Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00510-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00510-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00510-02
Consejero ponente: Conjuez Miguel Arcángel Villalobos Chavarro
5 de noviembre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SALA DE CONJUECES
CONJUEZ PONENTE: MIGUEL ARCANGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Bogotá, D. C., cinco (05) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Expediente N° 25000-23-42-000-2019-00510-01
Número interno: 0684-2023
Demandante: Alexandra Valencia Molina
Demandado: Nación – Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS y BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN
Procede la Sala de Conjueces a proferir sentencia de segunda instancia en la que
resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia proferida el día 29 de octubre de 2021, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en la cual se resolvió de forma
favorable las pretensiones de la demanda.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Se trata de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
Alexandra Valencia Molina en contra de la Nación – Rama Judicial- Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, presentada el día 26 de marzo de 20191,
tendiente a (1) declarar la nulidad del acto ficto o presunto derivado de la no
respuesta a la petición elevada el 20 de junio de 2018.
Y, a título de restablecimiento del derecho2, la parte demandante solicitó:
“(…)
1 Folio 22 del expediente.
2 Folios 1-2 del expediente.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho de Carácter Laboral
Número Interno: 0684-2023
Demandante: Alexandra Valencia Molina
Demandado: Nación – Rama Judicial
3. Como consecuencia de lo anterior, y a título de Restablecimiento del Derecho
solicitó que se ordene a la Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a reliquidar,
reconocer y pagar a mi poderdante desde el 08 de abril de 2011 o fecha de
vinculación como Magistrada, hasta la fecha de la sentencia y en adelante todas
sus prestaciones sociales, salariales y laborales, prima de navidad, prima de
servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en salud
y pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones,
emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro
se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su
sueldo básico mensual legal, incluyendo en la base de liquidación el 30% de la
asignación básica mensual, que no se ha tenido en cuenta, porque se ha
computado por la administración, como la prima especial sin carácter salarial,
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, así como la bonificación por
compensación sin carácter salarial, prevista en el Decreto 610 de 1998.
4. Igualmente, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación -
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, a reconocer y pagar a mi mandante desde el 08 de abril
de 2011 o fecha de vinculación como Magistrada de Tribunal, hasta la fecha de
la sentencia y en adelante, el valor que resulte de reliquidar todas sus
prestaciones sociales existentes, entre la liquidación que hasta ahora le ha
realizado la administración con el 70% del salario básico y el valor que resulte de
reliquidar todas sus prestaciones sociales y laborales, prima de navidad, prima
de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones, seguridad social en
salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás prestaciones,
emolumentos y derechos laborales, que se puedan ver incididos y que en el futuro
se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su
remuneración básica mensual, incluyendo en la base de liquidación, el 30% del
sueldo básico mensual, que no se ha tenido en cuenta porque se ha computado
como prima especial sin carácter salarial.
5. Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
Nación - Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, a reconocer y pagar a la demandante desde el 8 de
abril de 2011 o fecha de vinculación como magistrada de tribunal, hasta la fecha
de la sentencia y en adelante se siga pagando mensualmente, la prima especial
sin carácter salarial, equivalente al 30% de la remuneración básica que hasta
ahora no se le ha reconocido ni cancelado, como agregado adición, incremento
o sobresueldo a la remuneración mensual.
6. Que igualmente a título de restablecimiento del derecho, se condene a la
Nación-Rama judicial (…) reconocer y pagar al demandante desde 08 de abril de
2011 o fecha de vinculación como Magistrada de Tribunal, hasta la fecha de la
sentencia y en adelante se siga pagando el 30% del sueldo básico, que hasta
ahora no se le ha cancelado, ya que este porcentaje lo relaciona en pagos como
prima, siendo parte de la remuneración mensual.
7. Que luego de la sentencia y en adelante, se condene a la Nación-Rama Judicial
(…) a seguir liquidando y pagando al demandante, todas sus prestaciones
sociales y demás emolumentos y derechos laborales, con base en el 100% de su
remuneración básica mensual legalmente establecida, incluyendo el 30% de la
asignación básica mensual, que hasta ahora no se computa como salario, sino
como prima especial sin carácter salarial, así como la bonificación por
compensación, la cual es devengada mensualmente como remuneración de
carácter habitual sin carácter salarial.
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(…)3”.
1.2. La contestación de la demanda
La entidad Nación- Rama judicial contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones de la misma. Fundamentó su defensa trayendo a colación la Sentencia
de Unificación del 2 de septiembre de 2019, proferida por el Consejo de Estado, y
señaló que no hay lugar a reconocer a los magistrados de Tribunal y cargos
equivalentes esa prima más la reliquidación de las prestaciones sociales, pues, en
todo caso, se les paga anualmente el 80% de lo que por todo concepto devenga
anualmente un magistrado de Alta Corte, límite que no puede ser superado, a la luz
de los Decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012.
Agregó que, la Ley 4 de 1992, establecido en su artículo 14, dicha prima no tiene
carácter salarial, situación reiterada en los distintos decretos salariales aplicables a
los servidores de la Rama Judicial, lo que significa que dicho porcentaje no
constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de servicio,
navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por servicios prestados.
Finalmente, propuso las excepciones de ausencia de causa petendi, prescripción e
innominada4.
1.3. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, a
través de sentencia del 29 de octubre de 20215, corregida mediante providencia del
31 de agosto de 20226, decidió estarse a lo resuelto en las sentencias del 14 de
diciembre de 2011 y de unificación jurisprudencial del 02 de septiembre de 2019,
proferidas por el Consejo de Estado – Sección Segunda; declaró la nulidad del acto
administrativo demandado; y declaró probada la excepción de prescripción y a título
de restablecimiento del derecho ordenó:
“(…)
SEGUNDO: DECLARAR probada PARCIALMENTE las excepciones de
ausencia de causa petendi y prescripción de lo reclamado con antelación al 20
de junio de 2015, por las razones expuestas.
(…)
3 Se precisa que como concepto de violación la parte actora solo se centra en el reajuste de la
prima especial del 30% y respecto a la bonificación por compensación, solo solicita su
reconocimiento como factor salarial.
4 Folios 54-60 del expediente.
5 Folios 101-110 del expediente.
6 Folios 126-127 del expediente.
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Demandado: Nación – Rama Judicial
CUARTO: CONDENAR a la Nación-Rama judicial a RECONOCER y PAGAR
en favor de la señora Alexandra Valencia Molina por concepto de:
4.1. La diferencia existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto
de: ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico
que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación, con la
correspondiente afectación de las prestaciones sociales desde el 20 de junio de
2015 y hasta tanto se pague efectivamente esta providencia. Sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada
anualidad.
4.2. las prestaciones sociales liquidadas sobre el 100% del salario y la prima
especial de servicios que corresponde a un 30% adicional desde el pago de
esta sentencia y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos
enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Nación - Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Debiéndose descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme con lo expuesto en la parte motiva.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones conforme con lo expuesto en la parte
motiva”.
1.4. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia
La parte demandada formuló recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia para lo cual trajo a colación la Sentencia de Unificación del Consejo de
Estado SUJ-016-CE-S2-2019 y sostuvo que en el caso de la parte actora, la cual
ejerció el cargo de magistrada de Tribunal desde el 08 de abril de 2011, no es
posible tener en cuenta el 30% adicional a la prima especial, ni la liquidación de las
prestaciones sociales, pues al reconocerle esta pretensión a la demandante,
significaría a la parte demandada, en caso de reconocerle, tener que efectuar un
recalculo de las operaciones matemáticas, para ajustar los ingresos recibidos por el
interesado por concepto de salario y prestaciones legales en las vigencias
reclamadas, así como los causados a la fecha y en adelante, de manera que no
superen el tope del 80% (ochenta por ciento) de lo que por todo concepto percibe
anualmente un magistrado de Alta Corte, conforme lo establecido en su momento
en el Decreto 610 de 1998 y actualmente el Decreto 1102 de 2012.
Así mismo, indicó que en el evento de accederse a la reliquidación de todas las
prestaciones sociales reconocidas a favor de los magistrados de Tribunal y
equivalentes, se incurriría en violación directa a la ley, en consideración a que de
ese modo, la remuneración de esos funcionarios, sobrepasaría el ochenta por ciento
(80%) de lo que por todo concepto recibe anualmente como remuneración el
magistrado de Alta Corte, pues al incrementar el valor pagado por concepto de
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salario básico (en un 30%) y el valor de las prestaciones, se aumenta la
remuneración anual, trayendo como consecuencia que el pago correspondiente a
la Bonificación por Compensación que se viene efectuando, haya sido superior al
autorizado por el legislador7.
1.1. Alegatos de conclusión de segunda instancia
La parte demandada8 alegó de conclusión y reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.
Así mismo, señaló que por expreso mandato de la Ley 4ª de mayo 18 de 1992,
establecido en su artículo 14, la prima allí instituida, no tiene carácter salarial, criterio
que fue reafirmado por la Corte Constitucional en la sentencia C-279 de 1996,
mediante la cual declaró la exequibilidad del aparte “sin carácter salarial” del citado
artículo 1°, lo que significa que dicho porcentaje no constituye factor de salario para
la liquidación y pago de las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de
cesantía y bonificación por servicios prestados.
Igualmente, precisó que frente a la bonificación por compensación creada por el
Decreto 610 de 1998, así como la que actualmente se cancela, establecida por el
Decreto 1102 de 2012, constituyen un ingreso laboral, pero no por ello puede
desconocer que esas mismas disposiciones limitan el carácter salarial de dicho
concepto, de donde es dable concluir que no constituye factor de salario para la
liquidación y pago de las prestaciones sociales y de otros factores de salario, por lo
que mal podría tenerse en cuenta para la liquidación de estas prestaciones sociales
y demás factores de salario.
Finalmente, adujo que en el presente caso ha operado la prescripción trienal de los
derechos laborales pretendidos por la parte actora, que no fueron reclamado
oportunamente, para tal efecto debe tenerse en cuenta que el demandante radicó
la petición ante la entidad demandada el 20 de junio de 2018, mediante la cual
reclamó el reconocimiento de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, con carácter salarial para la liquidación de sus prestaciones sociales
durante el tiempo que se desempeñó como magistrada de Tribunal; razón por la
cual, las sumas reclamadas anteriores al 20 de junio de 2015, se encuentran
totalmente prescritas.
La parte actora guardó silencio y el Ministerio Público no intervino en el proceso.
7 Folios 118-120 del expediente.
8 Índice 30 de Samai.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA9
2.1. Nota preliminar
El Consejo de Estado, en calidad de superior funcional, es competente para resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos.
Los Magistrados de la Sección Segunda del Consejo de Estado expresaron su
impedimento para conocer de este proceso10, el cual fue aceptado11. Luego, agotado
el respectivo sorteo de Conjueces12, le ha correspondido a esta Sala conocer en
segunda instancia de este proceso. La Sala de Conjueces, al no encontrar causal
de nulidad que invalide lo actuado, procede de conformidad.
2.2. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, en el
presente asunto se debe establecer si es procedente la reliquidación de las
prestaciones sociales del demandante, teniendo en cuenta, para tal efecto, como
base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal, más la prima
especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como una adición al
salario de los servidores públicos beneficiarios de dicha prima o si la mencionada
prima no constituye una adición sino que hace parte de la remuneración básica
mensual, y así mismo si dicha prima constituye factor salarial para liquidar las
prestaciones sociales. Igualmente debe definirse lo relacionado con la prescripción
trienal de las prestaciones sociales.
En lo que atañe a la bonificación por compensación debe definirse si esta constituye
factor salarial.
Ahora bien, vela la pena señalar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 328 del
CGP “el juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, por lo que, la Sala solo se
pronunciara frente a la procedencia o no del reconocimiento de la prima especial de
servicios y si la bonificación por compensación constituye o no salario, por lo que
no se analizará la situación de la actora frente a si tiene o no derecho al reajuste de
la bonificación por compensación, ya que dicho punto no fue objeto de apelación
por la parte interesada.
9 La metodología aquí empleada para presentar los argumentos de la Sala sigue las pautas contenidas
en el libro de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”: “Argumentación judicial: construcción,
reconstrucción y evaluación de argumentaciones orales y escritas”. Bogotá, 2008. Asimismo se tiene en
cuenta el “Manual de Escritura Jurídica”, publicado en agosto de 2018 por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
10 Folio 146-147 del expediente.
11 Folio 149-150 del expediente.
12 Índice 17 de SAMAI.
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2.3. La argumentación de la Sala
La argumentación de la Sala de Conjueces, que será breve porque reitera la
jurisprudencia, seguirá este orden: en primer lugar, se presentará la jurisprudencia
unificada vigente y obligatoria y en segundo lugar se abordará el caso concreto.
2.3.1. El marco normativo y la jurisprudencia vigente
La prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 constituye
una adición al salario de los servidores públicos beneficiarios de la misma.
En desarrollo de la atribución constitucional prevista en el artículo 150 de la
Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4 de 1992, en el
artículo 4 de esta Ley, se creó una prima especial de servicios.
Dijo el artículo 14:
“El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni
superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los
que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación,
con efectos a partir del primero (1) de enero de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo,
los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil,
los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de
la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de
remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la
base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad.”
La expresión, según el cual, la mencionada prima no tiene carácter salarial, fue
declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 279 de
1996.
Por otro lado, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de 2 de abril
de 2009, Exp. 11001-03-25-000-2007-00098-00, Consejero Ponente Dr. Gustavo
Eduardo Gómez Aranguren, preciso que el concepto de prima, siempre significará
una adición al ingreso del servidor público.
Dijo la sentencia mencionada:
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“(…) la noción de prima como concepto genérico emerge a título de
reconocimientos económicos adicionales para el empleado a fin de
expresar cualidades o características particulares del mismo, que con
todo, implica un aumento en su ingreso laboral, es así, como la prima
técnica, la prima de antigüedad, la prima de clima, entre otras,
representan un sistema utilizado en la función pública para reconocer
un “plus” en el ingreso de los servidores públicos, sin importar que en
la definición normativa de esencia, sea o no definido su carácter
salarial, prestacional o simplemente bonificatorio”.
La Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 29 de abril de 2014, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz,
Exp. No. 11001-03-25-000-2007-00087-00, declaró la nulidad parcial de los
decretos dictados por el Gobierno Nacional entre los años 1993 a 2007, mediante
los cuales se había fijado en el 30% la prima especial creada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, al considerar que los decretos interpretaron erróneamente y
aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el salario de un grupo
de servidores públicos, razón suficiente para determinar que son contrarios a la
Constitución y la Ley.
La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, profirió el 2 de septiembre de
2019, sentencia de UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL13 y definió las siguientes
reglas respecto de la “prima especial”:
“La Sala unifica jurisprudencia en relación con la prima especial
consagrada en el art. 14 de la Ley 4ª de 1992 en los siguientes términos:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor
salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama
Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia de 2 de septiembre de
2019, Conjuez Ponente Dra. CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. No. 41001-23-33-000-2016-
00041-02
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3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que
se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la
Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación
básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título
de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no
estén sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de
presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con
el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el
auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto
a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la
respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente percibidos NO
hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las
cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación
debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80%
señalado.
7. Procede la prescripción de la bonificación por compensación entre el
5 de septiembre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004. Lo anterior es la
regla general. Esa regla tiene una excepción, que consiste en que si la
persona logra demostrar en el expediente, con pruebas documental, que
antes del 3 de diciembre de 2004 había interrumpido la prescripción
conforme a la ley. En ese caso la prescripción va más allá del 4 de
diciembre de 2004 y se retrotraería hasta la fecha de presentación de esa
interrupción, fecha entonces que debe ser posterior al 25 de septiembre
de 2001 y anterior al 3 de diciembre de 2004.Esta excepción, como toda
excepción, es de aplicación restrictiva.
8. La sentencia de unificación que hoy se adopta no implica que se está
variando o modificando el régimen salarial y prestacional de los
servidores beneficiaros de la prima especial de servicios del artículo 14
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de la Ley 4 de 1992- jueces, magistrados y otros funcionarios-, en la
medida en que en ningún caso se superan los porcentajes máximos o
topes fijados por el Gobierno Nacional.”
Queda así definido conforme a la sentencia de unificación ya mencionada, que la
prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de ésta y que la prima especial sólo
constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2.3.2. El caso concreto
Probado está en el expediente, respecto de la demandante lo siguiente:
• Que la actora tuvo la siguiente vinculación con la entidad demanda, según
consta en el expediente14, así: magistrada del Tribunal Superior de Bogotá-
Sala de Decisión Justicia y Paz, desde el 08 de abril de 2011 hasta la fecha,
sin que reporte retiro del servicio.
• La entidad demandada ha venido liquidando y pagando a la actora la
remuneración fijada en los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en
forma anual, reconociendo como parte de la asignación básica a título de
prima especial. Así mismo, se advierte que devengan la bonificación por
compensación15.
• Que el día 20 de junio de 201816 la parte demandante realizó la petición a la
entidad demandada.
A la luz de la argumentación arriba expuesta, se concluye lo siguiente:
Como bien puede advertirse, el caso que se controvierte en el presente proceso
tiene los mismos supuestos jurídicos y fácticos que originaron la sentencia de
unificación, proferida por la Sala de Conjueces el pasado 2 de septiembre de 2019.
La posición jurisprudencial que en precedencia se ha dejado reseñada, ha permitido
que esta jurisdicción en sendos procesos de nulidad y restablecimiento del derecho,
haya verificado que a los funcionarios de la Rama Judicial, entre otros, desde el año
1993 se les ha disminuido la asignación básica al darle parte de ella , el carácter de
prima especial, lo cual no se compadece con los principios constitucionales e
internacionales del derecho al trabajo que demandan entre otros, la progresividad
del ingreso y la nivelación del mismo.
14 Folio 61 del expediente.
15 Folios 16 y s.s del expediente.
16 Folio 12-15 del expediente.
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Resulta pertinente reiterar en este punto, lo dicho por la Sala Plena de Conjueces
en la sentencia de unificación antes referida:
“Para la Sala demostrado está que a partir de la expedición de los
Decretos 51, 54 y 57 de 1993, 104, 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35
y 36 de 1996 y sucesivos, el Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy,
al establecer el régimen salarial de los empleados de la Rama Judicial,
ha dado la denominación de prima especial establecida en el artículo 14
de la ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30% del salario de
los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la
posibilidad de que ese 30% que, se reitera, es parte de su salario básico
y/o asignación básica, sea tenido en cuenta para la liquidación de sus
prestaciones sociales; no más cabe que restablecer este derecho.”
En lo que tiene que ver con la prescripción trienal, esta Sala comparte la posición
asumida por la Sala Plena de Conjueces en la sentencia de Unificación del pasado
2 de septiembre de 2019, sentencia de unificación que por supuesto rectificó la
posición de la Sección Segunda expuesta en las sentencias de la Subsección A de
4 de marzo de 2010, radicación No. 25000-23-25-000-2005-06222 y Sección
Segunda, sentencia de 4 de agosto de 2010 Rad. No. 25000-23-25000-2005-
05159.
De otro lado, se anota a título de complementación, que el fundamento jurídico de
la institución de la prescripción trienal, conforme a la jurisprudencia del Consejo de
Estado a más de los dispuesto en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969,
artículos 41 y 102, tal como lo reseña la sentencia de unificación, por vía de
analogía, también sirve de fundamente a dicha institución el artículo 151 del Código
Procesal Laboral.
De conformidad con lo hasta aquí expuesto, hay que concluir, que existe en el
ordenamiento legal, la institución de la prescripción trienal de prestaciones sociales,
que en el régimen de los empleados públicos, la norma que prevé ese régimen
prescriptivo es el Decreto 3135 de 1968 y por vía de analogía también sirve de
fundamento jurídico a dicha institución, el artículo 151 del Código Procesal Laboral
en aplicación del principio de equidad, por lo que la parte demandante Alexandra
Valencia Molina tiene derecho a que se le pague las diferencias entre lo
efectivamente recibido y lo dejado de percibir, desde el día 20 de junio de 2015 o
sea tres años atrás de la fecha en que solicitaron el reajuste de sus prestaciones
sociales y salariales, debido a la prescripción trienal. Y desde ese día en adelante
hasta el día en que hayan ejercido el cargo de magistrado de tribunal o magistrado
auxiliar de alta corte, según sea el caso. Recuérdese que la petición de la prima
especial de servicios no vino a hacerla sino hasta el 20 de junio de 2018; y a partir
de esta fecha se cuentan los tres años hacia atrás para efectos de la prescripción.
Así mismo, se advierte que la demanda fue radicada el 26 de marzo de 2019, dentro
del término de la interrupción de la prescripción. Lo anterior de conformidad con lo
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expuesto en la parte motiva de esta providencia y con la sentencia de unificación
citada.
Por otro lado, es de aclarar que la prescripción no opera en relación con la obligación
de la demandada de realizar, en favor de la actora, las cotizaciones o aportes al
Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, por tratarse de un
derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del
servidor público que presta sus servicios laborales al Estado17, utilizando como
ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que
se tomaba como prima especial.
En consecuencia, la Sala llega a las siguientes conclusiones en lo que atañe a la
prima especial:
I.- A la demandante se le desmejoró su salario, dándole a una parte del salario el
carácter de prima especial, decisión que repercutió en la liquidación de sus
prestaciones sociales, la cuales no se liquidaron sobre el 100% de su remuneración,
razón por la cual, se restablecerá su derecho para que su salario y sus prestaciones
sociales se liquiden sobre el 100% de su remuneración.
II.- El restablecimiento del derecho se traduce en el pago que el demandante no
recibió a título de prima especial y en el pago de las diferencias que resulten de la
reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de la remuneración, sin
restarle ni sumarle a éste el porcentaje de la prima especial, ya que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para
liquidar las prestaciones sociales, punto frente al cual le asiste razón al a quo.
Igualmente, se deberá ordenar el pago de las diferencias correspondientes a las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones,
teniendo en cuenta la prima especial referida.
-De la bonificación por compensación.
En lo pertinente a la solicitud de la parte demandante para que la bonificación por
compensación que hace parte de la remuneración mensual que percibe, sea
considerada como factor salarial para efectos prestacionales y frente a la cual la
Administración Judicial sostiene que dicha bonificación sólo constituye factor
salarial para efectos pensionales y no prestacionales.
Al respecto, se advierte que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y
en su artículo 1 creó la llamada bonificación por compensación, el cual dispuso:
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-
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“ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo
2o del presente decreto, una Bonificación por Compensación, con
carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios
y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta por ciento
(60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura.
La Bonificación por Compensación sólo constituirá factor salarial
para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de
servicios de los Magistrados de las Altas Cortes.
…” (Subrayas y negrillas fuera de texto).
El Decreto 610 de 1998, definió y así lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala
que la bonificación por compensación sólo constituirá factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, tal y como lo indicó el
a quo.
En lo que hace a la manifestación de la entidad en el recurso de apelación en el
sentido de advertir que acceder a las pretensiones de la demanda se podrían
superar el máximo de ingresos fijados por el legislador para el cargo del
demandante, en relación con la remuneración de la asignación de un magistrado de
Alta Corte, basta con reiterar lo definido en la sentencia de Unificación del 2 de
septiembre de 2019 que en este aspecto dijo lo siguiente:
“6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el
auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
La reliquidación de la bonificación por compensación procede respecto
a los magistrados de tribunal y cargos equivalentes, siempre que, en la
respectiva anualidad, sus Ingresos anuales efectivamente percibidos NO
hayan alcanzado el tope del ochenta por ciento (80%) de lo que por todo
concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las
cesantías de los congresistas. Sin embargo, en ese caso, la reliquidación
debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80%
señalado.
En consecuencia, la entidad demandada deberá verificar que para la demandante,
efectuada la liquidación de sus prestaciones como se ordena en esta sentencia, y
tal como lo dispuso el artículo 1 del Decreto 610 de 1998, el total de la Bonificación
por Compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial
de servicios y a los demás ingresos laborales actuales, iguales al ochenta por
ciento (80%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
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Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte
Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura, no devengue suma superior a
ese 80%, pues como lo anotó la sentencia de unificación de 2 de septiembre de
2019, ese 80% es un piso y un techo18, tal y como lo dispuesto el a quo en la parte
resolutiva de la sentencia.
Esta Sala se abstendrá de condenar en costas y agencias en derecho, porque no
se aprecia una mala fe o una deslealtad procesal de la demandada.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO.- ADICIONAR la sentencia impugnada en el sentido de ORDENAR el
pago de las diferencias correspondientes a las cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones, teniendo en cuenta la prima especial
referida, sin aplicar prescripción, en relación con dicha obligación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 29 de octubre de 2021,
aclarada mediante providencia del 31 de agosto de 2022, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca- Sección Segunda- Sala Transitoria
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por
ALEXANDRA VALENCIA MOLINA en contra de la Nación – Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
TERCERO.- NO CONDENAR en costas.
CUARTO.- RECONOCER personería al abogado Jaime Alberto Arenas Arenas,
como apoderado de la entidad demandada conforme al poder obrante en el índice
30 de SAMAI.
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Ver sentencias en las que se adoptaron una decisión similar:
-Consejo de Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda - consejera ponente:
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez), dos (2) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación
número: 25000-23-25-000-2011-00668-02(2919-18) Actor: Manuel Alfonso Zamudio Mora.
• Consejo De Estado- Sala De Lo Contencioso Administrativo- Sección Segunda – Sala De Conjueces-
Conjuez Ponente: Nubia González Cerón- siete (7) de junio de dos mil veintidós (2022) - radicación:
25000-23-42-000-2017-00598-02 (6111-2019), demandante: Diana Lucía Sánchez Serna.
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QUINTO.- ORDENAR que una vez ejecutoriado este fallo se expidan las copias
previstas en el artículo 114 del Código General del Proceso.
SEXTO.- Ejecutoriada esta providencia, regístrese en la plataforma SAMAI y
devuélvase el expediente al tribunal de origen.
Cópiese, notifíquese y cúmplase
Firmado electrónicamente
MIGUEL ARCÁNGEL VILLALOBOS CHAVARRO
Conjuez Ponente
Firmado electrónicamente
HUGO ALBERTO MARÍN HERNÁNDEZ
Conjuez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
de Conjueces en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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