Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00988-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00988-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00988-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D.C., Diez (10) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 25000-23-42-000-2021-00988-01 (0766-2023)1
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del Treinta (30) de septiembre de dos mil veintidós (2022), proferida por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que
accedió parcialmente a las pretensiones.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones
1. La señora Adriana Dioselina Arango Valencia, acudió a la jurisdicción en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para que se declare la nulidad del Oficio DS-11-12-SSAG-0280 del Dieciséis (16) de
febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) y de la Resolución 2-1267 del Ocho (8) de mayo
siguiente, mediante los cuales, la entidad negó el reconocimiento de la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
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Expediente híbrido
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Expediente físico, folios 24 - 27
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
2. A título de restablecimiento del derecho, solicito (i) el reconocimiento y pago de la
prima especial equivalente al Treinta por Ciento (30 %) de la remuneración mensual como
adición a la asignación básica, desde el Primero (1º) de enero de Mil Novecientos
Noventa y Tres (1993), hasta la fecha en la cual inicie el reconocimiento del incremento,
y (ii) la reliquidación de las prestaciones sociales como la prima de servicios, prima de
navidad, prima de vacaciones, cesantías, bonificación anual por servicios prestados,
cotización a seguridad social y demás prestaciones y emolumentos de carácter laboral.
De igual manera, pidió la actualización de la condena y los intereses moratorios
1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
3. La señora Adriana Dioselina Arango Valencia se vinculó a la Fiscalía General de la
Nación desde el Siete (7) de junio de Dos Mil Cuatro (2004) como secretario I, y fue
posesionada como fiscal delegada ante los jueces municipales y promiscuos el Siete (7)
de octubre de Dos Mil Catorce (2014), cargo que aún ocupaba al momento de presentar
la demanda.
4. Que, durante el tiempo de vinculación a la entidad en calidad de fiscal, no se le ha
pagado la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de la ley 4ª de 1992,
como un incremento o adición al salario, ni se le han reliquidado los emolumentos de
carácter laboral que tengan como base la prima especial para su liquidación.
5. El Veinticuatro (24) de Enero de Dos Mil Diecisiete (2017) presentó reclamación
administrativa y solicitó el reconocimiento y pago de tales conceptos, siendo negado por
la entidad mediante los actos acusados.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
6. La parte demandante invocó como vulnerados el Preámbulo y los artículos 2, 4, 6, 9,
13, 48, 53, 89, 93, 95, 122, 123, 150, 189, 209, 228 y 253 de la Constitución Política; el
artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; las Leyes 4ª y 54 de 1992
y 270 de 1996; el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo; el Protocolo
de San Salvador; los artículos 1, 2, 3, 4, 10 y 14 del Código Sustantivo del Trabajo.
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
7. Afirmó que el Gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria conferida por la Ley
4ª de 1992, porque convirtió en prima una parte de la asignación básica en lugar de
reconocer un valor adicional, con afectación del salario y de las prestaciones sociales.
8. Invocó los principios de igualdad, favorabilidad, progresividad, primacía de la realidad
y protección del salario, y sostuvo, en síntesis, que los actos acusados desconocieron la
interpretación jurisprudencial según la cual la prima especial constituye un valor adicional
y representa un aumento efectivo de la remuneración.
2. Contestación de la demanda3
9. La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones e indicó que el litigio
debía resolverse con sujeción a la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020, que
reguló específicamente la situación de los servidores de esa entidad vinculados al
régimen del Decreto 53 de 1993 o con posterioridad a su expedición.
10. Explicó que, desde Dos Mil Tres (2003), los decretos salariales de la Fiscalía dejaron
de contemplar el treinta por ciento como prima especial dentro del salario. Por esa razón,
la entidad pagó el ciento por ciento de la asignación básica y liquidó sobre esa totalidad
las prestaciones sociales, sin que procediera una nueva reliquidación.
11. Agregó que, no es posible ningún reconocimiento desde el 1 de enero de 2021, pues
a partir del Decreto 272 de 2021 se estableció la prima especial equivalente al 30% del
salario básico, de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como adicional a la
asignación básica correspondiente a cada empleo.
12. Precisó que, la prima especial únicamente constituye factor salarial para determinar
el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación y que el reconocimiento debía
sujetarse a los topes de remuneración fijados por el Gobierno nacional.
13. Propuso las excepciones de prescripción, carencia de objeto, inaplicabilidad como
factor salarial distinto del ingreso base de liquidación pensional e improcedencia de
exceder el límite previsto en el artículo 4º de la Ley 4ª de 1992. Solicitó adoptar una
decisión acorde con la sentencia de unificación y sostuvo que estaban prescritas las
diferencias anteriores al Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Catorce (2014).
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Expediente físico, folios 43 - 48
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
3. Sentencia de primera instancia4
14. La Sala Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el Treinta (30) de septiembre de Dos Mil
Veintidós (2022), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se abstuvo
de imponer condena en costas, así:
«PRIMERO.- Estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación SUJ-023-CE-S2-2020 de
15 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de
Conjueces, radicación 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018), Accionante: Nayibe
Lorena Pérez Castro contra la Fiscalía General de la Nación. C.P. Jorge Iván Rincón Córdoba,
en cuanto, por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO.- Declarar la prescripción trienal extintiva de los valores pedidos por la
demandante, causados con anterioridad al 24 de enero de 2014, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva.
TERCERO.-. Declarar la nulidad de los actos administrativos acusados: el contenido en el
oficio N° DS-11-12-SSAG-0280 del 16 de febrero del 2017, suscrito por el Subdirector
Seccional de Apoyo a la Gestión Seccional Quindío y la Resolución N° 21267 del 8 de mayo
del mismo año, proferida por el Subdirector de Talento Humano de la Fiscalía General de la
Nación, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva.
CUARTO.- Condénase a la Nación – Fiscalía General de la Nación, a reconocer y pagar a la
demandante ADRIANA DIOSELINA ARANGO VALENCIA, retroactivamente, el REAJUSTE
SALARIAL que corresponda al 30% del salario básico mensual, con sus consecuencias
prestacionales en la reliquidación en idéntico porcentaje, de la prima de navidad, prima de
servicios, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión,
bonificación por servicios prestados, etc., causados desde el 24 de enero de 2014, en
adelante, y hasta cuando funja como Fiscal Delegado ante Jueces Municipales, por habérsele
deducido durante los extremos temporales laborados, computando para este ejercicio el
100% que corresponde a la asignación básica mensual devengada correspondiente para los
cargos ejercidos en ese tiempo, luego del pago de la prima consagrada en la citada norma,
ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial para la reliquidación de la pensión de
jubilación durante toda la relación laboral así para aportes a seguridad social en salud,
conforme a lo expuesto en la parte motiva. [sic]
QUINTO.- En consecuencia, se le debe reconocer y pagar al demandante en los extremos
temporales indicados, sus salarios y prestaciones, con los correspondientes reajustes
prestacionales anuales, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEXTO.- Ordenar que los valores a pagar sean actualizados de conformidad con el artículo
187 del C.P.A.C.A, tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al
consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.
SÉPTIMO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan
los supuestos de hecho y de derecho del artículo 195 del C.P.A.C.A.
OCTAVO.- Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término
previsto en el artículo 195 del C.P.A.C.A., acatando lo ordenado en Sentencia C - 188 de 1999
NOVENO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.
DÉCIMO.-. No condenar en costas.
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Expediente físico, folio 76 - 95
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
UNDÉCIMO.-. Expídase por secretaría y entréguese a la demandante, copia de esta
sentencia con la constancia de su notificación y ejecutoria, y de ser la primera en que presta
mérito ejecutivo, de conformidad con el artículo 114 del C. G. del P.
DUODÉCIMO.- Ordénese que por Secretaría se proceda a liquidar los gastos ordinarios del
proceso, y entréguese a la demandante el remanente a que hubiere lugar.»
15. Para arribar a esa decisión, el Tribunal acogió la interpretación establecida en la
sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del Quince (15) de diciembre de Dos Mil
Veinte (2020). Explicó que la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992 constituye un incremento equivalente al treinta por ciento de la asignación básica y,
por consiguiente, debe adicionarse a esta, en lugar de ser incorporada dentro de la
remuneración o utilizada para disminuirla en idéntico porcentaje.
16. Al valorar la reclamación administrativa, los actos acusados, los documentos de
nombramiento y posesión, las constancias de servicios, los reportes de liquidación
salarial, la información de la hoja de vida y los antecedentes administrativos, encontró
acreditada la vinculación de la señora Adriana Dioselina Arango Valencia a la Fiscalía
General de la Nación y señaló que había ejercido el cargo de fiscal delegada ante jueces
municipales desde el Siete (7) de junio de Dos Mil Cuatro (2004).
17. A partir de los considerandos de los actos administrativos demandados, la constancia
de servicios y los reportes periódicos de liquidación, estimó que la Fiscalía había
reconocido las prestaciones sociales sobre el Setenta por Ciento (70%) de la asignación
básica, porque el Treinta por Ciento (30%) restante habría sido incluido dentro del Ciento
por Ciento (100%) de la remuneración a título de prima especial; dicho porcentaje debía
reconocerse como un valor adicional al salario y no como una porción integrante de este.
18. Con fundamento en esa premisa, concluyó que la demandante era destinataria de la
prima especial durante los períodos en los que desempeñó el cargo de fiscal delegada
ante Jueces Municipales y que la entidad debía reconocerle el Treinta por Ciento (30%)
de la remuneración que, según su valoración, había sido sustraído de la asignación
básica. Añadió que esa recomposición incidía en la liquidación de la prima de navidad, la
prima de servicios, las vacaciones, la prima de vacaciones, las cesantías y la bonificación
por servicios prestados.
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
19. Precisó que las prestaciones sociales debían reliquidarse sobre el Ciento por Ciento
(100%) de la asignación básica y no sobre el valor de la prima especial, pues, esta última
carecía de carácter salarial para efectos prestacionales. Así, explicó que la condena
prestacional obedecía a la recuperación del Treinta por Ciento (30%) del sueldo básico
que había sido disminuido por la interpretación aplicada por la Fiscalía, mientras que la
prima especial únicamente constituía factor salarial para determinar la pensión de
jubilación y las respectivas cotizaciones pensionales.
20. En cuanto a la legalidad de los actos acusados, consideró que la Fiscalía debió
resolver favorablemente la solicitud de la demandante, en aplicación de los artículos 2,
25 y 53 de la Constitución Política y de los principios de primacía de la realidad,
irrenunciabilidad del salario, favorabilidad, progresividad, prohibición de regresividad y
prevalencia del derecho sustancial. A partir de ello, concluyó que la negativa
administrativa había afectado la remuneración mensual y las prestaciones derivadas de
esta, por lo que declaró la nulidad del Oficio DS-11-12-SSAG-0280 del Dieciséis (16) de
febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) y de la Resolución 2-1267 del Ocho (8) de mayo
siguiente.
21. Por las mismas razones, desestimó las excepciones de carencia de objeto,
inaplicabilidad de la prima como factor salarial distinto del ingreso base de liquidación
pensional e improcedencia de exceder el límite previsto en el artículo 4.º de la Ley 4.ª de
1992. Consideró que el reconocimiento debía sujetarse al límite legal de remuneración
aplicable, pero que esa circunstancia carecía de incidencia sobre la existencia del
derecho al incremento.
22. Respecto de la prescripción, aplicó los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102
del Decreto 1848 de 1969, así como la regla fijada en la sentencia SUJ-023-CE-S2-2020.
Como la reclamación administrativa fue presentada el Veinticuatro (24) de enero de Dos
Mil Diecisiete (2017), declaró prescritas las diferencias salariales y prestacionales
causadas antes del Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Catorce (2014). Exceptuó de
ese fenómeno las diferencias de las cotizaciones pensionales, por su carácter
imprescriptible y porque la prima especial constituye factor salarial para esos efectos.
4. El recurso de apelación5
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Expediente físico, folios 103-107
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
23. La Fiscalía General de la Nación, en calidad de apelante única, solicitó revocar
parcialmente la sentencia. En concreto, pidió negar las pretensiones relacionadas con la
reliquidación de las prestaciones sociales y limitar el reconocimiento de la prima especial,
como valor adicional a la asignación básica, hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de
Dos Mil Veinte (2020).
24. En primer lugar, cuestionó que el Tribunal hubiese construido su decisión a partir del
tratamiento normativo y jurisprudencial de la prima especial aplicable a los servidores de
la Rama Judicial. Explicó que la situación salarial de los fiscales presenta una
configuración distinta, pues los decretos expedidos para la Fiscalía General de la Nación
desde Dos Mil Tres (2003) dejaron de contemplar la prima especial dentro de la
asignación mensual.
25. A partir de lo anterior, sostuvo que desde esa anualidad la entidad dejó de detraer el
treinta por ciento de la asignación básica para pagarlo como prima especial. En su lugar,
reconoció el ciento por ciento del salario fijado por el Gobierno nacional y liquidó las
prestaciones sociales sobre esa totalidad. De esta manera, controvirtió la premisa del
Tribunal, según la cual la prima había sido incorporada dentro del salario y las
prestaciones se habían calculado únicamente sobre el setenta por ciento (70%) restante.
26. Invocó la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020 del Quince (15) de diciembre
de Dos Mil Veinte (2020), en la que se precisó que la prima especial constituye un
incremento adicional de la asignación básica y que únicamente tiene carácter salarial
para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. Resaltó que
esa providencia estableció, respecto de la situación salarial existente desde Dos Mil Tres
(2003), que a los servidores de la Fiscalía se les pagó el ciento por ciento del salario, que
las prestaciones fueron liquidadas sobre esa misma base y que permaneció pendiente el
reconocimiento del treinta por ciento como sobresueldo.
27. La apelante diferenció, entonces, dos períodos. Expuso que, entre la entrada en
vigencia de la Ley 476 de 1998 y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Dos
(2002), podía existir lugar a recomponer la asignación básica y sus consecuencias
prestacionales cuando se hubiese sustraído el treinta por ciento para pagarlo como prima
especial. En cambio, desde el Primero (1º) de enero de Dos Mil Tres (2003), únicamente
procedería reconocer la prima especial como valor adicional y ajustar el ingreso base de
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
cotización al sistema pensional durante el período correspondiente, pues la asignación
básica y las prestaciones ya habían sido pagadas sobre el ciento por ciento.
28. Agregó que, en el asunto concreto, el Tribunal debió valorar los documentos remitidos
por la Fiscalía el Once (11) de mayo de Dos Mil Veintidós (2022), incorporados en el
índice 005 de Samai, especialmente el kardex de devengados y deducidos de Dos Mil
Veinte (2020). Señaló que dicha prueba registraba, para el mes tomado como referencia,
sueldo por Cuatro Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y
Cuatro Pesos ($4.938.954) y gastos de representación por Un Millón Seiscientos
Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos ($1.645.651), mientras que la
prima de navidad reconocida en diciembre ascendió a Siete Millones Trescientos
Cincuenta Mil Novecientos Nueve Pesos ($7.350.909), debido a la inclusión de las
doceavas de los demás factores pertinentes. Según la entidad, esas cifras evidenciaban
que la prima de navidad había sido liquidada sobre el ciento por ciento de la asignación
básica y no sobre el setenta por ciento, como concluyó el Tribunal.
29. Con fundamento en esa valoración, afirmó que la condena a reliquidar, en un treinta
por ciento adicional, la prima de navidad, la prima de servicios, las vacaciones, la prima
de vacaciones, las cesantías y la bonificación por servicios prestados generaría un doble
pago. A su juicio, esa orden también terminaría por atribuirle a la prima especial un
carácter salarial y prestacional, contrario a la regla de unificación que circunscribió dicha
incidencia a la materia pensional.
30. En cuanto al alcance salarial de la prima especial, la entidad sostuvo que este
emolumento constituye factor salarial únicamente para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación. Agregó que, desde Dos Mil Tres (2003), solo
resultaba viable reconocer la prima del treinta por ciento como un valor adicional y ajustar
el ingreso base de cotización sobre los aportes al Sistema General de Pensiones durante
el período en el cual se reconociera dicha adición.
31. La entidad también controvirtió que el Tribunal hubiese ordenado el reconocimiento
mientras la demandante continuara desempeñándose como fiscal delegada ante jueces
municipales. Explicó que el Decreto 272 de 2021 estableció y comenzó a pagar la prima
especial del treinta por ciento como una adición a la asignación básica, con efectos
fiscales desde el Primero (1º) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021). Por ello, afirmó que
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
mantener abierto el extremo final permitiría incluir períodos en los que la prima ya era
reconocida directamente por la administración.
32. En ese sentido, pidió fijar como extremo final del retroactivo el Treinta y Uno (31) de
diciembre de Dos Mil Veinte (2020). Asimismo, solicitó que cualquier referencia a la
totalidad de la relación laboral se entendiera circunscrita a los períodos efectivamente
servidos en cargos de fiscal y, en todo caso, a partir del Nueve (9) de septiembre de Mil
Novecientos Noventa y Ocho (1998), fecha que señaló como de entrada en vigencia de
la Ley 476 de 1998.
33. En conclusión, solicitó revocar parcialmente la sentencia para excluir la reliquidación
de las prestaciones sociales y la incidencia retroactiva sobre los aportes en salud,
conservar únicamente el reconocimiento de la prima especial como valor adicional
durante el período procedente y limitar su pago hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre
de Dos Mil Veinte (2020).
5. Trámite de segunda instancia
34. El Quince (15) de febrero de Dos Mil Veintitrés (2023), el expediente fue repartido al
despacho del consejero Carmelo Perdomo Cuéter para resolver el recurso de apelación. 6
35. El Trece (13) de abril de Dos Mil Veintitrés (2023), los integrantes de la Subsección B
manifestaron impedimento. Mediante auto del Veinticuatro (24) de agosto siguiente, la
Subsección A lo declaró fundado, separó del conocimiento del asunto a quienes lo
formularon y, al advertir la misma causal respecto de sus integrantes, ordenó el sorteo
de conjueces.7
36. El Veinticuatro (24) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), se efectuó el sorteo de
conjueces. Posteriormente, debido a la reconfiguración de la lista de conjueces, el Once
(11) de febrero de Dos Mil Veinticinco (2025) se efectuó un nuevo sorteo, en el que fue
designado José Pablo Santamaría Patiño como conjuez ponente.8
37. Por auto del Dieciocho (18) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), el conjuez
6
Samai, segunda instancia, índice 001, informe de reparto y radicación de 15 de febrero de 2023; índice 003, acta de reparto.
7
Samai, segunda instancia, índice 004, manifestación de impedimento; índice 007, auto de 24 de agosto de 2023 que resolvió el
impedimento y dispuso el sorteo de conjueces.
8
Samai, segunda instancia, índices 010 y 011, sorteo y remisión a conjuez de 24 de octubre y 9 de noviembre de 2023; índice 012,
nuevo sorteo de conjuez efectuado el 11 de febrero de 2025.
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
ponente ordenó remitir el expediente a este despacho, atendiendo la nueva integración
de la Sala y la revisión del criterio aplicado a los impedimentos en esta materia. La
Secretaría efectuó la remisión el Veintisiete (27) de marzo siguiente.9
38. Mediante auto del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026), el
despacho avocó conocimiento y admitió el recurso de apelación. Ante la ausencia de
solicitudes probatorias en esta instancia, dispuso que, ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara para fallo.10
39. Las partes guardaron silencio. El Ministerio Público rindió el Concepto 296 del Trece
(13) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026) y solicitó revocar la sentencia para limitar el
restablecimiento al pago de la prima especial durante el período no prescrito y hasta el
Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020). Consideró que las prestaciones
ya habían sido liquidadas sobre el ciento por ciento de la asignación básica y que las
cotizaciones a seguridad social conservaban carácter imprescriptible 11.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
40. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)12, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2. Problema jurídico
41. Corresponde a la Sala establecer lo siguiente:
9
Samai, segunda instancia, índice 013, auto de 18 de marzo de 2025; índices 015 y 016, comunicaciones y constancia de remisión
al despacho del actual consejero ponente.
10
Samai, segunda instancia, índice 017.
11
Samai, segunda instancia, índices 020 y 029.
12
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
i) ¿La señora Adriana Dioselina Arango Valencia, en su condición de fiscal, tiene
derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales con ocasión del
reconocimiento de la prima especial de servicios como adición a la asignación
básica o, por el contrario, desde el Primero (1º) de enero de Dos Mil Tres (2003)
dichas prestaciones fueron liquidadas sobre el Ciento por Ciento (100 %) de
dicha asignación, de manera que un nuevo reajuste a partir de esa fecha
generaría un doble pago?
ii) ¿El reconocimiento de la prima especial debe extenderse mientras la
demandante ejerza el cargo de fiscal delegada ante jueces municipales o, por
el contrario, debe limitarse al Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte
(2020), en virtud del Decreto 272 de 2021, que dispuso su reconocimiento
como valor adicional a la asignación básica a partir del Primero (1º) de enero
de Dos Mil Veintiuno (2021)?
42. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: i) marco normativo y jurisprudencial; ii) hechos probados; iii) caso concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
43. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».
44. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo
artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30%
ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden
de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos
los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de
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Número Interno: 0766-2023
Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
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Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.»
45. Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los
servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en distintas
normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el
Gobierno nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo
régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran
voluntariamente a este.
46. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de
servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley 476 de
1998 aclaró que la excepción de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, «[…] no se refiere
a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida
en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto», por lo
que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, que tiene carácter salarial
para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de
jubilación.
47. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta
Corporación en varias ocasiones. Así, en sentencia de 3 de marzo de 2005, la Sección
Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no
le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la
Ley 4ª de 1992], otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de
servicios al 30% del salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».
48. Posteriormente, esta Corporación profirió sentencia SUJ-023-CE-S2 del Quince (15)
de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), en la cual estableció los parámetros que consideró
adecuados frente al cómputo de la comentada prima especial de servicios y su
reconocimiento a los fiscales a quienes se aplica el Decreto 53 de 1993. En esa
oportunidad, esa Colegiatura sentó las siguientes reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los
servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima
resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de liquidación de
13
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la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se
acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad
con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el
Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998
a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación
básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios,
se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir
de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135
de 1998 y 1848 de 1969.
49. Con fallo de Veintiuno (21) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), la Sala de
Conjueces se pronunció sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos anuales
expedidos por el Gobierno nacional modificatorios del régimen salarial y prestacional de
la Fiscalía General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la naturaleza
y forma de liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
50. En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de
los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios», pues «[…] no
puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste», y, al declarar
la nulidad de las normas acusadas, precisó que «[…] del hecho de desaparecer del mundo jurídico
esos decretos, no se sigue que la prima especial de servicios allí contenida haya también desaparecido.
Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de esa sentencia», y reiteró que «[…] la
prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición
a éste».
51. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha
construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente
a la asignación básica prevista para los fiscales en sus diferentes órdenes, sino respecto
de los demás factores salariales y prestacionales que integran el respectivo régimen de
asignaciones.
2.3.2. De la reliquidación de factores salariales y prestacionales sobre el 100% de
la asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% a título de prima especial
14
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52. En el fallo en referencia, la Sala de Conjueces advirtió que «[l] Los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado
a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial»; no obstante, dicha elaboración dejó de incluir los factores
de salario cuya base de liquidación incluye la asignación básica del respectivo empleo
(tales como la bonificación por servicios prestados o la prima de servicios) y que,
naturalmente, no tienen la naturaleza de prestación social.
53. Sobre el particular, la teoría clásica del derecho social del trabajo impone diferencias
marcadas entre la naturaleza salarial o prestacional de determinada asignación, en la
medida que, los primeros, se orientan a remunerar directamente el servicio prestado,
mientras que los segundos tienen por objeto cubrir contingencias o riesgos a los que
pueda verse expuesto el trabajador, por efecto directo o indirecto de la actividad laboral.
54. Al respecto, cabe destacar que los fiscales, en sus distintos órdenes y niveles,
perciben los siguientes factores:
Otros emolumentos Otros emolumentos que
Factores salariales Prestaciones sociales que integran el IBC de no integran el IBC de
aportes al SGSS aportes al SGSS
Prima de vacaciones Otros servicios
Bonificación por Prima especial 30% autorizados por la ley
servicios prestados Prima de navidad
Bonificación por Bonificación por
Prima de servicios Cesantías compensación actividad judicial
55. En asuntos análogos contra la Fiscalía General de la Nación, esta Sala ha precisado
que la reliquidación de prestaciones sociales y factores salariales como consecuencia del
reconocimiento de la prima especial de servicios adicional a la asignación básica, exige
acreditar un fraccionamiento efectivo de la base13.
56. Lo anterior, cobra relevancia por cuanto, en la regulación salarial de los servidores de
la Fiscalía General de la Nación se distinguen dos momentos. El artículo 7.º del Decreto
685 de 2002 establecía que el treinta por ciento del salario básico mensual de los cargos
allí relacionados se consideraba prima especial de servicios sin carácter salarial.
Posteriormente, el Decreto 3549 de 2003 derogó aquel decreto, surtió efectos fiscales
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 28 de mayo de 2026, radicación 25000-23-42-000-2018-
02816-02 (2618-2023), y del 24 de julio de 2026, radicaciones 05001-23-33-000-2021-01616-02 (1367-2026) y 05001-23-33-000-
2021-00607-02 (1370-2026).
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desde el Primero (1º) de enero de Dos Mil Tres (2003) y dejó de reproducir una
disposición que calificara una porción de la asignación básica como pago de la prima
especial14.
57. La sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 examinó las consecuencias de esa modificación,
y al resolver el caso concreto concluyó que, por las particularidades de la regulación
aplicable a la Fiscalía, a la demandante «no se le descontó de su salario y/o asignación
básica desde el 2003 el 30%». Por ello, estableció que sus prestaciones sociales habían
sido liquidadas sobre el Ciento por Ciento (100%) de la asignación básica, aunque la
prima especial había dejado de reconocerse como un sobresueldo equivalente al Treinta
por Ciento (30%).
58. Esa conclusión debe armonizarse con el criterio según el cual la prima especial
constituye un incremento del salario básico y la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el Ciento por Ciento (100%) procura reintegrar el Treinta por Ciento (30%) que
hubiese sido efectivamente excluido de su base. Así, el reconocimiento de la prima como
emolumento adicional carece de incidencia prestacional autónoma, y la reliquidación de
las prestaciones procede cuando se demuestre que fueron calculadas sobre una
asignación básica disminuida.
59. Por consiguiente, cuando el material probatorio acredita el pago íntegro de la
asignación básica y la liquidación de las prestaciones sobre el Ciento por Ciento (100%)
de esta, la obligación insatisfecha se circunscribe al reconocimiento de la prima especial
como valor adicional y a su incidencia pensional. Si se demuestra que el Treinta por
Ciento (30%) fue sustraído de la asignación básica, procede además el reajuste de los
factores salariales y prestacionales cuya base hubiera resultado disminuida.
60. Así las cosas, debe resaltarse, además, que el reconocimiento de la prima como
adición al salario no le confiere, por sí mismo, carácter salarial para todos los efectos. La
Ley 332 de 1996 lo atribuyó únicamente para determinar el ingreso base de liquidación
de la pensión de jubilación y ordenó efectuar las cotizaciones pensionales
correspondientes. Las diferencias en aportes pensionales conservan carácter
imprescriptible, pues corresponden a obligaciones legales vinculadas con la financiación
del sistema y con la conformación de la historia laboral.
14
Decreto 685 de 2002, artículo 7.º. Decreto 3549 de 2003, artículo 17, mediante el cual se derogó el primero y se dispusieron efectos
fiscales a partir del 1.º de enero de 2003.
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61. Bajo esa distinción, el régimen presenta un punto de inflexión a partir del Primero (1.º)
de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), dado que hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre
de Dos Mil Veinte (2020), el artículo 1º de la Ley 332 de 1996 atribuía carácter salarial a
la prima especial únicamente para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión
de jubilación y efectuar las cotizaciones pensionales correspondientes. En cambio, el
artículo 1º del Decreto 272 de 2021 dispuso que la prima especial «será adicional a la
asignación básica»15 y estableció que constituiría factor salarial para el ingreso base de
cotización tanto del Sistema General de Pensiones como del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. Como el artículo 3.º del mismo decreto fijó sus efectos fiscales
a partir del Primero (1º) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), la incidencia en salud se
predica desde esa fecha, sin extenderse a vigencias anteriores.
62. Los efectos fiscales del Decreto 272 de 2021 constituyen, a su vez, el hito temporal
que separa el período respecto del cual se reclama la omisión de la prima especial bajo
el régimen anterior, de aquel en el que quedó expresamente regulado su reconocimiento
y pago mensual. En consecuencia, cuando el material probatorio acredita que la entidad
comenzó a pagar la prima a partir del Primero (1.º) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021),
el restablecimiento del derecho se circunscribe a las sumas causadas hasta el Treinta y
Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), durante los períodos efectivamente
servidos en empleos beneficiarios y previa deducción de cualquier valor satisfecho por el
mismo concepto.
2.4. Hechos probados
63. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, para la solución de la
controversia se encuentran acreditadas las siguientes circunstancias relevantes:
64. La hoja de vida institucional indica que, Adriana Dioselina Arango Valencia secretario
I, en provisionalidad, mediante nombramiento número 2299 del Veintiocho (28) de mayo
de Dos Mil Cuatro (2004), con posesión según acta 105 del Siete (7) de junio siguiente.
Posteriormente, fue nombrada en provisionalidad como asistente de fiscal I mediante
acto número 607 del Quince (15) de febrero de Dos Mil Cinco (2005) y tomó posesión el
Primero (1.º) de marzo del mismo año. Luego, fue nombrada en propiedad como
15
Decreto 272 de 2021, “Por el cual se establece la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992”, con efectos
fiscales a partir del 1.º de enero de 2021.
17
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asistente de fiscal II a partir del Primero (1º) de enero de Dos Mil Catorce (2014).
Asimismo, fue encargada con funciones de fiscal delegada ante jueces municipales
desde el Siete (7) de octubre de Dos Mil Catorce (2014) y durante las vigencias
siguientes; el Treinta y Uno (31) de mayo de Dos Mil Dieciséis (2016) fue nombrada
provisionalmente en el mismo empleo y tomó posesión el Catorce (14) de junio Dos Mil
Dieciséis (2016), tal como se pasa a ilustrar desde Dos mil Catorce (2014)16:
Período Cargo Modalidad Remuneración
1.º de enero de 2014 a 13 de Asistente de Nombramiento en Remuneración correspondiente al
junio de 2016 fiscal II propiedad empleo de asistente de fiscal II.
7 de octubre de 2014 y Fiscal delegada Conservó la titularidad y la
demás novedades ante jueces Encargo remuneración del empleo de asistente
registradas durante 2016 municipales de fiscal II.
Fiscal delegada
14 de junio de 2016 en ante jueces Nombramiento en Remuneración correspondiente al
adelante municipales y Provisionalidad empleo de fiscal.
promiscuos
Fuente: elaboración propia
65. La hoja de vida KACTUS registra como último cargo el de fiscal delegada ante jueces
municipales y promiscuos y resume la información salarial entre Dos Mil Dieciséis (2016)
y Dos Mil Veintidós (2022). Para las vigencias Dos Mil Dieciséis (2016) a Dos Mil Veinte
(2020), la columna de prima especial aparece en cero; desde Dos Mil Veintiuno (2021)
figura como concepto separado:17
INFORMACIÓN SALARIAL
Fecha Sueldo Gto. Rep. Pri. Tec Pri. Ant. Bon.Judic. Pri. Esp. Bon. por Aux.Ali. Aux.Tra. Sub. Esp.
Comp.
14/06/2016 4.006.157 1.335.386 0 0 0 0 0 0 0 0
01/01/2017 4.276.574 1.425.525 0 0 0 0 0 0 0 0
01/01/2018 4.494.251 1.498.084 0 0 3.484.293 0 0 0 0 0
01/01/2019 4.696.493 1.565.498 0 0 3.595.094 0 0 0 0 0
01/01/2020 4.936.954 1.645.651 0 0 3.779.163 0 0 0 0 0
01/01/2021 5.065.808 1.688.602 0 0 3.840.008 2.026.323 0 0 0 0
01/01/2022 5.433.587 1.811.195 0 0 4.055.817 2.173.435 0 0 0 0
66. La «constancia Kardex devengados y deducidos» de Dos Mil Veinte (2020) registra
«sueldo» de Cuatro Millones Novecientos Treinta y Seis Mil Novecientos Cincuenta y
Cuatro Pesos ($4.936.954) y «gastos de representación» por Un Millón Seiscientos
Cuarenta y Cinco Mil Seiscientos Cincuenta y Un Pesos ($1.645.651). No figura un pago
16
Samai, Tribunal de origen, índice 005, archivo «5.1 ADRIANA ARANGO EXTRACTO HV SIAF», páginas 1 y 2.
17
Samai, Tribunal de origen, índice 005, archivo «5.2 ADRIANA ARANGO HV KACTUS», página 1.
18
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separado por prima especial18.
67. Las constancias «Kardex devengados y deducidos» de Dos Mil Catorce (2014) a
Dos Mil Veintiuno (2021) registran el pago de la «prima especial» por un valor
equivalente al Treinta por Ciento (30%) de los conceptos de «sueldo» y «gastos de
representación». En particular, en el 2021 el «sueldo» es de Cinco Millones Sesenta y
Cinco Mil Ochocientos Ocho Pesos ($5.065.808), los «gastos de representación» de Un
Millón Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Dos Pesos ($1.688.602) y la «prima
especial» de Dos Millones Veintiséis Mil Trescientos Veintitrés Pesos ($2.026.323)19.
68. La demandante presentó petición ante la entidad el Veinticuatro (24) de enero de Dos
Mil Diecisiete (2017). En esta pidió que se le reconociera la prima especial como un
incremento del Treinta por Ciento (30%) durante los períodos servidos como fiscal;
reliquidar prestaciones y aportes; pagar las diferencias; y actualizar las sumas20.
69. Mediante el Oficio DS-11-12-SSAG-0280 del Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil
Diecisiete (2017), la entidad negó la solicitud. Explicó que, desde Dos Mil Tres (2003),
los decretos salariales dejaron de prever la prima especial y que los salarios y
prestaciones se habían liquidado sobre el ciento por ciento del salario 21.
70. La Resolución 2-1267 del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), expedida
por el Subdirector de Talento Humano de la entidad, confirmó el oficio recurrido. La
entidad reiteró que, desde Dos Mil Tres (2003), los salarios y prestaciones sociales se
liquidaron sobre el Ciento por Ciento (100%) de la asignación y que los decretos vigentes
no contemplaban la prima especial22.
2.5. Caso concreto
71. En el presente asunto, el Tribunal reconoció a la demandante la prima especial del
18
Samai, Tribunal de origen, índice 005, archivo «4.5 ADRIANA ARANGO KARDEX 2020», página 1.
19
Samai, Tribunal de origen, índice 005, archivos «GSA-31160-20430-0128 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CUNDINAMARCA-
ADRIANA DIOSELINA ARANGO», páginas 1 y 2; «4.1 ADRIANA ARANGO 2014-2016», páginas 1 a 3; «4.2 ADRIANA ARANGO
KARDEX 2017», página 1; «4.3 ADRIANA ARANGO KARDEX 2018», página 1; «4.4 ADRIANA ARANGO KARDEX 2019», página
1; y «4.5 ADRIANA ARANGO KARDEX 2020», página 1. «4.6 ADRIANA ARANGO KARDEX 2021», página 1.
20
Samai, Tribunal de origen índice 005, archivo «1. Derecho petición Rad. 201731500319652 ADRIANA DIOSELINA ARANGO»,
páginas 1 y 2.
21
Samai, Tribunal de origen, índice 005, archivo «2. Respuesta DP oficio DS-11-12-SSAG-0280 ADRIANA DIOSELINA ARANGO»,
páginas 1, 4 y 5.
22
Samai, Tribunal de origen, índice 005, archivo «3. Resolución 2-1267. Resuelve apelación y notificación ADRIANA DIOSELINA
ARANGO», páginas 1, 7 y 8.
19
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Treinta por Ciento (30%) como una adición a la asignación básica devengada por la
demandante, y extendió sus consecuencias a las prestaciones sociales y a los aportes a
pensión y salud desde el Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Catorce (2014), en razón
de la prescripción declarada, y hasta cuando continuara desempeñándose como fiscal
delegada ante los jueces municipales.
72. Inconforme con la decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación.
Aceptó que la prima especial de servicios debía reconocerse como un valor adicional a
la asignación básica; sin embargo, dirigió su inconformidad contra la orden de reliquidar
las prestaciones sociales, pues sostuvo que, desde Dos Mil Tres (2003), estas fueron
calculadas sobre el Ciento por Ciento (100%) de dicha asignación. Asimismo, solicitó fijar
el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020) como extremo final del
reconocimiento, debido a que el Decreto 272 de 2021 reguló su pago a partir del Primero
(1.º) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021).
73. En primer lugar, la Sala recuerda que, de acuerdo con la Ley 476 de 1998 y la
sentencia SUJ-023-CE-S2-2020, los fiscales sometidos al Decreto 53 de 1993 o
vinculados con posterioridad tienen derecho a la prima especial de servicios como
incremento de la asignación básica mensual, por lo tanto, la demandante es beneficiaria
durante los lapsos en los que, efectivamente ocupó el empleo de fiscal en la entidad
demandada.
74. Respecto de la reliquidación prestacional ordenada por el a-quo, se advierte que,
conforme a las pruebas obrantes en el expediente, la asignación básica de la actora se
pagó íntegramente conforme a los decretos salariales anuales, sin que se evidencie que,
la prima especial de servicios haya sido sustraída en un Treinta por Ciento (30%) de esa
remuneración.
75. En ese sentido, tampoco es posible advertir que, se haya disminuido la base de la
liquidación de las prestaciones sociales devengadas por la demandante, sumado a que,
la Fiscalía General de la Nación, a partir del Decreto 3549 de 2003 en adelante dejó de
reproducir la disposición que calificaba una porción de la asignación básica como pago
de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4º de 1992.
76. En efecto, para establecer si la asignación mensual fue objeto de fraccionamiento, la
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Sala contrastó la suma de los conceptos que la integran, «sueldo» y «gastos de
representación», con la remuneración mensual fijada por el Gobierno nacional para el
empleo, arrojando como resultado una coincidencia exacta en cada vigencia, desde julio
de Dos Mil Dieciséis (2016).
77. Cabe resaltar que, durante Dos Mil Catorce (2014) y Dos Mil Quince (2015), aunque
el extracto de hoja de vida SIAF registra novedades de «encargo de funciones»
relacionadas con el empleo de fiscal delegada ante jueces municipales, los registros
salariales conservan la asignación del empleo de asistente de fiscal II. Por lo tanto, la
prueba no permite establecer que se hubieran configurado los presupuestos de un
encargo del empleo con derecho al reconocimiento de la diferencia salarial
correspondiente.
78. En contraste, a partir del Catorce (14) junio de Dos Mil Dieciséis (2016), fecha en la
cual tomó posesión en provisionalidad como fiscal delegada ante jueces municipales y
promiscuos, los registros de nómina evidencian el tránsito a la remuneración
correspondiente a ese empleo. Así, desde julio de esa anualidad devengó el sueldo y los
gastos de representación equivalentes a la remuneración mensual fijada en el Decreto
219 de 2016 para el cargo de fiscal delegado ante los jueces municipales; la misma
correspondencia se presenta durante las vigencias Dos Mil Diecisiete (2017), Dos Mil
Dieciocho (2018), Dos Mil Diecinueve (2019) y Dos Mil Veinte (2020), conforme a los
Decretos 989 de 2017, 343 de 2018, 996 de 2019 y 300 de 2020, respectivamente:
Decreto Valores registrados en el
Vigencia Cargo remunerado Remuneración fijada
salarial Kardex
$2.200.840 (Asistente de
Asistente de fiscal II; Fiscal II);
Decreto 205 $2.200.840, sin gastos de
2014 «encargo de funciones» $4.735.742 (Fiscal
de 2014 representación
de fiscal
Delegado ante Jueces
Municipales y Promiscuos)
$2.303.400 (Asistente de
Asistente de fiscal II; Fiscal II);
Decreto 1087 $2.303.400, sin gastos de
2015 «encargo de funciones» $4.956.428 (Fiscal
de 2015 representación
de fiscal
Delegado ante Jueces
Municipales y Promiscuos)
Asistente de fiscal II $2.482.375 (Asistente de Desde julio: sueldo
hasta el 13 de junio; Fiscal II); $4.006.157 + gastos
fiscal delegada ante Decreto 219 $1.335.386 = $5.341.543.
2016 $5.341.543 (Fiscal: sueldo
jueces municipales y de 2016 Junio registra liquidación
promiscuos desde el 14 $4.006.157 + gastos proporcional por el cambio
de junio $1.335.386) de empleo.
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Fiscal delegada ante
jueces municipales y Decreto 989 $4.276.574 + $1.425.525 =
2017 $5.702.098
promiscuos, en de 2017 $5.702.099
provisionalidad
Fiscal delegada ante
jueces municipales y Decreto 343 $4.494.251 + $1.498.084 =
2018 $5.992.335
promiscuos, en de 2018 $5.992.335
provisionalidad
Fiscal delegada ante
jueces municipales y Decreto 996 $4.696.493 + $1.565.498 =
2019 $6.261.991
promiscuos, en de 2019 $6.261.991
provisionalidad
Fiscal delegada ante
jueces municipales y Decreto 300 $4.936.954 + $1.645.651 =
2020 $6.582.605
promiscuos, en de 2020 $6.582.605
provisionalidad
Fuente: elaboración propia
79. De ahí que, para efectos del reconocimiento reclamado, la Sala encuentre necesario
precisar que, el derecho a la prima especial se causó en este caso a partir del Catorce
(14) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), fecha en la que, la demandante tomó posesión
en provisionalidad del cargo fiscal delegada antes jueces municipales y promiscuos y se
acreditó el tránsito a la remuneración de ese empleo. Por tanto, se apartará de la fecha
señalada por el a-quo, quien indicó que la actora ejercía como fiscal desde el Siete (7)
de junio de Dos Mil Cuatro (2004), pese a que las pruebas demuestran que para entonces
su vinculación correspondía al cargo de secretaria, empleo no beneficiario de la prima
especial.
80. Definido el extremo inicial, la excepción de prescripción carece de configuración, pues
el derecho surgió el Catorce (14) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), y la reclamación
administrativa fue presentada el Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017),
de manera que, las diferencias reclamadas quedaron comprendidas dentro del término
oportuno. Comoquiera que la sentencia de primera instancia declaró la prescripción
trienal de los valores causados con anterioridad al Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil
Catorce (2014), la Sala precisará de oficio que dicha excepción no se encuentra probada.
81. En suma, le asiste razón a la demandada al alegar la improcedencia del reajuste de
tales prestaciones, puesto que, para el período durante el cual la actora fue remunerada
como fiscal, la prueba acredita que la entidad pagó íntegramente la remuneración
mensual fijada para el empleo, sin detraer el Treinta por Ciento (30%) a título de prima
especial; por lo tanto, la única obligación que persiste corresponde a su reconocimiento
como valor adicional.
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Demandante: Adriana Dioselina Arango Valencia
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82. Los registros prestacionales conducen a la misma conclusión. La bonificación por
servicios prestados fue determinada sobre la remuneración completa; las primas de
servicios y de vacaciones incorporaron esa base y las doceavas legalmente computables;
y los valores de prima de navidad y cesantías reflejaron el salario íntegro y los demás
factores aplicables. A manera de ejemplo, para Dos Mil Veinte (2020) la prima de navidad
ascendió a Siete Millones Trescientos Cincuenta Mil Novecientos Nueve Pesos
($7.350.909), suma compatible con la asignación completa de Seis Millones Quinientos
Ochenta y Dos Mil Seiscientos Cinco Pesos ($6.582.605), con la incorporación de las
doceavas correspondientes.
83. En ese orden de ideas, la condena dirigida a reliquidar y pagar la prima de navidad,
la prima de servicios, las vacaciones, la prima de vacaciones, las cesantías, la
bonificación por servicios prestados y los demás emolumentos sobre un Treinta por
Ciento (30%) adicional produciría un doble reconocimiento, en contravía de la regla de
la sentencia de unificación que busca garantizar que, esas prestaciones se calculen sobre
el Ciento por Ciento (100%) del salario básico, como ocurrió en este caso, y no sobre el
Ciento Treinta por Ciento (130%).
84. De otro lado, en cuanto al extremo final del reconocimiento, el Tribunal ordenó pagar
la prima especial «hasta cuando funja como fiscal delegado ante jueces municipales», y
la entidad controvirtió esa determinación para que se limite la condena al Treinta y Uno
(31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), debido a que, a partir de la siguiente vigencia,
el Gobierno nacional reguló expresamente el reconocimiento y pago del mismo
emolumento mediante el Decreto 272 de 2021.
85. Al respecto, el artículo 1º del Decreto 272 de 2021 estableció, entre otros servidores,
para los fiscales delegados ante jueces municipales y promiscuos, una prima especial
equivalente al Treinta por Ciento (30%) del salario básico, adicional a la asignación básica
correspondiente a cada empleo y pagadera mensualmente. A su turno, el artículo 3º
dispuso que el decreto surtiría efectos fiscales a partir del Primero (1º) de enero de Dos
Mil Veintiuno (2021). Su relevancia para el asunto consiste en fijar el momento desde el
cual la prima especial comenzó a estar expresamente incorporada al régimen de pago
mensual de los cargos beneficiarios.
86. Esta conclusión encuentra respaldo en las pruebas del expediente, pues la nómina
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correspondiente a Dos Mil Veinte (2020) registra el sueldo y los gastos de representación
sin identificar suma alguna por concepto de prima especial, la constancia de Dos Mil
Veintiuno (2021) relaciona separadamente los siguientes valores: Cinco Millones Sesenta
y Cinco Mil Ochocientos Ocho Pesos ($5.065.808) por sueldo, Un Millón Seiscientos
Ochenta y Ocho Mil Seiscientos Dos Pesos ($1.688.602) por gastos de representación y
Dos Millones Veintiséis Mil Trescientos Veintitrés Pesos ($2.026.323) por prima especial.
Este último monto corresponde al Treinta por Ciento (30%) de los dos primeros
conceptos, lo cual acredita que, desde la vigencia fiscal de Dos Mil Veintiuno (2021), la
entidad comenzó a reconocer el emolumento como una adición autónoma a la
remuneración básica.
87. En esas condiciones, mantener abierta la condena mientras la demandante
permanezca en el empleo de fiscal produciría una superposición entre el restablecimiento
judicial de las sumas omitidas bajo el régimen anterior y los pagos efectuados desde Dos
Mil Veintiuno (2021) con fundamento en el Decreto 272 de ese año. Además, de
comprometer la claridad y ejecución de la orden, esa extensión podría originar un doble
reconocimiento por períodos respecto de los cuales la prima ya aparece incorporada en
la nómina.
88. En la sentencia del Veinticuatro (24) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026), radicación
1367-2026, esta Subsección consideró acertado limitar el reconocimiento al Treinta y Uno
(31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), porque el Decreto 272 de 2021 estableció la
prima especial como una adición a la asignación básica con efectos fiscales desde el
Primero (1º) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021). En aquella oportunidad, la Sala
confirmó la delimitación temporal al advertir que, desde la última fecha, el emolumento
quedó sometido al régimen de reconocimiento y pago previsto en el referido decreto
89. Por consiguiente, se modificará la sentencia apelada en cuanto extendió la condena
mientras la demandante continuara desempeñándose como fiscal delegada ante jueces
municipales, con la precisión de que el pago comprende exclusivamente los períodos
efectivamente servidos en ese empleo hasta la fecha señalada y estará sujeto al
descuento de las sumas previamente satisfechas por el mismo concepto.
90. Asimismo, la Sala precisará de oficio, como punto íntimamente relacionado, que el
artículo 1.º de la Ley 332 de 1996 atribuyó carácter salarial a la prima especial
exclusivamente para efectos pensionales, y solo a partir del Primero (1º) de enero de Dos
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Mil Veintiuno (2021), en virtud de los artículos 1º y 3º del Decreto 272 de 2021, dicho
emolumento integró también el ingreso base de cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud. En consecuencia, la orden de efectuar aportes en salud no
puede comprender períodos anteriores a esa fecha, como lo ordenó el a-quo.
91. Siendo así las cosas, la Sala encuentra que la demandante es beneficiaria de la prima
especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, sin embargo, la condena por prima
especial de servicios se circunscribe a los períodos efectivamente servidos como fiscal
entre el Catorce (14) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016) y el Treinta y Uno (31) de
diciembre de Dos Mil Veinte (2020). Asimismo, no hay lugar a ordenar la reliquidación de
sus prestaciones sociales sobre el Ciento por Ciento (100%) del salario, puesto que no
se acreditó el fraccionamiento alegado de la asignación básica devengada, ni la
disminución de la base de la liquidación de aquellas prestaciones. En consecuencia, se
modificará la sentencia de primera instancia en dichos términos y los extremos
temporales del restablecimiento del derecho.
92. Finalmente, se adicionará la sentencia para indicar que el cumplimiento de la condena
estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante por los conceptos aquí reconocidos y en ningún caso podrá superar los
topes fijados por el Gobierno nacional.
2.6. Condena en costas
93. De conformidad con lo previsto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, la condena
en costas no opera de manera automática, sino que, corresponde al juez valorar su
procedencia a partir de las particularidades del caso concreto, para lo cual, debe verificar
la conducta procesal de las partes, la causación de las expensas y si la actuación de
quien resulta vencido estuvo inspirada en criterios de temeridad o mala fe.
94. En el presente asunto, si bien la sentencia de primera instancia, será modificada
parcialmente en los términos expuestos en esta providencia, la Sala no advierte que, la
actuación procesal desplegada por las partes haya desconocido los deberes de lealtad,
probidad o buena fe, sino que obedeció al legítimo ejercicio de los derechos de acción,
defensa y contradicción dentro de una controversia jurídica respecto de la aplicación del
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y de la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019. En
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consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
2.7. Conclusión
95. La Sala concluye que, a la demandante le asiste el derecho al reconocimiento de la
prima especial de servicios como un adicional a su asignación básica; sin embargo, se
modificará la sentencia apelada, en el sentido de indicar que, el derecho a la prima
especial se causó desde el Catorce (14) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016), fecha en la
cual la demandante tomó posesión en provisionalidad como fiscal delegada ante jueces
municipales y promiscuos y empezó a devengar la asignación correspondiente a dicho
empleo; y que, el restablecimiento derivado de la omisión en su pago se extenderá hasta
el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020), en virtud del Decreto 272 de
2021. Asimismo, se declarará no probada la excepción de prescripción, por cuanto la
reclamación se presentó el Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017); se
excluirá la orden de reliquidación de los factores salariales y prestacionales, toda vez que,
la prueba acredita que estos fueron calculados sobre el Ciento por Ciento (100%) de la
asignación; se ordenará únicamente el ajuste de las cotizaciones pensionales y se
precisará que, para las vigencias anteriores al Primero (1.º) de enero de Dos Mil Veintiuno
(2021), la prima carecía de incidencia en el ingreso base de cotización al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.
96. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – MODIFICAR los ordinales segundo, tercero, cuarto y quinto de la sentencia
del Treinta (30) de septiembre de Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala
Transitoria de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, los
cuales quedarán así:
SEGUNDO. – DECLARAR no probada la excepción de prescripción trienal respecto de
las diferencias derivadas de la prima especial de servicios causadas entre el Catorce (14)
de junio de Dos Mil Dieciséis (2016) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte
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(2020), conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. – DECLARAR la nulidad parcial del Oficio N.º DS-11-12-SSAG-0280 del
Dieciséis (16) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), expedido por el Subdirector
Seccional de Apoyo a la Gestión de la Seccional Quindío, y de la Resolución N.º 2-1267
del Ocho (8) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), proferida por el Subdirector de Talento
Humano de la Fiscalía General de la Nación, únicamente en cuanto negaron a la señora
Adriana Dioselina Arango Valencia el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios y su incidencia en las cotizaciones pensionales.
CUARTO. – CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a reconocer y pagar
a la señora Adriana Dioselina Arango Valencia la prima especial de servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, como un emolumento adicional equivalente al Treinta
por Ciento (30%) de la asignación básica legal mensual, por los períodos efectivamente
servidos como fiscal delegada ante jueces municipales y promiscuos, desde el Catorce
(14) de junio de Dos Mil Dieciséis (2016) hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos
Mil Veinte (2020), sin que en ningún caso la totalidad de sus ingresos supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional para el empleo correspondiente.
La Fiscalía General de la Nación deberá determinar y trasladar al fondo de pensiones las
diferencias entre las cotizaciones efectivamente realizadas y aquellas que correspondían
con la inclusión de la prima especial durante el período reconocido. Para tal efecto,
efectuará los descuentos de ley a cargo de la demandante y asumirá la proporción que
legalmente le corresponde como empleadora. La entidad únicamente estará obligada a
pagar las diferencias pendientes por concepto de cotizaciones pensionales, previa
verificación de los aportes efectuados. El cumplimiento de la condena estará condicionado
a que no se haya realizado otro pago por los mismos conceptos y períodos.
Para las vigencias anteriores al Primero (1.º) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), no
habrá lugar a efectuar ajustes al ingreso base de cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud.
QUINTO. – NEGAR la reliquidación adicional de la bonificación por servicios prestados,
la prima de servicios, las vacaciones, la prima de vacaciones, la prima de navidad, las
cesantías y los demás factores salariales y prestacionales, por cuanto fueron liquidados
sobre el Ciento por Ciento (100%) de la asignación correspondiente al empleo.
SEGUNDO. – CONFIRMAR en lo demás la sentencia del Treinta (30) de septiembre de
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Dos Mil Veintidós (2022), proferida por la Sala Transitoria de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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