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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00219-01

Fecha
8 de febrero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00219-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVO C AR la sentencia del 18 de marzo de 2021, prof erida por el Tribunal Administra tivo de Cundinamarca , en el www.consejodeestado.gov.co 31 Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2019-00219-01(3495-2021) D e m a n d a n t e : N a n c y C a t a l i n a P i t a Áv i l a proceso promovido por Nancy Catalin a Pita Ávila contra el Distrito Capital- Secretaría de Educación , y en su lugar SEGUNDO. NEG AR las pretensiones de la demanda. TERCERO. Sin costas en esta instancia. CU ARTO. Ejecutoriada esta providencia devolver el e xp ediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-00219-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

8 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
S AL A DE LO CONTENCIOSO AD MINISTR ATIVO
SECCIÓN SEGUND A – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IV AN DUQUE G UTIERREZ (E)

Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00219-01 (3495-2021)
Demandante: NANCY CATALINA PITA ÁVILA
Demandado: DISTRITO CAPITAL -SECRETARIA EDUCACI Ó N

Tema: Declaración de vacancia por abandono del cargo.

SENTENCI A DE SEGUND A I NST AN CI A

I. AS UNTO

La Sección Segunda , Subsección A, decide los recurso s de
apelación int erpuesto s por la señor a N ANCY C AT AL IN A PIT A
ÁV IL A y el DISTRITO CAPI T AL - S ECRET ARI A DE EDUC ACIÓN
contra la sentencia de 18 de marzo de 2021 , proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda,
Subsección D que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda de la referencia .

II. ANTECEDE NTE S.

2.1. Pretensiones

2.1.1.Nancy Catalina Pita Ávila , por intermedio de apoderado
judicial, p retende la nulidad de la Resolución No. 424 del 17 de
marzo de 2017 expedida por la Se cretaría de Educación del Distrito
Capital, mediante la cual se declaró la vacancia por aba ndono del
cargo de docente de lenguas modernas español - inglés.

2.1.2 Que a título de restablecimiento se ordene a la Alcaldía de
Bogotá- Secretaría de Educación el reintegro de la demandante al
cargo que ven ía desempeñando u otro empleo de superior

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categoría, de f unciones y re quisit os af ines, sin solución de
continuidad y con retroactividad al 2 6 de junio de 2009, f echa del
supuesto abandono del cargo.

2.1.3. Que como consecuencia se condene a la entidad demandada
a reconocer y pagar a la actora todas las sumas correspond ientes
a sueldos, primas, bonif icaciones, vacaciones, y demás
emolumentos dejados de percibir inherentes al cargo con
ef ectividad a la f echa de abandono hasta cuando sea reincorporada
al servicio inclu ye ndo el valor de los aumentos que se hubieren
decretad o con posterioridad a éste.

2.1.4 Se actualice la condena aplicando los ajustes de valor desde
la f echa de abandono hasta la f echa de ejecutoria de la sentencia
que ponga f in al proceso.

2.1.5. Se disponga que para todos los ef ectos legales no existió
solución de continuidad desde cuando f ue desvinculada hasta
cuando sea reintegrada.

2.2. Hechos.

En la demanda 1 se narraron los hechos relevantes que a
continuación se resumen:

2.2.1 La demandante el 29 de octubre de 2004 conoció unos
supuestos abusos sexuales en la institución Alonso Escobar los
cuales puso en conocimiento de la Def ensoría del Pueblo y demás
autoridades competentes.

2.2.2 El Def ensor del Pueblo mediante of icio 13502 del 22 de
noviembre de 2004 remitió al Coordinador de la Unidad de la
Fiscalía Dele gada de delitos contra la honra y el pudor sexual la
queja interpuesta por la actora. A su ve z, el d ía 17 d e enero de
2005, la Fiscalía G eneral de la Nación recepcionó la declaración de

1
Folios 1 al 35 del expediente electrónico.

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la señora PITA ÁVILA .

2.2.3 La accionante comenzó a recibir amenazas de personas sin
identif icar por las denuncias presentadas , lo que la llevó a solicitar
el 20 de enero de 2005 a la Subdirección de Personal de la
Secretaría de Educación su traslado.

2.2.4. El 9 de f ebrero de 2005 se le concedió el traslado al Cole gio
Rodrigo Lara Bonilla en la jornada de la tarde.

2.2.5 La señora Nancy Catalina Pita Ávila mediante la Resolución
No. 2641 del 20 de junio de 2005 f ue nombrada en per íodo de
prueba como docente de Humanidades y Lengua Castella na ubicada
en el Colegio León de Greiff en el horario de la noche.
Paralelamente, trabajaba en el colegio privado Andrés Escobar el
cual tenía convenio con la Secretaría Distrital de Educación.

2.2.6 El 5 de julio de 2005 , la demandante aprueba concurso de
méritos y contin úa prestando sus servicios en la Institución Rodrigo
Lara Bonilla.

2.2.7 A través de Resolución 09238 del 22 de julio de 2008 se
inscribe e n el escalaf ón de docente grado 2 nivel salarial y mediante
la Resolución 3569 del 12 de septiembre de 2008 se nombró como
docente a la señora PITA ÁVILA.

2.2.8 La señora PITA ÁVILA continu ó recibiendo amenazas contra
su vida lo que la llev ó a suf rir episodios de depresión teniendo que
ser internada en clínicas especia lizad as y duró en trata miento por
4 años hasta el 2009. De estos hechos tuvieron conocimiento el
plantel educativo y la Secretaría de Educación.

2.2.9 En el año 2009 la accionante solic ita de nuevo el traslado por
las amenazas que recib ía y f ue ubicada en el Colegio Marruecos y
Molinos.

2.2.10 El día 26 de junio de 2009 , la demandante inicia su per íodo
de vacaciones ten iendo que regresar el 13 de julio del mismo año,

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sin embargo ante las amenazas optó por no retornar a su trabajo
acudiendo de manera reiterada a la Secretaría de Educación por
ayuda.

2.2.11 El 17 de septiembre de 2009 y el 11 de abril de 2011 la
señora PITA ÁVILA radica nuevamente denuncias ante la Fi sca lía
General de la Nación .

2.2.12. El día 28 de junio de 2011 presentó derecho de petición a
la Secretaría de Educación dando a conocer su situación personal
y su imposibilidad de volve r al trabajo. El día 25 de agosto del
mismo año, la Secretar ía entrega un acta de asistencia a docentes
amenazados inf ormándole que se le suspendió el salario desde
octubre de 2009 por un presunto abandono del cargo y que es
imposible asignarle una vacante disponible hasta tanto no resuelva
su situación.

2.2.13 El 7 de julio de 2015 , presentó a través de apoderado un
derecho de petición a la Secretaría de Educación con el f in de
conocer su situación. La entidad responde el 14 de septiembre de
2015, otorgándole 5 días hábiles para explicar las ra zones por la
cuales no se presentó a trabajar so pena de declarar la vacancia
por abandono del cargo. El 29 d e enero de 2016 , presenta
nuevamente un derecho de petición solicitando la respuesta al
anterior y el 1 de marzo del mismo año le inf orman que en 30 días
le atenderán la solicitud.

2.2.14. El 7 de marzo de 2016 , la Secretaría de Edu cación da
respuesta al derecho de petición inf ormándole que darán traslado
a la Of icina de Control Disciplinario para que se investigue la
posible f alta por abandono del cargo.

2.2.15 Mediante Resolución 424 del 17 de marzo de 2017, la
Secretaría de Educación declara la vacancia por abandono del
cargo, acto notif ica do personalmente el 27 de marzo del mismo año.
La demandant e interpone recurso de reposición el 7 de abril de
2017 con la coadyu vancia y asesoría de la Unió n Sindical
Colombiana de Trabajo.

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2.2.16 El 25 de agosto de 2017 , la accionante interpone acción de
tutela con el f in de que se le resuelva el recurso de rep osición . El
Juzgado 9 Penal M unicipal la declaró improcedente. Sin embargo,
la Secretaría resolvió el recurso el 31 de agosto de 2017.

2.2.17 El 22 de enero de 2018 se elevó derecho de petición para
que la Secretaría d e Educación inf ormara si notif icó per sonalmente
a la demandante de la Resolución 424 de 2017 . La entidad dio
respuesta el 20 de febrero del mismo año.

2.2.18 El 19 de junio de 2018 , la señora PITA ÁVILA se notif icó de
la Resolución 903 de 2018 mediante la cual se resuelve el recurso
de reposición.

2.3. Concepto de la vi olación

El apoderad o de la demandante consideró como normas
vulnerada s:

• Artícu los 6, 29, 125 y 209 de la Constitución Polít ica.
• Ley 734 de 2002.
• Decreto 1950 de 1973.
• Decreto 2400 de 1968.
• Resolución 1240 de 2010 del Ministerio de Educación
Nacional.

Señaló que se violó el debido proceso , por cuanto la Secretaría de
Educación declar ó la vacancia del cargo por abandono del mismo
sin que se haya adelantado un procedimiento administrativo con los
requisitos e xigidos por el artículo 42 del CPACA, sin ga rantizar el
derecho a la def ensa y contradicción.

Añadió que la Resolución 424 de 2017 esta viciada de nulidad por
f alsa motivación, toda vez qu e, se desconoció la Resolución 1240
de 2010 al omitir el inf orme del Comit é Especial para la atención de

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Educadores Estatales Amenazados y no adelantar acciones
inmediatas.

A su ve z, consideró que no e xist e notif icación personal del
procedimiento adelantado contra la señora PITA ÁVILA y la
Secretaría de Edu cación justif icó su actuar en que le solicitó al
apoderado expresa ra las ra zones por las que la demandante no f ue
a trabajar, siendo que el abogado solo estaba contratado para
presentar el derecho de petición .

Agre gó que la S ecretaría de Educación inició un proce so el 14 de
septiembre de 2015 por hechos que sucedi eron en junio de 2009,
es decir, 6 años después y desconoció las amenazas que la
obligaron a separarse de la institució n.

Así mismo argumentó que, la Resolución 424 de 2017 f ue notif icada
el 27 de m arzo del mismo año, es decir que, el término para
interponer el recurso de reposición vencía el 10 de abril. La
demandante impetra el recurso el 7 de abril de 2017 el cual f ue
inicialmente negado por extemporáneo.

Manif estó que la conducta del abandono del cargo debe cumplir los
elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para
determinar el ilícit o disciplinario y explicó cada uno de ellos.

Finalmente, expresó que la Secretaría de Educación tenía 3 años
para ejercer su poder sancionatorio, quiere ello decir, que podía
hacerlo hasta el 2 6 de julio de 2012 , por lo que se presenta la
caducidad de la f acultad .

2.4. Contestación de la demanda

BOGOT Á D. C.- S ECRET ARÍ A DE EDUC ACIÓ N, por medio de
apoderad o judicial, se opuso a las p retensiones de la demanda 2,
con fundamento en los siguientes argumentos:

2
14_250002342000201900219019EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE2021101309
4134_T133033195936188558.PDF páginas 2 al 14 del expediente digital.

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Sostuvo que el ab ando no del cargo es una causal aut ónoma de
retiro, por lo que u na ve z ocu rra algu na de las hipótesis pre vistas
en el artículo 2.2. 11.1.16 del Decreto 1083 de 2015 , la autoridad
deberá declarar la vacancia del cargo previo procedimiento legal,
sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.

Expresó que a través de la Resolución 242 de 2017, (sic) la
Secretaría declaró la vacancia po r abandono del cargo tras
verif icarse que la señora PITA ÁVILA no f ue a laborar durante tres
días consecutivos o más, sin presentar renu ncia, permiso o
autorización que ju stif ique s u ausencia.

Además, expuso que previa la declaratoria se le solicitó a la
demandante inf ormar a los motivos de su inasistecia y sólo un año
después puso en conocimiento de la entidad las circunstancias que
motivaron su ausencia.

Agre gó que, la declaratoria de vaca ncia de un cargo no exige el
adelantamiento de un proceso disciplinario, toda vez que , opera por
ministerio de la le y.

Propuso las siguie ntes excepciones:

(i) Ausencia de los presupuestos necesarios para la
prosperidad de la acción. Sostuvo que la jurisdicción
contenciosa administrativa es rogada y se hace necesario
que exist a un razonamiento sobre el ataque a los actos
administrativos no basta con mencionar una serie de
disposiciones viola das y un concepto general.
(ii) Legalidad de los actos acusados . Se presume que el acto
administrativo es legal.
(iii) Genérica o innominada .

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2.5. Sentencia anticipada 3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante A uto del 26
de enero de 2021 consideró que se de be prescindir de la audiencia
inicial y la de pruebas, debido a que la controversia trat a sobre un
asunto de puro derecho y dictará sentencia anticipada conforme al
artícu lo 13 del Decreto 806 de 2020.

2.6. La sentencia apelada 4

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca por medio de la
sentencia de 18 de marzo de 2021 declaró (i) la nulidad de la
Resolución 424 de 2017 y condenó a la Alcald ía Ma yor de Bogotá -
Secretaría de Educación Distrital a (ii) re integra r a la demandante
en el mismo gra do de escalaf ón y en las misma s o mejores
condiciones en las que se encontraba cuando se produjo el retiro
en una institución en la que se proteja su vida, salud y su integridad
personal, (iii) real izar el procedimiento establecido en la Resolución
1240 de 2010 dentro de los 6 meses si gu ientes a la ejecutoria del
f allo y (iv) re conocer y pagar los sala rios y prestaciones sociales a
partir de la ejecutoria de la sentencia hasta cuando termine el
procedimiento del numeral anterior. La decisión se f undamentó en
los argumentos qu e se resumen a continuació n:

Sostuvo que de conf ormidad con el material probatorio obrante en
el expediente se tiene que la entidad demandada a pesar de que
tuvo conocimiento de la ausencia de la demandante en la institución
donde prestaba sus servicios desde octubre de 2009, fecha en la
que suspendió el pago del salario, inició procedimiento sumario
para declarar la vacancia hasta septiembre de 2015, cuando le
solicitó inf ormara los motivos por los cuales no se había presentado
a laborar.

Sin embargo, expr esó que la accionante af irmó que no tuvo

3
17_2500023420002019002190112expedientedigiactuacione20211013094134
_T133033194221439490.pdf, del expediente digital
4
22_2500023420002019002190117expedientedigiactuacione20211013094135
_T133033194163216506.pdf del expediente digital.

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conocimiento del requerimiento efectuado por la Secretaría en el
que le pidió inf ormara los motivos por los cuales n o se ha bía
presentado a laborar, debido a que el of icio f ue dirigido a un
abogado al que le había otorgado poder solo para presentar un
derecho de petición y aun que f ue recibido en la of icina del
prof esional, con posterioridad la entidad remite la comunicación a
la señora PITA ÁVILA por servicio de mensajería , notif icación que
no se encuentra acreditad a a la docente.

Así las cosas, e xpresó que la ina sistencia de la actora halla
justif icación en la situación de amenaza en la que se encontraba y
que duró hasta el 2011, no obstante la entidad demandada no
garantizó el debido proceso previo a la expedició n del acto de
retiro, además, se observó que para la administración no f ueron
rele vantes dichos hechos en tanto no hizo nada para remediar la
situación , por lo que concluyó que el acto acusado est á viciado de
nulidad.

Manif estó que la entidad demandada no dio trámite al procedimiento
previsto en la Resolución 1240 de 2010, pese a que la docente
solicitó el 28 de junio de 2011 el traslado de institución, razón por
la cual, el acto demandado est á viciado de nulidad por f alsa
motivación y por inf racción de las normas en las que debería
f undarse.

En relación con el argumento de que la Secretaría de Educación
debía demostrar que concurren los tres elementos de la
responsabilidad disciplinaria no encuentra vocación de prosperidad
f undamentándose en las normas vigentes y la jurispru dencia del
Consejo de Estado en la que se sostiene que el abandono del cargo
no está condicionado a que se demuestre la culpabilidad .

Ahora bien, en cuanto al restablecimiento del derecho consideró
que la petición de pago de salarios y prestaciones sociales desde
la f echa de suspensión de la nómina hasta el efectivo reintegro no
es procedente, toda ve z que, el sa lario lo constitu ye n las sumas
que recibe el empleado por la retribución de sus servicios y al no
existir una prest ación efectiva d el mismo ordenar el pago

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constituiría un enriquecimiento sin causa.

No obstante , ordenó el pago de salarios y prestaciones sociales
desde la f echa de ejecutoria de la sentencia y mientras dure el
procedimiento para def inir la situación de amenaza y persistencia
del riesgo con el fin de determinar si puede reiniciar sus labores
como docente, lo cual debe hacerse dentro de los 6 meses
sigu ientes a la ejecutoria.

2.7. Recurso de apelación .

El apoderado de la parte demandante apeló 5 la anterior decisión ,
considerando que la sentencia de primera instancia f ue injust a al
negar las pretensiones 2.1.3, 2.1 .4, y 2.1.5 relacionadas en el
acápite de los antecedentes de este f allo, por lo que solicitó su
modif icación con base en los argu mentos que a continuación se
resumen:

Manif estó que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho pretende restablecer el orde n jurídico quebrantado con el
acto administrativo acusado y el derecho subjetivo que resultó
af ectado.

Así las cosas, e xpuso que cuando una persona es retirada en
contravía de la le y o la Constitución tiene derecho a ser reinte grada
al cargo y a recibir el pago de los salarios y prestaciones sociales
que dejó de devengar por su desvinculación ilega l.

Agre gó que el enriquecimiento sin causa no se presentaría en virtud
de la f icción jurídica inmersa en la esencia del restablecimiento del
derecho teniéndose como que nunca f ue retirada del servicio.

Además, adujo que en la demanda se pretendió se declarara la no
solución de continuidad y f rente a este punto la sentencia apelada
no hizo ningún análisis.

5
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_T133033194131950599.pdf del expediente digital.

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Argumentó que se debe aplicar el pre cedente jurisprudencial sobre
la devolución de salarios y prestacio nes dejadas de percibir como
consecuencia de la nulidad de un acto administrativo de retiro del
servicio , independientemente del nombramiento en provisionalidad
o en carrera.

La entidad demandada apeló 6 el f allo de primera instancia
solicitando la re vo catoria con f undamento en las razo nes que se
resumen a continua ción:

Consideró que la entidad sí adelantó acciones tendientes a proteger
la integridad de la demandante, pues en dos ocasiones f ue
trasladada de colegio , sin embargo , el ausentismo perduró en el
tiempo sin justif icación alguna y por eso se expidieron los actos
acusados.

De otro lado, argumentó que la actora si conoció el requerimiento
realizado por la e ntidad mediante oficio S -2015-152499 del 6 de
noviembre de 2015 para que ejerciera su derecho de defensa , toda
ve z que, dio respuesta mediante of icio E-2016-217624 del 14 de
diciembre de 2016 indicando que dej ó de asistir por las amenazas
que recibió, sin embargo , se determinó que la solicitud de traslado
la hizo en 2011 dos años después del abandono del cargo.

Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de
la demanda.

2.8. Alegatos de c onclusión . 7

La parte demandante , la entidad demandada y el Ministerio
Público guardaron silencio .

6
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_T133033194111932699.pdf del expediente digital.
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Índice 9 SAMAI

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III. CONSIDER ACIONES

3.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y d e lo Contencioso Administrativo , 8 el Consejo de
Estado es competente para resolver los recu rsos apelación
interpuesto s.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del
Proceso 9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los a rgumentos expuestos por los apelantes.

3.3. Problema jurí dico .

De acuerdo con los razonamientos presentados por las partes en el
recurso de apelación, esta Sala deberá determinar s i la señora
NANCY CATALINA PITA ÁVILA en su calidad de docente del
Colegio Marruecos y Molinos incurrió en la causal de abandono del
cargo que dio luga r a la declaratoria d e vacancia y de no ser así, si
tiene derecho al reintegro al e mp leo y pago de salarios,
prestaciones socia les y demás emolumentos dejados de percibir
desde la f echa del supuesto abandono, 26 de junio de 2009 .

Con el anterior f in, deberá analizarse (i) el abandono del cargo
como causal de retiro , (ii) protección al docente amenazado y (iii )
el análisis del caso concreto.

8
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sen tencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conce da
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
9 «C o m p e t e n c i a d e l s u p e r i o r . E l j u e z d e s e g u n d a i n s t a n c i a d e b e r á p r o n u n c i a r s e
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de
las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley
[…]».

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3.4. Marco normati vo y Jurisprudencial.

3.4.1. Abandono del cargo como causal de retiro.

El abandono del cargo está pre visto como una de las causales de
retiro del servicio público y se ha entendido como «el alej am ient o
per sonal de la posi ción públ ica de m aner a indebid a. Es la dejación
ir r egular sin causa j ust if icada que hace el em plea do púb li co del em ple o
que vení a ejer ciend o »10. Dicho en otras palabras , se presenta cuando
el f uncionario no asiste a laborar sin justif icación algun a.

Al respecto, el Decreto Ley 2400 de 1968 11 en el artículo 25,
modif icado por el Decreto 3074 del mismo año, dispuso que la
cesación def initiva de f unciones se produce, entre otras, por
abandono del cargo. Dicha causal f ue reproducida por el artículo
105 del Decreto 1950 de 1973 12 que prevé que el retiro d el servicio
se da, entre otras causas, por el abandono del cargo.

Posteriormente , con la Ley 909 de 2004 se prevé como causal de
retiro:

“ ARTÍ CULO 41. CA USALE S DE RETI R O DEL SER VI CI O . El
r et ir o del ser vicio de quienes est én desem peñando em pleos
de l ibr e nom br am ien t o y r em oción y de ca r r er a adm inist r at iva
se pr oduce en los si guient es casos: ( …)

i) Por declar at or ia de vacancia del em pleo en el caso de
abandono de l m ismo; ”

Norma que fue declarada exequ ible condicionalmente por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C 1189/05 en el entendido que
“…para aplicar est a causal, es requisito indispensable que se dé
cump limiento al procedimiento establecido en el inciso primero del
artículo 35 del Código Contencioso Admin istrativo para la
expedición de cualquier acto administrativo de carácter particular y

10
OBANDO GARRIDO, José María. Tratado de Derecho Administrativo Laboral.
Tercera edición. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. Bogotá, Colombia 2010. Pág.
286.
11
“P o r e l c u a l s e m o d i f i c a n l a s n o r m a s q u e r e g u l a n l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l
personal civil y se dictan otras disposiciones.”
12
« P o r e l c u a l s e r e g l a m e n t a n l o s D e c r e t o s - L e ye s 2 4 0 0 y 3 0 7 4 d e 1 9 6 8 y
otras normas sobre administración del personal civil »

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concreto, esto es, que se permita a l afectado el ejercicio de su
derecho de defensa, previa la exped ición del acto ad ministrativo
que declare el re tiro del servicio ”.

A su ve z el art ículo 2.2.11.1.16 del Decreto 1083 de 2015
modif icado por el Decreto 648 de 2017 establec e que e l abandono
del cargo se produ ce cuando un empleado, s in justa ca usa: (i) no
reasume sus f unciones al vencimiento de una lice ncia, permiso,
vacaciones, comisión, o dentro de los treinta (30) d ías siguientes
al vencimiento de la prestación del se rvicio milita r; (ii) n o concurra
al trabajo por tres (3) días consecutivos; (iii) no concurra al trabajo
antes de serle concedida autori zació n para separarse del servicio
o en caso de renuncia antes de vencerse el pla zo de que trata
mismo decreto; y (iv) se abstenga de prestar el servicio antes de
que asuma el cargo quien ha de reemplazarlo.

Entre tanto, los art ículos 2.2.11.1.17 y 2.2.11.1.18 ibídem estipulan
que, corroborada la ocurrencia de algun o de los hechos citado s, la
autoridad nominadora puede declarar la vacancia del empleo previo
el procedimiento legal 13, y en caso de que el servicio se vea
af ectado el f uncionario será a cre edor de las sanciones
disciplina rias, penales y civiles correspondientes.

De manera que, la f alta de asistencia a trabajar por parte de un
f uncionario, sin justif icación, f aculta al nominador para que declare
el abandono del cargo y, por ende , la vacancia del mismo por parte
de su titular, pre vio al agotamiento de un procedimiento sumario en
el que se demuestre la intención del servidor de dejar el empleo.

Esta Corporación ha reconocido como causal de retiro autónoma el
abandono del cargo, por cu anto para su aplicación no se requie re
adelantar proceso disciplina rio previo , es así como, la Sala Plena
de la Sección Segunda 14, con un f in unif icador de la jurisprudencia,

13
No se especifica qué tipo de procedimiento.

14
C o n s e j o d e E s t a d o , S e c c i ó n S e g u n d a , C o n s e j e r a p o n e n t e : A N A M A R G A R IT A
OLAYA FORERO. Bogotá, D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil cinco
(2005). Radicación: 11001-03-25-000-2003-00244-01(2103-03). Actor:
Cristina Lara Castro. Demandado: Universidad del Cauca.

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aclaró que si bie n, se trata de una misma circunstancia, el
abandono injustif icado del servicio comporta ef ectos autónomos
distintos cuando se trata de regular la f unción pública que cuando
se trata de disciplinar a los servidore s .

En esa medida, mal puede la causal de abandono del cargo sólo
aplicarse pre vio un proceso disciplinario, pues f rente a la
administración pública es menester que el nominador cuente con
esa f igura para designar un empleado en reemplazo del que
abandonó sus tareas, para así logra r la continuidad de la prestación
del servicio público .

Al respecto la Corte Constitucional se pronunció en sentencia C
1189-05 al estudiar la f igura del abandono del cargo como causal
de retiro de servicio contemplada en el artícu lo 41 de la Ley 909 de
2004:

“ 41. - No cabe duda que en el or denam ient o jur í dico
colom bian o ha sido c onst ant e y r eit er ada la consagr aci ón del
abandono d e l car g o com o causal aut ónom a de r et ir o del
ser vicio par a l os em pleados de la adm in i st r ación públ ica. Lo
ant er ior , en at ención a la necesidad de hacer m ás f lexible y
expedit a la se par a ción del car go d e aquel los em plead os
cuya conduct a conf igur e abandono de l m ism o, en det r im ento
del nor m al desem peño de las act ividades que debe
desar r ollar la ent idad. Allí pr ecisam ent e encuent r a
just if icac ión est a m e dida, pues n o se pu ede per der de v ist a
que la f unción adm inist r at iva debe t ender al logr o de los
f ines esenc ial es de l Est ado, r egi dos, ent r e ot r os, por los
pr incip ios de ef ici en cia, ef icacia y celer i dad.

42. - No obst ant e, es de vit al im por t ancia r ecor dar que la
decisi ón de r et ir o del ser vicio de un em pleado púb lic o t iene
lugar m ediant e un act o adm inist r at ivo de car áct er part icular
y concr et o par a cuya expedición d ebe cum plir se el
pr ocedim ient o est a bleci do en el C ódigo Cont enc ioso
Adm inist r at ivo, est o es, que la act uaci ón que de of ici o in icie
la adm inist r ación, con el f in de r et ir ar del ser vicio a un
em pleado - sea ést e de car r er a o de libr e nom br am ient o y
r em oción - , le debe s er com unicada, par a ef ect os de que ést e
pueda ejer cer su der echo de def ensa, al ser oí do por la
aut or idad adm in ist r at iva com pet ent e, así com o par a cont ar
con la opor t unid ad d e apor t ar y cont r ov er t ir las pr uebas que
le sea n adver sas ”

En conclusión, es claro que la f igura del abandono del cargo es: (i)
una causal autónoma de retiro que opera por ministerio de la ley (ii)
no requiere del adelantamiento de un procedimiento disciplinario

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previo, (ii i) so lo exige la comprobación de las hipótesis
contempladas en el Decreto 1083 de 2015 .

3.4.2 Del abandono del cargo de docente.

En el artículo 47 del Decreto Ley 2277 de 1979 15 se establece:

“ Ar t í culo 47. Abando no del c ar go. El aba ndono de l car go se
pr oduce cuando el d ocent e sin just a causa no r easum e sus
f unciones dent r o de los t r es dí as siguie nt es al vencim ie nt o
de una l icenc ia, una com isió n o de las vacac iones
r eglam ent ar ias; cua ndo deja d e concur r i r al t r abajo por t r es
( 3) dí as consecut ivos; cuand o en caso de r enuncia, hace
dejac ión ant es de que se le aut or ice par a separ ar se del
m ism o o ant es de t ranscur r idos quince ( 15) dí as después de
pr esent ada y cuando no asum e el car go dent r o de los die z
( 10) dí as hábiles sigui ent es a la f e cha en que se l e
com unique un t r aslado. En est os casos la aut or idad
nom inador a, sin con cept o pr evio de la r espect iva Junt a de
Escalaf ón, pr esum ir á el abandono de ca r go y podr á decr et ar
la suspensió n pr ovisiona l del docent e, m ient r as la Junt a
decide sobr e la sanc ión def in it iva de acu er do con los pla zos
est ablecid os en el a r t í culo 53 del pr esent e Decr et o. ”

Esta norma fue modif icada por el artículo 43 del Decreto Ley
1278 de 2002, la cual f ue declarada inexe quible m edia nte
Sentencia C 734 de 2003 por no corresponder la norma a las
f acultades conf eridas al Presidente de la República.

En concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil 16 de esta
Corporación se ha reconocido que los regímenes regu lados por
el Decreto Le y 2277 de 1979 y el 1278 de 2002 son de carácter
especial y di stintos dependiendo de la f echa de vinculación del
docente, razón por la cual ante el vacío generado por la
declaratoria de inexe quibilidad del Decreto 1278 de 2002 debe
acudirse a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 909 de 2004
que establece :

“ ( …) 2. Las disposicio nes cont enida s en est a ley se
aplic ar án, igua lm ent e, con car áct er suplet or io, en caso de
pr esent ar se vací os en la nor m at ividad que los r ige, a los

“ Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio dela profesión docente”
15
16
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 15 de agosto de 2017,
Rad.11001-03-06-000-2017-00014-00(2328)

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ser vidor es púb licos de las car r er as esp ecial es t ales com o:
( …)

• El que r egula el pe r sonal d ocent e. ”

En ese orden de ideas, debe aplicarse lo regulado al respecto en el
artícu lo 3ª de la Ley 909 de 2004 y los art ículos 2.2.11.1.16,
2.2.11.1.17 y 2.2.11.1.18 del Decreto Único Reglamentario 1083
de 2015 sobre las causales y procedimiento .

3.4.3 Protección de los docentes amenazados .

Se ha señalado por la jurisp rudencia constitucional 17 que el Estado
debe tomar medidas inmediatas ante la existencia de amenazas
sobre un docente.

Al respecto, el Go bierno Nacional prof irió el Decreto 1 645 de 1992
en el que se est ablecía el procedimiento a seguir cuando un
docente se encuentre bajo amenaza.

“ ARTÍ CULO 5º . - Del pr ocedim ient o a seguir por el per sonal
que se encuent r e bajo, la sit uació n de am ena za. El doce nt e
que no pueda seguir pr est ando sus ser vicios por r a zones
de am ena za, deber á pr esent ar ant e la r espect iva aut or idad
nom inador a del sit io en donde ocur r ier on los hechos los
sigui ent es docum ent os:

1. Exposició n escr it a, clar a y precisa, de las
r a zones en que f und am ent a su sit uación y la pet ición
r espect iva.

2. Copia de l a denuncia ba jo la g r avedad de
jur am ent o f or m ulada ant e el jue z com pet ent e.

3. Copia o aviso ant e la Pr ocur a dur í a Regiona l o
Nacion al.

4. Pr uebas de la sit uación de am ena za.

5. Cer t if icaci ón del Rect or o Jef e de la dependenc ia
en donde se ind ique el últ im o dí a que pr est ó ser v icio. ”
( Subraya f uera de texto)

Con posterioridad , se expide el Decre to 3222 de 2003 en el que se
reguló el traslado por razones de seguridad, en el que se establece

17
T 731- 2007

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que la autoridad nominadora reubicara de manera transitoria o
def initiva al doc ente con base en el Comité Especial de Docentes
Amenazados que crea cada entidad territoria l. Esta norma f ue
derogada por el Decreto 520 de 2010 en el que también se
determina un procedimiento para traslados por segurid ad.

Además, el 3 de marzo de 2010 se expid ió la Resolució n 1240 de
2010 que f ija el procedimiento para la protección de docentes que
se encuentren en situación de amenaza:

“ ARTÍ CULO 4o. PRESE NTA CI Ó N DE LA SO LI CI TUD. El
educador est at al que consider e f undada m ent e est ar en una
sit uación d e r iesgo que le im pida se guir pr est ando sus
ser vicios en su sede habit ual de t r abajo por m ot ivos de
am ena za a s u vida o int egr idad per son al, deber á pr esent ar
ant e la aut or id ad nom inador a de l a ent idad t er r it or ia l
cer t if icada donde se encuent r a nom br ado, sin que se
r equier an f or m ali dades espec ial es, los sig uient es
docum ent os ( …) ”

“ ARTÍ CULO 6o. R ECO NO CI MI ENTO DE LA CO N DI CI Ó N
PRO VI SI O NAL DE A MEN AZADO .
Mient r as se r ecib en de los or gan ism os especia li za dos los
est udios de segur i d ad y se em it e el con cept o del Com it é, el
nom inador deber á r econocer la cond i ción pr ovis iona l de
am ena zad o, hast a por un pla zo m áxim o de dos ( 2) m eses.
Par a t al f in, expedir á el act o adm inist r at ivo de com isión de
ser vicios con dest i no a ot r o est ablecim ient o educat ivo,
dent r o de su jur isd ic ci ón, sin qu e por est e m ot ivo haya lug ar
a la soluc ión de co nt inuida d en la pr es t ación del ser v icio.
( …) ”

Con posterioridad , el Gobierno nacional prof irió el Decre to 1782 de
2013 en el que se reglamentó los traslados por razones de
seguridad de educadores o f iciales de las entidades territoriales
certif icadas en educación, norma que no es aplicable al caso
concreto, toda vez que para la f echa de su expedición la educadora
no se encontraba laborando en la institución educativa.

3.5 Análisis del caso concreto .

3.5.1 Hechos Probados.

En el caso sub lite está demostrado lo siguiente:

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• Con Resolución 120 del 23 de enero de 2004 18, la Secretaría
de Educación Distrital nombró en provisionalidad a la señora
PITA ÁVILA como docente.
• El día 22 de noviembre de 2004, el Def ensor del Pueblo,
Regional Bo gotá, mediante of icio DBR 13503 19, le inf orma a
la demandante que la queja present ada se la ha asign ado a
un abogado, quien a su vez ha of iciado a la Secretaría de
Educación y se le ha dado traslado a la Fiscalía General d e
la Nación y a la P rocuraduría General de la Nación para lo de
su competencia.

• El día 17 de enero de 2005 , la señora PITA ÁVILA compareció
ante la Fiscalía Seccional 230 de la Unidad de Delitos
Sexuales 20 para rendir declaración sobre los presuntos
abusos sexuales del Coordinador del Cole gio A ndrés
Escobar.

• El día 20 de enero de 2005 21, la señora PITA ÁVILA solicit ó a
la Subdirección de Personal de la Secretar ía de Educación el
traslado de instit ución edu cativa por amenazas qu e ha
recibido con ocasión de las denuncias que ha ef ectuado.

• El 9 de f ebrero de 2005, 22 la señora PITA ÁVILA seleccionó
para traslad o la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla
indicando que lo hace por las amenazas recibidas. El mismo
día la Subdirectora de Personal Docente 23 de la Secretaría de
Educación le comunica la decisión al Directi vo docen te de
dicha institución.

• Mediante Resolución 2641 del día 20 de junio de 2005 24,
expedida por el Secretario de Educación (E) la señora NA NCY

18
15_2500023420002019002190110EXPEDIENTEDIGIACTUACIONE20211013
094134_T133033195941995475.PDFPágina 170
19
Folio 39 del expediente digital.
20
Folios 41 al 44 del expediente digital.
21
Folios 45 al 46 del expediente digital.
22
Folio 47 del expediente digital.
23
Folio 48 del expediente digital.
24
Folios 50 al 52 del expediente digital.

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CATALINA PITA ÁVILA f ue nombrada como docente de
Humanidades y Lengua Castellana en per íodo de prueba
previo concurso de méritos.

• El 14 de julio de 2005 a través de Resolución 2933 la
Secretaría de Educación dio por terminado el nombramiento
en provisionalidad de la señora NANCY CATALINA PITA
ÁVILA.

• El 22 de julio de 2008 a través de Resolución 09238 25
prof erida por la Secretaría de Educación la señor a NANCY
CATALINA PITA ÁVILA f ue inscrita en el Escalafón Nacional
de Docente .

• A tra vés de la Resolución 3569 del 12 de septiembre de
2008 26 emitida por la Secretaría de Educación se nombró en
propiedad en la planta de personal de docente s de la
Secretaría de Educación del Distrito a la señora NANCY
CATALINA PITA.

• El 17 de septiembre de 2009 27, la señora PITA ÁVILA informó
a la Fisca lía Gen eral de la Nación que desde junio hasta
agosto de ese año continúa recibiendo amenazas, por lo que
optó por no seguir a sistiendo al colegio en el que labora que
es el Marruecos y Molinos.

• El día 13 de octubre de 2009 28, mediante of icio radicado S -
2009-132496, el Jef e de la Of icina de Personal de la
Secretaría de Educación en respuesta a una solicitud no
identif icada ef ectuada por la señora PITA ÁVILA le solicita se
acerque a la Of icina de Nómina con el f in de que cuantifique

25
Folio 54 del expediente digital
26
Folios 60 al 62 del expediente digital.
27
Folio 63 del expediente digital.
28

15_2500023420002019002190110EXPEDIENTEDIGIACTU ACIONE202110130
94134_T133033195941995475.PDF Página 195

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los salarios pagad os desde el 13 de julio de 2009 para que
ef ectúe la devolución. Igualmente, le pide inf orme si realizó
algún re querimiento al Comité de Amenazados .

-
• El Rector del Co legio Marruecos y Molinos inf ormó 29 a la Jef e
de Personal de la Secretaría de Educación el 10 de diciembre
de 2010 que la señora NANCY CATALINA PITA ÁVILA asistió
a la institución desde el 22 de enero hasta el 26 de junio de
2009.
• El día 28 de junio de 2011 30, la señora NANCY CATALINA
PITA p resentó derecho de petición a la Secretaría de
Educación Distrita l solicitando vinculación a un colegio
dif erente al Marruecos y Molinos debido a que f ue víctim a de
amenazas por las denuncias de abuso sexual presentadas y
por esta razón tu vo que abandonar el empleo .
• Reposa Acta de Asistencia de Docentes Amenazados del día
25 de agosto de 2011 31 en la que consta que (i) se presentó
la señora NANCY CATALINA PITA ÁVILA con el propósito de

29
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094134_T133033195941995475.PDFPágina 101
30
Folios 65 y 66 del expediente digital.
31
Folio 67 del expediente digital.

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revisar las posibilidades de reubicación laboral y t omar
medidas inmediatas de conf ormidad con la Resolución 1240
de 2010 y; (ii) un funcionario de la Secretaría manif iesta que
no es factible asignarle una vacante, por cuanto se presenta
una situación de presunto abandono del cargo y la suspe nsión
del pago de salario de sde el mes de octubre de 2009 .

• El Dr. NAJHAR HURTADO obrando como apoderado de la
señora PITA ÁVILA eleva derecho de petición 32 radicado con
No. E-2015-105320 del 7 de julio de 2015, a la Secretaría de
Educación Distrital con el propósito de que (i) se “indique cuál
es su estado actual en el ca rgo de docente”, (ii) las ra zones
por las cuales no fue reubicada por solicitud presentada el 25
de agosto de 2011 y (iii) aclara r el v ín culo entre la docente y
la Secretaría de E ducación.

32
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094134_T133033195941995475.PDF Páginas 18 al 22

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• Consta poder otorgado 33 por la señora PITA ÁVILA al abogado
NAJHAR ABOGADOS S.A.S para presentar dere cho de
petición ante la Secretaría de Educación y le da todas las
f acultades especialmente la de notif icarse y en general las
necesarias para def ender sus intereses en cumplimiento de
la gestión.

• El 14 de septiembre de 2015 , el Jef e de la Of icina de P ersonal
de la Secretar ía de Educación 34 se dirige al apoderado de la
señora PITA ÁVILA , quien tiene poder para aclarar la
situación laboral con el f in de que manif ieste dentro de los 5
días hábiles siguientes al recibo d e la comunicación, los
motivos por l os cuales desde el 26 de junio de 2009 la señora
PITA ÁVILA no se ha presentado a laborar en el Colegio
Marruecos y Molinos. Reposa constancia de entrega al
apoderado el día 10/08/15. 35

• El 5 de noviembre de 2015 , 36 el Jef e de la Of icina Personal
de la Secretaría d e Educación le solicita directamente a la
señora PITA ÁVILA exprese dentro de los 5 d ías h ábiles
sigu ientes al recibo de la comunicación los motivos de
ausentismo. No existe constancia de entrega.

• El día 29 de enero de 2016 37, la apoderada de la señora PITA
ÁVILA da respuesta a la comunicación anterior exponiendo
que dejó su trabajo por las amenazas recibidas debido a las
denuncias presentadas y que el 26 de junio de 2011 reportó
su crít ica situación a tra vés de un derecho de petición al cual
no se le dio re spuesta , por lo que solicita se le d e
contestación al derecho de petición ra dicado el d ía 7 de julio

33
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34
Folios 73 y 74 del expediente digital.
35
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094134_T133033195941995475.PDF. Página 12.
36
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37
Folios 75 al 80 del expediente digit al.

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de 2015.

• La Jefe de la Oficina de Personal de la Secretaría de
Educación remitió comunicación al Presidente de U nión
Sindical Co lombiana de Trabajo, el día 31 de agosto de 20 17 38
en el que le inf orma que con relación al recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución 424 de 2017 transcurrieron
más de 14 días hábiles desd e su notif icación, por lo que
resulta extemporáneo y debe ser re chazado. De otro lado,
f rente al recurso de apelación le expresa que no procede,
toda vez que , el representante legal del Secretario de
Educación no tiene superior jerárquico.

• Consultas de la señora PITA ÁVILA atendidas por médicos
Asociados en relación con inconvenientes de salud debido a
las amenazas de las que ha sido o bjeto, de f echas 9 -11-
06 39,11-12-06 40, 06-03-07 41, 16-03-07 42, 23-03-07 43,30-04-
07 44, 12-04-07 45, 13-06-07 46, 17-10-07 47 con síntomas como
angustia, pérdida de sueño, trastorno depresivo, miedo,
temor etc.

• Mediante Resolución 424 de 2017 48, la Secretaría de
Educación declaró la vacancia por abandono del cargo de
docente que desempeñaba la señora PITA ÁVILA con
ubicación en el Colegio Ma rruecos y Molinos de la Localidad
Raf ael Uribe Urib e f undamentada en que : “ …r esult a evident e
que par a el m om ent o en que la docent e NANCY C ATALI N A PI TA
ÁVI LA incur r ió en pr esunt o abandono del car go, no habí a
pr esent ado r enuncia ni f or m ulado ni ngu na solic it ud de com i sión,

38
Folios 85 al 87 del expediente digital.
39
Folio 88 del expediente digital.
40
Folio 89 del expediente digital.
41
Folio 90 del expediente digital.
42
Folios 91y 92 del expediente digital.
43
Folio 93 del expediente digital.
44
Folio 94 del expediente digital.
45
Folio 95 del expediente digital.
46
Folio 96 del expediente digital.
47
Folio 97 del expediente digital.
48
Folios 107 y 110 del expediente digital.

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de licenci a o de cualqu ier ot r a sit uación adm inist r at iva que le
per m it ier a separ ar se de su car go , ya que el r eq uer im ient o de
com isión por am enaza lo r eal i zó en el a ño 2011, est o es, dos años
después de la sit uac ión que nos oc upa ”
• La Resolución 424 de l 17 de marzo 2017 f ue notif icada 49 de
manera personal a la demandante el día 27 de marzo de 2 017 .

• Con Radicado E -2017-67991 de 7 de abril de 2017 50, la
señora NA NCY CA TALINA PITA ÁVILA presentó recursos de
reposición y en su bsidio apelación contra la Resolució n 424
de 2017 .

• El día 23 de mayo de 2018 mediante Resolución 903 51 se
resolvió el recurso de reposición, en la cual analizado s los
antecedentes se consideró que se presentó oportunamente y
se decide conf irmar el acto administrativo acusado con base
en que :
“ . . aunque la docente asegur a haber com unicado a la ent idad los
pr esunt os hechos de am ena za, no apor t a pr ueba de que haya
r adicado ant e est a Secr et ar í a alguna s olic it ud de t r aslado por
am ena za, por ot r a p ar t e, r evisados los docum ent os que r ep osan
en la hoja de vi da …no obr a of icio que p onga en conocim ie nt o de
la Secr et ar í a…algún acont ecim ient o par a lo no pr est ación del
ser vicio ”
“ Bajo est e lineam i ent o, una ve z r eque r ida por la Secr et arí a de
Educació n … se evi dencia que la señor a PI TA ÁVI LA, com par eció
m as de dos años después de que se co nf igur ar a el abando no del
car go… ” I gualmente, procede a rechazar por improcedente el
recurso de apelación .

• Reposa en el expedi ente constancia 52 de la suspensión del
salario a pa rtir del mes de noviembre de 2009 siendo el último
pago el mes de octubre del mismo año.

49
Folio 111 del expediente digital.
50
Folios 112 al 120 del expediente digital.
51
Folios 129 al 131 del expediente digital.
52
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3.5.2 Análisis de la Sala.

En el asunto bajo análisis, la actora solicita la nulid ad del acto
administrativo mediante el cual se declaró la vacancia por
abandono del cargo de docente , por cuanto su actuar se justif icó en
la necesidad de salva guardar su vid a y la integridad de la f amilia
debido a las continuas amenazas qu e venía recibiendo por haber
presentado den uncias sobre abuso sexual.

El Tribunal accedió a declarar la n ulidad del acto acusado, por
considerar, además de conf igurarse la f alsa motivación e inf racción
de las normas, que se violó el debido proceso por la entidad
demandada , porque ésta no hizo nada por remediar la situación
presentada por la demandante y no adelant ó el procedimiento
previsto en la Resolución 1240 de 2010 expedida por el Min isterio
de Educación Nacional .

3.5.2.1. Violación del debido proces o y falsa moti vaci ón .

El artículo 137 del CPCA establece como causales de nulidad de
los actos administrativos, entre otras, el haber expedido el acto (i)
mediante f alsa motivación, o (ii) con desviación de las at ribuciones
propias de quien los prof irió.

La regla general es qu e los actos administrativos deben ser
motivados, es decir, deben contener las razones de hecho y de
derecho que lle varon a la administración a tomar la decisión. La
falsa moti vación, “supone un yerro en la escogencia o
determinación de dichas condiciones .”53

Ahora bien, esta Corporación ha señalado en relación con el vicio
de desviación del poder:

53
Consejo de Estado Sección Segunda Expediente 11001032500020120031700 (1218-2012)

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“ El Conse jo de Est ado 54 ha señalado que est e vicio est á
r ef er ido a la «…la int ención con la cual la aut or idad
t om a una decisión per siguiendo un fin dif er ent e al
pr evist o por el legislador , que obedece a un pr opósit o
par t icular , per sonal o ar bit r ar io». En ot r as palabr as,
incur r e en desviaci ón de poder cuando el f uncionar io
ejer ce sus at r ibuciones, no en ar as del buen ser vicio
públ ico y de la buen a m ar cha de la adm i nist r ación, sino
por m óviles ar bit r ar ios, capr ichosos, egoí st as, injust os
u ocult os .”55

Para probar este vicio debe demostrar el interesa do que el
f uncionario que expidió el acto administrativo tuvo una intención
ajena al del buen servicio o a las f inalidades previst as en las
normas, llevando al ju zgador a la co nvicción plena que esa fue el
motivo 56

Ahora bien, d e conf ormidad con el material probatorio ob rante en el
expediente la señora NANCY CATALINA PITA ÁVILA desde el día
26 de junio de 2009 no volvió a laborar como docente al Colegio en
el que se encontraba desempeñando su cargo, sin reintegrarse
después de disf rutar de sus vaca ciones, tal como la misma
demandante lo ha rec onocido.

No obstante, como se expuso en el marco normativo y
jurisprudencial para que se conf igure la f igura del abandono del
cargo, la inasistencia a laborar no d ebe estar justif icada y para
verif icarlo debe adelantarse un procedimiento administrativo pre vio.

En el caso sub juidice está demostrado que la entidad demandada
suspendió el pago del salario a partir de noviembre de 2009 siendo
el mes de octubre del mismo año, el último mes cancelado. Sin
embargo, pese a que el Rector del Colegio Marruecos y Molinos
inf ormó a la Secretaría de Educación Distrital e l 10 de diciembre de

54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero

Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, siete (07) de marzo de dos mil trece (2013), Radicación
número: 13001-23-31-000-2007-00052-01(0105-12)
55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia 24 de junio de 2021. Expediente 08001-
23-33-000-2016-00883-01(4078-19).
56
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del 23 de febrero de 2011. Expediente
170012331000200301412 02 (0734-10)

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2010 que la actora no había vuelto a trabajar , sólo hasta el 14
septiembre de 2015 se le solicitó e xplicaciones a la señora PITA
ÁVILA sobre su actuar, cinco años después, lo que evidencia la
f alta diligencia de la institución. No o bstante, la neglige ncia de la
entidad no purga en f orma alguna la conducta de la empleada de
ausentarse sin autorización de la Secretaría y sin darle aviso .

Ahora bien, f rente al argumento de que la accionante no le fue
notif icado el procedimiento para poder justif icar su ausencia , por
cuanto la Secretaría de Educación se dirigió a su apoderado quien
sólo tenía poder para preguntar por su situación laboral , no es de
recibo, precisamente porque obró en nombre y representación de la
señora PITA ÁVILA, es decir, realizó una actuación por cuenta de
ella, con todas las facultades para defender sus intereses como
consta en el poder otorgado y por tanto, los ef ectos jurídicos reca en
en ésta como si hubiere actuado personalmente.

Precisamente, considera la Sala que antes de aclarar la situación
laboral de la accionante, la Secretaría de Educación quiso
inf ormarse de las ra zones que f undamentan la inasistencia
adelantando el proced imiento sumario exigido normativamente.

Sumado a lo anterior , como lo manif estó la entidad demandad a en
su recurso de apelación , está demostrado que la accionante
conoció el requerimiento y ejerció su derecho de def ensa , el 29 de
enero de 2016 cuando a través de apoderada da respuesta al mismo
justif icando su inasistencia f undamentada en las amenazas
recibidas debido a las denuncias presentadas.

En ese sentido, no puede af irmarse que la Secretaría de Educación
no realizó el proce dimiento previo co n el f in de indagar sobre los
motivos que causaron la inasistencia a laborar de la demandante y
tampoco aseverar que no se le dio la oportunidad de justif icar su
conducta y de ejercer su derecho de def ensa y contradicción . Es
así como, en la Resolución 424 de 2017, en la que la Secretaría de
Educación declara la vacancia, se af irma “ Q ue la docent e…m ediant e
of icio E - 2016- 21762 4 del 14 de diciem b r e de 2016, señalo que dejo de
asist ir a la inst it uc ió n …donde labor ab a, debido a l as am ena zas… ” y que

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“ …el r equer im ient o de com isión por am ena za lo r eal i zó en el año 2011,
est o es, dos años después de la sit uac i ón que nos ocupa. ”

Ahora bien, en relación con la justa causa aducida en la demanda
por la señora PITA ÁVILA est á probado en el expediente que
presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la
Def ensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación sobre
abusos sexuales cometidos contra sus estudiantes en un colegio
privado y que como consecuencia recibió amenazas de personas
desconocidas que ocasionaron quebrantos de salud, por los cuales
tuvo que ser asistida m édicamente .

No obstante, la Sala no puede pasar por alto que la señora PITA
ÁVILA después de dejar su empleo en junio de 2009, sólo tom ó
contacto con la Secretaría de Educación hasta el 28 de junio de
2011, dos años después de ausentarse sin encontrarse en una
situación administrativa que le permit a separarse temporalmente de
su cargo. Las comunicaciones a la Secretaria se hicieron dos años
después del aba ndono, lo que no se entiende ¿por qué si puso la
denuncia a la Fiscalía, no mando un correo, carta o algo a la
entidad? Ya había solicitado en dos ocasiones anteriores el
traslado porque no actuó de la misma manera?

Es así como, a pesar de hallarse acreditada la situación de salud
en la que se encontraba la actora y las quejas presentadas por las
amenazas recibidas, no existe prueba alguna que justif ique el
abandono del cargo, sin realizar por ejemplo, una solicitud de
traslado o poner en conocimiento su situación de amenazada a la
entidad entre el año 2009 y el año 2011, como ya lo había hecho
en el pasado con la experiencia de que dos veces f ue atendida
oportunamente por la Secretar ía se gún lo reconoce en la demanda .

De otro lado, l a Sala no comparte el argumento del Tribunal en el
sentido de que la administración no tom ó medidas ante la situación
de la señora PITA ÁVILA , toda vez que está probado que f ue
trasladada de institución , una ve z manifestó su condición de
amenazada , la cual no le era dable a la Secretaría de Educación
presumir que permanecía en el tiempo.

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Tampoco podía la Secretaría adelant ar el procedimiento previsto en
la Resolución 1240 de 2010 debido a que éste se activa con la
presentación de la solicitud de recon ocimiento de la condición de
amenazado del educador estatal, lo que no ocurrió sino hasta el 25
de agosto de 2011, dos años después de que había abandonado el
cargo por lo que h asta tanto no se resolviera su situación , no se
podía atender la petic ión de reubicación laboral , ra zón por la cual
el acto acusado no adolece de f alsa motivación.

Ahora bien, es importante aclarar que la Resolución 1240 de 20 10
f ue expedida el 3 de marzo del mismo año, es decir, con
posterioridad al abandono del cargo por parte de la demandante.

3.5.2.2 Caducidad de la sanción.

El apoderado de la demandante manif estó que la Secretaría de
Educación tenía 3 años para ejercer su poder sancionatorio, por lo
que no podía declarar la vacancia del cargo.

Frente a este argumento es importante mencionar que, como se
expuso en el marco normativo y jurisprudencial, la declaratoria del
abandono del cargo es una decisión administrativa autónoma de la
sanción que pueda imponerse producto de un proceso disciplinario,
razón por la cual en el caso sub examine no estamos ante una
“sanción” por lo que no puede predicarse la caducidad d e la acción.

Por lo anterior, considera la Sala que la señora PITA ÁVILA
abandonó el cargo y no logró acredit ar justa causa para su actuar ,
por tal razón , pro cedía la declaratoria de vacancia d el empleo,
como en efecto se hizo ajustándose al ordenamiento jurídico
vigente.

En virtud, de las consideraciones anteriores, esta Sala revoca rá el
f allo objeto de impugnación.

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4. Costas.

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la
jurisprudencia de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el artícu lo 188 de la Ley 1437 de 2011, según el
cual, en toda sentencia, el juez procederá a su reconocimiento
cuando encuentre demostrado en el proceso que estas se causaron,
sin que en esa valoración f uera relevante analizar si las partes
actuaron de manera temeraria, malintencionada o de mala fe. No
obstante, dicho criterio f u e variado con la adición ef ectuada por el
artícu lo 47 de la Ley 2081 de 2021, en el que se indica que la
condena en costas es viable, siempre que se acredite que la parte
vencida obró con manif iesta carencia de f undamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el le gislador en la
materia, la Subsección A de esta Sección, aclara que adoptará la
postura en virtud de la cual, se deberá analiza r la conducta
desplegada por las partes en el proceso, conf orme al inciso 2 del
artícu lo 188 de la Le y 1437 de 2011.

En el presente caso, se observa que la parte vencida obró en
defensa de sus intereses juríd icos y no se demostró que hubiese
obrado con manif iesta carencia de fundamento legal. En
consecuencia, no se impondrá condena en costas a la parte
vencida.

En mérito de lo expuesto, el Con sejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVO C AR la sentencia del 18 de marzo de 2021,
prof erida por el Tribunal Administra tivo de Cundinamarca , en el

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proceso promovido por Nancy Catalin a Pita Ávila contra el Distrito
Capital- Secretaría de Educación , y en su lugar

SEGUNDO. NEG AR las pretensiones de la demanda.

TERCERO. Sin costas en esta instancia.

CU ARTO. Ejecutoriada esta providencia devolver el e xp ediente al
Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el
programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPL ASE

La anterior provide ncia f ue considerada y aprobada por la Sala en
sesión celebrada el ocho (8) de f ebrero de dos mil veinti cuatro
(2024).

JORGE IVAN DUQUE GUTIERREZ (E) RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

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