850.000.oo vigencia 2011 y el 16 de noviembre de 2011 celebró contrato de
prestación de servicios de apoyo a la gestión (sic) No. 078.11 con el abogado
EDGAR EDUARDO CONTRERAS HERNÁNDEZ; sin observar el cumplimiento
de los requisitos legales esenciales del contrato de prestación de servicios
profesionales, con presunto desconocimiento de las exigencias y etapas
establecidas por las normas que rigen la contratación pública en Colombia,
conducta con la que haría quebrantado los principios de responsabilidad,
moralidad eficacia, transparencia y buena fe, fundamento de la función
administrativa, y los de responsabilidad, economía y transparencia, rectores de
la contratación estatal, así como las normas que a continuación se citan y
desarrollan».
El operador disciplinario determinó que se trataba de una falta gravísima, con
fundamento en el numeral 1 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, adecuado
típicamente al delito consagrado en el artículo 410 de la Ley 599 de 2000; y que la
conducta se había ejecutado a título de culpa gravísima40.
• Que, practicadas las pruebas ordenadas y recibida la intervención del
investigado, el 15 de noviembre de 2018 se declaró probado el cargo formulado
y, en consecuencia, el demandante fue sancionado con destitución e inhabilidad
general por el término de trece (13) años.
El operador disciplinario consideró que los deberes funcionales del demandante,
como responsable de la actividad contractual del municipio de Puerto Santander,
le imponían un procedimiento lógico y básico previo a contratar los servicios del
abogado Edgar Eduardo Contreras Hernández y que, contrario a ello, el señor
Valero Peinado, celebró un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales
esenciales al otorgarle poder, pues fue posterior a ello y a que se admitiera como
parte civil al municipio en el proceso 163.607 que se celebró un contrato de
prestación de servicios con el mismo abogado.
Que se encontraba acreditado el desconocimiento de reglas de obligatorio
cumplimiento, aplicables a la actividad contractual del municipio de Puerto
Santander, porque el disciplinado, en virtud de la naturaleza y jerarquía de su
cargo, de su formación académica y experiencia debía conocer y cumplir la
normativa contractual por ser el ordenador del gasto del ente territorial, pese a
lo cual no la atendió41.
40Véanse páginas 221 a 230 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
41 Véanse páginas 277 a 310 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
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Radicado: 54001-23-33-000-2019-00252-01 (2974-2024)
• Que, presentado el recurso de apelación, el 31 de enero de 2019 se confirmó la
decisión de declararlo disciplinariamente responsable, pero se varió el término
de la sanción de inhabilidad general.
En esta instancia se ratificó que el 18 de octubre de 2011 el investigado y el
abogado Eduardo Contreras Hernández celebraron un contrato de manera
verbal para que el segundo se constituyera en parte civil dentro del proceso
penal y, luego de ello, se adelantaron las actuaciones para concluir con la
celebración del contrato de prestación de servicios del 16 de noviembre de 2011,
con el mismo objeto; y que, con ello, se desconocieron las exigencias y etapas
establecidas por las normas que rigen la contratación estatal en Colombia.
Que, en efecto, la conducta se ejecutó con culpa gravísima; pero la sanción a
imponer debía ser menor, considerando como atenuante la ausencia de
antecedentes disciplinarios, por lo que la inhabilidad general se fijó en 10 años42.
Para el demandante, los actos sancionatorios desconocieron el debido proceso,
pues la facultad para declararlo disciplinariamente responsable había prescrito para
cuando se expidió y notificó la decisión de primera instancia.
Sobre este punto, cabe destacar que la prescripción de la acción constituye un
instituto jurídico liberador, en virtud del cual, por el transcurso del tiempo, cesa el
derecho que tiene el Estado, en ejercicio de su potestad disciplinaria, a imponer una
sanción43.
Respecto de su configuración, la Ley 200 de 1995, disponía en su artículo 34 lo
siguiente:
«Términos de la prescripción de la acción y de la sanción. La acción disciplinaria
prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará
a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la consumación y, desde
la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.
Parágrafo 1o. <Parágrafo INEXEQUIBLE>44
42 Véanse páginas 357 a 387 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
43 Noción que se extrae de la sentencia C-.244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz. En esta providencia se
examinó la constitucionalidad, entre otras, del parágrafo 1 del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que disponía
«[c]uando la prescripción ocurra una vez notificado en legal forma el fallo de primera instancia, el término
prescriptivo se prorroga por seis (6) meses más». En la sentencia se concluyó que ya la norma fijaba un plazo
razonable para que la autoridad disciplinaria adelantara su actuación y, en consecuencia, no había justificación
razonable para que dicho término se extendiera, en detrimento de los derechos del disciplinado a la definición
de su situación jurídica.
44 Sentencia C-244 de 1996. M.P. Carlos Gaviria Díaz: «Es que si el Estado no ejercita su potestad disciplinaria
dentro del término quinquenal señalado por el legislador, no puede después, invocando su propia ineficacia,
desinterés o negligencia, ampliar dicho lapso prescriptivo sin violar el derecho del infractor, de exigir una pronta
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Parágrafo 2o. La ejecución de la sanción disciplinaria prescribe en un término
de dos (2) años, contados a partir de la ejecutoria del fallo.
Estos términos prescriptivos se aplicarán a la acción disciplinaria originada en
conductas realizadas por los miembros de la fuerza pública».
En vigencia de esta disposición, la Subsección B de la Sección Segunda de esta
Corporación precisó que como el legislador no había señalado cuál era el acto que
interrumpía el término de prescripción, debía entenderse que la sanción se
consideraba impuesta cuando se hubiere expedido y notificado la decisión
disciplinaria y, si contra esta se interpusieron recursos, entonces cuando se
expidiera la decisión disciplinaria que los resolviera45.
En cualquiera de los dos supuestos, debía proferirse la decisión dentro de los 5
años desde la comisión de la falta o desde la ejecución del último acto, de acuerdo
con lo previsto en la ley.
En contra de esa providencia, la Procuraduría General de la Nación presentó
recurso de súplica, el cual fue conocido por la Sala Plena Contenciosa
Administrativa de esta Corporación que, en sentencia de unificación del 29 de
septiembre de 2009, revocó la decisión y acogió la tesis según la cual en tratándose
«(…) de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de manera
oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se expide y se
notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria, que es el
acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía gubernativa”46
(subrayas de la Sala).
Entre tanto, el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 reprodujo parcialmente el contenido
del artículo 34 de la Ley 200 de 1995, en el siguiente sentido (se cita la disposición
sin las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011):
«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último acto.
definición de su conducta. Es que la potestad sancionatoria no puede quedar indefinidamente abierta, hasta
cuando la autoriad (sic) respectiva la quiera ejercer, de ahí que el legislador haya establecido un límite en el
tiempo -5 años-».
45 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 23 de mayo de 2002, Rad.
76001233100019972204601 (17112), M.P., Jesús María Lemos Bustamante.
46 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de septiembre de 2009.
Radicado: 11001031500020030044201. C.P. Susana Buitrago Valencia.
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<Aparte tachado INEXEQUIBLE> En el término de doce años, para las faltas
señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo
55 de este código47.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de
ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique».
En vigencia de dicha norma, esta Corporación venía aplicando la posición de la Sala
Plena contenida en la citada sentencia de unificación, según la cual «(…) dentro
del término de los 5 años a que se refiere el artículo transcrito, la autoridad
disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el acto principal, esto
es, la decisión de primera o única instancia que interrumpe el término de
prescripción»48 (negrillas en el texto original).
Luego, el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 modificó el artículo 30 de la Ley 734
de 2002, diferenciando la caducidad de la prescripción de la acción disciplinaria, en
el siguiente sentido:
«Artículo 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. El artículo 30
de la Ley 734 de 2002, quedará así:
“La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la
ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o continuado
desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas cuando haya
cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
47 Corte Constitucional. Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
48 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 17 de octubre de 2019. Exp. 4891.16.
C.P. Gabriel Valbuena Hernández. En contra de esta decisión se interpuso acción de tutela y, en sentencia del
17 de abril de 2013 (Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sala de Conjueces. Sentencia del
Exp. 11001-03-15-000-2010-00076-00(AC). C.P. Álvaro Escobar Henríquez) fue revocada, señalando que se
omitió que al expedir el acto sancionatorio principal inicia la ejecutoria, periodo en el cual cabe la interposición
de los recursos de ley y que tener como impuesto el acto primigenio constituía por tanto una vía de hecho. No
obstante, en sentencia del 6 de marzo de 2014, al resolver la impugnación, la Sección Cuarta de esta
Corporación revocó la decisión del 17 de abril de 2013 (Sentencia del 6 de marzo de 2014. Exp. 11001-03-15-
000-2010-00076-03(AC). C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez), al concluir que los fallos de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado constituyen decisiones últimas, intangibles,
inimpugnables e inmodificables a través del mecanismo de la tutela, concluyendo que dichas características de
las providencias que profiera la Sala Plena impiden, por parte del juez de tutela, cualquier pronunciamiento de
fondo.
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juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple independientemente
para cada una de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique”».
Respecto del alcance de ambas instituciones –caducidad y prescripción–, la
Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 016 del 30 de noviembre de
2011, definiendo que el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 debía aplicarse, en
materia de prescripción, solamente respecto de los hechos ocurridos a partir del 12
de julio de 2011; y que, para su aplicación, «(…) se deberá entender que la acción
disciplinaria prescribe en cinco (5) años contados a partir del auto de apertura de la
investigación disciplinaria o del auto de citación a audiencia, según fuere el
procedimiento».
Lo anterior, luego de advertir que la expresión «auto de apertura de la acción»,
contenida en el inciso segundo del referido artículo 132, se venía interpretando sin
tener en cuenta la totalidad de la disposición y que su lectura armónica permitía
concluir que «(…) la apertura de la acción disciplinaria se da con el auto de apertura
de investigación, o con el de citación a audiencia en el procedimiento verbal. Que
con dichas providencias se formaliza la existencia de la investigación, dándole al
investigado la calidad de tal».
Ahora bien, en atención a que la prescripción de la acción disciplinaria depende de
si la falta fue instantánea o continuada, se pone de presente que la Corte
Constitucional en relación con la clasificación de las faltas disciplinarias ha
precisado lo siguiente:
«(…) 6.3.1. Retomando la clasificación de las faltas, se reseña la postura
establecida por la Procuraduría General de la Nación, institución que en el
ejercicio de su control disciplinario prevalente, ha ordenado los tipos
sancionatorios conforme “a las circunstancias modales y temporales en que se
presentan, como de: (…) iii) Instantáneas cuando la realización del
comportamiento descrito como ilícito se agota en un solo momento, es decir
cuando se exterioriza la acción o la omisión y, iv) Permanente o continuada,
cuando el comportamiento se prolonga en el tiempo, de manera que la
consumación de la falta se prolonga o perdura entre tanto dure la conducta”49.
Igualmente, el ente de control ha manifestado que “la conducta se puede agotar
49 Procuraduría General de la Nación, Dependencia: Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa; fallo del 20 de abril de 2007 Radicación Nº: 038- 05956-04. Disciplinado: Luís Enrique Rosales
Rocha; Cargo y Entidad: Coordinador Fondo de Prestaciones del Magisterio del Departamento de Guainía.
Quejoso: Informe Servidor Público. Fecha de Queja: Agosto 24 de 2004. Fecha hechos: Octubre 29 de 2003;
Asunto: Providencia por medio de la cual se modifica un fallo sancionatorio de primera instancia. (Artículo 171
de la ley 734 de 2002).
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con una única actividad que despliegue el autor en un solo momento o, por el
contrario, se suceda durante un periodo de tiempo y solo al cabo del mismo
puede decirse que el hecho se ejecutó”50»51 (subrayado de la Sala).
Esto significa que, en las faltas disciplinarias instantáneas, la infracción del deber
funcional se agota en un solo momento; mientras que en las faltas disciplinarias
continuadas hay una unidad de conducta que genera una afectación al deber que
se prolonga en el tiempo hasta que cesa la circunstancia de ilegalidad generadora
de dicha infracción52.
En el caso concreto, los hechos objeto de investigación ocurrieron el 18 de octubre
de 2011, cuando, en términos de la demandada, el señor Henry Manuel Valero
Peinado celebró un contrato verbal de prestación de servicios con el abogado Edgar
Eduardo Contreras Hernández. Esto quiere decir que se trata de una conducta de
tipo instantáneo y sobre la cual deben estudiarse los términos de caducidad y de
prescripción a la luz de la modificación que el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011
introdujo al artículo 30 de la Ley 734 de 2002.
Según lo anterior, la autoridad disciplinaria tenía hasta el 18 de octubre de 2016
para abrir la investigación disciplinaria y, abierta esta, contaba con 5 años para
expedir y notificar la decisión de primera instancia. En el caso concreto, se observa
que el auto que abrió la investigación data del 17 de mayo de 2016, lo que significa
que no se configuró la caducidad y que la demandada tenía hasta el 17 de mayo de
2021 para expedir y notificar el acto principal, lo que ocurrió el 14 de diciembre de
201853, por lo cual la prescripción tampoco se configuró.
El demandante señaló que el término debía contarse a partir de la apertura de la
indagación preliminar, por tratarse del acto con el que inicia la acción disciplinaria;
no obstante, de conformidad con el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 esta es una
actuación optativa, que tiene lugar cuando el operador disciplinario tiene dudas
acerca de la procedencia de la investigación disciplinaria o sobre la identificación o
la individualización del autor de una posible falta de tal naturaleza. De este modo,
solo se adquiere la calidad de investigado cuando se procede de conformidad con
el artículo 152 de la misma Ley y es por ello que, en la citada directiva de la
Procuraduría General de la Nación se aclaró cuál es el acto procesal que marca la
interrupción del término de caducidad y el inicio del de prescripción.
50 Despacho de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios María Leonor Rueda Rueda. Bogotá, D.C.,
17 de Julio de 2006 respuesta a consulta PAD C-214-06.
51 Corte Constitucional. Sentencia T-282A de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
52 Consejo De Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 04 de junio de 2020. Exp. 3965-2018.
C.P. William Hernández Gómez.
53 Véase página 323 del archivo 19 del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI.
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En consecuencia, el cargo de nulidad referido a la prescripción de la acción
disciplinaria no está llamado a prosperar.
También se afirmó que los actos administrativos incurrieron en nulidad por
desconocimiento de las normas en que debían fundarse, porque se aplicaron de
manera indebida los artículos 410 de la Ley 599 de 2000 y 39 y 41 de la Ley 80 de
1993 y se dejaron de aplicar los artículos 77 y 82 del Decreto 2474 de 2008 que,
para la fecha de los hechos, reglamentaban la contratación directa.
Sobre este punto, cabe destacar que los artículos 39 y 41 regulan la forma y el
perfeccionamiento de los contratos estatales, en el siguiente sentido:
«Artículo 39. De la forma del contrato estatal. Los contratos que celebren las
entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a
escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del
dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles
y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban
cumplir con dicha formalidad.
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la
preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos
estatales.
(…)
» Artículo 41. Del perfeccionamiento del contrato. Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y
éste se eleve a escrito.
Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia
de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de
la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con
lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista
deberán acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena,
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
Los contratos estatales son intuito personae (sic) y, en consecuencia, una vez
celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad
contratante.
En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de
esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de
éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante, deberá dejarse
constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.
A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior,
la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la
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ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será
determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que
tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno y, a falta de éste, por un
perito designado por las partes.
Parágrafo 1o. El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de
este artículo, (sic) deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado
del contrato estatal.
El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que
se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente» (subrayas de la Sala).
De acuerdo con las citadas normas, los contratos que celebren las entidades a las
que se refiere el artículo 254 de la misma ley deben constar por escrito; exigencia
que no distingue entre los contratos enlistados en el artículo 3255 de dicho estatuto,
los que provengan de la normativa civil y comercial –dentro de los que se encuentra
el de mandato, al que se refirió el demandante–, los atípicos o los innominados.
Unos y otros, para su perfeccionamiento, deben cumplir con la referida formalidad.
Por otra parte, el artículo 410 de la Ley 599 de 2000, disposición con fundamento
en la cual se realizó la adecuación típica en la actuación disciplinaria, consagra
como tipo penal la celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos
legales esenciales, en los siguientes términos:
«Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor
público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin
observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin
verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro
(64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta
y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes,
e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta
54 Ley 80 de 1993. «Artículo 2. De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos
efectos de esta ley:
1o. Se denominan entidades estatales:
a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las
áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los
establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía
mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades
descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública
mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.
(…)».
55 Ley 80 de 1993. «Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así
como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:
(…)». La disposición se refiere a los siguientes contratos: obra, consultoría, prestación de servicios, concesión,
encargo fiduciario y fiducia pública. Esta misma norma se refiere a aquellos contratos que provengan del
derecho privado, de disposiciones especiales o aquellos que se celebren en ejercicio de la autonomía de la
voluntad, supuesto en el que se ha entendido que caben los contratos atípicos y los innominados.
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(80) a doscientos dieciséis (216) meses» (subrayas de la Sala).
La autoridad disciplinaria concluyó que el señor Henry Manuel Valero Peinado
incurrió en una falta disciplinaria gravísima, según lo señalado en el numeral 1 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002, complementando el tipo disciplinario con el
referido delito, luego de constatar que, pese al acto de apoderamiento del 18 de
octubre de 2011, el referido servidor, en su condición de alcalde de Puerto
Santander, no cumplió con las formalidades de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de
1993, concluyendo que entre el investigado y el abogado medió la celebración de
un contrato verbal, por oposición a la exigencia escrita del Estatuto General de
Contratación de la Administración Pública.
Para la Procuraduría, tan contraria a la normativa contractual resultó dicha práctica,
que se acreditó la posterior celebración de un contrato de prestación de servicios
con el mismo objeto del apoderamiento, esto es, que el abogado se constituyera en
parte civil en el proceso penal nro. 163.607 y, en tal calidad, representara los
intereses del municipio56.
No observa la Sala, en lo dicho, que las disposiciones que sirvieron para determinar
la responsabilidad disciplinaria del demandante se hubiesen aplicado en forma
indebida, pues, advertido que el negocio jurídico previo al acto de apoderamiento
no cumplió con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el
comportamiento sancionable correspondía a la estructura del tipo penal sobre el
cual se formuló el cargo disciplinario y se impuso la sanción que es objeto de
demanda.
Tampoco se configura el cargo de nulidad por la no aplicación de los artículos 77 y
82 del Decreto 2474 de 2008 (respecto de los cuales la causal de nulidad alegada
se configuraría en la forma de falta de aplicación), pues estos se refieren al acto
administrativo para justificar la contratación directa –artículo 77– y a la procedencia
de celebrar contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a
determinadas personas naturales –artículo 82–, teniendo en cuenta que, por la
estructura de la falta disciplinaria y el cargo formulado no había lugar a analizar.
La conclusión de la autoridad disciplinaria fue la celebración de un contrato sin el
cumplimiento de los requisitos legales esenciales. Esto significa que, concluido el
56 Recuérdese que el acto de apoderamiento data del 18 de octubre de 2011 (véase página 74 del archivo 19
del expediente digital, disponible en el índice 00002 de SAMAI) y el contrato de prestación de servicios se
celebró el 16 de noviembre del mismo año (Véanse páginas 100 a 103 del archivo 19 del expediente digital,
disponible en el índice 00002 de SAMAI).
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periodo probatorio, no se acreditó que, previo al poder otorgado el 18 de octubre de
2011, existiese un contrato con las formalidades exigidas por la norma contractual.
En ausencia de ello, esto es, del escrito en el que se plasmara el acuerdo de las
partes sobre el objeto y la contraprestación, no había lugar a analizar los elementos
precedentes relacionados con la modalidad de selección, donde habría tenido lugar
algún pronunciamiento en relación con los artículos 77 y 82 del Decreto 2474 de
2008.
En síntesis, no encuentra la Sala que las decisiones disciplinarias se hubiesen
expedido vulnerando el debido proceso o incurriendo en violación de las normas en
que debían fundarse y, por tanto, lo procedente es revocar la sentencia apelada y,
en su lugar, negar las pretensiones.
De la condena en costas en ambas instancias
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202157 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del Código General del
Proceso58, y observando los argumentos esbozados por la parte demandante en
sus distintas intervenciones, no se presenta tal supuesto en ninguna de las
instancias; por el contrario, manifestó argumentos razonables en defensa jurídica
de sus intereses.
En consecuencia, no se condenará en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
57 «Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal».
58 «Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias».
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FALLA
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el catorce (14) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En su lugar
NEGAR las pretensiones.
Segundo. Sin condena en costas en ambas instancias.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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