Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00554-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2022-00554-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00554-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2022 00554 01 (1133-2024)
Demandante: Deiby Alexander Torres Pinto
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares
Temas: Incompatibilidad entre la asignación de retiro y la pensión de
invalidez. Miembros de la Fuerza Pública.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el
demandante contra la sentencia proferida el 8 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. El demandante por intermedio de apoderado solicitó declarar la existencia y
nulidad de los actos fictos negativos producto del silencio de las entidades
demandadas respecto a la petición de reconocimiento y pago de una asignación de
retiro de 23 de enero de 2020. A título de restablecimiento del derecho se condene
a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares a reconocer, liquidar y pagar al demandante dicha prestación con
fundamento en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, desde la fecha en que
cumplió los requisitos exigidos en la ley y hasta que se haga efectivo el derecho
reclamado, sumas que deben reconocerse con carácter retroactivo e indexadas. De
otra parte, se dé cumplimiento a la sentencia en los términos ordenados en el
C.P.A.C.A. y se condene en costas a las demandadas.
2.1. Hechos que fundamentan la demanda
3. El actor ingresó al Ejército Nacional como alumno de la escuela de suboficiales
el 6 de marzo de 1999; con posterioridad se incorporó al escalafón regular de
suboficiales en el grado de cabo segundo a partir del 1 de septiembre de 2000;
recibió ascenso al grado de cabo primero a partir de septiembre de 2003 y
finalmente al grado de sargento segundo a partir de septiembre de 2007. Mediante
Resolución 0956 del 16 de mayo de 2014, fue retirado del servicio por disminución
en su capacidad psicofísica.
1 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDA.PDF
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2019 00519 01(1133-2024)
Demandante: Deiby Alexander Torres Pinto
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
4. Citó como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 4, 13, 23, 25, 26,
29, 48, 53, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 113, 115, 116, 121, 122, 123,
125, 209, 211, 216, 217, 221, 222, 229 y 256 de la Constitución Política; así como
las Leyes 153 de 1887, 23 de 1991, 4 de 1992, 90 de 1995, 418 de 1997, 446 de
1998, 489 de 1998, 909 de 2004, 923 de 2004, 940 de 2005, 1033 de 2006, 1104
de 2006; el Decreto Reglamentario 1818 de 1998; artículos 3, 42, 44, 137, 138,
Título III Capítulos V, VI, VII, VIII, IX de la Ley 1437 de 2011; artículo 1613 y ss. del
Código Civil; Decretos 2400 de 1968, 1211 de 1990, 989 de 1992, 1790 de 2000,
1792 de 2000, 4500 de 2005, 1227 de 2005; Decreto Ley 091 de 2007; Decretos
1428 de 2007, 3905 de 2009, 4567 de 2011, 4890 de 2011, 2566 de 2014, 991 de
2015, 1083 de 2015; y finalmente las Resoluciones 015 del 2002, 162 de 2002, 1295
de 2004, 358 de 2007, 2247 de 2013, 0302 de 2020 y 0303 del Ministerio de
Defensa.
5. Se aduce que los actos demandados se encuentran viciados de nulidad por falta
de aplicación del artículo 163 del Decreto 1211 de 1990 y los postulados de la Ley
923 de 2004; expedición irregular por infracción de las normas en que debían
fundarse y falsa motivación por omisión en los hechos que demuestran el
cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la asignación de retiro.
6. Culmina afirmando que el demandante estuvo vinculado al Ejército Nacional
desde agosto del año 2000 hasta agosto del año 2014, tiempo que sumado al que
permaneció como alumno en la escuela de suboficiales le da derecho al
reconocimiento de la asignación de retiro a voces de lo ordenado por el artículo 163
del Decreto 1211 de 1990, prestación que es compatible con la pensión de invalidez
reconocida por la disminución en su capacidad psicofísica.
1.4. Contestaciones de la demanda
7. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares2, se opuso a las pretensiones de
la demanda teniendo en cuenta que el acto demandado se encuentra ajustado a las
disposiciones legales y jurisprudenciales vigentes. Señaló que la entidad reconoce
la asignación de retiro con fundamento en la hoja de servicios expedida por la fuerza
en la cual el uniformado prestó sus servicios; para el caso del demandante dicho
documento no ha sido allegado a la Caja.
8. Aclaró que el reconocimiento de la prestación se efectúa en forma oficiosa con
fundamento en la hoja de servicios y el expediente prestacional, por tanto, se trata
de un trámite interinstitucional una vez el uniformado cumple con los requisitos para
acceder al derecho, empero, la entidad no ha recibido la hoja de servicios ni el
expediente prestacional de manera formal y revisada la base de datos no aparece
como afiliado o beneficiario de asignación de retiro a cargo de CREMIL.
9. La Nación – Ministerio de Defensa3, alegó falta de legitimación en la causa
por pasiva teniendo en cuenta que CREMIL es la entidad que tiene la facultad para
reconocer, liquidar y pagar la asignación de retiro a favor del personal de las fuerzas
militares, además el demandante no acumuló 20 años de servicio a favor del Ejército
Nacional.
2 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo
22_ED_EXPEDIENTE_21CONTESTACIONCREMIL.pdf
3 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo
23_ED_EXPEDIENTE_22CONTESTACIONEJERC.pdf
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Demandante: Deiby Alexander Torres Pinto
1.5. Sentencia de primera instancia4
10. En sentencia proferida el 8 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la
parte vencida. Luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio
pertinente concluyó que si bien el demandante acredita los requisitos para el
reconocimiento de la asignación de retiro a voces de lo ordenado por el artículo 163
del Decreto 1211 de 1990, no es posible reconocer la prestación reclamada
teniendo en cuenta que a través de la Resolución 3375 del 10 de julio de 2014, el
Ministerio de Defensa le reconoció pensión de invalidez, prestaciones que resultan
incompatibles atendiendo a que tienen origen en la misma relación laboral.
11. Con todo, el demandante tiene la opción de optar por la prestación que le sea
más beneficiosa teniendo en cuenta la efectividad en el pago de la misma, así como
la cuantía de la mesada, que en cualquier caso debe garantizar su mínimo vital, no
obstante, no acreditó su deseo de convertir la pensión de invalidez en una
asignación de retiro, pues, lo que pretende es el reconocimiento de la asignación de
retiro omitiendo informar sobre la existencia del acto que le reconoció la pensión de
invalidez a su favor.
12. Pese a lo antes expuesto, dado la naturaleza del derecho reclamado, el Tribunal
de oficio estudió cuál de las prestaciones resulta más favorable a sus intereses,
escenario en el cual encontró que la pensión de invalidez que ya percibe se otorgó
con una tasa de liquidación del 85% de las partidas correspondientes a sueldo
básico ($1.093.882), subsidio familiar 39% ($426.614), prima de antigüedad 15%
($164.082), prima de actividad 49.5% ($541.472) y la 1/12 de la prima de navidad
($192.890), para un total de $ 2.056.099, efectiva a partir del 16 de agosto de 2014.
De otra parte, la asignación de retiro en los términos del Decreto 1211 de 1990, le
otorga una tasa de liquidación del 50% de las partidas computables certificadas por
la entidad de: sueldo básico ($1.093.882), subsidio familiar 39% ($426.613), prima
de actividad 49.50% ($541.471), prima de antigüedad 15% ($164.082) y la 1/12 de
la prima de navidad ($192.890), para un total de $1.209.469, la cual sería efectiva
a partir del 17 de agosto de 2014.
13. En ese orden, la pensión de invalidez resulta más favorable a los intereses del
demandante, y en todo caso, está facultado para acudir a la administración a fin de
solicitar su conversión cuando por algún motivo la asignación de retiro resulte ser
más beneficiosa.
1.6. Recurso de apelación5
14. A través de apoderado el señor Deiby Alexander Torres Pinto señaló que las
pretensiones de la demanda son declarativas, en consecuencia, si el Tribunal
estimó que aquél tenía derecho a la asignación de retiro, así debió declararlo.
Seguidamente aclaró que no se pretende la denominada conversión de su pensión
de invalidez a asignación de retiro, sino que reclama el reconocimiento de la
asignación de retiro, ya que cumple con los requisitos.
15. Las pretensiones de la demanda están orientadas a obtener un derecho, que
no implica automáticamente la liquidación y pago de la asignación de retiro, razón
por la cual se debe analizar y determinar por cuales periodos procede la prestación
por retiro, siendo viable solo determinar el reconocimiento del derecho y condicionar
los efectos de la declaración indicando que la liquidación o pago se cumpla siempre
4 Expediente digital primera instancia índice Samai 56
5 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 61
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y cuando se presenten ciertas condiciones.
16. Señaló que lo atinente a la liquidación y pago de lo reconocido hace parte de la
ejecución del fallo, y por tanto es en esa etapa procesal en la que se debe establecer
la procedencia o no del pago ante los efectos de una incompatibilidad. Además, la
pensión de invalidez es una prestación económica temporal, revisable cada tres
años a fin de definir la continuidad en el pago de las mesadas, que puede ser
revocada en cualquier momento, circunstancia que soporta las pretensiones de la
demanda; por lo que dé presentarse dicho supuesto, tendría que recurrir
nuevamente a los estrados judiciales para reclamar la asignación de retiro, dado
que no cuenta con una declaración judicial frente a este derecho.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
17.Por auto de 5 de marzo de 2023 (sic) se admitió el recurso de apelación6. No
hubo intervenciones en esta instancia.
18. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
19. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo7, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso8, la competencia del
juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante, por lo que
el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Del problema jurídico
20. Debe la sala precisar inicialmente que el tribunal verificó el cumplimiento de
requisitos por parte del actor para obtener la asignación de retiro en virtud de lo
dispuesto en el artículo 163 del Decreto 1211 de 1990, estimando que los acredita,
no obstante, consideró que le es más favorable la pensión de invalidez que ya tiene
reconocida, y que no es posible el reconocimiento de ambas prestaciones por
incompatibilidad. Ahora, la entidad no cuestionó dicho análisis, pues, finalmente se
negaron las pretensiones de la demanda.
21. Existiendo claridad frente a lo anterior, y con fundamento en el recurso de
apelación, le corresponde a la Sala determinar si el actor tiene derecho a que
se le ordene el reconocimiento y pago de la asignación de retiro en comento,
manteniendo la vigencia de la pensión de invalidez que ya tiene reconocida
por el Ministerio de Defensa Nacional; ello, en atención a que, según alude el
recurrente, esta última prestación es temporal y puede ser revocada en
cualquier momento.
6 Expediente segunda instancia índice 4 de la plataforma Samai
7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
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2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. De la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del
erario.
21. El artículo 128 de la Constitución Política dispone que “Nadie podrá desempeñar
simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley.”
22. La disposición en cita fue reglamentada por el artículo 19 de la Ley 4ª de 19929,
que reiteró lo expuesto en la norma constitucional respecto a la prohibición de recibir
más de una erogación que provenga del Tesoro Público y además fijó unas
excepciones a esta regla general, entre las que se encuentran las asignaciones
percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la
Fuerza Pública, excepción que no es absoluta y debe ser analizada con fundamento
en las normas que regulan la compatibilidad en materia de salarios y prestaciones
para el personal de las Fuerzas Militares y de Policía.
23.Sobre el particular y en punto a la compatibilidad ente asignación de retiro y
pensiones, el artículo 175 del Decreto 1211 de 199010, señala lo siguiente:
«Artículo 175. Forma de pago de asignaciones de retiro y pensiones. Las
asignaciones de retiro y pensiones militares se pagarán por mensualidades vencidas
durante la vida del agraciado y son compatibles con los sueldos provenientes del
desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la actividad militar por
movilización o llamamiento colectivo al servicio.
Las asignaciones de retiro y las pensiones militares son incompatibles entre sí y
no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público;
igualmente son incompatibles con las pensiones de invalidez o de retiro por vejez,
pero el interesado puede optar por la más favorable.
Las asignaciones de retiro y las pensiones militares son compatibles con las pensiones
de jubilación e invalidez provenientes de entidades del derecho público. (Resalta la
Sala)»
24. En igual sentido el artículo 36 del Decreto 4433 de 200411, se refirió al tema
objeto de estudio en el presente asunto así:
«Artículo 36. Compatibilidad de la asignación de retiro y pensiones. Las asignaciones
de retiro y pensiones previstas en el presente decreto, son compatibles con los sueldos
provenientes del desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la
actividad militar o policial, por movilización o llamamiento colectivo al servicio y con las
pensiones de jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.
Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, son
incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades
de derecho público, pero el interesado puede optar por la más favorable. (Resalta
la Sal)»
25. En ese orden, si bien las asignaciones de retiro reconocidas a los miembros de
la Fuerza Pública y de Policía están investidas de la excepción de incompatibilidad,
9 Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que
provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:
(...)
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
10 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
11 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
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aquella no resulta absoluta, en tanto la ley en forma taxativa señaló en qué casos
los emolumentos a cargo del tesoro público pueden ser devengados de manera
concomitante, así: i) los salarios por el desempeño de otros empleados públicos con
posterioridad al retiro, ii) las asignaciones provenientes de la actividad militar o
policial por movilización o llamamiento colectivo al servicio, y iii) las pensiones de
jubilación e invalidez siempre y cuando provengan de otra entidad de derecho
público; así las cosas, solo ante estas tres circunstancias es posible la
compatibilidad entre la asignación de retiro y otras asignaciones que provengan del
tesoro público
26. Se concluye entonces que existe incompatibilidad entre la asignación de retiro y
la pensión de invalidez reconocidas a favor de los miembros de la Fuerza Pública
siempre y cuando ambas provengan de la entidad castrense.
27. En sentencia C-432 de 200412, la Corte Constitucional orientó sobre la
incompatibilidad entre la asignación de retiro y otras prestaciones propias del
régimen especial de los miembros de la fuerza pública, atendiendo a que la causa
o fuente del reconocimiento de la prestación es la misma, veamos:
«Por otra parte, la doctrina viviente a partir de la interpretación sistemática de los
Decretos-Leyes 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, ha reconocido la incompatibilidad
de la asignación de retiro y de las otras pensiones militares, como prestaciones
fundamentales del régimen especial de los miembros de la fuerza pública.
Dicha incompatibilidad se origina en la prohibición constitucional de conceder más de
una asignación que provenga del tesoro público, cuya causa o fuente de
reconocimiento sea la misma, es decir, en este caso, la prestación del servicio militar
durante largos períodos de tiempo[30]. Por ello, no es cierto como lo sostiene la
accionante que se trate de un beneficio adicional desproporcionado e irracional. Por
el contrario, se trata de una prestación susceptible de reconocimiento por el retiro del
servicio activo (al igual que la pensión de vejez) y que, por su propia naturaleza, es
incompatible con otras pensiones militares. Lo anterior, no es óbice para que se
reconozcan pensiones de jubilación e invalidez provenientes de otras entidades de
derecho público, siempre que se causen en diferente tiempo, provengan de distinta
causa y tengan un objeto no asimilable.»
28. En ese horizonte de comprensión, resulta diáfano concluir que la asignación de
retiro y la pensión de invalidez resultan incompatibles, conservando el derecho el
beneficiario a optar por la más favorable.
2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
29. Se encuentra acreditado en el proceso que el sargento segundo Deiby Torres
Pinto prestó sus servicios al Ejército Nacional por espacio de 15 años, 5 meses y
10 días, así: alumno suboficial del 6 de marzo de 1999 al 31 de agosto de 2000 y
suboficial del 1 de septiembre de 2000 al 16 de mayo de 201413; así mismo se
encuentra probado que fue retirado del servicio por invalidez a través de la
Resolución 0956 del 16 de mayo de 201414.
30.En relación con el reconocimiento de la pensión de invalidez, militan en el
expediente acta 18710 del 7 de mayo de 2007 de la Junta Médico Laboral de
Sanidad Militar, en la cual se determinó que el demandante tenía un 25.88%15 de
DCL; acta del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía del 14 de
12 Sentencia C- 432 de 2004. Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil
13 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 54_Respuesta Ejército Nacional al oficio SE-
038RIDR.pdf folio 14
14 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 6_ED_EXPEDIENTE_05ANEXOS.pdf folios 10 -
11
15 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 79_expediente prestacional.pdf folios 19 - 22
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mayo de 2008, por la cual se modificó las conclusiones de la JML 1870 del 7 de
mayo de 2007 y se determinó que el demandante tenía un 18.1% DCL 16 y acta
54728 del 11 de septiembre de 2012 de la Junta Médico Laboral, en la cual se
determinó un 86.38%17 de DCL.
31. En consideración a lo anterior, la directora administrativa del Ministerio de
Defensa profirió la Resolución 3375 del 10 de julio de 2014, le reconoció al actor
pensión de invalidez en cuantía del 85% de las partidas correspondientes a sueldo
básico, subsidio familiar, prima de antigüedad, 1/12 de la prima de navidad,
prestación efectiva a partir del 16 de agosto de 2014.18.
32. También obra en el plenario extracto de la hoja de vida de aquel19, así como
liquidación de los haberes devengados entre el 1 de mayo de 2013 al 31 de agosto
de 201420; así como consta que por concepto de pensión de invalidez percibió la
suma de $2.056.09921 para los meses de noviembre y diciembre de 2014,
prestación que para el año 2022 fue reconocida en la suma de $3.145.437.
33. Pues bien, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia
teniendo en cuenta que no es posible reconocer a favor del demandante la
asignación de retiro pretendida, pues ya percibe pensión de invalidez otorgada por
la entidad castrense, por lo que se trata de prestaciones incompatibles toda vez que
provienen del mismo tiempo de servicios prestado en el Ejército Nacional.
34. Ahora bien, el recurrente cuestiona la sentencia del a quo alegando por un lado,
que al haber encontrado probados los requisitos para obtener la asignación de
retiro, así debió resolverse en el fallo; y por otra parte, insistió en que hay lugar al
reconocimiento deprecado, ya que la pensión de invalidez que percibe constituye
una prestación temporal y reversible que en cualquier momento puede ser revocada
por el Ministerio de Defensa, circunstancia que en su sentir justifica el
reconocimiento de la asignación de retiro, así se condicione su pago.
35. Sobre el primer cargo en mención, advierte la Sala que el tribunal de manera
clara señaló que existe incompatibilidad entre la prestación reclamada por el
demandante y la pensión de invalidez que devenga; empero, en atención a la
naturaleza y la contingencia que cubren aquellas, y que aquel puede optar por la
más favorable, analizó el cumplimiento de los requisitos frente a la asignación de
retiro, encontrando su demostración, no obstante, efectuada la liquidación consideró
que le es más favorable la pensión de invalidez que actualmente devenga.
36. Por tanto, aun cuando encontró que cumple las exigencias para la asignación
de retiro, no es posible reconocerla dado que es incompatible con la pensión de
invalidez. A lo que se suma que, si bien el señor Torres Pinto tiene derecho a optar
por la prestación más favorable, en el recurso de apelación dejó claro que, aunque
no pretende que el pago sea simultáneo, si persigue la declaración de nulidad del
acto ficto y el consecuente derecho a la prestación, condicionando el pago, y que
sea en el trámite de ejecución de la sentencia que se defina sobre la
incompatibilidad; lo cual se insiste no es procedente.
16 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 79_expediente prestacional.pdf folios 26 -31
17 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 79_expediente prestacional.pdf folios 33 - 36
18
Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 43_Antecedentes administrativos.pdf folios 7 - 9
19 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 54_Respuesta Ejército Nacional al oficio SE-
038RIDR.pdf folios 3 - 6
20 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 54_Respuesta Ejército Nacional al oficio SE-
038RIDR.pdf folios 7 - 13
21 Expediente digital primera instancia índice SAMAI 2 archivo 64_Ressouesta – DIVRI.pdf folios 6 y 7
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Demandante: Deiby Alexander Torres Pinto
37. Respecto a esto último, debe la Sala señalar que, contrario a lo afirmado en la
alzada, las pretensiones de la demanda dan cuenta que el interés del actor siempre
ha sido el pago de la asignación de retiro desde el momento en que cumplió con los
requisitos, reclamando el respectivo retroactivo pensional; incluso, en los
fundamentos fácticos no expuso la existencia del reconocimiento y pago de la
pensión de invalidez, y menos alegó la eventual revocatoria de este derecho como
fundamento para obtener la asignación de retiro.
38. A ello se suma que, las sentencias judiciales deben ser claras y precisas, ya
que constituyen un título ejecutivo, el cual para su ejecución requiere que sea claro,
expreso y exigible, por lo que no tiene asidero jurídico lo expuesto por el apelante,
respecto a que en el trámite de ejecución de la sentencia se determine si procede o
no el pago del derecho ante una incompatibilidad entre las prestaciones, pues, este
es un debate propio del proceso declarativo.
39. En lo atinente al segundo cargo, tampoco tiene vocación de prosperidad, pues
resulta pertinente aclarar que el hecho de que la pensión de invalidez reconocida al
demandante eventualmente pueda ser revocada ante un inminente cambio en su
condición médico laboral, no habilita el reconocimiento en forma concomitante de la
asignación de retiro, toda vez que se itera, se trata de prestaciones incompatibles;
en ese sentido, en caso de querer optar por la asignación de retiro debe solicitar al
Ministerio de Defensa la extinción de la pensión de invalidez y una vez la entidad
acceda a ello, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares puede proceder al estudio
frente al reconocimiento de la asignación de retiro.
40. Se destaca que, evaluado por el tribunal cuál de las dos prestaciones es más
favorable, para el caso la de invalidez, el actor no presentó cuestionamiento alguno
frente a ello, sino que se limitó a insistir que tiene derecho a que también se le
reconozca la asignación de retiro; y en todo caso, su interés no es dejar de percibir
en este momento la pensión de invalidez.
41. Tampoco es viable reconocer la asignación de retiro condicionando el pago de
esta, por ejemplo, a la revocatoria de la pensión de invalidez que viene percibiendo
el actor, pues, las disposiciones que rigen el asunto no establecen dicho
procedimiento, y en todo caso, ello supone un caso hipotético, o un posible hecho
futuro que se desconoce si pueda ocurrir o no. Además, el señor Torres Pinto tiene
garantizado el pago de la prestación que le es más favorable –conforme el estudio
del tribunal, el cual no cuestionó-.
2.5. Conclusión
42. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las
pretensiones de la demanda teniendo en cuenta la incompatibilidad existente entre
la asignación de retiro y pensión de invalidez reconocida a favor del personal de las
Fuerzas Militares y de Policía.
2.6. Condena en costas en segunda instancia
43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2019 00519 01(1133-2024)
Demandante: Deiby Alexander Torres Pinto
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
44. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
46. En consecuencia, se impondrán costas al señor Deiby Alexander Torres
Pinto por cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 8 de septiembre de 2023, proferida por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la
demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte actora, conforme lo
indicado en la parte motiva.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/
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