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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02363-02

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02363-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, en el expediente 110010325000201900609 00 (4735-2019), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente www.consejodeestado.gov.co 10 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 25000-23-42-000-2018-02363-02 (2620-2023) Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02363-02

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

14 de mayo de 2026

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02363-02 (2620-2023)
Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02363-02 (2620-2023)
Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez
Demandado: Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992
Decisión: Revoca numeral primero para estarse a lo resuelto y confirma
en lo demás. Con condena en costas

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de
septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda

2. La parte demandante solicitó la nulidad del acto ficto o presunto que se
configuró como consecuencia del silencio administrativo negativo de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, ante el derecho de
petición presentado el 29 de agosto de 2017.

3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] 1.3. [...]
RESTABLECER EL DERECHO de mi poderdante y PAGAR las diferencias
pecuniarias negadas en el acto administrativo impugnado, derivadas de la
reliquidación salarial y prestacional solicitada. Teniéndose en cuenta dentro del
salario: el 100% de la remuneración mensual, sin la disminución que se ha venido
realizando por cuenta del pago de la prima especial a la que igualmente ha tenido

1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos

relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso. De otro lado, mediante proveídos del 9 de abril del año en curso entre otros procesos
dentro de los radicados 0276-2023, 2102-2021, 2526-2025,2694-2023, 6334-2018 la sala declaró infundado
el impedimento manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves por la causal de pleito pendiente,
tras considerar frente a un proceso en curso que «si bien existe coincidencia entre las partes, no integran
el mismo extremo procesal en uno y otro proceso; no coincide el medio de control bajo el cual se tramitan ni
la causa y objeto que se examina en ellos». Asimismo, se advierte que mediante providencia del 15 de
febrero de 2024- índice 12 de Samai-, fue aceptado el impedimento manifestado por el doctor Jorge Iván
Duque Gutiérrez.

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Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez

derecho, así como las diferencias prestacionales resultante de pagar en debida
forma el salario que ha sido objeto de disminución […]. 1.5. En Io sucesivo y para
todos los efectos legales, se liquide la nómina de mi poderdante con la totalidad
del 100% de su asignación salarial junto con las repercusiones de reliquidación
de prestaciones sociales que ello implique, sin que el pago de salarios se vea
mermado por el pago de la prima especial de que trata el Articulo 14 de la Ley 4
de 1992 que, a su vez, debe ser liquidada y pagada por separado respecto del
sueldo mensual».2

Hechos que fundamentan la demanda

4. La demandante se ha desempeñado al servicio de la Rama Judicial como
juez de la República, desde el «25 de noviembre de 2008».3

5. Elevó petición ante la entidad demandada el 29 de agosto de 2017,4
solicitando se le reconociera y reliquidara sus prestaciones con el 100% de su
asignación, a la que se le ha descontado el 30% de la prima especial de servicios.
La cual fue resuelta de manera negativa mediante el acto demandado.

Fundamentos de derecho

6. Para el abogado de la parte actora, la decisión enjuiciada vulneró los artículos
13, 53, 136, 150 y 209 de la Constitución Política; y 14 de la Ley 4 de 1992.

7. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que la Rama Judicial como
nominador de los jueces y magistrados, aplicaron año a año la indebida previsión
del Gobierno nacional tendiente a considerar que el 30% del salario correspondía
a la prima especial, cuando lo acertado era entender aquel 30% de su asignación
básica, constituía referencia para la liquidación de dicho emolumento, sin que ello
implicara disminución de la base salarial de los servidores.

Contestación de la demanda

8.Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda 5, se
opuso a todas las pretensiones al señalar que en virtud de lo establecido en la
Ley, la potestad para fijar los estipendios salariales y prestacionales de los
servidores públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno nacional, sin
que la entidad demandada tome parte funcional en este proceso.

9. Finalmente, propuso como excepciones las de «imposibilidad presupuestal
de reconocer los derechos reclamados por el actor al encontrarse en servicio
activo», «integración de litis consorcio necesario», «prescripción» e innominada.

2 Transcripción literal del acápite de pretensiones 1.3. y 1.5. Folios 11 y 12 del expediente.
3 Así se indica en el hecho 2.1. de la demanda. Folio 12 del expediente.
4Folios 2-9 del expediente.
5 Folios 78-82 del expediente.

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Sentencia de primera instancia

10.Mediante sentencia del 30 de septiembre de 20216, aclarada mediante
providencia del 31 de octubre de 20227 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las súplicas de la demanda.

11. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que la prima especial de
servicios, de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, es una prestación social
equivalente al 30% del salario básico y es adicional al 100% de este.

12. Asimismo, precisó que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial, y que en ningún caso su reconocimiento podrá traducirse en una
superación del tope máximo de remuneración fijado por el Gobierno nacional.

13. Determinó que en el presente caso operó la prescripción trienal sobre las
diferencias causadas con anterioridad al 29 de agosto de 2014, toda vez que la
petición de reconocimiento se hizo el día 29 de agosto de 2017.

14. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en la sentencia del 2 de septiembre
de 20198, declaró probada parcialmente la excepción de prescripción de lo
reclamado con antelación al 29 de agosto de 20149, anuló el acto demandado y,
a título de restablecimiento del derecho, dispuso:

CUARTO: […] RECONOCER Y PAGAR […] las prestaciones sociales liquidadas
sobre el 100% del salario y la prima especial de servicio que corresponde a un 30%
adicional desde el pago de esta sentencia y hasta tanto funja o haya fungido en
alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, frente a la
Rama Judicial. Así como la diferencia existente entre lo recibido y lo que debió
percibir por concepto de: ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base
del salario básico que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación, con la
correspondiente afectación de las prestaciones sociales desde el 29 de agosto de
2014 y hasta tanto se pague efectivamente esta providencia. Sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad,
debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia10.

Recurso de apelación

15. El apoderado de la parte demandada recurrió en apelación11 la sentencia de
primera instancia, señalando que el Tribunal de instancia decidió condenar a la
demandada a reconocer la prima especial con carácter salarial, teniéndose en
cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación. No obstante, señaló que
revisada la demanda como la petición en sede administrativa, se evidencia que

6 Folios 93-99 del expediente.
7 Folios 111-112 del expediente.
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen
Anaya De Castellanos (Conjuez). Así lo dispuso en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia.
9
Así lo dispuso en el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
10
Numeral aclarado mediante providencia del 31 de octubre de 2022.
11 Folios 103-106 del expediente.

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Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez

la parte actora no solicitó el ajuste de los aportes a pensión, con la inclusión del
30% de la prima en mención, razón por la cual existe incongruencia de la
sentencia.

16. Conforme a lo anterior, la sentencia objeto de impugnación se encuentra
viciada por una clara violación del principio de congruencia, toda vez que se
decidió extra petita, por lo que el a quo no respetó el límite de sus facultades
legales para administrar justicia.

17. Finalmente, señaló que no cuenta con la apropiación presupuestal para cubrir
con el reajuste de las acreencias laborales que se solicitan por parte de la
demandante.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

18.Por auto del 8 de agosto de 2023,12 se admitió el recurso de apelación.
Igualmente, mediante providencia del 7 de noviembre de 202313 se corrió traslado
para alegar.

19.La parte demandada14 presentó alegatos de conclusión, sustentando los
mismos argumentos del recurso de apelación.

20. El Ministerio Público rindió concepto15, en el que señaló que no se configura
la incongruencia alegada por la entidad apelante, en la medida en que las
pretensiones de la demandante se orientan al reconocimiento de las diferencias
pecuniarias negadas en el acto administrativo impugnado, derivadas de la
reliquidación salarial y prestacional solicitada con fundamento en el 100% de la
remuneración mensual, sumada a la prima especial prevista en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992. De otro lado, en cuanto a la inexistencia de apropiación
presupuestal, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han señalado que
la falta de disponibilidad presupuestal no constituye una excusa válida para
desconocer una sentencia judicial ejecutoriada. En consecuencia, solicita
confirmar la sentencia impugnada.

21. La parte demandante guardó silencio.

22. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

12 Índice 35 de SAMAI.
13 Índice 42 de Samai.
14 Índices 43 de Samai.
15
índice 42 de Samai.

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Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez

II. CONSIDERACIONES

Competencia

23. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo16, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.

Problema jurídico

24.Le corresponde a la Sala establecer si la demandante tiene derecho a que se
hagan los aportes a pensión con base en el 100% de su asignación o si por el
contrario el a quo concedió más de lo pedido vulnerando el principio de
congruencia de la sentencia.

25.Asimismo, si existe una imposibilidad presupuestal por parte de la
demandada para efectuar el pago de lo pretendido por la actora.

26.Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes
aspectos: 1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y el precedente jurisprudencial, y 2. Caso concreto.

La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992

27. La Ley 4 de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial17 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».

16 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
17 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de

junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

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28. En cumplimiento del mandato anterior, el Gobierno nacional desde 1993 ha
expedido anualmente los decretos salariales de los servidores públicos. Sin
embargo, aquellos emitidos entre los años 1993 y 2007, fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, el 29 de
abril de 201418 bajo el argumento de que «de acuerdo con los criterios
establecidos en la ley marco, esto es la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno
Nacional contravino los criterios fijados por el legislador con la expedición de los
decretos demandados, pues como se pudo observar, el literal a) del artículo 2°
de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían desmejorar
los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al
haber mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón
suficiente para determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como
para declarar su nulidad».

29.Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201919, respecto de la prima
especial de servicios determinó lo siguiente:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía,
Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un
incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la fiscalía general de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30
% que había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de
1969.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:

11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen

Anaya De Castellanos (Conjuez).

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30.Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
11 de julio de 202320, 5 de septiembre de 202321, 5 de diciembre de 202322, 6 de
agosto de 202423 y 18 de diciembre de 202424.

31. En la misma línea, esta corporación, mediante sentencia del 9 de abril de
2024,25 declaró la nulidad de los decretos salariales de los servidores públicos
proferidos entre los años 2008 y 2018. En efecto, bajo idéntico criterio, se insistió
en que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser deducido del
salario».

Hechos probados

32.Dentro del proceso se encuentra probado que la demandante ha prestado
sus servicios a la Rama Judicial como juez penal municipal y del circuito, así: del
14 de enero de 2008 al 30 de abril de 2008, del 25 de noviembre de 2008 al 16
de diciembre de 2008, del 2 de marzo de 2009 al 1 de abril de 2009, del 4 de
mayo de 2009 al 18 de diciembre de 2009, del 23 de junio de 2010 al 17 de agosto
de 2010, del 24 de agosto de 2010 al 14 de septiembre de 2010, del 21 de
septiembre de 2010 al 30 de septiembre de 2010, del 5 de abril de 2011 al 30 de
septiembre de 2018 y del 13 de febrero de 2020 en adelante, sin que a la fecha
de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del servicio.26

33.Que ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo
que arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario
como las prestaciones sociales.27

34. Que el 29 de agosto de 2017,28 le solicitó a la demandada el reajuste de su
salario y prestaciones sociales con ocasión del 30% que se tenía en cuenta como
prima especial, de la cual obtuvo respuesta negativa mediante el acto
administrativo demandado.

Caso concreto

35. En el recurso de alzada la entidad demandada afirma que la sentencia de
primera instancia vulneró el principio de congruencia, pues condenó al pago del

20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:

25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023.

Radicación: 73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023.

Radicación: 250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:

250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:

25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:

11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
26Folio 77 del expediente. La certificación fue expedida el 28 de enero de 2021.
27Folio 79 y como se desprende del escrito de contestación de la demanda.
28Folios 2-9 del expediente.

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02363-02 (2620-2023)
Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez

reajuste de la pensión de jubilación, pretensión que no fue solicitada por la
demandante.

36. Al respecto, se tiene que los supuestos que dan lugar a la incongruencia de
la sentencia se verifican cuando al demandado se le condena por cantidad
superior a la pedida (“ultra petita”), o por objeto distinto del pretendido en la
demanda o por causa diferente a la invocada en la misma (“extra petita”), o
cuando se omite el pronunciamiento sobre una de las pretensiones (“minus
petita”)29.

37. Ahora bien, una de las garantías del debido proceso consiste en el límite que
tiene la judicatura de no introducir sorpresivamente alegaciones o cuestiones de
hecho, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna
defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las
personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de
principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio
procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez de manera
que lo resuelto guarde identidad jurídica con las peticiones y excepciones
propuestas por las partes en el marco del litigio, salvo que la ley otorgue
facultades oficiosas al juez30. Cuando se supera este marco de operatividad se
produce el quebrantamiento del principio de congruencia.

38. Revisado el expediente, la Sala encuentra que en las pretensiones de la
demanda la parte actora solicitó: «Teniéndose en cuenta dentro del salario: el
100% de la remuneración mensual, sin la disminución que se ha venido
realizando por cuenta del pago de la prima especial a la que igualmente ha tenido
derecho, así como las diferencias prestacionales resultante de pagar en debida
forma el salario que ha sido objeto de disminución». Asimismo, se advierte que
bajo los mismos términos fue solicitado ante la entidad demandada.

39. Así las cosas, se debe precisar que los aportes pensionales constituyen un
derecho imprescriptible e irrenunciable31 a favor del trabajador y por virtud de
lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios.

29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión No. 22,

sentencia del 2 de febrero de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2015-02342-00, C.P. Alberto Yepes
Barreiro.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-03-25-000-2013-01223-00(3095-13), C.P. César Palomino
Cortés; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación: 11001-03-26-
000-2019-00001-00 (63.104), C.P. María Adriana Marín.
31
La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».

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Radicación: 25000-23-42-000-2018-02363-02 (2620-2023)
Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez

40. En consecuencia, la Sala considera que tanto en la reclamación
administrativa como en las pretensiones de la demanda se solicitó «las
diferencias prestacionales resultantes de pagar en debida forma el salario que ha
sido objeto de disminución», en ese orden de ideas, se entiende que dentro del
concepto de «prestaciones sociales» están inmersos los aportes pensionales,
pues son el insumo para el reconocimiento de la pensión y ello justifica el
pronunciamiento judicial en esa materia. Máxime que los aportes a Seguridad
Social en Pensión están íntimamente relacionados con el restablecimiento del
derecho.

41. En este orden de ideas, se encuentra probado que la Rama Judicial ha
restado la prima especial de servicios del 100% del salario, en aplicación de una
interpretación equivocada de los decretos expedidos por el Gobierno nacional, a
través de los cuales se desarrolló el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, por lo que
la asignación básica y las prestaciones devengadas por la actora se liquidaron
sobre un 70% de aquel. Lo anterior, con la precisión que la prima especial de
servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para liquidar
las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión, por lo que no tiene
vocación de prosperidad el cargo alegado por la entidad demandada.

42. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero, en cuanto dispuso
«Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en la
sentencia de unificación jurisprudencial proferida el día 02 de septiembre del
2019,[…]», en tanto, no corresponde a una providencia de nulidad de actos
administrativos, sino a un precedente invocado en el fallo para resolver el caso
concreto. Así las cosas, en su lugar se ordenará estarse a lo resuelto en la
sentencia del 9 de abril de 202432, proferida por esta Corporación que declaró la
nulidad de los decretos salariales emitidos entre el 2008 y 2018, en el sentido de
entender que la prima especial es una adición al salario.

43. Finalmente, frente al argumento de la demandada de que está en
imposibilidad presupuestal para reconocer el reajuste ordenado, es del caso
señalar que el derecho que le asiste a la actora no puede estar condicionado al
trámite administrativo que la accionada deberá adelantar ante el organismo
correspondiente para que se asigne el rubro destinado al cumplimiento de la
sentencia judicial, so pena de desconocer el núcleo esencial del debido proceso
y el Estado Social de Derecho.

44.De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, en el
expediente 110010325000201900609 00 (4735-2019); y ii) se confirmará en lo
demás la sentencia apelada.

32 Proceso 110010325000201900609 00 (4735-2019).

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Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez

Condena en costas

45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

48. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

49.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 9 de abril de 2024, en el
expediente 110010325000201900609 00 (4735-2019), de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 30 de septiembre de
2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente

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Demandante: Paula Catalina Leal Álvarez

de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Con impedimento

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.

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