Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00647-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-00647-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00647-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., trece (13) de junio dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 25000-23-42-000-2019-00647-02 (0511-2025)1
Demandante : Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado : Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho. Ley 1437 de
2011
Tema : Reconocimiento pensión gracia
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Asunto
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 24 de octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D2, que negó las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
La señora Mariela Lucrecia Quintero Bacares, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) para
solicitar la nulidad los siguientes actos3:
1
Expediente digital - puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Sala conformada por los magistrados: Cerveleón Padilla Linares, Alba Lucia Becerra Avella e Israel Soler Pedroza.
3
La demanda se rechazó contra los demás actos acusados por auto del 26 de agosto de 2019, confirmado por el Consejo de
Estado mediante auto del 29 de abril de 2021
2
Numero interno: 0511-2025
Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
i) Resolución No. 02675 del 17 de febrero de 2003, mediante la cual la Unidad
Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social UGPP le negó el reconocimiento y pago de la pensión
gracia.
ii) Resolución RDP 08248 del 30 de abril de 2003, mediante la cual resuelve
recurso de reposición contra la decisión anterior, confirmándola en todas sus
partes.
iii) Resolución No. 2942 del 6 de abril de 2004, que resolvió el recurso de
apelación y confirmó la Resolución No. 02675 del 17 de febrero de 2003.
A título de restablecimiento del derecho, pide se ordene a la entidad demandada
el reconocimiento y pago de la pensión gracia en los términos de la Ley 4ª de 1996,
incluyendo todos los factores salariales causados en el año inmediatamente anterior
a la adquisición del status pensional, junto con su retroactividad, reajuste e
indexación.
Que se actualice el vínculo laboral, el certificado de tiempo se servicios y salarios
devengados por la señora Mariela Lucrecia Quintero Bacares, en el sentido de
precisar que es una servidora pública (docente), territorial, con vinculación distrital
y remunerada.
Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187, 192,
194 y 195 del CPACA; y se condene en costas.
1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La señora Mariela Lucrecia Quintero Bacares nació el 24 de enero de 1949, ingresó
al servicio educativo como docente el 10 de marzo de 1975 hasta el día en que le
fue aceptada su renuncia mediante la Resolución No. 2928 del 11 de diciembre de
2012.
Que el 10 de julio de 2002 presentó derecho de petición ante la UGPP solicitando
el reconocimiento de una pensión gracia, la cual fue negada mediante Resolución
No. 02675 del 17 de febrero de 2003.
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Numero interno: 0511-2025
Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
Contra la anterior decisión interpuso recurso reposición y apelación los cuales
fueron resueltos mediante las Resoluciones números 08248 del 30 de abril de 2003
y 2942 del 06 de abril de 2004, confirmando en su totalidad la Resolución No. 02675
del 17 de febrero de 2003.
Indicó que los certificados de tiempo de servicios y salariales devengados expedidos
por la Secretaría de Educación de Bogotá no se acompasan a la realidad, en cuanto
a la forma de su vinculación, dado que siempre prestó sus servicios para la
Secretaría de Educación Distrital, prueba de ello es que dicha entidad fue quien le
aceptó su renuncia.
1.3. Normas Violadas y Concepto de Violación
En la demanda se citan como violadas las siguientes normas: Constitución Política,
artículos 4, 6, 13, 29, 48, 53, 58, 83, 121, 122, 123 y 230.
Ley 114 de 1913, Ley 116 de 1928, Ley 37 de 1933, Ley 46 de 1973, Ley 43 de
1975, Ley 29 de 1989, Ley 91 de 1989, Ley 33 de 1985, Ley 60 de 1993, Ley 715
de 2001, Acto Legislativo No. 1 de 2005, Ley 100 de 1993 y Decreto Ley 2277 de
1979.
Sostuvo que los actos cuestionados están viciados de nulidad, al desconocer la
normatividad que rige la pensión de jubilación gracia.
Agregó que la entidad accionada debió aplicar las normas constitucionales,
verificando quien es el empleador director de la demandante, esto es, Ministerio de
Educación, Secretaría de Educación Departamental y la Alcaldía Mayor de Bogotá,
para con base en ello, ordenar el pago de la pensión; dado que cumple con los
requisitos legales, prestación que se debe reconocer desde el momento en que
cumplió 20 años de servicios y 50 años de edad.
2. Contestación de la demanda4
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP se opuso a las pretensiones de la
demanda, manifestando que no tiene la obligación de reconocer la pensión de
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
jubilación gracia a aquellas personas que no cumplan con la totalidad de requisitos
señalados en la ley para ser acreedores de la misma.
En el caso de la demandante, no tiene derecho a la prestación puesto que, a pesar
que trabajo al servicio del Estado por más de veinte años, su vinculación fue como
docente nacional, por lo que no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión
solicitada. Ante ello, las resoluciones que negaron el derecho se encuentran
ajustadas a derecho y no hay lugar de ordenar su nulidad.
Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación
demandada, ausencia de vicios en los actos administrativos demandados,
presunción de legalidad de los actos administrativos, prescripción, buena fe y la
innominada o genérica.
3. La sentencia de primera instancia5
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 24 de octubre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas.
Consideró que la demandante no cumple con los requisitos exigidos por la
normatividad aplicable y por la jurisprudencia para ser acreedora del reconocimiento
de la pensión gracia, esto es, ser docente territorial o nacionalizado vinculado antes
del 31 de diciembre de 1980 y haber prestado sus servicios en planteles territoriales
por más de 20 años; lo anterior, por cuanto las pruebas allegadas al plenario dan fe
que su vinculación fue nacional.
Ante ello, no es posible acceder a lo pretendido, recalcando que es deber de la parte
actora la carga de prueba del derecho que reclama, el cual fue desatendido por
dicho extremo procesal.
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Índice 0018 SAMAI – Gestión de otros despachos
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
4. El recurso de apelación
La parte demandante solicitó revocar la sentencia y acceder a las pretensiones, esto
es, se reconozca la pensión gracia a su favor; lo anterior, comoquiera que fue
docente vinculada con el Distrito de Bogotá D.C.
Se refirió al empleo público y que toda persona debe tener funciones asignadas.
Señala que en la sentencia no se tuvo en cuenta que su vinculación no fue como
docente nacional; lo anterior, por cuanto sí bien fue nombrada por el Ministerio de
Educación Nacional en el año 1975, posteriormente, prestó sus servicios de forma
continua al distrito de Bogotá, donde figuró en su planta de personal, recibió sueldos
y prestaciones, fue ascendida por la Oficina de Escalafón Distrital, y luego retirada
mediante resolución distrital.
1.6 Trámite de segunda instancia
Con auto de 1 de abril de 20256, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se
prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.
1.7. Concepto del Ministerio Público7
La Procuraduría Delegada sugirió que se confirme la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que no se
demostró que el tiempo de servicio fuera prestado en condiciones que habiliten el
reconocimiento de la pensión gracia, en el entendido que lo probado es que la
vinculación de la demandante fue de carácter nacional, en el Instituto Nacional para
Ciegos INCI (sic), desde el 10 de marzo de 1975 hasta el 31 de diciembre de 2012.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
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Índice 0008 SAMAI.
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, que negó las pretensiones. Para el efecto, se analizará si a la
accionante le asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de
la pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan; o, por el contrario, carece de
fundamento, pues los años en que prestó el servicio como docente lo fue con
vinculación de orden nacional, como lo concluyó el a quo.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2. La
incorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la
descentralización de la educación pública; 2.3. Hechos probados; y 2.4. Caso
concreto.
2.1 Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su
esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias.
Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el
recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la
apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
El artículo 1º de la Ley 114 de 19139 consagró por primera vez la pensión gracia:
«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un
término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia
de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha recibido ni recibe
actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito
de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los
profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones
que recibían los docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia
surgía porque, en virtud de la Ley 39 de 190310, la educación pública primaria estaba
en cabeza de los municipios o departamentos, en tanto que la secundaria lo era a
cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 192811 amplió el beneficio de la pensión gracia a los
maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán
los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de
no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia
de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución
Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación que también
consagra el artículo 128 de la Carta actual12.
La Ley 37 de 193313 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión
de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.
9
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10
«[S]obre Instrucción Pública»
11
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
12
«Artículo 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de
las descentralizadas»
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«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199814, con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4
(numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra
como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente
otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley
Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades
que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,
incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer
el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente
legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una
pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución
de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir
doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca
la ley»
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de
197515, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación,
en virtud que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria
oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta
transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos docentes
del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de
las pensiones, preceptuó:
«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar está a cargo
total o parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados,
y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
14
16 M. P. Carlos Gaviria Díaz
15
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el
Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras
en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional».
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada,
esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata
el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto
de 1997, en el sentido que el artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de
carácter transitorio, para no desconocer los derechos adquiridos en relación con la
pensión gracia, en tratándose de los docentes nacionalizados.
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado
proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio
de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
“[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta
señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o
recompensa de carácter nacional”.
[…] 5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito,
como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31
de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado
después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del
reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea
la “[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”,
que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15
Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia.
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de
1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley»16
Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada
Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2021 de 11 de
16
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, M. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
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Demandado: UGPP
agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000- 2016-00278- 01 (3018-2017), en la
que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento»
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional, en fallo SU-
14 de 202017, esa disposición «[…] «solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación
literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes
de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de
secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que
se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley».
A partir de dicho entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes
de la referida fecha y consolidó su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de
la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión
gracia a quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de
1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del
31 de diciembre de 1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo
máximo para iniciar tales labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91
de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999,
expuso:
«Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los “docentes
oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como
la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que
culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre
de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos
pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral
2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el
31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los
requisitos legales correspondientes.
[…]
17
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
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Numero interno: 0511-2025
Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria
y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco
años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales,
a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía
a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión
gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en
el tiempo para quienes actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para
tener derecho a ella antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados
(nación o departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público,
situación ésta que resulta igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues
la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la
igualdad consagrado por el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato
diferente y discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión,
opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la
Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador,
conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la
función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado
que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de
primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes
estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los
vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho
adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita,
simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad
de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo,
podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho
ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron
después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación
laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya
exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación 18» [se subraya y destaca].
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la
normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios
como docente en planteles departamentales, distritales o municipales por un
término no menor de veinte (20) años, en virtud de la naturaleza de su vinculación,
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50)
años de edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
18
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa
teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el
legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a
tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello
significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes,
“nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual
promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
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2.2 La incorporación de los profesores a los entes territoriales, en virtud de la
descentralización de la educación pública.
Como se expuso en el acápite precedente, por medio de la citada Ley 39 de 1903,
el legislador fijó los parámetros iniciales de la «Instrucción Pública», es decir, la
educación primaria y secundaria, entre otras, la primera «[…] a cargo y bajo la
inmediata dirección y protección de los Gobiernos de los Departamentos» (artículo
3°), y la segunda asumida por «[…] la Nación e inspeccionada por el Poder
Ejecutivo» (artículo 4°).
Luego, con la Ley 43 de 1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria,
para lo cual se concedió un término de 5 años (artículo 319), esto es, hasta el 31 de
diciembre de 1980, de lo que se colige que con antelación a dicho trámite
únicamente existían dos (2) categorías de maestros oficiales, a saber: nacionales y
territoriales. Y, posterior a la referida nacionalización de la educación, se clasificaron
en nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya diferenciación quedó establecida
en el artículo 1º de la Ley 91 de 1989, así:
i) Personal nacional. Son los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional.
ii) Personal nacionalizado. Los designados por nombramiento de entidad territorial
antes del 1º de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
iii) Personal territorial. Son los vinculados por nombramiento de ente territorial, a
partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito del artículo 10 20 de
la Ley 43 de 1975.
La distinción que trae la norma clasifica la vinculación oficial docente en dos grandes
grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional (personal
nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal nacionalizado y
territorial).
19
«A partir del 1o. de enero y hasta el 31 de diciembre de 1976, la Nación pagará el veinte por ciento (20%) de los gastos de
funcionamiento (personal) de la educación a que se refiere el artículo primero, conforme a los presupuestos respectivos del
año de 1975; y así sucesivamente en cada vigencia subsiguiente, aumentará en un veinte por ciento (20%) su aporte a dichos
gastos, hasta llegar a absorber el ciento por ciento (100%) de los mismos en 1980 (de 1976 a 1980)».
20
«En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con cargo a
la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la
construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de
Educación Nacional»
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
A través de la Ley 60 de 199321, el Congreso de la República dio paso a la
descentralización del servicio educativo, para lo cual dejó en cabeza de los entes
locales su administración, incluida la del personal docente, mientras que la Nación
sería responsable de su regulación, coordinación y asistencia:
«Artículo 2°. Competencias de los municipios. Corresponde a los Municipios, a través de
las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas municipales
competentes […]:
1. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y a las disposiciones legales
sobre la materia: - Administrar los servicios educativos estatales de educación preescolar,
básica primaria y secundaria y media.
[…]
Artículo 3°. Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a
través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas
departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas
técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas: […]
A. En el sector educativo, conforme a la Constitución Política y las disposiciones legales sobre
la materia:
• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios
educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinaciación de los servicios educativos estatales y en las
inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los recursos del
situado fiscal para la prestación de los servicios educativos estatales.
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con
cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los
establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental,
distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas
maneras, la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
previsto en el artículo 6. de la presente Ley.
[…]
Artículo 4°. Competencias de los distritos. Corresponde a los distritos, a través de las
dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas competentes,
conforme a la Ley, a las normas técnicas nacionales y a los respectivos acuerdos:
[…]
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con
cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los distritos, caso en el cual los
establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter distrital; de todas
maneras, la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo
previsto en el artículo 6°. de la presente ley.
[…]
Artículo 5°. Competencias de la nación. En relación con las materias de carácter social,
corresponde a la Nación, a través de los Ministerios, Departamentos Administrativos y demás
organismos y autoridades de la administración central o de las entidades descentralizadas del
orden nacional, conforme a las disposiciones legales sobre la materia:
• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de orientación a las
entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
[…]
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en materia educativa y de
salud.
[…]
21
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos 151 y 288
de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones».
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• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las entidades territoriales
la ejecución de las campañas y programas nacionales, o convenir la asunción de las mismas
por parte de las entidades territoriales, cuando fuere el caso, con la asignación de los recursos
respectivos para su financiación o cofinanciación; establecer los programas de cofinanciación
en forma acorde a las políticas y a las prioridades nacionales.
[…]» (se subraya).
Conforme a la aludida Ley 60 de 1993, los departamentos y distritos certificados
asumieron la prestación de la labor educativa; en materia prestacional, se
contemplaron mecanismos que no afectaran (i) a los maestros nacionales o
nacionalizados incorporados sin solución de continuidad a las entidades territoriales
y a los nuevos, a quienes les sería aplicada la Ley 91 de 1989, (ii) mientras que
quienes laboraban en los departamentos, distritos y municipios que acogieron el
personal descentralizado, continuarían con las prerrogativas ya reconocidas por
estos, según el caso.
Posteriormente, se expidió la Ley 715 de 200122, que derogó la 60 de 1993 y dispuso
que los municipios y distritos certificados en educación tendrían a su cargo ese
servicio en los niveles de preescolar, básica y media, incluidos nombramientos,
ascensos y traslados, pero «[…] sin superar en ningún caso el monto de los recursos
de la participación para educación del Sistema General de Participaciones asignado
a la respectiva entidad territorial […]» (artículos 6° y 7°). Además, los artículos 3423
y 3724 de la Ley 715 determinaron que «Las plantas de cargos docentes y de los
administrativos de las instituciones educativas serán organizadas conjuntamente
por la Nación, departamentos, distritos y municipios […]», los servidores «[…] que
fueron nombrados con el lleno de los requisitos, mantendrán su vinculación sin
solución de continuidad» y «[…] los docentes, directivos docentes y funcionarios
administrativos de los planteles educativos que se financien con recursos del
Sistema General de Participaciones, sólo se les podrá reconocer el régimen salarial
y prestacional establecido por ley o de acuerdo con esta» (artículo 38).
En atención a que la normativa trascrita25, como ya se anotó, prescribió que una vez
«Establecidas las plantas, los docentes, directivos docentes y administrativos de los planteles
educativos […] mantendrán su vinculación sin solución de continuidad» (se subraya), la sala
mayoritaria de esta subsección, al desatar medios de control instaurados por docentes estatales con
el ánimo de obtener la pensión gracia, ha dicho que «[…] si bien es cierto que el Departamento […]
22
6 «Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151,
288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
23
«Incorporación a las plantas».
24
«Organización de plantas».
25
Artículos 6º de la Ley 60 de 1993 y 34 de la Ley 715 de 2001
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para asumir la administración del sector de la educación dentro del modelo de descentralización
administrativa, incorporó a su planta de personal a algunos docentes, directivos docentes y
administrativos, […] también lo es que esto no conllevó a que la calidad de la vinculación de estos
mutara de nacional a territorial, pues […] el artículo 1º de la Ley 91 de 1989 estableció que los
docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional […] son personal nacional. Además,
la nominación es una sola y es diferente a la incorporación»26 (sic; se subraya).
En suma, la postura adoptada por la sala de decisión aquí integrada se contrae a
que a los maestros nacionales incorporados a los entes territoriales con ocasión de
las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001 no pueden ser acreedores de la pensión gracia,
puesto que, además que no existe sinonimia entre los términos nombramiento
(«nominación») y homologación, en todo caso esta no comporta cambio del tipo de
vinculación, pues fue sin solución de continuidad27.
2.3 Hechos probados28
• Mediante resolución No. 1259 del 24 de marzo de 1975, proferida por el Ministro
de Educación Nacional, se nombró a la señora Mariela Lucrecia Quintero Bacares
como profesora de enseñanza secundaria en el Instituto Nacional para Ciegos
“INCI”, a partir del 10 de marzo de 197529.
-Resolución No. 2928 del 11 de diciembre de 201230, «por el cual se acepta la renuncia a
unos docentes y directivos docentes pertenecientes a la planta de personal de la secretaria de
educación de Bogotá», en su artículo 19 se observa el nombre de la señora Mariela
Quintero Bacares.
• Obran los Formatos Únicos para la expedición de Certificado de la Historia Laboral
de fechas 7 de noviembre de 2014, 7 de marzo de 2017 y 21 de junio de 2017,
suscrito por el profesional especializado de la Secretaría de Educación de Bogotá,
donde se establece que la demandante prestó sus servicios como docente en el
26
Ver, por ejemplo, fallos de (i) 25 de agosto, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César Palomino
Cortés; y (ii) 1° de septiembre de 2022, expediente 68001-23-33-000-2019-00272-01 (2401-2022), entre otros. Y más
recientemente se puede consultar: sentencia de 23 de noviembre de 2023, expediente 08001-23-33- 000-2019-00085-01
(1126-2021), C. P. Jorge Edison Portocarrero Banguera
27
Sentencia de 25 de agosto de 2022, expediente 76001-23-33-000-2015-01378-01 (2785-2018), C. P. César Palomino
Cortés: «De modo que, como la accionante […], al ser incorporada a la planta del municipio de Cali sin solución de continuidad,
mantuvo su calidad de docente con vinculación nacional […]»
28
Documentos aportados con la demanda, expediente digital
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periodo comprendido entre el 10 de marzo de 1975 hasta el 31 de diciembre de
2012 con vinculación nacional31.
• Constancia expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá el 26 de mayo de
2005 mediante el cual informa que la demandante figura en la nómina del programa
de planteles nacionales como docente, habiendo ingresado al servicio el 10 de
marzo de 197532.
• Resolución No. 4137 del 6 de octubre de 2004, a través de la cual el FOMAG
reconoce a la demandante una pensión de jubilación por tener 20 años de servicio
docente, con vinculación nacional, efectiva a partir del 25 de enero de 2004,
prestación reliquidada por medio de las Resoluciones número 4129 del 21 de agosto
de 2013 y 6171 del 5 de noviembre de 201333.
-La Secretaría de Educación de Bogotá, mediante oficio del 7 de marzo de 2017,
resolvió el derecho de petición Radicado E-2017-4266834, precisando que, al revisar
la hoja de vida y registros sobre los nombramientos que aparecen en la base de
datos de la entidad, se evidencia que la demandante fue vinculada al servicio
educativo por el Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución 1259 del 24
de marzo de 1975; por tanto, su vinculación fue de orden nacional y su régimen
salarial es el establecido en los Decretos leyes 3118 y 3135 de 1968, 1848 de 1969
y 1045 de 1978.
-La Secretaría de Educación de Bogotá, mediante oficio del 8 de marzo de 2017 35,
informó que el origen de los recursos con los cuales se le cancelaron a la
demandante sus salarios y prestaciones sociales desde la fecha de su ingreso hasta
su retiro provienen del situado fiscal, antiguo FER, y en concordancia con la Ley
715 de 2001, desde enero de 2002 por el sistema general de participaciones (SGP)
-Oficio 2018-ER-182320 del 17 de agosto de 2018 expedido por el Ministerio de
Educación en respuesta a solicitud elevada por la aquí parte actora, mediante el
cual informan que la historia laboral de la señora Quintero Bacares fue remitida a la
Secretaría de Educación de Bogotá, en virtud del proceso de descentralización de
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la educación, siendo entonces aquella entidad quien custodia su hoja de vida y la
encargada de emitir la certificación36.
-Oficio expedido por la Fiduprevisora No. 20181070300751 del 2 de octubre de
201837, en el cual señaló que el Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, le informó que, como administrador de los
recursos del FOMAG, dentro de su competencia está el impartir el visto bueno de
los actos administrativos; más no es la entidad encargada de recibir, radicar,
estudiar o liquidar ningún tipo de prestación. También, adujo, que la Secretaría de
Educación es quien profiere los actos administrativos.
-Comprobantes de pago de la actora expedidos por el banco BBVA38, en el periodo
2016 y 2015.
-La Secretaría de Educación de Cundinamarca expidió el oficio N°2023565011 del
23 de mayo de 202339, dando respuesta al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en el cual manifestó que en la base de datos física y magnética no
se encontró registros de vinculación de la actora con la entidad.
-Oficio de la Secretaría de Educación de Bogotá del 23 de mayo de 2023 con
radicado S-2023-18371140, mediante el cual dio respuesta a la petición donde se le
pidió información acerca de: «Si la señora MARIELA LUCRECIA QUINTERO BACARES hizo
parte de la nómina de la planta de personal del Distrito de Bogotá D.C., mediante la cual le cancelaron
salarios y prestaciones sociales (como los descuentos para salud y pensión de jubilación). -Se
indique si el Distrito de Bogotá D.C. (Fondo Educativo Regional) canceló salarios a la señora
MARIALES LUCRECIA QUINTERO BACARES hasta la edad de retiro forzoso (65 años de edad)
realizando el descuento para salud y pensión», a través de la cual explica la normatividad
que rige la materia y luego manifestó que los docentes se encuentran afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado mediante la Ley 91
de 1989 y están exceptuados del sistema integral de seguridad social.
Además, precisó que, verificado el Sistema Integrado de Gestión Talento Humano
de la Secretaría de Educación del Distrito, así como los antecedentes
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Índice 0024 SAMAI – Gestión de otros despachos
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Índice 0025 SAMAI – Gestión de otros despachos
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administrativos correspondientes, se evidenció que los aportes al sistema de
seguridad social de la actora fueron realizados en la proporción respectiva y de
forma oportuna, sobre los factores salariales devengados de conformidad con su
vinculación y en concordancia con los preceptos normativos.
Con la respuesta se aportó también documentación acerca de acumulado anual de
la señora Mariela Quintero Bacares, desde 1999 hasta el 2013.
-La Secretaría de Educación de Bogotá, mediante Oficio del 15 de abril de 202441
dio respuesta a la solicitud de: «Indiquen si los formatos por medios de los cuales se expiden
el certificado de tiempo de servicios y salarios devengados por los docentes son los mismos
establecidos en sistema humano que es propiedad del Ministerio de Educación Nacional »,
informando que, los formatos establecidos por la Secretaría Distrital de Educación
de Bogotá para expedir certificados de tiempo de servicios y certificados salariales,
tienen como fuente de información principal el “sistema humano”, propiedad del
Ministerio de Educación Nacional.
Actos administrativos acusados:
-Resolución No. 02675 del 10 de febrero de 2003, por la cual UGPP negó la pensión
gracia a la demandante, notificada el 12 de marzo de 200342.
-Resolución 08248 del 11 de abril de 2003, por la cual se resuelve el recurso de
reposición en contra de la anterior resolución anterior confirmándola, notificada el
16 de mayo de 200343.
-Resolución No. 2942 del 6 de abril de 2004, por el cual se resuelve el recurso de
apelación contra la Resolución No. 02675 del 2003, confirmándola, notificada el 3
de mayo de 200444.
2.4 Caso concreto
La señora Mariela Lucrecia Quintero Bacares acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación de los actos administrativos
por los cuales la demandada negó el reconocimiento de la pensión gracia bajo el
41
Índice 0036 SAMAI – Gestión de otros despachos
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argumento que, su vinculación al servicio docente fue como docente nacional y por
tanto, el tiempo de servicio prestado no es computable para la pensión deprecada.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda,
bajo el argumento que la demandante no cumple con los requisitos exigidos por la
normatividad aplicable y por la jurisprudencia para ser acreedora del reconocimiento
de la pensión gracia; dicha decisión fue recurrida por el apoderado de la
demandante, quien pide sea revocada y se acceda a las súplicas de la demanda.
La Sala considera que le asistió razón al tribunal en su decisión de negar el
reconocimiento de la pensión gracia deprecado, por cuanto la demandante no
acreditó ser docente territorial ni nacionalizada; siendo aquella una docente
nacional, quienes no son beneficiarios de la citada pensión, conforme se ha
establecido por esta Corporación, entre muchas otras, en la sentencia de unificación
SUJ-030-CES2-2021 de 11 de agosto de 2022, anteriormente citada.
Según la Resolución No. 1259 del 24 de marzo de 1975, expedida por el Ministerio
de Educación Nacional, la aquí demandante fue nombrada por dicha cartera
ministerial para ejercer como profesora de enseñanza secundaria, en un cargo
nuevo, en el Colegio Cooperativo; dicho acto de nombramiento fue suscrito por el
ministro de educación nacional y el secretario general.
Tanto en los diversos certificados de historial laboral de fechas 7 de noviembre de
2014, 7 de marzo de 2017 y 21 de junio de 2017 allegados, como en el oficio del 7 de
marzo de 2007, dictado en respuesta a la petición radicada E-2017-42668, la
Secretaría de Educación de Bogotá ha certificado que la vinculación de la
demandante es de orden nacional, quien fue nombrada directamente por el
Ministerio de Educación Nacional. En el citado oficio también quedó que su paso a
la Secretaría de Educación del Distrito no se hizo por medio de ningún acto
administrativo de vinculación sino por disposición de las Leyes 91 de 1989 y 60 de
1993; así como, el Decreto 600 de 1996 y Acuerdo 7 de 1996. El carácter de docente
nacional también quedó establecido en los actos administrativos que reconocieron
la pensión de jubilación a la actora y su reliquidación.
En ese mismo sentido, la constancia expedida el 26 de mayo de 2005 por la
Secretaría de Educación de Bogotá – Grupo de Hojas de Vida, indica que la
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demandante figura en la nómina del programa planteles nacionales, vinculada por
medio de la Resolución No. 1259 del 24 de marzo de 1975.
Bien, teniendo en cuenta las anteriores pruebas, con el ánimo de resolver el
problema jurídico planteado, se considera importante traer a colación las reglas
establecidas en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, Radicación
número: 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14) CE-SUJ2-011-18, referentes a
la pensión gracia, providencia en la cual se concluyó:
ii) «Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las
entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente
nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que
les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por
asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
(…)
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad
nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la pensión
gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en
esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva
localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a
través de los fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los
educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en
los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones (…)»
Conforme al anterior derrotero jurisprudencial para definir si la demandante tiene la
calidad de docente territorial es necesario analizar el acto administrativo de
nombramiento -el cual obra en el plenario-, así como también, las certificaciones de
historial laboral expedidas por la entidad nominadora, que también hacen parte del
acervo probatorio; del análisis de tales pruebas, las cuales fueron reseñadas en
líneas precedentes, logra concluir la Sala que desde su vinculación la actora tuvo la
calidad de docente nacional, la cual no varió durante todo el tiempo que prestó sus
servicios.
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Como refuerzo a la tesis anterior, se considera importante señalar que en la ya
citada constancia expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá el 26 de mayo
de 2005 se informó que la demandante figura en la nómina del programa de
planteles nacionales como docente. El Consejo de Estado respecto a los docentes
vinculados en dicho programa ya se pronunció y concluyó que aquellos eran
docentes nacionales, así se quedó en la sentencia del 24 de octubre de 2012 45
donde se dijo «Ahora, conforme a la Certificación obrante a (folio 36 cdno 1) del
expediente, se evidencia que la demandante prestó sus servicios al Estado a partir del 2 de
febrero de 1976 en diferentes establecimientos educativos del programa de “PLANTELES
NACIONALES”, de donde se concluye con toda claridad que la vinculación de la
demandante fue de carácter Nacional, prestando sus servicios como docente en un
establecimiento educativo del mismo orden, motivo por el cual no es posible convalidar el
tiempo prestado para el reconocimiento de la pensión gracia solicitada» (negrilla fuera de
texto original).
Ahora, la Sala no desconoce que según lo certificado el 8 de marzo de 2017 por la
Secretaría de Educación de Bogotá el origen de los recursos con los cuales se le
cancelaron a la demandante sus salarios y prestaciones sociales desde la fecha de
su ingreso hasta su retiro provienen del situado fiscal, antiguo FER, hoy sistema
general de participaciones (SGP); sin embargo, conforme quedó precisado en la
sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, ya citada, el origen de los recursos
no es lo relevante para definir si una docente es o no territorial, para ello, lo
esencialmente relevante es la acreditación de la plaza donde prestó sus servicios;
la cual, se insiste, es de carácter nacional según lo certificado por la mencionada
secretaría en el oficio del 7 de marzo de 2017 y en los Formatos Únicos para la
expedición de Certificado de la Historia Laboral.
Ahora, respecto de la supuesta irregularidad, alegada por la parte actora, en lo
certificado por la Secretaría de Educación de Bogotá debe indicarse que su
aseveración carece de medios probatorios que la respalden, la calidad de docente
nacional de la demandante en ellos indicadas se corrobora con la revisión del acto
administrativo de nombramiento, esto es, la Resolución No. 1259 del 24 de marzo
de 1975, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, donde se logra advertir
que la señora Quintero Bacares fue nombrada por dicha cartera ministerial para
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C.E., Sección Segunda, Subsección A, con ponencia del Dr. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, radicación 25000-23-25-
000-2010-00506-01(1777-11)
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Numero interno: 0511-2025
Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
ejercer como profesora de enseñanza secundaria, en un cargo nuevo, en el
Colegio Cooperativo, acto administrativo que fue suscrito por el ministro de
educación nacional y el secretario general, esto es, en el nombramiento de la
accionante no tuvo participación ningún agente del orden territorial y como ya se
expuso, su nombramiento fue para ocupar una plaza nueva por parte del Ministerio
de Educación.
Debe precisarse que el hecho que la demandante haya sido trasladada a la
Secretaría de Educación de Bogotá, esto no genera un nuevo nombramiento ni
nueva vinculación, dicha actuación se generó como resultado de la
descentralización de la educación, tal como quedó indicado en la pluricitado oficio
del 7 de marzo de 2007, persistiendo entonces su nombramiento inicial como
docente nacional. Así lo ha concluido esta Corporación en diversos
pronunciamientos y fue detallado en esta sentencia en el acápite 2.2.; lo anterior,
como resultado del análisis hecho a las disposiciones de las Leyes 60 de 1993, hoy
derogada, y 715 de 2001.
En ese orden de ideas, se concluye que la demandante durante todo el tiempo que
prestó sus servicios al Estado lo hizo como docente nacional; por tanto, no es
acreedora de la pensión gracia aquí reclamada, razón suficiente para confirmar la
decisión del tribunal.
2.6. Sobre la condena en costas
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o
no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal
de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta
desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas
del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en el
proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
por consiguiente, no se condenará en costas.
III. DECISIÓN
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Demandante: Mariela Lucrecia Quintero Bacares
Demandado: UGPP
En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia proferida el 24 de octubre
de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda -
Subsección D, que negó las pretensiones de la demanda, por cuanto la demandante
no cumplió con los requisitos legales para acceder a la pensión gracia deprecada,
dada su vinculación como docente nacional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de 24 de octubre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Segunda - Subsección D, que
negó las pretensiones de la demanda de la señora Mariela Lucrecia Quintero
Bacares contra la UGPP, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente en comisión Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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