Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00134-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00134-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 47001-23-33-000-2018-00134-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
7 de abril de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones
Temas: Ejecutivo laboral
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por Colpensiones contra la
sentencia proferida el 20 de noviembre de 2019 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, mediante la cual desestimó las excepciones propuestas por la entidad
demandada y dispuso seguir adelante con la ejecución.
1. Antecedentes
1.1. La demanda1
1.1.1. Las pretensiones
El señor José Reimundo Mateus Sarmiento, actuando por intermedio de
apoderado, interpuso demanda ejecutiva con el fin de que se cumpla la sentencia
del 20 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
mediante la cual se ordenó la reliquidación de su pensión de jubilación.
1
Folios 2 a 18.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
Como consecuencia de lo anterior, el accionante solicitó que se librara
mandamiento ejecutivo en los siguientes términos: i) por la suma de
$579.249.340,58, correspondiente «a la diferencia de la cantidad pagada por la
demandada a través de la Resolución N° GNR355503 de fecha 24 de noviembre de
2016 y la liquidación de la sentencia condenatoria proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena dentro del radicado N° 47-001-2333-003-2014-
00314-000, hasta el 8 de julio de 2018»; ii) intereses moratorios causados desde
el 5 de agosto de 2016 hasta cuando se pague totalmente la deuda; y iii) condena
en costas.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 20 de abril de
2016, condenó a Colpensiones a reliquidar la pensión de jubilación del actor con
base en el 75% de la asignación más alta devengada durante el último año de
servicios, esto es, la percibida en el mes de diciembre de 2004 y con inclusión de
todos los factores salariales.
ii) Por Resolución GNR 355503 del 24 de noviembre de 2016, Colpensiones acató
parcialmente la orden judicial, por lo que actualmente adeuda la suma de
$579.249.340,58 más los intereses comerciales corrientes y moratorios que se
han causado desde la ejecutoria del fallo, que tuvo lugar el 5 de agosto de 2016.
iii) La referida cifra surgió a partir de las siguientes operaciones y análisis:
• Tomar la mesada pensional en un monto de $7.463.079.
• Aplicar el IPC desde el 2007 hasta el 2018.
• Cuantificar las diferencias entre la pensión que ha venido devengando el
actor y la ordenada en sede judicial por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito
de Santa Marta y el Tribunal Administrativo del Magdalena, desde el 14 de julio
de 2007 hasta el 2018, por ser la fecha de presentación de la demanda.
2
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
• Reconocer que el retroactivo se encuentra afectado por la prescripción que
decretó el Tribunal Administrativo del Magdalena respecto de las mesadas
causadas con anterioridad al 5 de febrero de 2011.
• Indexar las condenas mes a mes.
• El retroactivo y la indexación sumaron $897.760.103,58. A este valor se le
descontó el abono que hizo Colpensiones por un monto de $318.510.763. En
consecuencia, la entidad tiene un saldo pendiente de $579.249.340,58.
iv) La sentencia aportada presta mérito ejecutivo, por cuanto se encuentra
ejecutoriada y da cuenta de una obligación clara, expresa y exigible.
1.1.3. Fundamentos de derecho de la demanda ejecutiva
Como tales se señalaron los artículos 157, 297 y 298 del CPACA;2 82 a 84 y 422 a
447 del CGP.3
1.2. Contestación de la demanda
Colpensiones se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en
las siguientes excepciones:4
i) Pago. El a quo libró mandamiento de pago con base en una liquidación que no
se ajusta a la realidad, ya que tomó el valor total de las mesadas causadas, pero
omitió descontar los aportes al sistema de salud, pese a que son obligatorios.
Es preciso anotar que, mediante la Resolución 00014906 del 22 de noviembre de
2011, en cumplimiento de un fallo emitido por el Juzgado Cuarto Laboral del
Circuito de Santa Marta, Colpensiones reconoció la pensión de jubilación del
demandante, efectiva a partir del 14 de julio de 2007, en cuantía de $2.241.742.
Además, se dispuso el pago de la prestación «a partir del 1 de mayo de 2011 con
una mesada de $2.699.099, atendiendo que el retroactivo causado anterior fue
2
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
3
Código General del Proceso.
4
Folios 101 a 110.
3
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Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
cancelado por medio de proceso ejecutivo».
Mediante la Resolución GNR 355503 del 24 de noviembre de 2016, Colpensiones
acató integralmente la sentencia que se aporta como título de recaudo en sub lite,
pues estableció el monto de la pensión del actor con base en el 75% del salario
más alto devengado en el último año de servicios, correspondiente al mes de
diciembre de 2004, y computando todos los factores salariales certificados por la
entidad empleadora.
La ejecutada pagó las diferencias de las mesadas pensionales ordinarias y
adicionales, la indexación y los intereses moratorios. También se efectuaron los
descuentos con destino al sistema de salud. En consecuencia, no existe suma
pendiente de sufragar.
ii) Buena fe. Las pretensiones de la demanda carecen de fundamento para su
prosperidad y Colpensiones ha obrado de buena fe.
iii) Prescripción. Los derechos laborales prescriben 3 años después de que la
obligación se ha hecho exigible.
iv) Innominada o genérica. El artículo 306 del CPC faculta al juez para declarar de
oficio las excepciones que encuentre probadas.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 20 de noviembre
de 2019, desestimó las excepciones propuestas por la entidad demandada y
dispuso seguir adelante la ejecución, con sustento en las siguientes
consideraciones:5
i) La excepción de pago no está llamada a prosperar, pues, aunque Colpensiones
5
Folios 169 a 175.
4
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Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
afirmó que acató cabalmente la sentencia objeto de ejecución al expedir la
Resolución GNR 355503 del 24 de noviembre de 2016, se observa que quedaron
sumas insolutas por concepto de retroactivo e intereses moratorios.
ii) Se aclara que el monto de la mesada pensional reconocido por la ejecutada es
superior al que encuentra el despacho, por lo cual, se toma como base la suma
indicada por la entidad en aras de no desmejorar las condiciones del accionante.
iii) Al revisar la condena decretada judicialmente, se advierte que el capital y los
intereses correspondían a una cuantía superior a la reconocida por Colpensiones.
Las operaciones arrojan las siguientes sumas:
CAPITAL $372.269.669,89
INTERESES $7.973.334,60
DESCUENTO SALUD $34.255.934,54
TOTAL $345.987.069,95
ABONO $318.510.763,00
SALDO $27.476.306,95
iv) El abono efectuado por Colpensiones debe imputarse primero a los intereses y
luego al capital, conforme lo prevé el artículo 1653 del Código Civil. Por tal motivo,
se concluye que la entidad adeuda un capital de $27.476.306,95 e intereses
moratorios en una suma de $7.595.494,48, como se indicó en el mandamiento de
pago.
v) Aunado a lo anterior, «se echa de menos que Colpensiones demostrara las
razones por las que considera existe pago de la obligación», pues la resolución en
la que funda su defensa «no desglosa los factores que se tienen en cuenta al
momento de calcular el ingreso base de liquidación, ni tampoco los baremos
utilizados para efectuar la debida indexación correspondientes al índice de precios
al consumidor, ni tampoco el cálculo efectuado por concepto de intereses de
mora».
vi) La excepción de prescripción no está acreditada, ya que la demanda se
interpuso dentro de los 5 años previstos en el artículo 164 del CPACA, contados a
5
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
partir de la ejecutoria de la sentencia cuyo cumplimiento se reclama en este
asunto.
vii) En consecuencia, se ordena seguir adelante con la ejecución «en los términos
del mandamiento ejecutivo de 26 de septiembre de 2018, más los intereses
moratorios que se siguen causando por el no pago total de la obligación a cargo
de Colpensiones».
1.4. El recurso de apelación
La apoderada de Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia con base en los siguientes argumentos: 6
i) Debe declararse probada la excepción de pago, ya que Colpensiones cumplió el
fallo objeto de ejecución y se ajustó a todos los lineamientos allí impartidos. En
efecto, mediante la Resolución GNR 355503 del 24 de noviembre de 2016, se
reliquidó la pensión de jubilación del actor en cuantía de $6.472.119 y en enero de
2017 se le pagó un retroactivo de $318.510.763.
ii) La Corte Constitucional, mediante las Sentencias T-554 de 1992, T-1222 de
2003 y T-937 de 2007, se refirió al deber acatar las decisiones judiciales. En igual
sentido, la Gerencia Nacional de Doctrina de Colpensiones emitió el Concepto
BZ_2014_3076927 del 22 de abril de 2014.
iii) En el sub lite existe un «hecho superado», bajo el entendido de que al
accionante se le pagó la suma antes indicada y sus pretensiones fueron
satisfechas integralmente.7 En consecuencia, es procedente culminar el presente
trámite y exonerar a la ejecutada de cualquier obligación dineraria que pueda
ocasionar un detrimento patrimonial a los recursos del Sistema General de
Pensiones.
6
Folios 177 a 181.
7
Colpensiones citó la Sentencia T-011 de 2016.
6
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
Las partes demandante y demandada se abstuvieron de intervenir en esta etapa.8
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto. 9
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Conforme al recurso de apelación interpuesto por Colpensiones, el problema
jurídico se circunscribe a determinar si está llamada a prosperar la excepción de
pago total, propuesta por la entidad ejecutada.
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. Generalidades del proceso ejecutivo
El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial
encaminado a hacer efectivo el cumplimiento de una obligación clara, expresa y
actualmente exigible, que se encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este
entendido, el cumplimiento de la obligación deviene imperativo y no requiere
declarar la existencia del derecho, pues este ya ha sido constituido en un título
valor, contrato o decisión judicial. En efecto, el instrumento base del recaudo en el
proceso ejecutivo se denomina título ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del
Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 306 del
CPACA, dispone:
8
Según constancia secretarial visible en el folio 195.
9
Según constancia secretarial visible en el folio 195.
7
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).
Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.
Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.
Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio
legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.
Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o
parcial».10
2.2.2. Excepción de pago
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre
2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el
profesor, Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos
Aires, 1981, expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho.
No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre
el derecho cuestionado.”».
8
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
El artículo 442 del Código General del Proceso prevé que cuando en los procesos
ejecutivos se solicite el cobro de obligaciones contenidas en una providencia,
puede alegarse, entre otras, la excepción de pago.
El Consejo de Estado ha explicado que, en lo concerniente al régimen de las
obligaciones y su extinción, es imperativo acudir al Código Civil, por ser la norma
que regula dichos tópicos.11
Ahora bien, conforme a los artículos 1625 y 1626 ibidem, el pago es el
cumplimiento de la prestación debida12 y constituye una forma de extinguir las
obligaciones. En tal sentido, esta corporación ha expresado que «si dentro de una
acción ejecutiva el deudor acredita la cancelación de la condena reclamada
(cuando el título ejecutivo lo constituye una providencia judicial) y alega el
cumplimiento de lo reclamado mediante la excepción de pago, esta debe ser
declarada como probada y disponerse la terminación del trámite».13
En torno a la forma en que debe acreditarse el pago, en orden a que se
desestimen las pretensiones de una demanda ejecutiva, la Sala destaca que la
doctrina autorizada ha enfatizado en la necesidad de que la administración ejerza
su defensa «aportando los documentos públicos que den cuenta de ese pago,
tales como comprobantes de egreso, certificaciones bancarias, actos
administrativos y liquidaciones que prueben la atención de la obligación». 14
2.3. Hechos probados
• El 20 de abril de 2016, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió
sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto del 6 de febrero de 2020, radicado: 88001-23-31-
000-2003-00073-03 (64.540).
12
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 20 de noviembre de 2020, radicado: 68001-33-31-005-
2009-00288-01.
13
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de agosto de 2021, radicado: 11001-
03-15-000-2021-04628-00.
14
Rodríguez Tamayo Mauricio Fernando, La acción Ejecutiva ante la jurisdicción administrativa (2021), 6.°
edición, Editorial Jurídica Sánchez R. S.A.S., Medellín – Colombia, p.p. 794.
9
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
por el señor José Reimundo Mateus Sarmiento, mediante la cual dispuso lo
siguiente:15
FALLA
[…]
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho condénese a COLPENSIONES a
reliquidar a favor del señor José Reimundo Mateus Sarmiento la pensión de
jubilación en el setenta y cinco por ciento (75%) del salario mensual más alto
devengado durante el último año de servicios, este es del mes de diciembre de
2004, con la inclusión [de] todos los factores salariales por él devengados, los
cuales son: sueldo, gastos de representación, prima de navidad, prima de
vacaciones, prima de servicios y bonificación de servicios.
TERCERO: DECLARAR la prescripción trienal de las mesadas reclamadas con
anterioridad al 5 de febrero de 2011.
CUARTO: Las sumas reconocidas serán canceladas por la entidad demandada y
deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula establecida por esta
Corporación.
[…]
SÉPTIMO: Désele cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del
C.P.A.C.A.
• El 5 de agosto de 2016, quedó ejecutoriado el anterior fallo, según lo hizo constar
el secretario del Tribunal Administrativo del Magdalena.16
• El 9 de noviembre de 2016, el actor le solicitó a Colpensiones el cumplimiento de
la mencionada decisión judicial.17
• El 24 de noviembre de 2016, por Resolución GNR 355503, Colpensiones reliquidó
la pensión de jubilación del demandante, reconoció el retroactivo y los intereses
moratorios, en los siguientes términos:18
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por [el] TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA y en consecuencia, reliquidar una pensión de vejez
a favor del señor MATEUS SARMIENTO JOSÉ REIMUNDO identificado […], en los
siguientes términos y cuantías:
15
Folios 19 a 30.
16
Folio 31.
17
Información extraída de la Resolución GNR 355503 del 24 de noviembre de 2016 (folios 34 a 36).
18
Folios 34 a 36.
10
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
Valor mesada a 05 de febrero de 2011= $6.472.119
2012 6.713.529
2013 6.877.340
2014 7.010.760
2015 7.267.354
2016 7.759.354
LIQUIDACIÓN RETROACTIVO
CONCEPTO VALOR
Mesadas 286,821,090.00
Mesadas adicionales 24,637,883.00
F. Solidaridad Mesadas 0.00
F. Solidaridad Mesadas Adic 0.00
Incrementos 0.00
Indexación 41,332,223.00
Intereses de Mora 141,067.00
Descuentos en Salud 34,421,500.00
Pagos ordenados Sentencia 0.00
Pagos ya efectuados 0.00
Valor a pagar 318,510,763.00
[…]
• El 7 de noviembre de 2018, la Gerencia de Determinación de Derechos,
Dirección de Nómina de Pensionados de Colpensiones, certificó lo siguiente:19
Que para la NÓMINA de Diciembre de 2016 en la Entidad 1-BOGOTÁ C.P. 1ERA
QUINCENA-242-CP SANTA MARTA 1 QUIN CALLE […] No. de Cuenta […], al pensionado
(a) MATEUS SARMIENTO se giraron los siguientes valores:
DEVENGADOS DEDUCIDOS
VALOR PENSIÓN $7,759,353.00 SALUD CAFESALUD $931,100.00
NOTA DÉBITO $352,932,236.00 SALUD RETROACTIVO FOSYGA $34,421,500.00
FONDO SOLIDARIDAD $77,600.00
AFILIACIÓN CREDIPROGRESO $7,759.00
PRÉSTAMO CENT. SER. CREDITIC $1,067,438.00
PRÉSTAMO CENT. SER. CREDITIC $178,584.00
PRÉSTAMO CREDIPROGRESO $169,130.00
TOTAL DEVENGADOS $360,691,616.00 TOTAL DEDUCIDOS $36,853,111.00
NETO GIRADO $
2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala
La entidad apelante argumentó que en este caso debe declararse probada la
excepción de pago total, ya que acató integralmente la sentencia que se aporta
19
Folios 80 a 81.
11
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
como título de recaudo en el sub lite. Esta conclusión se fundó en la expedición de
la Resolución GNR 355503 del 24 de noviembre de 2016, por la cual la entidad
reliquidó la pensión y reconoció el retroactivo adeudado, así como los intereses
moratorios causados.
Sin embargo, Colpensiones omitió el deber de explicar por qué la liquidación
efectuada por el a quo no se encontraba ajustada a derecho. Inclusive, la Sala
observa que la sentencia impugnada advirtió sobre la deficiencia en el ejercicio de
la defensa técnica de la entidad, toda vez que, desde el momento en que se libró
mandamiento de pago, se limitó a referirse a la mencionada resolución, pero no
aportó las liquidaciones efectuadas para llegar a los montos reconocidos y que, en
sentir del tribunal, no correspondían a los que se derivaban de la condena
impuesta en sede judicial.
Al respecto, es oportuno indicar que el recurso de apelación es el medio procesal
previsto por el artículo 247 del CPACA para que el recurrente manifieste los motivos
de inconformidad con la sentencia. Además, su adecuada sustentación delimita el
pronunciamiento de la segunda instancia, conforme lo dispone el artículo 328 del
Código General del Proceso.
La finalidad del recurso de apelación es que la providencia de primer grado sea
revisada por el superior del funcionario judicial que la profirió, para que, en el
análisis de su legalidad, la confirme, revoque o modifique.
De ahí la necesidad de que el recurso de apelación se sustente, es decir, que el
recurrente manifieste los motivos concretos de inconformidad con la decisión y
sobre los cuales el a quo se pronunció de manera adversa o no se pronunció.20
Debido a la importancia de que la alzada cumpla con parámetros de suficiencia en
su fundamentación, se ha concluido que la «revisión de lo decidido por el a quo,
sin mediar razones o con meras afirmaciones deliberadas desgasta y dilata el
20
Consejo de Estado, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010, Radicación 25000-23-27-000-
1999-00875-01(15328).
12
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
efectivo funcionamiento de la administración de justicia y puede evidenciar,
incluso, un actuar temerario».21
Así las cosas, al apelante le corresponde confrontar los argumentos que el juez de
primera instancia adujo para tomar su decisión, con sus propias consideraciones,
por ende, esta carga no se satisface con la simple manifestación de disenso frente
a la providencia recurrida, tampoco con la solicitud de que se revoque para que,
en su lugar, se acceda a sus intereses o con la mera reiteración de las razones
expuestas en el curso de la primera instancia. 22
Por el contrario, el interesado debe señalar cuáles fueron los yerros o desaciertos
en los que incurrió el a quo al resolver la litis, es decir, «lo que la ley impone es
que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que sirvieron de
sustento a la providencia en aquello que se considere desfavorable, no solo
porque la decisión sea contraria a los intereses de quien la impugna, sino porque
exista en realidad, a su juicio, una razón por la que piense que lo fallado en
primera instancia no corresponde, en derecho, a la decisión acertada, lo cual, por
tanto, delimita el marco al que debe sujetarse el juez al revisar la sentencia
recurrida».23
En caso de que el apelante incumpla con la carga argumentativa en comento, deja
a la segunda instancia sin herramientas o elementos de juicio para revisar si la
providencia apelada resolvió con corrección o no el debate, pues el superior no
tiene la libertad de suponer otros motivos que a su juicio debieron ser invocados
en contra de la decisión.24
21
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de mayo de 2021, radico: 81001-23-31-
000-2011-10003-01 (52299).
22
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de mayo de 2021, radicado: 05001-23-
31-000-2006-03257-01 (52413). En igual sentido pueden consultarse las siguientes providencias de esta
corporación: i) Sección Cuarta, sentencia de 17 de junio de 2021, radicado: 66001-23-33-000-2018-00366-01
(25244); ii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 16 de abril de 2020, radicado: 54001-23-33-000-
2013-00354-01 (1174-15); iii) Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 4 de julio de 2019, radicado:
11001-03-15-000-2019-01014-01(AC); iv) Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de febrero de
2019, radicado: 15001-23-33-000-2012-00137-01 (1009-14).
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 7 de mayo de 2021, radicado: 25000-23-
26-000-2009-00784-01 (51497).
24
Ibidem
13
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
En este sentido, se ha advertido que no le es dable al juez asumir cargas que
corresponden a las partes, pues ello desvirtuaría su papel imparcial en el juicio. Si
uno de los sujetos procesales está inconforme con la sentencia, es su
responsabilidad atacar la decisión poniendo a disposición, tanto del juez como de
la parte favorecida con la sentencia, las razones que, en su criterio, dejan sin
fundamento la providencia judicial. 25
En estas condiciones, se concluye que la apelación presentada por Colpensiones
no le aporta a la Sala elementos de juicio que permitan revisar la sentencia
impugnada en lo que respecta al cumplimiento integral de la providencia cuya
ejecución se persigue en este proceso, ni mucho menos encausó su defensa a
demostrar fehacientemente la excepción de pago sobre la que se edificó la alzada.
En efecto, la entidad incumplió con el deber de explicar de forma razonada, seria y
detallada los motivos por los cuales consideraba que las operaciones y
parámetros tenidos en cuenta por el a quo para liquidar la condena impuesta en
sede judicial se apartaban de la realidad, partían de supuestos equivocados o en
general incurrieron en una indebida valoración del título de recaudo.
De otro lado, es oportuno resaltar que en la etapa de liquidación del crédito
Colpensiones podrá efectuar las operaciones que hasta el momento ha omitido
realizar en aras de verificar a cuánto hacienden las sumas adeudadas.
De esta manera, al tenor del artículo 446 del CGP, la entidad tendrá la posibilidad
de analizar el balance de la deuda que proponga el actor, frente a la cual «podrá
formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite deberá
acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se precisen
los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada». A su vez, mediante
auto, el tribunal decidirá si aprueba o modifica la liquidación. Dicha decisión será
25
Ibidem
14
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
apelable en la medida en que se pronuncie sobre las objeciones o altere de oficio
los cálculos respectivos.
Aunado a lo anterior, es pertinente resaltar que la liquidación del crédito constituye
«la oportunidad procesal para precisar y concretar el valor de la ejecución, a partir
de los diferentes conceptos o rubros (capital, intereses, indexación, entre otros)
que encuentran su génesis en el título que sirve de base para la ejecución y que
son objeto de valoración por parte de la autoridad judicial a efectos de librar
mandamiento de pago y ordenar seguir adelante con la ejecución». 26
Así las cosas, la liquidación del crédito es la etapa pertinente para materializar las
órdenes impartidas por el a quo y cotejar las operaciones que hagan las partes
tendientes a determinar las sumas adeudadas, teniendo en cuenta los parámetros
trazados por la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución, los cuales no
fueron debatidos por Colpensiones al sustentar la alzada.27
2.5. De la condena en costas
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,28 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo. El
primero, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y el segundo, en cuanto se requiere que el juez revise si
ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago
de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las
partes.
26
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 23 de marzo de 2021, radicado: 20001-23-31-
000-2007-00154-02 (65131)
27
Al respecto puedo consultarse la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, auto del 11 de febrero de 2022, radicado: 25000-23-42-000-2017-00001-02 (0234-2022).
28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-
2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.
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Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 y 8
del artículo 365 del Código General del Proceso,29 la Sala no condenará en costas
de segunda instancia a la parte demandada, pues, aunque se confirmará la
sentencia recurrida, se observa que el demandante se abstuvo de presentar
alegatos de conclusión ante esta corporación.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio, se concluye que la decisión del a
quo debe ser confirmada, ya que Colpensiones no logró demostrar con suficiencia
las razones por las cuales debía declararse probada la excepción de pago en el
presente asunto.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
29
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
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Radicación: 47001-23-33-000-2018-00134-01 (0980-2021)
Demandante: José Reimundo Mateus Sarmiento
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 20 de noviembre de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro de la demanda ejecutiva promovida
por el señor José Reimundo Mateus Sarmiento contra la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones, que desestimó las excepciones
propuestas por la entidad demandada y dispuso seguir adelante con la ejecución.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
cgg
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