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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02509-01

Fecha
10 de julio de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02509-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro de la demanda ejecutiva promovida por la señora María Esperanza Arévalo Ramírez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que desestimó las excepciones propuestas por la demandada y dispuso seguir adelante la ejecución. 21 Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022) Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero. Reconocer personería a la Sociedad Trujillo Polanía & Asociados S.A.S (representada legalmente por el abogado Omar Trujillo Polanía) como apoderada principal de la UGPP, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo de Estado. Igualmente, se reconoce al abogado Edwin Hernando Hernández Díaz como apoderado sustituto de dicha parte, en atención a la sustitución radicada también en la referida plataforma. Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02509-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

10 de julio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022)
Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Temas: Ejecutivo laboral - Diferencias en mesadas pensionales -
Intereses moratorios

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, en adelante UGPP, contra la sentencia proferida el 9 de febrero de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante la cual desestimó las excepciones propuestas por la demandada y dispuso
seguir adelante la ejecución.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

La señora María Esperanza Arévalo Ramírez, actuando por intermedio de
apoderado, interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumplan las

1 Folios 1 a 20.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022)
Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

sentencias del 15 de julio de 2010 y 22 de noviembre de 2012, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, respectivamente,
mediante las cuales se ordenó la reliquidación de su pensión de sobrevivientes.

Como consecuencia de lo anterior, la accionante solicitó que se librara
mandamiento ejecutivo por los siguientes conceptos: i) diferencia de mesadas
pensionales; ii) indexación del valor de las condenas impuestas en sede judicial por
el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y el 15 de enero de 2013;
iii) intereses moratorios causados desde el 16 de enero de 2013 y hasta cuando se
verifique el pago definitivo.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) La accionante interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra Cajanal2 con el fin de que se reliquidara su pensión de sobrevivientes.

ii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 15 de julio
de 2010, accedió a la referida pretensión. Esta decisión fue confirmada en segunda
instancia, a través de la sentencia del 22 de noviembre de 2012, proferida por el
Consejo de Estado, la cual quedó ejecutoriada el 15 de enero de 2013.

iii) El 28 de febrero de 2013, la actora le solicitó a la UGPP dar cumplimiento a las
sentencias en comento.

iv) El 12 de abril de 2013, por Resolución RDP 016603, la UGPP reliquidó la pensión
de la demandante en cumplimiento de los referidos fallos, pero se apartó de su
contenido, ya que no tuvo en cuenta los factores salariales y montos certificados,
como tampoco los emolumentos percibidos por el causante con posterioridad al

2 Caja Nacional de previsión Social.

2

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

retiro del servicio.3 Como consecuencia, se fijó un monto de $2.874.913, pese a que
la suma correcta era $3.688.811.

v) La fijación errónea de la cuantía de la prestación repercute en otras acreencias,
como las diferencias de las mesadas, indexación e intereses moratorios, los cuales
se siguen causando mientras no se cumplan correctamente las órdenes judiciales.

1.1.3. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva

Como tales se señalaron los artículos 104, 155, 156, 164, 177, 192, 194, 195, 306,
308 y Título IX del CPACA; 114, 422, 424, 430, 431, 433, 440, 446 y 627 del CGP; Leyes
550 de 1999 y 1151 de 2011; Decretos 1 de 1984, 663 de 1993, 254 de 2000, 2196
de 2009, 4269 de 2011 y 877 de 2013.4

1.2. Oposición a la demanda ejecutiva

La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en las
siguientes excepciones:5

i) Pago total de la obligación. La UGPP, mediante la Resolución RDP 016603 del 12
de abril de 2013, cumplió integralmente las decisiones jurisdiccionales cuya
ejecución se depreca en el sub lite.

ii) Caducidad de la acción. Este caso se rige por los artículos 624 del CGP y 299
del CPACA, por lo tanto, debe observarse «el término de 10 meses después de la
ejecutoria de la sentencia para que el título sea ejecutable».

iii) Prescripción. Conforme al artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, están
prescritas las mesadas pensionales, intereses corrientes y/o moratorios e

3 La actora invocó la aplicación de la sentencia del 25 de noviembre de 2010, proferida por el Consejo de Estado, radicado

73001-23-31-000-2007-00146-01 (0465-09).
4 La demandante invocó la aplicación de diversas sentencias proferidas por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de

Justicia, el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de Boyacá y Cundinamarca.
5 Folios 129 a 131.

3

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

indexación que se hubieren causado tres años antes de la presentación de la
demanda.

iv) Genérica. El juez debe deberá reconocer oficiosamente las excepciones que
encuentre probadas.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C,
mediante sentencia del 9 de febrero de 2022, desestimó las excepciones propuestas
por la entidad demandada y dispuso seguir adelante la ejecución, con sustento
consideraciones que se resumen, a continuación:6

i) No están llamadas a prosperar las excepciones de caducidad y prescripción, toda
vez que la demanda se interpuso dentro de los 5 años siguientes a la exigibilidad
de las sentencias cuyo cumplimiento se reclama.

ii) Tampoco se configuró la excepción de pago total de la obligación, ya que la UGPP
liquidó incorrectamente la mesada pensional, por lo que sigue obligada a saldar las
diferencias de las mesadas pensionales ($95.010.621.81), indexación
($8.586.409.58) e intereses moratorios ($80.872.170.58).

iii) La ejecutada en sus alegatos de conclusión explicó que, a través de las
Resoluciones RDP 007184 y RDP 013713 de 2021 reconoció intereses moratorios a
María Esperanza Arévalo Ramírez, Nicolás Alejandro Cediel Arévalo y Jorge Andrés
Cediel Arévalo; sin embargo, la actora afirmó que no ha recibido desembolso alguno
por tal concepto y la entidad tampoco lo demostró.

iv) Debe seguirse adelante la ejecución en los términos ordenados en el
mandamiento de pago, sin perjuicio de que las partes en la etapa de liquidación del
crédito calculen el monto final adeudado.

6 Folios 196 a 208.

4

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

1.4. El recurso de apelación

La UGPP interpuso recurso de apelación contra la referida sentencia con base en los
siguientes argumentos:7

i) Por Resolución RDP 016603 del 12 de abril de 2013, la UGPP dio cumplimiento
integral al título de recaudo, reliquidó la pensión de sobrevivientes y la incrementó
a la suma de $2.874.913. La prestación se reconoció a favor de los siguientes
beneficiarios: María Esperanza Arévalo Ramírez (50%), Diego Julián Cediel Nova
(16.68% - hasta el 19 de diciembre de 2009), Nicolás Alejandro Cediel Arévalo
(16.68% - hasta el 13 de marzo de 2018) y Jorge Andrés Cediel Arévalo (16.68% -
hasta el 13 de marzo de 2018).

ii) Mediante las Resoluciones RDP 007184 y RDP 013713 de 2021, la ejecutada
ordenó el pago de intereses moratorios a favor de María Esperanza Arévalo
Ramírez ($17.402.457.35), Nicolás Alejandro Cediel Arévalo ($5.713.605.95) y
Jorge Andrés Cediel Arévalo ($6.768.610.84). No obstante, «al verificar la base
financiera se evidencia que está pendiente el pago de $12.482.216.79 que no se ha
realizado por falta de disponibilidad presupuestal, estando a la espera de que se
efectúe la ordenación del gasto y el pago correspondiente».

iii) Por Resolución RDP 30425 de 2013, la accionada acató el fallo del Consejo de
Estado y pagó el retroactivo causado, pero «no se reportaron intereses» porque la
mencionada resolución precisó que estos serían liquidados por el área de nómina y
su pago estaría a cargo del FOPEP.8

iv) El capital para el cálculo de los intereses moratorios no es igual al capital total
pagado (sumatoria de las diferencias de las mesadas pensionales y la indexación
calculada), sino que corresponde a las diferencias de las mesadas pensionales
indexadas año a año desde la fecha de efectividad o de prescripción y hasta la fecha

7 Folios 211 a 214.
8 Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional.

5

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

de ejecutoria del fallo. De este modo, la administración liquidó correctamente los
intereses moratorios en el sub lite, como se observa en estas operaciones:

6

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

1.5. Intervenciones en segunda instancia

La UGPP anexó documentos tendientes a demostrar el pago de la obligación objeto
de ejecución, los cuales fueron puestos a consideración de la parte actora, quien se
pronunció frente a estos y también en torno al recurso de apelación, en el sentido
de reiterar los argumentos expuestos en el transcurso del proceso y afirmar que solo
ha recibido pagos parciales del total reclamado.

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, el
problema jurídico se circunscribe a establecer si debe revocarse la decisión que
ordenó seguir adelante la ejecución, por haberse configurado la excepción de pago

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

total de la obligación.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y actualmente
exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el
cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia
del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión
judicial.

El instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título
ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

A su turno, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo, entre
otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

9

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».9

2.3. Hechos probados

• El 15 de julio de 2010, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió
sentencia de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por la señora María Esperanza Arévalo Ramírez contra
Cajanal,10 mediante la cual dispuso lo siguiente:11

FALLA
[…]
3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, ordenar a la Caja Nacional de Previsión Social en
Liquidación, a reliquidar el valor de la mesada pensional de sobreviviente de la cual
es titular la señora María Esperanza Arévalo Ramírez, identificada con C. C. No.
51.864.749 de Bogotá, de manera que corresponda al 75% del promedio mensual
de salarios devengados en el último año de servicios anterior al retiro definitivo, esto
es, del 31 de octubre de 2002 al 30 de octubre de 2003, incluyendo como factores
salariales, además de los ya reconocidos, la 1/4 prima de productividad, la 1/6
bonificación semestral y las 1/12 de la bonificación por recreación y las primas
de navidad y vacaciones, según el régimen excepcional aplicable, descontando los
correspondientes aportes al sistema de seguridad pensional. El reajuste se hará a
partir del 31 de octubre de 2003, fecha de retiro del servicio del causante.

4. De conformidad con la reliquidación ordenada en el numeral anterior, condénase
a la Caja Nacional de Previsión Social, a pagar únicamente las diferencias que por
concepto de los factores bonificación semestral, prima de navidad, bonificación por
recreación, prima de productividad y prima de vacaciones, resulten a favor de la
demandante, sumas éstas que deberán ser indexadas, con fundamento en los índices
de inflación certificados por el DANE y teniendo en cuenta para el efecto la siguiente
fórmula:

R= R.H. INDICE FINAL/ INDICE INICIAL

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre 2009, radicado:

25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor, Eduardo J. Coutere, en su
obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias
no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino
que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado.”».
10 Caja Nacional de Previsión Social – Cajanal En Liquidación.
11 Folios 21 a 47.

10

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022)
Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que
es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de reliquidación, por el
guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por
el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en
la fecha en que se causaron las sumas adeudadas o sea la fecha de retiro definitivo
del servicio del señor Jorge Armando Cediel Rodríguez.
[…]

• El 22 de noviembre de 2012, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, desató el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión y la
confirmó.12 Este fallo quedó ejecutoriado el 15 de enero de 2013.13

• El 28 de febrero de 2013, la demandante le solicitó a la UGPP dar cumplimiento a
las citadas sentencias.14

• El 12 de abril de 2013, por Resolución RDP 016603, la UGPP reliquidó «una pensión
de vejez postmortem en cumplimiento de un fallo judicial», en los siguientes
términos:15

Que de acuerdo a lo anterior, se procede a realizar la liquidación de la pensión,
aplicando un 75.00% sobre un Ingreso Base de Liquidación informado por el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó o aportó el causante entre 1 de
noviembre de 2002 y el 30 de octubre de 2003, conforme el Inciso 3 o 6 del Artículo
36 de la Ley 100 de 1993.

12 Folios 48 a 58.
13 Según constancia secretarial que obra en el folio 59.
14 Información extraída de la Resolución RDP 016603 del 12 de abril de 2013 (folios 60 a 63).
15 Folios 15 a 28.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022)
Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

IBL: 3,833,217 x 75.00% = $2,874,913
[…]

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por CONSEJO DE
ESTADO SECCION SEGUNDA SUBSECCION A el 22 de noviembre de 2012, y en
consecuencia reliquidar el pago de una Pensión de VEJEZ Postmortem en cuantía de
$2,874,913 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE
PESOS M/CTE) con ocasión del fallecimiento de CEDIEL RODRIGUEZ JORGE ARMANDO
efectiva a partir del 1 de noviembre de 2003, conforme la siguiente distribución:

AREVALO RAMIREZ MARIA ESPERANZA ya identificado(a), en calidad de Cónyuge o
Compañera(o) con un porcentaje de 50.00 %.La pensión reconocida es de carácter
vitalicio.
[…]

CEDIEL NOVA DIEGO JULIAN ya identificado(a), en calidad de Hijo(a) Mayor Estudios con
un porcentaje de 16.68%. La pensión reconocida es de carácter temporal, y será
pagada hasta el 19 de diciembre de 2009, día anterior al cumplimiento de 25 años de
edad, siempre y cuando el beneficiario acredite estudios conforme a las normas
vigentes.

CEDIEL AREVALO JORGE ANDRES ya identificado(a), en calidad de Hijo(a) Menor de
Edad con un porcentaje de 16.66%. La pensión reconocida es de carácter temporal,
y será pagada hasta el día 13 de marzo de 2018, día anterior al cumplimiento de la
mayoría de edad, y hasta el 13 de marzo de 2025, día anterior al cumplimiento de 25
años de edad, siempre y cuando acredite escolaridad conforme a las normas
vigentes.

12

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022)
Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

El solicitante es representado legalmente por AREVALO RAMIREZ MARIA ESPERANZA,
quien se identifica con CC No. 51864749.

CEDIEL AREVALO NICOLAS ALEJANDRO ya identificado(a), en calidad de Hijo(a) Menor
de Edad con un porcentaje de 16.66%. La pensión reconocida es de carácter
temporal, y será pagada hasta el día 13 de marzo de 2011, día anterior al
cumplimiento de la mayoría de edad, y hasta el 13 de marzo de 2018, día anterior al
cumplimiento de 25 años de edad, siempre y cuando acredite escolaridad conforme
a las normas vigentes.

El solicitante es representado legalmente por AREVALO RAMIREZ MARIA ESPERANZA,
quien se identifica con CC No. 51864749.

Según sea el caso, y en el evento de llegar al límite de la pensión, la cuota
correspondiente acrecerá en forma proporcional a favor de quienes continúen
disfrutando el derecho.
[…]

ARTÍCULO QUINTO: El área de nómina realizará las operaciones pertinentes conforme
se señala en el fallo y en el presente acto administrativo, respecto a los artículos, 177
del CCA, precisando que este pago estará a cargo de PROCESO LIQUIDATORIO DE
CAJANAL EICE EN LIQUIDACION, y 178 del CCA, pago que estará a cargo del Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional.
[…].

• El 22 de agosto de 2019, la subdirectora de nómina de pensionados de la UGPP
precisó que la señora María Esperanza Arévalo Ramírez «ostenta actualmente el
100% de la prestación, atendiendo a cesión de derecho, desde mayo de 2018».
Además, certificó que la Resolución RDP 016603 del 12 de abril de 2013 fue aclarada
por la Resolución RDP 019080 del 25 de abril de 2013, pero esta última perdió sus
efectos por disposición de la Resolución RDP 030425 del 5 de julio de 2013, la cual
fue incluida en nómina en septiembre de 2013, así:16

16 Folios 96 a 97.

13

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022)
Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

14

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022)
Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

• El 31 de mayo de 2021, por Resolución RDP 013713, la UGPP reconoció intereses
moratorios a los mencionados ciudadanos. Textualmente, se expresó:17

Los intereses moratorios en los términos del artículo 177 del C.C.A. estarán a cargo
de la UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES - UGPP - por valor de
$17.402.457.35 M/CTE (DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON 35/100 M/CTE), a favor de la señora
MARIA ESPERANZA AREVALO RAMIREZ, identificada con C.C. No. 51.864.749,
$5.713.605.95 (CINCO MILLONES SETENCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS
CON 95/100 M/CTE) a favor de NICOLAS ALEJANDRO CEDIEL AREVALO identificado con
C.C, No. 1.032.455.723 y $6.768.610.84 (SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 84/100 M/CTE) a favor de JORGE ANDRES CEDIEL
AREVALO identificado con C.C. No. 1.010.136.924, según liquidación respectiva
efectuada por la Subdirección de Nómina de Pensionados, relacionada en la parte
motiva de la presente Resolución, los cuales se reportarán por esta Subdirección a la
Subdirección Financiera a fin de que se efectúe la ordenación del gasto y el pago
correspondiente según disponibilidad presupuestal vigente, teniendo especial
cuidado en deducir lo ya cancelado por vía administrativa ejecutiva y/o títulos
judiciales que se hayan expedido para tal fin.

• El 4 de marzo de 2022, el apoderado de la UGPP allegó «memorial informando
pago financiera». Para el efecto anexó el desprendible «orden de pago de
conceptos de pago no presupuestal diferente de deducciones», en el que se indica
que a la señora María Esperanza Arévalo Ramírez se le pagó la suma de

17 Folios 192 a 194.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2018-02509-01 (2854-2022)
Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

$17.402.457.35. La interesada, en memorial de «liquidación del crédito», afirmó
haber recibido dicho dinero,18 lo cual fue ratificado ante esta corporación y aclaró
que aquel debe tomarse como un pago parcial, ya que la cuantía es inferior a la que
tiene derecho.19

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

Al sustentar el recurso de apelación, la UGPP expresó que cumplió integralmente la
obligación contenida en el título de recaudo; sin embargo, su análisis se enfocó en
el pago de los intereses moratorios, pese a que el a quo también la conminó a
sufragar sumas por concepto de diferencias pensionales e indexación.

En efecto, la ejecutada se limitó a indicar que, mediante la Resolución RDP 016603
del 12 de abril de 2013, dio cumplimiento a las sentencias objeto de ejecución, por
lo que incrementó la mesada pensional de la actora a la suma de $2.874.913 y
reconoció el retroactivo a los beneficiarios.

No obstante, el tribunal de primera instancia evidenció que la prestación fue
erróneamente cuantificada, pues no debió ascender a la suma de $2.874.913, sino
de $3.467.683.98, lo cual implicó que la UGPP quedara adeudando retroactivos por
diferencias pensionales, indexación e intereses moratorios.

La parte apelante no efectuó ningún razonamiento para indicar que la liquidación
del proveído apelado fue errónea ya sea porque se computaron factores diferentes
o en cuantía superior a la que en derecho correspondía o que se tomaron períodos
distintos a los ordenados en el título de recaudo, a pesar de que este era un aspecto
fundamental del debate, pues los demás conceptos reconocidos (indexación e
intereses) estaban estrechamente relacionados con el monto pensional que fijó el
juez de la ejecución.

Ahora bien, en lo que respecta al pago de los intereses moratorios, la Sala observa

18 Folios 219 a 224.
19 Folios 245 a 249.

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

que tampoco fueron atendidos integralmente, por cuanto:

i) La UGPP no reconoció ni pagó intereses al momento de cumplir la condena
impuesta en el proceso ordinario, sino que lo hizo como consecuencia del presente
trámite.

ii) La entidad accionada liquidó dichos intereses tomando como referente la mesada
pensional que en su sentir era la adecuada, pero esta es inferior a la que estableció
el a quo, por ende, ese concepto fue erróneamente establecido. Es así como la UGPP
consideró que la señora María Esperanza Arévalo Ramírez tenía derecho al pago
de $17.402.457.35, mientras que para el tribunal la suma correcta era de
$80.872.170.58.

Por ende, la UGPP se basó en una mesada distinta a la empleada por el fallador de
primera instancia y no esgrimió argumentos para refutarla, de manera que no puede
aceptarse que cumplió integralmente las sentencias proferidas en el proceso
ordinario20 y mucho menos que sufragó por completo los intereses moratorios, pues
existen diferencias entre las sumas pagadas y las ordenadas por el juez de la
ejecución.

A su turno, esta Sala carece de elementos para arribar a una operación distinta,
debido a que la parte interesada no hizo esfuerzos encaminados a reprochar las
cuentas efectuadas en la sentencia apelada, especialmente en lo que respecta al
monto de la mesada pensional, el cual incidía en la liquidación del capital, la
indexación y de los intereses moratorios. 21

En casos similares al presente, esta Subsección a concluido que cuando el apelante
incumpla con la carga argumentativa que le asiste para sustentar la alzada, deja a
la segunda instancia sin herramientas o elementos de juicio para revisar si la
providencia apelada resolvió con corrección o no el debate, pues el superior no tiene

20 Ver Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 29 de febrero de 2024, radicado 25000 23 42 000 2022

00069 01 (3526-2023).
21 Frente a la liquidación del capital e intereses moratorios, puede consultarse el auto del 15 de febrero de 2024, proferido

por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 25000 23 42 000 2015 01326 02 (0618-2021).

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados en contra
de la decisión.22

En este sentido, se ha advertido que no le es dable al juez asumir cargas que
corresponden a las partes, pues ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si
uno de los sujetos procesales está inconforme con la sentencia, es su
responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de la
parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio, dejan sin
fundamento la providencia judicial.23

En estas condiciones, se concluye que la apelación presentada por la UGPP no le
aporta a la Sala elementos de juicio que permitan revisar la sentencia impugnada
en lo que respecta al cumplimiento integral de las providencias cuya ejecución se
persigue en este proceso, ni mucho menos encaminó su defensa a demostrar
fehacientemente la excepción de pago sobre la que se edificó la alzada.

En efecto, la entidad incumplió con el deber de explicar en forma razonada y
detallada los motivos por los cuales consideraba que las operaciones y parámetros
tenidos en cuenta por el a quo para liquidar la condena se apartaban de la realidad,
partían de supuestos equivocados o incurrieron en una indebida valoración del título
de recaudo. Todo ello era esencial para demostrar que no existían saldos insolutos
por concepto de capital, indexación e intereses moratorios.

iii) La UGPP liquidó los intereses moratorios partiendo de la base de que estos
dejaron de causarse el 31 de agosto de 2013, pues en ese momento pagó el
retroactivo pensional; sin embargo, en la medida en que la prestación fue
reliquidada en cuantía inferior a la que correspondía, los intereses siguieron
causándose con posterioridad a esa fecha, conforme lo explicó el a quo. En efecto,
la fijación deficitaria del monto pensional implicaba un incumplimiento de las
órdenes impartidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2022, radicado 47001-23-33-000-2018-

00134-01 (0980-2021).
23 Ibidem

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

Entonces, las operaciones realizadas por la UGPP también presentan una falencia
en cuanto al período de causación de los intereses, pues la entidad consideró que
sólo podían reconocerse hasta el 31 de agosto de 2013, pese a que estos no dejaron
de causarse en la medida en que la obligación principal seguía pendiente de pago.

De este modo, la liquidación de la mesada pensional en cuantía inferior a la que se
desprendía del título de recaudo implicaba que la UGPP hiciera un pago parcial y no
total de la obligación y, por ende, debía correr la mora hasta cuando se atendiera
cabalmente el crédito. Al respecto, esta Subsección ha indicado:24

En este punto, vale la pena precisar que, para la Sala, la regla señalada por el artículo
1653 del Código Civil no viabiliza, per se, el anatocismo, ya que, una vez imputado el
pago a intereses y a capital, en ese orden, podrían seguirse causando intereses
de mora sobre el excedente que quede por concepto de capital, mas no se trataría
de intereses calculados sobre intereses. Además, considerar la eventual
inconveniencia de aplicar la norma mencionada, por la razón aludida, implicaría
asumir que el Código Civil incurre en contradicción, pues prohíbe el anatocismo y, a
la vez, lo permite a través del procedimiento de imputación de pagos, lo cual no es
acertado.

iv) Los pagos efectuados hasta el momento por la UGPP no satisfacen integralmente
el título de recaudo, pues la entidad consignó a la demandante un total de
$17.402.457.35, pero desconoció que esta suma es inferior a la que determinó el
tribunal por ese concepto y que también están pendientes de sufragar montos a
razón de capital (diferencias de mesadas pensionales) e indexación.

En todo caso, conforme lo explicó el a quo, al momento de la liquidación del crédito,
la ejecutada tendrá oportunidad de demostrar con certeza el monto de la obligación
a su cargo e inclusive podrá extinguirla si logra probar que los desembolsos
realizados, o los que se hagan en adelante, retribuyen correctamente el capital,
indexación e intereses moratorios que se originaron en el incumplimiento de las
sentencias objeto de ejecución.

24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 15 de febrero de 2024, radicado 25000 23 42 000 2015

01326 02 (0618-2021).

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En efecto, la etapa de liquidación del crédito que sigue a continuación de este fallo,
constituye «la oportunidad procesal para precisar y concretar el valor de la
ejecución, a partir de los diferentes conceptos o rubros (capital, intereses,
indexación, entre otros) que encuentran su génesis en el título que sirve de base
para la ejecución y que son objeto de valoración por parte de la autoridad judicial a
efectos de librar mandamiento de pago y ordenar seguir adelante con la
ejecución».25

2.5. De la condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».

Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,26 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.

Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 23 de marzo de 2021, radicado: 20001-23-31-000-2007-

00154-02 (65131). En similar sentido, ver también: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 11 de
febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2017-00001-02 (0234-2022).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José

Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández Gómez.

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

costas a cargo de alguna de ellas.

Por su parte, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción de que
contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se apoyaron
en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas.

Estos argumentos también son suficientes para ratificar la decisión de primera
instancia que no condenó en costas a la UGPP, pues tal determinación se fundó en
la valoración que hizo el tribunal de la conducta asumida por las partes durante el
transcurso del litigio, conforme lo autoriza el mencionado artículo 47 de la Ley 2080
de 2021 y que se encontraba vigente al momento en que se expidió la sentencia de
primera instancia.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se
concluye que la decisión del a quo debe confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 9 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro de la
demanda ejecutiva promovida por la señora María Esperanza Arévalo Ramírez
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que desestimó las excepciones
propuestas por la demandada y dispuso seguir adelante la ejecución.

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Demandante: María Esperanza Arévalo Ramírez

Segundo. Sin condena en costas, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercero. Reconocer personería a la Sociedad Trujillo Polanía & Asociados S.A.S
(representada legalmente por el abogado Omar Trujillo Polanía) como apoderada
principal de la UGPP, conforme al poder que obra en la plataforma SAMAI del Consejo
de Estado. Igualmente, se reconoce al abogado Edwin Hernando Hernández Díaz
como apoderado sustituto de dicha parte, en atención a la sustitución radicada
también en la referida plataforma.

Cuarto. En firme esta sentencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

cgg

22

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