Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02784-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2018-02784-01
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
26 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
Demandante : Nidia Liris Terreros Barrero
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de 15 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda),
mediante la cual negó las súplicas de la demanda dentro del proceso del
epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 El medio de control (ff. 177 a 204). La señora Nidia Liris Terreros Barrero,
por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente
se precisan.
1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 33100 de 8
de septiembre y RDP 49541 de 28 de diciembre, ambas de 2016, por las que la
entidad accionada negó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante.
Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) conceder la aludida prestación a partir de la fecha de
adquisición del estatus pensional (9 de mayo de 2009), debidamente indexada;
(ii) pagar intereses moratorios y (iii) dar cumplimiento al fallo en los términos
del artículo 192 del CPACA. Por último, se le condene en costas.
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nidia Liris Terreros Barrero contra la UGPP
1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 24 de junio de 1953
y prestó sus servicios como maestra departamental y nacional del 1º de abril de
1973 al 30 de julio de 1980 y desde el 31 de los mismos mes y año hasta el 9 de
julio de 1996, en su orden, y a partir del 10 siguiente nuevamente como
profesora «territorial», «[…] por mandato de la Ley 60 de 1993, dado que el
Distrito Capital de Bogotá fue certificado para la prestación del servicio
educativo, según Resolución N° 6144 de […] 26 de Diciembre de 1995,
proferida por el Ministerio de Educación Nacional […]» (sic); es decir, «[…]
cumplió 20 años de servicio y alcanzó su estatus para gozar de la pensión
gracia el […] 9 de mayo de 2009» (sic).
Que, además, ejerció su empleo «[…] con honradez, consagración y buena
conducta […]», motivo por el cual el 3 de mayo de 2016 pidió de la accionada
la pensión gracia, negada a través de las resoluciones cuestionadas, con el
argumento de que su vinculación con la docencia fue de carácter nacional.
1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1º, 2º, 13,
25, 29, 48, 53, 151, 286 a 288, 356 y 357 de la Constitución Política; 42 y 80
del CPACA; 3º, 4º y 13 de la Ley 39 de 1903; 1º a 4º de la Ley 114 de 1913, 6º
de la Ley 116 de 1928, 3º de la Ley 37 de 1933, 1º de la Ley 24 de 1947, 4º de
la Ley 4ª de 1966, 1º y 10º de la Ley 43 de 1975; 1º y 15 (letra a del numeral 2)
de la Ley 91 de 1989; 2º a 4º, 6º, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993, 5º del Decreto
1743 de 1966 y 1º a 6º del Decreto ley 2277 de 1979.
Arguye que la demandada incurre en falsa motivación e infracción de las
normas en que debía fundarse, toda vez que si «[…] hubiera estudiado el tema
planteado a la luz de la Ley 60 de 1993, que se citó en el Derecho de Petición
y hubiese analizado la prueba sobre descentralización de la educación
seguramente hubiera concluido en que […] el tiempo de servicio prestado […]
a partir del 10 de Julio de 1996 […] mutó a Territorial-Distrital. Como no lo
hizo así […] le privó de reconocer que […] sí había cumplido veinte (20) años
de servicio aptos para el reconocimiento de la pensión […]» (sic) gracia.
Que, de acuerdo con la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso-
administrativo, los recursos del sistema general de participaciones «[…]
pertenecen a la respectiva entidad territorial, lo que en concordancia con el
artículo 38 de [la Ley 715 de 2001], permite concluir […] que el vínculo y
relación laboral de los docentes se da para con la entidad territorial
correspondiente […] y no con la Nación, quien […] descentralizó y transfirió
el manejo de la educación al nivel departamental, distrital o municipal» (sic).
2
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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1.2 Contestación de la demanda (ff. 251 a 262). La entidad accionada, por
conducto de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio
de control y se refirió a los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros
parcialmente, algunos no y los demás no le constan. Asimismo, propuso las
excepciones denominadas inexistencia de las obligaciones demandadas y cobro
de lo no debido, buena fe, legalidad de los actos administrativos enjuiciados,
improcedencia de intereses moratorios, indexación y costas procesales y
prescripción.
Dice que «[…] no se pueden computar tiempos de carácter NACIONAL por tal
razón […] la demanda no está […] llamada […] a prosperar teniendo en
cuenta que [la accionante] no cuenta con los veinte años en la docencia oficial
de carácter Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado» (sic).
1.3 Providencia apelada (ff. 349 a 354). El Tribunal Administrativo de
Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), mediante sentencia 15 de
abril de 2021, negó las súplicas de la demanda (sin condena en costas), al
considerar que como la actora «[…] se vinculó a partir de 31 de julio de 1980,
al servicio público educativo por nombramiento del Gobierno Nacional, […]
esa vinculación es de carácter Nacional, tal como lo establece la Ley 91 de
198[9], independientemente del proceso de descentralización que se
implementó a partir de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 […]» (sic), puesto
que, aunque ello «[…] significó el traslado […] del personal docente a las
entidades territoriales certificadas y de los recursos con los cuales se financia
el servicio público educativo; […] la calidad de docente territorial o nacional
no se determina por la ubicación geográfica en que se preste el servicio, ni por
el origen de los recursos con los cuales se financia, sino por la entidad que
primigeniamente otorgó el nombramiento y posesión del cargo, es decir que le
otorgó la vinculación al docente propiamente dicho» (sic).
1.4 El recurso de apelación (ff. 355 a 376 vuelto). Inconforme con el anterior
fallo, la accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo no
tuvo en cuenta que «[…] conforme a la Ley 60 de 1993, se presentó un cambio
de patrón o sustitución patronal […] que operó de la Nación hacia los
Departamentos, Distritos y luego una nueva sustitución patronal de los
Departamentos a los Municipios certificados […] y […] en virtud de tal cambio
[…], los maestros que eran nacionales perdieron tal carácter para pasar a ser
Departamental o Distrital y luego los que eran Departamentales soportaron un
segundo proceso descentralizador en los Municipios donde trabajaban, si es
que los Municipios eran certificados […]» (sic).
Que si bien no desconoce que «[…] los servicios prestados […] desde el 31 de
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julio de 1980 al 9 de julio de 1996, son de carácter nacional y que por tanto
[…] no son aptos para el reconocimiento de la pensión, […] los tiempos
servidos a partir del 10 de julio de 1996 […] son distritales por efecto de la
descentralización [y] se tornan aptos para […]» (sic) acceder a la prestación
reclamada.
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 6 de julio de 2021 (f.
381) y admitido por esta Colegiatura a través de proveído de 5 de mayo de 2022
(f. 385), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA1; y durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem las partes actora y accionada
presentaron alegatos de conclusión para reiterar sus argumentos de demanda,
defensa y alzada2, mientras que el correspondiente agente del Ministerio
Público guardó silencio (f. 386).
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste razón
jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por
cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento,
pues no laboró por lo menos veinte (20) años como profesora con vinculación
territorial o nacionalizada en instituciones educativas departamentales,
distritales o municipales, como lo concluyó el a quo.
3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial para efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.
1
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
2
Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai.
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
4
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3.3.1 Sobre la pensión gracia. En principio, debe señalarse que la pensión
gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales
territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y
conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso
no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se
condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19134 consagró por primera vez la pensión gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían
los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19035, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 19286 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
4
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
5
«[S]obre Instrucción Pública».
6
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
5
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la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual7.
La Ley 37 de 19338 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 19989, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que
la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos
relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para
acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino
limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la
doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197510, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
7
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
8
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
9
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
10
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
6
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Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de
agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en
relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
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Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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[…]
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la
establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley11.
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202012, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es,
la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
11
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.
12
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
8
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siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la
pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de
1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen
“un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el
tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de
diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes
nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de
la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER),
girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para
entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con
el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata
9
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación
de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31
de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto
y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no
existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo
150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las
leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del
Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda
a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya
de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que,
las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se
tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto
por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación13 [se subraya y destaca].
13
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues,
como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre
de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho
“sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca).
La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
10
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nidia Liris Terreros Barrero contra la UGPP
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
3.3.2 Sobre la incorporación de los profesores a los entes territoriales, en
virtud de la descentralización de la educación pública. Como se expuso en
el acápite precedente, por medio de la citada Ley 39 de 26 de octubre de 1903,
el legislador fijó los parámetros iniciales de la «Instrucción Pública», es decir,
la educación primaria y secundaria, entre otras, la primera «[…] a cargo y bajo
la inmediata dirección y protección de los Gobiernos de los Departamentos»
(artículo 3°), y la segunda asumida por «[…] la Nación e inspeccionada por el
Poder Ejecutivo» (artículo 4°).
Luego, con la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria,
para lo cual se concedió un término de 5 años (artículo 314), esto es, hasta el 31
de diciembre de 1980, de lo que se colige que con antelación a dicho trámite
únicamente existían dos (2) categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales
y territoriales. Y, posterior a la referida nacionalización de la educación, se
clasificaron en nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación
quedó establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de ente territorial,
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del artículo
1015 de la Ley 43 de 1975.
14
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%)
de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los
presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en
un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de
los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
15
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».
11
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).
Empero, a través de la Ley 60 de 12 de agosto de 199316, el Congreso de la
República dio paso a la descentralización del servicio educativo, para lo cual
dejó en cabeza de los entes locales su administración, incluida la del personal
docente, que en lo sucesivo adquirió «carácter» departamental o distrital, según
el caso, mientras que la Nación sería responsable de su regulación, coordinación
y asistencia:
ARTÍCULO 2o. COMPETENCIAS DE LOS
MUNICIPIOS. Corresponde a los Municipios, a través de las
dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas municipales competentes […]:
1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las
disposiciones legales sobre la materia:
• Administrar los servicios educativos estatales de educación
preescolar, básica primaria y secundaria y media.
[…]
ARTÍCULO 3o. COMPETENCIAS DE LOS
DEPARTAMENTOS. Corresponde a los departamentos, a través de
las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas departamentales competentes, conforme a la
Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las
respectivas ordenanzas:
[…]
A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las
disposiciones legales sobre la materia:
• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la
prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinaciación de los servicios
educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución
de los recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios
educativos estatales.
[…]
16
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».
12
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
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La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por
los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la
planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por
municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio;
de todas maneras la administración del personal docente y
administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la
presente Ley.
ARTÍCULO 4o. COMPETENCIAS DE LOS
DISTRITOS. Corresponde a los distritos, a través de las dependencias
de su organización central o de las entidades descentralizadas
competentes, conforme a la Ley, a las normas técnicas nacionales y a
los respectivos acuerdos:
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por
los distritos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta
de personal tendrán carácter distrital; de todas maneras la
administración del personal docente y administrativo se hará conforme
a lo previsto en el artículo 6o. de la presente ley.
[…]
ARTÍCULO 5o. COMPETENCIAS DE LA NACIÓN. En relación
con las materias de carácter social, corresponde a la Nación, a través de
los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos y
autoridades de la administración central o de las entidades
descentralizadas del orden nacional, conforme a las disposiciones
legales sobre la materia:
• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán
de orientación a las entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
[…]
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en
materia educativa y de salud.
[…]
• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las
entidades territoriales la ejecución de las campañas y programas
nacionales, o convenir la asunción de las mismas por parte de las
entidades territoriales, cuando fuere el caso, con la asignación de los
recursos respectivos para su financiación o cofinanciación; establecer
los programas de cofinanciación en forma acorde a las políticas y a las
prioridades nacionales.
[…] (se subraya).
13
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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Por consiguiente, con la aludida Ley 60 de 1993 los departamentos y distritos
asumieron la prestación del servicio de la educación, compromiso que
comportaba incorporar de manera expresa al personal docente cuya vinculación
estaba a cargo de la Nación y que, en virtud de la mencionada descentralización,
ahora integraba la planta de aquellos.
Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001 17, que
dispuso, entre otras cosas, que los municipios y distritos certificados en
educación tendrían a su cargo ese servicio en los niveles de preescolar, básica y
media (artículos 6° y 7°); y «Las instituciones educativas estatales son
departamentales, distritales o municipales» (artículo 9°), con lo que se mantuvo
la exclusión del nivel central en el manejo directo del profesorado oficial.
De conformidad con lo anterior, los pedagogos nacionales se incorporaron, sin
solución de continuidad, a las plantas de personal locales (desde luego, siempre
que existiera acto administrativo expreso de incorporación del respectivo
maestro) y, por ende, adquirieron la condición de territoriales, con las
prerrogativas que ello implicaba, incluido el reconocimiento de la pensión
gracia, claro está, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos impuestos
por la normativa aplicable.
No obstante, se precisa que recientemente la sala mayoritaria de esta
subsección, al desatar medios de control instaurados por docentes estatales con
el ánimo de obtener la precitada prestación, como el que aquí nos convoca, ha
dicho que «[…] si bien es cierto que el Departamento […] para asumir la
administración del sector de la educación dentro del modelo de
descentralización administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos
docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo es que esto no
conllevó a que la calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a
territorial, pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional […] son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación»18 (sic). En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí
integrada (que se insiste, el consejero ponente no comparte) se contrae a que a
los maestros nacionales incorporados a los entes territoriales con ocasión de la
Ley 60 de 1993 no pueden ser acreedores de la pensión gracia, puesto que,
además de que no existe sinonimia entre los términos nombramiento
17
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
18
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P.
César Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-
2022), con salvamento del consejero ponente de la presente providencia, entre otros.
14
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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(«nominación») y homologación, en todo caso esta no comporta cambio del tipo
de vinculación; posición de la que, valga decir, se ha apartado el suscrito
consejero ponente por las razones esbozadas en líneas previas y las siguientes.
Como se explicó en precedencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos
2º a 4º y 6º de la Ley 60 de 1993, la competencia para la administración y
prestación del servicio educativo fue asignada de manera directa a los
municipios, distritos y departamentos; en consecuencia, los tiempos laborados
por los pedagogos que sean incorporados a las plazas de las plantas de personal
de esas entidades, adquieren la connotación de orden territorial.
Lo anterior se extrae, entre otras razones, del artículo 6° de dicha Ley, en cuanto
preceptúa: «El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales
o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les
respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial»
(negrillas de la Sala); de lo destacado se infiere que el docente debe cumplir, en
todo caso, el requisito de vinculación previa al 31 de diciembre de 1989, en
virtud del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.
Ahora bien, es el acto de incorporación o nombramiento el que determina la
naturaleza del servicio que presta el profesor, por eso, no basta con la simple
certificación de la entidad territorial para asumir la administración autónoma
del servicio educativo, sino que para considerar los tiempos de labor en esa
entidad territorial (departamental, municipal o distrital) será determinante el
acto de incorporación del servidor a la planta de personal en una plaza de esa
misma naturaleza. Al respecto, el artículo antes trascrito se refiere a «[…] los
actuales docentes […] que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad» (se subraya).
Agrégase a lo expuesto que, aunque la Ley 91 de 1989 previó claramente que
los docentes nacionales son los vinculados (sin mencionar los incorporados) por
el Gobierno nacional, lo cierto es que para entonces el legislador no podía
predecir que, dada la posterior entrada en vigor de la Carta Política de 1991,
dentro de cuyos principios fijó el de la descentralización19, cuatro (4) años
19
Artículo 1º de la Carta Política: «Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
15
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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después se concebiría la situación administrativa de la incorporación de esos
trabajadores a los departamentos, distritos o municipios.
Sobre el particular, la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado,
en concepto de 14 de diciembre de 201620, dijo:
Como se indicó anteriormente, de acuerdo con lo establecido los
artículos 15 de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001, el
personal adscrito a las plantas de personal del servicio educativo del
orden nacional debía ser recibido o incorporado21 en las plantas
existentes o que se crearan para el efecto en las entidades territoriales
(departamentos, municipios o distritos), en virtud de la
descentralización de la educación.
Se produce así un traslado de los servidores de la educación, los
cuales dejaban de pertenecer a la planta de personal de la Nación y
pasaban a incorporarse a las plantas de personal de las entidades
territoriales. Este proceso se debía hacer de forma conjunta entre la
Nación y los Departamentos, Distritos o Municipios, teniendo en
cuenta los criterios establecidos en la ley, tal como dispuso la Ley
715 de 2001 […] (se subraya).
Empero, sin perjuicio de los argumentos atrás anotados, por ser el criterio
dominante de esta subsección B, será aplicado en este asunto en el sentido de
que la incorporación de los docentes nacionales a la planta de personal de los
entes territoriales «[…] no conllevó […] que la calidad de la vinculación de
estos cambiara de nacional a territorial, en la medida en que el artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno, como ocurre en el caso concreto, son personal nacional, máxime
si se tiene en cuenta que la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación» (sic)22, por lo que, seguidamente, se analizará el problema
jurídico fijado de acuerdo con la referida posición.
3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general» (se subraya).
Artículo 151 ibidem: «El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la
actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán […] las relativas a la asignación de competencias
normativas a las entidades territoriales […]».
Artículo 288 ib.: «La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias
entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley».
20
Radicación 11001-03-06-000-2016-00109-00 (2301), C. P. Álvaro Namén Vargas.
21
La Ley 60 de 1993 utiliza el verbo recibir, en tanto que la Ley 715 de 2001 utiliza el verbo incorporar.
22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, fallo de 25 de
agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César Palomino Cortés.
16
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:
a) Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento de la actora, que dan
cuenta de que nació el 24 de junio de 1953 (ff. 7, 9, 81 y 83).
b) Decreto 160 de 28 de marzo de 1973, por el que el departamento del Tolima
nombra a la accionante en el empleo de directora de la Escuela Rural Mixta
«Aguas Claras» de Suárez (Tolima), posesionada el 1º de abril siguiente (ff.
143 a 147).
c) Decreto 11664 de 17 de julio de 1980, por medio del cual el Ministerio de
Educación Nacional designa a la demandante en el cargo de profesora, quien
tomó posesión el 31 de los mismos mes y año (ff. 338 y 338 vuelto).
d) Resolución 6144 de 26 de diciembre de 1995, con la que la aludida cartera
«[… ] Certifica […] el cumplimiento de los requisitos establecidos por […] la
Ley 60 de 1993 para asumir la administración directa de los recursos del
situado fiscal y la prestación de los servicios educativos por parte del Distrito
Capital de Santa Fe de Bogotá»; en consecuencia, «[…] entrega […] los bienes,
el personal y los establecimientos que le permitan, a dicha entidad territorial,
cumplir con las funciones y obligaciones recibidas en virtud de la certificación
otorgada» (sic; ff. 114 a 116).
e) «ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y ENTREGA DE BIENES AL
DISTRITO CAPITAL DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.» (sic), suscrita el 10
de julio de 1996 por los señores Ministro de Educación Nacional y alcalde de
Bogotá, por cuyo conducto aquel entrega a este «[…] los bienes, el personal y
los establecimientos educativos que le permitan cumplir con las funciones y
obligaciones recibidas, de conformidad con las leyes 60 de 1993 y 115 de 1994
[…]» (sic; ff. 155 a 161).
f) «FORMATOS» únicos para la expedición de certificado de historia laboral y
de salarios y constancias laborales provenientes de las secretarías de educación
del Tolima y Bogotá, en los que se consigna que la actora trabajó en condición
de maestra del 1º de abril de 1973 al 31 de julio de 1980 (7 años, 2 meses y 1
día) y entre esta última fecha y el 8 de enero de 2016 (día en que fue emitida la
última de dichas certificaciones), con vinculaciones nacionalizada y nacional,
en su orden (ff. 11 a 13, 33 a 36 y 84 a 87).
17
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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g) Resoluciones RDP 33100 de 8 de septiembre y RDP 49541 de 28 de
diciembre, ambas de 2016, mediante las cuales la demandada niega la pensión
gracia reclamada por la accionante el 3 de mayo de 2016, toda vez que, según
los documentos aportados, aparece que ella «[…] prestó sus servicios del 31 de
julio de 1980 al 08 de enero de 2016, como DOCENTE DE CARACTER
NACIONAL» (sic; ff. 76 a 77, 99 a 101 y 118 a 129).
De las pruebas antes enunciadas se desprende que la demandante nació el 24 de
junio de 1953 y prestó sus servicios para la educación oficial, así:
Tiempo
Nominador Acto de nombramiento Desde Hasta laborado
a m d
Departamento Decreto 160 de 28 de
01/04/1973 31/07/198023 7 2 124
del Tolima marzo de 1973
Ministerio de
Decreto 11664 de 17 de
Educación 31/07/1980 08/01/201625 35 5 6
julio de 1980
Nacional
Total tiempo de servicio26 42 7 6
En tal virtud, el 3 de mayo de 2016 la actora pidió de la demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, negado con Resoluciones RDP 33100 de
8 de septiembre y RDP 49541 de 28 de diciembre, ambas de 2016 (enjuiciadas),
puesto que su vinculación con la docencia es de carácter nacional.
En el asunto sub judice, la accionante cuestiona la decisión del a quo, en cuanto
concluyó que no hay lugar a acceder a las pretensiones, comoquiera que, según
las pruebas, su vinculación fue de carácter territorial, máxime cuando dentro del
trámite de descentralización de la educación pública, el Distrito Capital asumió
las obligaciones que tenía a su cargo la Nación, de manera que cuando ese ente
fue certificado por la referida cartera para prestar la labor educativa, ella
adquirió nuevamente la condición de profesora territorial.
Al respecto, en lo atinente al período trabajado por la demandante desde el 1º
de abril de 1973 hasta el 31 de julio de 198027, con Decreto 160 de 28 de marzo
de 1973 el gobernador del Tolima la nombró como maestra, lo que es
corroborado por la respectiva secretaría de educación, al certificar que dicha
designación estuvo a cargo del ente territorial, motivo por el cual ese interregno
23
Se advierte que el 31 de julio de 1980 la actora laboró de manera simultánea en dos (2) empleos.
24
Cabe anotar que en este cómputo se descuentan los lapsos en los que la demandante hizo uso de licencias no
remuneradas.
25
Fecha de expedición del último de los certificados de tiempos de servicio proveniente de la secretaría de
educación de Bogotá, en el que consta que la accionante seguía «Activ[a]» como docente (f. 86).
26
Sin contar en forma doble el día simultáneo de servicio.
27
Que no es objeto de discusión por las partes.
18
Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
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es susceptible de ser contabilizado para el reconocimiento de la pensión gracia
deprecada.
Debe anotarse que las anteriores pruebas son las que, a la luz del artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el tipo
de vinculación de una persona con la «profesión docente»28, pues el primero
prevé que los profesores vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
conforman el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha concluido que
el funcionario competente para certificar la calidad de maestro territorial es el
nominador.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-SUJ-
SII-11-2018 (SUJ-11-S2)29, precisó:
Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias
relacionadas con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el
sentido de que […] (iv) para acreditar la calidad de docente
territorial, se requiere copia de los actos administrativos donde
conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también
se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de
vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial [se destaca].
En lo concerniente al segundo lapso laborado por la actora, obra en el
expediente Decreto 11664 de 17 de julio de 1980, por el que el Ministerio de
Educación Nacional la nombra como profesora de tiempo completo, de lo que
se colige entonces que su vinculación, conforme a lo explicado en líneas
previas, es de carácter nacional, lo que impide que pueda ser tenido en cuenta
para la prestación reclamada en el sub lite. Esa condición es ratificada por la
secretaría de educación de Bogotá, al informar sobre su naturaleza «Nacional».
Tampoco es dable computar los tiempos servidos por la accionante con
posterioridad al (i) 26 de diciembre de 1995, es decir, cuando se expidió la
Resolución 6144, por la que la aludida cartera certificó al Distrito Capital para
28
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 prevé que «Se entiende por profesión docente el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata
este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos
que determine el reglamento ejecutivo».
29
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).
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Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nidia Liris Terreros Barrero contra la UGPP
asumir la prestación de los servicios educativos, incluida la administración del
personal docente; o (ii) 10 de julio de 1996, esto es, al suscribirse por dichos
entes el acta de entrega al señor alcalde de Bogotá de los bienes destinados a la
actividad académica, dado que, como se analizó en el acápite precedente, su
vinculación (valga recordar, nacional) no varió con la descentralización de la
función educativa.
En este orden de ideas, habida cuenta de que tanto el acto administrativo de
nombramiento como las certificaciones expedidas por la secretaría de educación
de Bogotá denotan que la demandante prestó sus servicios para la docencia
oficial como maestra nacional y, por ende, vinculada con el mismo carácter
entre el 31 de julio de 1980 y el 8 de enero de 2016, no le asiste derecho a la
pensión gracia que solicita, tal como lo concluyó el a quo.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.
Por último, comoquiera que el apoderado de la accionada sustituyó el poder a
él conferido, se reconocerá personería a la profesional del derecho destinataria
de dicha sustitución30.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 15 de abril de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca (subsección A de la sección segunda), que
negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Nidia Liris Terreros
Barrero contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones
expuestas en la parte motiva.
2º. Reconócese personería a la abogada Alida del Pilar Mateus Cifuentes, con
cédula de ciudadanía 37.627.008 y tarjeta profesional 221.228 del Consejo
Superior de la Judicatura, para representar a la accionada, en los términos de la
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Obrante en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
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Expediente: 25000-23-42-000-2018-02784-01 (3350-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Nidia Liris Terreros Barrero contra la UGPP
sustitución de poder.
3º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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