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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01387-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01387-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. ADICIONAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia del 13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado por la señora Elba Luz Barbosa Lozano contra la UGPP, el cual quedará así: «SEGUNDO. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a título de restablecimiento del derecho a reconocer a la señora ELBA LUZ BARBOSA LOZANO (…), una pensión de jubilación de gracia a partir del 17 de octubre de 2015, en cuantía del 75 % del promedio mensual devengado en el año inmediatamente anterior al estatus, comprendido entre el 30 de abril de 2005 [y el] 29 de abril de 2006, tomando en cuenta los factores devengados en dicho interregno, es decir, sueldo, subsidio de alimentación especial, prima de vacaciones y prima de navidad. De las sumas reconocidas, y desde el momento en que se incluya en nómina de pensionados a la señora Barbosa Lozano, practíquense los descuentos del 12 % de la mesada pensional con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.» SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 13 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, dentro de este proceso judicial. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01387-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social1

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Requisito de los 20 años de
servicios como docente territorial o nacionalizado. Procedencia de
descuentos por aportes al sistema de seguridad social en salud.
Decisión: Se confirma parcialmente sentencia. Se adiciona el numeral
segundo de la parte resolutiva del fallo de primera instancia, en el
sentido de autorizar los descuentos por aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Salud.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada contra la
sentencia de primera instancia del 13 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

Demanda2

1. La accionante ejerció el medio de control de la referencia con el propósito de que
se declare la nulidad de las Resoluciones RDP 005876 del 22 de febrero de 2019 y RDP
012401 del 11 de abril de 2019, mediante las cuales la UGPP le negó el reconocimiento
y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle dicha pensión a partir del 12 de abril de 2006, aplicando el
75% del promedio de lo devengado en el año anterior al cumplimiento del estatus
pensional, incluyendo todos los factores salariales.

3. Asimismo, pidió que se ordene a la accionada a dar cumplimiento al fallo de
acuerdo con lo establecido en los artículos 192 y 195 del CPACA, con los intereses
1
En adelante UGPP.
2
Folios 1 al 12.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

causados a partir de su ejecutoria. Además, que se indexen las mesadas atrasadas
aplicando la variación de precios al consumidor certificada por el DANE y se condene a
su contraparte al pago de las costas y agencias en derecho.

4. Como fundamento de sus pretensiones, expuso que cumplió los 50 años de edad
el 10 de marzo de 2002 y que completó 20 años de servicios oficiales como docente
nacionalizada el 12 de abril de 2006, habiendo laborado como educadora en los
siguientes períodos e instituciones: i) del 29 de marzo de 1971 al 1° de febrero de 1980
en el distrito capital de Bogotá, en virtud del Decreto 162 del 12 de febrero de 1971; y ii)
del 17 de abril de 1995 al 9 de octubre de 2009 en el departamento de Cundinamarca,
por disposición del Decreto 624 del 27 de marzo de 1995; para un total de 23 años, 3
meses y 25 días de servicios.

5. Indicó que el 17 de octubre de 2018 presentó solicitud ante la demandada para el
reconocimiento de la pensión gracia. No obstante, esta fue negada mediante los actos
administrativos acusados bajo el argumento de que la docente al 29 de diciembre de
1989 solo contaba con 8 años, 11 meses y 17 días de servicios, así como 37 años de
edad; con lo cual se incumplía lo establecido en las sentencias C-084 de 1999 y C-89 de
2000 proferidas por la Corte Constitucional.

Contestación de la demanda3

6. La entidad se opuso a la prosperidad de las pretensiones argumentando que estas
carecen de sustento fáctico y legal. Señaló que, según las pruebas obrantes en el
expediente, la vinculación que la accionante mantuvo entre el 17 de abril de 1995 y el 9
de octubre de 2009 fue de carácter nacional. Por lo tanto, este periodo no es computable
para el reconocimiento de la pensión gracia solicitada. Además, destacó que gran parte
del capital destinado a sufragar sus salarios y prestaciones provenía de la Nación.

7. Propuso las excepciones de fondo que denominó: «ausencia de vicios en los actos
administrativo[s] demandado[s]», «inexistencia de la obligación – cobro de lo no debido»,
«prescripción», «imposibilidad de condena en costas» y la genérica o innominada.

Sentencia apelada4

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió sentencia el 13 de mayo de
2021 en la cual acogió las pretensiones de la demanda, anulando los actos
administrativos impugnados y ordenando a la entidad el reconocimiento y pago de la
pensión gracia a la demandante, con efecto retroactivo a partir del 17 de octubre de 2015
(por prescripción trienal). Dispuso que esta pensión será equivalente al 75 % del
promedio mensual percibido en el año anterior al periodo comprendido entre el 30 de abril
de 2005 y el 29 de abril de 2006. Para su liquidación, se incluirán como factores el sueldo,
el subsidio especial de alimentación, la prima vacacional y la prima de navidad.

3
Folios 79 al 83.
4
Folios 149 al 159.

2

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

9. Estas decisiones se fundamentaron en que la interesada acreditó el cumplimiento
de los requisitos de tener más de 50 años de edad, haber ejercido su labor con probidad
o dedicación y haberse vinculado como docente nacionalizada antes del 31 de diciembre
de 1980, desempeñándose como maestra de primaria en propiedad en la Secretaría de
Educación de Bogotá D. C., entre el 15 de febrero de 1971 y el 1º de febrero de 1980,
esto es, durante 8 años, 11 meses y diecisiete 17 días.

10. Asimismo, estimó acreditado el requisito de 20 años de servicios docentes bajo
vinculación nacionalizada, dado que la actora se desempeñó como profesora de
catequesis en la Institución José Joaquín Casas, en virtud del Decreto 00624 del 27 de
marzo de 1995 expedido por el gobernador de Cundinamarca —en calidad de
representante del ente territorial y no como delegado del Ministerio de Educación
Nacional—. Añadió que, aunque las plazas señaladas en dicho nombramiento fueron
cofinanciadas, lo cierto es que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 196
de 1995, estas tenían naturaleza departamental, distrital o municipal, según el caso.

11. En consecuencia, concluyó que la demandante acumuló un total de 23 años, 5
meses y 9 días como educadora nacionalizada y adquirió el estatus de pensionada el 30
de abril de 2006, fecha en la que completó los 20 años de servicio. No obstante, en
aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
determinó que las mesadas causadas antes del 17 de octubre de 2015 se encuentran
prescritas.

12. Finalmente, dispuso que las sumas a reconocer serán actualizadas conforme al
artículo 187 del CPACA y que la entidad deberá pagar intereses moratorios desde la
ejecutoria de la sentencia hasta la cancelación efectiva, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 192 ibidem.

Recurso de apelación5

13. La entidad demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia y, en su
lugar, negar las pretensiones. Para el efecto, alegó que no es procedente reconocer la
pensión gracia a la accionante pues el certificado de tiempo de servicios expedido por la
Secretaría de Educación de Cundinamarca el 9 de mayo de 2013 señala expresamente
que el período comprendido entre el 17 de abril de 1995 y el 9 de octubre de 2009 tuvo
carácter nacional.

14. Además, porque la actora no estaba vinculada a la docencia oficial el 31 de
diciembre de 1980 y debido a que la vinculación solo podía realizarse mediante
nombramiento expedido por decreto y dentro de la planta de personal aprobada por la
entidad territorial, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley 115 de 1994.

15. Indicó que a partir del 1º de enero de 1990 todas las vinculaciones tienen carácter
nacional, aun cuando las certificaciones señalen lo contrario, en concordancia con lo
previsto en el numeral 3º del artículo 4.º de la Ley 114 de 1913 y las sentencias S-699 de

5
Folios 161 al 168.

3

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

1997 del Consejo de Estado, así como las C-479 de 1998, C-954 de 2000 y T-218 de
2012 de la Corte Constitucional.

16. Sostuvo que en el presente caso es claro que los períodos de servicio referidos
fueron remunerados con recursos del Situado Fiscal o del Sistema General de
Participaciones, razón por la cual no pueden contabilizarse para acreditar el cumplimiento
de los requisitos exigidos para la pensión gracia.

17. Por último, argumentó que el a quo incurrió en error al no autorizar los descuentos
al Sistema General de Seguridad Social, conforme al numeral 3º del artículo 160 de la
Ley 100 de 1993, cuyo monto obligatorio —equivalente al 12,5 %— se encuentra previsto
en el artículo 204 de la misma norma.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto del 4 de noviembre de 2021 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandada. Asimismo, se indicó que la parte demandante
disponía hasta la ejecutoria de dicha providencia para pronunciarse en torno a la alzada.
Además, que el Ministerio Público podría emitir concepto hasta antes de que el proceso
ingresara al despacho para sentencia.

19. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos. Así las cosas, esta Corporación
abordará el análisis de este litigio.

Problema jurídico

21. Le corresponde a la Sala determinar si la vinculación que la demandante mantuvo
entre el 17 de abril de 1995 y el 9 de octubre de 2009 con el departamento de
Cundinamarca es computable para efectos del reconocimiento de la pensión gracia,
habida cuenta que, según la recurrente, estos fueron de carácter nacional. Lo anterior,
con el fin de acreditar el cumplimiento del requisito de haber servido como docente
territorial o nacionalizada durante 20 años continuos o discontinuos.

22. En caso afirmativo, se establecerá si de las mesadas que haya lugar a reconocer
procede autorizar los descuentos equivalentes al 12.5 %, por concepto de aportes al
Sistema de Seguridad Social en Salud, según lo prevé el numeral 3° del artículo 160 de
la Ley 100 de 1993.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

Análisis del problema jurídico

23. En el presente caso, no se abordarán los reparos planteados en el recurso de
apelación que cuestionan el derecho de la accionante al reconocimiento de la pensión
gracia, por las siguientes razones: i) no se ha demostrado que la accionante estuviera
vinculada como docente al 31 de diciembre de 1980; ii) todas las vinculaciones docentes
realizadas a partir del 1.° de enero de 1990 son de carácter nacional; iii) los salarios y
prestaciones correspondientes fueron financiados con recursos del Situado Fiscal y del
Sistema General de Participaciones.

24. Lo expuesto se fundamenta en que estos nuevos alegatos no constituyen motivos
válidos de inconformidad respecto a la sentencia apelada, dado que el a quo no tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre cada uno de ellos. Esto se debe a que la parte
demandada no presentó dichos argumentos en sede administrativa ni durante el trámite
de la primera instancia.

25. En consecuencia, es evidente la impertinencia de tales reparos, ya que su análisis
implicaría la extensión de etapas procesales que ya han concluido en la instancia anterior.
En tal sentido, el recurso de alzada no debe considerarse como una oportunidad para
modificar, añadir o corregir los vacíos presentes en la contestación de la demanda o, a lo
sumo, en los alegatos de conclusión.

26. Además, dichos argumentos se constituyen en excepciones de fondo que no
pueden ser resueltas en esta etapa, habida cuenta que ello implicaría un eventual
desconocimiento del principio de legalidad y del respeto a las formas propias de cada
juicio, así como del derecho fundamental al debido proceso de la contraparte.

27. No puede perderse de vista que el proceso judicial se compone de etapas que, en
conjunto, permiten al juez emitir una decisión que resuelva la controversia. Para efectos
ilustrativos, en el caso del demandado, cuando contesta la demanda proponiendo
excepciones, se le otorga traslado de las mismas a la parte demandante para que, si así
lo considera, se pronuncie, aporte o solicite pruebas. Posteriormente, en la audiencia
inicial, se fija el litigio conforme a la posición de cada una de las partes y se decretarán
pruebas que luego serán practicadas, insumo con el cual las partes presentarán sus
alegatos finales para que el juez dicte sentencia de mérito, la cual podrá ser recurrida con
base en lo allí establecido.

28. Por lo tanto, al abordar el estudio de estos tres nuevos argumentos sin haber
seguido las etapas mencionadas, se altera la lógica inherente al proceso judicial. Por
tanto, la Sala se abstendrá de pronunciarse sobre estos.

29. Aclarado lo anterior, en el caso bajo estudio no está en discusión que la libelista,
a efectos de beneficiarse de la pensión gracia, satisface los requisitos de tener 50 años
de vida, pues los cumplió el 10 de marzo de 20026; de haber ejercido su actividad docente
con honradez y buena conducta, como lo acredita el Certificado de Antecedentes

6
Cfr. Cédula de ciudadanía (folio 15), en la que se demuestra que la demandante nació el 10 de marzo de 1952.

5

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

Disciplinarios expedido el 8 de octubre de 2018 por la Procuraduría General de la
Nacional7 y el hecho de que este requisito no fuera cuestionado por la entidad accionada;
y de haberse vinculado con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 como educadora,
toda vez que demostró haber prestado sus servicios para el distrito especial de Bogotá
entre el 15 de febrero de 1971 y el 1° de febrero de 1980, por virtud del Decreto 0162 del
12 de febrero de 19718 y el acta de posesión de 29 de marzo de esa anualidad9.

30. Con todo, la Sala difiere de la posición del a quo de catalogar la mencionada
vinculación como de carácter nacionalizado, pues aunque el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido el 23 de abril de 201310 por la
Secretaría de Educación Bogotá lo clasifica de tal naturaleza; lo cierto es que esta fue
del orden territorial, ya que no se advierte intervención alguna del Ministerio de Educación
Nacional en la expedición del aludido Decreto 0162 del 12 de febrero de 1971,
comoquiera que este fue suscrito únicamente por el alcalde de Bogotá y el secretario de
educación. Además, la docente tomó posesión directamente en el despacho del alcalde
sin avizorarse intervención o delegación alguna del Ministerio de Educación.

31. Dicho lo anterior, se proceden a resolver los problemas jurídicos planteados, así:

i) Requisito de los 20 años para acceder a la pensión gracia

32. La entidad accionada insiste en que el período comprendido entre el 17 de abril de
1995 y el 9 de octubre de 2009, en el que la demandante prestó sus servicios como
docente en el Colegio Departamental José Joaquín Casas del municipio de Chía
(Cundinamarca) es de carácter nacional, puesto que el certificado de tiempo de servicios
del 9 de mayo de 201311, expedido por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, así
lo establece. Por lo tanto, sostiene que no se cumple con el requisito de haber laborado
durante 20 años como educadora del orden territorial o nacionalizado.

33. Al revisar el aludido documento, la Sala evidencia que no le asiste razón a la
apelante comoquiera que, si bien allí se indica que el «régimen de pensiones» es
«nacional», dicha información no acredita la naturaleza del vínculo sostenido por la actora
y la entidad territorial, en la medida en que tal criterio determina el sistema de pensiones
ordinarias, al cual no corresponde la pensión gracia solicitada. Por tal razón, con esa sola
información no puede establecerse, como lo pretende la entidad, que se dé por sentado
que el vínculo cuestionado sea nacional, nacionalizado o territorial.

34. En consecuencia, se proceden a examinar los actos administrativos de
nombramiento y posesión allegados al plenario, atendiendo la regla jurisprudencial fijada
en la sentencia de unificación del 21 de junio de 201812 emitida por la Sección Segunda
de esta Corporación, según la cual para probar la calidad de docente «[s]e requiere copia

7
Folio 64.
8
Folios 40 al 42.
9
Folios 43.
10
Folio 57.
11
Folios 61 al 63.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
proferida bajo el radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14)CE-SUJ2-011-18, con ponencia del consejero Carmelo Perdomo
Cuéter.

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Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador
ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca
que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial. (Negrillas de la Sala)».

35. Al expediente se allegó copia del Decreto 00624 del 27 de marzo de 199513, a
través del cual el gobernador del departamento de Cundinamarca, en uso de sus
facultades legales y en especial las previstas en el artículo 303 de la Constitución Política,
en los Decretos 1950 de 1973 (art. 45), 2277 de 1979 (art. 69) y 3685 de 1994, en la
Resolución 3117 de 1993 del Ministerio de Educación Nacional y en el Convenio
Interadministrativo celebrado con la Fiduciaria del Estado S. A., nombró a la demandante
como docente en el Colegio Departamental Nacionalizado José Joaquín Casas.

36. En la parte considerativa del referido acto administrativo se indicó que el
gobernador de Cundinamarca, mediante el Decreto 3585 de 1994, creó 292 plazas
docentes para secundaria «cofinanciadas según convenio interadministrativo», y que la
referida institución educativa requería de cuatro (4) de ellas para garantizar su normal
funcionamiento.

37. Igualmente, se aportó copia del Acta de Posesión 091 del 17 de abril de 1995 14, a
través de la cual se observa que la accionante tomó posesión en el cargo de docente de
catequesis ante el subdirector de Recursos Humanos y del director del Departamento
Administrativo de la Función y de la Gestión Públicas de la gobernación de
Cundinamarca.

38. Así pues, vale la pena traer a colación, tal como lo hizo el tribunal de primer grado,
que el artículo 2° del Decreto 196 del 25 de enero de 1995, vigente para la época en la
que ocurrió el nombramiento bajo estudio, establece que son docentes departamentales,
distritales y municipales, además de los nombrados directamente por la respectiva
entidad territorial con cargo a su propio presupuesto y a su planta de personal, «los
docentes financiados y cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional,
mediante convenios y que se encuentren vinculados a plazas departamentales o
municipales (se resalta)».

39. Con base en lo expuesto, está plenamente demostrado que la vinculación docente
que sostuvo la libelista entre el 17 de abril de 1995 y el 9 de octubre de 2009 fue de
naturaleza territorial, en razón a que fue realizada directamente por el gobernador de
Cundinamarca y se ajusta a la definición prevista en el citado artículo 2° del Decreto 196
del 25 de enero de 1995. Por lo tanto, dicho período es computable para efectos de
completar el requisito de los 20 años de servicios con el fin de acceder a la pensión gracia.

13
Folios 47 y 48.
14
Folio 49.

7

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

40. De manera que la demandante acreditó un total de 23 años, 5 meses y 10 días
de servicios como docente territorial y nacionalizada, discriminados en la siguiente tabla:

Carácter de la plaza Desde Hasta Tiempo laborado
ocupada Día Mes Año Día Mes Año Días Meses Años
Territorial 15/02/1971 01/02/1980 17 11 8
Territorial 17/04/1995 09/10/2009 23 5 14
TOTAL 40 16 22
TOTAL: 23 años, 5 meses y 10 días

41. En virtud de lo expuesto, la parte demandante ha demostrado el cumplimiento de
todos los requisitos legales necesarios para el reconocimiento de la aludida pensión, en
atención a lo previsto en las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

42. De igual manera, la Sala coincide con la fecha del estatus pensional establecido
por el Tribunal en la medida que la demandante cumplió los 20 años de servicios el 30
de abril de 2006, momento que fue posterior a su cumpleaños número 50, ocurrido el 10
de marzo de 2002.

43. También se comparte lo relativo a la declaratoria de prescripción de las mesadas
a partir del 17 de octubre de 2015, teniendo en cuenta que la solicitud de reconocimiento
pensional se radicó el 17 de octubre de 2018 y la demanda se interpuso el 25 de
septiembre de 2019.

44. Sin embargo, esta Subsección aclara que, en materia de derecho administrativo-
laboral, el fundamento normativo del fenómeno de la prescripción trienal no es el artículo
151 del Código Sustantivo del Trabajo y la Seguridad Social, sino el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, que reglamentó el artículo 41 del Decreto 3135 de 196815.

ii) Procedencia de los descuentos con destino a aportes al Sistema de
Seguridad Social en Salud

45. Sobre este punto, conviene advertir que le asiste razón a la entidad apelante al
manifestar que el a quo incurrió en un error al no manifestarse sobre la procedencia de
los descuentos con destino al Sistema de Seguridad Social en Salud derivados del
reconocimiento de la pensión gracia. No obstante, difiere la Sala en que estos sean en
proporción al 12.5 % de la mesada pensional, sino del 12 %, como se explica a
continuación.

46. Esta Colegiatura16 ha sido clara en establecer que en materia de pensión gracia
son viables los descuentos con cargo al subsistema de salud, en vista de que dicha

15
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2025,
proferida dentro del proceso 17001 23 33 000 2016 00493 01 (4924-2019), con ponencia del consejero Juan Camilo Morales Trujillo.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 20 de abril de 2023, proferida dentro del expediente
170012333000201700261-01 (2526-2018), con ponencia del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas. Así mismo, ver las
sentencias de la Subsección B de esta Sección del 21 de febrero de 2024, con el radicado 41001 23 33 000 2016 00141 01 (0915-
2020), M.P.: César Palomino Cortés; y del 8 de junio de 2023, con el radicado 11001 03 25 000 2017 00545 00 (2566-2017), M.P.:
Juan Enrique Bedoya Escobar.

8

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

prestación periódica no puede entenderse como excluida de Sistema General de
Seguridad Social en virtud del artículo 279 de la Ley 100 de 1993; es decir, esta
prestación no está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
creado por la Ley 91 de 1989, sino de la UGPP (antes Cajanal) en virtud de la Ley 114
de 1913.

47. A su vez, los Decretos 1743 de 1966, 732 de 1976, 3135 de 1968, 1848 de 1969
(art. 90) y 1073 de 2002 han establecido la obligación de cotizar a salud sobre la mesada
pensional, la cual, a su vez, también se mantuvo en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993,
sin que en dichas normas se haya excluido a la pensión gracia de tal deber. Además, el
artículo 280 de esta última normativa previó que «los aportes para los fondos de
solidaridad en los regímenes de salud y pensiones consagrados en los artículos 27 y 204
de esta Ley serán obligatorios en todos los casos y sin excepciones (resalta la Sala)».

48. Ahora bien, en cuanto al porcentaje de cotización, desde la expedición de la Ley
100 de 1993 (1° de abril de 1994), las cotizaciones por concepto de Seguridad Social en
Salud se fijaron en un 12 %; no obstante, con la Ley 1122 de 2007 (1° de enero de 2007)
pasó a un 12.5 %. Pese a ello, el legislador, mediante la Ley 1250 de 2008, las redujo
nuevamente al 12 %, el cual es el porcentaje vigente en la actualidad.

49. Así las cosas, en el caso bajo estudio se ordenará a la UGPP que de las mesadas
reconocidas por concepto de pensión gracia —y en adelante— aplique un descuento
equivalente al 12 % con destino a los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Salud.

Condena en costas

50. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

51. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

52. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

9

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

53. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas toda vez
que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de manera parcial,
por manera que no puede predicarse que alguna de las partes haya sido vencida en el
proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. ADICIONAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia del
13 de mayo de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, dentro el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho incoado por la señora Elba Luz Barbosa Lozano contra la UGPP, el cual quedará
así:

«SEGUNDO. CONDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, a título de restablecimiento
del derecho a reconocer a la señora ELBA LUZ BARBOSA LOZANO (…), una pensión de
jubilación de gracia a partir del 17 de octubre de 2015, en cuantía del 75 % del promedio
mensual devengado en el año inmediatamente anterior al estatus, comprendido entre el 30
de abril de 2005 [y el] 29 de abril de 2006, tomando en cuenta los factores devengados en
dicho interregno, es decir, sueldo, subsidio de alimentación especial, prima de vacaciones
y prima de navidad.

De las sumas reconocidas, y desde el momento en que se incluya en nómina de
pensionados a la señora Barbosa Lozano, practíquense los descuentos del 12 % de
la mesada pensional con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud.»

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 13 de mayo de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
A, dentro de este proceso judicial.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

10

Radicación: 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021)
Demandante: Elba Luz Barbosa Lozano

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

11

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