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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02613-01

Fecha
24 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02613-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 11 de febrero del 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Tarcisio Palomares Mendoza contra la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional, por las razones expuesta en la parte motiva de este proveído. Segundo. - Sin condena en costas. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02613-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza
Demandado: Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional
Temas: Terminación de comisión permanente especial en el exterior

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 11 de febrero del 2021 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A que negó las pretensiones de la
demanda.

Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo1, Tarcisio Palomares Mendoza presentó demanda
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para que se declare la
nulidad de la Resolución 7551 del 11 de octubre del 2017 que terminó la comisión
permanente especial del servicio en el exterior del demandante a partir del 20 de
octubre del 2017.

1
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó que se i) ordenara que la comisión permanente especial del servicio al
exterior dispuesta a través de la Resolución 4636 del 30 de junio del 2017
continúe; ii) decretara el reconocimiento y pago de los sueldos y prestaciones
sociales dejados de devengar, desde la fecha de terminación de la comisión hasta
el día en que se efectúe el reintegro sin solución de continuidad; iii) dispusiera el
pago de las sumas adeudadas con la indexación respectiva conforme el IPC; iv)
ordenara el reconocimiento y pago de la suma equivalente a 115.2 SMLMV, a
título de lucro cesante, como consecuencia de haberle terminado la comisión sin
justificación alguna; v) ordenara el reconocimiento y pago de la suma de 100
SMLMV a título de perjuicios morales, debido a la aflicción que le generó al
demandante la terminación de la comisión y v) diera cumplimiento al fallo.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

Tarcisio Palomares Mendoza se desempeña como uniformado de la Policía
Nacional en el cargo de jefe intendente y cuenta con una trayectoria de 22 años de
servicio, con más de 11 condecoraciones.

El demandante tiene una formación académica de técnico profesional en
documentología, lo cual le ha permitido ser miembro del nivel ejecutivo,
desempeñando durante 20 años en la institución policial cargos de perito en
documentología y grafología forense relacionados con moneda extranjera. Debido
a su perfil profesional, experiencia y ausencia de antecedentes, fue destinado en
comisión permanente especial del servicio al exterior con el fin de «BRINDAR
ASESORÍA DPI- ÁREA DE CRIMINALÍSTICA» en la ciudad de Tegucigalpa,
República de Honduras, durante el lapso comprendido entre el 2 de julio de 2017 y
el 1 de julio de 2018, según lo consignado en la Resolución 4636 del 30 de junio
de 2017.

Mediante Oficio S-2017-054256/DIPON-ARCOP-3.4, el jefe de área de Relaciones
y Cooperación Internacional Policial, solicitó al director general de la Policía, la
terminación de la comisión permanente en el exterior y mediante memorando
2017-055069-DIPON del 19 de septiembre del 2017, autorizó la terminación de la
comisión. Posteriormente, a través de la Resolución 7551 del 11 de octubre del
2017, el secretario general del Ministerio de Defensa dio por terminada la comisión
a partir del 20 de octubre de 2017, cuya notificación se surtió el 31 de octubre de
2017, con el Oficio S-2017-0068/DIPON-ARCOP.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante considera vulneradas las siguientes disposiciones:

2

Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

Los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 16, 25 y 29 de la Constitución Política; 3, 34, 40, 42 y
demás normas concordantes de la Ley 1437 de 2011.

En cuanto al concepto de violación, se expusieron los siguientes argumentos2:

El acto demandado que ordenó la terminación de la comisión carece de
motivación alguna, esto es expedido de manera caprichosa, sin fundamento
probatorio y sin garantía del derecho de contradicción, motivo por el cual, con ese
proceder se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y al
derecho de defensa. El acto acusado se encuentra viciado de falsa motivación,
pues resulta abiertamente arbitrario, comoquiera que no se expuso argumento
alguno que valide la terminación de la comisión, sumado al hecho de carecer de
pruebas y desconocer la excelente trayectoria al servicio de la Policía Judicial
durante 20 años.

La demandada incurrió en extralimitación en el ejercicio de la facultad
reglamentaría, así como en interpretación extensiva de esa facultad, puesto que
su decisión debía fundarse en pruebas y para imponer esa decisión administrativa
debió tener plenos fundamentos, más allá de toda duda razonable, lo cual no
ocurrió en el sub lite, de ahí que incurrió en desviación de poder.

1.2. Contestación de la demanda

La entidad demandada no contestó la demanda3.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en
sentencia del 11 de febrero de 2021, negó las pretensiones de la demanda. Para
tal efecto se pronunció en estos términos4:

La terminación de la comisión especial del servicio al exterior que le fue otorgada
al demandante corresponde al ejercicio de la facultad discrecional de la Policía
Nacional, por tanto, no requiere de mayor motivación, más allá del cumplimiento
de los presupuestos establecidos en el artículo 44 del CPACA, consistentes en
que esa decisión debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que le sirven de causa. Como consecuencia, al
plantearse en el acto administrativo demandado que la razón de la terminación de
la aludida comisión hubiese obedecido a necesidades del servicio, encontró
razonable que la culminación de la comisión tuviese como finalidad que el policía

2 A folios 4-8 del expediente
3 A folios 159 del expediente
4 A folios 163-169 del expediente.

3

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Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

se reintegrara al lugar de facción donde prestaba sus servicios en la Policía
Nacional en forma previa y los hechos que le servían de causa a esa decisión no
son más que los que las necesidades del servicio demandaban.

Por estos motivos, observó que, en asuntos como el presente, no resulta
suficiente para la parte demandante limitarse en señalar que el acto acusado
careciera de motivación válida o de pruebas, sino que tenía la carga de demostrar
que efectivamente esa decisión no obedeció a necesidades del servicio y, por
tanto, se encontraba viciada de nulidad por desviación de poder o falsa
motivación.

Así entonces, los argumentos planteados en la demanda, tales como la amplia
experiencia y la buena hoja de vida del demandante al servicio de la Policía
Nacional, no tienen ninguna posibilidad de desacreditar que la terminación de la
comisión especial de servicios en el exterior que le fue conferida al demandante
no obedeciera a necesidades del servicio, puesto que, de una parte, el buen
desempeño laboral no puede traducirse en la inexorable permanencia en una
comisión, debido a que, como todo servidor público, ese es el que debe esperarse
y exigirse en el ejercicio de sus funciones. Adicional a lo anterior, no encontró que
se hubiesen vulnerado los derechos de defensa y contradicción, puesto que, como
se aludió en precedencia, por tratarse del ejercicio de una potestad estrictamente
discrecional en cabeza de la Policía Nacional, ya sea para el otorgamiento o para
la terminación de esa comisión, no se observó ninguna obligación de la
demandada para que en forma previa a la toma de esa decisión tuviera la
obligación de escuchar al demandante, puesto que esa exigencia no la establece
la normativa aplicable, pero además no se trató de una decisión de carácter
sancionatorio, de ahí que, al no endilgársele o reprobársele ningún hecho
atribuible a aquél, no resultaba indispensable su comparecencia previa para la
toma de esa decisión.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación5 para que se revocara la
decisión de primera instancia. Para tal efecto, argumentó lo siguiente:

Insistió en la falsa motivación, toda vez que no se ofreció argumento alguno que
sustentara la terminación de la comisión; así mismo, la decisión careció de
pruebas y desconoció la excelente trayectoria al servicio de la Policía Judicial
durante 20 años.

De otra parte, el tribunal de instancia no hizo un análisis profundo del conjunto de
pruebas que obran en el proceso, toda vez que de los testimonios rendidos se
puede concluir que la resolución demandada se encuentra falsamente motivada,

5 A índice 114 de SAMAI- Tribunales y Juzgados Administrativos.

4

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Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

por ende, obedeció de forma arbitraria a la voluntad caprichosa de la
administración.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

Verificada la plataforma SAMAI se observa que las partes no se pronunciaron al
respecto.

1.6. Concepto del Ministerio Público

El agente del Ministerio Publico no rindió concepto.

2. Consideraciones

2.2. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿de acuerdo con la valoración de las
pruebas aportadas y practicadas en primera instancia, se puede concluir que el
acto demandado se encuentra viciado de nulidad por desviación de poder o falsa
motivación?

Para resolver el anterior problema, se abordarán los siguientes temas: i) marco
normativo de las comisiones de los miembros de la Policía Nacional; ii) las
causales de nulidad de desviación de poder y falsa motivación; iii) actos
administrativos de carácter discrecional; y iii) caso concreto.

2.3. Marco normativo. Con el propósito de solucionar el problema jurídico
planteado, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
aplicable al caso concreto.

2.3.1. Regulación de las comisiones de los miembros de la Policía Nacional

En lo concerniente a las comisiones establecidas dentro del régimen de carrera
de los miembros de la Policía Nacional, resulta pertinente destacar que de
acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 40 del Decreto ley 1791
del 20006, la figura de la comisión se encuentra definida en los siguientes
términos:

Artículo 40. Definiciones.
(…)

6Por el cual se modifican las normas de carrera del Personal de Oficiales, Nivel Ejecutivo,
Suboficiales y Agentes de la Policía Nacional.

5

Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

1. Comisión. Es el acto de autoridad competente por el cual se designa a
dependencia policial, militar, oficial o privada para cumplir misiones
especiales delservicio.

Así las cosas, entendida la comisión como el acto mediante el cual una
autoridad competente designa a un policial para cumplir funciones propias del
empleo en misiones especiales del servicio en dependencia distinta de la
sede del cargo, el Decreto 1791 del 2000 determinó una clasificación de los
diferentes tipos de comisión a realizarse en la Policía Nacional, de las cuales se
destacan las siguientes:

«Artículo 41. Clasificación de las comisiones. Las comisiones podrán
serindividuales o colectivas, de acuerdo con la misión a cumplir y se
clasifican así:

(…)
2. COMISIONES PERMANENTES: Las que exceden de noventa (90)
días y no superen dos (2) años
(…)
4. COMISIONES AL EXTERIOR
(…)
e. Técnicas o de cooperación internacional.
5. COMISIONES ESPECIALES: Serán comisiones especiales del servicio, las que
no se encuentran enumeradas en la clasificación precedente. Estas podrán ser al
exterior o en el país.
PARÁGRAFO 1. Las comisiones permanentes podrán ser terminadas en cualquier
tiempo por la autoridad competente previa solicitud del Director General de la
Policía Nacional cuando medien necesidades del servicio».

A su vez, el Decreto 1791 del 2000 determinó que, tratándose de miembros de
la Policía Nacional del nivel ejecutivo, la comisión se realizaría mediante
resolución ministerial, según se estableció en el artículo 42 ibídem de la
siguiente manera:

«Artículo 42. Forma de disponer destinaciones, traslados, comisiones
y encargos. Las destinaciones, traslados, comisiones y encargos, se
dispondrán en la siguiente forma:
(…)
2. Por Resolución Ministerial:
(…)
d. Comisiones al exterior, para oficiales hasta el grado de Teniente Coronel, nivel
ejecutivo, suboficiales y agentes».

En ese estado de cosas, una vez relacionada la normativa concerniente a la
comisión en el exterior para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, la
Sala observa que, al no establecerse en esas disposiciones ningún
condicionamiento o requisito para su otorgamiento, se está frente a un evidente
ejercicio de una potestad discrecional en cabeza de la Policía Nacional. De ahí que
esa entidad cuente con un amplio margen de liberalidad para seleccionar el
integrante o integrantes de su personal que será comisionado para realizar

6

Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

determinada misión especial del servicio y en qué términos esta se atendería, así
mismo, esa potestad se hace extensible para resolver sobre su terminación.

Adicionalmente, el parágrafo 1 del artículo 41 del citado decreto, estableció de
forma clara que las comisiones permanentes pueden ser terminadas en
cualquier tiempo, según las necesidades del servicio, lo cual da cuenta de la
facultad discrecional de remover en cualquier momento a los comisionados sin
necesidad de mayor motivación a dicha necesidad.

2.3.2. La causal de nulidad de falsa motivación

El artículo 137 del CPACA establece como causal de nulidad de los actos
administrativos la falsa motivación. De manera que el vicio de nulidad de la falsa
motivación aparece demostrado cuando al analizar la realidad fáctica y/o jurídica
esta difiere sustancialmente de la contenida en el acto administrativo.

En consideración a la presunción de legalidad que acompaña el acto
administrativo, le corresponde a quien alega una falsa motivación demostrar con
suficiencia la falta de coherencia lógica y/o jurídica entre lo acontecido en la
realidad y lo consignado en la decisión objeto de examen, de tal suerte que pueda
desvirtuarla. Así las cosas, esta Corporación ha concluido que los elementos
indispensables para que se configure dicha causal son los siguientes: (a) la
existencia de un acto administrativo motivado, total o parcialmente; (b) la evidente
divergencia entre la realidad fáctica y/o jurídica que induce a la producción del
acto y los motivos expuestos como fuente por la administración pública o la
calificación de los hechos; y (c) la efectiva demostración de que el acto
administrativo se encuentra falsamente motivado7.

2.4. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

Certificación del jefe Grupo de Administraciones de Historias Laborales expedida
el 19 de abril del 2017, en la que consta que el demandante ha prestado sus
servicios en la Policía Nacional desde el 3 de octubre de 1994 y que a la fecha
tiene 22 años, 6 meses y 15 días de servicios8.

Hoja de vida en la que se registra que Tarsicio Palomares Mendoza ha
desempeñado diversos cargos en la Policía Nacional desde 1994 hasta la
actualidad, en los que se ha desempeñado como perito en documentología en la

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

Sentencia del 27 de octubre de 2022, Rad. 05001-23-33-000-2013-01768-01 (4580-17)
8 A folio 131 del expediente

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Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

DIJIN, en el Grupo Regional de Policía Científica. Cuenta además con 11
condecoraciones y 57 felicitaciones por su labor desempeñada; 34 títulos de
formación académica, entre ellos, cursos técnicos, talleres y seminarios; así como
los ascensos que ha tenido desde 1995. A la fecha, ocupa el grado de intendente
jefe9.

Solicitud de la Embajada de los Estados Unidos de América del 8 de febrero de
2017, a través de la cual se le pidió al viceministro de defensa nacional la
designación del personal que desarrollaría el plan 2017 entre ese país y Colombia
para Centro América y el Caribe, con la novedad de que ellos asumirían los gastos
de alojamiento, alimentación y transporte para las actividades relacionadas10.

Certificación del 2 de enero del 2017 expedida por el jefe de Grupo de
Presupuesto General que visó la disponibilidad presupuestal de la Policía Nacional
para los gastos del personal asignado a comisiones en el exterior. En este se
liquidó lo correspondiente a sueldos y comisiones en el exterior, prima de navidad,
primas extraordinarias, de instalación y de alojamiento en el exterior11.

Formato de perfil del demandante en el cual se dejó constancia que la labor que
desempeñó en la comisión permanente especial en la república de Honduras fue
la de asesorar en el área de criminalística en la especialidad de documentología
forense; que la comisión inicialmente estaba destinada a desarrollarse en el
periodo comprendido entre el 7 de febrero de 2017 y el 7 de enero del 2018.
Adicionalmente, se dejó constancia de las instalaciones, los equipos y la dotación
que se le iba a dar para desarrollar su labor y se especificó teléfono móvil 4G de
última generación con plan de voz y datos, vehículo tipo automóvil, hospedaje y
alimentación12.

Memorando 46195 del 12 de mayo del 2017 expedido por el director general de la
Policía Nacional en el que se dispuso la elaboración del acto administrativo
mediante el cual se publicó la comisión permanente al exterior del intendente jefe
Tarcisio Palomares Mendoza con el fin de asistir en calidad de instructor en la
asesoría DPI- área de criminalística (documentología forense), en la ciudad de
Tegucigalpa-Honduras desde el 2 de julio del 2017 al 1 de julio del 201813.

Resolución 4636 del 30 de junio 2017 emitida por el secretario general del
Ministerio de Defensa Nacional a través de la cual se destinó en comisión
permanente especial del servicio al exterior al intendente jefe Tarcisio Palomares
Mendoza, con el fin de brindar asesoría DPI-área de criminalística
(documentología forense), en la ciudad de Tegucigalpa en la república de
Honduras, durante el lapso comprendido entre el 2 de julio del 2017 y el 1 de julio

9 A folios 59-64 del expediente
10 A folio 103 del expediente
11 A folios 111-114 del expediente
12 A folios 65-67 del expediente
13 A folio 105 del expediente

8

Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

del 201814.

Contrato de arrendamiento suscrito por Tarcisio Palomares Mendoza
correspondiente a un apartamento en la República de Honduras, por el periodo del
12 de julio del 2017 al 1 de julio del 2018 por un canon mensual de mil cien
(US1.100) dólares15.

Oficio S-2017-054256/DIPON-ARCOP del 3 de septiembre del 2017 expedido por
el jefe del Área de Relaciones y Cooperación Internacional Policial, a través del
cual se solicitó al director general de la Policía Nacional, que se ordenara la
elaboración del acto administrativo mediante el cual se publicó el término de la
comisión permanente en el exterior del personal de policía que se encontraba en
la república de Honduras, lo anterior teniendo en cuenta las necesidades del
servicio16.

Mediante memorando S-2017-055069/DIPON-ARCOP del 19 de septiembre de
2017, el director general de la Policía Nacional dispuso dar por terminada la
comisión permanente especial del servicio al exterior del intendente jefe Tarcisio
Palomares Mendoza, por necesidades del servicio, a partir del 20 octubre del
201717.

A través del Oficio S-2017-0063/DIPON-ARCOP del 4 de septiembre de 2017
expedido por el jefe de la Comisión Especial de Honduras, se le informó al director
de la Policía Nacional de Bogotá que en cumplimiento a las instrucciones emitidas
por el Área de Relaciones y Cooperación Internacional, el personal policial fue
notificado del término extraordinario de comisión permanente en Honduras, así
mismo se detalló la actividad que venían desarrollando y la fecha prevista de
terminación ordinaria de la comisión18.

Por medio del Oficio S-2017-0074/DIPOPN-ARCOP del 7 de septiembre de 2017
expedido por el jefe de la Comisión Especial de Honduras, se le informó al jefe del
Área de Relaciones y Cooperación Internacional Policial del personal que se
encontraba en comisión permanente en la república de Honduras, los cuales por
necesidades del servicio debían terminar de manera extraordinaria la comisión19.

Resolución 7551 del 11 de octubre del 2017 expedida por el director general de la
Policía Nacional, que terminó la comisión permanente especial del servicio al
exterior del intendente jefe Tarcisio Palomares Mendoza de la Policía Nacional, lo

14 A folio 92 del expediente
15 A folios 69-77 del expediente
16 A folio 94 del expediente
17 A folio 95 del expediente
18 A folios 19-22 del expediente
19 A folios 23-24 del expediente

9

Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

anterior teniendo en cuenta las necesidades del servicio, a partir del 20 de octubre
de 2017.20

Según certificaciones de antecedentes disciplinarios, fiscales y penales, Tarcisio
Palomares Mendoza no registra antecedente alguno21.

En audiencia de pruebas realizada el 30 de octubre de 202022, Luis Alexander
Bohórquez Díaz rindió testimonio en el que manifestó lo siguiente:

«él es uno de los policías que se encontraban de comisión en exterior, con el
demandante; que tiene conocimiento directo del trascurso de la comisión en el
exterior Tegucigalpa (Republica de Honduras) y que los motivos que podrían haber
llevado al término de la comisión eran falsamente motivados; que el Intendente Jefe
TARCISIO PALOMARES MENDOZA llevaba muy poco tiempo en la comisión y que
los dos fueron devueltos; sin embargo, nunca les notificaron ninguna investigación
administrativa o disciplinaria, por hecho en Tegucigalpa (Republica de Honduras),
sino les terminaron la comisión sin ninguna motivación»23.

Del mismo modo, Juan Alfonso Ayala Bustos rindió declaración, en la cual señaló
que:

«[…] era compañero de policía judicial del demandante en el departamento del
Meta, quien era jefe del grupo donde él trabajaba, y que conoce de su
profesionalismo, y que sabe que los que van a comisión en el exterior deben cumplir
con requisitos que PALOMARES MENDOZA cumplía, que el demandante dejó
guardado unas cosas en su casa, y que al poco tiempo envió por ellas, y que se
comentaba por parte de varias personas que el Intendente Jefe TARCISIO
PALOMARES MENDOZA había sido devuelto o terminando de la comisión en el
exterior antes de tiempo».

De las pruebas citadas en precedencia, se desprende que: i) el demandante ha
prestado sus servicios en la Policía Nacional desde el 3 de octubre de 1994 y que
a la fecha tiene 22 años, 6 meses y 15 días de servicios, desempeñándose en
diversos cargos hasta la actualidad, como perito en documentología; ii) cuenta con
una excelente trayectoria laboral, amplia formación académica y ha tenido varios
ascensos desde 1995, en la actualidad ocupa el grado de intendente jefe; iii) la
Embajada de los Estados Unidos de América solicitó el 8 de febrero del 2017 al
Viceministro de Defensa Nacional que ordenara la designación del personal que
desarrollaría el plan 2017 entre Estados Unidos y Colombia para Centro América y
el Caribe, en el que la Embajada asumiría los gastos de alojamiento, alimentación
y transporte; iv) el 2 de enero del 2017, el jefe del Grupo de Presupuesto General,
certificó la disponibilidad presupuestal de la Policía Nacional para los gastos del
personal asignado a comisiones al exterior, en la cual se incluyó los haberes de
sueldos y comisiones al exterior, prima de navidad, primas extraordinarias, prima
de instalación en el exterior y prima de alojamiento en el exterior; v) la labor que

20 A folios 90-91 del expediente
21 A folios 120-123 del expediente
22 A folio 168 del expediente

10

Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

desempeñó el demandante en la comisión permanente especial de la república de
Honduras fue la de asesorar en el área de criminalística en la especialidad de
documentología forense, la cual estaba destinada a desarrollarse inicialmente en
el periodo del 2 de julio del 2017 al 1 de julio del 2018; vi) mediante Resolución
4636 del 30 de junio 2017 expedida por el secretario general del Ministerio de
Defensa Nacional, destina en comisión permanente especial del servicio al exterior
al intendente jefe Tarcisio Palomares Mendoza en la ciudad de Tegucigalpa,
república de Honduras, durante el lapso comprendido entre el 2 de julio del 2017 y
el 1 de julio del 201824; vii) Tarcisio Palomares Mendoza suscribió contrato de
arrendamiento de un apartamento con Salvador Moncada Frías en la república de
Honduras y por el periodo del 12 de julio del 2017 al 1 de julio del 2018 con un
canon mensual de mil cien (US1.100) dólares; no obstante, en este se estableció
la facultad de que cualquiera de las partes podría dar por terminado de manera
anticipada el contrato con un preaviso de 60 días calendario, en el que el
demandante solo debería pagar la renta hasta el momento de la desocupación del
inmueble, ello en atención a las circunstancias de trabajo y estadía en Honduras
que le hicieran interrumpir el tiempo fijado en el contrato de arrendamiento; viii) el
19 de septiembre de 2017 el director general de la Policía Nacional dispuso
terminar la comisión permanente especial del servicio al exterior del intendente
jefe Tarcisio Palomares Mendoza por necesidades del servicio, a partir del 20
octubre de 2017; ix) mediante Resolución 7551 del 11 de octubre del 2017
expedida por el director general de la Policía Nacional se terminó la comisión
permanente especial del servicio al exterior del intendente jefe Tarcisio Palomares
Mendoza de la Policía Nacional, lo anterior por necesidades del servicio, a partir
del 20 de octubre de 2017; x) el demandante no registra antecedentes
disciplinarios, fiscales ni penales, y de los testimonios rendidos por Luis Alexander
Bohórquez Díaz y Juan Alfonso Ayala Bustos se desprende que eran compañeros
de trabajo del demandante, por lo tanto, dan fe del excelente desempeño policial,
así como del cumplimiento de los requisitos para permanecer en la comisión, del
hecho de que nunca le fue notificada investigación disciplinaria en su contra y de
que la comisión le fue terminada de manera abrupta sin explicación alguna.

Comoquiera que en el recurso de apelación no se plantearon argumentos distintos
de los formulados en la demanda, en tanto en esta oportunidad se limitó a decir
que hubo falsa motivación y desviación de poder en razón a que en la resolución
acusada no se ofreció una explicación ni se sustentó en una prueba que permitiera
dar por terminada la comisión permanente especial, se reitera que tal decisión
obedeció a una facultad discrecional que reside en el nominador para adoptar los
movimientos de personal que se consideren pertinentes de acuerdo con las
necesidades del servicio, tal y como lo dispuso en el caso de los policiales el
Decreto ley 1791 de 2000.

En tal sentido, al estudiar el Decreto 1791 del 2000, se observa que mediante
acto administrativo emitido por autoridad competente se puede designar a un
24 A folio 92 del expediente

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Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

servidor de la fuerza pública en comisión a una dependencia policial, militar,
oficial o privada, con el fin de cumplir misiones especiales del servicio. Estas
pueden clasificarse en transitorias, si tienen una duración hasta de 90 días, o
permanentes, si exceden dicho término y no superan 2 años; adicional a esta
clasificación, pueden ser ejecutadas en el país o en el exterior y considerarse
como especiales del servicio si no se encuentran enumeradas en la
clasificación del artículo 41 de la citada norma.

En ese orden, el parágrafo 1 del mencionado artículo, estableció que las
comisiones permanentes pueden darse por terminadas en cualquier tiempo
por la autoridad competente, previa solicitud del director general de la Policía
Nacional cuando medien necesidades del servicio, y cuando se trate de
comisión al exterior de miembros de la Policía Nacional del nivel ejecutivo su
designación se realizará mediante resolución ministerial. Por lo tanto, la norma
no exige requisito adicional, ni demanda la observación de procedimiento
alguno para seleccionar al personal que será enviado en comisión; por el
contrario, la disposición previó que tal facultad procede solo cuando medie
resolución ministerial que lo ordene y solicitud por parte del director general de
la Policía Nacional para su terminación. Así mismo, dispuso que las
comisiones permanentes pueden ser terminadas en cualquier momento,
cuando las necesidades del servicio lo aconsejen, entendiendo este concepto
como una situación orientada a satisfacer los fines esenciales del Estado,
como lo es la prevalencia del interés público.

En ese estado de cosas, una vez analizada la normativa de las comisiones en el
exterior para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, la Sala observa
que al no establecerse en esas disposiciones condicionamiento o requisito alguno
para su otorgamiento se está frente a una evidente aplicación de la potestad
discrecional en cabeza de la Policía Nacional; de ahí que esa entidad cuente con
un amplio margen de liberalidad para seleccionar el integrante de su personal
que será comisionado para realizar determinada misión especial del servicio y
en qué términos esta se atendería, la cual también se hace extensible para
resolver sobre la terminación de la misma.

Por lo tanto, una vez verificado que el acto de terminación de la comisión
permanente especial en el exterior reviste la connotación de una decisión
discrecional, el argumento del recurrente respecto de que careció de pruebas y
desconoció la excelente trayectoria laboral del demandante durante los 20 años,
en nada incide en la medida adoptada, pues esta se tomó de conformidad con las
necesidades del servicio, que no era otra distinta, que contar con el personal
necesario en el territorial nacional para satisfacer las necesidades de seguridad y
el mantenimiento de la convivencia necesaria como condición necesaria para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas.

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Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

Con la decisión de dar por terminada la comisión, no se le estaba formulando
reproche alguno al actor, de modo que no resultaba indispensable la aportación de
pruebas ni su comparecencia previa para la toma de esa decisión; por el contrario,
es una medida discrecional que de acuerdo con los requisitos del artículo 44 del
CPACA, solo debía ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza y
proporcional a los hechos que le sirvieron de causa, extremos de los cuales no se
ocupó por desvirtuar el demandante.

Ahora bien, la Sala observa que el tribunal en su sentencia valoró los testimonios
de Luis Alexander Bohórquez Díaz y Juan Alfonso Ayala Bustos y concluyó que
estos versaban exclusivamente sobre el excelente desempeño policial del
demandante, así como del cumplimiento de los supuestos requisitos para
permanecer en la comisión y de que nunca le fue notificado acerca de una
investigación disciplinaria en su contra, afirmaciones que no lograron desvirtuar
que el acto administrativo se hubiese expedido por necesidades del servicio. Por
lo tanto, en aplicación del margen discrecional para conferir y terminar las
comisiones en la institución policial, el hecho del buen desempeño del
demandante no era garantía para que no le fuera terminada su comisión, entre
otras razones, porque la decisión no se adoptó como consecuencia de una
conducta o hecho reprochable, sino que se basó en consideraciones del buen
servicio.

2.5. Costas.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP,
esta Sala no condenará en costas a la parte vencida, en atención a que en el
trámite no se observa que se hayan causado, ni que las partes hayan desplegado
un actuar temerario.

3. Conclusión

La Sala encuentra que después de analizada la normativa que regula la materia
referida a las comisiones en el exterior de los miembros de la Policía Nacional y de
encontrarse que se trata de una medida discrecional de personal, sumado al
hecho de no haberse acreditado vicio alguno que pudiese predicarse respecto del
acto administrativo acusado, habrá de confirmarse la sentencia del 11 de febrero
de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicación: 25000234200020180261301 (2562-2021)
Demandante: Tarcisio Palomares Mendoza

F A L L A:

Primero. - Confirmar la sentencia proferida el 11 de febrero del 2021 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que
negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por Tarcisio
Palomares Mendoza contra la Nación, Ministerio de Defensa y Policía Nacional,
por las razones expuesta en la parte motiva de este proveído.

Segundo. - Sin condena en costas.

Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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