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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02816-02

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2018-02816-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia del Treinta (30) de 21 Número Interno: 2618-2023 Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: SEGUNDO: DECLARAR DE OFICIO parcialmente probada la excepción de prescripción trienal de las sumas reclamadas por la señora Beatriz Patarroyo Amaya anteriores al 22 de agosto de 2015., respecto de la Prima Especial de Servicios conforme con lo expuesto en la parte motiva. Salvo los aportes a seguridad social en pensiones por ser imprescriptibles. SEGUNDO. – MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del Treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así: CUARTO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a RECONOCER y PAGAR en favor de la señora Beatriz Patarroyo Amaya la prima especial de servicios como un emolumento adicional en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica legal mensual desde el 22 de agosto de 2015 hasta por el tiempo en que la accionante permanezca en los cargos que justifican devengarla. El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos y en ningún caso podrá superar los topes fijados por el gobierno nacional. Los aportes a seguridad social en pensiones deberán realizarse desde la fecha de vinculación al cargo de fiscal hasta cuando se demuestre una vinculación que le otorgue tal derecho, teniendo en cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30% correspondiente a la prima especial de servicios. aclarando que hasta la entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998 los aportes deben realizarse sobre el 100% del salario y en adelante sobre el 100% más el 30% de la prima; además, previa verificación de la entidad de si se realizaron los […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2018-02816-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D.C., Veintiocho (28) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 25000-23-42-000-2018-02816-02 (2618-2023)1
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
accedió parcialmente a las pretensiones.

I. ANTECEDENTES

La demanda2.

Pretensiones.

1. La Señora Beatriz Patarroyo Amaya acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para que
se declare la nulidad del Oficio con Radicado No. 20185920005911 del cuatro (04) de
abril de dos mil dieciocho (2018) que negó la reliquidación y pago de las diferencias
debidas por concepto de salarios y prestaciones, en aplicación de la Prima Especial del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; y de la Resolución No. 2-1636 del 31 de mayo de 2018
que confirmó la negativa.

1
Expediente digital visible en la herramienta electrónica Samai.
2
Samai 00004.

2

Número Interno: 2618-2023
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó:

« 1.1. APLICAR la sentencia de nulidad del 29 de abril de 2014, emanada del Consejo de
Estado, dentro del radicado No. 1100103250020070008700, interno 1686-07.

1.2. INAPLICAR por inconstitucionales los Decretos 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de
2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011,
875 de 2012, 1035 de 2013, 19 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989
DE 2017, 343 de 2018 y siguientes que dicten las normas sobre el régimen salarial y
prestacional para los servidores públicos de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y se
dictan otras disposiciones, en tanto que no regulan y ordenan el pago de la Prima Especial
de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

(…)

1.5. CONDENAR a NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION-, a reconocer que la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, constituye un incremento
salarial, es factor salarial, prestacional y un derecho adquirido de BEATRIZ PATARROYO
AMAYA, desde el 1° de enero de 2003 a la fecha y en adelante.

1.6. CONDENAR a NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION- aplicar la incidencia
de dicho reconocimiento sobre los factores salariales y prestacionales (CESANTIAS,
INTERESES A LAS CESANTIAS, BONIFICACION POR SER VICIOS PRESTADOS,
PRIMA DE VACACIONES, PRIMA DE SERVICIOS, VACACIONES, PRIMA DE
NAVIDAD, GASTOS DE REPRESENTACION) y demás emolumentos devengados por
BEATRIZ PATARROYO AMAYA, en consecuencia ordenar su reliquidación y reajuste,
mes a mes, desde el 1° de enero de 2003 a la fecha en que se produzca la sentencia, en
adelante y hasta tanto guarde la condición de funcionario de la Fiscalía General de la
Nación.

1.7. CONDENAR a la NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION- a pagar a BEATRIZ
PATARROYO AMAYA las diferencias que arrojen las reliquidaciones y reajustes
peticionados - retroactive- y las que se causen en adelante, con su correspondiente
indexación, intereses, sanciones.

1.8. CONDENAR a la NACION-FISCALIA GENERAL DE LA NACION- a reconocer y pagar
a BEATRIZ PATARROYO AMAYA la incidencia legal (cotización en pensión) que conlleva
las reliquidaciones y reajuste peticionados. (…)”

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

3. La señora Beatriz Patarroyo Amaya ha estado vinculada a la Fiscalía General de la
Nación, ejerciendo el cargo de Fiscal Delegado ante los Jueces Penales, desde el
Catorce (14) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992).

4. Que, durante los años 1995 a 2002, recibió la prima especial, mes a mes, en los montos
que describe en la demanda3; además, que la accionada descontó la prima especial del
30% de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, para la determinación de los
conceptos salariales y prestacionales.

3
Samai índice 00004. Archivo: 5ED_C01_01 DEMANDA - Demanda y anexos. Reservado. Pág. 82.

3

Número Interno: 2618-2023
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

5. Que, a través de fallo de 2ª Instancia de nulidad y restablecimiento del derecho, del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, del 23 de febrero de 2012, se ordenó a la
“Nación - Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar a la demandante, la suma
que resulte como diferencia por todos los conceptos salariales y prestacionales
relacionados en la petición aludida, dejados de percibir en los años 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, teniendo en cuenta lo devengado mensualmente,
sin deducir la denominada prima especial de servicios, prima que deberá ser tenida en
cuenta para la liquidación anual de cesantías de esos precisos años”.

6. Pese a ello, desde enero del año 2003 a la fecha, “a pesar de que se reguló y se paga el
salario básico al 100%”, se viene desconociendo el derecho al pago de la mencionada
Prima Especial, cuando la Dra. Beatriz Patarroyo Amaya ha conservado la condición de
Fiscal Delegada Ante los Jueces Penales; por tanto, se ha desmejorado su condición
laboral, en la medida que la no inclusión de la prima especial reduce la base salarial, sus
prestaciones, aportes a seguridad social y demás emolumentos percibidos.

7. Que el 22 de marzo 2018 presentó petición ante la entidad accionada solicitando
reajustar y pagar las diferencias debidas por concepto de factores salariales y
prestacionales con la inclusión de la prima especial.

8. Dicha petición fue resuelta de forma negativa mediante Oficio No. 20185920005911
del 04 de abril de 2018, y confirmada mediante resolución No. 2-1636 del 31 de mayo de
2018, al resolverse el recurso de apelación contra la primera.

Concepto de violación.

9. La parte demandante argumentó que, los actos acusados vulneran las siguientes
disposiciones normativas:

• Constitución Política: Preámbulo y los artículos 2, 4, 13, 25, 26, 29, 53, 83, 136,
150 núm. 19.
• El artículo 2 y 14 de la Ley 4ª de 1992
• Decretos 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007,
665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de
2013, 19 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 1003 de 2017 y 343 de 2018
• Artículos 3 (numerales 1, 2 y 3), 10 y 138 del CPACA
• Numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.
• Artículos 3 (numerales 1, 2 y 3), 10 y 138 del CPACA

4

Número Interno: 2618-2023
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

• Sentencia de nulidad del Consejo de Estado, fechada el 29 de abril de 2014
(radicación número: 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07))

10. En el concepto de violación, explicó que con la negativa de la administración se ha
violado las normas constitucionales referidas, pues, desconoce los fines esenciales del
Estado Social de Derecho y no respeta la dignidad humana como principio fundamental,
en tanto se afectan negativamente los ingresos de la demandante al no reconocerse la
prima especial. Advirtió que se desconoce la supremacía constitucional, sustentando la
afirmación así:

“Desde el preámbulo de la Constitución se dispone a asegurar la igualdad y un orden social
justo para los colombianos, pilar constitucional ratificado en su artículo 2° como fines
esenciales del estado y de obligatoria observancia por parte de sus autoridades.

El Artículo 4° de la Constitución Política señala que: “La Constitución es norma de normas.
En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se
aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros
acatar la Constitución y las leyes…”

Igualmente, el artículo 4° es concordante con los artículos 1°, 2°, 3°, y 95, de la misma; cuando
se presentan incompatibilidades entre constitución y ley, debe inaplicarse la norma legal o el
decreto, acudiéndose a la excepción de inconstitucionalidad, facultad que deben observar
con mayor prioridad las autoridades.

La actual constitución política garantiza que los trabajadores al servicio del Estado mantener
los derechos laborales alcanzados y mejorar sus condiciones laborales.

La constitucionalidad del derecho fundamental de la seguridad social, reconocido por la
Honorable Corte Constitucional como tal, en cuanto está estrechamente ligado a la vida digna
del asociado Art. 46 CN.

La Constitución es garantista, lo cual explica el contenido del artículo 53 el cual de la mano
con el artículo 13 constitucional no permite aplicación de norma contraria, so pena de incurrir
en nulidades.”

11. Resaltó que la conducta de la entidad también infringe normas legales e
internacionales relacionadas con la protección del salario, la igualdad y la seguridad
social, así como los principios de favorabilidad e in dubio pro operario. La negativa de
reconocer la prima especial produjo una desmejora injustificada en las condiciones
laborales de la demandante, contraria a la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigente,
lo que justifica la nulidad de los actos administrativos y el restablecimiento del derecho.

12. Advirtió que la prima se venía pagando desde 1995 hasta el 2002, por lo tanto,
eliminar su reconocimiento desde el año 2003, produjo un retroceso de las condiciones
laborales.

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Número Interno: 2618-2023
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

Contestación de la demanda4.

13. La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y
sostuvo que los pagos desde el año 2003 se han realizado conforme a la normatividad,
que desde el año 2003 desapareció la prima especial como figura autónoma, ya que los
decretos salariales dejaron de contemplarla y, en cambio, integraron ese porcentaje
dentro del salario básico, razón por la cual no existe derecho a reclamar su
reconocimiento adicional. En consecuencia, afirma que hay carencia actual de objeto, ya
que no es posible exigir una prestación que ya no existe en el ordenamiento jurídico ni
en los decretos salariales vigentes.

14. Agregó que la demandante no es destinataria legal de la prima especial, indicando
que la Ley 4ª de 1992 no incluyó expresamente a los fiscales como beneficiarios, y que
su inclusión en decretos anteriores fue indebida, lo que llevó a la posterior nulidad de
esas normas por el Consejo de Estado. Con base en ello, no puede reconocer derechos
no previstos en la ley, so pena de incurrir en extralimitación de funciones y
responsabilidad disciplinaria o fiscal.

15. Argumentó la inoponibilidad de la jurisprudencia invocada por la demandante,
especialmente la sentencia del Consejo de Estado del 29 de abril de 2014 y la de
unificación de 2019, ya que dichas decisiones no son aplicables porque analizaron
decretos del régimen salarial de la Rama Judicial y no los de la Fiscalía General de la
Nación, además de que la entidad no fue parte en dichos procesos, por lo que no está
obligada por sus efectos.

La sentencia de primera instancia5.

16. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia
proferida el Treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de imponer condena en costas, así:

«PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre de
2019 y del 15 de diciembre de 2020, por las razones expuestas en la parte motiva de este
proveído.

4
Samai índice 00004. Archivo: 18ED_C01_14 CONTESTACION DE LA DEMANDA - Fiscalía General Con poder.
5
Samai índice 00004. Archivo: 30ED_C01_26 FALLO

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Número Interno: 2618-2023
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

SEGUNDO: DECLARAR DE OFICIO parcialmente probada la excepción de prescripción
trienal de las sumas reclamadas por la señora Beatriz Patarroyo Amaya anteriores al 22 de
agosto de 2015, respecto de la Prima Especial de Servicios conforme con lo expuesto en la
parte motiva.

TERCERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de los actos administrativos contenidos en
el Oficio No. 20185920005911 del 04 de abril de 2018 y la Resolución No. 2-1636 del 31 de
mayo de 2018, en cuanto negaron a la señora Beatriz Patarroyo Amaya el reconocimiento,
liquidación y pago de las diferencias salariales derivadas de su calidad de beneficiario de la
prima especial de servicios y la bonificación judicial, conforme con lo expuesto en la parte
motiva.

CUARTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a RECONOCER Y
PAGAR en favor de la señora Beatriz Patarroyo Amaya retroactivamente la diferencia
existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto de:

• La diferencia existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto de:
ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico que no fue
tenido en cuenta al momento de su liquidación, con la correspondiente afectación de
las prestaciones sociales desde el 22 de agosto de 2015 y hasta tanto se pague
efectivamente esta providencia. Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, debiendo descontar lo pagado
efectivamente por estos mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

• Las prestaciones sociales liquidadas sobre el 100% del salario y la prima especial de
servicios que corresponde a un 30% adicional desde el pago de esta sentencia y
hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 frente a la Fiscalía General de la Nación.

QUINTO: La Nación- Fiscalía General de la Nación dará cumplimiento al presente fallo en el
término estipulado en los artículos 187, 192 y 195 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: Sin condena en costas de conformidad con lo expuesto en el presente fallo.

SÉPTIMO: En firme la presente decisión, procédase por Secretaría a la devolución a la parte
demandante de los remanentes de los gastos ordinarios del proceso a que hubiere lugar, y al
archivo del expediente.»

17. Trajo a colación el marco normativo concluyendo lo siguiente:

“Se evidencia que la posición del Máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo no ha
variado en lo que respecta a la naturaleza jurídica de la prima especial de servicios, puesto que
ratifica que dicha prestación debe entenderse como una adición al salario en los términos
señalados. Bajo esta premisa deben efectuarse las reliquidaciones de rigor en los ingresos
mensuales de sus beneficiarios. No obstante, estableció como limitante que en ningún caso su
reconocimiento podrá traducirse en una superación del tope máximo de remuneración fijado
por el Gobierno Nacional; y, de otro lado, instituye parámetros para la contabilización de la
prescripción.

De otro lado, se precisa que es a partir de la entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998, cuando
los servidores de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o vinculado a la entidad con posterioridad, tienen el
derecho a percibir la señalada prima especial de servicios como un incremento en su salario
básico.

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Número Interno: 2618-2023
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

18. Explicó que, en sentencias del 29 de abril de 2014 y del 18 de septiembre de 2018 el
Consejo de Estado estableció los parámetros para liquidar esta prestación, de lo que se
concluye que la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es el 30% del salario
básico, pero adicionado al 100% de ese salario. Que posteriormente en sentencia del 2
de septiembre de 2019 se unificó jurisprudencia frente a los servidores beneficiarios.

19. Como fundamento adicional adujo que al acreditarse que la demandante ha estado
vinculada a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de Fiscal Delegada ante los
Jueces de la República, desde el Primero (01) de enero de Dos Mil Tres (2003) hasta la
fecha6, y que, la Fiscalía liquidó incorrectamente el porcentaje de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en sus ingresos mensuales, tenía
derecho al reconocimiento.

20. Finalmente estudió de oficio la excepción de prescripción y la declaró con relación a
las sumas causadas con antelación al 22 de agosto de 2015, toda vez que la solicitud de
reconocimiento y pago de las diferencias prestacionales adeudadas se dio el 22 de
agosto de 2018.

21. Así las cosas, ordenó a título de restablecimiento del derecho reconocer a “favor de la
demandante, desde el pago efectivo de esta providencia y hasta tanto trabaje en la Fiscalía
General de la Nación en alguno de los cargos establecidos en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
el pago de sus ingresos mensuales sobre la base del 100% del salario básico más el 30% de la
prima especial de servicios y las prestaciones serán liquidadas sobre la base de todo el salario
básico, sin sumar o restar el 30% equivalente a la prima especial, toda vez que se insiste, de
conformidad con lo precisado en el acápite de marco normativo, en que dicha prestación social
no tiene carácter salarial.”

4. El recurso de apelación7

22. La Fiscalía General de la Nación solicitó la revocatoria de la sentencia y en su lugar
que se nieguen las pretensiones de la demanda conforme los siguientes argumentos:

23. En la sentencia no se realizó un análisis de las circunstancias del tema salarial y
prestacional de los fiscales, a quienes el Gobierno Nacional determinó que el 30% del
salario básico seria cancelado a título de prima especial de servicios, en cumplimiento

6
De la sentencia.
7
Samai índice 00004. Archivo: 32ED_C01_28 RECURSO APELACION.

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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y según lo determinaron las sentencias del Consejo
de Estado, hubo extralimitación del Gobierno Nacional al otorgar a los Fiscales lo que la
Ley no les había concedido.

24. Agregó que, a partir del año 2003, en los decretos salariales de la Fiscalía General
de la Nación, no se estipuló porcentaje alguno por concepto de prima especial de
servicios, de modo que, la entidad, desde dicha fecha, no continuó adjudicando el 30%
como prima especial y por consiguiente tampoco descontó el factor prestacional de ese
30%, es decir, el factor prestacional del salario básico de la demandante se pagó en el
100%.

25. Advirtió que se está condenando a la entidad a pagar prestaciones sobre un
porcentaje que ya se reconoció a la demandante. Agregó:

“Si lo que el Tribunal está concediendo es la prima especial del 30% como adicional al salario
básico toda vez que el Despacho se estuvo a lo resuelto por el Consejo de Estado -
Conjueces, el 15 de diciembre de 2020, debe ser redactado de manera clara, además
manifestar en el resuelve con precisión que la prima especial de servicios constituye factor
salarial solo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. No se
debe dejar a interpretación de las partes, sobre todo generar confusión a la hora de hacer
efectivo el pago, si a ello hubiere lugar.

26. Recalcó que, ha liquidado y pagado la asignación salarial y prestacional de sus
servidores, con estricta sujeción a lo dispuesto en los Decretos expedidos por el Gobierno
Nacional para cada vigencia fiscal, los cuales, desde el año 2003, no contemplan la prima
especial de servicios.

Trámite de segunda instancia

27. Mediante auto del 6 de febrero de 2026 se avocó conocimiento del proceso, se admitió
el recurso de apelación y se corrió traslado para que las partes y el Ministerio Público
presentaran sus alegatos por escrito.

28. Posterior a ello las partes guardaron silencio, y el Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

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Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

29. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala establecer lo siguiente:

i) ¿La demandante en su calidad de Fiscal tiene derecho al pago de la prima
especial de servicios dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992?
ii) ¿La señora Beatriz Patarroyo Amaya, en su calidad de Fiscal Delegada ante
Jueces de la República, dentro del periodo comprendido entre el primero (1º)
de enero de 2003 hasta la fecha, tiene derecho al reconocimiento y pago del
reajuste de sus salarios y prestaciones sociales con la inclusión del 30% de la
prima especial de servicios, y dentro del cual presuntamente sólo se tuvo en
cuenta el 70% del salario básico mensual?
iii) ¿Es procedente revocar la sentencia de la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda?

31. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: i) marco normativo y jurisprudencial; ii) hechos probados; iii) caso concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial – prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

32. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados

8
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

10

Número Interno: 2618-2023
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

33. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo
artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30%
ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos
los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de
Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.»

34. Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los
servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en distintas
normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo
régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran
voluntariamente a este.

35. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de
servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley 476 de
1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, «[…] no se refiere
a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida
en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto», por lo
que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, que tiene carácter salarial
para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de
jubilación.

36. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta
Corporación en varias ocasiones. Así, en sentencia de 3 de marzo de 2005, la Sección
Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no
le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la
Ley 4ª de 1992], otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de
servicios al 30% del salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».

37. Posteriormente, la «Sala Plena de Conjueces» profirió sentencia SUJ-023-CE-S2 de
15 de diciembre de 2020, en la cual estableció los parámetros que consideró adecuados

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frente al cómputo de la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los
fiscales a quienes se aplica el Decreto 53 de 1993. En esa oportunidad, esa Colegiatura
sentó las siguientes reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los
servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima
resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de
la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se
acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad
con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el
Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998
a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación
básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios,
se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir
de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969.

38. Finalmente, con fallo de 21 de septiembre de 2022, la Sala de Conjueces se
pronunció sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos anuales expedidos
por el Gobierno Nacional modificatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía
General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la naturaleza y forma de
liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

39. En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de
los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios», pues «[…] no
puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste», y, al declarar

la nulidad de las normas acusadas, precisó que «[…] del hecho de desaparecer del mundo jurídico
esos decretos, no se sigue que la prima especial de servicios allí contenida haya también desaparecido.
Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de esa sentencia», y reiteró que «[…] la
prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición
a éste».

40. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha
construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente

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a la asignación básica prevista para los fiscales en sus diferentes órdenes, sino respecto
de los demás factores salariales y prestacionales que integran el respectivo régimen de
asignaciones.

Reliquidación de factores salariales y prestacionales sobre el 100% de la
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a
título de prima especial.

41. En el fallo en referencia, la Sala de Conjueces advirtió que «[l] Los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado
a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial»; no obstante, dicha elaboración dejó de incluir los factores

de salario cuya base de liquidación incluye la asignación básica del respectivo empleo
(tales como la bonificación por servicios prestados o la prima de servicios) y que,
naturalmente, no tienen la naturaleza de prestación social.

42. Sobre el particular, la teoría clásica del derecho social del trabajo impone diferencias
marcadas entre la naturaleza salarial o prestacional de determinada asignación, en la
medida que, los primeros, se orientan a remunerar directamente el servicio prestado,
mientras que los segundos tienen por objeto cubrir contingencias o riesgos a los que
pueda verse expuesto el trabajador, por efecto directo o indirecto de la actividad laboral.

43. Al respecto, cabe destacar que los fiscales, en sus distintos órdenes y niveles,
perciben los siguientes factores:

Otros emolumentos Otros emolumentos que
Factores salariales Prestaciones sociales que integran el IBC de no integran el IBC de
aportes al SGSS aportes al SGSS
Prima de vacaciones Otros servicios
Bonificación por Prima especial 30% autorizados por la ley
servicios prestados Prima de navidad
Bonificación por Bonificación por
Prima de servicios Cesantías compensación actividad judicial

44. En concreto, en el caso de los fiscales, soslayar el reajuste de los factores de salario
en casos como el presente, comportaría una trasgresión de los derechos y principios
previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, al menos, en los siguientes sentidos:

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(i) Se estaría desconociendo la naturaleza salarial e incidencia de la asignación
básica, piedra angular, primer y principal instrumento liquidatario de todos los
factores salariales y prestacionales.

(ii) El sistema de remuneraciones previsto para la Fiscalía General de la Nación
conforma un universo de pautas y asignaciones que genera relaciones de
causalidad y consecuencia liquidatoria entre estas, pues, algunas de ellas,
integran la base de liquidación de otras asignaciones. Verbigracia: la bonificación
por servicios prestados (factor salarial) se calcula en un porcentaje de la totalidad
del sueldo básico; esta, a su vez, sumada a la asignación básica, conforma la base
de liquidación de la prima de servicios (factor salarial). A su turno, la prima de
vacaciones (prestación social), se liquida con base en el salario básico, la
bonificación por servicios prestados y la prima de servicios9.

45. Por lo tanto, dejar de efectuar el ajuste de los factores salariales con sustento en el
30% de asignación básica sustraído, terminaría por afectar la cuantía de las prestaciones
que, con la regla adoptada en la mencionada sentencia, se pretenden restablecer.

Hechos probados

46. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con base en
el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos constatados
por esta Corporación, se destaca:

a) Según constancia de servicios del 19 de septiembre de 201810 suscrita por la
subdirección de talento humano de la Fiscalía General de la Nación, la
demandante ingresó a la entidad en el cargo de “Fiscal Delegado ante Jueces
del Circuito” el día 14 de agosto de 1992 y registra como fecha de no solución
de continuidad el día 1 de septiembre de 1990.

b) La demandante presentó petición el 22 de marzo de 201811 ante la Fiscalía
General de la Nación, solicitando el reconocimiento de la prima especial de que

9
Ver Decreto 1045 de 1978.
10
Samai índice 00004. Archivo: 5ED_C01_01 DEMANDA - Demanda y anexos. Reservado. Pág. 44-45.
11
Samai índice 00004. Archivo: 5ED_C01_01 DEMANDA - Demanda y anexos. Reservado. Pág. 07-10

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trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como factor salarial, prestacional y una
adición a su ingreso; y en consecuencia se reconociera las diferencias debidas
con su incidencia. Así mismo, solicitó pagar la incidencia sobre los aportes a
seguridad social en pensión.

c) Dicha petición fue resuelta mediante oficio con radicado No. 20185920005911
del 4 de abril de 201812, en la cual se respondió:

“Conforme con lo anterior no resulta jurídica ni presupuestalmente válido reconocerle a
su poderdante la denominada prima especial, toda vez que como se anotó a partir del
año 2003 no fueron expedidos los Decretos del Gobierno nacional, que la consagraban.
Por otra parte, se verifican configurados los fenómenos jurídicos de la caducidad y la
prescripción.

Contra la presente decisión proceden los recursos de que trata el artículo 74 de la Ley 1437
de 2011- Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, los
que deberán interponerse en término y los requisitos consagrados en los artículos 76 y 77
de la precitada disposición.”

d) Contra la anterior decisión se propuso recurso de apelación el 17 de abril de
201813, la cual fue resuelta mediante Resolución No. 2-1636 del 31 de mayo de
201814 confirmando la negativa frente al reconocimiento de la prima especial de
servicios, recalcando lo siguiente:

En tal sentido, es importante precisar en primer término que para el año 2003 el Decreto 3549
de 2003, que fijó el régimen salarial y prestacional para los servidores de la Fiscalía General de
la Nación NO contempló la mencionada prima especial de servicios. Es decir, a partir del año
2003, los salarios y prestaciones sociales se liquidaron en el caso concreto con base en el 100%
del salario, por la cual carece absolutamente de objeto la petición de reliquidación de
prestaciones sociales desde el año 2003.

e) Que, en anterior oportunidad, la señora Beatriz Patarroyo Amaya demandó la
nulidad de un acto administrativo que negó “el pago de las cesantías y
prestaciones sociales con la inclusión del 30% de la prima especial como factor
salarial para su liquidación” por los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
2000, 2001 y 2002; proceso en el cual se profirió sentencia de segunda instancia
el 23 de febrero de 201215 que accedió a las pretensiones de la demanda. Del
contenido de la providencia se puede acreditar, que la demandante se acogió al
régimen salarial contenido en el Decreto 0053 del 7 de enero de 1993.

12
Samai índice 00004. Archivo: 5ED_C01_01 DEMANDA - Demanda y anexos. Reservado. Pág. 11-30
13
Samai índice 00004. Archivo: 5ED_C01_01 DEMANDA - Demanda y anexos. Reservado. Pág. 33-36
14
Samai índice 00004. Archivo: 5ED_C01_01 DEMANDA - Demanda y anexos. Reservado. Pág. 35-40
15
Samai índice 00004. Archivo: 5ED_C01_01 DEMANDA - Demanda y anexos. Reservado. Pág. 51-76

15

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f) Se aportó sentencia del 21 de julio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección A, por medio de
la cual se resolvió en segunda instancia el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurado por la señora Beatriz Patarroyo Amaya
contra la Fiscalía General de la Nación, y se ordenó reliquidar los salarios y
prestaciones sociales aplicando para ello los porcentajes establecidos en el
artículo 2 del Decreto 1251 de 2009, es decir, “el 43% para el periodo
comprendido entre el 14 de octubre de 2009, y el 31 de diciembre de 2009 y el
43.2% del 1 de enero de 2010 en adelante, teniendo como base de liquidación
el 70% de la remuneración que por todo concepto perciba el Magistrado de Alta
Corte, incluyendo el valor de las cesantías de los Congresistas en la prima
especial de servicios, a partir del 21 de septiembre de 2009 por prescripción
trienal”.

g) Según constancia del 4 de mayo de 2018 suscrita por la subdirectora regional
central de la Fiscalía General de la Nación16 aportada al expediente, la
demandante devengó desde el 1º de enero de 1995 hasta el 1º de enero de 2002
la prima especial, además del sueldo y gastos de representación, así:

Caso concreto

16
Samai índice 00004. Archivo: 5ED_C01_01 DEMANDA - Demanda y anexos. Reservado. Pág. 51-76

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47. En el presente asunto, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo,
como primera medida, estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección
Segunda del Consejo de Estado en Sentencia del 2 de septiembre de 2019 y del 15 de
diciembre de 2020; seguidamente, declaró la nulidad del oficio No. 20185920005911 del
4 de abril de 2018 y de la resolución No. 2-1636 del 31 de mayo del mismo año, proferida
por la subdirectora de talento humano de la Fiscalía General de la Nación. En
consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, la condenó a pagar con efectos
retroactivos la diferencia existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto
de: ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico que no fue
tenido en cuenta al momento de su liquidación, con la correspondiente afectación de las
prestaciones sociales. Lo anterior desde el 22 de agosto de 2015 por aplicación de la
prescripción trienal.

48. El A-quo, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto de los
derechos surgidos con anterioridad al veintidós (22) de agosto de dos mil quince (2015).

49. Inconforme con dicha determinación, la entidad demandada interpuso recurso de
apelación argumentando que la demandante no es beneficiaria del 30% de la prima
especial para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2003 y la actualidad, pues,
los decretos proferidos desde esa fecha no contemplan la prima especial. Advirtió que
desde 2003 la entidad ha pagado el 100% del salario básico como factor prestacional,
por lo tanto, no hay valores pendientes.

50. Para resolver el caso sub examine, la Sala recuerda que, la sentencia SUJ-023-CE
S2-2020, proferida el Quince (15) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, fijó reglas claras en relación
con la naturaleza de la prima especial de servicios para los servidores de la Fiscalía
General de la Nación, así como, sobre la forma de contabilizar la prescripción de las
reclamaciones derivadas de dicha prestación.

51. En dicha providencia, esta Corporación precisó que, la prima especial de servicios
constituye un incremento del salario básico, en tanto representa una adición a la
remuneración mensual del servidor público, y no una porción de esta. En ese sentido, se
indicó expresamente que «la prima especial de servicios es un incremento del salario

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básico y/o asignación básica de los servidores públicos beneficiarios», lo que excluye
cualquier interpretación que la conciba como una deducción o desagregación del salario.

52. No obstante, la misma sentencia estableció que, dicha prima solo constituye factor
salarial para efectos pensionales, lo cual implica que su reconocimiento no conlleva, de
manera automática, la reliquidación de todas las prestaciones sociales, sino únicamente
aquellas que, conforme al ordenamiento jurídico, admitan su inclusión.

53. En ese sentido, esta Corporación estableció que, a partir de la entrada en vigor de la
Ley 476 de 1998, los funcionarios de la Fiscalía tienen derecho a la prima especial de
servicios, como una adición a la asignación básica, y no como una porción de esta,
descartando así, la interpretación conforme a la cual, dicho porcentaje podía ser detraído
del salario.

54. Se recuerda que, la demandante ha estado vinculada a la Fiscalía General de la
Nación desde el Catorce (14) de agosto de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), y que,
en particular, se desempeñó como fiscal delegada ante jueces del circuito, desde la fecha
de su ingreso. Ahora bien, en lo que respecta al régimen salarial y prestacional aplicable,
la Sala advierte que, el régimen salarial y prestacional de la demandante obedece al
Decreto 053 de 1993, circunstancia que, en el marco del debate procesal, permite ubicar
su situación jurídica dentro de dicho régimen.

55. Bajo esta perspectiva, está claro que, en relación con el primer problema jurídico, no
hay duda que, la demandante, en su calidad de Fiscal delegada ante Jueces del Circuito,
tiene derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios contenida en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992.

56. Seguidamente, la controversia no radica en la existencia del derecho, sino en la forma
en que fue aplicado por la administración, particularmente, en aquellos casos en que el
30% de la remuneración fue tratado como una fracción del salario y no como un
incremento autónomo.

57. En armonía con lo anterior, la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020, fijó como regla que,
para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, debe tenerse en cuenta la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y, a partir de allí, reconocer únicamente las acreencias causadas dentro

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de los tres (3) años anteriores, de conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y el Decreto
1848 de 1969.

58. Entonces, el debate se centra en la forma de su reconocimiento desde el año 2003,
y el alcance de las condenas impuestas por el Tribunal, conforme a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

59. En relación con ello, la Sala advierte que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sala Transitoria de la Sección Segunda, ordenó reconocer y pagar las diferencias
existentes entre “lo recibido y lo que debió de percibir por concepto de ingresos mensuales
correspondientes al 30% de la base del salario básico que no fue tenido en cuenta al momento
de su liquidación, con la correspondiente afectación de las prestaciones sociales desde el 22 de
agosto de 2015, hasta tanto se pague efectivamente esta providencia. Sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, debiendo
descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia. Además, reconocer y pagar las prestaciones sociales liquidadas
sobre el 100% del salario y la prima especial de servicio que corresponde a un 30% adicional
desde el pago de esta sentencia y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos
enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Fiscalía General de la Nación”.

60. De modo que, el reconocimiento de la prima especial como un incremento del 30%
respecto del 100% del salario básico, resulta acorde con la regla fijada en la sentencia
SUJ-023-CE-S2-2020, según la cual, dicha prima constituye una adición al salario; no
obstante, la entidad demandada sostiene que, dicha condena implica un reconocimiento
indebido, en tanto, a su juicio, la prima especial ya se encuentra incorporada en la
remuneración y las prestaciones sociales han sido liquidadas sobre el 100% del salario
desde el año 2003, lo que excluiría la posibilidad de reconocer un porcentaje adicional.

61. Frente a este argumento, la Sala precisa que, el precedente establecido por la Sala
de Conjueces de esta Corporación, ha sido categórico en señalar que, la prima especial
de servicios no constituye una fracción del salario básico, sino un valor adicional a este;
en consecuencia, el hecho que, la entidad hubiere liquidado las prestaciones sociales
sobre el 100% de la asignación básica, no desvirtúa la existencia del derecho, sino que,
impone verificar si dicho incremento fue efectivamente reconocido o si, por el contrario,
se mantuvo una estructura salarial que desconocía su naturaleza como adición
autónoma; sin que ello implique su inclusión como factor salarial para efectos de la

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liquidación de prestaciones sociales.

62. Ahora bien, frente al pago de las prestaciones sociales se tiene que, del material
probatorio allegado al proceso, no es posible advertir que la remuneración mensual haya
sido fraccionada y, en consecuencia, que se disminuyó la base de la liquidación de
aquellas prestaciones, máxime cuando la FGN a través de decretos como el 685 de 2002
estableció que el 30% del salario básico mensual de los fiscales delegados ante jueces
del circuito[1] se consideraba como prima especial de servicios, no obstante, a partir del
Decreto 3549 de 2003 en adelante no se fijó deducción alguna a título de prima especial
aunado a que las pretensiones de la demandante en este asunto, solo corresponde al
periodo que fungió como fiscal a partir del año 2003, puesto que por los años anteriores
ya existió pronunciamiento al respecto.

63. Por lo anterior, no es procedente ordenar el reajuste de tales prestaciones y, en
consecuencia, se modificará el ordinal cuarto de la sentencia apelada en este sentido.

64. En relación con los aportes a pensión, como se expuso en el marco normativo la
prima especial solo constituye factor salarial para esos efectos, además aquellos aportes
son imprescriptibles razón por la cual deberán reajustarse por todo el tiempo en que la
demandante haya percibido o debió percibir el citado emolumento, de acuerdo con el
100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicio, aclarando que hasta
la entrada en vigencia de la Ley 476 de 1998 los aportes deben realizarse sobre el 100%
del salario y en adelante sobre el 100% más el 30% de la prima; además, previa
verificación de la entidad de si se realizaron los aportes para los años 1993, 1994, 1995,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 en atención a la sentencia del 23 de febrero de
2012; por lo que se modificará el ordinal segundo y adicionará el ordinal cuarto para
señalar la imprescriptibilidad de los aportes pensionales y para ordenar realizar el
mencionado reconocimiento desde el momento en que se desempeñó en el cargo que le
otorgó ese beneficio.

65. Asimismo, se adicionará la sentencia para indicar que el cumplimiento de la condena
estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los conceptos aquí reconocidos y en ningún caso podrá superar los
topes fijados por el gobierno nacional.

66. Se advierte que, en lo referente a la aplicación de la prescripción trienal, el A-quo

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erró, toda vez que tomó como fecha de presentación de la reclamación el 22 de agosto
de 2018, cuando en realidad fue presentada el 22 de marzo de ese año. Sin embargo, no
hay lugar a la aclaración de la sentencia en perjuicio del apelante único y por tanto no se
efectuará modificación alguna por la prohibición de non reformatio in pejus.

67. Siendo así las cosas, la Sala encuentra que la demandante sí era beneficiaria de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y que por tanto debía pagarse
aquella a partir del 22 de agosto de 2015 por prescripción trienal tal y como lo determinó
el a quo, no obstante no había lugar a ordenar la liquidación de sus prestaciones sociales
sobre el 100% del salario, pues desde el año 2003 los decretos del gobierno nacional no
incluyeron la prima especial de servicios para los fiscales delegados y no se acreditó el
fraccionamiento del salario y de la disminución de la base de la liquidación de aquellas
prestaciones.

68. Asimismo se adicionará la sentencia para ordenar el pago de aportes a pensión por
todo el tiempo en que la demandante haya percibido o debió percibir el citado
emolumento, de acuerdo con la totalidad del salario básico más el 30% de la prima
especial de servicio, reiterando que el cumplimiento de la condena estará condicionado
a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los
conceptos aquí reconocidos y en ningún caso podrá superar los topes fijados por el
gobierno nacional.

Condena en costas

69. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus propios intereses, es decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, por
tanto, no se impondrá condena en costas.

70. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – MODIFICAR EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia del Treinta (30) de

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septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

SEGUNDO: DECLARAR DE OFICIO parcialmente probada la excepción de prescripción
trienal de las sumas reclamadas por la señora Beatriz Patarroyo Amaya anteriores al 22 de agosto
de 2015., respecto de la Prima Especial de Servicios conforme con lo expuesto en la parte motiva.
Salvo los aportes a seguridad social en pensiones por ser imprescriptibles.

SEGUNDO. – MODIFICAR Y ADICIONAR el ordinal cuarto de la sentencia del Treinta
(30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

CUARTO: CONDENAR a la Nación - Fiscalía General de la Nación a RECONOCER y PAGAR en
favor de la señora Beatriz Patarroyo Amaya la prima especial de servicios como un emolumento
adicional en cuantía equivalente al 30% de la asignación básica legal mensual desde el 22 de
agosto de 2015 hasta por el tiempo en que la accionante permanezca en los cargos que justifican
devengarla.

El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado
otro pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos y en ningún caso podrá
superar los topes fijados por el gobierno nacional.

Los aportes a seguridad social en pensiones deberán realizarse desde la fecha de vinculación al
cargo de fiscal hasta cuando se demuestre una vinculación que le otorgue tal derecho, teniendo en
cuenta como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios. aclarando que hasta la entrada en vigencia de la
Ley 476 de 1998 los aportes deben realizarse sobre el 100% del salario y en adelante sobre el
100% más el 30% de la prima; además, previa verificación de la entidad de si se realizaron los
aportes para los años 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001 en atención a la
sentencia del 23 de febrero de 2012.

TERCERO. – CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Treinta (30) de
septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

CUARTO.- Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

22

Número Interno: 2618-2023
Demandante: Beatriz Patarroyo Amaya
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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