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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01394-01

Fecha
9 de mayo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01394-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 28 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en cuanto condenó en costas a la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, en su lugar: «Segundo. No condenar en costas» Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 28 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda. Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022) Demandante: Gina Milena Díaz Serrano Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2019-01394-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

9 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano
Demandado: Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

Tema: Régimen salarial y prestacional de los empleados del DAS
incorporados a la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el 28 de enero de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda instaurada por Gina Milena Díaz Serrano contra la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

Gina Milena Díaz Serrano presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que se
declarara la nulidad de los oficios 20196110174251 del 6 de marzo de 2019, mediante
el cual la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia le negó la solicitud de
«conservar las condiciones laborales del régimen especial establecido en el Decreto 1932 y

1
En adelante CPACA.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

1933 de 1989, el Decreto 2646 de 1994 y demás normas especiales del extinto Departamento
Administrativo de Seguridad, del cual es titular», y 20196110249671 del 29 de marzo de
2019 que resolvió el recurso de apelación y confirmó el anterior.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i)
el restablecimiento de las condiciones especiales del régimen prestacional especial,
de acuerdo con la sentencia C-098 de 2013; ii) el pago de los «emolumentos y derechos
laborales, prestacionales y salariales» del empleo de oficial de migración código 3010,
grado 18, establecidos en los decretos 1932 y 1933 de 1989 y 2646 de 1994; y iii) el
cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 187 y 195 del CPACA.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• Gina Milena Díaz Serrano se encuentra inscrita en el régimen de carrera
administrativa desde el año 2006, cuando se posesionó en el cargo de detective en el
Departamento Administrativo de Seguridad2.

• Con ocasión de la supresión del DAS fue vinculada a Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia en el cargo de oficial de migración código 3010, grado 11,
mediante Resolución 0024 del 21 de diciembre de 2011.

• De acuerdo con el Decreto 4057 de 2011, los servidores públicos que prestaban sus
servicios al DAS y fueron vinculados a diferentes entidades, continuaron con los
derechos salariales y prestacionales de los que eran beneficiarios « entendiéndose los
estipulados en el Decreto 1933 de 1989, 2646 de 1994 y demás normas aplicables, que le son
más favorables y les fueron reconocidos por normas de mayor jerarquía, como lo es la ley
1444 de 2011 y el decreto reglamentario 4057 de 2011».

• En el concurso de méritos adelantado por la Comisión Nacional del Servicio Civil
participó, con ocasión del cual fue nombrada en el empleo de oficial de migración
código 3010, grado 18 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia,
«situación que solo merecía la actualización en el registro de carrera administrativa […]
ascenso mediante concurso de méritos, no obedece a ninguna desvinculación de la entidad,
ni puede conducir a un desmejoramiento del empleo que ya tenía desde su migración del DAS
a la hoy demandada y mucho menos a la renuncia tácita o expresa de derechos adquiridos y
reconocidos por la ley».

• Mediante Resolución 0870 de 2018 fue designada en periodo de prueba en el empleo
oficial de migración 3010 grado 18, en el cual se posesionó el 2 de mayo de 2018,
fecha a partir de la cual «se le dejaron de reconocer todos los emolumentos salariales
establecidos en las normas especiales», estas son «la prima de riesgo (ahora denominada

2
En adelante DAS.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

bonificación por compensación) reconocida a los ex empleados del liquidado D.A.S., contenida
en el Decreto 2464 de 1994».

• Ante la entidad demandada presentó una solicitud con la pretensión de «conservar las
condiciones laborales del régimen especial establecido» de conformidad con los decretos
1932 y 1933 de 1989 y 2646 de 1994, la cual fue negada a través del oficio
20196110174251 del 6 de marzo de 2019, decisión que fue confirmada con el oficio
20196110249671 del 29 de marzo siguiente, que resolvió el recurso de apelación.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como disposiciones violadas invocó los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 9, 13, 25, 29, 53, 83, 93,
209 y 228 de la Constitución Política; las leyes 54 de 1962, 16 de 1972, 50 de 1990, 4
de 1992, 270 de 1996, 319 de 1996, 411 de 1997, 1496 de 2011, 1444 de 2011 y 909
de 2004; y los decretos 1042 de 1978, 1933 de 1989, 2464 de 1994, 4057 de 2011 y
1092 de 2012.

En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente:

• Con los actos demandados se desconocieron las normas de carácter especial que
regulan los derechos de los exempleados del DAS y que le fueron reconocidos al
momento de su vinculación a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

• En los oficios objeto de reproche se acogió el concepto del Departamento
Administrativo de la Función Pública, según el cual a los servidores públicos del DAS
que fueron incorporados en la entidad demandada se les «deberán mantener las
condiciones salariales y prestacionales hasta que se produzca el retiro de la entidad, siempre
que permanezca en el mismo empleo», con lo cual se excedió el contenido del artículo 3
del Decreto 4064 de 2011, puesto que, de acuerdo con esta disposición las
condiciones se debían mantener hasta que « se produzca el retiro de la entidad» sin
limitarlo exclusivamente a un cargo.

En ese orden, la «limitación que impuso Migración Colombia, basado en un concepto
simplemente orientador del Departamento de la Función Pública está por fuera de la ley».

• La decisión de no incluir la bonificación como factor salarial contradice los avances
jurisprudenciales, puesto que esta se creó con el fin de nivelar la remuneración
devengada por los exempleados del DAS, y vulnera la garantía del mínimo vital y móvil
y la proporcionalidad y calidad del trabajo.

Asimismo, desconocen instrumentos internacionales aprobados por Colombia, en
relación con la «igualdad de remuneración, protección del salario, discriminación en materia
de empleo y sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, donde, un trabajador
no puede ser desmejorado por haberse superado y haber ascendido por sus propios medios
en los niveles del empleo en el servicio público». Lo anterior, por cuanto la no inclusión de

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

la «prima de riesgo hoy reconocida como bonificación por compensación constituye factor
salarial» conllevó a un desmejoramiento salarial y al desconocimiento de derechos
laborales y principios constitucionales de progresividad y favorabilidad.

1.2. Contestación de la demanda

La Unidad Administrativa Especial Migración Colombia se opuso a la prosperidad de
las pretensiones con fundamento en lo siguiente:

• Si bien el concepto expedido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública no tiene carácter vinculante, sí se encuentra en línea con los criterios
esbozados por la Corte Constitucional en sentencia C-098 de 2013. Asimismo, una
interpretación sistemática de los Decretos 4057 y 4064 de 2011 permite concluir que
respecto del régimen salarial y prestacional especial «se dará frente al cargo mediante el
cual fue incorporado a la entidad Migración Colombia, luego de determinar la equivalencia
correspondiente del último cargo ostentado en el antiguo DAS».

De otra parte, aceptar que el régimen prestacional y laboral de los antiguos servidores
del DAS se debe mantener a pesar del cambio de empleo, conllevaría a desatender la
naturaleza de los cargos ofrecidos a través de la Convocatoria 331 de 2015, los cuales
hacen parte del régimen laboral y prestacional del sistema general y no de un sistema
específico que se extinguió con la supresión del DAS.

• De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 4057 de 2011, los exfuncionarios del DAS
incorporados en algunas de las entidades receptoras de sus funciones, recibirán la
asignación básica que comprenderá el salario base del cargo respectivo más la prima
de riesgo que recibían, es decir que esta última se « entiende integrada y reconocida en
la asignación básica del nuevo empleo, sin que haya lugar a su reconocimiento actualmente».
No obstante, si el salario del servidor público es inferior al que devengaba con ocasión
de su vinculación en la entidad extinta, se creó una bonificación por compensación «la
cual representa la diferencia entre lo percibido, en este caso en Migración Colombia, con
respecto al monto que se recibía en el último empleo ostentado en el DAS».

En consonancia, la «referida bonificación no es un valor fijo que acompaña al funcionario de
manera permanente e independiente de los empleos que desempeñe, sino una prestación que
permite mantener sus condiciones laborales y salariales con respecto a lo adquirido por
derecho en el extinto DAS, la cual debe ajustarse única y exclusivamente para que dichos ex
servidores no devenguen un valor menor al percibido en este último Departamento
Administrativo» (sic).

• La demandante se encontraba facultada para rechazar la designación en el nuevo
empleo, si consideraba que esta era contraria a sus intereses laborales, salariales o
prestacionales; sin embargo, contrario a esto, se posesionó con lo que aceptó las
condiciones de este.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
sentencia del 28 de enero de 2022 negó las pretensiones de la demanda y condenó
en costas a la parte demandante, con fundamento en los siguientes argumentos:

• No obstante que el artículo 3 del Decreto 4064 de 2011 determinó que el personal
del extinto DAS incorporado a la Unidad Especial Migración Colombia conservaría los
beneficios salariales y prestacionales, esto es hasta su retiro de la entidad, dicha
previsión solo aplicaba al empleo al cual fue incorporado.

En ese orden, tales beneficios establecidos en los decretos 1933 de 1989 y 2446 de
1994 para los empleos del extinto DAS, solo aplicaba para los empleados
incorporados, que en el caso bajo estudio corresponde al de oficial de migración código
3010, grado 11, y no es posible extenderlos a otro cargo.

• Cuando la demandante se inscribió, concursó y superó las etapas del concurso de
méritos, y aceptó la designación en el cargo de oficial de migración código 3010, grado
18 de forma libre y espontánea se sometió a las reglas de la convocatoria en las que
no se estableció diferencia alguna entre quienes fueron incorporados del DAS y el
personal externo de la entidad, por lo que el régimen salarial y prestacional que ostenta
es el de los empleados de la entidad a la que presta sus servicios.

• En cuanto a la solicitud de reliquidación de la bonificación por compensación, no hay
lugar a ordenarla, por cuanto en el expediente no se demostró que lo percibido en el
cargo de oficial de migración código 3010, grado 11 en la Unidad Especial Migración
Colombia fuera inferior a lo que percibía como detective del DAS.

1.4. El recurso de apelación

Gina Milena Díaz Serrano solicitó que se revocara la sentencia mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, para
lo cual expuso los siguientes argumentos:

• El tribunal de primera instancia señaló que los beneficios salariales y prestacionales
del personal del DAS que fue incorporado a la Unidad Administrativa Especial de
Migración «se mantendrían hasta su retiro, es decir, esos beneficios solo aplican al empleo
al cual fue incorporado», sin embargo, esa conclusión se aparta del principio de legalidad
y no cuenta con sustento jurisprudencial.

• El a quo omitió efectuar pronunciamiento en relación con el artículo 3 del Decreto
4064 de 2011 que ordena mantener el régimen hasta el retiro de la entidad y no hasta
el cambio de empleo dentro de la entidad.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

• El ascenso dentro de la institución es una «situación que solo merecía la actualización
en el registro de carrera administrativa […] es la continuidad de cuando la parte demandante
migró desde el liquidado DAS a Migración Colombia, más no obedece a ninguna
desvinculación de la entidad ni puede conducir a desmejoramiento del empleo que ya tenía
desde su migración del DAS a la hoy demandada y mucho menos a la renuencia de derechos
adquiridos y reconocidos por la ley» (sic).

• En la providencia objeto de apelación, el tribunal no efectuó pronunciamiento en
relación con la «violación a las convenciones internacionales de no desmejora al trabajador
que en este caso se causó con la pérdida del régimen laboral del DAS». Lo anterior, con
ocasión del desconocimiento de los decretos 1932 y 1933 de 1989 y 2646 de 1994.

1.6. Pronunciamientos en segunda instancia

Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que no se
advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

1.7. El Ministerio Público

En esta oportunidad, el Ministerio Público no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscriben a resolver los siguientes interrogantes:

¿Gina Milena Díaz Serrano tiene derecho a mantener el régimen salarial y
prestacional del personal del DAS hasta su retiro de la entidad, aun cuando fue
promovida a un cargo distinto del que fue incorporada?

¿Con los actos demandados, la Unidad Administrativa Especial de Migración
desmejoró las condiciones laborales de Gina Milena Díaz Serrano y como
consecuencia desconoció instrumentos internacionales aprobados por Colombia?

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

2.2. Marco normativo

2.2.1. Régimen de personal, salarial y prestacional de los servidores del DAS
incorporados a la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia

Mediante el Decreto 4057 de 2011, el presidente de la República en ejercicio de las
facultades conferidas en la Ley 1444 de 2011 suprimió el Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS)3. Asimismo, en el artículo 3 del referido decreto se trasladaron las
funciones que eran de competencia de dicho departamento a diferentes entidades y
organismos dentro de los cuales se encuentra la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia. De acuerdo con esta disposición, esta unidad asumió las
funciones «de control migratorio de nacionales y extranjeros y los registros de identificación
de extranjeros de que trata el numeral 10 del artículo 2° del Decreto 643 de 2004 y las demás
disposiciones sobre la materia».

En cuanto a las disposiciones de contenido laboral, el referido Decreto 4057 de 2011
dispuso la supresión de los empleos de la planta del DAS, que tenían asignadas las
funciones trasladadas y ordenó la incorporación de los servidores que las cumplían en
las plantas de personal de las entidades y organismos receptores de la rama ejecutiva,
dentro de los cuales se encuentra la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia, como se indicó en el párrafo anterior. El artículo 7 de la norma en mención
dispuso:

«Artículo 7°. Régimen de personal. El régimen salarial, prestacional, de carrera y de
administración de personal de los servidores que sean incorporados será el que rija en la
entidad u organismo receptor, con excepción del personal que se incorpore al Ministerio
de Defensa Nacional - Policía Nacional cuyo régimen salarial y prestacional lo fijará el
Presidente de la República en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales.

Para todos los efectos legales y de la aplicación de las equivalencias que se establezcan
para los fines de la incorporación, la asignación básica de los empleos en los cuales
sean incorporados los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad
(DAS) comprenderá la asignación básica y la prima de riesgo correspondientes al
cargo del cual el empleado incorporado sea titular en el Departamento Administrativo
de Seguridad (DAS) a la vigencia del presente decreto. En consecuencia, a partir de la
incorporación, la prima de riesgo se entiende integrada y reconocida en la asignación básica
del nuevo cargo.

Los servidores que sean incorporados en un empleo al cual corresponde una asignación
básica inferior al valor de la asignación básica y la prima de riesgo que vienen percibiendo,
la diferencia se reconocerá con una bonificación mensual individual por compensación que
se entiende integrada a la asignación básica y por lo tanto constituye factor salarial para
todos los efectos legales.

Los servidores públicos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que ostenten
derechos de carrera administrativa que sean incorporados en las entidades que asuman
las funciones de que trata el presente decreto, conservarán sus derechos y se actualizará

3
Creado mediante Decreto 1717 del 18 de julio de 1960

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

su inscripción en el correspondiente registro por parte de la autoridad competente. A partir
de la incorporación su régimen de carrera será el que rige en la entidad receptora.

La incorporación de los servidores con derecho de carrera administrativa se hará teniendo
como referencia el empleo en el cual ostentan tales derechos.» (Se resalta)

Ahora bien, a través del Decreto 4062 de 2011 4 se creó la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia como un organismo civil de seguridad, denominada
Migración Colombia, con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y
patrimonio independiente, con jurisdicción en todo el territorio nacional, adscrita al
Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta entidad se instituyó con el objeto de ejercer
las funciones de autoridad de vigilancia y control migratorio y de extranjería del Estado
colombiano, dentro del marco de la soberanía nacional y de conformidad con las leyes
y la política que en la materia defina el gobierno nacional5.

El artículo 28 del mencionado Decreto 4062, estableció que el régimen de personal
de los servidores que presten sus servicios en esta unidad será el establecido para los
servidores de la Rama Ejecutiva del orden nacional y en cuanto al régimen salarial y
prestacional el que señale el gobierno nacional, de conformidad con las facultades
otorgadas por la Constitución y la Ley 4 de 1992.

Asimismo, el artículo 29 del decreto a través del cual se creó la UAEMC señaló que el
gobierno nacional adoptaría «la nueva planta de personal necesaria para el debido y
correcto funcionamiento de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia. A los
empleados de la Unidad se les aplicará el Régimen General de carrera, de clasificación y de
administración de personal».

En cumplimiento del mandato mencionado en el párrafo anterior, el presidente de la
República expidió el Decreto 4063 de 2011 6 , con el cual estableció la planta de
personal de la entidad y en el artículo 2 dispuso «[e]l Director General de Migración
Colombia proveerá los empleos creados en el presente decreto, mediante la incorporación
directa de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) necesarios
para atender las funciones de Migración Colombia y cuya incorporación se haya ordenado en
esta entidad».

De otra parte, a través del Decreto 4064 de 2011, y con el fin de incorporar de manera
directa a los servidores del DAS en los cargos creados en la planta de personal de la
UAEMC, se establecieron las equivalencias de los empleos y se determinaron
aspectos salariales y prestacionales aplicables a los empleados que fueran
incorporados. En relación con este último aspecto los artículos 2 y 3 señalaron:

4
«Por el cual se crea la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, se establece su objetivo y
estructura.»
5
Artículo 3 del Decreto 4062 de 2011.
6
«Por el cual se establece la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Migración
Colombia y se dictan otras disposiciones.»

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

«ARTÍCULO 2°. Los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-a
quienes se les suprima el empleo como consecuencia de la Supresión del Departamento y
cuya incorporación se ordena en los empleos creados en la planta de personal de Migración
Colombia, serán incorporados con estricta sujeción a las equivalencias establecidas en el
artículo primero del presente decreto, sin que se les exijan requisitos adicionales a los
acreditados en el momento de su posesión del cargo del cual eran titulares.

La aplicación de estas equivalencias no conlleva la pérdida de los derechos de carrera para
quien los acredite, ni afecta los procesos de selección en curso.

PARÁGRAFO. De conformidad con lo señalado en el decreto de supresión del Departamento
Administrativo de Seguridad DAS, para todos los efectos legales y de la aplicación de las
equivalencias establecidas en el artículo anterior, la asignación básica de los empleos en
los cuales sean incorporados los servidores del DAS comprenderá la asignación básica y
la prima de riesgo correspondientes al cargo del cual el empleado incorporado sea titular
en el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS a la vigencia del presente decreto.
En consecuencia, a partir de la incorporación, la prima de riesgo se entiende integrada y
reconocida en la asignación básica del nuevo cargo.

Los servidores que sean incorporados en un empleo al cual corresponde una asignación
básica inferior al valor de la asignación básica y la prima de riesgo que vienen percibiendo,
la diferencia se reconocerá con una bonificación mensual individual por compensación que
se entiende integrada a la asignación básica y por lo tanto constituye factor salarial para
todos los efectos legales.

ARTICULO 3º. Los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-
incorporados en Migración Colombia, conservarán los beneficios salariales y prestacionales
que venían percibiendo, con excepción de la prima de riesgo que quedó incorporada a la
asignación básica y a la bonificación especial por compensación, hasta su retiro de la
entidad.»

En consonancia con el marco normativo expuesto, se encuentra que el régimen de
personal de la UAEMC es el establecido para los servidores de la Rama Ejecutiva del
orden nacional y en cuanto al régimen salarial y prestacional será el señalado por el
gobierno nacional, de acuerdo con las facultades constitucionales y legales. Estas
disposiciones también rigen a los servidores del DAS que fueron incorporados a la
unidad, como lo establecieron las normas que regularon el referido proceso.

De otra parte, en relación con los empleados del DAS que con ocasión de su supresión
fueron incorporados a las diferentes entidades receptoras, el legislador extraordinario,
con el fin de no desmejorar su situación salarial, incorporó a la asignación básica la
«prima de riesgo correspondientes al cargo del cual el empleado incorporado sea titular en el
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a la vigencia del presente decreto».

Asimismo, previó que en aquellos casos en los que el servidor fuera incorporado en
un empleo con una asignación básica inferior a la que recibía en los términos descritos
en el párrafo anterior [asignación más prima de riesgo], la diferencia sería reconocida
a través de una «bonificación mensual individual por compensación» que constituiría factor
salarial.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

Finalmente, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 4064 de 2011, los servidores del
DAS incorporados en la UAEMC conservarían los beneficios salariales y
prestacionales que venían percibiendo, con excepción de la prima de riesgo que se
incorporó en la asignación básica y a la bonificación por compensación. Así las cosas,
debe entenderse que, la intención del legislador extraordinario cuando incorporó la
prima de riesgo a la asignación básica fue la de establecer el monto mínimo de la
remuneración que podían recibir quienes fueran incorporados en los empleos de las
entidades que asumieron las funciones del DAS, con el fin de no desmejorar su
situación laboral.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

Asimismo, de acuerdo con las manifestaciones de la demanda y su contestación, se
advierte lo siguiente:

• El 7 de marzo de 2006, Gina Milena Díaz Serrano fue vinculada al DAS en el empleo
de detective 208-06.

• A través de la Resolución 0024 del 21 de diciembre de 2011 fue incorporada a la
UAEMC en el cargo de oficial de migración código 3010, grado 11.

• Participó en el concurso de méritos para proveer empleos vacantes de la planta de la
UAEMC, con ocasión del cual, mediante Resolución 0870 del 2 de mayo de 2018, fue
nombrada en periodo de prueba en el cargo de oficial de migración código 3010, grado
18.

De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso se acreditó lo siguiente:

• El 21 de febrero solicitó que, con fundamento en el parágrafo 3 del artículo 18 de la
Ley 1444 de 2011, se realizaara la actualización en el registro de carrera administrativa,
sin que se desmejoraran sus derechos como titular del régimen prestacional derivado
de las normas aplicables a los exempleados del DAS. Asimismo, que se reconociera y
pagara la prima de riesgo, hoy denominada bonificación por compensación.

• Mediante oficio 20196110174251 del 6 de marzo de 2016, la UAEMC negó la solicitud
al considerar que el régimen prestacional y laboral de los antiguos servidores del DAS
se mantendría siempre que ocupara el cargo equivalente al último empleo que ocupó
en la entidad que fue objeto de supresión. La anterior decisión fue confirmada con el
oficio 20196110249671 del 29 de marzo de 2016, que resolvió el recurso de apelación.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

2.3.2. Análisis de la Sala

2.3.2.1. En relación con los beneficios salariales y prestacionales de los
empleados del DAS incorporados a la UAEMC

En el recurso de apelación, Gina Milena Díaz Serrano sostuvo que la afirmación del
tribunal, según la cual los beneficios salariales y prestacionales del personal del DAS
que fue incorporado a la UAEMC «se mantendrían hasta su retiro, es decir, [que] esos
beneficios solo aplican al empleo al cual fue incorporado», se aparta del principio de
legalidad y no cuenta con sustento jurisprudencial.

Al respecto, se advierte que el Decreto 4057 de 2011, a través del cual el presidente
de la República suprimió el DAS, estableció de manera expresa que el régimen salarial,
prestacional, de carrera y de administración de personal de los servidores que fueran
incorporados a las entidades que asumirían las funciones de esa entidad sería el que
rigiera a la entidad receptora7. Asimismo, estableció una única excepción frente al
personal que fuera incorporado en el «Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional
cuyo régimen salarial y prestacional lo fijar[ía] el Presidente de la República».

De otra parte, el mencionado artículo dispuso que para efectos de establecer las
equivalencias para los fines de la incorporación de los servidores del DAS, la
asignación básica comprendería la suma de la asignación básica y la prima de riesgo.
En esa línea, previó que en aquellos casos en los que la incorporación se efectuara en
un empleo con una asignación salarial menor, la diferencia se reconocería a través de
una bonificación mensual individual por compensación que constituiría factor salarial
para todos los efectos legales. Las anteriores previsiones fueron reiteradas en los
diferentes decretos que fijaron las reglas de la incorporación de los empleados del DAS
a la UAEMC.

Ahora bien, de acuerdo con las manifestaciones hechas en las diferentes etapas
procesales del asunto en estudio, se advierte que la demandante sustenta sus
pretensiones bajo el argumento, según el cual los empleados que fueron incorporados
a la UAEMC como consecuencia de la supresión del DAS ostentan el «régimen
especial» de la entidad en la que inició su vinculación laboral. Sin embargo, la Sala
advierte que estos servidores fueron incorporados por mandato legal al régimen de
personal, salarial y prestacional que regulan la vinculación de los servidores públicos
de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

En esa línea, se reitera que cuando el legislador extraordinario señaló que para efectos
de «la aplicación de las equivalencias que se establezcan para los fines de la incorporación,
la asignación básica de los empleos en los cuales sean incorporados los servidores del
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) comprenderá la asignación básica y la prima
de riesgo correspondientes», no pretendió mantener vigente para este grupo de

7
Artículo 7 del Decreto 4057 de 2011.

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Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

empleados el régimen que regía a la entidad objeto de supresión, sino que, estableció
un marco de referencia con el fin de que los servidores que fueran incorporados en la
entidad receptora no vieran afectados sus derechos laborales, en este caso, no les
fuera disminuida su asignación mensual. Lo anterior, con el fin de no desconocer la
prohibición constitucional de desmejorar las condiciones salariales y prestacionales de
los trabajadores.

En ese sentido, la Corte Constitucional en sentencia C-098 de 2013 señaló:

«es razonable que se establezca que el régimen laboral de los servidores que, en virtud de
un proceso de reestructuración, pasan de una entidad a la otra, sea el de la entidad que los
recibe, en particular cuando se trata de una fusión. La Sala manifestó: “Cuando el Gobierno,
en ejercicio de tales atribuciones, ordena la fusión de una entidad a otra, las funciones a
cargo de la entidad absorbida se cumplirán hacia futuro por la entidad absorbente, que bien
podrá tener naturaleza jurídica diferente a la que tenía el ente absorbido. Por lo tanto, es
razonable que la naturaleza de la entidad fusionada y el régimen laboral de sus servidores
públicos sean los de la entidad absorbente.”. No obstante, la Corte señaló que en estos
casos la Carta impone la obligación de que los derechos de los servidores no sean
desmejorados: “la Corte precisa entonces que en los casos de incorporación, los derechos
de empleados y trabajadores en materia salarial y prestacional no podrán ser desmejorados
por el decreto que disponga la fusión respectiva”.»

La demandante sostuvo en el recurso de apelación que el ascenso dentro de la
institución, es una «situación que solo merecía la actualización en el registro de carrera
administrativa […] es la continuidad de cuando la parte demandante migró desde el liquidado
DAS a Migración Colombia, más no obedece a ninguna desvinculación de la entidad ni puede
conducir a desmejoramiento del empleo que ya tenía desde su migración del DAS a la hoy
demandada y mucho menos a la renuencia de derechos adquiridos y reconocidos por la ley».

En relación con lo anterior, se advierte que las referidas medidas adoptadas por el
legislador no solo responden a la prohibición de desmejorar las condiciones laborales,
sino que también al deber de proteger los derechos adquiridos, de conformidad con los
artículos 53 y 58 de la Carta Política. En ese orden, se advierte que con la incorporación
de los servidores de carrera en el marco del proceso de supresión se propende,
principalmente, por dos derechos adquiridos de este grupo, estos son: i) la estabilidad
laboral que ostentan quienes han ingresado a la función pública a través del sistema
de mérito y ii) la asignación salarial y prestacional de la cual se hizo acreedor quien se
posesionó en el empleo frente al cual ostenta derechos de carrera. Lo anterior, de
acuerdo con la jurisprudencia constitucional, según la cual8:

«Así las cosas y con el fin de proteger los derechos de los trabajadores afectados con la
reestructuración, de la Constitución, la ley y la jurisprudencia de esta Corporación se
encuentra que: “i) los servidores públicos que se encuentren inscritos en la carrera
administrativa ostentan unos derechos subjetivos que materializan el principio de estabilidad
en el empleo; ii) la administración pública está facultada para suprimir cargos de carrera
administrativa en los términos establecidos por la Constitución y la ley; iii) en los casos de
supresión de cargos de empleados inscritos en la carrera administrativa estas personas, en

8
Corte Constitucional, sentencia C-314 de 2004.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

virtud del derecho a la estabilidad laboral, tienen derecho a optar libremente por la
incorporación, reincorporación o la indemnización. En los primeros dos eventos se tiene un
límite temporal de seis meses para efectuar la incorporación o reincorporación, término
después del cual si no es posible encontrar una vacante se procede a indemnizar al servidor;
iv) el respeto a tales reglas fijadas en la ley configura el debido proceso administrativo a
seguir en estos eventos”.»

En consonancia, la decisión de mantener vigente para los servidores que fueron
incorporados a la UAEMC únicamente «los beneficios salariales y prestacionales» y no
todo el régimen especial del DAS, no desmejora la situación laboral del trabajador, sino
que, al contrario, les mantiene unas condiciones salariales y prestacionales mínimas y
protege los referidos derechos adquiridos de los cuales son titulares.

Ahora bien, esta obligación constitucional que el Estado tiene frente a los derechos
adquiridos no se predica en relación con las meras expectativas, entendidas estas
como aquellas situaciones en las que no se acreditan los supuestos para efectos de
que se configure un derecho en cabeza de quien lo pretende, como es el caso de la
expectativa de ascenso que puede tener un empleado de carrera bajo determinado
régimen. Estas últimas pueden ser modificadas por el legislador de acuerdo con las
necesidades públicas, toda vez que frente a ellas no se predica la intangibilidad de los
primeros.

De acuerdo con lo anterior, en el asunto bajo estudio, se observa que a la demandante
le fueron protegidos sus derechos adquiridos, puesto que, al momento de su
incorporación en la UAEMC se mantuvo su inscripción en el régimen de carrera y se le
garantizaron iguales condiciones salariales de las que era beneficiaria cuando prestaba
sus servicios en el DAS. Ahora bien, en relación con la posibilidad de ascender con el
régimen de esta última entidad, se advierte, como se explicó en líneas anteriores, que
se trataba de una mera expectativa que por su naturaleza, sus condiciones podían ser
modificadas por el legislador de acuerdo con las necesidades públicas, como en efecto
sucedió; sin embargo, esto no conllevó a un desconocimiento de sus derechos, en
tanto mantuvo estas expectativas, ahora bajo el régimen de carrera vigente en la
entidad receptora.

En ese orden, no le asiste razón a la apelante cuando señala que los beneficios de los
que son titulares quienes fueron incorporados por el proceso de supresión, deben
mantenerse hasta el retiro de la entidad y no hasta el cambio de empleo dentro de la
entidad, puesto que de acuerdo con las disposiciones contenidas en los decretos 4057,
4062 y 4064 de 2011, los beneficios salariales y prestacionales se establecieron con el
único objetivo de que el salario del empleado incorporado no se viera desmejorado.

Contrario a lo manifestado en el recurso de alzada, para la Sala la interpretación de las
normas referidas debe ser a la que llegó el tribunal de primera instancia, esto es que
los beneficios solo aplican al empleo al cual se efectuó la incorporación. Lo anterior, si
se tiene en cuenta que estas disposiciones cuando prevén la integración de la prima
de riesgo a la asignación básica coinciden en señalar que es para « los efectos legales y

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

de la aplicación de las equivalencias que se establezcan para los fines de la incorporación»
(se resalta).

Ahora bien, la apelante estima que el tribunal omitió efectuar un pronunciamiento en
relación con el artículo 3 del Decreto 4064 de 2011 que ordena mantener el régimen
hasta el retiro de la entidad y no hasta el cambio de empleo dentro de la misma entidad.
En relación con este argumento, la Sala advierte que dicha interpretación es
consecuencia de una lectura aislada de la norma, por cuanto, como se explicó, el
beneficio con el cual el legislador, en cumplimiento de su deber constitucional, protegió
los derechos adquiridos de quienes fueron incorporados a la UAEMC, se constituyó en
garantizar que estos empleados no recibieran una asignación menor a la que
devengaban cuando prestaban sus servicios al DAS; en ese orden, el que el servidor
ascienda a un cargo con una mayor remuneración en la entidad, conlleva a que ya no
sea beneficiario de dichas disposiciones, en la medida en que se hace titular de un
cargo cuya asignación mensual es superior a la que devengaba en la entidad
suprimida.

2.3.2.1. En relación con el desmejoramiento de las condiciones laborales

En el recurso de apelación, se reprochó que el a quo no efectuara pronunciamiento en
relación con la «violación a las convenciones internacionales de no desmejora al trabajador
que en este caso se causó con la pérdida del régimen laboral del DAS ». Lo anterior, con
ocasión del desconocimiento de los decretos 1932 y 1933 de 1989 y 2646 de 1994.

En relación con lo anterior, la Sala anota que en el presente asunto no se evidenció un
desconocimiento de los decretos señalados en el párrafo anterior, puesto que estos
contenían disposiciones que regulaban la situación de los empleados que se
encontraban vinculados al DAS; sin embargo, como se explicó anteriormente, una vez
la demandante fue vinculada a la UAEMC, por mandado legal, fue incorporada al
régimen de la entidad receptora, que para el presente caso es el de los servidores
públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. Es decir, que las normas
mencionadas por la apelante no le fueron aplicadas, puesto que ya no era destinatarias
de estas.

Ahora bien, en relación con el presunto desmejoramiento de las condiciones laborales
de Gina Milena Díaz Serrano, en el expediente no obra material probatorio que permita
acreditar dicha afectación. Frente a lo anterior, la parte apelante se limita a sustentarla
en el cambio de régimen laboral al cual fue sometida, sin embargo, esto no es suficiente
para probar que en efecto sufrió un detrimento en sus condiciones salariales y
prestacionales.

Contrario a lo anterior, de acuerdo con los documentos aportados y las manifestaciones
hechas por las partes en el curso del proceso, se evidencia que la demandante
participó en un concurso de méritos con ocasión del cual fue ascendida a un cargo con

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

una remuneración más alta de aquella que devengó durante su vinculación en el DAS
y de la que le fue asignada al momento de su incorporación en la UAEMC.

Finalmente, es importante precisar que las normas que regularon la incorporación de
los empleados a la UAEMC establecieron en favor de los empleados unos beneficios
salariales y prestacionales con el fin de que la remuneración que recibieran
mensualmente no fuera disminuida, de las cuales fue beneficiaria la demandante, toda
vez que nunca recibió una asignación menor respecto de aquella que ostentó en el
último cargo que ocupó en el DAS.

Por lo expuesto, esta Subsección confirmará la sentencia del 28 de enero de 2022,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma21

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con temeridad
o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

procesal, la Sala revocará la condena en costas del numeral cuarto de la sentencia
objeto de apelación y se abstendrá de imponerlas en esta instancia.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará el ordinal segundo en cuanto
condenó en costas y confirmará en lo demás la sentencia del 28 de enero de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, por cuanto:

i) Contrario a lo manifestado por la apelante, los beneficios salariales y prestacionales
contenidos en los decretos 4057, 4062 y 4064 de 2011 fueron establecidos para
efectos de las equivalencias con base en las cuales se determinaría a qué cargos
serían incorporados los empleados y con el fin de evitar la disminución de la asignación
mensual que venían percibiendo en el DAS; por lo que, no es procedente que estas
continúen cuando el servidor cambia de empleo con ocasión de un ascenso que lo
hace beneficiario de un mejor salario.

ii) Asimismo, en el proceso no se encontró acreditado el desmejoramiento de las
condiciones laborales de Gina Milena Díaz Serrano.

iii) Finalmente, comoquiera que no se advirtió una conducta o circunstancia irregular
en el transcurso del trámite procesal se revocará la condena en costas impuesta a la
parte demandante.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal segundo de la sentencia proferida el 28 de enero de 2022
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en
cuanto condenó en costas a la entidad demandada, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia, en su lugar:

«Segundo. No condenar en costas»

Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia proferida el 28 de enero de 2022 por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, por
medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

Radicado: 25000-23-42-000-2019-01394-01 (3764-2022)
Demandante: Gina Milena Díaz Serrano

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo
Samai.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

JMC

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