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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00988-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00988-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2018-00988-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
Demandante : Omaira Margarita Coral de Chamorro
Demandada : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Tema : Reconocimiento de pensión gracia, docente con lapso de
vinculación nacional

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la accionante
contra la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 22 a 27). La señora Omaira Margarita Coral de
Chamorro, por intermedio de apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), para que se acojan
las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare la nulidad del «[...] acto administrativo negativo
ficto o presunto, derivado de la no contestación de la solicitud de
reconocimiento de pensión gracia, recibida en la [...] "UGPP", el dia [sic] 28
de noviembre de 2016».

Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la demandada (i) conceder la aludida prestación a partir de la fecha de
adquisición del estatus pensional (1º de enero de 2015), debidamente indexada;
(ii) pagar intereses moratorios y (iii) dar cumplimiento al fallo en los términos

Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

del artículo 192 del CPACA. Por último, se le condene en costas.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que «[...] se vinculó como
docente, mediante el Decreto número 422 del 29 de septiembre de 1966, como
directora de la escuela mixta de El Cedral, Municipio de Samaniego, hasta que
por decreto 348 de junio 27 de 1978, se aceptó la renuncia como maestra, sin
embargo, la retroactividad de esta es al 30 de septiembre de 1975» (sic); y «[...]
posteriormente se vincula al Departamento del Valle desde el 13 de octubre de
1975 y sin solución de continuidad pasa al Municipio de Santiago de Cali desde
1990, hasta el 1ro de diciembre de 2015, por haber llegado a la edad de retiro
forzoso» (sic).

Que «[...] Por cumplir 20 años de servicio y 50 años de edad, [...] presenta
solicitud de reconocimiento de la pensión gracia a la UGPP, el día 28 de
noviembre de 2016, aportando todos los documentos que exige la entidad, sin
embargo, a la fecha [...] no ha dado contestación a las solicitudes».

Dice que «[...] laboró alrededor de 49 años para el Estado, Iniciando la
vinculación de manera Nacionalizada, [...] sin embargo, [...] no todo el tiempo
laborado fue nacionalizado, pues desde el 1ro de octubre de 1975 a 10 de
septiembre de 2003, laboró como docente nacional» (sic), por tanto, «[...]
laboró de forma nacionalizada 7.305 días que corresponde[n] a 20 años y cinco
días de servicio que se comp[l]etan el día 1ro de diciembre de 2015» (sic).

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por el acto administrativo acusado los artículos 53 de la
Constitución Política, 1º, 2º y 3º de la Ley 114 de 1913; 15 de la Ley 91 de 1989
y 19 de la Ley 4ª de 1992.

Arguye que «[...] el establecer que la demandante es de vinculación nacional,
en los tiempos expuestos como nacionalizados (29 septiembre de 1966 a 30 de
septiembre de 1975 y de 11 de septiembre de 2003 a 1ro de diciembre de 2015)
cuando ningún documento soport[a] esta afirmación, con excepción del tiempo
de servicio, el cual tampoco tiene ningún soporte para esa determinación, va
en contra de los postulados legales, estos documentos da[n] cuenta de manera
diáfana que la demandante es nacionalizada, con revisar todos los decretos de
nombramiento, se puede establecer sin dubitación alguna que es
nacionalizada» (sic).

1.2 Contestación de la demanda (ff. 71 a 77). La entidad accionada, por
conducto de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones del medio
de control y se refirió a los hechos, en el sentido de que no le constan.
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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

Asimismo, propuso las excepciones denominadas inexistencia del derecho,
ausencia de vicios en los actos administrativos demandados y buena fe para
efecto de costas.

Aduce que la entidad «[…] contabilizó un total de 9 años de servicio con el
Departamento de Nariño en el Colegio Seminario Instituto Goretti, y
posteriormente un total de 22 años, 7 meses y 6 días con el Ministerio de
Educación Nacional […]», por ende, «[...] no hay lugar al reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación solicitada, por cuanto su vinculación a la
docencia fue de carácter NACIONAL» (sic).

1.3 Providencia apelada (ff. 92 a 99). El Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante sentencia de 3 de junio de 2021, negó las súplicas de la
demanda (sin condena en costas), al considerar que «[...] la actora primero se
vinculó a la docencia mediante el Decreto 422 del 29 de septiembre de 1966,
expedido por el Gobernador del Departamento de Nariño, para desempeñar el
cargo de Directora de la Escuela Mixta de El Cedral en el Municipio de
Samaniego, nombramiento que se asume como nacionalizado pues no medió
participación del Ministerio de Educación Nacional y fue antes del 1 de enero
de 1976», condición en la que «[...] permaneció hasta el 28 de septiembre de
1975, completando 8 años, 11 meses y 28 días; luego, mediante la Resolución
No. 6310 del 29 de septiembre de aquel año, expedida por el Ministerio de
Educación Nacional, fue designada como profesora de secundaria del Colegio
Seminario María Goretti del Municipio de Pasto»; y, luego, «[...] a través de
la Resolución N° 1653 del 07 de marzo de 1984, expedida también por el
Ministerio de Educación Nacional, fue trasladada al Centro Auxiliar de
Servicios Docentes "CASD" [...]» (sic) de Cali.

Agrega que, «[...] como quiera que la actora al 1 de enero de 1990 gozaba de
una vinculación de carácter nacional y no nacionalizada, su régimen
prestacional corresponde al de los docentes nacionales pues además, en este
punto, se debe aclarar que el hecho de que una entidad territorial luego de 1990
haya nombrado directamente a un docente, no hace que el nombramiento sea
de carácter territorial o nacionalizado, porque para ello debe presentarse la
condición de haber sido nombrado sin el cumplimiento de las previsiones del
artículo 10 de la Ley 43 de 1975» (sic). Por consiguiente, «[...] las personas
vinculadas a partir de 1990, tienen la categoría de docentes nacionales,
situación que fue precisada por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 22 de febrero de 20181 señalando que los educadores "nombrados

1
Consejo de Estado, Sección Segunda - Subsección "A", sentencia del 22 de febrero de 2018, Magistrado
Ponente William Hernández Gómez, radicación No. 17001-23-33-000-2015-00825-01(5085-16).

3

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

a partir de 1990, ingresaron a la categoría de docentes nacionales, pese a que
fueran vinculados por el representante de la entidad territorial.”».

1.4 El recurso de apelación (ff. 102 vuelto a 103 vuelto). Inconforme con el
anterior fallo, la accionante interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…]
pruebas obrantes en el proceso, debidamente aportadas, fueron ignoradas, tal
es el caso de la Constancia de fecha 22 de enero de 2016, emanada de la
Gobernación de Nariño, por medio de la cual se certifica los decretos por medio
de los cuales la demandante estuvo vinculada sin solución de continuidad a la
docencia, en especifico que la demandante se vinculó a la docencia el 29 de
septiembre de 1966 y no el 1ro de octubre de 1966, así como el hecho cierto de
que la demandante estuvo vinculada hasta el 30 de septiembre de 1975 al
departamento de Nariño y que mediante la resolución número 6310 de fecha
29 de septiembre de 1975, fue nombrada a partir del 13 de octubre de 1975 en
el Departamento del Valle, es decir, sin que exista solución de continuidad,
pues no se superaron 15 días entre la desvinculación al Departamento de
Nariño y su vinculación al Departamento del Valle, momento desde el cual no
existió ninguna desvinculación hasta el momento del retiro forzoso en el año
2015 […]» (sic); por tanto, «[...] dicha vinculación es de carácter
Nacionalizada, pues en 1966, así fue vinculada, en tales condiciones las normas
aplicables a la demandante son las vigentes para aquella época, sin embargo,
es preciso señalar que se realizó la sumatoria de los tiempos que la demandante
laboró como docente nacionaliza y estos ascienden a 7.305 días que
corresponde a 20 años y cinco días de servicio que se comp[l]etan el día 1ro de
diciembre de 2015 […]» (sic).

Que «[…] no se puede perder de vista que la fecha de vinculación a la docencia
fue en 1966, en el entendido de que la ley que estandariza la vinculación de los
docentes, en específico es la ley 91 de 1989, art.1ro, para el caso que nos ocupa
el docente nacionalizado es aquel docente vinculado por nombramiento de la
entidad territorial antes del 1. de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975 [...]» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante auto de 10 de noviembre de
2021 (f. 105) y admitido por esta Colegiatura a través de proveído de 26 de julio
de 2022 (ff. 121 y vuelto), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA2; y
durante la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem la parte demandada
presentó alegatos de conclusión3, en los que reiteró que «[...] la demandante no
2
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
3
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, índice 11.

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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
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cumple con los requisitos de tiempo [...], en tanto las vinculaciones que ostentó
desde el año 1975 son de carácter nacional de conformidad con las pruebas
obrantes dentro del plenario», mientras que el correspondiente agente del
Ministerio Público guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA, esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación4, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la actora le asiste razón jurídica
para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia por cumplir
los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y
demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de fundamento, pues
no laboró por lo menos veinte (20) años como profesora con vinculación
territorial o nacionalizada en instituciones educativas departamentales,
distritales o municipales, como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico de fondo
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo y jurisprudencial para efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta para el asunto sub examine.

3.3.1 Sobre la pensión gracia. En principio, debe señalarse que la pensión
gracia se considera una prestación especial otorgada a los docentes estatales
territoriales, como reconocimiento a su esfuerzo, capacidad, dedicación y
conocimientos al servicio de la actividad educativa cumplida durante un lapso
no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación normativa se
condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19135 consagró por primera vez la pensión gracia:

Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el
Magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a
una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las
prescripciones de la presente Ley.
4
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
5
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».

5

Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional
[…]».

De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían
los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las
asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación;
tal diferencia surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 19036, la educación
pública primaria estaba en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto
que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

Posteriormente, la Ley 116 de 19287 amplió el beneficio de la pensión gracia a
los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los
términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta
complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los
prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria
como en el de la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica
la inspección.

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a
la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en
la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual8.

La Ley 37 de 19339 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.

6
«[S]obre Instrucción Pública».
7
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
8
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria
el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación,
el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
9
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos
empleados».

6

Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199810, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114
de 1913, que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia
el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa
de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema,
concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de
las facultades que la misma Carta le confiere, es competente para regular
los aspectos relativos a la pensión, incluyendo, obviamente, las
condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del
Estado para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos
sino limitados y, por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan
ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de
jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene
una justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es
evitar la doble remuneración de carácter nacional y así garantizar el
precepto constitucional vigente desde la Constitución de 1886 (art. 34),
reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de
recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que
sobre la materia establezca la ley.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197511, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, en virtud de que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación
primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación».
Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían diferencias
salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y
cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al
Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de

10
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
11
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye
una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la
Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir
del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán
del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se
acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de
agosto de 1997, en el sentido de que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de
1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en
relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.

En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron
comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos,
por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento,
se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión,
siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen
estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...] con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913
para dichos docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de
la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de
carácter nacional”.
[…]

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues
su propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de
los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e
involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria oficiales.

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que
se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer
referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión,
sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea la “[…]

8

Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
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pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio
del último año”, que se otorgará por igual a docentes nacionales o
nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que indica que el
propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También,
que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber
estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren
a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan
con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989,
en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal
pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter
de graciosa que inicialmente le asignó la ley12.

Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29
de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación
territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y
cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento.

Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202013, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es,
la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los
profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales,
los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria
aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,]
siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se
reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida
fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91
de 1989».

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio
de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la

12
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás
Pájaro Peñaranda.
13
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

9

Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
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pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de
diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector
educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó
el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser
acreedor de esa prestación.

En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de
1999, expuso:

Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación
laboral de los “docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la
Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como la secundaria oficial
constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que
culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha
ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua distinción entre
docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser pagados
con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su
artículo 15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían
vinculados como docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980
y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y,
para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
gracia”, continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere
reconocida con el lleno de los requisitos legales correspondientes.
[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización”
de la educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43
de 1975 para ser cumplida en un período de cinco años, es decir hasta
el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes
oficiales, a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera
directa al Ministerio de Educación Nacional; y los territoriales,
vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a la
Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la
denominada “pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913,
posteriormente extendida a otros docentes por las leyes 116 de 1928 y
37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en
el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los
requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes del 31 de
diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato
distinto y una excepción al principio general prohibitivo de devengar
dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
10

Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
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igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la
norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada
vulnera el principio de la igualdad consagrado por el artículo 13 de la
Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado
“por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el
artículo 13 de la Constitución Política por los apartes de la norma
acusada, no existe. En efecto, el legislador, conforme a lo establecido
por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la
función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso
Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior, puede regular lo
atinente al régimen prestacional del Magisterio, como efectivamente lo
ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso
Nacional haya preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley
114 de 1913 para los maestros oficiales de primaria y extendida luego
a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes
estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que
no se conceda a los vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica
desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir, no afecta
situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente,
a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán
posibilidad de adquirir ese derecho, que constituía una “mera
expectativa” la que, precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser
suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho ya
radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte;
y, por otra, si las situaciones fácticas de quienes ingresaron al
Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del 1º de enero de
1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles no
exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad
de la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso
Nacional al expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona,
son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación14 [se subraya y destaca].

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales o

14
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues,
como acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre
de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando
cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los
vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán
derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año»
(se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.

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municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

3.3.2 Sobre la incorporación de los profesores a los entes territoriales, en
virtud de la descentralización de la educación pública. Como se expuso en
el acápite precedente, por medio de la citada Ley 39 de 26 de octubre de 1903,
el legislador fijó los parámetros iniciales de la «Instrucción Pública», es decir,
la educación primaria y secundaria, entre otras, la primera «[…] a cargo y bajo
la inmediata dirección y protección de los Gobiernos de los Departamentos»
(artículo 3°), y la segunda asumida por «[…] la Nación e inspeccionada por el
Poder Ejecutivo» (artículo 4°).

Luego, con la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria,
para lo cual se concedió un término de 5 años (artículo 315), esto es, hasta el 31
de diciembre de 1980, de lo que se colige que con antelación a dicho trámite
únicamente existían dos (2) categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales
y territoriales. Y, posterior a la referida nacionalización de la educación, se
clasificaron en nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación
quedó establecida en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:

i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno
nacional.

ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha,
de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de ente territorial,
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del artículo
1016 de la Ley 43 de 1975.

La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos
grandes grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional

15
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%)
de los gastos de funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los
presupuestos respectivos del año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en
un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de
los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
16
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni
tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización,
en ambos casos, del Ministerio de Educación Nacional».

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(personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal
nacionalizado y territorial).

Empero, a través de la Ley 60 de 12 de agosto de 199317, el Congreso de la
República dio paso a la descentralización del servicio educativo, para lo cual
dejó en cabeza de los entes locales su administración, incluida la del personal
docente, que en lo sucesivo adquirió «carácter» departamental o distrital, según
el caso, mientras que la Nación sería responsable de su regulación, coordinación
y asistencia:

ARTÍCULO 2o. COMPETENCIAS DE LOS
MUNICIPIOS. Corresponde a los Municipios, a través de las
dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas municipales competentes […]:

1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las
disposiciones legales sobre la materia:

• Administrar los servicios educativos estatales de educación
preescolar, básica primaria y secundaria y media.
[…]

ARTÍCULO 3o. COMPETENCIAS DE LOS
DEPARTAMENTOS. Corresponde a los departamentos, a través de
las dependencias de su organización central o de las entidades
descentralizadas departamentales competentes, conforme a la
Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las
respectivas ordenanzas:
[…]

A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las
disposiciones legales sobre la materia:

• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la
prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de
preescolar, básica primaria y secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinaciación de los servicios
educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución
de los recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios
educativos estatales.
[…]

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por
17
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los
artículos 151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones».

13

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los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la
planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por
municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio;
de todas maneras la administración del personal docente y
administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6o. de la
presente Ley.

ARTÍCULO 4o. COMPETENCIAS DE LOS
DISTRITOS. Corresponde a los distritos, a través de las dependencias
de su organización central o de las entidades descentralizadas
competentes, conforme a la Ley, a las normas técnicas nacionales y a
los respectivos acuerdos:
[…]

La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones
correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por
los distritos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta
de personal tendrán carácter distrital; de todas maneras la
administración del personal docente y administrativo se hará conforme
a lo previsto en el artículo 6o. de la presente ley.
[…]

ARTÍCULO 5o. COMPETENCIAS DE LA NACIÓN. En relación
con las materias de carácter social, corresponde a la Nación, a través de
los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás organismos y
autoridades de la administración central o de las entidades
descentralizadas del orden nacional, conforme a las disposiciones
legales sobre la materia:

• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán
de orientación a las entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
[…]
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en
materia educativa y de salud.
[…]
• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las
entidades territoriales la ejecución de las campañas y programas
nacionales, o convenir la asunción de las mismas por parte de las
entidades territoriales, cuando fuere el caso, con la asignación de los
recursos respectivos para su financiación o cofinanciación; establecer
los programas de cofinanciación en forma acorde a las políticas y a las
prioridades nacionales.

[…] (se subraya).

Por consiguiente, con la aludida Ley 60 de 1993 los departamentos y distritos
asumieron la prestación del servicio de la educación, compromiso que

14

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comportaba incorporar de manera expresa al personal docente cuya vinculación
estaba a cargo de la Nación y que, en virtud de la mencionada descentralización,
ahora integraba la planta de aquellos.

Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 21 de diciembre de 200118, que
dispuso, entre otras cosas, que los municipios y distritos certificados en
educación tendrían a su cargo ese servicio en los niveles de preescolar, básica y
media (artículos 6° y 7°); y «Las instituciones educativas estatales son
departamentales, distritales o municipales» (artículo 9°), con lo que se mantuvo
la exclusión del nivel central en el manejo directo del profesorado oficial.

De conformidad con lo anterior, los pedagogos nacionales se incorporaron, sin
solución de continuidad, a las plantas de personal locales (desde luego, siempre
que existiera acto administrativo expreso de incorporación del respectivo
maestro) y, por ende, adquirieron la condición de territoriales, con las
prerrogativas que ello implicaba, incluido el reconocimiento de la pensión
gracia, claro está, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos impuestos
por la normativa aplicable.

No obstante, se precisa que recientemente la sala mayoritaria de esta
subsección, al desatar medios de control instaurados por docentes estatales con
el ánimo de obtener la precitada prestación, como el que aquí nos convoca, ha
dicho que «[…] si bien es cierto que el Departamento […] para asumir la
administración del sector de la educación dentro del modelo de
descentralización administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos
docentes, directivos docentes y administrativos, […] también lo es que esto no
conllevó a que la calidad de la vinculación de estos mutara de nacional a
territorial, pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional […] son
personal nacional. Además, la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación»19 (sic). En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí
integrada (que se insiste, el consejero ponente no comparte) se contrae a que a
los maestros nacionales incorporados a los entes territoriales con ocasión de la
Ley 60 de 1993 no pueden ser acreedores de la pensión gracia, puesto que,
además de que no existe sinonimia entre los términos nombramiento
(«nominación») y homologación, en todo caso esta no comporta cambio del tipo
de vinculación; posición de la que, valga decir, se ha apartado el suscrito

18
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los
artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
19
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), M. P.
César Palomino Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-
2022), con salvamento del consejero ponente de la presente providencia, entre otros.

15

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consejero ponente por las razones esbozadas en líneas previas y las siguientes.

Como se explicó en precedencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos
2º a 4º y 6º de la Ley 60 de 1993, la competencia para la administración y
prestación del servicio educativo fue asignada de manera directa a los
municipios, distritos y departamentos; en consecuencia, los tiempos laborados
por los pedagogos que sean incorporados a las plazas de las plantas de personal
de esas entidades, adquieren la connotación de orden territorial.

Lo anterior se extrae, entre otras razones, del artículo 6° de dicha Ley, en cuanto
preceptúa: «El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales
o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán
compatibles con pensiones o cualesquiera otra clase de remuneraciones. El
personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será
incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les
respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial»
(negrillas de la Sala); de lo destacado se infiere que el docente debe cumplir, en
todo caso, el requisito de vinculación previa al 31 de diciembre de 1989, de
conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

Ahora bien, es el acto de incorporación o nombramiento el que determina la
naturaleza del servicio que presta el profesor, por eso, no basta con la simple
certificación de la entidad territorial para asumir la administración autónoma
del servicio educativo, sino que para considerar los tiempos de labor en esa
entidad territorial (departamental, municipal o distrital) será determinante el
acto de incorporación del servidor a la planta de personal en una plaza de esa
misma naturaleza. Al respecto, el artículo antes trascrito se refiere a «[…] los
actuales docentes […] que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad» (se subraya).

Agrégase a lo expuesto que, aunque la Ley 91 de 1989 previó claramente que
los docentes nacionales son los vinculados (sin mencionar los incorporados) por
el Gobierno nacional, lo cierto es que para entonces el legislador no podía
predecir que, dada la posterior entrada en vigor de la Carta Política de 1991,
dentro de cuyos principios fijó el de la descentralización20, cuatro (4) años

20
Artículo 1º de la Carta Política: «Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y
en la prevalencia del interés general» (se subraya).

16

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después se concebiría la situación administrativa de la incorporación de esos
trabajadores a los departamentos, distritos o municipios.

Sobre el particular, la sala de consulta y servicio civil del Consejo de Estado,
en concepto de 14 de diciembre de 201621, dijo:

Como se indicó anteriormente, de acuerdo con lo establecido los
artículos 15 de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001, el personal
adscrito a las plantas de personal del servicio educativo del orden
nacional debía ser recibido o incorporado22 en las plantas existentes o
que se crearan para el efecto en las entidades territoriales
(departamentos, municipios o distritos), en virtud de la
descentralización de la educación.

Se produce así un traslado de los servidores de la educación, los cuales
dejaban de pertenecer a la planta de personal de la Nación y pasaban a
incorporarse a las plantas de personal de las entidades territoriales. Este
proceso se debía hacer de forma conjunta entre la Nación y los
Departamentos, Distritos o Municipios, teniendo en cuenta los criterios
establecidos en la ley, tal como dispuso la Ley 715 de 2001 […] (se
subraya).

Empero, sin perjuicio de los argumentos atrás anotados, por ser el criterio
dominante de esta subsección B, será aplicado en este asunto en el sentido de
que la incorporación de los docentes nacionales a la planta de personal de los
entes territoriales «[…] no conllevó […] que la calidad de la vinculación de
estos cambiara de nacional a territorial, en la medida en que el artículo 1º de
la Ley 91 de 1989 estableció que los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno, como ocurre en el caso concreto, son personal nacional, máxime
si se tiene en cuenta que la nominación es una sola y es diferente a la
incorporación» (sic)23, por lo que, seguidamente, se analizará el problema
jurídico fijado de acuerdo con la referida posición.

3.5 Caso concreto. A continuación, procede la Sala a analizar las
peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que
gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al

Artículo 151 ibidem: «El Congreso expedirá leyes orgánicas a las cuales estará sujeto el ejercicio de la
actividad legislativa. Por medio de ellas se establecerán […] las relativas a la asignación de competencias
normativas a las entidades territoriales […]».
Artículo 288 ib.: «La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de competencias
entre la Nación y las entidades territoriales.
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la ley».
21
Radicación 11001-03-06-000-2016-00109-00 (2301), C. P. Álvaro Namén Vargas.
22
La Ley 60 de 1993 utiliza el verbo recibir, en tanto que la Ley 715 de 2001 utiliza el verbo incorporar.
23
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, fallo de 25 de agosto
de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), M. P. César Palomino Cortés.

17

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plenario y de conformidad con los hechos constatados por esta Corporación, se
destaca:

a) Cédula de ciudadanía de la actora, que da cuenta de que nació el 8 de mayo
de 1948 (f. 20).

b) Decreto 422 de 29 de septiembre de 1966, por el que el gobernador de Nariño
nombra a la accionante «[...] como directora de la escuela Mixta de el Cedral
(Municipio de Samaniego) […]» (sic); se posesionó el 14 de octubre siguiente,
ante el alcalde del mencionado municipio (ff. 5 y vuelto).

c) Certificación emitida por el jefe de la sección de archivo de la gobernación
de Nariño (CD de antecedentes administrativos en f. 86) en la cual informa que
la demandante «prestó sus servicios al Magisterio [...], según las siguientes
disposiciones:

1966.- DECRETO No. 422 de Sep 29. Nombrase como Directora de
la Escuela Mixta del Cedral, Mpio de Samaniego. Laboro hasta Nov.
29/66
1966.- DECRETO No 565 de Nov 30. Permuta como Directora de la
Escuela de Niñas de Sotomayor, laboro hasta Sep. 25/67.
1967.- DECRETO No. 123 de Sep. 25. Trasladase Seccional de la
Escuela
Urbana de Niñas de Samaniego, laboro hasta Agt. 30/68.
1968.- RESOLUCION 112 de Agt. 31. Reelegida, laboro hasta Agt.
28/69
1969.- RESOLUCION No. 254 de Agt. 28. Reelegida, laboro hasta
Oct. 6/70
1970.- RESOLUCIÓN No. 196 de Oct. 7. Reelegida. laboro hasta
Junio 16/71
1971.- RESOLUCION No. 496 de Junio 17. Reelegida. laboro hasta
Sep. 5/72
1972.- RESOLUCION No. 392 de Sep 6. Trasladase como Maestra
en comisión al Instituto María Goretti de Pasto, laboro hasta Junio
1973
1973.- DECRETO No 850 de Junio 30. Reelegida, laboro hasta Sep.
5/74
1974.- DECRETO No 0332 de Sep. 6. Reelegida, laboro hasta Sep.
28/75
1975.- RESOLUCION NACIONAL No 6310 de Sep. 29. Nombrase
Profesora de enseñanza Secundaria del Colegio Seminario María
Goretti [...].
1977.- Reelegida, hasta terminar año escolar
1978.- Reelegida, hasta terminar año escolar.
1979.- Reelegida, hasta terminar año escolar
1980.- Reelegida, hasta terminar año escolar
18

Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
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Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

1981.- Reelegida, hasta terminar año escolar
1982.- Reelegida, hasta terminar año escolar
1983.- Reelegida, hasta Marzo 6/84
1984.- RESOLUCION No 1653 de Marzo 7. Trasladase del Instituto
Nacional María Goretti al centro Auxiliar de servicios docentes
CASD, Mpio de Cali.

TIEMPO TOTAL DE SERVICIOS: AÑOS 17 MESES 05 DIAS 07
[sic para toda la cita].

d) Constancia de 22 de enero de 2016 (f. 12), expedida por la profesional del
archivo departamental de Nariño, en la cual indica que en 1978, a través de «[...]
Decreto 348 de junio 27. Aceptase la renuncia presentada del cargo de Maestra
en comisión del Instituto María Goretti de Pato, con retroactividad a
septiembre 30 de 1975» (sic).

e) El 27 de abril de 1998 la jefe de la división de recursos humanos de la
secretaría de educación del Valle del Cauca certificó que la actora «[...] fue
nombrada por el Ministerio de Educación Nacional como Profesora de
Enseñanza Secundaria en el Colegio Seminario Instituto María Goretti de la
ciudad de Pasto, mediante Resolución Nº 6310 de septiembre 29 de 1.975 [...].
Que mediante Resolución Nº 1653 del 07 de marzo de 1.984 emanada del
Ministerio de Educación Nacional fue trasladada al Centro Auxiliar de
Servicios Docentes “CASD” de la ciudad de Cali, donde viene laborando
ininterrumpidamente y hasta la fecha para un TIEMPO TOTAL SERVIDO
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL: 22 AÑOS, 07 MESES, 06 DÍAS
[…]» (sic).

f) El pagador del centro auxiliar de servicios docentes (CASD) de Santiago de
Cali (Valle del Cauca), expidió constancia el 6 de julio de 1998, en la que señala
que la señora Omaira Margarita Coral de Chamorro «[...] labora con el
Ministerio de Educación Nacional en el cargo de Docente categoría 14 […]».
(CD de antecedentes administrativos en f. 86).

g) Resolución 1476 de 9 de septiembre de 1998 (f. 15), proferida por el
representante del Ministerio de Educación Nacional ante el departamento del
Valle del Cauca, en nombre del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión mensual vitalicia
de jubilación a la precitada señora, por «[...] los servicios prestados como
docente NACIONAL, por más de veinte (20) años […]» (sic).

h) Acta 1544-13, en la cual se evidencia que el 11 de diciembre de 2003 la actora
se posesionó como maestra en la institución educativa Santo Tomás de Santiago

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de Cali, nombrada por Decreto 500 de 21 de octubre de 2003 proferido por la
secretaría de educación de esa entidad territorial (f. 8).

i) Resoluciones 4143.0.21.6288 de 18 de septiembre de 2015 (ff. 18 y 19) y
4143.0.21.1930 de 8 de marzo de 2016 (ff. 16 y 17), por las cuales,
respectivamente, el secretario de educación de Santiago de Cali retiró del
servicio a la referida docente, por haber cumplido la edad de retiro forzoso, y
aclaró que tal determinación surtía efectos a partir del 1º de diciembre de 2015.

j) «FORMATO» único para la expedición de certificado de historia laboral
proveniente de la secretaría de educación de Santiago de Cali de 16 de febrero
de 2016, en el que se consigna que la accionante trabajó en condición de maestra
de básica secundaria, en propiedad, con un régimen de pensiones del orden
nacional; nombrada con Resolución 6310 de 29 de septiembre de 1975, desde
el 13 de octubre siguiente; luego, con Resolución 1653 de 7 de marzo de 1984,
se le trasladó a la institución educativa Santo Tomás, con efectos desde el 22 de
marzo del mismo año; después, se le realizó una «incorporación», mediante
Decreto 500 de 21 de octubre de 2003, a partir del 11 de diciembre de ese año;
y fue retirada del servicio desde el 1º de diciembre de 2015 (ff. 13 y vuelto).

k) «FORMULARIO ÚNICO DE SOLICITUDES PRESTACIONALES» de 28 de
noviembre de 2016, con el que la demandante solicitó de la UGPP el
reconocimiento de la pensión gracia (ff. 3 y 4), frente al cual no obra respuesta.

De las pruebas antes enunciadas se desprende que la actora nació el 8 de mayo
de 1948 y prestó sus servicios para la educación oficial, así:

Tiempo
Nominador Acto de nombramiento Desde Hasta laborado
a m d
Departamento Decreto 422 de 29 de
14/10/1966 30/09/1975 8 11 16
de Nariño septiembre de 1966
Resolución nacional
Ministerio de 6310 de 29 de septiembre 13/10/1975 21/03/1984
Educación de 1975 40 1 17
Nacional Resolución 1653 de 7 de
22/03/1984 30/11/2015
marzo de 1984
Total tiempo de servicio 49 1 3

En tal virtud, el 28 de noviembre de 2016 la docente pidió de la demandada el
reconocimiento de la pensión gracia, sin que exista prueba en el expediente de
que se haya proferido y notificado a la peticionaria respuesta alguna por parte
de la entidad, por lo que se configuró el silencio administrativo negativo que
generó el acto ficto objeto de controversia.

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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

En el asunto sub judice, la accionante cuestiona la decisión de primera instancia,
por cuanto, en su criterio, como «[…] no se superaron 15 días entre la
desvinculación al Departamento de Nariño y su vinculación al Departamento
del Valle [efectuada por el Ministerio de Educación Nacional], dicha
vinculación es de carácter Nacionalizada, pues en 1966, así fue vinculada […]»
(sic); por ende, dice que mantuvo tal calidad, pues el artículo 1º de la Ley 91 de
1989 prevé ese tipo de vinculación para los educadores «[...] vinculado[s] por
nombramiento de la entidad territorial antes del 1. de enero de 1976 […]» (sic).

Al respecto, en lo atinente al período trabajado por la demandante desde el 14
de octubre de 1966 hasta el 30 de septiembre e 197524 (8 años, 11 meses y 16
días), resulta evidente que el gobernador de Nariño, a través de Decreto 422 de
29 de septiembre de 1966, la nombró como directora de escuela mixta en el
municipio de Samaniego, motivo por el cual ese interregno es susceptible de ser
contabilizado para el reconocimiento de la pensión gracia deprecada.

Debe anotarse que la anterior prueba es la que, a la luz del artículo 1º de la Ley
91 de 1989 y la jurisprudencia de esta Corporación, determina el tipo de
vinculación de una persona con la «profesión docente»25, pues el primero prevé
que los profesores vinculados por nombramiento del Gobierno nacional
conforman el «[p]ersonal nacional», al paso que la segunda ha concluido que
el funcionario competente para certificar la calidad de maestro territorial es el
nominador.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación CE- SUJ-
SII-11-2018 (SUJ-11-S2)26, precisó:

Unificase la jurisprudencia respecto de las controversias relacionadas
con el reconocimiento de pensión gracia, […] en el sentido de que […]
(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia
de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que
además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a
ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales,
o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra

24
Que no es objeto de discusión por las partes.
25
Sobre el particular, el artículo 2 del Decreto 2277 de 1979 prevé que «Se entiende por profesión docente el
ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos niveles de que trata
este Decreto. Igualmente incluye esta definición a los docentes que ejercen funciones de dirección y
coordinación de los planteles educativos, de supervisión e inspección escolar, de programación y capacitación
educativa, de conserjería y orientación de educandos, de educación especial, de alfabetización de adultos y
demás actividades de educación formal autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional, en los términos
que determine el reglamento ejecutivo».
26
Fallo de 21 de junio de 2018, consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter, expediente: 25000-23-42-000-
2013-04683-01 (3805-2014).

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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

sometido el docente oficial es de carácter territorial [se destaca].

En lo concerniente al segundo lapso laborado por la actora, obran en el
expediente certificación de 27 de abril de 1998 y «FORMATO» único para la
expedición de certificado de historia laboral de 16 de febrero de 2016,
expedidos por la secretaría de educación del Valle del Cauca, en los que se
consigna que por medio de Resolución 6310 de 29 de septiembre de 1975 la
docente fue nombrada por el Ministerio de Educación Nacional27, de lo que se
colige que su vinculación, conforme a lo explicado en líneas previas, es de
carácter nacional y no mantenía la tipología de nacionalizada por el simple
hecho de que el primer nombramiento de la trabajadora haya sido del orden
territorial, toda vez que independientemente de que ocurra o no solución de
continuidad en la prestación del servicio, cada designación efectuada a un
educador por un nominador diferente determina una nueva relación legal y
reglamentaria que es autónoma frente a las circunstancias propias de sus
empleos anteriores, motivo por el cual no es dable que el tiempo comprendido
entre el 13 de octubre de 1975 y el 10 de diciembre de 2003 pueda ser tenido
en cuenta para el reconocimiento reclamado en el sub lite.

De igual modo, se precisa que tampoco es computable el período prestado por
la actora del 11 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2015, es decir,
desde cuando se expidió el Decreto 500 de 21 de octubre de 2003 (por medio
del cual la maestra fue incorporada a la secretaría de educación de Santiago de
Cali), puesto que, como se explicó en el acápite precedente, su vinculación
(valga recordar, nacional) no varió con la descentralización de la función
educativa.

En este orden de ideas, dado que los medios de prueba aportados al expediente
dan cuenta de que la accionante desde el 13 de octubre de 1975 hasta el 10 de
diciembre de 2003 prestó sus servicios para la docencia oficial como maestra
nacional y, por ende, incorporada con el mismo carácter entre el 11 de diciembre
de 2003 y el 30 de noviembre de 2015, no le asiste derecho a la pensión gracia
que solicita, tal como lo concluyó el a quo.

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se

27
Se aclara que si bien no se aportó al expediente copia de la Resolución 6310 de 29 de septiembre de 1975,
según lo afirmado por la secretaría de educación del Valle del Cauca, el jefe de la sección de archivo de la
gobernación de Nariño, el pagador del centro auxiliar de servicios docentes (CASD) de Santiago de Cali y el
representante del Ministerio de Educación Nacional ante el departamento del Valle del Cauca, esta fue expedida
por el Ministerio de Educación Nacional.

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Expediente: 76001-23-33-000-2018-00988-01 (1309-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la UGPP

confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 3 de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda
incoada por la señora Omaira Margarita Coral de Chamorro contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP), por las razones expuestas en la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

23

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