Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01193-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01193-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01193-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
24 de agosto de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de agosto de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
Demandado: Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Temas: Reliquidación pensión. Servidores planta externa del Ministerio
de Relaciones Exteriores
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Relaciones
Exteriores contra la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2021 por la
Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda presentada por
Amparo Araujo Jiménez.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
Amparo Araujo Jiménez presentó demanda, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) GNR 424792 del 15 de
noviembre de 2014 proferida por Colpensiones a través de la cual negó la
reliquidación de la pensión; ii) GNR 373368 del 23 de noviembre de 2015 mediante
la cual revocó la anterior resolución y ordenó reliquidar su pensión de vejez según
lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990; iii) S-GAPTH-16-022851 del 2 de marzo de
2016 expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores por medio de la cual le
negó la reliquidación de los aportes cotizados al sistema de seguridad social en
pensiones por el periodo comprendido entre el 5 de julio de 1999 y el 16 de marzo
de 2003.
1 En adelante CPACA.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) reliquidar la pensión en virtud de los salarios devengados entre el 5 de julio de
1999 y el 16 de marzo de 2003 por sus servicios prestados en el exterior en el
Ministerio de Relaciones Exteriores; ii) pagar de manera indexada la diferencia a
partir del 1º de enero de 2014; iii) deducir lo correspondiente por aportes; iv) pagar
la diferencia generada de la reliquidación de la pensión desde el 29 de octubre de
2013 hasta cuando se incluya en la nómina de pensionados; v) condenar en costas
y agencias en derecho.
1.1.2. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:
• Amparo Araujo Jiménez cotizó a Colpensiones desde el 1º de febrero de 1982
hasta el 9 de abril de 2012, es decir completó un total de 1.298 semanas. Durante
el periodo comprendido entre el 5 de julio de 1999 y el 16 marzo de 2003 laboró en
la Embajada de Colombia ante el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte. Por sus servicios prestados en el exterior, recibió sus salarios en
libras esterlinas.
• Colpensiones le reconoció una pensión de vejez a través de la Resolución GNR
2122 del 7 de enero de 2014, en virtud del Decreto 758 de 1990, con una tasa del
90% del promedio de los últimos 10 años de servicio, efectiva a partir del 29 de
octubre de 2013, con efectos a partir del retiro definitivo del servicio.
• El 12 de agosto de 2014, Amparo Araujo Jiménez solicitó a Colpensiones la
reliquidación de su pensión con base en los salarios percibidos entre 1999 y 2003;
sin embargo, la entidad negó tal petición a través de la Resolución 424792 del 15
de diciembre de 2014. En contra de la anterior decisión interpuso recurso de
reposición y en subsidio el de apelación.
• Mediante la Resolución 373368 del 23 de noviembre de 2015 la entidad
prestacional reliquidó la pensión, para lo cual tuvo en cuenta los salarios
equivalentes al cargo ocupado en la planta interna del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 13, 48 y 53 de la Constitución Política; 17 y
18 de la Ley 100 de 1993 y el primer parágrafo del artículo 7 de la Ley 797 de 2003.
En cuanto al concepto de violación, expuso2 que los actos administrativos
demandados infringieron de manera directa las normas de rango constitucional y
2 Folios 147 a 148 del cuaderno 1.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
legal, en tanto con su expedición se desconoció lo dispuesto en las sentencias C-
292 de 2001, C-173 de 2004, y C-535 de 2005, que se constituye en una línea
jurisprudencial consolidada en cuanto a que la liquidación de la pensión debe
hacerse tomando como base el salario realmente devengado en el exterior.
1.2. Contestaciones de la demanda
1.2.1. Ministerio de Relaciones Exteriores
Se opuso a las pretensiones de la demanda3 con fundamento en los siguientes
argumentos:
• El demandante desconoce los preceptos constitucionales y el régimen especial
para los funcionarios que durante un tiempo conformaron la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores, en virtud de los cuales fue creada la figura de
la asignación mensual de los cargos equivalentes como criterio determinante para
la liquidación de las prestaciones sociales. En consecuencia, de acceder a las
pretensiones de la demanda se incurriría en una desigualdad injustificada al
reconocer un pago más alto de los aportes pensionales con ocasión de haberlos
causado temporalmente en el exterior, en provecho de un periodo en el cual
devengó un salario más alto, en razón a que el costo de vida en el extranjero era
igualmente alto en comparación al vigente en Colombia.
Debe desestimarse la censura que propone la demandante respecto de los aportes
liquidados y pagados con posterioridad a la Ley 100 de 1993, comoquiera que el
cómputo se hizo con base en los salarios equivalentes de la planta externa con los
de la interna, actuación que llevó a cabo en virtud de la norma especial para los
funcionarios que prestaban sus servicios en el exterior.
Propuso como excepciones las siguientes: i) inepta demanda por falta de requisitos
formales, ii) falta de jurisdicción, iii) cumplimiento de un deber legal, iv)
irretroactividad de la sentencia C-535 de 2005, v) inexistencia de la obligación de
reliquidar la pensión, vi) buena fe y vii) la genérica o innominada.
1.2.2. Colpensiones
Se opuso a las pretensiones de la demanda4 con fundamento en que no está
obligada a reconocer montos pensionales distintos a los cotizados, en este caso,
por el empleador, pues su deber consiste en liquidar según lo efectivamente
cotizado; y que los periodos comprendidos entre el 5 de julio de 1999 y el 16 de
marzo de 2003 trabajados en la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores deben liquidarse conforme al cargo equivalente en la planta interna de
3 Folios 169 a 180 del cuaderno 1.
4 Folios 421 a 440.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
esa entidad, por cuanto los aportes fueron realizados previo a la publicación de la
sentencia C-535 de 2005 de la Corte Constitucional.
Invocó como excepciones las siguientes: i) cobro de lo no debido, ii) inexistencia del
derecho reclamado, iii) prescripción, iv) buena fe y v) la genérica o innominada.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia del 10 de septiembre de 20215, declaró la nulidad del Oficio S-GAPTH-
16-022851 del 2 de marzo de 2016 proferido por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y de las Resoluciones GNR 424792 del 15 de diciembre de 2014 y GNR
373368 del 23 de noviembre de 2015 proferidas por Colpensiones.
En consecuencia, condenó i) al Ministerio a pagar a Colpensiones la diferencia que
resulte entre el aporte realizado con base en el cargo equivalente de la planta interna
y lo que efectivamente debió cotizar según con lo devengado por la demandante
por su prestación de servicios en la planta externa desde el 5 de julio de 1999 hasta
el 16 de marzo de 2003; y ii) a Colpensiones a reliquidar la pensión de jubilación
con base en el salario realmente percibido a partir del 29 de octubre de 2013.
Además, advirtió que el IBL se calcularía según lo establecido en el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, el cual debe corresponder al tiempo en el cual la demandante
haya realizado cotizaciones.
Para tal efecto, se pronunció en estos términos:
• Amparo Araujo Jiménez solicitó que los ingresos base de cotización y base de
liquidación de su pensión de jubilación se calculen según lo efectivamente
devengado y no con lo equivalente en la planta interna del personal de la entidad
demandada. Esta, por su parte, alegó la improcedencia de las pretensiones
comoquiera que los aportes a pensión se realizaron conforme a lo establecido por
el artículo 57 del Decreto 10 de 1992, sin que le fuera exigible prever la futura
declaratoria de su inexequibilidad. Colpensiones manifestó que su actuación se
remitió de manera exclusiva a tomar como base el sueldo del cargo equivalente en
la planta interna, puesto que con base en ese valor el Ministerio realizó los aportes.
• Sin embargo, en virtud de material probatorio obrante en el expediente la
demandante en calidad de segundo secretario, grado ocupacional 2 ex devengó un
salario superior al cargo equivalente, las prestaciones sociales se liquidaron y
pagaron con base en las asignaciones de ese último de la planta interna del
Ministerio. En ese sentido la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado ha sido pacífica en afirmar que los aportes para la pensión de jubilación
se computan con fundamento en la asignación básica que percibió el trabajador
durante su vinculación. Como consecuencia, Colpensiones reliquidará la pensión
5 Folios 466 a 479 del cuaderno del Consejo de Estado.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
de jubilación a favor de la demandante en virtud del salario efectivamente
devengado entre el 5 de julio de 1999 y el 16 de marzo de 2003 y deberá pagar la
diferencia entre las mesadas pensionales pagadas y la que resulte de esta
providencia. El valor de la pensión no puede inferior a la que actualmente devenga
ni superior al tope máximo de 25 SMMLV.
• Como en el presente asunto las pretensiones fueron resueltas favorablemente
procederá la condena en costas en contra de las demandadas y las agencias en
derecho se tasarán por el monto de $500.000.
1.4. El recurso de apelación
El Ministerio de Relaciones Exteriores interpuso recurso de apelación6 y expuso los
siguientes argumentos:
• A partir de la entrada en vigencia de la Ley 100, esto es el 1º de abril de 1994, no
se advirtió regla alguna respecto al monto de la cotización para los funcionarios del
Ministerio de Relaciones Exteriores, de manera que al existir norma especial como
lo es el artículo 57 del Decreto-Ley 10 de 1992, la cancillería optó por pagar los
aportes pensionales según al salario equivalente en la planta interna, criterio
acogido posteriormente por el Decreto 1181 de 1999 y la Ley 797 de 2003, motivo
por el cual las cotizaciones para pensión de los servidores de la planta externa se
realizaron con base en el salario equivalente en el servicio interno, y en efecto se
aplicó la Ley 100 y sus decretos reglamentarios.
• Asimismo, el a quo desconoció lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019, del cual se extrae
la imposibilidad de iniciar cualquier cobro en contra el Ministerio en su calidad de ex
empleador, por cuanto el artículo 40 indica que son las administradoras de pensiones del
régimen de prima media con prestación definida las encargadas de iniciar el cobro por los
aportes a pensión directamente al Ministerio de Hacienda, al haberse suprimido ese cobro
respecto de las entidades públicas de orden nacional que forman parte del presupuesto
general de la nación. De tal suerte que resulta innecesaria la condena en contra de la
entidad, en virtud de sus actuaciones con buena fe, pues estaban en su momento
respaldadas por las normas vigentes y aplicables en esa materia.
• Si bien la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 20 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 7 de la Ley 797 de 2003, mediante la
sentencia C-173 de 2004 y en la C-535 de 2005 excluyó del ordenamiento jurídico
las normas contenidas en los decretos 10 de 1992 y 274 de 2000, en las cuales se
establecía la manera de liquidar las pensiones de los funcionarios que prestan sus
servicios en la planta exterior del Ministerio, lo cierto es que esas sentencias fueron
emitidas después de 2004, de manera que, según lo dispuesto en el artículo 45 de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pretender que se apliquen al caso
concreto es darle efectos retroactivos a dichas decisiones.
6 Folios 494 a 495.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
1.5. Intervenciones en segunda instancia
Comoquiera que durante el periodo para solicitar pruebas no se recibió petición
alguna, la Secretaría de la Sección Segunda remitió el expediente para proferir el
fallo de segunda instancia, sin que se hubiera emitido pronunciamiento de las partes
ni del Ministerio Público ni de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado7.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
Se circunscribe a resolver el siguiente interrogante: ¿Le corresponde al Ministerio
de Relaciones Exteriores realizar las cotizaciones de la diferencia entre el salario
correspondiente al cargo equivalente al de la planta interna y el efectivamente
devengado?
2.2. Marco normativo
2.2.1. Base de cotización y de liquidación para efectos pensionales de los
empleados de la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores
El presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias
conferidas en los literales b), c) y e) del artículo 43 de la Ley 11 de 1991, expidió el
Decreto 10 de 19928, por medio del cual reguló el servicio exterior de la República
y la carrera diplomática y consular, y en su artículo 79 derogó las disposiciones que
hasta ese momento orientaban la materia.
El artículo 57 del referido decreto, estableció la forma en la que debían ser
liquidadas y pagadas las prestaciones sociales de los empleados del servicio
exterior, en los siguientes términos:
«Artículo 57. Las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a
excepción de los administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las
asignaciones del cargo equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones
Exteriores.»
Ahora bien, en 1999 el presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias conferidas por la Ley 489 de 19989, profirió el Decreto Ley 1181,
mediante el cual reemplazó el Estatuto Orgánico del Servicio Exterior y de Carrera
7 Conforme al informe de paso al despacho suscrito por la secretaria de la Sección Segunda, visible
a folio 506.
8 Orgánico del Servicio Exterior y de la Carrera Diplomática y Consular.
9 Artículo 120, numeral 5, de la Ley 489 de 1998.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
Diplomática y Consular contenido en el mencionado Decreto 10. Sin embargo, dicha
norma fue declarada inexequible en sentencia C-920 de 199910.
Con ocasión de la pérdida de vigencia de la anterior norma, el gobierno nacional
profirió el Decreto 274 de 2000, disposición que contiene las normas que
actualmente regulan el servicio exterior de la república de Colombia y la carrera
diplomática y consular, el cual, en su artículo 66, reprodujo el contenido del artículo
57 del Decreto 10 de 1992:
«Artículo 66. Liquidación de prestaciones sociales. Las prestaciones sociales de los
funcionarios pertenecientes a la Carrera Diplomática y Consular se liquidarán y se
pagarán con base en la asignación básica mensual y en los conceptos laborales
legalmente reconocidos como factores de salario, que le correspondieren en planta
interna».
Sin embargo, la Corte Constitucional11 al adelantar estudio de constitucionalidad del
Decreto 274 de 2000, declaró inexequibles, entre otros, los artículos 65 y 66 del
citado decreto, por cuanto concluyó que el gobierno nacional había excedido las
facultades otorgadas por el Congreso de la República al regular el régimen salarial
y prestacional de quienes laboraban en el servicio exterior.
Adicionalmente, el legislador profirió la Ley 797 de 2003, por medio de la cual «se
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley
100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
exceptuados y especiales», que en parágrafo 1° del artículo 7, reprodujo el contenido
de las disposiciones antes transcritas:
«Parágrafo 1°. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los
funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales
establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna.
En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el
establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna,
teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.»
Empero, la Corte Constitucional en sentencia C-173 de 2004 declaró inexequible
los apartes subrayados, al considerar lo siguiente:
«Esta Corte ya ha estudiado el asunto planteado en esta oportunidad en diferentes
ocasiones. Así, en diversos procesos de tutela, antiguos funcionarios del Ministerio de
Relaciones Exteriores consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la
seguridad social, a la igualdad, a la subsistencia digna y al mínimo vital, por cuanto el
mencionado ministerio había liquidado los aportes al sistema de pensiones sobre un
ingreso base de cotización que no corresponde al que realmente devengaron cuando se
desempeñaron como funcionarios públicos en el servicio exterior. Tal es el resultado del
10 La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Ley 1181 de 1999, toda vez que, mediante
providencia C-702 del mismo año, declaró inexequible la norma que autorizó al presidente de la
República para regular esa materia.
11 En sentencia C-292 de 2001.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
establecimiento de equivalencias entre los cargos de planta interna y los de planta
externa, y específicamente al punto de las equivalencias salariales.
[…]
De acuerdo con lo dicho anteriormente, es claro que la jurisprudencia de esta
Corporación ha sido precisa al señalar que las cotizaciones para pensión deben
hacerse tomando en consideración la asignación que corresponde al cargo
realmente desempeñado, pues hacerlo a partir de una asignación distinta o
supuestamente equivalente resulta discriminatorio. Si se acogiera un criterio distinto al
determinado jurisprudencialmente el resultado sería que aquellos trabajadores que han
devengado un mayor salario van a recibir prestaciones sociales que en realidad
pertenecen a labores de menor asignación, desarrolladas por trabajadores que
generalmente cumplen distintas funciones a consecuencia también de su nivel de
preparación, quienes además ostentan otras responsabilidades concordantes con su
cargo. Es decir, lo recibido no correspondería al empleo, ni a las funciones, ni a las
cargas propias del trabajo desempeñado. Por ese motivo, esta Corte ya ha anotado que
las normas que respaldan este tipo de prácticas frente a cierto grupo de trabajadores
son inconstitucionales y deben ser inaplicadas, pues resultan contrarias a los principios
de dignidad humana e igualdad, y violatorias de los derechos al mínimo vital y a la
seguridad social, derechos que tienen un fundamento constitucional expreso (C.P. arts.
48, y 53).
[…]
De otro lado, es imperativo tener en cuenta que la Ley 100 de 1993 ordena tener en
cuenta el salario real del trabajador para los efectos de la liquidación de las prestaciones
sociales (arts. 17 y 18). Tal criterio recoge principios constitucionales tales como la
proporcionalidad entre el trabajo desempeñado y la remuneración al mismo. En este
sentido, la citada Sentencia T-1016 de 2000 anotó que, conforme con la Constitución, el
legislador está plenamente habilitado para establecer los porcentajes sobre los cuales
ha de pagarse la pensión y el monto de la misma, pero no para “excluir el salario del
trabajador como elemento calificador del monto pensional”.» [Resalta la Sala]
Adicionalmente, en sentencia C-535 de 2005 el tribunal constitucional, después de
concluir que, pese a la derogatoria expresa del Decreto 10 de 199212, el artículo 57
de dicha normatividad seguía surtiendo efectos jurídicos, lo declaró inexequible. En
dicha providencia concluyó:
«No obstante su regulación en normas legales diversas, los problemas constitucionales
planteados por la cotización y liquidación de la pensión de jubilación y por la liquidación
de las prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior con base en el
salario que corresponde a un cargo equivalente en planta interna y no con base en el
salario realmente devengado, son los mismos. Esto es así en tanto en uno y otro caso
se incurre en tratamientos diferenciados injustificados que contrarían el mandato
de igualdad en la formulación del derecho y que, frente a casos concretos, resultan
lesivos de derechos fundamentales como los de seguridad social y mínimo vital.
Entonces, tratándose de problemas constitucionales similares, la uniforme línea
jurisprudencial desarrollada de tiempo atrás por esta Corporación resulta aplicable y por
lo mismo se debe declarar la inexequibilidad de la norma legal demandada.» [Resalta la
Sala]
12 Fue derogado por los artículos 95 del Decreto 1181 de 1999 y 96 del Decreto 274 de 2000.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
De otra parte, frente a los efectos en el tiempo de las decisiones que dejaron sin
efectos jurídicos aquellas normas que disponían que la liquidación y pago de las
prestaciones de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores que
prestaban sus servicios en el exterior se hiciera con base en las asignaciones de un
cargo equivalente de la planta interna, es importante precisar que en sentencia T-
098 de 2006, la Corte Constitucional le otorgó efectos inter comunis.
En la providencia referida en el párrafo anterior, el tribunal constitucional, le amparó
los derechos fundamentales a un ex servidor, a quien le había sido negada la
reliquidación pensional, con el argumento de que la decisión contenida en las
sentencias C-292 de 2001 y C-173 de 2004, tienen efectos hacia futuro, por lo que
en el numeral tercero de la parte resolutiva señaló de manera expresa:
«Tercero: Teniendo en cuenta la existencia de una línea jurisprudencial consolidada, en
el sentido de sostener que la liquidación de aportes para pensión de quienes
hicieron parte del cuerpo diplomático en el exterior debe hacerse tomando como
base el salario realmente devengado y nunca un salario inferior, se PREVIENE al
Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos vinculantes, para que la precitada
doctrina sea observada y aplicada en casos semejantes». [Resalta la Sala]
Así las cosas, de acuerdo con el marco normativo y la línea jurisprudencial
expuesta, se advierte que tanto el ingreso base de cotización como el ingreso base
de liquidación para efectos del reconocimiento pensional de los funcionarios que
prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores,
se tendrá como base el salario efectivamente devengado.
2.3. Lo probado dentro del proceso
En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
• Amparo Araujo Jiménez nació el 29 de octubre de 195813 y prestó sus servicios en
Lonjas de Propiedad Raíz de Bogotá entre otras entidades desde el 1º de febrero
de 1982 hasta el 30 de abril de 2012, para un total de 1.298 semanas cotizadas14.
Entre el 5 de julio de 1999 y el 16 de marzo de 2003 laboró en la planta externa del
Ministerio de Relaciones Exteriores en calidad de segundo secretario, grado
ocupacional 2 ex15 y devengó los siguientes factores16:
Año Planta Moneda Factores
Libra asignación básica
1999 Externa
esterlina prima de navidad
13 Según consta en la copia de su cédula de ciudadanía y de su registro civil de nacimiento. Folios 3
y 4 del cuaderno 1.
14 Según el reporte de semanas cotizadas obrante en Colpensiones. Folios 5 a 10 del cuaderno 1.
15 Sobre el particular se encuentra la certificación proferida el 10 de junio de 2014, por la directora
de talento humano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Folio 14 del cuaderno 1.
16 En virtud de la certificación proferida el 22 de julio de 2014 por la coordinadora del grupo de nómina
y prestaciones sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Folios 87 a 88 del cuaderno 1.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
Libra asignación básica
2000 Externa
esterlina prima de navidad
asignación básica
Libra prima de navidad
2001 Externa
esterlina asignación básica
prima de navidad
Libra asignación básica
2003 Externa
esterlina prima de navidad
• El 8 de noviembre de 2013 Amparo Araujo Jiménez solicitó a Colpensiones el
reconocimiento de su pensión por vejez17.
• El 7 de enero de 2014 la gerente nacional del reconocimiento de Colpensiones
reconoció el pago de la pensión por vejez en virtud del Decreto 758 de 1990 y de la
Ley 797 de 2003, efectiva a partir del 29 de octubre de 201318, al respecto en el acto
se señaló lo siguiente:
«Para los que les faltare más de 10 años, el ingreso base de liquidación será calculado
de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la ley 100 de 1993; es decir, el
promedio de lo devengado o cotizado durante los últimos 10 años o el de toda la vida
laboral si tuviera 1250 o más semanas, actualizado anualmente con base en la
variación del índice de precios al consumidor (IPC), según certificación que expida el
DANE.
Que para efectos de establecer el monto de liquidación de la presente prestación, se
tendrá en cuenta el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, el cual establece: “las
pensiones por vejez se integrarán así: a) Con una cuantía básica igual al cuarenta y
cinco por ciento (45%) del salario mensual de base y, b) con aumentos equivalentes al
tres por ciento (3%) del mismo salario mensual de base por cada cincuenta (50)
semanas de cotización que el asegurado tuviere acreditadas con posterioridad a las
primeras quinientas (500) semanas de cotización. El valor total de la pensión no podrá
superar el 90% del salario mensual de base ni ser inferior al salario mínimo legal
mensual ni superior a quince veces este mismo salario».
• El 12 de agosto de 2014 Amparo Araujo Jiménez solicitó a reliquidación de su
pensión19; sin embargo, mediante la Resolución GNR 424792 del 15 de diciembre
de 2014 Colpensiones respondió en forma negativa su solicitud20.
• Inconforme con esa decisión, la demandante interpuso recurso de apelación el 28
de enero de 201521.
• Mediante la Resolución GNR 373368 del 23 de noviembre de 2015 Colpensiones
revocó lo dispuesto el 15 de diciembre de 2014 y reliquidó la pensión con
17 Folios 15 y 16 del cuaderno 1.
18 Folios 17 a 21 del cuaderno 1.
19 Folios 23 a 35 del cuaderno 1.
20 Folios 36 a 42 del cuaderno 1.
21 Folios 44 a 59 del cuaderno 1.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
fundamento en el Decreto 758 de 1990, las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y el
Acto Legislativo 1 de 2005. Para lo cual se refirió en los siguientes términos:
«Que conforme lo anterior, el interesado acredita un total de 9150 días laborados,
correspondientes a 1307 semanas.
Que mediante radicado interno BZ 2015_11113255, se le solicito (sic) a la GERENCIA
NACIONAL DE APORTES Y RECAUDOS, que realizara cobro al empleador cobro (sic)
al (sic) empleador (sic) Ministerio de relaciones exteriores por la diferencia entre los
aportes realizados a la afiliada con CC 51551379 y los valores certificados mediante el
CLEBP GNPS – 0808 – BP allegado en el BZ 2015_704103, pues en este certificado
se evidencian valores por asignación básica superiores a sobre los cuales se realizó
(sic) la cotización inicial entre el 5 de julio de 1999 y el 16 de marzo de 2003.
Que nació el 29 de octubre de 1958 y actualmente cuenta con 57 años de edad.
Que de conformidad (sic) con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 758 del 11 de
abril de 1990, “Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los
siguientes requisitos: a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y
cinco (55) o más de edad, si se es mujer y, b) un mínimo de quinientas (500) semanas
de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento
de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de
cotización, sufragadas en cualquier tiempo”
Que la norma precitada … se aplica por remisión del artículo 36 de la Ley 100 de
1993…»22.
• El 22 de febrero de 2016 la demandante presentó reclamación administrativa ante
el Ministerio de Relaciones Exteriores23 y la entidad el 2 de marzo de 2016, mediante
oficio S-GAPTH-16-022851 indicó que en virtud de los artículos 57 de la Ley 10 de
1992 y 66 del Decreto Ley 274 de 2000 las prestaciones sociales de los funcionarios
que prestaban sus servicios en el exterior se debían liquidar y pagar con base en la
asignación del cargo equivalente en la planta interna del Ministerio24.
• El 8 de octubre de 2018, el coordinador de asuntos pensionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores certificó la asignación básica de Amparo Araujo Jiménez mes
a mes entre julio de 1999 y marzo de 2003 y el sueldo equivalente a un cargo de la
planta interna respecto del cual se realizó el ingreso base de cotización25.
• El 9 de octubre de 2019, la coordinadora del GIT de administración de personal
del Ministerio de Relaciones Exteriores certificó que Amparo Araujo Jiménez tomó
posesión del cargo de segundo secretario, grado ocupacional 2 ex el 5 de julio de
1999 y lo desempeñó hasta el 16 de marzo de 2003, en la Embajada de Colombia
ante el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte26.
2.4. Análisis sustancial
22 Folios 60 a 66 del cuaderno 1.
23 Folios 89 a 97 del cuaderno 1.
24 Folios 98 y 100 del cuaderno 1.
25 Folios 403 y 404.
26 Folio 397.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
La Sala encuentra necesario señalar que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió a las pretensiones de la demanda con fundamento en que
era viable que la pensión se liquidara en atención al salario realmente devengado
desde el 5 de julio de 1999 hasta el 16 de marzo de 2003, tiempo para el cual
Amparo Araujo Jiménez prestó sus servicios en un cargo de la planta de personal
externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, por tal motivo dispuso que esta
debería pagar a Colpensiones la diferencia que resulte entre el aporte realizado y lo
que efectivamente debió cotizar y esta última, a su vez, haría el pago
correspondiente a favor de la demandante.
Al respecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores expuso, en el recurso de
apelación, que los aportes se realizaron según el artículo 57 del Decreto 10 de 1992
y el artículo 20 de la Ley 100, mediante los cuales se dispuso que se tomaría como
base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos para los
cargos equivalentes en la planta interna de esa entidad. Además, solicitó tener en
cuenta lo dispuesto en el Decreto 2106 de 2019 mediante el cual se estableció la
supresión de cualquier cobro por concepto de aportes en pensión a cargo de las
entidades públicas del orden nacional que formen parte del presupuesto general de
la nación, por cuanto lo correcto es que el traslado de recursos para financiar las
mesadas pensionales que por vía de sentencia judicial deban ser reliquidadas
recaigan en cabeza de las administradoras de pensiones y el Ministerio de
Hacienda.
Lo anterior permite concluir que las condiciones en que se reconoció el derecho en
relación con la inclusión del salario efectivamente devengado en la planta externa,
no fue objeto de reproche, es decir que ni la tasa de cambio que regía para la época,
ni el régimen pensional aplicable para el caso concreto, fueron puestos a
consideración en esta instancia, razón por la cual, esta Subsección no encuentra
mérito para realizar estudios adicionales a los que se abordarán a continuación, esto
es, los relativos al ingreso base de cotización que rigió para el tiempo en el cual la
demandante ejerció un cargo perteneciente a la planta externa del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Ello, toda vez que el marco de la competencia del juez en
segunda instancia está delimitado por los argumentos de la apelación, tal y como lo
dispone el artículo 328 del Código General del Proceso.
Una vez analizado el material probatorio, la Sala encuentra que en virtud de la
certificación expedida por el coordinador de asuntos pensionales del Ministerio de
Relaciones Exteriores, tanto en el ingreso base cotización como en el ingreso base
de liquidación tenidos en cuenta para efectos de liquidar la pensión de la
demandante, fueron computados respecto de una asignación básica distinta a la
que en realidad ella percibió como empleada de la planta externa de ese ministerio,
lo cual vulnera sus derechos a la seguridad social, a la igualdad, a la subsistencia
digna y al mínimo vital.
Lo anterior es así, puesto que como se señaló en el acápite del marco normativo de
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Demandante: Amparo Araujo Jiménez
esta decisión, la jurisprudencia ha sido pacífica en afirmar que la liquidación debe
realizarse con fundamento en el salario realmente devengado por el ex trabajador y
nunca un salario inferior, pues no corresponde a las características propias del
cargo desempeñado ni a las responsabilidades derivadas de él; en ese sentido
reconocer y reliquidar la pensión por vejez de la demandante con base en un salario
inferior al devengado con fundamento en que para el momento de la realización de
los aportes regían normas que lo avalaban, resulta lesivo en cuanto a su derecho
fundamental a la igualdad respecto de los demás trabajadores que en iguales
condiciones les ha sido reconocido el monto de sus prestaciones sociales en
concordancia con el salario efectivamente devengado, aun cuando los aportes
realizados por el empleador, hayan estado ajustados a una interpretación plausible,
en ese entonces, de la norma.
En igual sentido se pronunció la Corte Constitucional en sentencia T-098 de 2006,
en la que le otorgó efectos inter comunis a los efectos en el tiempo de las decisiones
que dejaron sin efectos jurídicos aquellas normas que disponían que la liquidación
y pago de las prestaciones de los servidores del Ministerio de Relaciones Exteriores
que prestaban sus servicios en el exterior se hiciera con base en las asignaciones
de un cargo equivalente de la planta interna. En esa oportunidad, la corporación
advirtió que «el criterio adoptado por el monto del salario realmente devengado es
insoslayable, pues la pensión debe reflejar la dignidad del cargo desempeñado, ya que
éste también estuvo acompañado de cargas y responsabilidades que el funcionario
desempeñó de manera satisfactoria, hasta el punto de obtener su derecho pensional en tal
profesión», y previno «al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre sus efectos vinculantes,
para que la precitada doctrina sea observada y aplicada en casos semejantes».
Ahora, el artículo 40 Decreto 2106 de 2019 «Por el cual se dictan normas para
simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes
en la administración pública» adicionó un parágrafo al artículo 17 de la Ley 100 de
1993 en los siguientes términos:
«La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP), y la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), suprimirán los trámites y procedimientos de cobro de las
deudas a cargo de las entidades públicas del orden nacional que formen parte del
Presupuesto General de la Nación, obligadas a pagar aportes patronales al Sistema de
Seguridad Social en Pensiones, originadas en reliquidaciones y ajustes pensionales
derivados de fallos ejecutoriados, que hayan ordenado la inclusión de factores
salariales no contemplados en el ingreso base de cotización previsto en la normatividad
vigente al momento del reconocimiento de la pensión.
En todo caso las entidades de que trata esta disposición, efectuarán los respectivos
reconocimientos contables y las correspondientes anotaciones en sus estados
financieros. Los demás cobros que deban realizarse en materia de reliquidación
pensional como consecuencia de una sentencia judicial, deberá efectuarse con base
en la metodología actuarial que se establezca para el efecto por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público» (Resalta la Sala).
Sobre el particular se advierte que si bien la citada norma suprime trámites y
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Demandante: Amparo Araujo Jiménez
procedimientos de cobro ante las entidades públicas, como es el caso del Ministerio
de Relaciones Exteriores, lo cierto es que ello no implica que se deba entender que
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público hará las veces de la entidad pública
responsable en los procesos judiciales en los cuales se debatan aspectos
prestacionales, puesto que lo pretendido, con esa normativa y otras que se crearon
en favor de la implementación de la disciplina fiscal de la nación, es que el manejo
de los recursos cuya destinación sea el cumplimiento de condenas judiciales se
ejecute según las directrices establecidas por ese último ministerio, el cual dispuso
de un Fondo de Contingencias de las entidades estatales con el fin de atender
oportunamente las obligaciones dinerarias contenidas en las providencias que han
hecho tránsito a cosa juzgada27.
Lo anterior no desconoce que con ocasión de lo dispuesto en el citado artículo 40
las administradoras de pensiones como Colpensiones deban cumplir con los
derroteros demarcados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al momento
de efectuar el cobro de las deudas que estén a cargo de alguna de las entidades
públicas de orden nacional que formen parte del presupuesto de la nación, esto es,
efectuarán los cobros «con base en la metodología actuarial que se establezca para el
efecto por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público» pero no por ello, es la
llamada a responder ante una eventual condena, pues no es el empleador obligado
a efectuar los aportes pensionales.
En efecto, la vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores como parte pasiva
del presente asunto, encuentra fundamento en su participación como empleador de
la demandante y, como consecuencia, en la obligación exclusiva de realizar los
aportes en pensión del periodo laborado entre 5 de julio de 1999 hasta el 16 de
marzo de 2003 en ejercicio de un cargo perteneciente a la planta externa de esa
entidad, de suerte que resulta estar legitimado como sujeto procesal por tener
interés directo en las resultas de esta controversia.
Ahora bien, en cuanto a la observancia de las normas aplicables al caso, argumento
respecto del cual adujo el apelante haber actuado durante el pago de los aportes en
el periodo comprendido entre el 5 de julio de 1999 y el 16 de marzo de 2003, esto
fue, en virtud de lo dispuesto en los artículos 57 del Decreto Ley 10 de 1992, 66 del
Decreto 274 de 2000 y 66 del Decreto 1181 de 1999 que en particular señalaron
que «[l]as prestaciones sociales de los funcionarios del servicio exterior, a excepción de los
administrativos locales, se liquidarán y se pagarán con base en las asignaciones del cargo
equivalente en el servicio interno del Ministerio de Relaciones Exteriores», esta Sala se
permite precisar lo siguiente:
Las anteriores disposiciones fueron declaradas inexequibles por las sentencias C-
27 Decreto 1266 del 17 de septiembre de 2020 «Por el cual se adiciona el Título 4 de la Parte 4 del
Libro 2 del Decreto 1068 de 2015 Único Reglamento del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo
correspondiente a los aportes al Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales por concepto
de los procesos judiciales que se adelantan en contra de las Entidades Estatales que conforman una
sección del Presupuesto General de la Nación»
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
920 de 1999, con fundamento en la desaparición de la fuente que sirvió como base
para expedir el Decreto 1181 de 1999, es decir, la norma que autorizaba al
presidente de la República para legislar en forma extraordinaria sobre determinados
asuntos, de modo que aquellas proferidas en su desarrollo debían correr igual
suerte, aspecto que para esa corte se entiende como una inexequibilidad por
consecuencia; y C-292 de 2001, en tanto encontró que el Decreto 274 de 2000
comprometía la regulación de materias propias del régimen prestacional y salarial
que, por definición, están excluidas de los ámbitos que son susceptibles de
regulación extraordinaria por parte del gobierno nacional.
Por todo lo anterior, no es de recibo para esta Sala el argumento del marco de
legalidad a través del cual se realizaron los aportes para pensión de la demandante,
pues como acaba de verse los decretos que avalaban el pago de aquellos en virtud
del cargo equivalente en la planta interna del Ministerio de Relaciones Exteriores
fueron excluidos del ordenamiento jurídico a inicios del periodo laborado por Amparo
Araujo Jiménez, aunado a que, de acuerdo con lo señalado por la Corte
Constitucional en la aludida sentencia T-098 de 2006, estas normas desde siempre
«debían ser inaplicadas».
En este punto, esta Sala debe precisar que la omisión del empleador de realizar los
descuentos en el porcentaje a su cargo y los del empleado, destinados a las
cotizaciones para el sistema pensional que de conformidad con la ley debiera hacer,
no es un asunto que sea oponible a la interesada para que la pensión reclamada le
sea reconocida y liquidada, pues lo cierto es que las entidades de previsión deben
adelantar las gestiones pertinentes para su cobro, tal y como lo dispuso esta
corporación en la sentencia de unificación del 28 de julio de 202228, pues en virtud
de lo dispuesto en los artículos 23, 24 y 57 de la Ley 100 de 1993, Colpensiones
tiene las herramientas que le permiten ejercer el cobro coactivo de las cotizaciones
que aquí se establecen.
Las anteriores razones imponen confirmar la sentencia de primera instancia.
Por otra parte, en la providencia apelada, el a quo, con fundamento en los artículos
188 del CPACA y 365 del CGP, condenó en costas a la parte demandada29, de
manera que por ser un punto íntimamente ligado con el objeto de la decisión de
instancia en esta oportunidad será objeto de análisis.
Al respecto, se advierte que el argumento para condenar en costas a la parte
vencida en la primera instancia no obedeció a un estudio respecto de la temeridad
o la mala fe en las que se pudo haber incurrido, razón por la cual se revocará la
decisión del juez de primera instancia en relación con esa disposición.
28 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ-028-CE-S2-2022 del 28 de julio de 2022,
radicado 25000-23-42-000-2013-02380-01(2656-2014), M.P. William Hernández Gómez.
29 Sin especificar el monto correspondiente a cada una de las demandadas.
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
2.5. Costas
La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.».
Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.30
Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte
demandante.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que le corresponde al Ministerio
de Relaciones Exteriores realizar las cotizaciones de la diferencia que resulte entre
las realizadas con base en el salario correspondiente al cargo equivalente al de la
planta interna y el efectivamente devengado, toda vez que Amparo Araujo Jiménez
tiene derecho que su pensión se reliquide con base en este último, por haber estado
vinculada en la planta externa de ese ministerio, de modo que se confirmará la
sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
30 En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 1 de diciembre de 2016,
C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicado 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01193-01 (4803-2021)
Demandante: Amparo Araujo Jiménez
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar el ordinal sexto de la sentencia proferida el 10 de septiembre de
2021 por la Sección Segunda, Subsección E del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca que condenó en costas a la parte demandada, el cual quedará así:
«Sexto. Sin condena en costas».
Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia apelada, en tanto accedió a las
pretensiones de la demanda presentada por Amparo Araujo Jiménez en contra de
la Nación, Ministerio de Relaciones Exteriores y la Administradora Colombina de
Pensiones (Colpensiones).
Tercero. Sin condena en costas en esta instancia.
Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el
aplicativo Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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