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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02312-01

Fecha
30 de mayo de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2019-02312-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 22 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las súplicas de la demanda. SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias. TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2019-02312-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

30 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 05001-23-33-000-2019-02312-01
Interno : 5821-2023
Demandante : Silvio Rentería Arboleda
Demandada : Municipio de Medellín
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho - Ley
1437 de 2011

TEMA: NIVELACIÓN SALARIAL Y PRESTACIONAL – DOCENTE
NACIONAL

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante
contra la sentencia de 22 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia que negó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda1

1.1 Pretensiones

Silvio Rentería Arboleda mediante apoderado judicial, acudió a la jurisdicción
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y solicitó que se declare la nulidad del siguiente
acto administrativo 201830345312 del 21 de noviembre de 2018, mediante el
cual se negó la igualdad salarial entre los docentes y directivos docentes al
servicio del Municipio de Medellín.

A título de restablecimiento del derecho, se declare el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales y prestacionales causadas por los pagos
superiores que se cancelan a los docentes considerados territoriales y que
realizan las mismas funciones que el demandante.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones son los siguientes:

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Samai 00002, descripción expediente digital, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2

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Interno: 5821-2023
Demandante: Silvio Rentería Arboleda
Demandado: Município de Medellín

Silvio Rentería Arboleda fue nombrado como docente de carácter municipal,
en la planta del municipio de Medellín.

El departamento de Antioquia fue descentralizado administrativamente en los
servicios educativos estatales el 10 de abril de 1996, por medio de la
Resolución 6000 del 9 de diciembre de 1995 y la Ley 60 de 1993. Una vez el
municipio de Medellín acreditó los requisitos para el manejo descentralizado
de la educación de conformidad con la Ley 715 de 2001 que modificó la Ley
60 de 1993, fue entregado el servicio de educación por parte del Ministerio de
Educación Nacional por medio de la Resolución 2823 del 9 de diciembre de
2002.

La citada resolución expedida por el MEN estableció en el artículo 2 que: “en
desarrollo del proceso de descentralización, el Departamento de Antioquia y
el Municipio de Medellín deberán suscribir actas de entrega del personal
docente, directivo docente y administrativo, bienes, recursos financieros y
archivos de información que le correspondan al Municipio en cumplimiento de
las normas vigentes”. Con dicha disposición de carácter nacional, se expidió
el Decreto municipal 58 del 2003, por medio del cual se estableció que: “de
conformidad con el acta de entrega de la educación suscrita el 17 de enero de
2003, entre la Gobernación de ANTIOQUIA Y EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN,
(LITERAL D de la parte considerativa), se recibe el siguiente personal, así: (…)
Para un total de 8.194 cargos docentes, 534 directivos docentes (rectores,
coordinadores y directores y directores de Escuela, 24 directores de núcleo
educativo, y 469 cargos administrativos (celadores, tesoreros de colegios
aseadoras, etc , Para un total de 8.752 cargos de docentes y directivos
decentes y 469 cargos administrativos, que INCORPORABA A LA PLANTA
DE CARGOS DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”.

Por medio del Decreto Municipal 013 de 6 de enero de 2004, fue adoptada la
planta global de cargos en el Municipio de Medellín de docentes, directivos
docentes y administrativos “cancelados a partir de la fecha con los recursos
del Sistema General de Participaciones, equivalentes a 10.621 docentes y
directivos que fueron incorporados a la planta de cargos del Municipio de
Medellín que venían siendo cancelados con recursos propios de este ente
territorial (…)”.

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Demandante: Silvio Rentería Arboleda
Demandado: Município de Medellín

A partir del 6 de enero de 2004, una vez se encontraba aprobada la planta
global de cargos docentes, directivos docentes y administrativos del municipio
de Medellín, procedió a cancelar salarios y prestaciones superiores a los
docentes y directivos docentes territoriales municipales que con anterioridad
eran cancelados con recursos propios, caso que no acontece para los
docentes y directivos docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
departamentales incorporados, cancelados con recursos del SGP, “pero
extrañamente a los 1.643 que estaban siendo cancelados hasta ese momento
con recursos propios, se les comenzó a cancelar salarios superiores siendo
docentes, que a los docentes (…) y directivos docentes que con anterioridad
eran cancelados con recursos del situado fiscal (hoy SGP) y que igual fueron
incorporados a la misma planta de cargos que los docentes que ya pertenecían
a la misma”.

El 26 de septiembre de 2018, presentó una petición ante el municipio de
Medellín y solicitó un trato igualitario al no poder existir diferencias salariales y
prestacionales entre los diferentes docentes y directivos docentes vinculados
a la planta global del ente territorial, con el debido reconocimiento y pago de
las diferencias salariales y prestacionales, siendo negada por la entidad, toda
vez que los docentes se diferencian por el tipo de vinculación y aplicación
normativa en materia salarial y prestacional, al ser incorporados sin solución
de continuidad.

1.2. Normas vulneradas y concepto de violación

Al explicar el concepto de violación la parte accionante citó la sentencia de
esta Corporación con Radicado 2013-04683-01, “que dice que como a los
docentes del municipio de Medellín se les cancela con dineros del Sistema
General de Participaciones deben tener un trato igual, sin que interese si el
nombramiento se realizó por el municipio o por el FER, porque pertenecen a
la misma planta de cargos global”.

Aunado a que, el municipio está evadiendo no solo la obligación que tenía de
responsabilizarse de forma igualitaria respecto de la planta global autorizada
y/o referente a la totalidad de los docentes que desarrollan actividades en
dicho municipio, sino que también desconoce los derechos, principios y
garantías establecidos en la Constitución Política, tales como el derecho a la
igualdad y la primacía de la realidad sobre las formalidades puesto que “a
igual trabajo igual salario”. Luego, se genera discriminación entre los

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Demandante: Silvio Rentería Arboleda
Demandado: Município de Medellín

trabajadores y una brecha entre ellos a pesar de que desempeñan igual
actividad.

2. Contestación de la demanda

El municipio enjuiciado se opuso a las pretensiones de la demanda2.

Señaló que, al revisar la sentencia de unificación del Consejo de Estado emitida
el 21 de junio de 2018, en el expediente 2013-0468301 (MP CARMELO
PERDOMO CUETER), no se encontró ningún apartado que indique que los
educadores, al pertenecer a la misma estructura global de docentes y directivos
docentes, y ser remunerados con fondos provenientes del Sistema General de
Participaciones que ingresan al Municipio de Medellín, no puedan tener
diferencias salariales y de beneficios. Lo que se unificó expresamente en dicha
sentencia fueron las controversias relacionadas con el reconocimiento de la
pensión gracia, especialmente en lo referente al origen de los fondos por parte
de la entidad nominadora.

Argumentó que, las pretensiones carecen de fundamento, ya que no se
reconoce la igualdad entre los docentes territoriales municipales, los territoriales
departamentales incorporados, los nacionales y los nacionalizados. Esta
diferencia se basa en el tipo de vinculación y la normativa aplicable en términos
salariales y de prestaciones, dado que cada uno de ellos fue incorporado bajo
condiciones distintas y con diferentes marcos legales. Este escenario conlleva a
la aplicación del principio de inescindibilidad, lo que implica que no es posible
seleccionar partes favorables de cada norma para construir un nuevo texto;
únicamente se puede optar por una norma y aplicarla en su totalidad.

Propuso los medios exceptivos que denominó “improcedencia de nivelación
salarial y prestacional”; “ausencia de prueba de trabajo igual salario igual”
“inexistencia de la obligación”; “compensación” y “prescripción”.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas3.

Indicó que, al existir diversos regímenes normativos que regulan tanto la
actividad docente, como los salarios y prestaciones de los empleados públicos

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Samai 00002, descripción expediente digital, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2
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Demandante: Silvio Rentería Arboleda
Demandado: Município de Medellín

del orden nacional y territorial, amparados por la Constitución Política, no se
configura una vulneración al artículo 13 superior, ni al principio “a igual trabajo,
igual salario”, por cuanto uno de los requisitos para determinar si hay violación
del derecho a la igualdad, es precisamente que se traten de supuestos fácticos
comparables (tertium comparationis), y como se observa, ambos grupos de
docentes, tienen una regulación diferente.

Discurre adicionalmente, que otra razón para desestimar los argumentos de
la demanda, es que el artículo 356 de la Constitución prohíbe descentralizar
competencias sin previa asignación de recursos suficientes para atenderlas,
de ahí que, no es posible ordenarle al Municipio de Medellín que asuma por
los docentes incorporados, mayores costos con recursos propios que no es
posible cubrir con los recursos del Sistema General de Participaciones.

Que si bien la Ley 715 de 2001 dispuso un proceso de homologación y
nivelación para los cargos administrativos que fueron incorporados, por
cuanto ellos hacen parte de la generalidad de los empleos de la administración
y no tienen una regulación especial, como sí la tiene la profesión docente.
Bajo estos parámetros, las normas que regulan estas situaciones no son
aplicables al caso bajo análisis.

4. Recurso de apelación

El demandante a través de apoderada solicita que se revoque la sentencia
proferida por el a quo que le negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que 4 se aplique la excepción de ilegalidad frente al acto
demandado.

Concluye que: “No cabe duda entonces señores magistrados que a mi
representado le asiste el derecho al reconocimiento de la nivelación salarial
solicitada.

Las demandadas de manera frecuente, en su gestión han dejado en
entredicho los principios que rigen la actuación administrativa, por lo que de

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Demandante: Silvio Rentería Arboleda
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manera repetida existen reclamaciones de tipo judicial para restablecer
derechos que han vulnerado.

Razones suficientes hasta lo aquí expuesto, para que se estudie porque le
asiste el derecho a la señora EDGAR DE JESUS URIBE GIL. (sic)”

5. Alegatos de conclusión

Mediante auto de 22 de marzo de 20245, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la
Ley 2080 de 2021, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 247 del CPACA,
modificado por la aludida ley, desde la notificación del auto admisorio, hasta la
ejecutoria de dicha providencia, las partes y el agente del Ministerio Público,
podían pronunciarse sobre la alzada. Las partes guardaron silencio.

6. Concepto del Ministerio público

El Ministerio guardó silencio6.

II.CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2. Problema Jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte accionante,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal que
negó las pretensiones de la demanda.

Para el efecto, se determinará si (i) es procedente aplicar la excepción de
ilegalidad invocada respecto del Oficio 201830345312 de 21 de noviembre de
2018, y (ii) si le asiste derecho a Silvio Rentería Arboleda a la nivelación
salarial y prestacional frente a los cargos docentes y directivos docentes
territoriales vinculados a la planta global del municipio de Medellín .

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Samai 00006
6
Samai 00011

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Demandado: Município de Medellín

Con el fin de desatar los problemas jurídicos se abordarán los siguientes
aspectos: (i) Régimen jurídico de los docentes y directivos docentes
territoriales, nacionales y nacionalizados; (ii) Improcedencia del principio “a
trabajo igual salario igual”; (iii) hechos probados; y (iv) caso concreto.

2.2.1. Régimen jurídico de los docentes y directivos docentes
territoriales, nacionales y nacionalizados.

El artículo 150 numeral 19, literal e) de la Carta Política, estableció como
atribución del Congreso de la República la siguiente:

“Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las
siguientes funciones:
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a
los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos,
de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública”;
(Subrayas fuera del texto)

A su turno el artículo 189 numeral 14 de la Constitución prevé que:

“Corresponde al presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa:
14. Crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande
la administración central, señalar sus funciones especiales y fijar sus
dotaciones y emolumentos. El Gobierno no podrá crear, con cargo al Tesoro,
obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio
en la ley de apropiaciones iniciales”. (Subrayada fuera de texto).

En esa dirección debemos recordar entonces que, existe una competencia
compartida entre el legislador y el ejecutivo para la regulación del régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos de la administración central,
correspondiéndole al primero la función de establecer un “marco general”
sobre la forma como el segundo ha de desarrollar su actividad reguladora, todo
en consonancia con la finalidad de la ley.

Por otra parte, en el orden municipal sucede algo similar, pues el Congreso de
la República profiere de igual forma la ley marco sobre la cual, el ente territorial
ejecutará su actividad respectiva. A su vez, el artículo 12 de la Ley 4ª de 1992
al señalar los principios a los que debe someterse el gobierno nacional para
ejercer la atribución de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, incluyó en esta clasificación no solo a los servidores del orden
nacional, sino también a los territoriales:

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Demandante: Silvio Rentería Arboleda
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“El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades
territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas,
criterios y objetivos contenidos en la presente Ley (...)”.

Frente al tema ha manifestado la Corte Constitucional mediante sentencia C-
510 de 14 de julio de 1999 que:

“(...)

Existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de
los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la
República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y
parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la
determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien
corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos
servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador.
Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes
corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus
dependencias, según la categoría del empleo de que se trate. Cuarto, los
gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos
de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el
efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las
ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún
caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno
Nacional.

(…)”.

En igual sentido, la Constitución Política de 1991 en el canon 356 estableció
que el gobierno nacional fijaría los servicios que debían ser prestados por la
nación y las entidades territoriales; de igual manera, debía determinar el
situado fiscal, que comprendía “el porcentaje de los ingresos corrientes de la
Nación que sería cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los Distritos
Especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, para la atención directa,
o a través de los municipios, de los servicios que se les asignen”. En la aludida
norma constitucional se determinó que los recursos del situado fiscal se
destinarían para financiar la educación preescolar, primaria, secundaria y
media, y la salud, en los niveles que la ley señale.

Así también, mediante la Ley 43 de 1975 el legislador decidió “nacionalizar la
educación primaria y secundaria que oficialmente venían prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias
y comisarias (…)”.

Al respecto, la Ley 91 de 1989 señaló las competencias en cuanto al pago y
reconocimiento de prestaciones sociales compartidas por el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio con las entidades territoriales,

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dependiendo de la calidad del personal, según clasificación hecha en su
artículo 1 que a la letra dice:

“ARTÍCULO 1º. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir
de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
PARÁGRAFO. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se
han cumplido los requisitos para su exigibilidad”.

Acorde con esto el canon 15 de dicha norma, señala que a partir de la vigencia
de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se
vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes
disposiciones:

“1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales,
mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada
entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1o. de enero de
1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales se regirán por
las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en
el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley”.

Con todo, el precedente normativo precisó que los docentes nacionalizados
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, seguirían bajo el régimen que
venían gozando en cada entidad territorial, según las circunstancias
particulares para cada caso y; por otro lado, aquellos nacionales y
nacionalizados que fueron vinculados a partir del 1 de enero de 1990, se
regirían por la normatividad vigente del sector público nacional.

Consecuente con lo anterior, se expidió la Ley 60 de 19937 que dispuso la
descentralización del sector educativo, y de ese modo, empezó la
desarticulación del proceso de nacionalización que imperaba previamente
para la prestación de ese servicio. En el parágrafo del artículo 15 ibídem, se
determinó que la Nación cedería los bienes del servicio educativo a los

7
“Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151
y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y
se dictan otras disposiciones”.

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departamentos, municipios y distritos. También, dispuso el traslado del
personal y de los establecimientos educativos a las entidades del orden
territorial.
De ahí que también, el artículo 6 de la norma en cita refirió frente a la
administración de personal lo siguiente:

“ARTÍCULO 6o. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL. Corresponde a la
ley y a sus reglamentos, señalar los criterios, régimen y reglas para la
organización de plantas de personal docente y administrativo de los
servicios educativos estatales.
(…)
El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporen a las plantas de departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas
serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de
remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital
y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva
entidad territorial.
Las sumas por concepto de provisiones y aportes para la atención del pago
de las prestaciones del personal docente del orden territorial, a cargo del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán giradas al
mismo por las entidades territoriales, de conformidad con las disposiciones
de la presente ley. El valor actuarial del pasivo prestacional de las entidades
territoriales, que deberán trasladar al Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, se determinará, para estos efectos, con base en la liquidación
que se realice con cada una de ellas, y será financiado con sus propios
recursos.
El régimen de remuneración y las escalas salariales de todos los docentes
de los servicios educativos estatales, que en adelante tendrán carácter de
servidores públicos de régimen especial, de los órdenes departamental,
distrital o municipal, se regirá por el Decreto-ley 2277 de 1979 y demás
normas que lo modifiquen y adicionen. Igualmente, sus reajustes salariales
serán definidos de conformidad con la Ley 4ª de 1992(…)”.

De acuerdo con esto, las plantas de personal entrarían a hacer parte de la
respectiva entidad territorial y, para ello, era necesario que se adelantara un
proceso de incorporación, pues los docentes que tenían la condición de
nacionales o nacionalizados, debían migrar a los departamentos, municipios o
distritos y el régimen prestacional que regiría tanto a los docentes que venían
incorporados, como a los que se vincularan con posterioridad, sería el
establecido en la Ley 91 de 19898.

En consecuencia, se expidió la Ley 115 de 1994, denominada Ley General de
la Educación, en cuyo artículo 147 determinó que la nación y las entidades

8
Así se determinó en el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en cuyo aparte pertinente, señaló: “El régimen prestacional
aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989 y las
prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualesquiera otras clases de remuneraciones”.

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territoriales ejercerían la dirección y administración de los servicios educativos
estatales en los términos de la Ley 60 de 1993 y demás que expida el
legislador. Además, en su artículo 148 fijó las competencias de la nación, de
manera específica, en aspectos relacionados con política y planeación,
inspección y vigilancia y administración y, en lo que respecta a la financiación
de la educación estatal, estableció que se produciría con recursos del situado
fiscal, más el aporte de los departamentos, los distritos y los municipios, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 60 de 1993, lo que se consideraba un gasto
público social9.

De ahí que también, el artículo 2 del Acto Legislativo 1 de 2001 en reemplazo
del denominado situado fiscal, creó el Sistema General de Participaciones, con
el propósito de “atender los servicios a cargo de [la nación, los departamentos,
los distritos y los municipios] y a proveer los recursos para financiar
adecuadamente su prestación” y, en relación con los recursos que se
destinarían para los departamentos, distritos y municipios, se señaló que se
daría prioridad a aquellos relacionados con la salud y la educación preescolar,
primaria, secundaria y media, entre otros, de modo que se garantizara la
prestación y la ampliación de coberturas con énfasis en la población pobre.

Seguidamente, la Ley 715 de 200110 determinó las competencias tanto de la
nación como de las entidades territoriales, en materia de educación 11, y a la
primera de ellas se le asignó, entre otras, la de distribuir los recursos del
Sistema General de Participaciones, destinados a la cobertura de ese servicio.
En dicha norma se estableció el procedimiento que se debía seguir a efecto
de incorporar las plantas de personal financiadas con recursos del Sistema
General de Participaciones, a las entidades territoriales, así:

“Artículo 34. Incorporación a las plantas. Durante el último año de que trata
el artículo 37 de esta ley, se establecerán las plantas de cargos docentes,
directivos y administrativos de los planteles educativos, de los
departamentos, distritos y municipios.
Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos
de los planteles educativos, que fueron nombrados con el lleno de los
requisitos, mantendrán su vinculación sin solución de continuidad.
Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que a 1° de noviembre de 2000 se encontraban
contratados por órdenes de prestación de servicios, que sean vinculados de
manera provisional, deberán cumplir los requisitos de la carrera docente y
administrativa para su incorporación definitiva a las plantas que se
establezcan (…)

9
Tales previsiones se consagraron en los artículos 173 y 174 de la Ley 115 de 1994.
10
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
11
Establecidas en los artículos 5 y 6 de la Ley 715 de 2001.

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Demandante: Silvio Rentería Arboleda
Demandado: Município de Medellín

Artículo 37. Organización de plantas. Las plantas de cargos docentes y de
los administrativos de las instituciones educativas serán organizadas
conjuntamente por la Nación, departamentos, distritos y municipios,
en un período máximo de dos años, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la presente ley.
Artículo 38. Incorporación de docentes, directivos docentes y
administrativos a los cargos de las plantas. La provisión de cargos en las
plantas financiadas con recursos del Sistema General de
Participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad
territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla
los requisitos para el ejercicio del cargo.
Los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos vinculados a la carrera docente a la expedición de la presente
ley, no requieren nueva vinculación o nuevo concurso para continuar
en el ejercicio del cargo, sin perjuicio del derecho de la administración al
traslado del mismo.
A los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los
planteles educativos que se financien con recursos del Sistema General de
Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial y
prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta (…)”.

Siguiendo el discurso planteado, resulta oportuno traer a colación lo concluido
por esta Subsección12, cuando en un proceso con similares contornos al aquí
discutido, se señaló sobre el proceso de la Ley 715 de 2001 y su incidencia
sobre los docentes, lo siguiente:

“…
Así las cosas, con la Ley 715 de 2001 los pedagogos nacionales,
nacionalizados y territoriales13 se incorporaron a las plantas de personal
locales que los recibían (desde luego, siempre que existiera acto
administrativo expreso de incorporación del respectivo maestro), lo que
sugiere que adquirieron la condición de territoriales14 con las prerrogativas
que ello implicaba (como el pago de salarios y prestaciones vigentes en el
respectivo departamento, distrito o municipio o el reconocimiento de la
pensión gracia, claro está, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos
legales), como lo precisó la sala de consulta y servicio civil del Consejo de
Estado, en concepto de 14 de diciembre de 201615, así:

Como se indicó anteriormente, de acuerdo con lo establecido los artículos
15 de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001, el personal adscrito a
las plantas de personal del servicio educativo del orden nacional debía ser
recibido o incorporado16 en las plantas existentes o que se crearan para el
efecto en las entidades territoriales (departamentos, municipios o distritos),
en virtud de la descentralización de la educación.

Se produce así un traslado de los servidores de la educación, los cuales
dejaban de pertenecer a la planta de personal de la Nación y pasaban a
incorporarse a las plantas de personal de las entidades territoriales. Este

12
C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter, nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023),Expediente:05001-23-33-000-2019-
02395-01 (362-2022), Demandante :José Joaquín Villalba Nadad, Demandado Litisconsorte necesario: Municipio de
Medellín – secretaría de educación Nación – Ministerio de Educación Nacional
13
Esto es, de los departamentos a los municipios certificados por el Ministerio de Educación Nacional.
14
Como lo preceptuaban los artículos 3º y 4º de la Ley 60 de 1993.
15
Radicación 11001-03-06-000-2016-00109-00 (2301), C. P. Álvaro Namén Vargas.
16
La Ley 60 de 1993 utiliza el verbo recibir, en tanto que la Ley 715 de 2001 utiliza el verbo incorporar.

13

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Demandante: Silvio Rentería Arboleda
Demandado: Município de Medellín

proceso se debía hacer de forma conjunta entre la Nación y los
Departamentos, Distritos o Municipios, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la ley, tal como dispuso la Ley 715 de 2001 […] (subraya
la Sala).

No obstante, en atención a que la normativa trascrita17, como ya se anotó,
determinó que una vez «Establecidas las plantas, los docentes, directivos
docentes y administrativos de los planteles educativos […] mantendrán su
vinculación sin solución de continuidad» (se subraya), la sala mayoritaria
de esta subsección, al desatar medios de control instaurados por docentes
estatales con el ánimo de obtener la pensión gracia, ha dicho que «[…] si
bien es cierto que el Departamento […] para asumir la administración del
sector de la educación dentro del modelo de descentralización
administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos docentes,
directivos docentes y administrativos, […] también lo es que esto no
conllevó a que la calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a
territorial, pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional […] son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación»18 (sic; se subraya).

En suma, la posición adoptada por la sala de decisión aquí integrada, se
contrae a que la incorporación de los maestros nacionales y nacionalizados
a los entes territoriales con ocasión de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001
no comporta cambio del tipo de vinculación, pues fue sin solución de
continuidad19; posición de la que, valga decir, se ha apartado el suscrito
consejero ponente por las razones esbozadas líneas atrás20.

En este orden de ideas, si bien el mencionado criterio de la Sala fue
abordado en materia de pensión gracia, en la que el tipo de vinculación del
profesor (nacional, nacionalizada o territorial) deviene relevante para
definir el derecho reclamado, lo cierto es que también resulta aplicable en
el sub lite, comoquiera que supone que la incorporación de los docentes
«[…] no conllevó […] que la calidad de la vinculación de estos cambiara de
nacional a territorial, en la medida en que el artículo 1º de la Ley 91 de
1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno, como ocurre en el caso concreto, son personal nacional, máxime
si se tiene en cuenta que la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación» (sic)21, motivo por el cual se analizará el problema jurídico
fijado de acuerdo con la referida posición.”

2.2.2. Principio “a trabajo igual, salario igual”.

El principio de “a trabajo igual, salario igual” responde a un criterio relacional
propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe
estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar

17
Artículos 6º de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001.
18
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022), con
salvamento del consejero ponente de la presente providencia, entre otros.
19
Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César
Palomino Cortés: «De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin
solución de continuidad, mantuvo su calidad de docente con vinculación nacional […]».
20
Acerca de este tema, ver sentencias de 19 (expedientes 66001-23-33-000-2016-00248-01 [4036-2017], 15001-23-
33-000-2019-00241-01 [3000-2021] y 25000-23-42-000-2018-02541-01 [3361-2020]) y 26 de enero de 2023
(expedientes 76001-23-33-000-2018-00988-01 [1309-2022], 25000-23-42-000-2018-02784-01 [3350-2021], 63001-
23-33-000-2018-00255-01 [1605-2020] y 15001-23-33-000-2019-00075-01 [1069-2021]), C. P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
21
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, fallo de 25 de agosto de
2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César Palomino Cortés.

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Demandado: Município de Medellín

sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el
empleo, son comparables y, no obstante, reciben una remuneración diferente.
Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe basarse
en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique
la diferenciación. Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como
razones admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de
criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que
se muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos
públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas salariales, que
responden a cualificaciones igualmente disímiles para el acceso a dichos
empleos.

Estas consideraciones implican que en los asuntos donde se afirma una
presunta igualdad basada en el ejercicio homogéneo de funciones que le
corresponden a un empleo con mejor remuneración y en el cumplimiento
exacto de requisitos o perfiles para desempeñar la misma actividad como sería
la instrumentación quirúrgica, tales hechos tendrán que valorarse en conjunto
con todas las condiciones particulares de cada empleo en contraste desde
diferentes aristas objetivas en orden de fijar un criterio de equiparación viable
en lo relativo a la nivelación salarial debido a que un examen adecuado para
hallar un trato discriminatorio únicamente puede ser predicado entre pares y
no entre similares con ciertas diferencias.

2.3. Hechos probados

Silvio Rentería Arboleda nació el 13 de junio de 1965 22 , tal y como se
desprende de la copia de la cédula de ciudadanía.

Por Decreto 65 de 26 de agosto de 1994 23 , se nombró a Silvio Rentería
Arboleda como maestro en la secretaria de educación municipal de Medellín,
con tipo de vinculación nacional.

El 28 de septiembre de 201824, el accionante solicitó el pago de las diferencias
resultantes entre los salarios y prestaciones devengados con relación a
aquellos reconocidos a los docentes territoriales ante la Secretaría de
Educación del Municipio de Medellín.

22
Samai 00002, descripción expediente digital, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2
23
Samai 00002, descripción expediente digital, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2
24
Samai 00002, descripción expediente digital, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2

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Demandado: Município de Medellín

Por Oficio 201830345312 de 21 de noviembre de 201825, la entidad territorial
resolvió de manera negativa la solicitud de reajuste al considerar que “el
régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o nacionalizados que
se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de
continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de
1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con
pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. EL personal docente de
vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial”.

Certificado de salarios de 24 de agosto de 2020 expedido por el FOMAG, en
el cual consta que el accionante devengó los siguientes factores salariales26:

DESDE 01-01-2015
FACTORES SALARIALES HASTA 31-12-2015
Asignación adicional coordinador 547,812.
Asignación básica 2,711,939
Bonificación mensual 1 junio/ 14 – 31 diciembre /15 27,119
Prima de navidad 3,490,287.00
Prima de servicios 759,343.00
Prima de vacaciones docentes 1,675,338.00
Total 9,211,838.00

DESDE 01-01-2016
FACTORES SALARIALES HASTA 31-12-2016
AA-Asignación Adicional Coordinador 20% 636,549
Asignación Básica 3,120,336
Bonif. Mensual Docentes 62,407
Prima de Navidad 4,144,197
Prima de vacaciones docentes 1989214
Prima de vida cara 1560168
TOTAL 11512871

DESDE 01-01-2017
FACTORES SALARIALES HASTA 31-12-2017
AA-Asignación Adicional Coordinador 20% 693,106
Asignación Básica 3,397,579.
Bonif. Mensual Docentes 67,952
Prima de Navidad 4,512,409.00
Prima de Servicios 2,079,318
Prima de vacaciones docentes 2165956
Prima de vida cara 1560168
TOTAL 14476488

DESDE 01-01-2018
FACTORES SALARIALES HASTA 31-12-2018
AA-Asignación Adicional Coordinador 20% 750.237
Asignación Básica 3641927
Bonif. Mensual Docentes 109258
Bonificación Pedagógica 218516
Prima de Navidad 4884355
Prima de Servicios 2250711
Prima de vacaciones docentes 2344490
TOTAL 14199494

DESDE 01-01-2019
FACTORES SALARIALES HASTA 09-11-2019
AA-Asignación Adicional Coordinador 20% 807,518.00
Asignación Básica 3,919,989.00

25
Samai 00002, descripción expediente digital, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2
26
Samai 00002, descripción expediente digital, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2

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Bonif. Mensual Docentes 117,600.00
Bonificación Pedagógica 431,199.00
Prima de Navidad 5,295,498.00
Prima de Servicios 2,431,659.00
Prima de vacaciones docentes 2,541,839.00
TOTAL 15,545,302.00

2.4. Caso concreto

Visto lo anterior, y de conformidad con los precedentes jurisprudenciales y los
medios de prueba allegados al proceso, se desprende que (i) el demandante
fue nombrado por el Alcalde de Medellín a través de la Secretaria de
Educación de Medellín27; (ii) del año 2003 al 2019, ha percibido diferentes
factores salariales; (iii) el 28 de septiembre del 2018 pidió a la demandada le
reconociera y pagara las diferencias salariales y prestacionales existentes
entre los docentes y directivos docentes al servicio del municipio de Medellín;
y (iv) la entidad territorial por Oficio 2018830345312 de 21 de noviembre de
2018 negó tal pedimento, al estimar que no existe desigualdad salarial por
cuanto cada uno de los docentes se diferencian por el tipo de vinculación y
aplicación normativa en materia salarial y prestacional, debido a que fueron
incorporados sin solución de continuidad.

Previo a resolver el problema jurídico planteado, se ahondará en la
improcedencia de la aplicación de la excepción de ilegalidad frente al Oficio
201830345312 de 21 de noviembre de 2018 que negó la nivelación salarial al
demandante.

Consecuente con lo anterior, y respecto al cargo de la vulneración del principio
“a trabajo igual salario igual”, considera la Sala que no es procedente; dado
que, como se explicó en líneas atrás, la desigualdad salarial y el trato
discriminatorio se configuran cuando no hay causas objetivas y razonables que
lo justifiquen y cuando tal diferencia no obedece a criterios válidos
constitucionalmente que autoricen el trato diferente. Luego, en el sub examine
no acontece porque es la propia Constitución de 1991 y el legislador quienes
establecieron que el servicio educativo puede ser prestado de forma
concurrente por la Nación y las entidades territoriales, así como la clasificación
de los docentes en nacionales, nacionalizados y territoriales, en atención al
periodo y la forma de vinculación, para lo cual, el legislador estableció un
régimen salarial y prestacional diferente para cada uno de ellos.

27
Samai 00002, descripción expediente digital, ED_EXPEDIENTE_EXPDIG(.rar) NroActua 2

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Demandado: Município de Medellín

Puestas, así las cosas, al haber sido vinculada Silvio Rentería Arboleda el 26
de agosto de 1994 como docente nacional, se le debe aplicar el artículo 15 de
Ley 91 de 1989, el cual dispuso que “[l]os docentes nacionales y los que se
vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efecto de las prestaciones
económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional”, al igual que la Ley 60 de 1993, la cual
estableció que el régimen prestacional aplicable a los docentes nacionales o
nacionalizados que se incorporaran a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad sería el reconocido por la Ley 91 de 1989; esto es,
el régimen salarial y prestacional del orden nacional, el cual es distinto del
régimen de los docentes del orden territorial; por lo tanto, la diferencia salarial
se encuentra justificada en una causa objetiva y razonable como lo es, el
cumplimiento de normas de orden constitucional y legal que gozan de
presunción de legalidad, debido a que estas últimas han sido creadas en
atención a la libertad de configuración de la cual goza el legislador y el
gobierno nacional por mandato constitucional.

Aunado a que, el juicio de igualdad se debe hacer entre sujetos comparables;
es decir, aquellos que se encuentran en una misma situación fáctica y jurídica,
porque desempeñan la misma actividad, tienen las mismas funciones y
obligaciones y están sometidos al mismo régimen jurídico salarial y
prestacional; situación que tampoco se evidencia en el sub lite; porque si bien;
los docentes y directivos docentes desarrollan las mismas funciones, y tienen
el mismo escalafón; lo cierto es que, no se encuentran en idéntica situación
fáctica ni jurídica, pues unos fueron incorporados al servicio directo de la
entidad territorial y se les asignaron conceptos salariales y prestacionales
diferentes de aquellos que fueron vinculados por el Gobierno nacional, de tal
modo que se encuentran diferenciados por su forma de vinculación y por el
régimen jurídico salarial y prestacional que dispuso el legislador para ello, en
el que estableció que, una vez unificadas las plantas de personal de la entidad
territorial producto del proceso de descentralización educativo, aquellos
docentes, directivos docentes y administrativos tanto del orden territorial,
nacional y nacionalizado seguirían gozando sin solución de continuidad de los
beneficios laborales que venían recibiendo, así lo estipuló el artículo 6 de la
Ley 91 de 1989, Ley 60 de 1993 y el artículo 34 de la Ley 715 del 2001.

De acuerdo con esto, los docentes territoriales seguirían gozando sin solución
de continuidad de los emolumentos y demás beneficios laborales que hayan
sido creados por la entidad territorial; en tanto que, los docentes del orden

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nacional mantendrían los beneficios laborales atribuidos por el orden nacional
una vez se incorporaran a las plantas de personal docente del nivel territorial.

En suma, la expresión sin solución de continuidad que previó el legislador para
la vinculación de los docentes y directivos docentes territoriales, nacionales y
nacionalizados que se incorporaran a la entidad territorial con anterioridad al 1
de enero de 1990, impone la obligación de que los cargos sean asumidos en
las mismas condiciones salariales y prestacionales que tenían con anterioridad
a la unificación de las plantas de personal docente y directivo docente del ente
territorial; por ende, el régimen prestacional y salarial que los gobernaba no
puede de ninguna manera verse menguado por pasar el manejo de la
educación a un ente diferente al de la nación, de lo contrario, se vulneraría la
protección de los derechos adquiridos y el principio de progresividad.

En el caso que nos ocupa, el accionante fue incorporado a la planta global de
cargos docentes del municipio de Medellín, con régimen salarial y prestacional
del sector nacional, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 715 de 2001.
Sin embargo, dicha situación no lo convirtió en un docente territorial, así como
tampoco lo hizo acreedor a los salarios y prestaciones sociales de aquellos
docentes que pertenecen y son fijados por el municipio. Amén de que, al
momento de su integración a la planta global de cargos docentes administrada
por el municipio de Medellín mantuvo su vinculación sin solución de
continuidad; esto es, permaneció con el mismo régimen salarial y prestacional
que adquirió al momento de su vinculación como docente nacional; tal y como
así lo advirtió el Tribunal.

Es más, tampoco se evidenció cuál era esa diferencia salarial luego que no se
efectuó un ejercicio de comparación entre ambas situaciones, que permitiera
establecer la alegada desigualdad. Solo tenemos los factores salariales
devengados por ella pero no los del orden territorial frente a los cuales se
pudiera realizar el cotejo.

En ese sentido, esta Subsección en la sentencia citada ut supra, sobre la carga
de la prueba que debía ejercer el reclamante para estructurar la desigualdad
invocada dijo:

“Al respecto, la Sala observa, en primer lugar, que el actor omitió
aportar pruebas que den cuenta de que, en efecto, su asignación
básica y demás emolumentos son inferiores a los que devengan
otros maestros en sus mismas condiciones (funciones asignadas,

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escalafón, tipo de vinculación o hacer parte de los trámites de
incorporación), y que, por ende, son suficientes y sustanciales para
inferir que el derecho constitucional fundamental a la igualdad que
estima quebrantado, se ha visto afectado desde que fue integrado
a la planta de personal del municipio de Medellín, por lo que no
resulta acertado reprochar a la Administración por una situación
que, se reitera, no fue acreditada por el interesado, carga que debía
asumir en los términos del artículo 167 del Código General del
Proceso (CGP), de acuerdo con el cual «[…] incumbe a las partes
probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen»28.”

Condensando lo anterior, esta Subsección concluye que no existe
discriminación salarial en el caso bajo estudio, pues existen parámetros
objetivos, discernibles y razonables que justifican la diferenciación salarial y
prestacional entre los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
incorporados a la planta global de personal de la entidad territorial; y en tal
sentido, el demandante no tiene derecho a que la entidad enjuiciada le nivele
el salario. Así mismo, considera improcedente la aplicación de la excepción
de ilegalidad; y siendo ello así, lo que sigue es confirmar la sentencia del a
quo.

Condena en costas

Frente a la condena en costas, el artículo 361 del Código General del proceso,
estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(Resaltado por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse

28
Acerca de este tema, consultar sentencia C-86 de 2016, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio, Corte Constitucional.

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certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad
y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso29.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará en
costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte accionante; por ende, confirma la sentencia
de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que
negó las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 22 de
marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las
súplicas de la demanda.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en las dos instancias.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
JORGE PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
CÉSAR PALOMINO CORTÉS

29
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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