República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00565-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
27 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00565-01 (3052-2022)
Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
Tema: retiro del servicio de empleada nombrada en provisionalidad en cargo de la
carrera diplomática y consular. Subtema 1: motivación del acto administrativo de
terminación de nombramiento en provisionalidad. Subtema 2: protección especial o
estabilidad laboral reforzada por razones de salud de empleados en provisionalidad;
reiteración jurisprudencial.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
los recursos de apelación interpuestos por la señora Clara Inés Ruge Rojas y la
Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, contra la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, el 6 de
mayo de 2021, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora Clara Inés Ruge Rojas solicitó la nulidad del decreto por el cual el Ministerio
de Relaciones Exteriores dispuso su retiro del cargo de consejero de relaciones
exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global, adscrito al Consulado General
de Colombia en Lima (Perú), en el cual fue designada en provisionalidad, pues estimó
que se quebrantaron sus derechos de defensa —por indebida notificación del acto y
no indicar los recursos procedentes en su contra—, de estabilidad laboral y a la salud
—al desconocerse su estado de incapacidad médica—; además de que su
desvinculación se dio antes de cumplirse el período de cuatro (4) años desde su
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00565-01 (3052-2022)
Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
posesión en el empleo, conforme al literal b) del artículo 61 del Decreto Ley 274 del
2000.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que, pese a
fundarse el decreto censurado en el literal b) del artículo 61 del Decreto Ley 274 del
2000, resultaba viciado de nulidad por falsa motivación, ya que el retiro del servicio
ocurrió cuando aún no había vencido el plazo de los cuatro (4) años para proceder a
la terminación de ese nombramiento en provisionalidad; y desestimó las demás
razones de anulación invocadas en el medio de control.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Clara Inés Ruge Rojas, mediante apoderado, presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 20 de febrero de
20191, contra la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones
2. La señora Clara Inés Ruge Rojas solicitó que se declarara la nulidad del
Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018, a través del cual el Ministerio de Relaciones
Exteriores la retiró del servicio del cargo de consejero de relaciones exteriores, código
1012, grado 11, de la planta global, adscrito al Consulado General de Colombia en
Lima (Perú).
3. A título de restablecimiento del derecho, la señora Clara Inés Ruge Rojas pidió
su reintegro al mencionado empleo o a otro de igual o superior categoría y reconocer
que para todos los efectos legales no ha existido solución de continuidad en la
prestación de los servicios hasta cuando sea reincorporada.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:
i) La señora Clara Inés Ruge Rojas, mediante el Decreto 2334 del 19 de
noviembre de 2014, fue nombrada en provisionalidad en la planta de personal del
Ministerio de Relaciones Exteriores en el cargo de consejero de relaciones exteriores,
código 1012, grado 11, adscrito al Consulado General de Colombia en Antofagasta
(Chile), del que tomó posesión el 26 de enero de 2015. Posteriormente, a través del
Decreto 709 del 3 de mayo de 2017, fue trasladada al Consulado General de Colombia
en Lima (Perú).
1 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 1 a 19.
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ii) Con ocasión de la orden médica de cirugía en su pie derecho, el 11 de agosto
de 2018 la entonces directora de talento humano del ministerio suscribió el acta de
comité de traslados a Colombia, por presentar una patología de alto costo que
requería una atención programada y que optara por su manejo en Colombia, con fecha
probable de procedimiento el 13 de septiembre de 2018.
iii) Por medio del Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018, comunicado por correo
electrónico del 30 de agosto de 2018, el ministerio la retiró del servicio.
iv) Por la Resolución 7676 del 13 de septiembre de 2018, se validó una
incapacidad a la demandante por tres (3) días, contados a partir del 11 de septiembre
de 2018. Asimismo, a través de la Resolución 7867 del 18 de septiembre de 2018,
dicha incapacidad se prorrogó por treinta (30) días, desde el 14 de septiembre de
2018, por lo que debía reintegrarse al cargo el 15 de octubre de 2018.
v) Mediante correo electrónico del 5 de octubre de 2018 de la coordinadora «G.I.T.
de Administración de Personal» del ministerio, le informó que debía reportar la fecha
exacta de su retiro a más tardar el 10 de octubre de 2018 y que no existía ningún
inconveniente para que su retiro fuese el 30 de octubre. Posteriormente, por correo
electrónico del 12 de octubre de 2018, se le indicó que el retiro de planta se realizaría
a partir del día 31 de ese mes.
vi) Por correo electrónico del 9 de octubre de 2018, la «Póliza Médica Exterior
Allianz Seguros de Vida S.A.» le remitió la autorización de servicios para realizar una
cirugía de extracción de dispositivo implantado de falanges de pie, programado para
el 30 de octubre de 2018. El día 15 anterior le fue otorgada incapacidad médica por
30 días desde la fecha, remitida al ministerio por correo electrónico, pero no se expidió
resolución alguna al respecto.
vii) En ejercicio del derecho de petición, formuló solicitud el 15 de octubre de 2018
ante el ministerio, dados los antecedentes y pormenores de su cirugía del 14 de
septiembre de 2018, con el fin de que le fuera interrumpido desde el 11 de septiembre
de 2018 el término previsto en el literal d) del artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000
para la entrega del cargo o concederle una prórroga con igual propósito y contar con
el cubrimiento en salud durante su recuperación.
viii) Pero esa petición le fue negada por correo electrónico del 29 de octubre 2018,
ya que no era posible interrumpir o prorrogar lo ordenado en el Decreto 1641 del 27
de agosto de 2018, mediante el cual se ordenó su retiro del servicio; además de que
en ese acto no hubo ningún pronunciamiento sobre el estado de incapacidad por
enfermedad, discapacidad y debilidad manifiesta en el cual se encontraba.
ix) En el dictamen médico del 20 de noviembre de 2018 del Instituto de Ortopedia
y Cirugía Plástica nuevamente se le extendió la incapacidad por 30 días contados a
partir del 13 de noviembre de 2018 y hasta el 12 de diciembre de 2018. De igual modo,
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precisó que «mediante Resolución No. 9809 del 23 de noviembre de 2018, se prorrogó
la incapacidad […] hasta el día 31 de octubre de 2018» y con dictamen médico del 18
de diciembre de 2018 dicho instituto amplió la incapacidad por 30 días más, del 13 de
diciembre de 2018 al 11 de enero de 2019.
x) Pese a que no se le realizó examen médico de egreso el 31 de octubre de 2018,
porque estaba en recuperación por su intervención quirúrgica y fue aplazado, al
presentar las incapacidades y encontrarse en silla de ruedas, el ministerio en el
formato de control de entrega GH-FO-56, frente a la opción relacionada con tal
examen aparece firma con un «OK».
xi) El 11 de noviembre de 2018 regresó a Lima y el día 12 siguiente realizó entrega
formal del cargo en las instalaciones del consulado a la persona designada en
provisionalidad mediante el Decreto 1899 del 8 de octubre de 2018; y viajó a Colombia
el 16 de noviembre de 2018.
xii) El 27 de diciembre de 2018 pidió el certificado médico de aptitud laboral con
énfasis en osteomuscular en la entidad Evalúa Salud SAS, en el que aparecía que fue
aplazado, con la observación de que debía volver a valoración.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
5. En la demanda se citaron las siguientes normas vulneradas:
La Constitución Política, preámbulo y artículos 1, 2, 4, 13, 29 y 53.
La Ley 1437 de 2011, artículos 67 y 74.
El Decreto Ley 274 del 2000, artículo 61.
La Ley 1751 de 2015.
6. Al explicar el concepto de violación, la señora Clara Inés Ruge Rojas adujo que
el acto administrativo demandado no fue notificado en forma personal y no indicó los
recursos a los cuales tenía derecho, como lo exigen los artículos 67 y 74 de la Ley
1437 de 2011, con lo que, además, se quebrantó su derecho de defensa.
7. Afirmó que no era dable retirar a la demandante cuando medicamente se
encontraba con una incapacidad laboral y en tratamiento médico varios meses antes
de la expedición del acto administrativo que la retiró del servicio, situación que era
ampliamente conocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores; no obstante, este
asumió una posición totalmente indolente, con desconocimiento de los principios de
solidaridad e igualdad, quien no solo es una adulta mayor de 65 años de edad, sino
con limitaciones físicas y de salud, es decir, en debilidad manifiesta, desde mucho
antes de su desvinculación.
8. Expresó que, pese a contar con protección de estabilidad laboral, el ministerio
desconoció la compleja situación de salud que afectaba a la accionante y continuó
con su proceso de desvinculación, incluso con falsedades en su trámite, toda vez que
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en el acta de retiro del cargo se estableció que se contaba con un «OK» respecto del
examen médico de egreso, cuando la verdad es que nunca se practicó, por el
contrario, se aplazó, por encontrarse en estado de incapacidad.
9. Por otra parte, sostuvo que el artículo 61 del Decreto Ley 274 del 2000 se
vulneró, puesto que la actora no ejerció el derecho otorgado por esa norma de contar
con dos meses para dejar el cargo y regresar al país, por cuanto durante este lapso
se encontraba en Colombia en estado de incapacidad médica; por lo tanto, en
desigualdad frente a los funcionarios que se hallaban en servicio activo, por lo que le
era imposible entregar el cargo en condiciones normales.
10. Indicó que la entidad demandada violó el derecho a la salud de la accionante
al retirarla del servicio e ignorar que se encontraba en tratamiento médico, por lo que
la dejó desamparada sin el servicio que le permitiera terminarlo, al punto de quedar
por un período sin cobertura de salud y en estado de incapacidad, lo que la conllevó
asumir los gastos médicos.
11. Señaló que el acto acusado se encontraba viciado por falsa motivación, habida
cuenta que carecía de una explicación verídica o una justificación suficiente o
adecuada, en tanto el retiro no tuvo por motivo el nombramiento de un funcionario de
carrera administrativa, al no existir concurso alguno para ello y, además, no se había
cumplido el período de cuatro (4) años en el cargo, al haberse posesionado el 26 de
enero de 2015, razón por la cual al 31 de agosto de 2018, le faltaban alrededor de
cinco (5) meses para completar el plazo máximo, en armonía con los artículos 60 y 61
del Decreto Ley 274 de 2000 y el fallo SU-053 de 2015 de la Corte Constitucional.
2.2. Contestación de la demanda
12. La Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de apoderado, se
opuso a las pretensiones de la demanda y afirmó que el acto acusado se fundó en el
literal b) del artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, por lo que no era exigible la
motivación expresa, conforme a las sentencias de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado del 22 de abril de 20152 y C-292 de 2001 de la Corte
Constitucional, al verificarse el cumplimiento de los cuatro años de servicio en el
exterior a partir de la fecha de designación.
13. Arguyó que no hubo violación del debido proceso en la comunicación del acto
administrativo, puesto que fue debidamente comunicado a la señora Clara Inés Ruge
Rojas y se le garantizó el término de dos (2) meses para la dejación del cargo, como
lo establece el literal d) del artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, y en tal sentido,
la protección a su derecho a la salud. Además, como se trataba de un acto
administrativo dictado por el «presidente de la República», en ejercicio de su función
nominadora, no procedían los recursos establecidos en sede administrativa.
14. Añadió que tampoco vulneró fuero de estabilidad reforzada de la demandante,
2 Proceso con radicado 08001-23-31-000-2012-00386-01 (4732-13).
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ya que para el momento en que se expidió el acto de retiro y su comunicación, ella no
se encontraba incapacitada desde el ámbito laboral, debido a que las incapacidades
se presentaron dentro de los dos (2) meses que tenía para dejar del cargo, por lo que
fueron debidamente avaladas por el ministerio dentro del ámbito de sus competencias.
15. Concluyó que no se violó el derecho a la salud de la señora Clara Inés Ruge
Rojas, comoquiera que mientras estuvo vigente la relación legal y reglamentaria, la
entidad demandada cumplió con sus obligaciones legales sobre este aspecto; e
insistió en que para el 27 de agosto de 2018 ella no estaba incapacitada laboralmente,
de modo que el ministerio debía adoptar la decisión del retiro del cargo, puesto que
ya iba a superar el término de los cuatro (4) años en el servicio exterior 3.
2.3. Sentencia de primera instancia
16. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
en la sentencia del 6 de mayo de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas a la parte accionada4, en los siguientes
términos:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenidos en el Decreto N°
1641 del 27 de agosto de 2018, a través del cual la Nación – Ministerio de Relaciones
Exteriores resolvió retirar del servicio a la señora Clara Inés Ruge Rojas, quien
ocupaba el cargo de Consejera de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado 11,
adscrita al Consulado General de Colombia en Lima (Perú); conforme a lo expuesto
en esta providencia.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación –
Ministerio de Relaciones Exteriores a reconocer, liquidar y pagar a la señora Clara Inés
Ruge Rojas, identificada con C.C. Nº 41.579.450, los emolumentos salariales y
prestacionales dejados de percibir entre el 31 de octubre de 2018 y el 26 de enero de
2019, respecto al cargo de Consejera de Relaciones Exteriores, Código 1012, Grado
11, adscrita al Consulado General de Colombia en Lima (Perú). Todo ello de
conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de la providencia.
TERCERO: CONDENAR a la demandada a efectuar los ajustes de valor sobre las
sumas que resulten a favor de la parte demandante según el índice de precios al
consumidor de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA y atendiendo
lo señalado en la parte motiva.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto.
QUINTO: Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos establecidos en el
artículo 192 del CPACA.
SEXTO: Sin condena en costas, por lo antes expuesto.
3 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 94 a 114.
4 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 18. FALLO 2019-00565-00 Insubsistencia MRE –
Incapacidad.
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Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
17. Consideró que al posesionarse la señora Clara Inés Ruge Rojas en el cargo de
consejero de relaciones exteriores, código 1012, grado 11, el 26 de enero de 2015,
esta sería la fecha a partir de la cual se contabilizaría el período de los cuatro (4) años
por el que estaba autorizado su nombramiento para desempeñar en provisionalidad
dicho empleo; por lo tanto, no podía extenderse más allá del 26 de enero de 2019,
con inclusión del lapso de los dos (2) meses determinado por el literal d) del artículo
61 del Decreto Ley 274 del 2000 para dejar ese empleo
18. Sostuvo que la motivación del Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018 se
fundamentó en el vencimiento del período de los cuatro (4) años autorizados por el
literal b) del artículo 61 del Decreto Ley 274 del 2000, pero eso sería válido si el retiro
de la demandante se hubiere presentado a partir del 27 de enero de 2019; no obstante,
este se materializó el 30 de octubre de 2018, es decir, en forma previa al vencimiento
del plazo, por lo que se incurrió en falsa motivación.
19. Estimó que, frente al argumento de que el acto acusado no fue notificado en
debida forma y no indicó los recursos procedentes; una presunta indebida notificación
no generaba ningún vicio de nulidad, puesto que se requería acreditar por qué esa
circunstancia configuraría su invalidez, lo cual no se explicó en la demanda. En todo
caso, la demandante conoció del decreto acusado, tanto es así que pidió el
aplazamiento de su retiro.
20. Por otra parte, señaló que si bien el acto acusado no determinó los recursos
que procedían, esa omisión solo implicaba que, conforme al inciso 2.° del numeral 2
del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, el interesado no estuviera en la obligación de
interponer ningún recurso contra el acto, para poder acudir a la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y en esa instancia judicial hacer efectivos sus derechos.
21. Acerca de la aseveración de que no era posible retirar a la demandante cuando
médicamente se encontraba con una incapacidad laboral, agregó que la primera
incapacidad que le fue reconocida tuvo lugar el 13 de septiembre de 2018, es decir,
con posterioridad a la expedición del acto acusado contenido en el Decreto 1641 del
27 de agosto de 2018, por lo que no podía reprocharse el desconocimiento de tal
incapacidad, cuando esa circunstancia no existía para el momento en que fue emitido.
Asimismo, el hecho de que la actora hubiere quedado sin servicio médico, en razón al
acto administrativo demandado, no configuraba una causal de nulidad, sino una
consecuencia o efecto de su expedición.
22. En lo relativo al restablecimiento del derecho, precisó que no era posible
acceder a la pretensión de la demanda consistente en el reintegro sin solución de
continuidad, pues el nombramiento en provisionalidad para el empleo concernido no
podía continuar después del 27 de enero de 2019, de ahí que al materializarse el retiro
el «30 de octubre de 2018», únicamente sería dable ordenar el pago de los salarios y
demás prestaciones que se hubieren causado entre las dos fechas en comento.
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Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
2.4. Recursos de apelación
2.4.1. Parte demandante.
23. La señora Clara Inés Ruge Rojas, mediante su apoderada, interpuso recurso
de apelación5 por cuanto, si bien compartía la decisión del tribunal y la causal de
nulidad por la cual el acto acusado se retiró del ordenamiento jurídico, no era la única
por la cual estaba viciado, por lo que solicitó anular el decreto acusado, no solo por la
falsa motivación, sino por las siguientes razones:
24. Reiteró que hubo indebida notificación, la que conllevó violación al derecho de
defensa, porque se le impidió la interposición de recursos ante la administración; y
que al estar con incapacidad médica no podía ser retirada, pues se desconoció su
estado de debilidad manifiesta.
25. Por lo anterior, indicó que, a pesar de haberse declarado la nulidad del acto
administrativo acusado, ello no era óbice para analizar jurídicamente las otras
causales esgrimidas, en particular la relacionada con la situación de salud de la
demandante, su patología de alto costo conocida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y las posteriores incapacidades laborales generadas hasta enero de 2019,
que también constituyen vicio del acto y llevarían por otra vía a su nulidad, por lo
menos hasta la fecha en que cesó la incapacidad laboral de la demandante, esto es,
enero de 2019, tal como lo sostuvo la sentencia impugnada.
2.4.2. Entidad demandada.
26. La entidad demandada, mediante su apoderado, interpuso recurso de
apelación6 para que sea revocada la sentencia de primera instancia y se negaran las
pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes razonamientos:
27. Arguyó que, de acuerdo con las reglas de interpretación de los artículos 27 a
30 del Código Civil, se llegaba a la conclusión de que el término de los cuatro (4) años
era un límite, pero no un lapso fijo que debía vencerse para que procediera el retiro
del funcionario nombrado en provisionalidad en el servicio en el exterior del país, en
armonía con la sentencia C-292 de 2001. Por consiguiente, no era posible indicar que
el nombramiento en provisionalidad debía vencer al término de los cuatro (4) años
para que procediera el retiro, pues es una interpretación contraria que conduciría a
desconocer el efecto útil del literal b del artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
28. Mediante auto del 11 de agosto de 20227, el despacho ponente admitió los
recursos de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
5 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 22.Recurso de apelación sentencia_Demandante.
6 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 23. RecursoDeApelación_Demandada.
7 Samai, índice 4.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00565-01 (3052-2022)
Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
adelante CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
29. En el término de ejecutoria de la anterior providencia, el apoderado del
Ministerio de Relaciones Exteriores presentó escrito en el que se pronunció sobre el
recurso de apelación interpuesto por su contraparte8, en el sentido de pedir que se
confirmara el ordinal cuarto de la sentencia impugnada, ya que los cargos propuestos
por la demandante no generaban la nulidad del acto administrativo censurado.
30. Por otra parte, solicitó revocar los demás ordinales del fallo de primera
instancia, porque no existió una falsa motivación del decreto demandado, en la medida
que bajo ninguna óptica el literal b. del artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000
establecía el vencimiento de los cuatro años en el servicio exterior para que procediera
el retiro del cargo desempeñado en provisionalidad, pues este es un término máximo
y no uno fijo, al señalar la norma que «El servicio en el exterior de un funcionario
nombrado en provisionalidad no excederá de cuatro años» (condicionalmente
exequible en la sentencia C-292 de 2001 de la Corte Constitucional).
3. Consideraciones
3.1. Competencia
31. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
32. De acuerdo con los argumentos expuestos en los recursos de apelación contra
el fallo de primera instancia que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y en razón a la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad
con el artículo 3289 del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala
definir si:
33. ¿Se encuentra desvirtuada la presunción de legalidad del acto administrativo
por el cual se retiró a la demandante del cargo de consejero de relaciones exteriores,
código 1012, grado 11, adscrito al Consulado General de Colombia en Lima (Perú),
que ejercía en provisionalidad, por la causal de nulidad de falsa motivación?
8 Samai, índice 9.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el superior sólo
tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00565-01 (3052-2022)
Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
34. ¿El acto administrativo que retiró del servicio a la demandante del empleo
resulta ilegal porque no se tuvo en cuenta su situación de salud?
35. ¿El acto administrativo censurado debió ser notificado de manera personal e
indicar los recursos que procedían en su contra, para ser considerado válido?
36. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) el retiro del personal nombrado en provisionalidad en cargos de la carrera
diplomática y consular, (ii) la protección especial o estabilidad laboral reforzada de los
funcionarios nombrados en provisionalidad cuando se encuentran en situación de
debilidad manifiesta por razones de salud, aplicada a la carrera diplomática y consular
y (iii) la falsa motivación. A partir de las anteriores consideraciones (iv) se destacarán
los hechos probados relevantes y (v) en el acápite del caso concreto se resolverá el
problema jurídico planteado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El retiro del personal nombrado en provisionalidad en cargos de la carrera
diplomática y consular
37. El artículo 125 de la Carta Política prescribe que los empleos en los órganos y
entidades del Estado son de carrera, con excepción de los cargos de elección popular,
de libre nombramiento y remoción, de trabajadores oficiales y los demás que
determine la ley. Esa misma disposición regula la designación por concurso público,
cuando el sistema de nombramiento no se provea como de libre nombramiento y
remoción.
38. Ahora bien, el Decreto Ley 274 de 2000, que regula el servicio exterior de la
República y la carrera diplomática y consular, en su artículo 2, dispone que:
Ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en este Decreto son aplicables,
en lo que de manera pertinente se señala en este decreto, a los empleados públicos
del Ministerio de Relaciones Exteriores que ejerzan funciones para el servicio exterior,
dentro o fuera de la República de Colombia y pertenezcan o no a la Carrera
Diplomática y Consular.
39. Frente a los cargos de carrera diplomática y consular, el artículo 10 del mismo
Decreto Ley 274 de 2000 estableció que:
Categorías en la Carrera Diplomática y Consular. Son categorías del escalafón de
la Carrera Diplomática y Consular las siguientes:
a) Embajador.
b) Ministro Plenipotenciario.
c) Ministro Consejero.
d) Consejero.
e) Primer Secretario.
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f) Segundo Secretario.
g) Tercer Secretario.
40. El aludido Decreto Ley 274 de 2000, en su artículo 60, previó el nombramiento
en provisionalidad en empleos pertenecientes a la carrera diplomática y consular, en
los siguientes términos:
Naturaleza. Por virtud del principio de Especialidad, podrá designarse en cargos de
Carrera Diplomática y Consular, a personas que no pertenezcan a ella, cuando por
aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea posible designar funcionarios de
Carrera Diplomática y Consular para proveer dichos cargos. Igualmente en desarrollo
del mismo principio, estos funcionarios podrán ser removidos en cualquier tiempo.
41. De igual modo, el artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, entre las reglas que
orientan la designación en provisionalidad, en su literal b, preceptuó la siguiente: «El
servicio en el exterior de un funcionario nombrado en provisionalidad no excederá de
cuatro años […]».
42. La Corte Constitucional, en la sentencia C-292 de 2001, estudió la
constitucionalidad del precitado artículo 61 del Decreto 274 de 2000, entre otros, a
partir de las siguientes consideraciones:
No obstante, la Corte advierte que el literal b del Decreto demandado impone varias
consideraciones. En efecto, en relación con la extensión hasta por cuatro años del
servicio en el exterior de un funcionario nombrado en provisionalidad, la Corte
considera que con la sola fijación del término allí referido no se incurre en
desconocimiento del articulado de la Carta Política. Sin embargo, la citada norma es
coherente con la Constitución si se considera que el lapso en ella establecido es
máximo pues debe entenderse que él está determinado por el tiempo requerido para
la realización de un nombramiento ateniéndose a las reglas de la carrera diplomática
y consular.
De este modo, el ejercicio en el servicio exterior de un cargo en provisionalidad debe
prolongarse por el tiempo necesario para que, de acuerdo con ese régimen de carrera,
éste sea desempeñado por una persona que se ha sometido a todo el proceso de
selección previo al ingreso o por un funcionario de libre nombramiento y remoción, si
el cargo es de esa naturaleza. Pero ese lapso será de cuatro años sólo en situaciones
excepcionales que hayan dilatado el proceso de selección o la designación en un cargo
de libre nombramiento y remoción y que hayan propiciado que esa situación de
interinidad en el servicio exterior se prolongue de esa manera. Esto es así por cuanto
los altos intereses públicos implícitos en el servicio exterior imponen que la
designación del personal que lo preste se haga respetando la regla general de la
carrera establecida en el artículo 125 constitucional y el régimen establecido, de
acuerdo con ella, por el Decreto 274 de 2000.
[…]
Ahora, en relación con la parte final del literal b del artículo 61, la Corte advierte que
en ella se está generando una situación de incertidumbre pues se está introduciendo
una circunstancia no precisada, no definida, cuya ambigüedad y generalidad podría
11
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dar lugar a que se extienda a un término indefinido e intolerable la provisionalidad con
lo cual se terminaría desconociendo el régimen de carrera. Se genera así una facultad
excesiva que es la de prolongar indefinidamente una situación de provisionalidad.
Con esta facultad se puede llegar a desconocer la naturaleza de los nombramientos
en provisionalidad pues la referencia que se hace al hecho de que tales
nombramientos puedan hacerse hasta por cuatro años, más la posibilidad de su
prolongación según calificación de la comisión de personal de la carrera diplomática y
consular, permitiría que en la práctica cargos de carrera se regulen por la lógica de los
cargos de libre nombramiento y remoción.
43. Por lo anterior, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 61 del
Decreto 274 de 2000, con excepción de la expresión «salvo circunstancia de especial
naturaleza calificada en cada caso por la Comisión de Personal de la Carrera
Diplomática y Consular» contenida en su literal b, frente a la cual estableció que era
inexequible. Asimismo, resolvió que era exequible la frase «no excederá de cuatro
años», en cuanto se entienda que se trata de un término máximo y que no exime a la
administración de agotar todos los procedimientos necesarios para proveer el cargo
de acuerdo con el régimen de la carrera diplomática y consular.
3.3.2. La protección especial o estabilidad laboral reforzada de los funcionarios
nombrados en provisionalidad cuando se encuentran en situación de debilidad
manifiesta por razones de salud, aplicada a la carrera diplomática y consular;
reiteración jurisprudencial10.
44. La estabilidad en el empleo es un principio mínimo fundamental establecido en
el artículo 53 de la Constitución Política11, que la Corte Constitucional ha definido
como el derecho de los trabajadores a permanecer en sus empleos, salvo que exista
una justa causa para su desvinculación12.
45. Sin embargo, tal como lo ha reconocido la misma Corte Constitucional, es
importante hacer la salvedad de que en la función pública la estabilidad laboral varía
según la forma de vinculación de los servidores estatales13. De manera que los
funcionarios inscritos en la carrera administrativa que acceden a los cargos mediante
el concurso de méritos cuentan con una mayor estabilidad, al haber superado las
etapas propias del proceso de selección, lo cual impide que sean retirados a partir de
criterios meramente discrecionales.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de agosto de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2019-01255-01 (2293-2021).
11 «Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos
los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a
los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos
inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de
las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario;
protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad».
12 Sobre el particular se pueden consultar las sentencias T-443 de 2022, T-208 de 2024, SU-213 de 2024, T-320
de 2024, T-321 de 2024, T-364 de 2024, T-064 de 2025, entre otras.
13 Ver por ejemplo las sentencias T-443 de 2022, T-063 de 2022, T-464 de 2019, T-373 de 2017, SU-556 de 2014
y SU-917 de 2010.
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46. Mientras que los funcionarios que se desempeñan en provisionalidad gozan de
una estabilidad laboral «relativa o intermedia» que significa que para su
desvinculación el nominador debe motivar el acto administrativo de retiro, como una
garantía mínima derivada del derecho fundamental al debido proceso y al principio de
publicidad14, y que la desvinculación solo puede darse por causales legales, como la
comisión demostrada de faltas disciplinarias, la cesación de la situación que generó
la vacancia o la provisión del cargo en propiedad por concurso de méritos 15.
47. Ahora bien, en desarrollo del principio de estabilidad en el empleo, en armonía
con los postulados de igualdad, prohibición de la discriminación, solidaridad e
integración social, y en consonancia con los derechos fundamentales a la salud y a la
seguridad social, entre otros, la jurisprudencia constitucional forjó el llamado derecho
a la «estabilidad laboral reforzada»16, que se concreta en la adopción de medidas
especiales de protección para personas en situación de vulnerabilidad.
48. Además, la Sala anota que en el ordenamiento internacional existen
instrumentos sobre derechos humanos que también se pueden articular a la
jurisprudencia constitucional para darle contenido al derecho fundamental a la
estabilidad laboral reforzada. Por ejemplo, la Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sobre la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, y la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
49. En ese contexto, la Corte Constitucional ha reconocido un trato preferencial
para sujetos de especial protección constitucional que ocupan un cargo público en
provisionalidad, como (i) las madres y padres cabeza de familia, (ii) las personas
próximas a pensionarse o (iii) quienes estén en una situación de discapacidad o
debilidad manifiesta por causa de una enfermedad17. La Corte ha sido enfática en
precisar que, si bien por esa sola circunstancia no se les otorga un derecho indefinido
a permanecer vinculados de manera provisional, en virtud del derecho preferencial
ostentado por las personas que acceden por concurso de méritos, sí surge una
obligación jurídico constitucional, derivada del artículo 13 superior, de propiciar un
trato preferencial como medida de acción afirmativa18.
50. Para proteger a los provisionales que están en las anteriores circunstancias, en
14 Sobre el particular se pueden consultar las Sentencia T-063 de 2022, T-373 de 2017, SU-556 de 2014, entre
otras.
15 Sentencia T-245 de 2007.
16 En la sentencia T-881 de 2012 la Corte Constitucional resolvió el caso de una persona que fue desvinculada
mientras se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta, en el contexto de un contrato de aprendizaje. En
vista de que este último tenía características legales y contractuales que permitían diferenciarlo, conforme a la
jurisprudencia constitucional, del contrato laboral en sentido estricto, señaló que «en vez de hablar de derecho
fundamental a la estabilidad laboral reforzada se haría referencia al derecho a la
estabilidad ocupacional reforzada». En ese caso concedió la tutela de este derecho.
17 Al respecto se pueden consultar las sentencias y SU-917 de 2010, C-640 de 2012, T- 462 de 2011, T-373 de
2017, T-464 de 2019, T-342 de 2021 y T-063 de 2022.
18 Sentencia T-373 de 2017.
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aplicación del derecho a la estabilidad laboral reforzada, la jurisprudencia
constitucional ha ordenado a las autoridades nominadoras adoptar «medidas
afirmativas», tales como: (i) garantizar que sean los últimos en ser removidos de sus
empleos; (ii) que, en lo posible, sean reubicados de manera provisional en cargos
vacantes de la misma jerarquía o equivalencia a los que ocupaban19; (iii) ante la
existencia de nuevas vacantes, vincular de nuevo a estas personas y (iv) realizar el
pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) en salud
para que puedan continuar con el tratamiento médico que adelantaban.
51. Es importante precisar que en la sentencia SU-049 de 2017, la Corte
Constitucional unificó la jurisprudencia sobre la estabilidad laboral de personas con
afecciones de salud, en los siguientes aspectos: (i) determinó que se trata de una
garantía de la cual son titulares las personas que tienen una afectación en su salud
que les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en
condiciones regulares, con independencia de si tienen una calificación de pérdida de
capacidad laboral moderada, severa o profunda, toda vez que esta situación particular
puede considerarse como una circunstancia que genera debilidad manifiesta, y en
consecuencia la persona puede verse discriminada por ese solo hecho20, y (ii) señaló
que este derecho es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación
21
de servicios, en virtud de la Constitución y la Ley 361 de 1997 .
52. Precisado lo anterior, la Sala considera que la protección especial o estabilidad
laboral reforzada de los funcionarios nombrados en provisionalidad cuando se
encuentran en situación de debilidad manifiesta por razones de salud también es
aplicable a la carrera diplomática y consular. Ello porque el derecho a la estabilidad
laboral reforzada por razones de salud se funda razonablemente y de forma directa
en diversas disposiciones de la Constitución Política, a saber:
• En el derecho a la estabilidad en el empleo (artículo 53 superior).
• En el derecho de todas las personas que se encuentren en circunstancias de
debilidad manifiesta a ser protegidas especialmente con miras a promover las
condiciones que hagan posible una igualdad real y efectiva (artículos 13 y 93
constitucionales).
• En que el derecho al trabajo en todas sus modalidades tiene especial
protección del Estado y debe estar rodeado de condiciones dignas y justas
(artículo 25 superior).
• En el deber que tiene el Estado de adelantar una política de integración social
a favor de aquellos que pueden considerarse disminuidos físicos, sensoriales y
síquicos (artículo 47 superior).
19 Ibídem.
20 Al tomar la jurisprudencia desde el año 2015 se puede observar que todas las Salas de Revisión de la Corte, sin
excepción, han seguido esta postura, como se aprecia por ejemplo en las sentencias T-405 de 2015, T-141 de
2016, T-351 de 2015, T-106 de 2015, T-691 de 2015, T-057 de 2016, T-251 de 2016 y T-594 de 2015.
21 Dicha providencia sostuvo que tal protección «no aplica únicamente a las relaciones laborales de carácter
dependiente, sino que se extiende a los contratos de prestación de servicios independientes propiamente dichos».
En efecto, esto se infiere en primer lugar del texto mismo del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, el cual establece
que «ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su
discapacidad, salvo que medie autorización de la oficina de Trabajo».
14
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• En el derecho fundamental a gozar de un mínimo vital, entendido como la
posibilidad efectiva de satisfacer necesidades humanas básicas como la
alimentación, el vestido, el aseo, la vivienda, la educación y la salud (artículos
1, 53, 93 y 94 constitucionales).
• En el deber de todos de obrar conforme al principio de solidaridad social
(artículos 1, 48 y 95 constitucionales).
3.3.3. La falsa motivación
53. El artículo 137 del CPACA estableció como causal de nulidad de los actos
administrativos, entre otras, la falsa motivación, vicio que afecta el elemento causal
del acto administrativo, referido a los fundamentos de hecho y de derecho que se
tienen en cuenta para su expedición22. Su contenido permite conocer las causas que
impulsaron la exteriorización de la voluntad de la administración.
54. La Corte Constitucional la ha definido como «la fundamentación fáctica y
jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la
decisión tomada y es el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad» 23.
En ese orden, los actos administrativos al expedirse deben cumplir ciertos
presupuestos entre los que se encuentran los siguientes: (a) tener su origen en hechos
veraces que los soporten y (b) estar sustentados en normas constitucionales, legales
o reglamentarias, según sea el caso.
55. La falsa motivación, entonces, ocurre cuando no existe concordancia entre la
realidad fáctica y jurídica en la que debió fundamentarse el acto administrativo y las
razones de esta índole que quedaron consignados en la decisión24. En otros términos,
esta causal de nulidad tiene su origen en la falta de veracidad de las razones de hecho
y de derecho que sustentaron el acto y que contradicen las que sí corresponden con
la realidad25. Jurisprudencialmente se afirma que esta se configura cuando concurren
los siguientes elementos26:
Además también se puede afirmar que los elementos indispensables para que se
configure la falsa motivación son: i) la existencia de un acto administrativo motivado
total o parcialmente, pues de otra manera estaríamos frente a una causal de anulación
distinta; ii) la existencia de una evidente divergencia entre la realidad fáctica y jurídica
que induce a la producción del acto y los motivos argüidos o tomados como fuente por
la administración pública o la calificación de los hechos, y iii) la efectiva demostración
por parte del demandante del hecho de que el acto administrativo se encuentra
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 19 de julio de 2018, proceso con radicado 11001-
03-25-000-2016-00089-00 (461-2016).
23 Corte Constitucional, sentencia SU-250 de 1998.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 23 de marzo de
2017, procesos acumulados con los siguientes radicados: 11001-03-25-000-2016-00019-00 (0034- 2016),11001-
03-25-000-2016-00025-00 (0052-2016), 11001-03-25-000-2016-00048-00 (0156-2016), 11001-03-25-000-2016-
00064-00 (0271-2016), 11001-03-25-000-2016-00052-00 (0184-2016), 11001-03-25-000-2016-00047-00 (0155-
2016), 11001-03-25-000-2016-00026-00 (0053-2016) y 11001-03-24-000-2016-00002-01 (0310-2016).
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de junio de 2012,
proceso con radicado 2006-00348.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de
septiembre de 2017, proceso con radicado 54001-23-31-000-2009-00182-01(3555-14).
15
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falsamente motivado.
56. Así las cosas, para la configuración de este vicio es preciso que se cumplan los
presupuestos enunciados. Por otro lado, quien alega la existencia de esta causal de
nulidad tiene la carga probatoria de demostrarla, en tanto que los actos administrativos
gozan de presunción de legalidad (artículo 88 del CPACA)27.
57. En lo que se refiere al acto administrativo por el cual se da por terminado el
nombramiento en provisionalidad en un empleo de la carrera diplomática y consular,
la jurisprudencia de esta corporación28 ha precisado que si bien la normativa especial
que la rige no prevé el deber de motivación expresa, lo cierto es que la Ley 909 de
2004, norma general aplicable en forma supletoria en relación con los aspectos no
regulados en los regímenes especiales de carrera, establece que la desvinculación de
los servidores vinculados bajo esa modalidad debe efectuarse mediante acto
motivado, como lo preceptúa su artículo 41, parágrafo 2.
58. Igualmente, lo dispone su Decreto reglamentario 1127 de 2005, en el artículo
10, en los siguientes términos: «Antes de cumplirse el término de duración del
encargo, de la prórroga o del nombramiento provisional, el nominador, por resolución
motivada, podrá darlos por terminados». Mandato que implica una garantía del
derecho fundamental al debido proceso e impone a la administración el deber de
determinar las circunstancias claras, detalladas y concretas para separar al empleado
provisional del servicio29.
59. Asimismo, con fundamento en la sentencia C-292 de 2001, en el fallo del 22 de
abril de 201530, el Consejo de Estado precisó:
De tal manera que, si la provisionalidad del cargo fue de cuatro años, al finalizar ese
lapso imperativamente hay que remover a ese funcionario y en ese momento, se
podrían presentar dos situaciones. La primera, hay personal de carrera diplomática y
consular disponible para proveerlos, caso en el cual obligatoriamente la autoridad
nominadora debe proceder a proveer el cargo con dicho personal; y la segunda, no
hay ninguno, no hay personal disponible de carrera, entonces debe proveerse el cargo
en provisionalidad, pues la administración no puede mantener acéfalo un cargo y sin
titular unas funciones, al no poder recurrir a su personal de planta necesariamente
debe acudir a personal ajeno a dicha carrera para proveer la vacancia.
27 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de octubre de 1999, expediente 3.443. En la providencia
se indicó «tiene la carga de la prueba, es decir, de demostrar la falsedad o inexactitud en los motivos que explícita
o implícitamente sustentan el acto administrativo respectivo, habida cuenta de la presunción de legalidad de que
se hallan revestidos los actos administrativos».
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de septiembre de 2012, proceso con
radicado 25000-23-25-000-2008-00195-02 (0994-12); Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 22 de abril de 2015, proceso con radicado 08001-23-31-000-2012-00386-01 (4732-13); Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, proceso con radicado 25000-23-42-
000-2013-04276-01 (4358-2018); y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de
septiembre de 2024, proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-05612-01 (3353-2024).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de septiembre de 2024, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2017-05612-01 (3353-2024).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de abril de 2015, proceso con radicado
08001-23-31-000-2012-00386-01 (4732-13).
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En síntesis, no obstante lo anterior, es preciso recalcar que todo nombramiento en
provisionalidad debe ser única y exclusivamente por el tiempo estrictamente necesario,
de tal manera que si llega a quedar personal de carrera disponible, luego de un
nombramiento en provisionalidad, que se efectuó porque en el momento de proveerse
el cargo no se contaba con personal de carrera, la autoridad nominadora está obligada
a reemplazar inmediatamente al nombrado en provisionalidad por la persona de
carrera, so pena de ser sancionado disciplinariamente y de verse expuesta al ejercicio
de otras acciones judiciales en su contra.
Tanto de la norma mencionada como de la Doctrina Constitucional se tiene que el
tiempo máximo de duración de la provisionalidad alude, necesariamente, al
nombramiento específico de un funcionario, de tal suerte que de un lado no puede
superar el término de cuatro años y en segundo lugar está supeditado a que no exista
personal de carrera para su provisión. Luego el nombramiento en provisionalidad
efectuado a personas que no pertenezcan a Carrera Diplomática y Consular, cuando
por aplicación de la ley vigente sobre la materia, no sea posible designar funcionarios
de esta para proveer dichos cargos debe estar sujeto a las necesidades del servicio
exterior y la insubsistencia está sometida a las precisas reglas de la Ley 909 aplicable
de manera supletiva esto es, de manera motivada, luego habrá de expresarse el motivo
para el retiro del servicio, que bien puede ser por vencimiento del término de cuatro
años o por la provisión del empleo con una persona de carrera. Dentro de este
contexto ha de entenderse el desarrollo del principio de especialidad, según el cual
estos funcionarios podrán ser removidos en cualquier tiempo.
60. El anterior criterio jurisprudencial fue reiterado en la sentencia del 5 de mayo
de 202231, en la que esta Subsección advirtió que el uso de la provisionalidad o la
comisión para situaciones especiales establecidas en el estatuto del servicio exterior
y de la carrera diplomática y consular, como medio de provisión de cargos de carrera,
se encuentra condicionado a que no exista personal de carrera diplomática disponible
para ocupar el empleo.
61. En este orden de ideas, la motivación de los actos de retiro de los empleados
designados en provisionalidad en cargos de carrera diplomática y consular, debe estar
sustentada en el mejoramiento del servicio público, es decir, aludir a
fundamentaciones suficientes, que permitan establecer con claridad las razones de
hecho y de derecho que soportan la decisión de retiro, que en particular deben estar
relacionadas con la provisión del cargo por el sistema de méritos respectivo u «otra
razón específica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el
funcionario concreto»32.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de mayo de 2022, proceso con radicado
25000-23-42-000-2013-04276-01 (4358-2018).
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de febrero de 2023, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-2018). En esta providencia se anotó: «De acuerdo con el anterior criterio
jurisprudencial, el retiro de los servidores en provisionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores debe estar
debidamente motivado y, en lo que atañe al contenido de tal motivación, en la Sentencia SU-917 de 2010 se indicó
que debe aludir a razones suficientes, de manera que pueda establecerse con claridad las circunstancias
particulares y concretas, de hecho y de derecho en que se funda la desvinculación.
De ahí que «sólo es constitucionalmente admisible una motivación donde la insubsistencia invoque argumentos
puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de méritos respectivo, la
imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria “u otra razón específica atinente al servicio que
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3.4. Hechos probados
62. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
63. Mediante Decreto 2334 del 19 de noviembre de 2014, el Ministerio de
Relaciones Exteriores nombró provisionalmente a la señora Clara Inés Ruge Rojas en
el cargo de consejero de relaciones exteriores, código 1012, grado 11, de la planta de
personal global de esa entidad, adscrito al Consulado General de Colombia en
Antofagasta (Chile), del que tomó posesión el 26 de enero de 201533.
64. Dicho ministerio, por medio del Decreto 709 del 3 de mayo de 2017, trasladó a
la señora Clara Inés Ruge Rojas, con el mismo cargo al Consulado General de
Colombia en Lima (Perú), para desempeñar las funciones de cónsul general de
Colombia y jefe de la Oficina Consular34.
65. En acta de comité de traslados del 11 de agosto de 2018, el referido ministerio
aprobó el traslado de la señora Clara Inés Ruge Rojas a Colombia para la realización
de un servicio médico, cuyos gastos asumiría la compañía aseguradora, incluido «el
valor del tiquete aéreo ida y regreso del asegurado»; de igual modo, se señaló que
«Acorde a la valoración de ortopedia, refiere paciente con dolor de hallux de ambos
pies, con predominio izquierdo, cuyos hallazgos se evidencian en reporte radiológico
efectuado en el mes de Junio del año en curso, el cual indica aumento en los ángulos
metatarsofalángicos en el primer dedo de cada pie facilitando la formación de espolón
calcáneo bilateral. Dada la pertinencia médica y los costos elevados del país de
comisión se menciona que es procedente el traslado a la ciudad de Bogotá para el
procedimiento quirúrgico» (sic), con cobertura bajo preexistencias35.
66. A través del Decreto 1641 del 27 de agosto de 201836, el ministerio retiró del
servicio a la señora Clara Inés Ruge Rojas, del empleo de consejero de relaciones
exteriores, código 1012, grado 11, adscrito al Consulado General de Colombia en
Lima (Perú), y advirtió que ella contaba con el término señalado en el literal d del
artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000 para la dejación del cargo y regresar al país;
cuya motivación fue la siguiente:
Que el artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000 establece la posibilidad de remoción
en cualquier tiempo de funcionarios en provisionalidad y el literal b. del artículo 61 del
mismo Decreto prevé que el servicio en el exterior de un funcionario nombrado en
está prestando y debería prestar el funcionario concreto”28».29
[…]
De esta manera, la desvinculación de los servidores provisionales también puede fundarse en motivos relacionados
con la salvaguarda de los principios que orientan la función administrativa o el incumplimiento de los deberes
propios del cargo, siempre y cuando sean verificables».
33 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 28 y 63.
34 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, p. 29.
35 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, p. 30.
36 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 31 y 32.
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provisionalidad no excederá de cuatro años.
Que la Corte Constitucional estudió la exequibilidad de dicho literal en la sentencia C-
292 de 2001, con ponencia de Jaime Córdoba Triviño, indicando que el término de
cuatro años es un “lapso (...) máximo pues debe entenderse que él está determinado
por el tiempo requerido para la realización de un nombramiento ateniéndose a las
reglas de la carrera diplomática y consular”.
Que el literal d del artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000 establece que cuando el
funcionario en provisionalidad sea desvinculado del servicio tendrá derecho a dos
meses de plazo para hacer dejación del cargo.
Que mediante Decreto Número 2334 de 19 de noviembre de 2014, se nombró [con]
carácter provisional en un cargo de Carrera Diplomática y Consular, a la doctora
CLARA INÉS RUGE ROJAS, identificada con la cédula de ciudadanía […], en el cargo
de Consejero de Relaciones Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del
Ministerio de Relaciones Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en
Antofagasta, Chile, quien tomó posesión del cargo el 26 de enero de 2015.
Que posteriormente mediante Decreto Número 709 de 3 de mayo de 2017, se trasladó
a la doctora CLARA·INÉS RUGE ROJAS, en el cargo de Consejero de Relaciones
Exteriores, código 1012, grado 11, de la planta global del Ministerio de Relaciones
Exteriores, adscrito al Consulado General de Colombia en Lima, Perú, tomó posesión
del cargo el 24 de julio de 2017.
Que como consecuencia de lo anterior, y en virtud del artículo 2.2.11.1.1.del Decreto
1083 de 2015, es procedente el retiro del servicio.
67. El anterior acto administrativo le fue comunicado a la señora Clara Inés Ruge
Rojas con el memorando I-DITH-18-017744 del 29 de agosto de 2018, enviado por
correo electrónico el día 30 siguiente, junto con la copia de aquel, en el que se le
señaló a quien debía entregar el cargo y lo relacionado con el trámite del pago de
viáticos y tiquetes aéreos37.
68. En la Resolución 7676 del 13 de septiembre de 2018 de la directora de talento
humano del ministerio, se le validó a la señora Clara Inés Ruge Rojas una incapacidad
por enfermedad general por el término de tres (3) días a partir del 11 de septiembre
de 2018; la cual fue prorrogada por 30 días desde el 14 de septiembre de 2018 por
Resolución 7867 del día 18 del mismo mes38.
69. Según historia clínica de la señora Clara Inés Ruge Rojas, le realizaron cirugía
el 14 de septiembre de 2018, con el fin de superar las siguientes patologías:
«corrección de hallux valgus con artroplastia», «corrección de hueso del tarso y
metatarso uno o más huesos con fijación interna o externa dispositivos de fijación u
osteosíntesis», «artroplastia por interposición de huesos del metatarso» y «reparación
37 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 33 y 34.
38 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 35 y 36.
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de dedo de pie en garra con artrosis uno o más excepto quinto dedo»39.
70. La médica tratante de la señora Clara Inés Ruge Rojas le emitió incapacidades
el 15 de octubre, el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2018, por treinta (30)
días cada una, contados a partir de la primera fecha, el 13 de noviembre y el 13 de
diciembre de 2018, respectivamente40.
71. Mediante escrito con fecha del 15 de octubre de 2018 (sin sello de radicación),
la señora Clara Inés Ruge Rojas pidió al ministerio demandado interrumpir a partir del
11 de septiembre de 2018 el término estipulado en el literal d) del artículo 61 del
Decreto Ley 274 del 2000 para la dejación del cargo o se le concediera una prórroga
con el propósito de contar con el cubrimiento en salud durante el proceso médico por
las patologías antes reseñadas41.
72. El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió la anterior solicitud, a través
de oficio S-GITAP-18-071960 del 25 de octubre de 2018, en el sentido de indicarle a
la demandante que no era posible interrumpir o prorrogar lo ordenado por el Decreto
Ley 274 del 2000, porque se actuó dentro del marco legal y podía solicitar cotización
de producto de salud individual dentro de los treinta (30) días siguientes a la
finalización de la póliza médica colectiva para la continuidad en el tratamiento de las
patologías cubiertas por la póliza del ministerio42.
73. Con la Resolución 9809 del 23 de noviembre de 2018, el ministerio demandado
prorrogó, a partir del 15 de octubre de 2018, por dieciséis (16) días, la incapacidad por
enfermedad a la señora Clara Inés Ruge Rojas43.
74. Por el Decreto 1899 del 8 de octubre de 2018, el ministerio accionado nombró
en provisionalidad al señor Emilio Merino González, en el empleo de consejero de
relaciones exteriores, código 1012, grado 11, adscrito al Consulado General de
Colombia en Lima (Perú), para desempeñar funciones de cónsul general de Colombia
y jefe de la oficina consular; en cuya parte considerativa se anotó que no existían
funcionarios de carrera para designar en ese cargo44.
75. En el formato de control de entrega del cargo del 12 de noviembre de 2018
realizado por la demandante y recibido por otro funcionario de nombre Andrés Ortiz,
se indica que su retiro fue el «30 de octubre de 2018»45.
76. En el certificado médico de aptitud laboral con énfasis osteomuscular del 31 de
octubre de 2018 emitido por Evalúa Salud, se dejó anotado que el «concepto-examen
de egreso» de la señora Clara Inés Ruge Rojas quedó aplazado, por lo que tenía que
39 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, p. 37.
40 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 43 a 46.
41 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 47 a 50.
42 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 51 y 52.
43 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 57 y 58.
44 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 64 y 65.
45 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, pp. 59 a 62.
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volver a valoración médica ocupacional cuando se le terminara la incapacidad por
ortopedia, y el «énfasis-osteomuscular» se realizó46.
3.5. Caso concreto.
77. De acuerdo con las pruebas reseñadas en el acápite anterior, sea lo primero
precisar que la señora Clara Inés Ruge Rojas fue nombrada en provisionalidad en el
empleo de consejero de relaciones exteriores, código 1012, grado 11, de la planta de
personal global del Ministerio de Relaciones Exteriores, y tomó posesión el 26 de enero
de 2015; posteriormente, fue trasladada con el mismo cargo del Consulado General de
Colombia en Antofagasta (Chile) al ubicado en Lima (Perú).
78. A través del Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018, se dispuso el retiro del
servicio de la señora Clara Inés Ruge Rojas, para lo cual se indicó, además, que para
dejar el cargo y su regreso al país contaba con el término señalado en el literal d del
artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000, el cual establece que «Cuando el funcionario
en provisionalidad sea desvinculado del servicio por insubsistencia, tendrá derecho a
dos meses de plazo para hacer dejación del cargo y regresar al país».
79. De igual modo, la Sala evidencia que, aunque el Decreto 1641 del 27 de agosto
de 2018 contiene unas razones con las que se pretendió motivarlo, estas carecen de
suficiencia fáctica y normativa, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores se limitó
a señalar la fuente legal de la facultad de disponer en cualquier tiempo de la remoción
de funcionarios en provisionalidad (artículo 60 del Decreto Ley 274 de 2000), la cual
no puede exceder de cuatro años (literal b del artículo 61 del mismo decreto), plazo
máximo, de acuerdo con lo precisado en la sentencia C-292 de 2001, y se anotó los
actos por los cuales se nombró a la demandante y se le trasladó, con las
correspondientes fechas de posesión, sin más argumentación.
80. En tal sentido, las consideraciones consignadas en el acto acusado no permiten
establecer las circunstancias claras y concretas por las cuales se desvinculó a la
señora Clara Inés Ruge Rojas en su condición de funcionaria en provisionalidad; por
consiguiente, el nominador incumplió con el deber de motivar esa decisión.
81. Asimismo, en el decreto acusado no se establece si el cargo iba a ser provisto
por alguien con derechos de carrera diplomática y consular respecto del empleo que la
señora Clara Inés Ruge Rojas ejercía; no obstante, de las pruebas obrantes en el
expediente se observa que el designado en su reemplazo fue bajo la misma modalidad
de vinculación, a través del Decreto 1899 del 8 de octubre de 2018. En esta medida,
contrario a la apreciación del tribunal, acerca de la falsa motivación, lo cierto es que el
Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018 de retiro de la demandante carece de las
razones que condujeron a esa decisión.
82. En este orden de ideas, el Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018, objeto de
46 Samai, índice 2, ED_25000234200020190056(.zip), 1. 25000234200020190056500 expediente, p. 66.
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demanda, no contiene una motivación que atienda al criterio de razón suficiente para
disponer el retiro del servicio de la señora Clara Inés Ruge Rojas, al no indicar los
motivos reales y adecuados que condujeron a esa determinación, máxime cuando se
observa que no fue reemplazada por una persona escalafonada.
83. Por lo tanto, al primer problema jurídico planteado, se concluye que la
presunción de legalidad del acto administrativo acusado se encuentra desvirtuada al
carecer de motivación, por cuanto, si bien podía el ministerio demandado disponer el
retiro de la señora Clara Inés Ruge Rojas, en todo caso debía estar debidamente
sustentado en razones reales, adecuadas y suficientes, lo cual fue omitido. Situación
que impone confirmar el fallo apelado, pero por las razones expuestas.
84. Por otra parte, en punto a resolver el segundo problema jurídico, en el
expediente se encuentra probado que (i) el 11 de agosto de 2018 el ministerio autorizó
un traslado a la señora Clara Inés Ruge Rojas de Perú a Colombia para un tratamiento
médico por procedimiento quirúrgico, a través de la aseguradora a la cual estaba
afiliada por cuenta de su relación laboral con esa cartera, respecto de una patología de
naturaleza ortopédica; (ii) el Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018, por el cual fue
retirada, le fue comunicado por memorando enviado por correo electrónico el día 30 de
agosto siguiente; (iii) el 14 de septiembre de 2018, con ocasión de tu patología
ortopédica, se le practicó cirugía.
85. Asimismo, se tiene que (iv) fue objeto de incapacidades médicas por la
especialidad de ortopedia por 30 días desde el 14 de septiembre de 2018; luego, por
el mismo lapso a partir del 15 de octubre de 2018; posteriormente, desde el 13 de
noviembre de 2018 y la última a partir del 13 de diciembre de 2018; (v) el Ministerio de
Relaciones Exteriores, mediante las resoluciones 7676 del 13 de septiembre de 2018,
7867 del 18 de septiembre de 2018 y 9809 del 23 de noviembre de 2018, validó las
incapacidades que tuvo la señora Clara Inés Ruge Rojas del 11 de septiembre al 30
de octubre de 2018; y (vi) en virtud del plazo de dos meses concedido por el literal d
del artículo 61 del Decreto Ley 274 de 2000 para dejar el cargo y regresar al país, la
demandante estuvo vinculada hasta el 30 de octubre de 2018.
86. Como se indicó en precedencia, si el empleado en provisionalidad se encuentra
en una situación de debilidad manifiesta por razones de salud, tiene derecho a un trato
preferencial al momento de su desvinculación a través de medidas afirmativas que
deberá adoptar el nominador. Recientemente, la Corte Constitucional, en sentencia T-
522 de 2025, recordó que:
Con todo, la Corte Constitucional ha reconocido que las personas que se encuentran
en situación de debilidad manifiesta por razones de salud que ocupan cargos en
provisionalidad son sujetos de especial protección constitucional. Esto las hace
titulares de un trato “preferencial” o “preferente” frente a la desvinculación47. Este “trato
preferente” se concreta en dos deberes constitucionales de acción afirmativa a cargo
47 Corte Constitucional, sentencia T-405 de 2022.
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del nominador48: (i) asegurar que las personas en situación de debilidad manifiesta por
razones de salud que ocupan cargos en provisionalidad sean los últimos en ser
desvinculados y (ii) en la medida de lo fáctica y jurídicamente posible, vincular al sujeto
nuevamente en forma provisional en “cargos vacantes de la misma jerarquía o
equivalencia de los que venían ocupando”49. De acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, los deberes de acción afirmativa deben cumplirse antes de la
desvinculación50 y su incumplimiento vulnera el derecho a la estabilidad laboral
relativa, así como el principio de igualdad.
87. En el asunto que se examina, resulta claro que el diagnóstico de la señora Clara
Inés Ruge Rojas respecto de unas patologías de carácter ortopédico conllevó que el
ministerio autorizara su traslado a Colombia para los correspondientes tratamiento
médico y procedimiento quirúrgico (11 de agosto de 2018), antes de que fuera emitido
el acto administrativo por el cual se le retiró (27 de agosto de 2018), es decir, que la
entidad empleadora tenía pleno conocimiento de su estado de salud, lo cual —dada
la cirugía a la que iba a ser sometida— implicaba unas consecuentes incapacidades,
que como se comprobó en efecto se prolongaron desde el 11 de septiembre de 2011
hasta el 13 de enero de 2019.
88. Aunque su designación como empleada en provisionalidad, en principio, le
otorgaba una estabilidad laboral relativa, lo cierto es que dada su condición de salud,
le asistía derecho a un trato preferente, en el sentido de que su desvinculación por lo
menos se efectuara hasta el plazo legalmente permitido por el Decreto Ley 274 de
2000 para los nombramientos en provisionalidad, lo cual no ocurrió, por el contrario,
sin motivación veraz y suficiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores procedió a
retirarla antes del término máximo de los cuatro años y tampoco su desvinculación fue
con propósito de designar a alguien con derechos de carrera diplomática y consular.
89. En línea con lo anterior, por medio del Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018,
objeto de censura, también se quebrantó el derecho a la estabilidad laboral de la
demandante, dada su condición de salud, en armonía con su tipo de vinculación.
90. Por otro lado, en relación con el tercer problema jurídico, atinente a la forma
como se da a conocer el acto administrativo acusado y la omisión de indicar los
recursos que procedían en su contra, la Sala precisa que la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha explicado que los actos de retiro de servidores públicos, como regla
general, son de ejecución inmediata, salvo que contengan una condición51. Ello es así,
por cuanto los efectos de la decisión del nominador se consumen en un momento
dado, de manera que sujetar la ejecución de las determinaciones sobre el retiro de los
servidores a los recursos propios del procedimiento administrativo reñiría con tal
48 Corte Constitucional, sentencias SU-446 de 2011, SU-691 de 2017, T-096 de 2018 y T-469 de 2019, entre otras.
49 Ibid.
50 Corte Constitucional, sentencias SU-446 de 2011, C-640 de 2012, T-156 de 2014, T-326 de 2014 y T-373 de
2017, T-096 de 2018 y T-424 de 2024.
51 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 4 de febrero 2016, proceso con radicado 15001-
23-33-000-2013-00220-01 (2874-13). Tesis que fue reiterada por la Sección Segunda, Subsección B, en las
sentencias del 9 de junio de 2022, proceso con radicado 25000-23-42-000-2015-05433-01(4271-2019), y del 4 de
mayo de 2023, proceso con radicado 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00565-01 (3052-2022)
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efecto, dado que se tramitan en el efecto suspensivo (artículo 79 del CPACA).
91. No obstante, se encuentran las excepciones previstas en la ley, entre ellas, la
declaratoria de insubsistencia del nombramiento por calificación no satisfactoria,
prevista en el artículo 43 de la Ley 909 de 2004, en concordancia con el artículo
2.2.19.4.2 del Decreto 1083 de 2015, contra la cual procede el recurso de reposición,
o la destitución como consecuencia de una sanción disciplinaria (artículo 130 de la
Ley 1952 de 2019), decisión que también admite los correspondientes recursos. En
ese sentido, en términos generales la corporación también ha entendido que la
decisión del retiro no requiere de notificación52, sino que basta con su comunicación
al interesado.
92. Adicionalmente, a pesar de no ser señalados en el artículo 87 del CPACA 53
como uno de los medios que permiten la firmeza de los actos administrativos, lo cierto
es que la ejecución ha sido la forma por la cual algunas personas se enteran de la
adopción de decisiones administrativas de aplicación inmediata54. De ahí que la
ejecución del acto administrativo también se tenga como referente para el término de
caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 55, según el
artículo 164 del CPACA, norma que concede al interesado un término de cuatro (4)
meses «contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones
establecidas en otras disposiciones legales».
93. En tal sentido, al estudiar el material probatorio a la luz de los parámetros
legales y jurisprudenciales expuestos, la Sala considera que el Decreto 1641 del 27
de agosto de 2018, por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores dispuso el retiro
del servicio de la señora Clara Inés Ruge Rojas, aunque no le fue notificado
personalmente, sí comunicado por el memorando I-DITH-18-017744 del 29 de agosto
de 2018, enviado por correo electrónico el día 30 siguiente, por lo que le era oponible,
ya que la jurisprudencia de lo contencioso - administrativo tiene definido que, salvo las
excepciones legales, los actos administrativos de retiro son de ejecución inmediata y
no requieren notificación personal, por lo que la sola comunicación es suficiente, y por
lo mismo no admiten recursos.
94. En la medida en que el acto censurado supeditó la efectividad del retiro de la
demandante a la fecha en que ella dejara el cargo y retornara en forma definitiva al
52 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, providencia del 3 de septiembre de 1996,
radicado: S-636, demandante: Hernán Vega Vargas, magistrado ponente doctor Carlos Betancur Jaramillo. Tesis
que fue reiterada en la sentencia del 4 de mayo de 2023, proferida por esta Subsección B, en el proceso con
radicado 25000-23-42-000-2018-00720-01 (3959-2021).
53 «1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o
publicación según el caso. 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión
sobre los recursos interpuestos. 3. Desde el día siguiente al del vencimiento del término para interponer los
recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a ellos. 4. Desde el día siguiente
al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los recursos. 5. Desde el día siguiente al de la
protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio administrativo positivo.»
54 Corte Constitucional, sentencia SU-447 de 2011.
55 Entre muchas otras, se pueden consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4
de febrero de 2021, proceso con radicado 18001-23-33-000-2019-00177-01(1446-20), y de la Subsección B, auto
del 6 de agosto de 2008, proceso con radicado 08001-23-31-000-2007-00886-01(1389-08).
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Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
país, dentro del término fijado por el literal d del artículo 61 del Decreto Ley 274 de
2000 (dos meses), el Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018 solo podía producir
efectos respecto de la desvinculación de la señora Clara Inés Ruge Rojas una vez se
cumpliera tal condición o dicho plazo. En ese sentido, también se colige que su
eficacia solo se generó cuando se venció tal término.
95. Por consiguiente, el Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018 le fue comunicado
en debida forma a la señora Clara Inés Ruge Rojas, y no era necesaria la notificación
personal por tratarse de un acto de retiro, contra el cual tampoco procedía recurso
alguno. La Sala estima importante reiterar que, en todo caso, como la publicidad del
acto administrativo es requisito para que pueda surtir sus efectos, su inobservancia
no configura una causal de nulidad, pues no es un presupuesto de su validez56.
96. En este orden de ideas, esta censura de la señora Clara Inés Ruge Rojas
planteada en el recurso de apelación como una causal adicional de nulidad del acto
administrativo demandado carece de vocación de prosperidad.
97. Por último, resulta pertinente verificar la aplicación de la regla judicial fijada por
la Sala Plena de lo Contencioso – Administrativo, en la sentencia del 9 de agosto de
202257, frente a los descuentos procedentes en los casos de anulación de actos
administrativos de retiro de empleados provisionales, que aunque no fue motivo de
alzada por los recurrentes, lo cierto es que cuando ambas partes apelan el superior
puede resolver sin limitaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 328 del
CGP. En dicha providencia se unificó jurisprudencia en los siguientes términos:
PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, estableciendo que son procedentes los descuentos efectuados a la
condena derivada del fallo que resuelve el litigio inmiscuido dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, donde se obtenga la
nulidad del acto que retiró del servicio a un empleado público nombrado en
provisionalidad, a razón de las sumas de dinero recibidas por la parte demandante a
título de salarios, prestaciones sociales percibidos de relaciones de trabajo en el sector
público.
SEGUNDO: Las reglas de este fallo de unificación tienen efecto retrospectivo y, por
tanto, son vinculantes y obligatorias para los casos pendientes de resolución judicial.
98. Lo anterior, en razón a la prohibición establecida en el artículo 128 de la
Constitución Política, referida a que nadie podrá «recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte
mayoritaria el Estado».
99. En consecuencia, en el presente asunto, aunque no hay prueba de que la
demandante haya tenido otra vinculación laboral, por lo menos desde noviembre de
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 1996, expediente 2.431.
57 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso - Administrativo, sentencia del 9 de agosto de 2022, radicado
11001-03-25-000-2017-00151-00 (0892-2017).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00565-01 (3052-2022)
Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
2018 (cuando firmó el formato de control de entrega del cargo), resulta procedente
que la parte demandada al momento de la ejecución de la sentencia verifique tal
situación, por lo que se adicionará el fallo de primera instancia para indicar que del
valor de la respectiva condena el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá descontar
las sumas que la demandante hubiere devengado a título de salarios y prestaciones
sociales devengados por relaciones de trabajo en el sector público58.
3.6. Conclusión
100. La Subsección concluye que el Decreto 1641 del 27 de agosto de 2018,
mediante el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores retiró del servicio a la señora
Clara Inés Ruge Rojas como consejera de relaciones exteriores, código 1012, grado
11, de la planta global, adscrita al Consulado General de Colombia en Lima (Perú), se
encuentra viciado de nulidad al carecer de la motivación indispensable que debe
mediar para ese tipo de decisiones, que adicionalmente se adoptó sin miramiento a la
estabilidad laboral con la que contaba la demandante por su estado de salud, por lo
que, tal como lo precisó el tribunal en primera instancia, se encuentra desvirtuada la
presunción de legalidad que ampara el acto acusado, pero por las razones expuestas
en esta providencia.
101. Por otra parte, se desestiman los argumentos de apelación de la señora Clara
Inés Ruge Rojas, en relación con la indebida notificación del acto censurado y la
omisión de información de los recursos procedentes, comoquiera que, dada la
naturaleza de esta clase de actos administrativos, no están sometidos al trámite de
notificación personal y a la interposición de recursos que prevé el CPACA, por lo que
con su comunicación se garantizó la publicidad del aludido decreto.
102. Por último, dado que la regla jurisprudencial proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso – Administrativo, en la sentencia del 9 de agosto de 2022, es aplicable a
los casos pendientes de resolución judicial, se adicionará el fallo de primera instancia
para indicar que el Ministerio de Relaciones Exteriores podrá realizar los descuentos
que por concepto de salarios y prestaciones sociales hubiere recibido la demandante
por otra relación laboral con el Estado por el lapso al que se contrae el
restablecimiento del derecho, lo que deberá ser verificado por la entidad accionada a
la ejecución de la providencia.
103. En consecuencia, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas, y se adicionará el
ordinal segundo de su parte decisoria como se anotó en el párrafo anterior.
58 En similar sentido se decidió un asunto semejante al presente, por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 27 de febrero de 2023, proceso con radicado 25000-23-42-000-2016-01354-01 (0319-
2018).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00565-01 (3052-2022)
Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
3.7. Costas
104. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario59 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, del 6 de mayo de 2021, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo: Adicionar el fallo del 6 de mayo de 2021 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en el sentido de indicar que la
Nación - Ministerio de Relaciones Exteriores podrá descontar del valor de la condena
las sumas que la señora Clara Inés Ruge Rojas hubiere devengado a título de salarios
y prestaciones sociales recibidos por relaciones de trabajo en el sector público durante
el período al que se contrae el restablecimiento del derecho, lo que deberá ser
verificado a la ejecución de la providencia, por lo señalado en la parte motiva.
Tercero: Sin condena en costas en segunda instancia.
59 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00565-01 (3052-2022)
Demandante: Clara Inés Ruge Rojas
Demandada: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores
Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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