Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02497-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 25000-23-42-000-2018-02497-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02497-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02497-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2018-02497-01 (0476-2026)1
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandado: Nación – Ministerio de Cultura
Vinculada: Universidad Pedagógica Nacional
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Relaciones laborales encubiertas
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en
contra de la sentencia del Diecisiete (17) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda.
1.1. Pretensiones2
1. La señora Tilcia Vergel Bermúdez acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de
la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de obtener, en primer lugar, la declaratoria de
existencia del “contrato realidad” entre la Nación-Ministerio de Cultura y la demandante,
1
Expediente digital.
2
Folios 207 y siguientes del expediente físico
2
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
toda vez que, se configuraron los elementos de una relación laboral y no una simple
relación contractual por prestación de servicios y por tanto, en segundo término,
declarar la nulidad del oficio No. 110-0426-2018, del 18 de mayo de 2018, suscrito
por el Secretario General del Ministerio de Cultura y a través de cual le negó el
reconocimiento y pago de prestaciones sociales y demás emolumentos derivados
de la relación laboral encubierta que sostuvo con la entidad por más de ocho años,
entre el 31 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2017.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento del
derecho, solicitó que: (i) se declare la existencia de una relación laboral encubierta
entre la demandante y la Nación – Ministerio de Cultura; (ii) se condene a la
demandada al pago de las prestaciones sociales a su cargo, entre ellas la prima de
navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, vacaciones, cesantías, intereses
a las cesantías, auxilio de transporte y demás indemnizaciones a que haya lugar;
(iii) asimismo, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones por todo el tiempo laborado; (iv) el reconocimiento y pago, a título
indemnizatorio, de los valores causados por concepto de licencia de maternidad por
el tiempo en el que a la accionante le fue suspendido el contrato debido a su estado
de embarazo y, finalmente (v) la indexación de las sumas reconocidas y las costas
procesales y agencias en derecho.
1.2. Los hechos
3. En el escrito de demanda3 se precisó que, la demandante fue contratista de la
entidad demandada entre el 31 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2017,
prestando sus servicios como profesional de apoyo jurídico para adelantar las
etapas correspondientes en los convenios y contratos de la entidad hoy demandada.
4. Al ejecutar los contratos de prestación de servicios se constituyeron todos los
elementos de una relación laboral establecidos en el artículo 22 del Código
Sustantivo del Trabajo y la jurisprudencia de las altas cortes.
5. A la demandante, como contraprestación a sus servicios, se le pagaron las sumas
pactadas en los contratos de prestación de servicios, lo que consideró que se
asimilaba al salario. De igual forma se le impartían órdenes referentes al tiempo,
3
Folios 207 y siguientes del expediente físico.
3
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
modo y lugar en los que debía ejecutar sus labores y cumplía con un horario de
trabajo desde las 8 a.m. a las 5 p.m., con una hora para tomar almuerzo y en
ocasiones, cuando debía completar las tareas asignadas, la jornada podía
extenderse del horario determinado.
6. La contratista prestó sus servicios al grupo de contratos y convenios y cumplía
con actividades similares a las del cargo de profesional especializado código 2028
grado 17, las cuales eran desarrolladas dentro de las instalaciones del Ministerio,
con uso de los bienes y elementos suministrados por la entidad. Además, recibió
órdenes en igualdad de condiciones que el personal de planta, participó en
capacitaciones y para ausentarse requería autorización por parte de su jefe o
superior.
7. Las actividades que ejecutaba eran funciones permanentes y obligatorias del
Ministerio relacionadas con la celebración de contratos y convenios, por lo que no
se trataba de actividades temporales. De igual manera expuso que, en su caso, la
figura de jefe o superior la ostentaba la coordinación del área de contratos y
convenios de la Secretaría General del Ministerio.
8. Narró que, para las vigencias 2016 y 2017 suscribió dos contratos de prestación
de servicios para el apoyo en aspectos jurídicos para los temas asociados a
contratos y convenios, así como en ejercicio del contrato interadministrativo No.
0287/2016 suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Universidad Pedagógica
Nacional; pero la relación la continuó directamente con el Ministerio.
9. La modalidad de contratación permitió encubrir la relación laboral con un contrato
de prestación de servicios para evitar el reconocimiento y pago las cotizaciones a
seguridad social y las prestaciones sociales.
10. La demandante solicitó al Ministerio, el 4 de mayo de 2018, el reconocimiento
de la existencia de la relación laboral, con el consecuente pago de los derechos
laborales y prestacionales por todo el tiempo que laboró. Petición que fue negada
por el Ministerio de Cultura a través del acto administrativo aquí demandado.
1.3. Concepto de la violación
4
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
11. Alegó que, los actos administrativos enjuiciados violaron los artículos 1, 13, 25,
38, 39, 40, 53 y 125 de la Constitución Política; la Ley 80 de 1993 y los Decretos
2400 de 1998 y 3074 de 1968.
12. Manifestó que, el acto administrativo acusado desconoció que la relación
sostenida con el Ministerio de Cultura se desarrolló bajo condiciones de prestación
personal del servicio, continuidad y subordinación, lo que, en su criterio, impone la
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades y, por
ende, el reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes.
13. En su sentir, el ministerio desatendió los presupuestos del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, en tanto las labores desempeñadas no tenían carácter temporal ni
excepcional, sino que correspondían al ejercicio de funciones permanentes de la
entidad, análogas a las asignadas al cargo de profesional especializado código 2828
grado 17 adscrito al grupo de contratos y convenios, particularmente aquellas
relacionadas con la atención de consultas jurídicas, el trámite y revisión de
actuaciones precontractuales, contractuales y poscontractuales, así como la
revisión de liquidaciones, garantías y participación en reuniones institucionales.
14. Finalmente, adujo que se desnaturalizó la contratación estatal, pues se configuró
una verdadera relación laboral encubierta que se extendió por más de siete años.
1.4 Contestación de la demanda4
1.4.1. Nación – Ministerio de Cultura
15. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, al sostener que
la vinculación contractual se ajustó a lo previsto en el numeral 3 del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993, al tratarse de contratos de prestación de servicios celebrados
para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración y
funcionamiento de la entidad, caracterizados por la autonomía e independencia del
contratista, circunstancias que excluyen la configuración de una relación laboral.
16. Precisó que, en ejercicio de sus deberes legales, la entidad efectuó seguimiento
permanente a la ejecución contractual mediante la supervisión, entendida como el
4
Folios 239 y siguientes del expediente físico.
5
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
control del cumplimiento de las obligaciones pactadas en sus aspectos técnicos,
administrativos, financieros, contables y jurídicos, sin que ello implicara
subordinación.
17. Afirmó que, entre las partes existió una relación de coordinación de actividades,
en virtud de la cual la contratista atendía lineamientos necesarios para la adecuada
ejecución del objeto contratado y presentaba informes de gestión, aspectos que, a
su juicio, no desvirtuaron la naturaleza del vínculo ni configuraron dependencia
laboral. Añadió que los pagos realizados correspondieron exclusivamente a los
honorarios estipulados contractualmente.
18. Propuso las excepciones de inexistencia de los elementos que configuran un
presunto “contrato realidad”, cobro de lo no debido y prescripción, al considerar que,
para la fecha de presentación de la demanda, había transcurrido el término legal
para reclamar, dado que la vinculación contractual de la actora con el Ministerio
finalizó en el año 2015.
1.4.2. Universidad Pedagógica Nacional5
19. El ente universitario también su opuso a las pretensiones de la demanda, para
lo cual sostuvo que las vinculaciones de la actora durante las vigencias 2016 y 2017
no configuraron los elementos propios de una relación laboral subordinada.
Además, que una eventual declaratoria de existencia de relación laboral respecto
de dicho periodo resultaría improcedente, por desconocer el principio de
congruencia y dar lugar a una decisión extra petita.
20. Indicó que, aunque la prestación personal del servicio y la remuneración son
elementos comunes tanto al contrato laboral como al contrato de prestación de
servicios, en el proceso no se acreditó subordinación o dependencia, pues la
relación existente fue de coordinación de actividades, mediada por la supervisión
contractual prevista como mecanismo de control para garantizar la adecuada
ejecución de los recursos públicos.
21. Agregó que la vinculación de Tilcia Vergel Bermúdez mediante contratos de
5
Entidad vinculada por el Tribunal como litis consorte necesario, mediante auto del 15 de septiembre de 2021, visible a folio
279 del expediente físico.
6
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
prestación de servicios se encontraba jurídicamente habilitada, al enmarcarse en
los proyectos de Servicios Académicos Remunerados (SAR) 10216 y 10217,
derivados de contratos interadministrativos suscritos entre el Ministerio de Cultura y
la Universidad.
22. Concluyó precisando que, la prestación del servicio se desarrolló en las
instalaciones del Ministerio de Cultura y ningún funcionario de la Universidad ejerció
dirección sobre la demandante, salvo lo relacionado con la supervisión contractual,
razón por la cual alegó falta de legitimación en la causa por pasiva.
1.5. La sentencia de primera instancia
23. En la sentencia del Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024)6, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F”, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Tilcia
Vergel Bermúdez, sin condena en costas. Al respecto, en la parte resolutiva del fallo
se dispuso:
“PRIMERO. - DECLÁRASE PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN
MATERIAL POR PASIVA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. - DECLÁRASE la nulidad del Oficio núm. Oficio núm. 110-0426-2018 del 18
de mayo de 2018, suscrito por el secretario general del Ministerio de Cultura, que negó la
existencia de la relación laboral y el consecuente pago de los derechos prestacionales
derivados de esta.
TERCERO.- Como consecuencia de la declaración anterior y a título de restablecimiento del
derecho, CONDÉNASE al Ministerio de Cultura a reconocer y pagar a favor de la señora
Tilcia Vergel Bermúdez, identificada con cédula de ciudadanía núm. 37.394.931, todos los
emolumentos salariales y prestacionales que cuenten con fuente legal y que devenga un
empleado de planta que desempeñe el cargo de Profesional Especializado Código 2028
Grado 17 adscrito al Grupo de Contratos y Convenios, teniendo como parámetro de
liquidación el valor de los honorarios mensuales pactados entre las partes en cada uno de
los contratos, ello desde el 31 de marzo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2017, salvo
interrupciones y suspensiones.
Las sumas que resulten a favor de la parte actora, se ajustarán en su valor dando aplicación
a la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final
Índice inicial
En donde el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el
valor correspondiente a las prestaciones dejadas de pagar, por el guarismo que resulta de
dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió hacerse
el pago).
6
Índice 00067 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
7
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
CUARTO. - CONDÉNASE al Ministerio de Cultura, a realizar los aportes a pensión a favor
de la señora Tilcia Vergel Bermúdez, ya identificada, en el porcentaje que le correspondía
en condición de empleador con base en el valor pactado en cada uno de los contratos de
prestación de servicios. Para tal efecto la parte actora deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al Sistema de Seguridad Social en el periodo ordenado; con base en lo anterior, la
entidad deberá establecer los porcentajes de cotización omitidos informando a la accionante
los pagos que adeuda y si a ello hay lugar una vez la demandante demuestre haber
efectuado la totalidad de los aportes a su cargo la entidad condenada efectuará la cotización
al fondo de pensiones por el monto que le correspondía.
QUINTO. - DÉSE cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
SEXTO. - NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda. Sin condena en costas en
esta instancia.
SÉPTIMO. - Sin condena en costas.
OCTAVO. - En firme esta sentencia, por la Secretaría de la Subsección liquídense los gastos
procesales, devuélvase a la parte demandante el remanente si lo hubiere y procédase al
archivo del expediente, previas las anotaciones y constancias que correspondan.”
24. Para resolver los cargos planteados en la demanda, el A-quo empezó por
advertir que, en la ejecución contractual de la demandante existieron dos fases: fase
1 en la que fue contratada directamente con el Ministerio de Cultura entre el 31 de
marzo de 2009 y el 31 de marzo de 2016; y una segunda fase, contratada por la
Universidad Pedagógica en virtud del Convenio Interadministrativo No. 474 de 2017,
celebrado entre el ente universitario y el Ministerio de Cultura, entre el 1 de abril de
2016 al 31 de diciembre de 2017. Los que para el Tribunal correspondieron a
“actividades de apoyo a la gestión en materia contractual para la verificación del
cumplimiento de requisitos en la materialización de los Convenios a cargo del
Ministerio de Cultura en desarrollo del Programa Nacional de Concertación, el cual
se desarrolla de forma anual como un mecanismo para generar los apoyos de orden
financiero a distintos entes y organizaciones encargados de gestionar proyectos de
orden cultural a nivel nacional”.
25. Por lo anterior, consideró el Tribunal que respecto a la fase 2, la accionante
prestó sus servicios de forma personal y directa al Ministerio de Cultura, a pesar
que según el texto del contrato fue contratada por la Universidad Pedagógica
Nacional por virtud del Convenio Interadministrativo; ello sumado a que la
universidad aceptó que en los años 2016 y 2017 los servicios fueron prestados al
ministerio, en sus instalaciones y bajo sus lineamientos y supervisión del contrato.
26. En lo referente a la remuneración, estimó el A quo que, en ambas fases
contractuales, con el Ministerio de Cultura y con Universidad Pedagógica Nacional,
teniendo este último como una tercerización, la demandante recibió unos
8
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
estipendios mensuales como contraprestación por sus servicios, los cuales
quedaron plasmados en los respectivos contratos.
27. Respecto al elemento de subordinación y dependencia estableció el tribunal,
previo a despachar desfavorablemente la tacha a los testigos de la apoderada de la
Universidad Pedagógica que, de tales declaraciones estableció que la demandante
si prestó personalmente sus servicios, ya que desplegó actividades a cargo del
ministerio, cumplió con un horario de trabajo de 8 am. a 5 pm., y estuvo sujeta a las
órdenes del coordinador de la oficina de contratos, entre ellos la asignación de un
reparto de actividades y contaba con un puesto de trabajo asignado para ejercerlas.
28. Que del interrogatorio de parte de la demandante evidenció que en la ejecución
contractual fue designada para realizar capacitaciones y exhibió diplomas
obtenidos, recibidos incluso en el exterior con autorización directa de la ministra de
cultura.
29. En cuanto a la permanencia, el tribunal destacó que los contratos fueron
celebrados entre el 31 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2017, denotando
una necesidad permanente del servicio prestado y, en consecuencia, se
desnaturaliza la esencia del contrato de prestación de servicios; lo que lo llevó a
concluir que la labor de la demandante fue permanente, obligatoria y misional de la
demandada.
30. En conclusión, para el tribunal las actividades desarrolladas por la demandante
no se ejecutaron con autonomía e independencia, sino bajo condiciones propias de
una relación laboral, evidenciadas en la sujeción a horarios, la existencia de una
estructura jerárquica definida, la asignación de funciones similares a las
desempeñadas por personal de planta y la continuidad en la prestación del servicio,
desnaturalizando así la temporalidad propia del contrato de prestación de servicios;
lo que da lugar al reconocimiento de los derechos prestacionales reclamados en
condiciones de igualdad frente al personal de planta, sin que ello implique el
reconocimiento de la calidad de empleada pública, al no concurrir los requisitos
legales de nombramiento y posesión.
31. La sentencia de primera instancia no declaró la prescripción, para ello indicó
que, a pesar de que hubo algunas interrupciones en términos de días hábiles, estas
9
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
no superaron el término fijado como regla de unificación por el Consejo de Estado,
por lo que no se presentó solución de continuidad en la prestación del servicio.
Sumado a lo anterior, la demandante efectuó la reclamación administrativa el 4 de
mayo de 2018, es decir, dentro de los tres (3) años siguientes al vencimiento del
plazo de ejecución del último contrato de prestación de servicios, 31 de diciembre
de 2017.
1.6 El recurso de apelación
32. Mediante memorial radicado el Dieciséis (16) de octubre de Dos Mil Veinticuatro
(2024)7, la Nación – Ministerio de Cultura solicitó se revoque la sentencia de primera
instancia, para ello indicó que el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria y concluyó erradamente la existencia de una relación laboral encubierta.
33. Sostuvo que, aunque se demostró la prestación personal del servicio y la
remuneración, no existe prueba suficiente del elemento de subordinación,
indispensable para desvirtuar la naturaleza del contrato de prestación de servicios.
34. Advirtió que, no obra en el expediente evidencia de horarios obligatorios, control
de jornada, llamados de atención disciplinarios, asignación fija de puesto de trabajo
o imposición de condiciones de tiempo, modo y lugar equivalentes a las de un
servidor de planta.
35. Señaló que, los repartos semanales de actividades, la supervisión contractual y
las observaciones sobre entregas o correcciones constituyen mecanismos normales
de coordinación y seguimiento contractual, mas no manifestaciones de
subordinación laboral.
36. Cuestionó la credibilidad, alcance y pertinencia de los testimonios recaudados,
por carecer, a su juicio, de conocimiento directo, imparcialidad y precisión suficiente
para acreditar subordinación efectiva.
37. Sostuvo que, los contratos fueron celebrados con fundamento en estudios
previos que acreditaban la necesidad de contratar personal externo con
7
Índice 00071 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
10
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
conocimientos especializados.
38. Controvirtió la conclusión del Tribunal según la cual las labores desempeñadas
por la demandante correspondían a funciones misionales de la entidad, al
considerar que las actividades desarrolladas en el grupo de contratos y convenios
tenían carácter de apoyo administrativo y no hacían parte del núcleo misional del
ministerio.
39. Adujo que, la contratación obedeció a la experiencia y conocimiento
especializado de la actora, lo que excluye una relación de subordinación propia del
vínculo laboral.
40. Respecto de los contratos ejecutados a través de la Universidad Pedagógica
Nacional, sostuvo que no existió identidad de extremos contractuales ni injerencia
del ministerio en la selección o vinculación de la demandante, lo que impide predicar
continuidad o unidad de vínculo contractual con la entidad demandada.
1.7 Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia
41. Mediante el auto del Ocho (8) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026)8, el despacho
sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra el fallo de primera
instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso ingresó al despacho para
fallo, sin pronunciamiento del Ministerio Público.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
42. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
2.2 Problema jurídico
8
Índice 00005 del expediente que reposa en el Samai.
11
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
43. Conforme a los reparos exhibidos en el recurso de apelación, corresponde a la
Sala dilucidar los siguientes interrogantes:
➢ ¿En los contratos de prestación de servicios celebrados entre la señora Tilcia
Vergel Bermúdez y el Ministerio de Cultura subyace una verdadera relación
laboral subordinada?
➢ ¿Los contratos de prestación de servicios celebrados por la actora con la
Universidad Pedagógica Nacional, constituyen una continuación de los
suscritos con el Ministerio de Cultura o, por el contrario, tal como lo reprocha
el apelante, se trata de una relación contractual independiente?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
44. Configuración de relaciones de trabajo subordinadas con el Estado
suscitadas en el marco de la ejecución de contratos administrativos de
prestación de servicios - Principio de primacía de realidad sobre las
formalidades: efectos y prerrogativas
45. La situación particular que ocupa la atención de la Sala, se deriva de la
interpretación y aplicación de las condiciones legales previstas en el artículo 32.3
de la Ley 80 de 1993, a la luz de lo consagrado en el artículo 53 de la Constitución
Política y la jurisprudencia aplicable a casos en los cuales se suplica la existencia
de una relación laboral encubierta, conforme al principio de la realidad sobre las
formas.
46. La tipología de contratación estatal de prestación de servicios personales se
encuentra regulada por el artículo 32.3 de la Ley 80 de 1993, forma jurídica de
vinculación de personas naturales con la administración que está dirigida a «[…]
desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y se caracterizan porque «[…] sólo podrán celebrarse […] cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados», «no generan relación laboral ni prestaciones sociales», y porque
«[…] se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
12
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
47. La norma en cita fue examinada por la Corte Constitucional en sentencia C-154
de 1997, oportunidad en la que determinó, entre otros aspectos, las características
del contrato de prestación de servicios y sus diferencias con el contrato de trabajo.
En esa oportunidad sostuvo que «[…] sus elementos son bien diferentes, de manera
que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen
inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de
los mismos»; y concluyó que «el elemento de subordinación o dependencia es el
que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios,
ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la
administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia
de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la
administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con
respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de
trabajo para la prestación del servicio, se tipifica la relación laboral con derecho al
pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato
de prestación de servicios independiente».
48. Posteriormente, ese alto Tribunal 9 determinó los criterios que permiten
establecer o diferenciar lo que constituye una actividad permanente, al precisar que
«[…] la administración no puede suscribir contratos de prestación de servicios para
desempeñar funciones de carácter permanente de la administración, pues para ese
efecto debe crear los cargos requeridos en la respectiva planta de personal»,
momento en el que, a propósito del esclarecimiento del criterio de permanencia,
indicó que «la jurisprudencia constitucional ha precisado los criterios para
determinarla, los cuales se refieren [i] al criterio funcional, que hace alusión a “la
ejecución de funciones que se refieren al ejercicio ordinario de las labores
constitucional y legalmente asignadas a la entidad pública” [artículo 121 de la
Constitución]; [ii] al criterio de igualdad, esto es, cuando “las labores desarrolladas
son las mismas que las de los servidores públicos vinculados en planta de personal
de la entidad y, además se cumplen los tres elementos de la relación laboral”; [iii]
al criterio temporal o de habitualidad, si “las funciones contratadas se asemejan
9 Sala Plena de la Corte Constitucional, Expediente No. D-8666, Sentencia C-171 del 7 de marzo de 2012, M.P. Dr. Luis
Ernesto Vargas Silva.
13
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
a la constancia o cotidianidad, que conlleva el cumplimiento de un horario de trabajo
o la realización frecuente de la labor, surge una relación laboral y no contractual”;
[iv] al criterio de excepcionalidad, si “la tarea acordada corresponde a
“actividades nuevas” y éstas no pueden ser desarrolladas con el personal de planta
o se requieren conocimientos especializados o de actividades que, de manera
transitoria, resulte necesario redistribuir por excesivo recargo laboral para el
personal de planta”; y [v] al criterio de continuidad, si “la vinculación se realizó
mediante contratos sucesivos de prestación de servicios pero para desempeñar
funciones del giro ordinario de la administración, en otras palabras, para
desempeñar funciones de carácter permanente, la verdadera relación existente es
de tipo laboral».
49. Esta Corporación ha proferido sendas sentencias de unificación jurisprudencial,
como la CE-SUJ2-005-1610 en la cual coligió que «[…] el contrato de prestación de
servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de
una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y
la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de
prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones
laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se
propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados
en normas respecto de la materia».
50. En el mismo sentido, esta Sección profirió la sentencia de unificación
jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-202111, en la que identificó algunos criterios para
desentrañar la subordinación en el ámbito de las contrataciones estatales, tales
como lugar de trabajo, horario de labores, dirección y control efectivo de las
actividades a ejecutar y la comprobada identidad funcional con empleados de la
planta de personal y señaló que «el ordenamiento jurídico nacional proscribe la
simulación del contrato estatal de prestación de servicios para evadir el pago de
prestaciones sociales y otras garantías propias de la relación laboral ocultada, en
tanto dicha práctica no solo es contraria a la Constitución y a la ley, sino que
10 Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ2-005-16 de 25 de agosto de 2016; expediente
23001-23-33-000-2013-00260-01[0088-15]; C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
11 Sección Segunda; Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2016;
expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
14
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
conduce, irremediablemente, a la precarización de las condiciones
socioeconómicas mínimas para la supervivencia digna de los trabajadores».
51. Asimismo, en dicha providencia, esta Colegiatura introdujo el criterio de
necesidad temporal, con el fin de evaluar el encubrimiento de relaciones de trabajo
subordinadas a través de contratos de prestación de servicios, tema para el cual
estableció que, conforme lo preceptúa el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, estos últimos deben ser celebrados por el «término estrictamente
indispensable», concepto que alude al lapso «señalado en los estudios previos y en
el objeto del contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la
Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna manera, con ánimo
de permanencia».
52. De lo anterior resulta claro que, si bien el ordenamiento legal permite celebrar
contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la gestión de las
entidades públicas, esta modalidad de contratación no fue instituida para encubrir
relaciones laborales subordinadas, pues de ser así, surgen en forma inmediata los
derechos para el contratista de acceder al reconocimiento y pago de los derechos y
prerrogativas propios de una relación laboral, especialmente en aquellos casos en
los cuales se trata de atender actividades consustanciales al giro ordinario u objeto
misional del ente contratante, esto es: para suplir necesidades administrativas
permanentes, necesarias e indispensables para la consecución de sus fines.
53. Luego entonces, para la prosperidad de una pretensión de existencia de la
relación laboral subordinada entre dos sujetos, se requiere que la parte interesada
demuestre los elementos esenciales de la misma, esto es, que la actividad haya
sido prestada de manera personal, es decir, por sí mismo; que por dicho oficio
haya recibido una remuneración o pago; y, además, que en la relación con el
empleador exista continua subordinación o dependencia, situación entendida
como aquella facultad para exigir al prestador del servicio el cumplimiento de
órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
vínculo. De estos tres elementos, el de subordinación resulta ser el de mayor
relevancia, toda vez que marca la diferencia entre el contrato de prestación de
servicios y una relación laboral.
15
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
2.4 Medios de prueba
54. En el expediente obran los siguientes medios de prueba:
55. El coordinador del grupo de contratos y convenios del Ministerio de Cultura,
expidió sendas certificaciones que dan cuenta que la actora celebró varios contratos
sucesivos de prestación de servicios, cuyas obligaciones fueron: (i) resolver las
consultas jurídicas que se presenten en desarrollo del objeto contractual con la
mayor celeridad posible; (ii) asistir y ordenar los procesos precontractuales,
contractuales y post contractuales que adelante el Ministerio, en desarrollo del
artículo 355 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con los
decretos 777 y 1403 de 1992; (iii) revisar actas de liquidación; (iv) asistir a las
reuniones que convoque el supervisor del contrato; (v) realizar las recomendaciones
que estime convenientes; (vi) apoyar al grupo de contratos y convenios en la
elaboración, legalización y archivo de los contratos y convenios que se requieran en
la ejecución del contrato; (vii) apoyar al grupo de contratos y convenios en la revisión
jurídica y organización del archivo de gestión documental del grupo; (viii) las demás
que se requieran para el cumplimiento del contrato.12
56. Los referidos contratos sucesivos celebrados entre la señora Tilcia Vergel
Bermúdez y el Ministerio de Cultura, se identifican en el siguiente cuadro, en el que
se especifica el número, el objeto, los honorarios y las interrupciones13:
Numero del Honorarios
Contrato Objeto del contrato Fecha inicio Fecha final (Valor total/ Interrupción
Valor mensual)
VT: $8.100.000
551 de 2009 31/03/2009 30/06/2009 -
VM: $2.700.000
VT: $16.200.000
1474 de 2009 02/07/2009 31/12/2009 1 día hábil
VM: $2.700.000
VT: $30.781.080 7 días
4 de 2010 14/01/2010 13/12/2010
VM: $2.798.280 hábiles
VT: $33.145.622 24 días
8 de 2011 18/01/2011 31/12/2011
VM: $2.882.228 hábiles
VT: $39.666.667 11 días
10 de 2012 20/01/2012 19/01/2013
Prestar los servicios profesionales VM: $3.500.000 hábiles
de apoyo a los aspectos jurídicos VT: $39.935.000 10 días
134 de 2013 04/02/2013 29/12/2013
necesarios para el adelantamiento VM: $3.675.000 hábiles
de todas las etapas relativas a los VT: $50.715.000 4 días
15 de 2014 07/01/2014 30/12/2014
convenios y contratos realizados VM: $4.410.000 hábiles
12
Folios 5 a 13 expediente físico
13
Folios 14 a 46 expediente físico
16
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
19 de 2015 por el Ministerio en el grupo de
Primer periodo contratos y convenios. 9 días
15/01/2015 04/11/2015
de plazo hábiles
ejecución
19 de 2015
VT: $53.250.750 Sin
Suspensión de 05/11/2015 04/02/2016
VM: $4.630.000 interrupción
contrato14
19 de 2015
Periodo
Reanudación
05/02/2016 31/03/2016 finalización
plazo
contractual.
ejecución
Se aclara que la suspensión del contrato se debió a una incapacidad médica.
57. La actora también celebró los contratos de prestación de servicios números 275
de 2016 y 265 de 2017 con la Universidad Pedagógica Nacional, en los que se
pactaron las siguientes obligaciones a cargo de la contratista15:
1. Resolver las consultas jurídicas que se presenten en desarrollo del objetivo del Programa
Nacional de Concertación Cultural con la mayor celeridad posible.
2. Asistir y ordenar los procesos precontractuales, contractuales y pos contractuales que
adelante el Ministerio, en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política de
Colombia en concordancia con los decretos reglamentarios.
3. Revisar actas de liquidación de los convenios y contratos que generen del Programa
Nacional de Concertación Cultural.
4. Asistir a las reuniones y comités convocados en el desarrollo del presente contrato.
5. Acoger las recomendaciones que estime convenientes la Coordinadora del Programa
Nacional de Concertación y el supervisor del contrato.
6. Apoyar en la elaboración, legalización y archivo de los contratos y convenios que se
requieran.
7. Apoyar al Grupo de Contratos y Convenios en la revisión jurídica y organización de
los expedientes contractuales que se generen del Programa Nacional de Concertación
Cultural.
8. Revisar las garantías de los convenios a su cargo para su posterior aprobación.
9. Solicitar por escrito, las correcciones de las pólizas que requieran su modificación.
10. Elaborar otrosí, adiciones, modificaciones y prórrogas de convenios que le sean
asignados.
11. Revisar que los convenios asignados queden debidamente registrados.
12. Apoyar en la revisión de los estudios previos.
13. Adelantar los procesos de selección, especialmente mínima cuantía y contratación
directa cuando se requiera.
14. Proyectar y revisar respuestas a las solicitudes efectuadas en desarrollo de las
obligaciones adelantadas y en los temas relacionados con el Programa Nacional de
Concertación Cultural.
15. Proyectar para firma del ordenador del gasto los actos administrativos que se
produzcan o sean necesarios en las diferentes etapas del proceso contractual.
16. Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.
17. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas con la
oportunidad y periodicidad requeridas.
18. Elaborar y presentar informes y soportes de acuerdo con la forma de pago que
evidencien el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
19. Entregar un informe final que dé cuenta de las actividades adelantadas en desarrollo del
contrato (…).”
58. Los referidos contratos celebrados con dicha universidad se detallan a
continuación:
14 El contrato se suspendió por una licencia de maternidad de la señora Tilcia.
15
Folios 47 a 55
17
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
Número del Fecha Fecha Interrupción
Contrato Objeto del contrato Inicio Final Honorarios (Días
pactados hábiles)
Prestar los servicios profesionales VT: $38.904.000
275 de 2016 01/04/2016 30/11/2016 -
de apoyo en los aspectos jurídicos VM: $4.683.000
275 de 2016 necesarios para adelantar todas las
Sin
Adición y etapas relativas a los convenios y 01/12/2016 31/12/2016 $4.683.000
interrupción
prórroga contratos realizados por el
Ministerio de Cultura de acuerdo al
cronograma establecido para el
proyecto; en el marco del Convenio
Interadministrativo No. 0287/2016
275 de 2016
suscrito entre el Ministerio de Sin
Adición y 01/01/2017 30/01/2017 $4.683.000
Cultura y la Universidad Pedagógica interrupción
prórroga
Nacional; Proyecto SAR 10116
“Supervisión de Proyectos
Apoyados por el Programa Nacional
de Concertación 2016”.
Prestar servicios profesionales de VT: $51.061.500 22 días
265 de 2017 02/03/2017 30/11/2017
apoyo en los aspectos jurídicos VM: $5.106.150 hábiles
necesarios para adelantar todas las
etapas relativas a los convenios y
contratos realizados por el
Ministerio de Cultura a través del
265 de 2017
Programa Nacional de Concertación Sin
Adición y 01/12/2017 31/12/2017 $5.106.150
Cultura, en el marco del Contrato interrupción
prórroga
Interadministrativo No. 0474/2017
suscrito entre el Ministerio de
Cultura y la Universidad Pedagógica
Nacional Proyecto SAR 10217.
59. Se allegó compilación manual específico de funciones y de competencias
laborales del Ministerio de Cultura y, puntualmente, el de profesional especializado
código 2018 grado 17 adscrito al grupo de contratos y convenios, cuyo propósito
principal fue: “Aportar elementos conceptuales y técnico-jurídicos y realizar gestiones dirigidas a
desarrollar la actividad contractual que requiere el Ministerio, a fin de ejecutar los recursos de la
entidad cumpliendo con las disposiciones legales”16.
60. Las funciones de dicho empleo se detallan así:17
1. “Estudiar y emitir conceptos en asuntos jurídicos relacionados con las funciones que le
sean encomendados por las demás dependencias del Ministerio de Cultura, con previa
autorización del Coordinador del Grupo.
2. Realizar actividades profesionales en el diseño, organización y seguimiento de planes,
programas y proyectos de la dependencia.
3. Evaluar cuando se le solicite, la calificación jurídica de las propuestas que se presenten
en desarrollo de las contrataciones directas, licitaciones y concursos de méritos, con
previa autorización del Coordinador del Grupo.
4. Asistir profesionalmente la legalización de los contratos y realizar las actividades
necesarias en relación con la liquidación oportuna de los mismos de acuerdo con la
normatividad vigente.
5. Elaborar y revisar los proyectos de actos administrativos que deba suscribir el Ministerio de
16
Folio 138
17
Folio 137 expediente físico
18
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
Cultura.
6. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad
y periodicidad requeridas.
7. Las demás que le sean asignadas por la autoridad competente, de acuerdo con el área de
desempeño y la naturaleza del empleo.”
61. En la audiencia de pruebas celebrada el 21 de agosto de 2024 se recibieron las
declaraciones de Adriana del Pilar Ávila Bustos y María Eugenia Muñoz Muriel e
interrogatorio de la demandante Tilcia Vergel Bermúdez.18
62. La primera de ellas manifestó conocer a la señora Tilcia Vergel Bermúdez desde
el año 2009, por razón de la vinculación de ambas al Ministerio de Cultura como
contratistas; su vínculo con la entidad subsistió hasta el mes de noviembre de esa
misma anualidad. Respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la
prestación de los servicios a la accionante informó que le constaba que estuvo
vinculada aproximadamente por ocho años con el Ministerio de Cultura a través de
contratos de prestación de servicios, en principio mediante una contratación directa
y posteriormente con la Universidad Pedagógica Nacional. Juntas prestaron sus
servicios en la oficina de contratación, contaban con un superior o jefe de nombre
Juan Manuel quien era la persona a cargo de esa dependencia y desempeñaba el
cargo de coordinador del grupo de contratos.
63. Adujo que, asistían todos los días al lugar de labores, oficina que quedaba en el
centro de la ciudad y cumplían un horario de 8 am. a 5 pm., que era el mismo que se
encontraba previsto para el personal de planta y debían permanecer en la oficina. En
caso de eventuales ausencias por circunstancias médicas debían solicitar el permiso
correspondiente al superior.
64. Declaró que, la demandante tenía a su cargo los convenios, los cuales eran
asignados por reparto y siempre debían contar con la aprobación de la coordinación
y determinar los pasos a seguir en cada asunto, en concreto el impulso de dichos
trámites. Como contratistas debían presentar informes mensuales, no recuerda que
a la actora le hubiesen hecho llamados de atención, contaban con un puesto de
trabajo y dependía de las directrices que impartiera su jefe.
18
Folios 365 a 369
19
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
65. Expresó que la demandante le comentó que posteriormente ya no la contrataban
de forma directa, sino que lo hacía con la Universidad Pedagógica, pero los servicios
eran prestados de forma directa en la sede del Ministerio.
66. La señora María Eugenia Muñoz Muriel declaró que conoció a la señora Tilcia
Vergel Bermúdez en el Ministerio de Cultura debido a que estuvo vinculada desde el
año 2008 a 2014 con la entidad en la dirección de comunicaciones. Sabe que la actora
se desempeñó como abogada de la oficina jurídica de ese Ministerio en la sede central
en el piso 3º. Desconoce el contenido de los contratos suscritos por ella ya que la
conoció como compañera de trabajo, pero no conoce los detalles de cada uno de
ellos.
67. Aseveró que, la señora Tilcia adelantaba actividades de redacción de contratos y
de su trámite, contaba con un jefe que era Juan Manuel Díaz de la oficina de contratos
quien era la persona a la que le reportaba sus actividades. Tanto el personal de planta
como los contratistas cumplían un horario de 8 am. a 12 pm. y de 2 pm. a 5 pm. o 6
pm., y cuando necesitara un permiso debía informar si se iban ausentar al igual que
los de planta.
68. Estas dos testigos fueron tachadas tanto por el Ministerio de Cultura como por la
Universidad Pedagógica Nacional. La primera por el vínculo de amistad con la
demandante y la segunda por cuanto también adelanta un proceso similar al que ahora
nos ocupa.
69. En la misma audiencia de pruebas se recibió interrogatorio de parte a la señora
Tilcia Vergel Bermúdez, quien manifestó que estuvo vinculada al Ministerio de Cultura
a través de contratos de prestación de servicios en condición de abogada y con
ocasión de dichos vínculos contractuales fue enviada a realizar diferentes
capacitaciones e incluso exhibió la totalidad de diplomas que le fueron conferidos
dentro de los cuales destacó el relacionado con la realización de un curso en territorio
extranjero con autorización de la entonces Ministra de Cultura.
20
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
70. Sostuvo que, sus actividades se centraron en la gestión de los convenios del
Programa Nacional de Concertación Cultural, a través del cual se financian los
diferentes proyectos artísticos y culturales del País, tales como el carnaval de
Barranquilla o el de blancos y negros. Los convenios ascendían a 1.800 anuales
que eran sometidos a reparto para ser tramitados.
2.5 De la tacha de los testigos
71. El artículo 211 del Código General del Proceso dispone que “Cualquiera de las partes
podrá tachar el testimonio de las personas que se encuentren en circunstancias que afecten su
credibilidad o imparcialidad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés en relación
con las partes o sus apoderados, antecedentes personales y otras causas. La tacha deberá formularse
con expresión de las razones en que se funda. El juez analizará el testimonio en el momento de fallar
de acuerdo con las circunstancias de cada caso.”
72. En lo que tiene que ver con la primera testigo, la entidad demandada adujo que su
vínculo de amistad con la demandante afecta su credibilidad. Partiendo de la
disposición legal transcrita, es el juez quien debe valorar la prueba, de acuerdo con
las circunstancias de cada caso con las reglas de la lógica y las máximas de la
experiencia, incluso bajo el principio de buena fe en la actuación del declarante para
llegar a la verdad procesal. En este caso concreto no prospera la tacha, toda vez que
en sus dichos fueron espontáneos, serios y responsivos y, además, quien más que
ella, que fue su compañera de trabajo, pudo percibir las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que se desarrollaron los contratos de prestación de servicios.
73. Lo propio ocurre con el testimonio de la señora María Eugenia Muñoz Muriel, sobre
el cual el Ministerio de Cultura, coadyuvado por la Universidad Pedagógica Nacional,
lo tacharon aduciendo que también adelanta un proceso similar al que ahora nos
ocupa, en la medida que su declaración también fue seria, responsiva y espontánea.
74. Además, del hecho que una de las partes haya tachado un testigo, no se sigue
que debe destimarse. Lo que ocurre es que debe valorarse con mayor rigurosidad en
conjunto con las demás probanzas que obren en el proceso.
21
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
2.6 Caso concreto
75. La demandante pretende obtener la declaratoria de existencia de una relación
laboral encubierta con contratos sucesivos de prestación de servicios que celebró
con el Ministerio de Cultura y la Universidad Pedagógica Nacional entre el 31 de
marzo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2017. Como consecuencia de lo anterior,
persigue el reconocimiento de prestaciones sociales y aportes a la seguridad social
en pensiones.
76. Por su parte, el Ministerio de Cultura aseguró que la modalidad contractual
utilizada se encuentra conforme a derecho y nunca se generó el vínculo laboral que
alega la parte actora, ya que no se logró demostrar la subordinación.
77. Así mismo la Universidad Pedagógica Nacional expuso que las vinculaciones
correspondientes a los años 2016 y 2017 no constituyen una relación laboral toda
vez que se enmarcaron en en los proyectos de Servicios Académicos Remunerados
(SAR) 10216 y 10217, derivados de contratos interadministrativos suscritos entre el
Ministerio de Cultura y la Universidad.
78. Planteado el objeto y alcance del litigio, a partir de las pruebas recaudadas se
efectuará el análisis correspondiente, para lo cual se sienta de una vez que no
existió controversia alguna en cuanto a la prestación personal del servicio por parte
de la señora Tilcia Vergel Bermúdez y la contraprestación o remuneración que
recibía por esa actividad denominada honorarios, por lo que la Sala se detendrá a
estudiar si se presentó la subordinación como elemento esencial de las relaciones
laborales encubiertas.
79. En primer lugar, verificadas las obligaciones y objeto de los contratos de
prestación de servicios relacionados en el cuadro anterior, comparadas con el
manual específico de funciones del empleo de profesional especializado código
2018 grado 17 adscrito al grupo de contratos y convenios, cuyo propósito principal
fue: “Aportar elementos conceptuales y técnico-jurídicos y realizar gestiones dirigidas a desarrollar
la actividad contractual que requiere el Ministerio, a fin de ejecutar los recursos de la entidad
cumpliendo con las disposiciones legales”, se observa que las actividades asignadas a la
22
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
contratista, prácticamente se desprenden de ese documento por cuanto son
similares e iguales algunas de ellas, circunstancia que demuestra que
correspondían a la misión institucional o giro ordinario de ejecuciones del Ministerio
de Cultura, incluso con las que adelantó en la Universidad Pedagógica Nacional.
80. Las declaraciones de las señoras Adriana del Pilar Ávila Bustos y María Eugenia
Muñoz Muriel e incluso el interrogatorio de la demandante Tilcia Vergel Bermúdez,
fueron contundentes y coherentes en sus dichos. De ellas se desprende que a la
actora le correspondía cumplir horario o jornada laboral, recibir órdenes e
instrucciones de su jefe inmediato, esto es, el coordinador de contratos de nombre
Juan Manuel Diaz, asistir a capacitaciones, inclusive una en el exterior por orden de
la ministra de la época y, en general, acatar los mandatos de su regente, al igual
que a los demás empleados de planta de la entidad. Incluso, si necesitaba
ausentarse del trabajo, debía informar o solicitar el permiso correspondiente.
81. Ahora bien, esta Sección ha resaltado la libertad probatoria del juez a efectos
de determinar la existencia de una relación laboral encubierta en los casos de
vinculación a través de contratos de prestación de servicios. En específico, sobre la
subordinación ha exigido que obren «elementos de convicción, acerca de las
actividades ejecutadas»19 pues, aunque se haya señalado que éstas hacen parte
de las funciones propias de la entidad, «tal situación no evidencia una relación de
sujeción directa frente a la prestación del servicio», puesto que puede coincidir con
el estricto cumplimiento del objeto contractual. De esta manera, ha privilegiado un
análisis del material probatorio «bajo las reglas de la sana crítica» 20 , a fin de
establecer la configuración o no del elemento de la subordinación continuada.
82. En ese sentido, de las funciones asignadas a la señora Tilcia Vergel, esto es,
resolver las consultas jurídicas que se presenten en desarrollo del objeto contractual
con la mayor celeridad posible; (ii) asistir y ordenar los procesos precontractuales,
contractuales y post contractuales que adelante el Ministerio, en desarrollo del
artículo 355 de la Constitución Política de Colombia en concordancia con los
decretos 777 y 1403 de 1992; (iii) revisar actas de liquidación; (iv) asistir a las
19 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 11 de marzo de 2021; radicado 18001-23-33-000-2016-00214-01(0008-
19), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 23 de octubre de 2020; 25000-23-42-000-2016-02481-01(5519-18), M.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
reuniones que convoque el supervisor del contrato; (v) realizar las recomendaciones
que estime convenientes; (vi) apoyar al grupo de contratos y convenios en la
elaboración, legalización y archivo de los contratos y convenios que se requieran en
la ejecución del contrato; (vii) apoyar al grupo de contratos y convenios en la revisión
jurídica y organización del archivo de gestión documental del grupo; puede
deducirse una subordinación entre ésta y la entidad demandada, pues contiene
directrices de la forma precisa como debía ejecutarlas. En efecto, las tareas a ella
encomendadas permiten entrever que no contaba con autonomía técnica, ya que
sus labores responden a la necesidad de ejecutar los recursos de la entidad cumpliendo con
las disposiciones legales” 21 , actividades que, como es natural, constituían el marco
restringido de acción de su desempeño, sin que tuviera opción de ejercerlas de
manera libre en uso de su arbitrio, sino con sujeción a la normatividad y directrices
de la entidad demandada.
83. Estas pruebas de sujeción al poder directivo y organizativo de la entidad
contratante, supera la coordinación propia de un contrato de prestación de servicios.
La vinculación se extendió por más de siete años sin que el Ministerio de Cultura ni
la Universidad Pedagógica hubieran podido justificar la necesidad temporal y
especializada de cada contrato sucesivo, lo que por sí solo constituye un indicio
claro de que bajo la figura contractual se encubrió una verdadera relación laboral.
84. De esta forma se resuelve el primer interrogante consignado en el problema
jurídico del párrafo 43, en el sentido que, en los contratos de prestación de servicios
celebrados por la actora con el Ministerio de Cultura, subyace una verdadera
relación laboral subordinada.
2.7 De los contratos celebrados con la Universidad Pedagógica Nacional
85. En el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el Ministerio
de Cultura también adujo que, respecto de los contratos ejecutados a través de la
Universidad Pedagógica Nacional, no existió identidad de extremos contractuales ni
injerencia del ministerio en la selección o vinculación de la demandante, lo que
impide predicar continuidad o unidad de vínculo contractual con la entidad
demandada.
21
Folio 138
24
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
86. Al respecto, cabe destacar que, tanto de la prueba testimonial como de la
documental, se extrae con claridad que, las funciones o actividades desarrolladas
por la demandante tanto en el Ministerio de Cultura como en desarrollo de los
contratos con la referida universidad, estos últimos bajo los convenios
interadministrativos Nos. 287 de 2016 y 474 de 2017 celebrados con la
Universidad Pedagógica Nacional, fueron las mismas, tal como se observa en el
cuadro donde se relacionaron. Sobre este punto, es importante destacar la
aseveración efectuada por el ente universitario cuando aceptó que en los años
2016 y 2017 los servicios fueron prestados a la cartera ministerial en sus
dependencias y de acuerdo con los lineamientos fijados en materia de supervisión
del contrato.
87. Estas circunstancias permiten establecer la presencia de la figura de la
tercerización laboral que ha sido ampliamente difundida como forma de
precarización de las condiciones laborales de los contratistas. En efecto, con este
outsourcing o externalización de los vínculos casi siempre se persiguen la evasión
de responsabilidades respecto de los derechos de los contratistas. Nótese que el
Ministerio demandado celebró los mencionados convenios interadministrativos
con la Universidad Pedagógica y con base en ellos suscribió los contratos con la
señora Tilcia Vergel.
88. Es muy diciente las fechas de terminación del último contrato, con el Ministerio
de Cultura y la iniciación del primero con la Universidad Pedagógica Nacional. Así
mismo, según los cuadros vistos a párrafos 56 y 58 que el No. 19 de 2015 culminó
el 31 de marzo de 2016 y el primero celebrado con el ente universitario empezó al
día siguiente, esto es, el 1 de abril de 2016, sin solución de continuidad (contrato
No. 275 de 2016), adicionalmente, las actividades asignadas fueron las mismas.
89. Esta Sala, en sentencia del 6 de julio de 2017, rad. 11001-03-25-000-2016-
00485-00(2218-16)22, en cuanto a la figura de la tercerización laboral, expresó:
“El numeral 6º del artículo 2.2.3.2.1. ibidem, [del Decreto Reglamentario 1072 de
2015] precisa que se entiende como «tercerización laboral» los procesos que un
beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor, siempre y
cuando cumplan con las normas laborales vigentes, y que esta es ilegal cuando en una
22
C. P. Sandra Liseth Ibarra Vélez
25
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
institución y/o empresa pública y/o privada: i) se vincule personal para el desarrollo de
las actividades misionales permanentes a través de un proveedor de los ya
mencionados; y ii) se vincule personal de una forma que afecte los derechos
constitucionales, legales y prestacionales. De acuerdo con lo expuesto, encuentra la Sala
que los enunciados normativos demandados desbordan materialmente el contenido
esencial del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, el cual hace referencia a la prohibición
de contratar personal a través de cooperativas de trabajo asociado, ni bajo ninguna otra
forma de vinculación de intermediación laboral, para desarrollar actividades misionales
permanentes en los sectores público y privado, mientras que la norma reglamentaria,
regula aspectos relacionados con la tercerización laboral, dentro de la cual ubica todas
los mecanismos legales de intermediación laboral, aspectos estos que no están
comprendidos en la referida ley. En igual sentido, al realizar una lectura sistemática y en
conjunto, se aprecia que tampoco es posible encontrar en el resto del articulado de la
Ley 1429 de 2010, enunciado normativo alguno referido al tema de la «tercerización
laboral» que el Gobierno reguló en el Decreto Reglamentario 583 de 2016, so pretexto
de desarrollarla. Así las cosas, resulta claro para la Sala, que a través de los apartes
normativos demandados del Decreto Reglamentario 583 de 2016, el Gobierno Nacional,
con la excusa de desarrollar el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, excedió los límites
materiales que ésta con su contenido le impuso; toda vez que el Presidente de la
República no tenía las facultades legales para extender la figura de intermediación
laboral a otras modalidades de contratación.”
90. Bajo estas condiciones, la Sala concluye que los contratos de prestación de
servicios celebrados por la demandante con la Universidad Pedagógica Nacional,
constituyen una continuación de las actividades que prestó en el Ministerio de
Cultura, bajo la figura de la tercerización laboral y, en ese sentido, se resuelve el
segundo interrogante del problema jurídico planteado.
91. Todo lo anterior permite colegir que las conclusiones a las que arribó el tribunal
de primera instancia para declarar la existencia de una relación laboral encubierta
entre las partes son acordes a la realidad procesal, pues, resalta con contundencia
que las labores ejercidas por la señora Vergel Bermúdez, son iguales o similares a
las desempeñadas por los profesionales especializados código 2018, grado 27
adscritos al grupo de contratos y convenios del Ministerio de Cultura. A pesar de
ello, debe precisarse que, la Sala ha indicado en anteriores decisiones que las
prestaciones deben liquidarse con base en lo devengado por un empleado de
planta. No obstante, en este caso no se modificará la decisión del tribunal, que
dispuso hacerlo conforme el valor de los honorarios de los contratos de prestación
de servicios, por tratarse de un apelante único, Ministerio de Cultura, y tal
modificación implicaría una reforma en perjuicio.
92. Por consiguiente, desvirtuadas la autonomía e independencia en la prestación
del servicio y probados los elementos de la relación laboral en el asunto sub
examine, esto es, la prestación personal del servicio de manera permanente, la
remuneración y la subordinación y dependencia en el desarrollo de la actividad,
26
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
concluye la Sala que el ente demandado utilizó equívocamente la figura contractual
para encubrir la naturaleza real de la labor desempeñada, por lo que, en este caso,
subyace una relación laboral encubierta, en aplicación de los principios
constitucionales consagrados en los artículos 13 y 53 superiores, puesto que, la
demandante atendió funciones inherentes a la misión del grupo de contratos y
convenios del Ministerio de Cultura, en iguales condiciones a las de otros
profesionales especializados de la planta de personal.
93. Por otro lado, pese a que el tema de prescripción no fue objeto de apelación,
por tratarse de un fenómeno jurídico de extinción de los derechos que puede ser
declarado aun de oficio, (artículo 187 del CPACA), debe decir la Sala que no se
configuró, toda vez que, en los contratos de prestación de servicios celebrados por
la actora con el Ministerio de Cultura, no existieron interrupciones superiores a 30
días entre la finalización de uno y el inicio del otro. Lo propio se puede aducir
respecto de los celebrados con la Universidad Pedagógica que no tuvieron un solo
día de interrupción, tal como se observa en los cuadros anteriores.
94. Siendo así las cosas, se confirmará la sentencia apelada, ya que, se itera, en el
sub-lite se probaron los tres elementos configurativos de la relación laboral,
quedando demostrado que el Ministerio de Cultura evadió las obligaciones laborales
respecto de la demandante, toda vez que, ejerció atribuciones propias de un
empleador a través de órdenes dirigidas al desempeño de funciones ínsitas de la
entidad que, además, no fueron temporales.
2.6 Condena en costas
95. No habrá lugar a condena en costas en esta instancia por no reunirse los
presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, en concordancia
con el artículo 365 del Código General del Proceso.
96. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
27
Número Interno: 0476-2026
Demandante: Tilcia Vergel Bermúdez
Demandada: Nación – Ministerio de Cultura
PRIMERO: Confirmar la sentencia del Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil
Veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección “F”, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda, conforme a las consideraciones de la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente
al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.