Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00519-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00519-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00519-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2019 00519 01 (2270-2021)
Demandante: Jorge Argemiro Acevedo Vega
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional
Temas: Incompatibilidad entre la asignación de retiro y la pensión de
invalidez. Miembros de la Fuerza Pública.
Decisión: Confirma sentencia que negó las pretensiones
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. El demandante en nombre propio solicitó declarar la nulidad de los Oficios
ARPRE-GRUPE-1.10 del 19 de diciembre de 2017, S-2018-066096 ARPRE-
GROIN-1.10 del 4 de diciembre de 2018 y S-2018-065944 ARPRE-GROIN-1.10 del
4 de diciembre de 2018 y a título de restablecimiento del derecho se condene a la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional reconocer y pagar a su favor una
pensión de invalidez con fundamento en la Ley 923 de 2004 y el Decreto 1157 de
2014, teniendo en cuenta que el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de
Policía determinó que tenía un 70.59%de DCL. Así mismo reconocer las mesadas
retroactivas indexadas a valor presente.
2.1. Hechos que fundamentan la demanda
3. Con ocasión a su retiro del servicio la Junta Médica Laboral del Valle del Cauca
en acta 2228 del 1 de octubre de 1997, le otorgó un 64.78% de DCL, sin valorar la
artrosis degenerativa de cadera; ante el avance de la enfermedad solicitó a la
Dirección General de la Policía Nacional una nueva valoración por parte de la Junta
Médica, solicitud que le fue negada.
4. En cumplimiento de un fallo de tutela del 30 de mayo de 2013, el demandante
fue valorado por las autoridades médico-laborales de la Dirección de Sanidad,
oportunidad en la cual se determinó un 70.59% DCL. Ante esta situación solicitó el
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, pretensión que le fue negada
mediante los actos acusados.
1 Folios 1 - 13 y 61 - 65 del expediente
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2019 00519 01 (2270-2021)
Demandante: José Argemiro Acevedo Vega
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
5. La pérdida de capacidad laboral del demandante tuvo origen en la prestación del
servicio tal como dan cuenta los diagnósticos expedidos por las autoridades
médicas de sanidad militar, además las patologías diagnosticadas son de carácter
progresivo, por esta razón el Tribunal Médico Laboral le fijó un porcentaje de
disminución de la capacidad laboral del 70.59%, con lo cual a la luz de la Ley 923
de 2004, tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez.
6. De otra parte, indicó que la asignación de retiro y la pensión de invalidez son
compatibles, teniendo en cuenta i) que la primera se reconoce y paga por el tiempo
laborado y los aportes realizados a CASUR, mientras que la pensión de invalidez
exige para su reconocimiento una disminución de la capacidad laboral igual o
superior al 50%, sin atención al tiempo de servicio, además es reconocida por el
Ministerio de Defensa en atención a que no existe afiliación al sistema de riesgos
profesionales para contingencias como discapacidades adquiridas por causa y
razón del servicio o accidentes. ii) La pensión de invalidez depende del tesoro
público mientras que la asignación de retiro proviene de un patrimonio autónomo
con recursos que genera la propia Caja. Finalmente señaló que existe
desconocimiento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia.
1.4. Contestación de la demanda
7. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional2, por intermedio de
apoderada se opuso a las pretensiones por carecer de fundamento legal, teniendo
en cuenta que el demandante no acredita los requisitos exigidos en la ley para el
reconocimiento de la prestación, esto es una pérdida de capacidad laboral igual o
superior al 75% a voces de lo ordenado por el artículo 159 del Decreto 1212 de
1990. Además, para el reconocimiento de la pensión de invalidez no es posible
aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 923 de 2004, dado que esa normativa
solo tiene efectos retroactivos para hechos ocurridos desde el 7 de agosto de 2002.
1.5. Sentencia de primera instancia3
8. En sentencia proferida el 2 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas. Luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio
pertinente concluyó que si bien el demandante acredita los requisitos para ser
beneficiario de una pensión de invalidez, toda vez que cumple con el porcentaje de
pérdida de la capacidad laboral previsto en la Ley 923 de 2004, lo que en realidad
pretende es recibir en forma simultánea dicha prestación con la asignación de retiro,
para lo cual arguye que son compatibles.
9. No obstante, contrario a lo concluido por el actor, las prestaciones analizadas
no resultan compatibles por disposición expresa y taxativa, y por tanto no tiene
derecho a la pensión de invalidez deprecada. Y en todo caso, destacó el tribunal
que el artículo 156 del Decreto 1212 de 1990, hace referencia es a aquellas
prestaciones que provienen de otras entidades de derecho público, es decir para
quienes presten sus servicios en las fuerzas militares y de policía, se retiren y
posteriormente opten por laborar al servicio del Estado, y en virtud de ese tiempo
de servicio cumplan con los requisitos previstos en las normas aplicables a los
empleados públicos para el reconocimiento, bien sea de pensión de jubilación o
invalidez; situación esta última que no ocurre en el subjudice.
2 Folios 79 a 81 del expediente
3 Folios 115 a 124 del expediente
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2019 00519 01 (2270-2021)
Demandante: José Argemiro Acevedo Vega
1.6. Recurso de apelación4
10. El demandante presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque la
decisión de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones
considerando que cumple con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la
pensión de invalidez, esto es una disminución en su capacidad laboral superior al
50%.
11. En punto a la incompatibilidad entre la asignación de retiro y la pensión de
invalidez, reiteró los argumentos esbozados en la demanda, relacionados con que
la prestación por retiro se reconoce con fundamento en el tiempo de servicio,
mientras que la pensión de invalidez obedece a una disminución en la capacidad
laboral igual o superior al 50%.
12. Precisó que la incompatibilidad en cita se presenta cuando el uniformado al
cumplir 15 años de servicio es retirado y adquiere el derecho a la asignación de
retiro, con posterioridad ingresa a otra entidad pública y luego con el fin de obtener
pensión de vejez pretende el reconocimiento con la inclusión de los tiempos
servicios en la respectiva fuerza y en la entidad pública, tal como lo orientó la Corte
Constitucional en sentencia C- 1143 de 2004; y si bien el Tribunal citó un extracto
de esta decisión, omitió analizar su contenido en forma completa.
13. Culminó señalando que el a quo desconoce la excepción contenida en el literal
b) del artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, respecto a la compatibilidad en las
asignaciones percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial. Finalmente alegó violación a los artículos 4, 29 y 53 Constitucionales,
disposiciones que solicitó aplicar a efectos del reconocimiento de la pensión de
invalidez con fundamento en la Ley 923 de 2004.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
14. Por auto de 24 de septiembre de 2021 se admitió el recurso de apelación5. En
el término otorgado el demandante presentó escrito en el que reiteró los
argumentos expuestos en la demanda y el recurso de apelación6. De otra parte, la
apoderada de la entidad demandada solicitó confirmar la sentencia en razón a la
incompatibilidad entre las prestaciones7.
15. El Agente del Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, guardaron silencio.
16. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
17. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
4 Folios 138 a 143 del expediente
5 Folio 149 del expediente
6 Expediente digital segunda instancia índice samai 14
7 Expediente digital segunda instancia índice samai 14
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Demandante: José Argemiro Acevedo Vega
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, para el
caso la parte actora.
2.2. Del problema jurídico
18. Debe la Sala precisar inicialmente, que el Tribunal verificó el cumplimiento de
requisitos por parte del actor para obtener la pensión de invalidez en virtud de lo
dispuesto en la Ley 923 de 2004, estimando que los acredita, no obstante, consideró
que le es más favorable la asignación de retiro que ya tiene reconocida, y que no
es posible el reconocimiento de ambas prestaciones por incompatibilidad. Ahora, la
entidad no cuestionó dicho análisis, pues, finalmente se negaron las pretensiones
de la demanda.
19. Existiendo claridad frente a lo anterior, y con fundamento en el recurso de
apelación, le corresponde a la Sala determinar si la asignación de retiro reconocida
al demandante por CASUR es compatible con la pensión de invalidez que ahora
reclama, de modo que pueda devengar en forma simultánea las dos prestaciones.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. De la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del
erario.
20. El artículo 128 de la Constitución Política dispone que “Nadie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.”
21. La disposición en cita fue reglamentada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 199210,
que reiteró lo expuesto en la norma constitucional respecto a la prohibición de recibir
más de una erogación que provenga del Tesoro Público y además fijó unas
excepciones a esta regla general, entre las que se encuentran las asignaciones
percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la
Fuerza Pública, excepción que no es absoluta y debe ser analizada con fundamento
en las normas que regulan la compatibilidad en materia de salarios y prestaciones
para el personal de las Fuerzas Militares y de Policía.
22.Sobre el particular y en punto a la compatibilidad ente asignación de retiro y
pensiones, el artículo 156 del Decreto 1212 de 199011, señala lo siguiente:
«Artículo 156. Forma de pago de asignaciones de retiro y pensiones. Las
asignaciones de retiro y pensiones policiales se pagarán por mensualidades vencidas
durante la vida del agraciado y son compatibles con los sueldos provenientes del
desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la actividad policial
por movilización o llamamiento colectivo al servicio.
Las asignaciones de retiro y las pensiones policiales son incompatibles entre sí y
no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público;
igualmente son incompatibles con las pensiones de invalidez o de retiro por vejez,
pero el interesado puede optar por las más favorables.
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
10 Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que
provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:
(...)
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
11 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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Las asignaciones de retiro y las pensiones policiales son compatibles con las pensiones
de jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público. (Resalta la
Sala)»
23. En igual sentido el artículo 36 del Decreto 4433 de 200412, se refirió al tema
objeto de estudio en el presente asunto así:
«Artículo 36. Compatibilidad de la asignación de retiro y pensiones. Las asignaciones
de retiro y pensiones previstas en el presente decreto, son compatibles con los sueldos
provenientes del desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la
actividad militar o policial, por movilización o llamamiento colectivo al servicio y con las
pensiones de jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.
Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, son
incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades de
derecho público, pero el interesado puede optar por la más favorable. (Resalta la
Sal)»
24. En ese orden, si bien las asignaciones de retiro reconocidas a los miembros de
la Fuerza Pública y de Policía están investidas de la excepción de incompatibilidad,
aquella no resulta absoluta, en tanto la ley en forma taxativa señaló en qué casos
los emolumentos a cargo del tesoro público pueden ser devengados de manera
concomitante, así: i) los salarios por el desempeño de otros empleados públicos con
posterioridad al retiro, ii) las asignaciones provenientes de la actividad militar o
policial por movilización o llamamiento colectivo al servicio, y iii) las pensiones de
jubilación e invalidez siempre y cuando provengan de otra entidad de derecho
público; así las cosas, solo ante estas tres circunstancias es posible la
compatibilidad entre la asignación de retiro y otras asignaciones que provengan del
tesoro público
25. Se concluye entonces que existe incompatibilidad entre la asignación de retiro y
la pensión de invalidez reconocida a favor de los miembros de la Fuerza Pública
siempre y cuando ambas provengan de la entidad castrense.
26. En sentencia C-432 de 200413, la Corte Constitucional orientó sobre la
incompatibilidad entre la asignación de retiro y otras prestaciones propias del
régimen especial de los miembros de la fuerza pública, atendiendo a que la causa
o fuente del reconocimiento de la prestación es la misma, veamos:
«Por otra parte, la doctrina viviente a partir de la interpretación sistemática de los
Decretos-Leyes 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, ha reconocido la incompatibilidad
de la asignación de retiro y de las otras pensiones militares, como prestaciones
fundamentales del régimen especial de los miembros de la fuerza pública.
Dicha incompatibilidad se origina en la prohibición constitucional de conceder más de
una asignación que provenga del tesoro público, cuya causa o fuente de
reconocimiento sea la misma, es decir, en este caso, la prestación del servicio militar
durante largos períodos de tiempo[30]. Por ello, no es cierto como lo sostiene la
accionante que se trate de un beneficio adicional desproporcionado e irracional. Por el
contrario, se trata de una prestación susceptible de reconocimiento por el retiro del
servicio activo (al igual que la pensión de vejez) y que, por su propia naturaleza, es
incompatible con otras pensiones militares. Lo anterior, no es óbice para que se
reconozcan pensiones de jubilación e invalidez provenientes de otras entidades de
derecho público, siempre que se causen en diferente tiempo, provengan de distinta
causa y tengan un objeto no asimilable.»
12 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
13 Sentencia C- 432 de 2004. Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil
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Demandante: José Argemiro Acevedo Vega
27. En ese horizonte de comprensión, resulta diáfano concluir que la asignación de
retiro y la pensión de invalidez resultan incompatibles, conservando el derecho el
beneficiario a optar por la más favorable.
2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
28. El señor José Argemiro Acevedo Vega prestó sus servicios en la Policía
Nacional por espacio de 20 años, 4 meses y 11 días, primero como cadete y alférez
del 16 de enero de 1977 al 4 de noviembre de 1977; y luego como oficial del 5 de
noviembre de 1977 al 28 de mayo de 199614.
29. Posteriormente, conforme se desprende del acta 5818 del 9 de diciembre de
2013 del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, se le determinó
que un 70.59%15 de DCL. En razón a ello, el 27 de septiembre de 2017 solicitó ante
el director general de la Policía Nacional el reconocimiento y pago de una pensión
por invalidez16; lo que dio lugar al Oficio ARPRE – GRUPE-1.10 del 19 de diciembre
de 2017, por medio del cual se negó dicha pensión al no cumplir los requisitos17.
30. Inconforme con esa decisión interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación18. El recurso de reposición fue desatado a través del Oficio 065944 del 4
de diciembre de 201819, que confirmó el acto recurrido en razón a que el
demandante tenía reconocida asignación de retiro mediante Resolución 3318 del
24 de julio de 1996, en cuantía del 70% del sueldo básico de un teniente coronel,
más las partidas legalmente computables a su régimen, en consecuencia y esta
prestación resulta incompatible con la pensión de invalidez reclamada.
31.
De otra parte manifestó que: “(…) si lo que pretende el señor Teniente Coronel
(R)JOSÉ ARGEMIRO ACEVEDO VEGA, es acogerse a la norma o condición más favorable
de que trata el segundo parágrafo del artículo 36 del Decreto 4433 de 2004, en lo que se
refiere a que pese a la incompatibilidad de la asignación de retiro y la pensión de invalidez
el interesado puede optar por la más favorable, es de suma importancia indicarle al
recurrente, que para que la Policía Nacional pueda proceder con el reconocimiento
pensional pretendido, el interesado debe renunciar a la asignación de retiro que en la
actualidad devenga por la Caja de Sueldos de Retiro (CASUR).” (…) En este orden de
ideas, como el señor Teniente Coronel (R) JOSÉ ARGEMIRO ACEVEDO VEGA, según
valoración de los organismos médico laborales, en la actualidad presenta una disminución
de la capacidad laboral del 70.59%, se debe dar aplicación al numeral 2.1. de la norma
antes trascrita, el cual ordena para el caso concreto que la pensión de invalidez debe ser
reconocida con el 50% del grado al momento del retiro (Teniente Coronel), más las partidas
legalmente computables; pero como el monto de la asignación de retiro que actualmente
devenga equivale al 70% del sueldo básico de un Teniente Coronel, más las partidas
legalmente computables a su régimen, considera esta instancia que realizar tal
procedimiento, esto es, que el oficial retirado renuncie a la asignación de retiro y que la
Policía Nacional reconozca la pensión de invalidez, es ir en contravía de los intereses
económicos del exfuncionario y por mucho desmejorar su calidad de vida y la de su núcleo
familiar, por cuanto se insiste, la pensión de invalidez pretendida no es más favorable que
la asignación de retiro.(…)”
32. De otra parte, el recurso de apelación fue desatado también de manera
desfavorable con el Oficio 066096 del 4 de diciembre de 2018 20, reiterando la
prohibición constitucional de percibir dos erogaciones del erario.
14 Folios 85 - 86 del expediente
15 Folios 47 – 51 del expediente
16 Folios 15 a 21 del expediente
17 Folios 22 – 24 del expediente
18 Folios 25 – 29 del expediente
19 Folios 44 a 45 del expediente
20 Folios 30 – 40 del expediente
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33. Pues bien, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia en
tanto, no resulta procedente acceder a la pensión de invalidez pretendida, ya recibe
asignación de retiro reconocida por la entidad castrense, por lo que se trata de
prestaciones incompatibles toda vez que provienen de los servicios prestados en la
Policía Nacional, y no se encuentran dentro de las excepciones previstas en la
norma para su compatibilidad conforme al recuento normativo y jurisprudencial
efectuado en precedencia.
34. Ahora bien, el apelante cuestiona la sentencia del a quo atendiendo a que
cumple con los requisitos exigidos en la ley para el reconocimiento de la pensión de
invalidez, además alega que las prestaciones analizadas no son incompatibles entre
sí, destacando que la asignación de retiro tiene su génesis en el tiempo de servicio
a favor de la Policía Nacional, mientras que la pensión de invalidez en la disminución
o pérdida en su capacidad laboral.
35. Sobre el particular, tal como se señaló al momento de fijar el problema jurídico,
en esta instancia no se controvirtió lo referente al cumplimiento de los requisitos
exigidos en la Ley 923 de 2004 para la obtención de la pensión de invalidez por
parte del actor, no obstante, esta sola circunstancia no habilita su reconocimiento,
pues, se itera él es beneficiario de una asignación de retiro reconocida por CASUR.
Ahora bien, contrario a lo expuesto por el recurrente, en su caso, ambas
prestaciones tienen su origen en la labor desempeñada al servicio de la Policía
Nacional, al margen que la pensión de invalidez para su reconocimiento requiera la
acreditación de un % de disminución de la capacidad laboral, exigencia esta última
que no modifica el hecho de que para el reconocimiento se revise el mismo tiempo
de servicios tenido en cuenta para obtener la asignación de retiro. De manera que,
como lo sostuvo el Tribunal existe incompatibilidad entre las mismas.
36. A lo anterior se suma que, si bien el señor Acevedo Vega tiene derecho a optar
por la prestación más favorable, en el recurso de apelación fue claro al señalar que
lo perseguido es el reconocimiento de ambas prestaciones, lo cual como se explicó
en precedencia, no tiene asidero jurídico. Y en todo caso, la entidad demandada en
el Oficio 065944 del 4 de diciembre de 2018, precisó que si el demandante quisiera
acogerse a la norma o condición más favorable, debía renunciar a las asignación
de retiro que devenga por parte de la Caja de Sueldos de Retiro, empero, respecto
a la pensión de invalidez encontró que esta debía ser reconocida en un 50% de los
haberes devengados por el demandante, teniendo en cuenta que le fue asignado
un 70.59% de DCL, por lo que no le resulta favorable, ya que por el contrario la
asignación de retiro pagada por Casur asciende al 70% del sueldo básico de un
teniente coronel.
37.
Finalmente, en relación con el desconocimiento de la orientación impartida por
la Corte Constitucional, debe precisar la Sala contrario a lo manifestado por el
apelante, que en sentencia C-432 de 2004, la Corte orientó sobre la incompatibilidad
entre la asignación de retiro y otras prestaciones propias del régimen especial de
los miembros de la fuerza pública, atendiendo a que la causa del reconocimiento es
la misma, esto es el tiempo de servicio en las fuerzas militares y de policía, tal como
fue reiterado en la sentencia C-1143 de 2004, que el demandante alega como
desconocida en el recurso de apelación.
38. A lo anterior se suma que, esta Sección ha sostenido un criterio en punto a la
incompatibilidad de las prestaciones analizadas, debido a la prohibición
constitucional de devengar más de una asignación proveniente del erario, salvo las
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
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excepciones previstas en la ley, en los términos previamente analizado; las cuales,
como se ha señalado, no se presentan en el subjudice.
39. De tal manera que no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia,
pues no resulta jurídicamente viable reconocer la pensión de invalidez reclamada
dada su incompatibilidad con la asignación de retiro que actualmente tiene
reconocida.
2.5. Conclusión
40. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda teniendo en cuenta la incompatibilidad existente entre
la asignación de retiro y pensión de invalidez reconocida a favor del personal de las
Fuerzas Militares y de Policía.
2.6. Condena en costas en segunda instancia
41. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
42. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
43. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En consecuencia, se impondrán costas al señor José Argemiro Acevedo
Vega por cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 3 de diciembre de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2019 00519 01 (2270-2021)
Demandante: José Argemiro Acevedo Vega
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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