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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01001-02

Prima especial de servicios

Fecha
3 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Conjuez Jorge Ivan Acuña Arrieta

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01001-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Problema jurídico

  1. ¿Tiene derecho la demandante a un reajuste salarial equivalente al 30% de su remuneración mensual, con sus consecuencias prestacionales, conforme al artículo 14 de la Ley 4ª de 1992?

  2. ¿Opera la prescripción trienal respecto de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas?

  3. ¿Procede remitir el asunto a la Sala Plena del Consejo de Estado para una nueva unificación de la jurisprudencia sobre la prima especial?

Reglas

  1. El artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 exige adicionar la prima especial al salario y no incluirla dentro de él, de modo que el salario se paga al 100% y sobre él se liquidan las prestaciones.

    «art. 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe adicionar la prima especial allí ordenada y no»
  2. Los servidores beneficiarios de la prima especial tienen un derecho consolidado a recibir el 100% de su remuneración mensual, que el gobierno disminuyó en un 30% al considerarlo prima especial.

    «tenían y tienen un derecho consolidado a recibir el ciento por ciento (100%) de una»
  3. La prescripción trienal de la prima especial se cuenta desde la fecha de la reclamación administrativa y hacia atrás, sin pasar de tres años.

    «tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998»
  4. El derecho a la prima especial se hizo exigible desde la entrada en vigor del Decreto 57 de 1993 y no desde la ejecutoria de la sentencia de 2014.

    «se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó»
  5. La obligación del empleador de cotizar al sistema de pensiones sobre el 100% de la remuneración es imprescriptible y no se extingue por prescripción trienal.

    «irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que»
  6. El reconocimiento del derecho no puede condicionarse al trámite presupuestal que la entidad deba adelantar para asignar el rubro de cumplimiento de la sentencia.

    «no puede estar condicionado al trámite administrativo que la accionada deberá»

Decisión

Modifica el numeral tercero para declarar probada la prescripción extintiva de las diferencias salariales y prestacionales, salvo los aportes a pensiones, revoca los numerales quinto y sexto de la condena y confirma lo demás. No condena en costas.

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia emitida el 31 de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, en el sentido de, DECLARAR probada la EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN extintiva relacionada con la diferencia salarial y prestacional reclamada, conforme a la sentencia de unificación – SUJ-016-CE-2019, en concordancia con los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, con excepción de la obligación de la demandada de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que se tomaba como prima especial, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2007, por las razones expuestas ut supra. 19 Consultada la página de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se advierte que el abogado no registra antecedentes. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.cndj.gov.co/ 20 “Consejo de Estado, providencia de 20 de agosto de 2015, medio de control No 47001233300020120001301 (1755-2013), C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez. “(...) La norma contenida en el citado artículo 188, no impone al funcionario judicial la obligación se conceder en costas, solo le da la posibilidad de “disponer”, esto es, de pronunciarse sobre su procedencia. La mencionada sentencia precisó que si bien es cierto en la Ley 1437 de 2011, no aparece la previsión que contenía el artículo 171 del decreto 01 de 1984, referido a la potestad de imponer condena en costas, "teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes", también lo es la norma establecida en la Ley 1437 de 2011, no impone la condena de manera automática frente a aquél que resulte vencido en el litigio, pues debe entenderse que ella es el resultado de observar una serie de factores tales como la temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas en el curso de la actuación, en donde el Juez ponderará tales circunstancias y se pronuncia sobre la procedencia de imposición con una decisión sustentada […]”. 13 […]

Ficha elaborada por RuleX: cada regla va con el pasaje literal de la providencia que la sostiene.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01001-02

Consejero ponente: Conjuez Jorge Ivan Acuña Arrieta

3 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONJUEZ PONENTE: JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA

Bogotá D. C. tres (3) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Radicación: 25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021)
Demandante: LUZ MARINA VALENCIA SOLANILLA
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
Tema: Apelación sentencia – Pima de servicios 30%

Procede la Sala de Conjueces a resolver el recurso de apelación, interpuesto tanto
por la parte demandante como demandada, contra la sentencia del 31 de agosto de
2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

1. ANTECEDENTES

1.1 La demanda.

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del CPACA, la señora LUZ MARINA VALENCIA
SOLANILLA solicitó la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo en el que incurrió la RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL frente a la petición de reliquidación y pago de las
diferencias debidas por concepto de salarios y prestaciones sociales, en virtud de la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

Como consecuencia de tal declaración, a título de restablecimiento del derecho pidió
condenar a la demandada a:

“TERCERO.- QUE COMO CONSECUENCIA DE LA NULIDAD PEDIDA EN EL PUNTO ANTERIOR,
SE LE RECONOZCA AL DEMANDANTE EL RÉGIMEN SALARIAL Y SUS PRESTACIONES
CONTENIDO EN DECRETOS CITADOS, TAL COMO QUEDARON DESPUES DE LAS NULIDADES
DECRETADAS, EN LA CITADA SENTENCIA DEL 29 DE ABRIL DE 2014, EN SU INTEGRIDAD
Y SENTIDO JURIDICO, CON LA ORDEN A LA NACIÓN/CONSEJO SUPERIOR DE LA

1

JUDICATURA /DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL QUE RESTABLEZCA
LA TOTALIDAD DEL SALARIO Y LAS PRESTACIONES SOCIALES ESTABLECIDOS PARA EL
FUNCIONARIO JUDICIAL QUE PRESENTA ESTA DEMANDA.
LA DECISIÓN SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DEBE CONCRETARSE, POR LO
TANTO, A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL VIGENTE DESDE 1993
Y EN ADELANTE, PARA QUE SE CANCELEN LOS VALORES EQUIVALENTES A LOS SALARIOS
Y PRESTACIONES SOCIALES QUE RESULTEN DE LAS RELIQUIDACIONES QUE AQUÍ SE
RECLAMAN, SIN DESCONOCER EL DERECHO A LA PRIMA ESPECIAL SIN CARÁCTER SALARIAL
CREADA POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 4ª DE 1992, EN LOS TÉRMINOS ADOPTADOS
POR EL H. CONSEJO DE ESTADO EN LAS (sic) MISMA SENTENCIA ARRIBA RELACIONADA.
CUARTO.- QUE SE ORDENE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL
VIGENTE DESDE EL 1 DE ENERO DE 1993 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. POR LO TANTO,
LOS DERECHOS LABORALES RECLAMADOS EN ESTAS PRETENSIONES SON LOS SIGUIENTES:
1.- LOS SALARIOS BÁSICOS QUE RECOBRARON SU INTEGRIDAD TOTALMENTE EN EL
PORCENTAJE DEL 30% EN VIRTUD DE LA ANTEDICHA SENTENCIA DEL CONSEJO DE
ESTADO.
2.- LAS PRESTACIONES SOCIALES QUE DEBEN SER RELIQUIDADAS TOMANDO COMO BASE
LOS SALARIOS ASÍ RESTABLECIDOS EN SU PLENO VALOR, INTEGRIDAD Y CONSECUENCIAS
PRESTACIONALES.
3.- EL MANTENIMIENTO DE LAS BONIFICACIONES, PRIMAS ESPECIALES Y DEMÁS
PRESTACIONES DE TODO TIPO QUE HA CONSAGRADO LA LEY Y LOS REGLAMENTOS ,
ESPECIALMENTE LA PRIMA SIN CARÁCTER SALARIAL CREADA POR EL ARTÍCULO 14 DE LA
LEY 4ª DE 1992.
4.- LAS RELIQUIDACIONES SE HARÁN DESDE EL AÑO 1993 EN ADELANTE SEGÚN LOS
CARGOS, TIEMPOS DE SERVICIO DE CADA SOLICITANTE Y DE ACUERDO CON LOS VALORES
ESTABLECIDOS EN LOS DECRETOS: 57 DE 1993 ARTÍCULO 6º, 106 DE 1994 ARTICULO
6º, 43 DE 1995 ARTÍCULO 6, 36 DE 1996 ARTÍCULO 6º, 64 DE 1997 ARTÍCULO 6º,
76 DE 1998 ARTÍCULO 6º, 44 DE 1999 ARTÍCULO 6º, 4740 DE 2000 ARTÍCULO 6º,
1475 DE 2001 ARTÍCULO 7º, 2740 DE 2001 ARTÍCULO 7º, 683 DE 2002 ARTÍCULO
6º,, 3569 DE 2003 ARTÍCULO 6º, 4172 DE 2004 ARTÍCULO 6º, 936 DE 2005
ARTÍCULO 6O, 389 DE 2006 ARTÍCULO 6º, 618 DE 2007 ARTÍCULO 6º. ” (Ortografía,
gramática y mayúsculas del texto original)

1.2 La contestación de la demanda.

La Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial se opuso a la prosperidad de las pretensiones y solicitó se
declaren probadas las excepciones.

Indicó que por mandato legal expreso del artículo 14 de la ley 4ª de 1992 la prima
especial de servicios no tiene el carácter de salarial, lo que significa que dicho
porcentaje no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las primas de
servicio, navidad, vacaciones, auxilio de cesantías y bonificación por servicios
prestados.

Señaló que, en caso de acceder a las pretensiones de la demanda, debe decretarse
la prescripción de las sumas reclamadas fuera de tiempo, tal y como lo determinó el
2

Consejo de Estado, a través de la sentencia de unificación del 2 de septiembre de
2019.

Finalmente, expuso que no cuenta con respaldo presupuestal ni asignación de
recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para reconocer y
pagar las diferencias salariales y prestacionales que se reclaman por parte de los
jueces y, se encuentra a la espera de una respuesta por parte de esa cartera frente
a la asignación de dineros para ese efecto.

1.3 . Sentencia de primera instancia1.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, a
través de la sentencia de 31 de agosto de 2021, accedió a las pretensiones de la
demanda, así:

“PRIMERO.- Estese a lo resuelto en la Sentencia del 29 de abril del año 2014
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, dentro
del expediente n° 2007- 0087-00. C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz, en cuanto
declaró la nulidad por inconstitucionalidad de algunos artículos de los decretos
reglamentarios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, e inaplicar por inconstitucional
todos los decretos que dieron un entendimiento diferente en el sentido de
disminuir el derecho a la prima, en cuanto no se considere un aumento sino una
disminución, por las razones expuestas.

SEGUNDO.- Estese a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del 2
de septiembre del 2019, con ponencia de la Consejera Carmen Anaya de
Castellanos, por las razones expuestas en el caso concreto de esta sentencia.

TERCERO.- Declarar probada la excepción de prescripción trienal de los derechos
laborales pedidos con fundamento en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
causados con anterioridad al 11 de febrero de 2012, de conformidad con lo
expuesto en el acápite del caso concreto de esta sentencia, salvo que si deben
ser tenidos en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes
para el sistema de seguridad social en pensiones, por ser un derecho
irrenunciable e imprescriptible y constituir un factor salarial para estos efectos,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO.- Declarar la nulidad del Acto Administrativo Presunto producto del silencio
administrativo negativo por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá al no contestar la petición objeto de esta
decisión, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO.- Condénase a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, a reconocer y pagar a LUZ MARINA
VALENCIA SOLANILLA , retroactivamente, el REAJUSTE SALARIAL que corresponde al 30
% del salario básico mensual con sus consecuencias prestacionales en la
reliquidación en idéntico porcentaje de la prima de navidad, prima de servicios,
vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, seguridad social en salud y pensión,
bonificación por servicios prestado, etc., causados desde el 11 de febrero de

1
Folios 179 a 188.
3

2012, en adelante, y mientras funja como Juez de la república, o sea desvinculado
de la entidad, por habérsele deducido durante los extremos temporales servidos,
computando para este ejercicio el 100% que corresponde a la asignación básica
mensual devengada correspondiente para ese cargo, luego del pago de la prima
consagrada en esa norma, ya cancelada, con la precisión de ser factor salarial
para la reliquidación de la pensión de jubilación durante los extremos temporales
laborados desde el 1 de enero de 1993, conforme a lo expuesto en la parte
motiva.

SEXTO.- En consecuencia, la NACIÓN – RAMA JUDICIAL, debe reconocer y pagar con
carácter permanente a la demandante LUZ MARINA VALENCIA SOLANILLA, su salario
completo, incluyendo el 30% adeudado, luego del pago de la prima consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 ya cancelada, con los correspondientes
reajustes prestacionales conforme a lo indicado en el ordinal anterior.

SÉPTIMO- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con
el artículo 187 del C.C.A. tomando como base la variación porcentual de los
índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

OCTAVO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si
se dan los supuestos de hecho y de derecho del artículo 177 del C.C.A.

NOVENO. - Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro
del término previsto en el artículo 176 del C.C.A., acatando la Sentencia C-188
de 1999.

DÉCIMO.- No condenar en costas. (…)”

Señaló que de acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado en las decisiones
emitidas el 2 de abril de 20092, 29 de abril de 20143 y 2 de septiembre de 20194, la
prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 debe ser entendida
como un incremento y no una disminución de la remuneración básica de los
servidores beneficiarios de aquella. En ese mismo sentido, precisó que esta
interpretación desarrolla en mayor medida los principios de progresividad,
favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial. De ahí que concluyó que la
demandante tiene derecho a que se reliquiden los ingresos mensuales sobre la base
del 100% del salario básico más el 30% de la prima especial de servicios y las
prestaciones serán liquidadas sobre la base de todo el salario sin sumar o restar el
30%, equivalente a la prima especial, toda vez que dicha prestación social no tiene
carácter salarial.

A su vez, declaró prescritas las sumas causadas con anterioridad al 11 de febrero de
2012, dado que la reclamación ante la entidad se radicó el 11 de febrero de 2015.
Aclaró que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones no serían
afectados por el fenómeno de la prescripción e indicó, que, de ser el caso, la prima

2
Radicado: 110010325000200700098 00 (1831-2007). MP. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
3
Número interno: 1686-2007. C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
4
Número interno: 2204-2018- C.P. Carmen Anaya de Castellanos.
4

especial de servicios debe ser tenida encuentra para reliquidar la pensión de
jubilación.

1.4 El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

Parte demandante5

Para comenzar, reiteró los argumentos expuestos en el escrito introductorio. Luego,
señaló que, contrario a lo expuesto por el a quo, en el sub examine no debió aplicarse
el criterio que, sobre la prescripción, desarrolló el órgano de cierre de la jurisdicción
de lo contencioso administrativo en la sentencia de unificación del 2 de septiembre
de 2019. En su concepto, este resulta regresivo y desconoce que el derecho solo se
hizo exigible, a partir de la ejecutoria de la decisión emitida el 29 de abril de 2014,
por el Consejo de Estado, dentro de la cual se declaró la nulidad de los Decretos que
disminuyeron la asignación básica de los beneficiarios de la prima especial.

De ahí que, solicitó apartarse de las reglas de unificación descritas en la referida
sentencia y, en consecuencia, revocar la decisión en cuanto declaró probada
parcialmente la excepción de prescripción, para en su lugar, ordenar la reliquidación
del salario básico teniendo en cuenta el 30%, que se había descontado como prima
especial, desde el 1 de enero de 1993 y hasta la fecha.

En consecuencia, pidió remitir el proceso a la Sala Plena del Consejo de Estado con
el fin de que esta asuma su conocimiento y profiera “una nueva unificación de la
jurisprudencia en esta materia, de conformidad con el articulo No. 271 del C.P.A.C.A.,
modifique la jurisprudencia de unificación que ha sido adoptada por la sala de conjueces de
la sección segunda de lo contencioso administrativo mediante sentencia del 2 de septiembre
de 2019 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho”

Al respecto, indicó que, en su concepto, la decisión de unificación del 2 de septiembre
de 2019 es “inconstitucional y abiertamente contraria a la ley”. Como fundamento de lo
anterior, expuso que aquella desconoció: i) la naturaleza constitutiva de la sentencia
del 29 de abril de 2014, mediante la cual la Sala de Conjueces del Consejo de Estado
declaró la nulidad parcial de los decretos salariales expedidos entre 1993 y 2007; ii)
que la inaplicación de los decretos salariales procede solo en el caso concreto y no
con efecto erga omnes; iii) que las prestaciones periódicas se encuentran
exceptuadas del término de caducidad y iv) que, según los títulos V y VII, solo los
magistrados que conforman las Salas especializadas y la Sala Plena del Consejo de
Estado son competentes para emitir sentencias de unificación de jurisprudencia, es
decir, no se concede aquella facultad a quienes los remplazan en los casos previstos
por la ley.

5
Folios 201 a 214.
5

Parte demandada6

Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandada presentó recurso
de apelación, en el que solicitó revocar el fallo de primer grado y, en su lugar, negar
las pretensiones.

Afirmó que la entidad ha reconocido la prima especial en los términos delimitados
por la ley. De igual manera, recordó que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 de forma
expresa indicó que la prima especial no tiene carácter salarial, lo que significa que el
porcentaje que la compone, por voluntad del legislador, no constituye factor salarial
por lo que, las prestaciones sociales devengadas por la demandante, tales como
vacaciones, primas de servicio y de navidad, se le liquidaron en debida forma.

Finalmente, aseveró que las sumas causadas con anterioridad al 15 de febrero de
2012 se encuentran prescritas, toda vez que la petición fue presentada el 15 de
febrero de 2015.

1.5 Trámite de Segunda Instancia.

Mediante escrito de 17 de febrero de 20227 los Magistrados de la Sección Segunda,
Subsección B, a quienes correspondió el reparto del proceso, se declararon impedidos
para conocer del asunto al considerar que podrían estar incursos en un interés directo
en las resultas del proceso. Posteriormente, a través de proveído del 9 de mayo de
20228 los Magistrados de la Subsección A de la Sección Segunda, lo declaró fundado
y de igual forma se declararon impedidos.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto de 28 de febrero de 20239,
proferido por el Conjuez Ponente.

Mediante escrito radicado el 31 de marzo de 202310, la parte demandante reiteró la
solicitud de unificación descrita en el recurso de apelación.

Dentro del término, la parte demandada presentó alegatos de conclusión dentro de
los cuales reafirmó los argumentos expuestos en el recurso de alzada y añadió que
el a quo desconoció los derechos de defensa, contradicción y debido proceso, así
como el principio de la justicia rogada, toda vez que ordenó reliquidar la pensión de
jubilación con inclusión de la prima especial, cuando esto no fue objeto de pretensión
en la demanda11.

6
Folios 217 a 222.
7
Folio 229.
8
Folio 231 a 232.
9
Folio 237
10
Índice 28 de SAMAI.
11
Índice 29 de SAMAI.
6

El Ministerio Publico guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestión previa

La parte demandante en el recurso de apelación12 pidió remitir el presente asunto a
la Sala Plena del Consejo de Estado a fin de que se emita una nueva sentencia de
unificación que remplace la decisión del 2 de septiembre de 2019, emitida por la Sala
de Conjueces de la Sección Segunda de esta Corporación. Lo anterior, porque, en su
criterio, esta última decisión adolece de falencias que deben ser corregidas.
Particularmente, expone que desconoció: i) la naturaleza constitutiva de la sentencia
del 29 de abril de 2014, expedida por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado; ii)
que la inaplicación de los decretos salariales procede solo en el caso concreto; iii) que
las prestaciones periódicas se encuentran exceptuadas del término de caducidad y
iv) que solo los magistrados que conforman las Salas especializadas y la Sala Plena
del Consejo de Estado son competentes para emitir sentencias de unificación de
jurisprudencia.

Al respecto, se advierte que la petición presentada por la demandante no cumple las
condiciones de una solicitud de unificación, comoquiera que no se señala las razones
de importancia jurídica, trascendencia económica o social o la necesidad de sentar o
unificar jurisprudencia, o precisar su alcance o resolver las divergencias en su
interpretación y aplicación que ameriten una sentencia de unificación, sino que se
limitó a exponer los motivos de inconformidad sobre una sentencia de unificación
existente.

Por consiguiente, es posible concluir que la solicitud es improcedente, pues no cumple
con los supuestos de sustentación que exige el artículo 271 del CPACA.

2. Problema jurídico

Se contrae a establecer si la demandante tiene derecho o no a que se ordene un
reajuste salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual con las respectivas
consecuencias prestacionales conforme a las disposiciones del artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 y, por lo tanto, la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales. De
igual forma se analizará la prescripción trienal.

Con miras a resolver tal problema jurídico, resulta imprescindible para esta Sala
observar lo que sobre el particular ha señalado la jurisprudencia del Consejo de
Estado y proceder, en consecuencia, a aplicar las reglas que se hayan fijado en la

12
Folios 201 a 214.
7

misma, en la medida en que tal jurisprudencia constituye un precedente con carácter
vinculante.

3. Posición del Consejo de Estado en relación con la interpretación y
aplicación del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

La Ley 4ª de 1992, en desarrollo del artículo 150, numeral 19, literales e.) y f.) de la
Constitución Nacional, fijó los objetivos y criterios a los cuales se debe sujetar el
Gobierno para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre
los que se encuentran los pertenecientes a la Rama Judicial, Fiscalía General de la
Nación, Congreso Nacional y Fuerza Pública, estableciendo una prima especial a su
favor. En uso de las facultades otorgadas por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Presidente de la República expidió los Decretos 053 y 057 de 1993, aplicables a la
Fiscalía General de la Nación y a los Servidores Públicos de la Rama Judicial y de la
Justicia Penal Militar.

La Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 2 de septiembre de 2019,13
después de examinar las normas constitucionales (artículo 150), legales (Ley 4ª/92
y Ley 332/96) y reglamentarias (decretos salariales expedidos por el gobierno
nacional), así como la noción de prima, precisó el contenido y alcance de la norma
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:

“1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia,
al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima de la
prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para
efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento
del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo
correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de
la Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el
100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.

13
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho No. 41001-23-33-000-2016-00041-02
(2204-2018); actor: Joaquín Vega Pérez; Conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos.
8

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional”.

De lo anterior, se concluye que en cumplimiento del mandato legal contenido en el
art. 14 de la Ley 4ª de 1992, se debe adicionar la prima especial allí ordenada y no
incluirla dentro del salario para darle esa denominación. En consecuencia, el
salario debe pagarse en un 100% y, con base en ese porcentaje, liquidar las
prestaciones sociales pues éstas se vieron afectadas al haber reducido el salario en
un 30%.

De tal manera, los servidores públicos a que alude el art. 14 de la Ley 4ª de 1992,
tenían y tienen un derecho consolidado a recibir el ciento por ciento (100%) de una
remuneración mensual determinada, que varía según el cargo que ocupen, el cual se
vio disminuido en un 30% cuando el gobierno lo consideró como “prima especial”.
Así mismo, tenían y tienen el derecho consolidado a la liquidación y pago de sus
prestaciones sociales, con base en el 100% de su salario básico mensual, pero de
acuerdo con los decretos expedidos por el gobierno nacional, las respectivas
autoridades han liquidado y pagado dichas prestaciones solamente con base en el
70% de dicho salario.

Es así como no sólo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado
como se debía hacer, es decir, como adición o incremento al salario de los servidores
públicos beneficiarios de la misma, sino que, al considerarla una parte de él, también
ha significado una reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que
tienen derecho. Tanto el gobierno nacional, a través de los decretos que desarrollaron
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como las autoridades administrativas encargadas
de su aplicación, han violado la obligación al haber disminuido el salario de los
servidores públicos tantas veces mencionados.

De tal manera, los servidores públicos a que alude el art. 14 de la Ley 4ª de 1992,
tenían y tienen un derecho consolidado a recibir el ciento por ciento de una
remuneración mensual determinada, que varía según el cargo que ocupen, el cual se
vio disminuido en un 30% cuando el gobierno lo consideró como “prima especial”.
Así mismo, tenían y tienen el derecho consolidado a la liquidación y pago de sus
prestaciones sociales, con base en el 100% de su salario básico mensual, pero de
acuerdo con los decretos expedidos por el gobierno nacional, las respectivas
autoridades han liquidado y pagado dichas prestaciones solamente con base en el
70% de dicho salario.

Es así como no solo la prima especial de servicios no se ha reconocido, ni pagado
como se debía hacer, es decir, como adición o incremento al salario de los servidores
públicos beneficiarios de la misma, sino que, al considerarla una parte de él, también
ha significado una reducción de dicho salario y de las prestaciones sociales a que
tienen derecho. Tanto el gobierno nacional, a través de los decretos que desarrollaron
9

el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como las autoridades administrativas encargadas
de su aplicación, han violado la obligación al haber disminuido el salario de los
servidores públicos tantas veces mencionados.

4. Caso concreto

En el presente caso se encuentra demostrado:

a) Que la señora LUZ MARINA VALENCIA SOLANILLA ha prestado sus
servicios a la Rama Judicial en calidad de juez de la república desde el 25 de
marzo de 1981 hasta la fecha14.

b) La demandante presentó petición a la Nación – Rama Judicial – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial el 11 de febrero de 201515 con el fin de
que se le reconociera y pagara las diferencias salariales y prestacionales por
concepto de Prima Especial de Servicios equivalente al 30% de la asignación
básica mensual, desde el 01 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de
2007.

c) La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
guardó silencio.

De conformidad con los hechos y la argumentación expuesta, se concluye que la
demandante ha percibido desde un principio la remuneración mensual y las
prestaciones sociales por montos inferiores a los que tiene derecho, ya que la
Administración ha restado la prima especial de servicios del 100% del salario, lo que
arroja un 70% de éste, y sobre ese 70% ha venido liquidando tanto el salario como
las prestaciones sociales.

De ahí que, proceda, en principio, el reconocimiento, reliquidación y pago de sus
ingresos mensuales, liquidados sobre la base del salario básico más el 30% de éste,
que corresponde a la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992. Así como el pago de sus prestaciones sociales, liquidadas sobre la base
de todo el salario básico, sin restarle ni sumarle a éste el 30%, ya que la prima
especial de servicios no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua para
liquidar las prestaciones sociales, como acertadamente lo afirmó la sentencia de
primera instancia.

5. Posición del Consejo de Estado, en cuanto al fenómeno jurídico de
la prescripción trienal.

14
Tal como consta en la certificación emitida el 4 de julio de 2014 por la coordinadora del Área de
Talento Humano obrante a folio 107 del expediente.
15
Folio 30 a 66.
10

Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la sentencia de unificación
del 2 de septiembre de 2019, la prescripción opera en los siguientes términos:

“Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta
tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998
y 1848 de 1969.”

Así mismo la Sentencia de Unificación en cita señaló:

“Como es ampliamente conocido, la reglamentación de los salarios de los
servidores públicos cobijados por la Ley 4 de 1992 -acogidos al Decreto 57 de
1993- se actualiza anualmente, de manera que el Gobierno Nacional expide año
tras año un nuevo decreto que señala los porcentajes y escalas salariales que
regirán durante su vigencia. Ello implica que al tratarse de una norma de carácter
general y de orden público, sus beneficiarios tuvieron conocimiento de la
reglamentación a la ley y, anualmente, de su reiteración, de manera que, de
presentarse alguna inconformidad con su contenido, contaron desde el inicio con
las herramientas jurídicas para objetarlo ante la autoridad administrativa
encargada de su aplicación.

Por lo anterior, el hecho constitutivo del derecho a la prima especial que se
reclama se hizo exigible con la entrada en vigor del decreto que reglamentó
primigeniamente la Ley 4 de ·1992. es decir. a partir del 7 de enero de 1993,
fecha de entrada en vigencia del Decreto 57 de 199343. En consecuencia, desde
el 7 de enero de 1993 los interesados podían haber interrumpido la prescripción
trienal. Expresado en otras palabras, no fue con la ejecutoria de la sentencia del
29 de abril de 2014 que surgió el derecho a interrumpir la prescripción, dada su
naturaleza declarativa.”

De conformidad con lo expuesto, en armonía con las pruebas obrantes en el
expediente, la Sala encuentra que la parte actora pretende que se le reconozcan y
paguen las diferencias salariales causadas desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31
de diciembre de 200716, junto con todas sus prestaciones sociales, teniendo en
cuenta el 100% de la asignación básica mensual.

Sin embargo, teniendo en consideración que la reclamación administrativa ante la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se radicó
hasta el 11 de febrero de 2015, es pasible concluir que el derecho se encuentra
prescrito, de ahí que no proceda ordenar reconocimiento alguno a partir del 11 de
febrero de 2012, pues, se reitera, la demandante limitó su pretensión al periodo
comprendido entre enero de 1993 y diciembre de 2007, motivo por el cual se revocará
la decisión de ordenar el pago del reajuste salarial y prestacional desde el 11 de
febrero de 2012.

16
Así lo señala expresamente en la demanda, véase el folio 3.
11

Con todo, tal y como lo expuso el a quo, la prescripción no opera en lo que se refiere
a la obligación de la demandada de realizar, en favor de la accionante, las
cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia de
pensiones, durante el lapso reclamado, por tratarse de un derecho cierto,
irrenunciable e imprescriptible que se reconoce en cabeza del servidor público que
presta sus servicios laborales al Estado17, utilizando como ingreso base de cotización
el 100% de su remuneración, sin descontar el 30% que se tomaba como prima
especial.

Por otro lado, teniendo en cuenta que la parte demandada en los alegatos de
conclusión, aportados ante esta corporación, agrega un argumento nuevo de
inconformidad contra la sentencia objeto de apelación, a saber, señala que el Tribunal
desbordó sus facultades ya que ordenó reliquidar la pensión de jubilación de la
demandante con inclusión de la prima especial, aun cuando ello no fue objeto de
pretensión en sede administrativa ni judicial, la Sala estima importante precisar que
los alegatos presentados en segunda instancia deben estar dirigidos a fortalecer o
reafirmar los argumentos del recurso de apelación, más no a incluir nuevos aspectos,
que no han sido sometidos oportunamente a consideración de la contraparte 18.

Sin embargo, en gracia de discusión, revisada la decisión se advierte que no se
vulneraron los principios de congruencia y justicia rogada, habida cuenta de que el
Tribunal no efectuó análisis alguno sobre una pensión de jubilación y la reliquidación
de esta, sino que incurrió en una imprecisión en el resuelve de la decisión, que será
objeto de modificación. Denótese que el estudio del Tribunal estuvo dirigido a indicar
que la accionada tiene la obligación de efectuar los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones, como consecuencia del ajuste al que tiene derecho la
demandante sobre su salario y prestaciones sociales; argumento que se acompasa
con la obligación prevista en cabeza del empleador en el artículo 17 de la Ley 797 de
2003.

Finalmente, en cuanto a la imposibilidad de pagar las sumas reconocidas, alegada
por la entidad demandada, se advierte que el derecho que le asiste a la demandante
no puede estar condicionado al trámite administrativo que la accionada deberá
adelantar ante el organismo correspondiente para que se asigne el rubro destinado
al cumplimiento de la sentencia judicial, so pena de desconocer el núcleo esencial del
debido proceso y el Estado Social de Derecho.

Reconocimiento de personería

17
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de agosto de 2016; Consejero ponente:
Carmelo Perdomo Cuéter; Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15) CE-SUJ2-005-16.
18
Consejo de Estado, Sección Cuarta. Sentencia del 30 de enero de 1998. Expediente 8509.
También de la Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 19 de mayo de 2016, radicado: 08001-
23-31-000-2011-00812-01(3855-14). Actor: Fabio José García Caicedo. Demandado: Municipio de
Soledad, Atlántico.
12

Se reconoce personería al abogado Jaime Alberto Arenas Arenas19 identificado con
la cédula de ciudadanía 1.098.779.129 y portador de la TP 345.693 del CS de la J, en
los términos y para los efectos del poder conferido por la parte demandada, visible
en el índice 29 del sistema informático SAMAI.

Costas

Finalmente, en aplicación de lo previsto en el numeral 8 del artículo 365 del CGP, en
armonía con la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 y la posición
asumida por parte del Consejo de Estado20, la Sala se abstendrá de condenar en
costas a la parte vencida dentro del presente asunto

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia emitida el 31 de agosto
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria, en el sentido de, DECLARAR probada la EXCEPCION DE PRESCRIPCIÓN
extintiva relacionada con la diferencia salarial y prestacional reclamada, conforme a
la sentencia de unificación – SUJ-016-CE-2019, en concordancia con los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, con excepción de la obligación de la demandada de
efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en materia
de pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el 100% de su
remuneración, sin descontar el 30% que se tomaba como prima especial, desde el 1
de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2007, por las razones expuestas ut
supra.

19
Consultada la página de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se advierte que el abogado no
registra antecedentes. Véase: https://antecedentesdisciplinarios.cndj.gov.co/
20
“Consejo de Estado, providencia de 20 de agosto de 2015, medio de control No
47001233300020120001301 (1755-2013), C.P. Sandra Lisseth Ibarra Vélez. “(...) La norma contenida
en el citado artículo 188, no impone al funcionario judicial la obligación se conceder en costas, solo le
da la posibilidad de “disponer”, esto es, de pronunciarse sobre su procedencia. La mencionada
sentencia precisó que si bien es cierto en la Ley 1437 de 2011, no aparece la previsión que contenía
el artículo 171 del decreto 01 de 1984, referido a la potestad de imponer condena en costas, "teniendo
en cuenta la conducta asumida por las partes", también lo es la norma establecida en la Ley 1437 de
2011, no impone la condena de manera automática frente a aquél que resulte vencido en el litigio,
pues debe entenderse que ella es el resultado de observar una serie de factores tales como la
temeridad, la mala fe y la existencia de pruebas en el proceso sobre la causación de gastos y costas
en el curso de la actuación, en donde el Juez ponderará tales circunstancias y se pronuncia sobre la
procedencia de imposición con una decisión sustentada […]”.
13

SEGUNDO: REVOCAR los numerales quinto y sexto de la sentencia emitida el 31
de agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Sala Transitoria, de conformidad con lo expuesto en la parte motivo.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 31 de agosto de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala
Transitoria.

CUARTO: Reconocer personería al abogado Jaime Alberto Arenas Arenas, en los
términos y para los efectos del poder conferido por la parte demandada

QUINTO: Sin condena en costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA
Conjuez Ponente

Firmado electrónicamente
CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS
Conjuez

Firmado electrónicamente
YOANA ALEXANDRA FLECHAS YAVAR
Conjuez

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el conjuez en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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