RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 63001-23-33-000-2018-00255-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00255-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 63001-23-33-000-2018-00255-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 7 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Mery Franco contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 63001-23-33-000-2018-00255-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Demandante : Mery Franco
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de 7 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, mediante la cual negó las súplicas de la demanda
dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 1 a 28). La señora Mery Franco, por intermedio de
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para
que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 14663 de 7
de abril y RDP 27241 de 5 de julio, ambas de 2017, por las que la entidad
accionada negó el reconocimiento de la pensión gracia a la demandante.

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) conceder la aludida prestación a partir de la fecha de
adquisición del estatus pensional (22 de agosto de 2014), debidamente
indexada; (ii) pagar intereses moratorios y (iii) dar cumplimiento al fallo en los
términos del artículo 192 del CPACA. Por último, se le condene en costas.

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que nació el 28 de marzo de 1954
y prestó sus servicios como maestra departamental y nacional del «1º de febrero
de 1980 al 30 de noviembre de 1981» y desde el 30 de junio de la misma
anualidad hasta el 21 de abril de 1996, en su orden, y a partir del 22 siguiente
nuevamente como profesora «territorial», «[…] por mandato de la Ley 60 de
1993, dado que el Departamento de Quindío fue certificado según Resolución
No. 6001 del 20 de diciembre de 1995, proferida por el Ministerio de Educación
Nacional […]» (sic); y luego, con Decreto 1191 de 29 de diciembre de 1998 de
ese ente territorial, «[…] mutó a Municipal […], dado que el Municipio de
Armenia […]» asumió la labor docente en su territorio; es decir, «[…] cumplió
20 años de servicio y alcanzó su estatus para gozar de la Pensión Gracia el
[…] 22 de agosto de 2014» (sic).

Que, además, ejerció su empleo «[…] con honradez, consagración y buena
conducta […]», motivo por el cual el 7 de diciembre de 2016 pidió de la
accionada la pensión gracia, negada a través de las resoluciones cuestionadas,
con el argumento de que su vinculación con la docencia fue de carácter nacional.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos acusados los artículos 1º, 2º, 13,
25, 29, 48, 53, 151, 286 a 288, 356 y 357 de la Constitución Política; 42 y 80
del CPACA; 3º, 4º y 13 de la Ley 39 de 1903; 1º a 4º de la Ley 114 de 1913, 6º
de la Ley 116 de 1928, 3º de la Ley 37 de 1933, 1º de la Ley 24 de 1947, 4º de
la Ley 4ª de 1966, 1º y 10º de la Ley 43 de 1975; 1º y 15 (letra a del numeral 2)
de la Ley 91 de 1989; 2º a 4º, 6º, 14 y 15 de la Ley 60 de 1993, 5º del Decreto
1743 de 1966 y 1º a 6º del Decreto ley 2277 de 1979.

Arguye que la demandada incurre en falsa motivación e infracción de las
normas en que debía fundarse, toda vez que si «[…] hubiera estudiado el tema
planteado a la luz de la Ley 60 de 1993, que se citó en el Derecho de Petición
y hubiese analizado la prueba sobre descentralización de la educación
seguramente hubiera concluido en que […] el tiempo de servicio prestado […]
a partir del 22 de abril de 1996 […] mutó a Territorial-Departamental. Como
no lo hizo así […] le privó de reconocer que […] sí había cumplido veinte (20)
años de servicio aptos para el reconocimiento de la pensión […]» (sic) gracia.

Que, de acuerdo con la jurisprudencia del máximo tribunal de lo contencioso-
administrativo, los recursos del sistema general de participaciones «[…]
pertenecen a la respectiva entidad territorial y lo que en concordancia el
artículo 38 de [la Ley 715 de 2001], permite concluir […] que el vínculo y
relación laboral de los docentes se da para con la entidad territorial
correspondiente […] y no con la Nación, quien […] descentralizó y transfirió
2

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

el manejo de la educación al nivel departamental, distrital o municipal» (sic).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 305 a 327). La entidad accionada, por
conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio
de control y se refirió a los hechos, en el sentido de que unos son ciertos, otros
parcialmente y los demás no le constan. Asimismo, propuso las excepciones
denominadas falta de requisitos, inexistencia de la obligación, cobro de lo no
debido y prescripción.

Dice que la accionante «[…] no cuenta con 20 años de servicio a la docencia
oficial […] Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado, por el
contrario el tiempo de servicio acreditado […] lo fue con vinculación Nacional,
en consecuencia, no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión
solicitada por cuanto la vinculación en su carácter docente no fue acreditada
idóneamente» (sic).

1.3 Providencia apelada (ff. 396 a 411). El Tribunal Administrativo del
Quindío, mediante sentencia de 7 de noviembre de 2019, negó las súplicas de
la demanda (sin condena en costas), al considerar que la actora adquirió la
condición de pedagoga nacional cuando fue nombrada por el Ministerio de
Educación Nacional (Decreto 5981 de 21 de mayo de 1981), al paso que «[…]
el hecho de la descentralización de la educación no cambia la naturaleza del
vínculo […] como docente nacional, pues la […] determina la autoridad que lo
nomina, conforme a la sentencia de unificación sobre el tema […]» (sic).

1.4 El recurso de apelación (ff. 417 a 438). Inconforme con el anterior fallo,
la accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que el a quo no tuvo en
cuenta que «[…] conforme a la Ley 60 de 1993, se presentó un cambio de patrón
o sustitución patronal […] que operó de la Nación hacia los Departamentos y
luego una nueva sustitución patronal de los Departamentos a los Municipios
certificados […] y en virtud de tal cambio […], los maestros que eran
nacionales perdieron tal carácter para pasar a ser Departamental o Distrital y
luego los que eran Departamentales soportaron un segundo proceso
descentralizador en los municipios donde trabajaban, si es que los municipios
eran certificados […]» (sic).

Que los dineros con los que se sufragan sus salarios «[…] no son de propiedad
de la nación sino que desde el 22 de abril de 1996, se le pagó con recursos
departamentales y desde el 29 de diciembre de 1998 […] con recursos
municipales y la consecuencia obvia de todo ello es que los tiempos de carácter
territorial (departamental del 22 de abril de 1996 hasta el 28 de diciembre de
1998 y municipal desde el 29 de diciembre de 1998 […]) son válidos para el
3

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

reconocimiento de la pensión […]» (sic) reclamada.

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido con auto de 14 de enero de 2020 (f. 443)
y admitido por esta Colegiatura a través de proveído de 30 de noviembre de la
misma anualidad (f. 457), en el que se dispuso la notificación personal al agente
del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos
198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, por medio de providencia de 18 de febrero de 2022 (f. 459), para que
aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada
por las primeras para reiterar sus argumentos de demanda, defensa y apelación1.

2.2 Auto para mejor proveer. Mediante proveído de 29 de abril de 2022 (f.
461), se hizo necesario hacer uso de la facultad oficiosa que para esclarecer
zonas penumbrosas de la contienda prevé el artículo 213 del CPACA y, en
consecuencia, se pidió de las secretarías de educación del Quindío y Armenia,
en su orden, (i) copia de los actos administrativos de nombramiento o los
documentos que existan en sus archivos acerca de la demandante como maestra
de dicho departamento y certificaciones en las que indique si ella fue
incorporada o no a la planta de personal docente local cuando asumió la
administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación de los
servicios educativos y el término durante el cual trabajó allí; y (ii) constancia
en la que informe si con ocasión de la expedición del Decreto 1191 de 29 de
diciembre de 1998, emitido por el gobernador del Quindío, la actora fue
incorporada a la planta de profesores oficiales de ese municipio, la naturaleza
de esa vinculación (orden nacional, nacionalizado o territorial), el lapso y
tiempo total de labor, el origen de los recursos con los que se financiaron sus
servicios, los establecimientos donde se desempeñó y las demás novedades
administrativas.

La secretaría de educación de Armenia adosó los documentos requeridos,
mientras que su homóloga del Quindío advierte que la accionante «[…]
pertenece a la planta de personal de [aquella dependencia], razón por la cual
es allí donde reposa la historia laboral con todos los actos administrativos
[…]»2.

1 Los alegatos de conclusión allegados reposan en expediente digital contenido en la herramienta electrónica
para la gestión judicial denominada Samai.
2 Ibidem.

4

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

2.3 Solicitud de unificación de la jurisprudencia. A través de providencia de
26 de octubre de 2022 (ff. 477 a 480), la sección segunda del Consejo de Estado
negó la petición formulada por la demandada de «[…] emit[ir] sentencia de
unificación jurisprudencial en la cual, para efectos del reconocimiento de la
pensión gracia, se defina «qué debe entenderse como “plaza docente” su[s]
[…], requisitos y lineamientos que permitan dilucidar cuáles son las
condiciones […], para ser considerada como nacional, nacionalizada o
territorial», por cuanto «[…] no fue presentada por razones de importancia
jurídica, trascendencia económica o social o la necesidad de sentar o unificar
jurisprudencia o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación, sino a manera de desacuerdo con lo definido en la
sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 2018 […], motivación y contenido que
no corresponde al objetivo y alcance de la figura consagrada en el artículo 271
del CPACA».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación3, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la actora le asiste razón jurídica
para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir
los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y
demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues
no laboró por lo menos veinte (20) años como profesora con vinculación
territorial o nacionalizada en instituciones educativas departamentales,
distritales o municipales, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial para efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.

3.3.1 Sobre la pensión gracia. En principio, debe señalarse que la pensión
gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales
territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y
3
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».

5

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso
no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se
condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19134 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una
pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de
la presente Ley.

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían
los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19035, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 19286 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual7.

4
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
5
«[S]obre Instrucción Pública».
6
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
7
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria

6

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

La Ley 37 de 19338 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 19989, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de
1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no
haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter
nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente
el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que
la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos
relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las condiciones para
acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino
limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación.
En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la
doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el precepto
constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34), reproducido
en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir doble
asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia
establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197510, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:

el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
8
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».
9
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
10
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

7

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de
jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero
de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una
pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de
medio año equivalente a una mesada pensional.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de
agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en
relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por
habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les
dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado
vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37
de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la pensión
ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión
gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter
nacional”.
[…]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por
su labor, en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria oficiales.

8

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la
establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados
(literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el propósito del
legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como
dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de
gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y
por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían
beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose
nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha
prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley11.

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial
o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con
los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202012, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es,
la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».

11
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.
12
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

9

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la
pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral
de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de
1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial constituyen
“un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que culminado el
tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de
diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes
nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados con dineros de
la Nación, por conducto de los Fondos Educativos Regionales (FER),
girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y
por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para
entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con
el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de
la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975
para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de
diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales, a saber:
los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio
de Educación Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los
departamentos, en nada se oponía a la Constitución entonces en vigor, que
existiera para éstos últimos la denominada “pensión gracia”, de que trata
la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación
de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o
reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31
de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto
y una excepción al principio general prohibitivo de devengar dos
asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente
10

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada
(artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de
la igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual
prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por razones de sexo,
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o
filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo
13 de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no
existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo
150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las
leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del
Magisterio, como efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional
haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de
1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros
docentes, sólo se conserve como derecho para quienes estaban
vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda
a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente, a
disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa”
la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el
legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya
de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y
quienes ingresaron después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es
claro, entonces, que por ser disímiles no exigen igualdad de trato, y que,
las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación laboral que se
tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad
cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto
por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la
acusación13 [se subraya y destaca].

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o
municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de

13
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues,
como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre
de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho
“sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca).
La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.

11

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

3.3.2 Sobre la incorporación de los profesores a los entes territoriales, en
virtud de la descentralización de la educación pública. Como se expuso en
el acápite precedente, por medio de la citada Ley 39 de 26 de octubre de 1903,
el legislador fijó los parámetros iniciales de la «Instrucción Pública», es decir,
la educación primaria y secundaria, entre otras, la primera «[…] a cargo y bajo
la inmediata dirección y protección de los Gobiernos de los Departamentos»
(artículo 3°), y la segunda asumida por «[…] la Nación e inspeccionada por el
Poder Ejecutivo» (artículo 4°).

Luego, con la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria,
para lo cual se concedió un término de 5 años (artículo 314), esto es, hasta el 31
de diciembre de 1980, de lo que se colige que con antelación a dicho trámite
únicamente existían dos (2) categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales
y territoriales. Y, posterior a la referida nacionalización de la educación, se
clasificaron en nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación
quedó establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:

i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.

ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de ente territorial,
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del artículo
1015 de la Ley 43 de 1975.

La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).

14
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%)
de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los
presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en
un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de
los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
15
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

12

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

Empero, a través de la Ley 60 de 12 de agosto de 199316, el Congreso de la
República dio paso a la descentralización del servicio educativo, para lo cual
dejó en cabeza de los entes locales su administración, incluida la del personal
docente, que en lo sucesivo adquirió «carácter» departamental o distrital, según
el caso, mientras que la Nación sería responsable de su regulación, coordinación
y asistencia:

ARTÍCULO 2o. COMPETENCIAS DE LOS
MUNICIPIOS. Corresponde a los Municipios, a través de las
dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas municipales competentes […]:

1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las
disposiciones legales sobre la materia:

• Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar,
básica primaria y secundaria y media.
[…]

ARTÍCULO 3o. COMPETENCIAS DE LOS
DEPARTAMENTOS. Corresponde a los departamentos, a través de las
dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas departamentales competentes, conforme a la
Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las
respectivas ordenanzas:
[…]

A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las
disposiciones legales sobre la materia:

• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la
prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinaciación de los servicios educativos
estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución de
los recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos
estatales.
[…]

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por
los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la
planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por
municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de
todas maneras la administración del personal docente y administrativo se
hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la presente Ley.
16
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».

13

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

ARTÍCULO 4o. COMPETENCIAS DE LOS
DISTRITOS. Corresponde a los distritos, a través de las dependencias de
su organización central o de las entidades descentralizadas competentes,
conforme a la Ley, a las normas técnicas nacionales y a los respectivos
acuerdos:
[…]

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por
los distritos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de
personal tendrán carácter distrital; de todas maneras la administración del
personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el
artículo 6o. de la presente ley.
[…]

ARTÍCULO 5o. COMPETENCIAS DE LA NACIÓN. En relación con
las materias de carácter social, corresponde a la Nación, a través de los
Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos y
autoridades de la administración central o de las entidades
descentralizadas del orden nacional, conforme a las disposiciones legales
sobre la materia:

• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de
orientación a las entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
[…]
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en
materia educativa y de salud.
[…]
• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las
entidades territoriales la ejecución de las campañas y programas
nacionales, o convenir la asunción de las mismas por parte de las entidades
territoriales, cuando fuere el caso, con la asignación de los recursos
respectivos para su financiación o cofinanciación; establecer los
programas de cofinanciación en forma acorde a las políticas y a las
prioridades nacionales.

[…] (se subraya).

Por consiguiente, con la aludida Ley 60 de 1993 los departamentos y distritos
asumieron la prestación del servicio de la educación, compromiso que
comportaba incorporar de manera expresa al personal docente cuya vinculación
estaba a cargo de la Nación y que, en virtud de la mencionada descentralización,
ahora integraba la planta de aquellos.

14

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 21 de diciembre de 200117, que
dispuso, entre otras cosas, que los municipios y distritos certificados en
educación tendrían a su cargo ese servicio en los niveles de preescolar, básica y
media (artículos 6° y 7°); y «Las instituciones educativas estatales son
departamentales, distritales o municipales» (artículo 9°), con lo que se mantuvo
la exclusión del nivel central en el manejo directo del profesorado oficial.

De conformidad con lo anterior, los pedagogos nacionales se incorporaron, sin
solución de continuidad, a las plantas de personal locales (desde luego, siempre
que existiera acto administrativo expreso de incorporación del respectivo
maestro) y, por ende, adquirieron la condición de territoriales, con las
prerrogativas que ello implicaba, incluido el reconocimiento de la pensión
gracia, claro está, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos impuestos
por la normativa aplicable.

No obstante, se precisa que recientemente la sala mayoritaria de esta
subsección, al desatar medios de control instaurados por docentes estatales con
el ánimo de obtener la precitada prestación, como el que aquí nos convoca, ha
dicho que «[…] si bien es cierto que el Departamento […] para asumir la
administración del sector de la educación dentro del modelo de
descentralización administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos
docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo es que esto no
conllevó a que la calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a
territorial, pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional […] son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación»18 (sic). En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí
integrada (que se insiste, el consejero ponente no comparte) se contrae a que a
los maestros nacionales incorporados a los entes territoriales con ocasión de la
Ley 60 de 1993 no pueden ser acreedores de la pensión gracia, puesto que,
además de que no existe sinonimia entre los términos nombramiento
(«nominación») y homologación, en todo caso esta no comporta cambio del tipo
de vinculación; posición de la que, valga decir, se ha apartado el suscrito
consejero ponente por las razones esbozadas en líneas previas y las siguientes.

Como se explicó en precedencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos
2º a 4º y 6º de la Ley 60 de 1993, la competencia para la administración y

17
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
18
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P.
César Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-
2022), con salvamento del consejero ponente de la presente providencia, entre otros.

15

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

prestación del servicio educativo fue asignada de manera directa a los
municipios, distritos y departamentos; en consecuencia, los tiempos laborados
por los pedagogos que sean incorporados a las plazas de las plantas de personal
de esas entidades, adquieren la connotación de orden territorial.

Lo anterior se extrae, entre otras razones, del artículo 6° de dicha Ley, en cuanto
preceptúa: «El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales
o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les
respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial»
(negrillas de la Sala); de lo destacado se infiere que el docente debe cumplir, en
todo caso, el requisito de vinculación previa al 31 de diciembre de 1989, en
virtud del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, es el acto de incorporación o nombramiento el que determina la
naturaleza del servicio que presta el profesor, por eso, no basta con la simple
certificación de la entidad territorial para asumir la administración autónoma
del servicio educativo, sino que para considerar los tiempos de labor en esa
entidad territorial (departamental, municipal o distrital) será determinante el
acto de incorporación del servidor a la planta de personal en una plaza de esa
misma naturaleza. Al respecto, el artículo antes trascrito se refiere a «[…] los
actuales docentes […] que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad» (se subraya).

Agrégase a lo expuesto que, aunque la Ley 91 de 1989 previó claramente que
los docentes nacionales son los vinculados (sin mencionar los incorporados) por
el Gobierno nacional, lo cierto es que para entonces el legislador no podía
predecir que, dada la posterior entrada en vigor de la Carta Política de 1991,
dentro de cuyos principios fijó el de la descentralización19, cuatro (4) años

19
Artículo 1º de la Carta Política: «Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general» (se subraya).
Artículo 151 ibidem: «El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la
actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán […] las relativas a la asignación de competencias
normativas a las entidades territoriales […]».
Artículo 288 ib.: «La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias
entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley».

16

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

después se concebiría la situación administrativa de la incorporación de esos
trabajadores a los departamentos, distritos o municipios.

Sobre el particular, la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado,
en concepto de 14 de diciembre de 201620, dijo:

Como se indicó anteriormente, de acuerdo con lo establecido los artículos
15 de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001, el personal adscrito
a las plantas de personal del servicio educativo del orden nacional debía
ser recibido o incorporado21 en las plantas existentes o que se crearan para
el efecto en las entidades territoriales (departamentos, municipios o
distritos), en virtud de la descentralización de la educación.

Se produce así un traslado de los servidores de la educación, los cuales
dejaban de pertenecer a la planta de personal de la Nación y pasaban a
incorporarse a las plantas de personal de las entidades territoriales. Este
proceso se debía hacer de forma conjunta entre la Nación y los
Departamentos, Distritos o Municipios, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la ley, tal como dispuso la Ley 715 de 2001 […] (se
subraya).

Empero, sin perjuicio de los argumentos atrás anotados, por ser el criterio
dominante de esta subsección B, será aplicado en este asunto en el sentido de
que la incorporación de los docentes nacionales a la planta de personal de los
entes territoriales «[…] no conllevó […] que la calidad de la vinculación de
estos cambiara de nacional a territorial, en la medida en que el artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno, como ocurre en el caso concreto, son personal nacional, máxime
si se tiene en cuenta que la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación» (sic)22, por lo que, seguidamente, se analizará el problema
jurídico fijado de acuerdo con la referida posición.

3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al
plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Cédula de ciudadanía y registro civil de nacimiento de la actora, que dan
cuenta de que nació el 28 de marzo de 1954 (ff. 34, 35, 82 y 84).

20
Radicación 11001-03-06-000-2016-00109-00 (2301), C. P. Álvaro Namén Vargas.
21
La Ley 60 de 1993 utiliza el verbo recibir, en tanto que la Ley 715 de 2001 utiliza el verbo incorporar.
22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, fallo de 25 de
agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César Palomino Cortés.

17

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

b) Resoluciones 12 de 7 de abril de 1980 y 30 de 18 de marzo de 1981, por las
que el departamento del Quindío nombra a la accionante en el empleo de
profesora alfabetizadora en el Colegio Jesús María Ocampo de Armenia, (i)
«Con retroactividad al 1º de febrero de 1980 […]» y con «[…] vigencia fiscal
hasta el 30 de noviembre de 1980» y (ii) «Con retroactividad al Primero (1o.)
de Febrero […]» (sic) de 1981 y «[…] efectos fiscales hasta el Treinta (30) de
Noviembre de 1981 […]» (sic), respectivamente (ff. 90 a 95 e índices 34 a 37
del aplicativo Samai).

c) Decreto 5981 de 21 de mayo de 1981, por medio del cual el Ministerio de
Educación Nacional designa a la demandante en el cargo de profesora de tiempo
completo en el citado centro educativo, posesionada el 30 de junio siguiente (ff.
363 y 364 e índices 34 a 37 del expediente digital contenido en Samai).

d) Resolución 6001 de 20 de diciembre de 1995, con la que la aludida cartera
«[… ] Certifica […] el cumplimiento de los requisitos establecidos por […] la
Ley 60 de 1993 para asumir la administración directa de los recursos del
situado fiscal y la prestación de los servicios educativos por parte del
Departamento del Quindío» (sic); en consecuencia, «[…] entrega […] los
bienes, el personal y los establecimientos que le permitan, a dicha entidad
territorial, cumplir con las funciones y obligaciones recibidas en virtud de la
certificación otorgada» (sic; ff. 71 a 73 y 108 a 110).

e) «ACTA DE VERIFICACION DE REQUISITOS Y ENTREGA DE BIENES AL
DEPARTAMENTO DEL QUINDIO» (sic), suscrita el 22 de abril de 1996 por
los señores Ministro de Educación Nacional y gobernadora de ese ente
territorial, por cuyo conducto aquel entrega a esta «[…] los bienes, el personal
y los establecimientos que le permitan cumplir con las funciones y obligaciones
recibidas, de conformidad con las Leyes 60 de 1993 y 115 de 1994 […]» (sic;
ff. 98 a 107).

f) Resolución 2828 de 30 de julio de 1997 del Ministerio de Educación
Nacional, a través de la cual se certificó al municipio de Armenia al acreditar
«[…] los requisitos establecidos en el artículo 14 de la Ley 60 de 1993» (ff. 161
y 162).

g) Decreto 1191 de 29 de diciembre de 1998, por el que el departamento del
Quindío entrega al referido municipio la «[…] Administración [de] la planta de
personal directores de núcleos, directivos docentes y docente de los
establecimientos educativos de dicha Entidad territorial», en la que figura la
actora (sic; ff. 163 a 225).

18

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

h) Resolución 3260 de 5 de diciembre de 2018, por la que la secretaría de
educación de Armenia acepta la renuncia de la demandante a partir del 21 de
enero de 2019 (índices 34 a 37 del expediente digital).

i) «CERTIFICADO DE INFORMACI[Ó]N LABORAL» («FORMATO No. 1»)
y constancia expedidos por la secretaría de educación del Quindío, en los que
se precisa que la actora trabajó para ese departamento como maestra de
alfabetización «[…] para los centros de Educación de adultos […]» del 1º de
febrero al 30 de noviembre de 1980 y desde el 1º de febrero hasta el 30 de
noviembre de 1981 (ff. 85 y 227).

j) «FORMATOS» únicos para la expedición de certificado de historia laboral y
de salarios provenientes de la secretaría de educación de Armenia, en los que se
consigna que la accionante se desempeñó en condición de pedagoga entre el 30
de junio de 1981 y el 20 de enero de 2019 (37 años, 6 meses y 21 días), con
vinculación nacional (ff. 37, 86 a 89, 362 y 365 a 367 e índices 34 a 37 del
expediente digital).

k) Resoluciones RDP 14663 de 7 de abril y RDP 27241 de 5 de julio, ambas de
2017, mediante las cuales la demandada niega la pensión gracia reclamada por
la accionante el 7 de diciembre de 2016, por cuanto, según los certificados
aportados, aparece que ella «[…] labor[ó] desde el 30 de junio de 1981 al 21
de octubre de 2016, con una vinculación de carácter NACIONAL» (sic), de
manera que «[…] no cuenta con los veinte años en la docencia oficial […]
Departamental, Distrital, Municipal o Nacionalizado, por lo cual […] no es
beneficiaria de la pensión de jubilación gracia […]» (sic; ff. 75 a 76, 127 a 138
y 142 a 153).

De las pruebas antes enunciadas se desprende que la demandante nació el 28 de
marzo de 1954 y prestó sus servicios para la educación oficial, así:

Tiempo
Nominador Acto de nombramiento Desde Hasta laborado
a m d
Resolución 12 de 7 de
01/02/1980 30/11/1980 -- 10 --
Departamento abril de 1980
del Quindío Resolución 30 de 18 de
01/02/1981 30/11/198123 -- 10 --
marzo de 1981
Ministerio de
Decreto 5981 de 21 de
Educación 30/06/1981 20/01/2019 37 6 21
mayo de 1981
Nacional

23
Se advierte que hubo tiempos simultáneos laborados entre el 30 de junio y el 30 de noviembre de 1981.

19

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

Total tiempo de servicio24 38 9 21

En tal virtud, el 7 de diciembre de 2016 la actora pidió de la demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, negado con Resoluciones RDP 14663 de
7 de abril y RDP 27241 de 5 de julio, ambas de 2017 (enjuiciadas), puesto que
ingresó a la docencia estatal por nombramiento del Ministerio de Educación
Nacional.

En el asunto sub judice, la accionante cuestiona la decisión del a quo, en cuanto
concluyó que no hay lugar a acceder a las pretensiones, comoquiera que, según
las pruebas, su vinculación fue de carácter territorial, máxime cuando dentro del
trámite de descentralización de la educación pública, el departamento del
Quindío y el municipio de Armenia asumieron las obligaciones que tenía a su
cargo la Nación, de manera que cuando esos entes fueron certificados por la
referida cartera para prestar la labor educativa, ella adquirió nuevamente la
condición de profesora territorial.

Al respecto, en lo atinente a los períodos trabajados por la demandante desde el
1º de febrero hasta el 30 de noviembre de 1980 y entre el 1º de febrero y el 30
de noviembre de 1981 (20 meses), con Resoluciones 12 de 7 de abril de 1980 y
30 de 18 de marzo de 1981 el gobernador del Quindío la nombró como maestra,
lo que es corroborado por la respectiva secretaría de educación, al certificar que
dicha designación estuvo a cargo del ente territorial, motivo por el cual esos
períodos son susceptibles de ser contabilizados para el reconocimiento de la
pensión gracia deprecada.

Debe anotarse que las anteriores pruebas son las que, a la luz del artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determinan el tipo
de vinculación de una persona con la «profesión docente»25, pues el primero
prevé que los profesores vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
conforman el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha concluido que
el funcionario competente para certificar la calidad de maestro territorial es el
nominador.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE-SUJ-

24
Sin contar en forma doble el período simultáneo de servicio.
25
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 prevé que «Se entiende por profesión docente el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata
este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos
que determine el reglamento ejecutivo».

20

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

SII-11-2018 (SUJ-11-S2)26, precisó:

Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas
con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […]
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de
los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además
se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de
aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la
autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es
de carácter territorial [se destaca].

En lo concerniente al segundo lapso laborado por la actora, obra en el
expediente Decreto 5981 de 21 de mayo de 1981, por el que el Ministerio de
Educación Nacional la nombra como profesora de tiempo completo, de lo que
se colige entonces que su vinculación, conforme a lo explicado en líneas
previas, es de carácter nacional, lo que impide que pueda ser tenido en cuenta
para la prestación reclamada en el sub lite. Esa condición es ratificada por la
secretaría de educación de Armenia, al informar sobre su naturaleza
«Nacional».

Tampoco es dable computar los tiempos servidos por la accionante con
posterioridad al (i) 20 de diciembre de 1995, es decir, cuando se expidió la
Resolución 6001, por la que la aludida cartera certificó al departamento del
Quindío para asumir la prestación de los servicios educativos, incluida la
administración del personal docente; (ii) 22 de abril de 1996, esto es, al
suscribirse por los referidos entes el acta de entrega al respectivo gobernador de
los bienes destinados a la actividad académica; o (iii) 29 de diciembre de 1998,
fecha en la que el municipio de Armenia recibió de aquel departamento los
recursos humanos y físicos para asumir la mencionada tarea, puesto que, como
se explicó en líneas anteriores, su vinculación (valga recordar, nacional) no
varió con la descentralización de la función educativa.

En este orden de ideas, habida cuenta de que tanto el acto administrativo de
nombramiento como las certificaciones expedidas por la secretaría de educación
de Armenia denotan que la demandante prestó sus servicios para la docencia
oficial como maestra nacional y, por ende, vinculada con el mismo carácter
entre el 30 de junio de 1981 y el 20 de enero de 2019, no le asiste derecho a la
pensión gracia que solicita, tal como lo concluyó el a quo.

26
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).

21

Expediente: 63001-23-33-000-2018-00255-01 (1605-2020)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Mery Franco contra la UGPP

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 7 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Quindío, que negó las pretensiones de la demanda incoada
por la señora Mery Franco contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por
las razones expuestas en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

22

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.