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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00020-01

Fecha
7 de abril de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Juan Camilo Morales, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta decisión. En consecuencia, separarlo del conocimiento de este asunto. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 24 de mayo de 2022, proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el señor Guillermo Meza Vargas en contra de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. En su lugar. NEGAR las pretensiones de la demanda; conforme lo expresado en la motivación. TERCERO: RECONOCER al abogado Diego Daniel Vega Orjuela, identificado con cédula de ciudadanía 1.018.493.132 de Bogotá y tarjeta profesional 364.450 del C.S de la J., como apoderado judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en los términos y para los fines conferidos en el poder. CUARTO:Sin condena en costas en esta instancia. QUINTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00020-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00020-01 (4323-2022)
Demandante: Guillermo Meza Vargas
Demandado: Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad.

Tema: Relación laboral subyacente o encubierta. Ingeniero de
sistemas

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 24 de mayo de 2022, proferida
por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones de la demanda1

PRIMERO: La parte demandante solicitó la nulidad del acto administrativo
contenido en el oficio SDM-SGJ DRJ 79985-2019 expedido el 23 de abril de 2019
por el director de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que negó la existencia de
una relación laboral, así como, el reconocimiento de los emolumentos salariales
y prestacionales a que tiene derecho, determinación reiterada a través del oficio
SDM-SGJ DRJ 203286-2019 de 23 de septiembre de 20192.

SEGUNDO: Reclamó las siguientes declaraciones:

i) Declarar la existencia de una relación laboral desde el 27 de enero de 2014
y hasta el 18 de julio de 2018.

ii) Declarar que los dineros pagados por concepto de honorarios tienen

1 Folios 2 y 3 del expediente.
2 El 23 de octubre de 2020 se dispuso rechazar la demanda respecto del oficio SDM-SGJ DRJ 203286-2019

de 23 de septiembre de 2019 toda vez que no definió la situación jurídica del demandante.
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Demandante: Guillermo Meza Vargas

carácter laboral, siendo por ello salarios.

iii) Declarar que el tiempo de servicio prestado a la autoridad administrativa a
través de los contratos de prestación de servicios, tiene carácter laboral,
especialmente en materia de pensiones, riesgos profesionales y comunes
y aportes parafiscales.

iv) Declarar que la entidad pública tiene la obligación de realizar los aportes
al sistema seguridad social en salud, pensiones, riesgos y aportes
parafiscales.

v) Declarar que la institución está obligada a realizar el registro del tiempo de
servicio, de los factores salariales que se reconozcan y hacer los reportes
correspondientes a las entidades de seguridad social y a los organismos
de control pertinentes, respecto de los contratos de prestación de servicios
de lo que fue beneficiario el demandante.

vi) Declarar que es obligación de la entidad devolver o restituir al demandante
los dineros que siendo obligación de la entidad oficial fueron pagados por
el demandante como cotizante independiente con destino a financiar
salud, riesgos profesionales, comunes y pensiones.

vii) Declarar que tienen carácter laboral los dineros de retención en la fuente
por el pago de honorarios.

viii) Declarar que es obligación de la institución restituir los dineros que se
retuvieron en la fuente por concepto de honorarios.

ix) Declarar que es obligación de la autoridad administrativa reconocer y
pagar las prestaciones sociales que correspondan al cargo de ingeniero
de sistemas, siendo aquellas prestaciones las siguientes: cesantías,
intereses a las cesantías, prima de vacaciones, vacaciones, prima de
navidad, prima semestral, bonificación anual por servicios prestados,
prima técnica y bonificación especial de recreación.

x) Declarar que el tiempo trabajado por el actor en el cargo de ingeniero de
sistemas, genera el derecho al pago de las correspondientes prestaciones
sociales, siendo aquellas prestaciones las siguientes: cesantías, intereses
a las cesantías, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, prima
semestral, bonificación anual por servicios prestados, prima técnica y
bonificación especial de recreación.

xi) Declarar que el demandante tiene derecho a percibir los salarios
correspondientes al cargo de ingeniero de sistemas durante toda la
relación laboral, en igualdad de condiciones con los demás servidores

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públicos del nivel profesional que prestan los servicios en la Secretaría
Distrital de Movilidad.

xii) Declarar que es obligación de la institución pública cancelar de manera
indexada los dineros que se adeudan por concepto de prestaciones
sociales, respecto del cargo de ingeniero de sistemas.

TERCERO: Como restablecimiento del derecho reclamó lo siguiente:

i) A partir del 27 de enero de 2014 y hasta el 18 de julio de 2018 o durante
el período que se demuestre en el plenario, cumplir las obligaciones como
empleador respecto del demandante en su condición de ingeniero de
sistemas, en lo referente a los aportes legales de salud, pensiones, riesgos
profesionales y aportes parafiscales, de acuerdo al salario correspondiente
al cargo, nivel profesional y grado.

ii) Pagar los salarios correspondientes al cargo de ingeniero de sistemas,
perteneciente al nivel profesional, grado 32, o el que se demuestre en el
trámite procesal, durante toda la relación laboral, en igualdad de
condiciones con los demás servidores públicos del rango profesional que
prestan sus servicios en la Secretaría Distrital de Movilidad, a través de
una vinculación legal y reglamentaria.

iii) Cancelar las prestaciones sociales percibidas en el cargo de ingeniero de
sistemas, nivel profesional y grado 32, o el que se demuestre en el trámite
procesal, durante toda la relación laboral, acreencias que corresponden a:
auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima de vacaciones,
vacaciones, prima de navidad, prima semestral, bonificación anual por
servicios prestados, prima técnica y bonificación especial de recreación,
todo ello en igualdad de condiciones con los demás servidores públicos
del nivel profesional que prestan sus servicios en la Secretaría Distrital de
Movilidad, mediante vinculación legal y reglamentaria.

iv) Reintegrar los dineros sufragados por concepto de seguridad social en la
proporción en que fueron pagados por el demandante, a pesar de
corresponderle a la autoridad administrativa.
v) Regresar las sumas descontadas por retención en la fuente a los
honorarios.

vi) Indexar los valores que sean reconocidos, de acuerdo al artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011.

vii) Cumplir la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

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viii) Sufragar los gastos del proceso y las agencias en derecho.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda3

Se afirmó en la demanda que el señor Guillermo Meza Vargas prestó sus
servicios personales y remunerados como ingeniero de sistemas de la Secretaría
Distrital de Movilidad desde el 27 de enero de 2014 hasta el 18 de julio de 2018,
bajo la dependencia y subordinación de la entidad pública.

Realizó actividades similares a las de un profesional especializado grado 32, sin
embargo, la remuneración percibida por honorarios contractuales era inferior a la
recibida por los empleados de planta.

Que los servicios prestados estaban atribuidos a un cargo de carácter
permanente, misional y público, se atendían necesidades de los usuarios
regulares de los servicios ofrecidos por la dependencia, se cumplía un horario
impuesto y las funciones no requerían conocimientos técnicos especializados.

En el tiempo de la vinculación contractual laboró en las instalaciones de la
institución utilizando los insumos y equipos proporcionados por esta. Además, se
le imponía una programación de las actividades que debía ejecutar y su jefe
inmediato era el subdirector de jurisdicción coactiva que integraba el nivel
directivo de la planta de personal.

El 5 de abril de 2019 reclamó el reconocimiento de las prestaciones sociales a
las que consideró tener derecho, petición decidida desfavorablemente a través
del oficio SDM-SGJ DRJ 79985-2019 de 23 de abril de 2019, reiterado con el
oficio SDM-SGJ DRJ 203286-2019 de 23 de septiembre de la misma anualidad.

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la violación4

Se invocó en la demanda la violación de las siguientes disposiciones
constitucionales y legales: 1°, 2°, 4°, 13, 23, 25, 29, 53, 83, 84, 95, 125, 209, 230
de la Constitución Política de 1991; 5 y 11 de la Ley 4ª de 1913; 7° y 9° de la Ley
21 de 1982; 1° de la Ley 89 de 1998; 1°, 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990; 1°,
3°, 4°, 5°, 6° y 119 de la Ley 489 de 1998; 1°, 2°, 5°, 17, 19 y 25 de la Ley 909 de
2004; 17 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo; 2° y 8° de Ley 80 de 1993; 17,
18, 20 y 204 de la Ley 100 de 1993; 21 y 48 de la Ley 734 de 2002; 1° de la Ley
828 de 2003; 2 y 81 de la Ley 1150 de 2007; 156 de la Ley 1151 de 2007; 10 y
102 de la Ley 1437 de 2011; 83 de la Ley 1474 de 2011; 329 y 330 de la Ley
1607 de 2012; 135 de la Ley 1753 de 2015 y 13 de la Ley 1755 de 2015.

3 Folios 5 a 7 del expediente.
4 Folios 8 a 58, ibidem.

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Demandante: Guillermo Meza Vargas

Como concepto de la violación explicó que los contratos de prestación de
servicios ejecutados en la Secretaría Distrital de Movilidad su objeto correspondió
a labores de ingeniero de sistemas para la ejecución de las actividades de
organización y optimización de la información que se maneja en la Dirección de
Procesos Administrativos y en especial todo lo concerniente a los procesos
adelantados en la Subdirección de Jurisdicción Coactiva, permitiendo así la
optimización de los procedimientos que se desarrollaban y las demás actividades
que se requirieran en el marco de lo previsto en el Decreto Distrital 567 de 2006
en sus artículos, 17, 18, 19 y 20.

Precisó que las funciones y responsabilidades asignadas en la práctica fueron la
ejecución de tareas en las que estuvo implícita la noción de empleo consagrada
en el artículo 2º del Decreto Ley 785 de 2005 y en el artículo 19 de la Ley 909 de
2004, dado que cumplía los requisitos y competencias para desarrollarlas en
función de los fines de Estado.

Aseguró que se imponía una programación de actividades a desarrollar y que
dentro de una de las obligaciones del contratista se estableció el seguimiento de
instrucciones y órdenes, generándose la desnaturalización del contrato de
prestación de servicios por llevarse a cabo actividades misionales permanentes
de la autoridad administrativa, cumplir horario, jornada de trabajo, órdenes e
instrucciones.

Afirmó que el acto administrativo impugnado infringió por omisión el numeral 29
del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, los artículos 122, 123, 124 y 125 de la
Constitución Política, en la medida que debió ser vinculado como mínimo en
calidad de servidor público temporal o provisional para cumplir las funciones
descritas en la Carta Política y la ley en la forma allí indicada, bajo el régimen de
responsabilidad de los empleados del Estado, dadas las características del
servicio prestado, en relación con el objeto de la dependencia, la dedicación de
tiempo completo, la subordinación e inexistencia de autonomía y libertad en el
desarrollo de las labores.

Manifestó que las funciones ejecutadas como ingeniero de sistemas hacían parte
de la planta de personal, concretamente del cargo de profesional especializado,
por lo cual, debía hacer parte de ella, aplicándose el sistema especial de
nomenclatura, clasificación y remuneración de la planta de personal.

1.4. Contestación de la demanda5

El Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad por conducto
de apoderada contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones de la misma
con fundamento en las excepciones de mérito que a continuación se indican.

5 Folios 172 a 201 del expediente.

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i) Ausencia de la relación laboral entre el demandante y la Secretaría Distrital
de Movilidad:

• La coordinación de actividades y el manejo de horarios no
necesariamente vislumbran subordinación, dado que son necesarias
para el desarrollo y control eficiente del objeto contractual.

• No hubo solución de continuidad en la prestación del servicio, situación
que desestima la relación laboral, las actividades se desarrollaron en
tiempos diferentes sin existir vínculo contractual durante varios
períodos entre contratos.

• La actividad personal fue autónoma e independiente, ningún superior
exigió el cumplimiento de órdenes en cuanto al modo, tiempo, lugar o
cantidad de trabajo, solamente el supervisor verificaba el cumplimiento
de las obligaciones contractuales, por el contrario, el interesado
determinaba la manera de cumplir su trabajo, el tiempo y la disposición
para el mismo.

• La subordinación no es posible confundirla con la supervisión que se
ejercía, pues mientras aquella recae sobre el trabajador, la última se
ejerce sobre el contrato de prestación de servicios y no sobre la
persona del contratista; supervisión que ejerció un profesional
universitario de la planta de la institución para verificar el inicio del
contrato, el cumplimiento del objeto contractual, de las obligaciones
contraídas y demás aspectos inherentes, exclusivamente, al contrato
de prestación de servicios. Lo anterior denota una diferencia sustancial
de las funciones ejercidas por el demandante con las asignadas a un
profesional de planta, de tal forma que no es dable predicar el criterio
de igualdad de funciones.

• En los contratos de prestación de servicios se estipuló que no
generaría relación laboral, ni el reconocimiento de prestaciones
sociales y así lo aceptó el contratista al suscribirlo, de una manera libre,
consciente, voluntaria e informada, igualmente, como retribución por
las labores contratadas se pactó el pago de unos honorarios, lo cual
difiere sustancialmente del concepto de salario, razón por la cual, el
tercer requisito para predicar la existencia de una relación laboral
tampoco concurre.

• Por el hecho de haberse prestado servicios con el Estado no se
adquiere la categoría de empleado público por las condiciones
especiales para acceder al desempeño de cargos públicos, requisitos
exigidos en la Constitución y en la ley.

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ii) Prescripción:

• Teniendo en cuenta que los contratos de prestación de servicios no se
ejecutaron de manera consecutiva, en el evento de accederse a las
pretensiones de la demanda, será procedente resolver la excepción de
prescripción extintiva del derecho de manera impediente.

iii) Caducidad del medio de control:

• Después de invocar los artículos 138 de la Ley 1437 de 2011 y 21 de
la Ley 640 de 2001, explicó que al no agotarse el trámite de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría no se interrumpió el término de
caducidad, en ese sentido, el tiempo de presentación de la demanda
se contará desde la notificación del acto administrativo acusado que en
este caso fue el día 23 de abril de 2019 y teniendo en cuenta que la
demanda se radicó el 15 de enero de 2020, transcurrieron más de 4
meses que consagró la norma como plazo, configurándose el
mecanismo exceptivo.

iv) Legalidad de los oficios demandados e inexistencia de concepto de
nulidad:

• En el caso puesto a consideración no se observaron hechos o
fundamentos de derecho que desvirtuaran la presunción de legalidad
de los actos administrativos acusados, así mismo, no fueron explicados
concepto de violación de los que se predicara la nulidad pretendida.

v) Genérica.

1.5. Sentencia de primera instancia6

El 24 de mayo de 2022 la Subsección F del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por lo
tanto, declaró la nulidad del oficio SDM-SGJ-DRJ 79985-2019 del 23 de abril de
2019 y dispuso lo siguiente:

«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, CONDÉNASE al Distrito
Capital - Secretaría de Movilidad:

1. Reconocer y pagar a favor del señor Guillermo Meza Vargas, identificado con la
cédula de ciudadanía número 79.339.339 de la Bogotá, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia, las prestaciones que devenga un empleado
de planta que desempeñe el cargo de profesional, tales como: cesantías, intereses
a las cesantías, prima de navidad, vacaciones y prima de vacaciones, prima de
servicios, así como las bonificaciones por servicios prestados y de recreación,
liquidadas con el valor de los honorarios mensuales pactados en cada contrato.

6 Folios 237 a 257 del expediente.

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Demandante: Guillermo Meza Vargas

Las prestaciones se calcularán por los estrictos períodos laborados, así:

Contrato Período laborado Interrupción
27 de enero de 2014 al 26 de julio de
2014-186
2014
1º de septiembre de 2014 al 30 de
2014-1026 23 días hábiles
enero de 2015
6 de enero de 2015 al 20 de mayo de
2015-113 6 días
2016
25 de mayo de 2016 al 25 de febrero
2016-388 5 días
de 2017
15 de marzo de 2017 al 14 de marzo
2017-571 17 días
de 2018

Las sumas que resulten en favor de la parte actora, se ajustarán en su valor, dando
aplicación a la siguiente fórmula:

R=Rh x índice final
Índice inicial

En donde el valor presente ® se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el valor correspondiente a las prestaciones dejadas de pagar, por el
guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor, certificado
por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial
(vigente para la fecha en que debió hacerse el pago).

2. Realizar los aportes de seguridad social al respectivo Fondo de Pensiones, con
base en los honorarios pactados, durante los períodos en que estuvo vinculado el
demandante.

CUARTO: NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda de conformidad con
la parte motiva.

QUINTO: ABSTIÉNESE de condenar en costas en esta instancia.

SEXTO: A la sentencia se dará cumplimiento en los términos de los artículos 187,
192 y 195 del CPACA.

[…]».

Para arribar a las anteriores conclusiones, el a quo consideró que con el material
probatorio allegado se constataron los elementos necesarios para declarar la
existencia de la relación laboral encubierta.

Sobre la prestación personal del servicio señaló que se probó con los contratos
celebrados, donde se establecieron que el demandante desarrollaría labores
como ingeniero de sistemas de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, lo
que efectuó en un único período de manera ininterrumpida entre el 27 de enero
de 2014 al 14 de julio de 2018, dado que, no hubo interrupción superior a 30 días
hábiles.

En punto a la remuneración indicó que era suficiente para su acreditación los
montos pactados en cada uno de los contratos que integraron el expediente.

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En torno a la subordinación señaló que el ejercicio de las funciones
permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de
planta, para no vulnerar el principio de igualdad y así permitir que las personas
que realicen labores idénticas tengan derecho a recibir los mismos emolumentos
previstos en la ley, como lo interpretó la Corte Constitucional en las sentencias
C-614 de 2019 y SU-040 de 2018.

Para determinar si las actividades contractuales desarrolladas por el actor podían
ser equiparadas a funciones institucionales propias de la entidad, se verificaron
los artículos 17 y 20 del Decreto 567 de 20067 que establecieron las funciones
de la dirección de procesos administrativos y de la subdirección de jurisdicción
coactiva de la institución pública, respectivamente.

De esa forma, dedujo que al verificarse los estudios previos que dieron origen al
convenio, las obligaciones específicas establecidas en los contratos de
prestación de servicios tenían actividades idénticas o muy similares a las
correspondientes al contrato 2015113 de 2015.

Destacó que la subordinación a la que fue sometido el interesado se constató en
el contenido mismo de los instrumentos contractuales que en su gran mayoría
contemplaron obligaciones similares a las consignadas en el contrato 2016 388,
resaltando con negrilla la obligación consistente en «atender el objeto del
contrato en forma oportuna cumpliendo con las instrucciones y/o lineamientos
que imponga el supervisor del contrato y/o los Directivos de la entidad».

Además, sobre la descripción de la necesidad en los estudios previos se
consideró que los procedimientos administrativos sancionatorios por infracción a
las normas de tránsito y transporte, y consecuencialmente, los de gestión
persuasiva y cobro coactivo, se realizan en la Dirección de Procesos
Administrativos y las tres (3) Subordinaciones a cargo, requieren de personal
idóneo, para llevar a cabo sus procesos de carácter misional.

En consecuencia, concluyó que la actividad llevada a cabo tuvo la connotación
de continuidad y permanencia para el desarrollo de los fines sociales y se buscó
satisfacer el objeto misional de la entidad, situación que es un indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta en los términos establecidos por el
órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021.

Manifestó que la jurisprudencia ha señalado la improcedencia de reconocer las
diferencias salariales existentes entre los honorarios pactados por contratos de
prestación de servicios y lo devengado en los empleos de planta, pues el

7 «Por el cual se adopta la estructura organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad,

y se dictan otras disposiciones».
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Demandante: Guillermo Meza Vargas

reconocimiento de la relación laboral no conlleva adquirir el estatus de empleado
público. Del mismo modo, al no ser procedente el reconocimiento de las
diferencias salariales, tampoco es posible la reliquidación de los aportes a la
seguridad social con dichos aumentos.

Sobre las prestaciones sociales, explicó que el demandante tenía derecho al
reconocimiento del auxilio de cesantías, intereses a las cesantías, prima de
navidad, vacaciones y prima de vacaciones, prima de servicios, así como las
bonificaciones por servicios prestados y de recreación, las cuales serían
liquidadas con el valor pactado en los contratos de prestación de servicios.

No obstante, argumentó que era inviable reconocer la prima semestral, al ser un
factor extralegal creado con el artículo 28 del Acuerdo 25 de 1990 a los
empleados del Distrito de Bogotá por una corporación pública del orden territorial,
así mismo, respecto a la prima técnica por formación avanzada y experiencia
altamente calificada, aseveró que para su reconocimiento es indispensable que
el cargo desempeñado hubiere sido provisto en propiedad, de ahí que, la
vinculación por contratos de prestación de servicios no genera el reconocimiento
del beneficio prestacional en ninguna de sus modalidades.

En cuanto a la devolución de los aportes efectuados a salud, pensión y riesgos
laborales, aseguró que no había lugar a ello, por ser recursos que ingresaron al
Sistema de Seguridad Social como contribuciones parafiscales de destinación
específica.

Por otra parte, precisó que la relación laboral finalizó el día 14 de julio de 2018 y
la reclamación administrativa se radicó el 5 de abril de 2019, debido a ello no
operó la prescripción extintiva del derecho y había lugar a reconocer la totalidad
de los derechos derivados de la relación laboral durante el período de 27 de enero
de 2014 a 14 de julio de 2018.

Sobre la caducidad destacó que en el expediente no se contaba con prueba de
la notificación personal del acto acusado al interesado, a su representante o
apoderado, como quiera que según se desprende de la constancia de entrega
del correo el documento no fue recibido por el demandante, por lo tanto, no existió
certeza de la fecha en la cual se enteró de la comunicación.

En ese orden de ideas, interpretó que la notificación de la decisión administrativa
se surtió con la presentación de la demanda por conducta concluyente que es
una modalidad igualmente válida de notificación de los actos administrativos y se
erige en un mecanismo tendiente a subsanar las omisiones o irregularidades que
se hayan presentado al intentar la comunicación por el mecanismo principal esto
es, el personal o cuando fracasó la notificación por aviso o por edicto.

En consecuencia, como no se realizó la notificación en los términos del capítulo

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Demandante: Guillermo Meza Vargas

5 del CPACA, determinó que no se podía predicar caducidad.

1.6. Recurso de apelación8

El Distrito Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad solicitó que se
revoque la sentencia de primera instancia, para tal efecto, expresó los siguientes
argumentos:

i) No se podía afirmar que el clausulado de los contratos de prestación de
servicios desdibujó el vínculo contractual, los mismos demostraron la
autonomía e independencia para la ejecución de las actividades
contractuales.

ii) La prueba testimonial no logró determinar que la relación contractual que
existió entre el demandante y la Secretaría Distrital de Movilidad fuera
subordinada, ya que, la vinculación se gobernó por los principios de
supervisión y coordinación. Señaló que de la declaración se puede extraer
que:

• El testigo era funcionario de la entidad, que el demandante lo conoció
desde el año 2014, pero que laboraron en dependencias distintas y
sedes diferentes de la Secretaría Distrital de Movilidad, por cuanto el
demandante para el año 2014 no compartió oficina con el testigo, ya
que estaban en sedes diferentes de la Entidad.

• Los ingenieros eran un apoyo técnico y estadístico.

• Respecto a lo que el demandante realizaba indicó que debía hacer
desplazamientos entre las sedes de la entidad de la calle 13 y la
ubicada en Paloquemao, y que cuando él llegaba a la oficina era que
veía al demandante, quien manejaba bases de datos, dónde informaba
tiempos de los acuerdos de pago, pero no pudo asegurar que existían
otros empleados o ingenieros de planta de la entidad que realizaran
tales actividades, solo mencionó al ingeniero Bizmar Bolaños, como el
ingeniero de planta y con el cual los demás debían interactuar para la
información.

• Que cuando el despacho preguntó al testigo sobre la relación que pudo
existir entre el demandante y el ingeniero Bizmar Bolaños, indicó de
manera clara que el funcionario de planta no era el jefe del señor
Guillermo Meza, que el demandante y él en su momento si tuvieron
unos jefes que eran el subdirector de jurisdicción coactiva y el director
de procesos administrativos, quienes de las pruebas documentales
serían los supervisores contractuales del demandante, y que el señor

8 Folio 272 a 278 del expediente.

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Bizmar Bolaños laboraba para la oficina de información, dependencia
distinta a las que laboraba él y el demandante.

iii) Al tratar de ahondar en la relación existente entre el señor Bizmar y el
demandante y así poder equipáralas, el despacho preguntó al testigo si el
ingeniero de planta debía reportar información a los jefes atrás señalados,
a lo que el señor Redondo, afirmó que desconocía esa información porque
él no tenía ninguna relación o era circunstancial con aquel personaje, o
solo para temas muy puntuales, y que por ende no tuvo ninguna relación
con él.

iv) Dado que las respuestas dadas por el deponente no probaban ninguna
similitud entre el único funcionario de planta y el contratista demandante,
el despacho preguntó al testigo la razón por la que consideraba que los
subdirectores de jurisdicción coactiva y el director de la DIATT, eran jefes,
a lo que señaló que ellos eran los supervisores del contrato celebrado
entre el demandante y la Secretaría de Movilidad, aspecto propio de una
relación contractual.

v) Cuando el apoderado del demandante continuó con las preguntas al
testigo para indagar si las actividades realizadas por el señor Guillermo
Meza como ingeniero contratista, eran las mismas o similares a las de
otros ingenieros de planta de la entidad, el declarante reiteró que el único
ingeniero de planta que conoció fue al señor Bizmar Bolaños y que este
fue un jefe de oficina de la institución, distinta de la dependencia en la que
él y el demandante prestaron sus servicios.

vi) Señaló que el testimonio fue vago, no se puntualizaba en las respuestas
lo que le era preguntado, razón por la que el despacho al ahondar en el
interrogatorio que estaba siendo practicado por el apoderado de la parte
actora, y con el fin de aclarar lo que el testigo estaba manifestando a la
audiencia, tuvo que referir que si el «…señor ingeniero Bizmar usted dice
no cumplía las mismas labores, porque dice el único ingeniero que yo
conocí fue el señor Bizmar…pero luego nos refiere que los contratistas
cumplían las funciones que les ponía el subdirector de jurisdicción coactiva
y el director de procedimientos administrativos, pero finalmente no nos
puntualiza si el señor Bizmar cumplía las mismas funciones que los
contratistas sí o no cumplía las mismas funciones», a lo que el testigo solo
señaló «…él era el jefe de la oficina de información…», finalizando que en
cuanto a la equivalencia de sus funciones con las actividades
contractuales del acá demandante indicó que no le constaba.

vii) Señaló que la declaración siempre se dirigió a situaciones que al testigo le
sucedieron cuando laboró para la Secretaria Distrital de Movilidad, y por
ende asimilaba que también le ocurrían al señor Guillermo Meza, en temas

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como el cumplimiento y control de horario, el tema biométrico y demás
ejemplos que en su relato mencionó, de manera que esto quedó
dilucidado, pues a él se le exigían porque pertenecía a la planta de la
dependencia, razón por la que esos actos de control si pueden ser
efectuados a los funcionarios de planta de la entidad dada su vinculación
legal y reglamentaria, pero estas situaciones de control no fueron
probadas en el caso del demandante.

viii) Afirmó que la misionalidad y permanencia de las labores ejercidas por el
actor se desvirtuó con el interrogatorio llevado a cabo por la parte
demandada con el objeto de que señalara si el demandante realizaba
alguna actividad propia de la subdirección de jurisdicción coactiva a lo que
el testigo indicó que lo realmente efectuado por el demandante era un
apoyo técnico y estadístico, que en nada tiene que ver con la misionalidad
de la entidad.

ix) Cuando se le preguntó al testigo si el señor Guillermo Meza desarrolló en
la institución funciones tales como procesos coactivos, o actividades de
recaudo de dinero por concepto de multas de tránsito, el deponente fue
enfático en señalar que no, porque estas actividades de recaudo eran
desarrolladas por los abogados, profesión diferente a la del demandante y
que los ingenieros eran un apoyo a las actividades de cobro, luego
entonces, no se puede entrar a señalar que las actividades contractuales
efectuadas por el demandante fueron misionales de la autoridad
administrativa.

x) Por último, manifestó que se configuró la excepción de caducidad del
medio de control, dado que, el término de presentación de la demandad
debe contarse desde la notificación de la respuesta del oficio de 23 de abril
de 2019, por lo tanto, como la demanda se radicó el día 15 de enero de
2020, se hizo con posterioridad a los 4 meses que establece la norma.

1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

El 5 de septiembre de 20229 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente regresaría
al despacho para fallo.

Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no observando
la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se procederá a
resolver la alzada, previas las siguientes,

9 Folio 286 del expediente.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo10, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 11, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, el demandado es
apelante único, el análisis se encuentra limitado a los reparos concretos
formulados por este.

2.2. Cuestión previa

El doctor Juan Camilo Morales Trujillo, integrante de esta Sala de Decisión,
manifestó estar impedido para intervenir en el debate y decisión de este asunto,
en razón a que la parte demandada Bogotá (Distrito Capital), está representada
judicial y extrajudicialmente por el alcalde mayor, de conformidad con lo
establecido en el artículo 35 del Decreto 1421 de 1993. De esa entidad territorial
hace parte Secretaría Distrital de Gobierno que es un «organismo del Sector
Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y
liderar la formulación y seguimiento de las políticas encaminadas al
fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, en el ámbito distrital y local».
De la estructura organizacional de esta hace parte la Subsecretaría para la
Gobernabilidad y la Garantía de Derechos, y su hermana ejerce como
subdirectora de dicha dependencia; motivo por el cual, se encuentra incurso en
la causal de impedimento establecida en el numeral 3 del artículo 130 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, toda vez que
ella ejerce un empleo directivo en la entidad pública que concurre al presente
proceso en calidad de parte demandada.

En ese sentido, esta Sala de Subsección, luego de valorar esa manifestación,
acepta el impedimento presentado y, en consecuencia, separa al peticionario del
conocimiento de este asunto. Así mismo, y en atención a que con esta resolución
no se afecta el quorum decisorio, no se realizará la recomposición de la Sala.

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»

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2.2. Problemas jurídicos

Corresponde a esta Sala de Subsección determinar ¿si existió una relación
laboral encubierta entre el señor Guillermo Meza Vargas y el Distrito Capital de
Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad en el período comprendido entre el 27
de enero de 2014 y el 14 de julio de 2018?

De probarse esa relación laboral encubierta, ¿hubo o no interrupciones en el
término de su duración, asimismo, si esa relación se encuentra o no afectada por
el fenómeno de la prescripción?

Y, si como consecuencia, de la existencia de esa relación laboral encubierta
¿tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales dejadas
de percibir con ocasión a dicho vínculo?

2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional consagra
los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la igualdad de
oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en
normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y primacía de la
realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

Asimismo, esa norma establece que los convenios internacionales sobre el
derecho al trabajo, debidamente ratificados por el Estado colombiano, forman
parte de la legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). Por esta
razón, desde el ámbito del derecho internacional, el principio de «salario igual por
un trabajo de igual valor», desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la
OIT,12 constituye, junto con otros principios convencionales,13 un axioma laboral
de aplicación directa en el ordenamiento jurídico interno.

Ahora bien, al margen de lo previsto para el derecho al trabajo, en lo que respecta
al contrato estatal de prestación de servicios (uno de los instrumentos de gestión
pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración para
satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del Estado),
el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 lo recoge como un tipo de
negocio jurídico o contrato típico, en los siguientes términos:

12 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
13 Como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José́ de Costa

Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San Salvador,
el 17 de noviembre de 1988, el cual en sus artículos 6 y 7 consagra el derecho al trabajo como «(...) la
oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una
actividad lícita libremente escogida o aceptada».
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«3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Como se ve, el anterior precepto establece, de manera expresa, que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin embargo, la
jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que
tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración (artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo).

En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado expuso la necesidad de generar una
interpretación vinculante respecto del entendimiento del contrato estatal de
prestación de servicios contemplado en el mencionado artículo 32 de la Ley 80
de 1993, y la forma en que queda desvirtuado para dar lugar a la declaratoria de
una relación laboral encubierta o subyacente.

Lo anterior, teniendo en cuenta que toda relación jurídica que implique conductas
o actividades laborales, incluidas, claro está, aquellas en las que el Estado es el
empleador, deberá ser analizada en consideración de los derechos
fundamentales de los trabajadores previstos en el señalado artículo 53 de la
Constitución y en los convenios internacionales sobre el trabajo, debidamente
ratificados por el Estado.

En tal sentido, en el citado fallo de unificación, al analizarse los elementos del
contrato de trabajo (subordinación, prestación personal del servicio y
remuneración), se reiteraron ciertos criterios elaborados por la jurisprudencia
para identificar, en el marco de contratos estatales de prestación de servicios, el
elemento de la subordinación, en cuanto condición sine qua non para declarar la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:

i) el lugar de trabajo, en el que precisó que en la actualidad se
puede matizar ante el surgimiento de una «nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas»;
ii) el horario de las labores, resaltando que el establecimiento o
imposición de jornadas laborales o turnos deberá ser valorado en
función del objeto contractual convenido;

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iii) la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, que
se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o con la inserción
del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y
iv) que las actividades o tareas a desarrollar correspondan de
manera idéntica, semejante o equivalente a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral.

No obstante lo anterior, la Sección precisó que aun cuando se acrediten los
mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que emerge entre el
contratista y la entidad es una relación laboral, gracias a la aplicación del principio
de la primacía de la realidad sobre las formas; pero, de ninguna manera, una
vinculación legal y reglamentaria, por lo que no es posible darle la categoría de
empleado público a quien prestó sus servicios sin satisfacer las exigencias del
artículo 122 de la Carta Política14.

Finalmente, sobre este punto, determinó que incumbe al actor demostrar,
además de la prestación personal de sus servicios a cambio de una
remuneración, la existencia de unas condiciones de subordinación o
dependencia continuada, en las que el representante de la entidad contratante o
la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el cumplimiento de
órdenes perentorias y de obligatoria observancia, en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo.

Expuestos los anteriores fundamentos, la Sección Segunda determinó las
siguientes reglas de unificación:

(i) La primera regla define que el concepto de «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del
contrato, el cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que
estar justificado en la necesidad de la prestación del servicio a favor
de la Administración, de forma esencialmente temporal y, de ninguna
manera, con ánimo de permanencia.

(ii) La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días
hábiles, entre la finalización de un contrato y la ejecución del
siguiente, como término de la no solución de continuidad, el cual, en
los casos que se exceda, podrá flexibilizarse en atención a las
especiales circunstancias que el juez encuentre probadas dentro del
expediente.

14 Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-

000-2001-05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez.
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(iii) La tercera regla determina que, frente a la no afiliación al sistema
de la Seguridad Social en salud, por parte de la Administración, es
improcedente la devolución de los valores que el contratista hubiese
asumido de más, en tanto se recaudaron como recursos de
naturaleza parafiscal.

En la primera regla, la sentencia fue enfática en destacar la importancia de dar
cabal cumplimiento al principio de planeación, el cual exige a las entidades
estatales, so pena incluso de nulidad, la utilización de sus recursos de la manera
más eficiente; por esta razón, el «término estrictamente indispensable» puede
advertirse en la fase precontractual, pues es allí donde la entidad justifica, en
función del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo
que estima imprescindible para la ejecución de un contrato futuro. De ahí que los
contratos de prestación de servicios no puedan concatenarse indefinidamente en
el tiempo, cuando se suscriben con personas naturales.

En la segunda regla, la sentencia de unificación estableció en 30 días hábiles, en
principio y como marco de referencia, el término de solución de continuidad para
aquellos contratos de prestación de servicios que presenten interrupciones, cuya
consecuencia jurídica es la de establecer la prescripción de derechos una vez
declarada la relación laboral subyacente. En consecuencia, de no superarse
dicho lapso, se puede concluir «la existencia de una unidad de vínculo
contractual» siempre y cuando «se constate que los objetos contractuales y las
obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y apuntan a la
satisfacción de las mismas necesidades».

A este respecto, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se reiteró
que la Sección Segunda del Consejo de Estado, en punto a la prescripción de
derechos prestacionales derivados de la relación laboral encubierta o
subyacente, ha venido aplicando la postura de la sentencia de unificación del 25
de agosto de 201615, según la cual, en caso de encontrarse acreditada la relación
laboral, quien pretenda su reconocimiento debe reclamarlo dentro de los tres
años siguientes contados a partir de la finalización del vínculo contractual, y, en
aquellos casos donde se presente solución de continuidad entre contratos, debe
analizarse la prescripción frente a cada uno de ellos, a partir de sus fechas de
finalización16, por lo que de no presentarse la reclamación en ese período,

15 Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-025-CE-S2-2021.
16 En los precisos términos de la sentencia de unificación, se indicó: «[…] Pero en aquellos contratos de

prestación de servicios, pactados por un interregno determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un
lapso de interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas
de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente
la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le corresponderá al juez verificar si existió o no
la citada interrupción contractual, que será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso
particular, en aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las autoridades
administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de prestación de servicios. […]» (Negrita fuera
del texto)
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operará el fenómeno prescriptivo, salvo en lo relacionado con los aportes a
pensión que no están sometidos a dicho término17.

En igual sentido, mediante providencia de 11 de noviembre de 2021, la Sección
Segunda aclaró que el término de la solución de continuidad unificado solo cobra
relevancia si se configuran los elementos establecidos en el artículo 23 del
Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral
cuya duración deba ser examinada.

Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda consideró improcedente la
devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud efectuados por el
contratista en exceso, por «constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal».

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los
términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los
artículos 270 y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio
en la vía judicial y administrativa.

2.4. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación y a
efectos de ser resueltos, se procede a identificar el material probatorio obrante
en el plenario:

1. Contratos de prestación suscritos entre el demandante y el Distrito
Capital de Bogotá-Secretaría Distrital de Movilidad

De acuerdo con las pruebas documentales aportadas por la parte demandante y
la entidad demandada, las partes celebraron los siguientes contratos:

Contrato
de
Fecha de Fecha de
# prestación Plazo Objeto Valor total
inicio terminación
de
servicios
El contratista se
2014-186 obliga con la
27 de
de 24 de 26 de mayo SDM a prestar $11.884.844.00
1 4 meses enero de
enero de de 2014 sus servicios de M/cte.
201419
201418 manera idónea
e

17 Siendo deber del juez administrativo pronunciarse en todos los casos, aun si no se hubiesen deprecado

de forma expresa, en el sentido de ordenar que se realicen los aportes sobre las diferencias que se
demuestren causadas, mes a mes, respecto de la parte que le correspondía a la entidad contratante como
empleadora.
18 Folios 99 y 100 del expediente.
19 La fecha de inicio y finalización del contrato (día de culminación de la adición contractual) se indicaron en

la certificación de 22 de abril de 2019 expedida por la directora de contratación de la Secretaría Distrital de
Movilidad, folio 103 del expediente.
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independiente,
utilizando sus
conocimientos y
experiencia en
ingeniería de
sistemas para la
ejecución de las
actividades de
organización y
optimización de
la información
que se maneja
en la Dirección
de Procesos
Administrativos
y en especial
todo lo
concerniente a
los procesos
adelantados en
la Subdirección
de Jurisdicción
Coactiva,
permitiendo así
la optimización
de los
procedimientos
que se
desarrollen y las
demás
actividades que
se requieran, en
el marco de lo
previsto en el
Decreto Distrital
567 de 2006 en
sus artículos
17,18,19 y 20
Adición y
25 de
prórroga del 26 de julio $5.942.422.00
2 2 meses mayo de Ibidem
contrato de 2014 M/cte.
2014
2014-18620
Interrupción de 23 días hábiles
El contratista se
obliga con la
SDM a prestar
sus servicios de
manera idónea
2014-1026 e
1° de
de 26 de 30 de enero independiente, $14.856.055.00
3 5 meses septiembre
agosto de de 2015 utilizando sus M/cte.
de 201422
201421 conocimientos y
experiencia en
ingeniería de
sistemas para la
ejecución de las
actividades de

20 Folios 153 y 154 del archivo titulado «Expediente contrato No 2014-186», antecedentes administrativos

aportados por la parte demandada que reposan en el CD del folio 225 del expediente.
21 Folios 104 y 105 del expediente.
22 La fecha de inicio y finalización del contrato se indicaron en la certificación de 22 de abril de 2019 expedida

por la directora de contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad, folio 106 del expediente.
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organización y
optimización de
la información
que se maneja
en la Dirección
de Procesos
Administrativos
y en especial
todo lo
concerniente a
los procesos
adelantados en
la Subdirección
de Jurisdicción
Coactiva,
permitiendo así
la optimización
de los
procedimientos
que se
desarrollen y las
demás
actividades que
se requieran, en
el marco de lo
previsto en el
Decreto Distrital
567 de 2006 en
sus artículos
17,18,19 y 20
Interrupción de 4 días hábiles
El contratista se
obliga con la
SDM a prestar
sus servicios de
manera idónea
e
independiente,
utilizando sus
conocimientos y
experiencia en
ingeniería de
sistemas para la
2015-113
6 de ejecución de las
de 6 de 11 5 de enero $33.878.900.00
4 febrero de actividades de
febrero de meses de 2016 M/cte.
201524 organización y
201523
optimización de
la información
que se maneja
en la Dirección
de Procesos
Administrativos
y en especial
todo lo
concerniente a
los procesos
adelantados en
la Subdirección

23 Folios 107 y 108 del expediente.
24 La fecha de inicio y finalización del contrato (día de culminación de la adición contractual) se indicaron en

la certificación de 22 de abril de 2019 expedida por la directora de contratación de la Secretaría Distrital de
Movilidad, folio 109 del expediente.
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Demandante: Guillermo Meza Vargas

de Jurisdicción
Coactiva,
permitiendo así
la optimización
de los
procedimientos
que se
desarrollen y las
demás
actividades que
se requieran, en
el marco de lo
previsto en el
Decreto Distrital
567 de 2006 en
sus artículos
17,18,19 y 20
Adición y
prórroga I 6 de enero 5 de marzo $6.159.800
5 2 meses Ibidem
del contrato de 2016 de 2016 M/cte.
2015-11325
Adición y
2 meses 6 de
prórroga II 20 de mayo $7.699.750
6 y marzo de Ibidem
del contrato de 2016 M/cte.
15 días 2016
2015-11326
Interrupción de 3 días hábiles
El contratista se
obliga para con
la Secretaría
Distrital de
Movilidad a
prestar sus
servicios
profesionales en
ingeniería de
sistemas, para
el apoyo técnico
y administrativo
de las
actividades que
2016-388
26 de 25 de se requiera al
de 24 de $36.000.000
7 9 meses mayo de febrero de interior de los
mayo de M/cte.
2016 2017 procesos
201627
misionales de
competencia de
la Dirección de
Procesos
Administrativos
y de las tres (3)
Subdirecciones
a su cargo, de
acuerdo con las
funciones
originadas en el
Decreto Distrital
567 de 2006 y
las demás

25 Folios 112 y 113 del expediente.
26 Folios 114 y 115, ibidem.
27 Folios 116 y 117, ibidem.

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normas que así
lo dispongan
Interrupción de 12 días hábiles
Prestación de
servicios
profesionales en
ingeniería de
sistemas, para
el apoyo técnico
y administrativo
de las
2017-571 actividades que
15 de
de 13 de 12 14 de marzo se requieran al $49.920.000
8 marzo de
marzo de meses de 2018 interior de los M/cte.
201729
201728 procesos
misionales de
competencia de
la Dirección de
Procesos
Administrativos
y de las tres (3)
Subdirecciones
a su cargo
Adición y
15 de
prórroga del 14 de julio $16.640.000
9 4 meses marzo de Ibidem
contrato de 2018 M/cte.
2018
2017-571

2. Ejecución de los contratos de prestación de servicios: La directora de
contratación de la Secretaría Distrital de Movilidad a través de las certificaciones
expedidas el día 22 de abril de 2019, constató que fueron ejecutados por el señor
Guillermo Meza Vargas los contratos de prestación de servicios 2014186 de 24
de enero de 201430, 2014-1026 de 26 de agosto de 201431, 2015-113 de 6 de
febrero de 201532, 2016-388 de 24 de mayo de 201633 y 2017-571 de 13 de marzo
de 201734.

3. Actas de inicio de los contratos de prestación de servicios 2014-186 de 24 de
enero de 201635, 2014-1026 de 26 de agosto de 201436, 2015-113 de 6 de febrero
de 201537, 2016-388 de 24 de mayo de 201638 y 2017-571 de 13 de marzo de
201739.

28 Folios 122 y 123, ibidem.
29 La fecha de inicio y finalización del contrato (día de culminación de la adición contractual) se indicaron en

la certificación de 22 de abril de 2019 expedida por la directora de contratación de la Secretaría Distrital de
Movilidad, folios 124 y 125 del expediente.
30 Certificación visible en el folio 103 del expediente.
31 Certificación visible en el folio 106, ibidem.
32 Certificación visible en el folio 109, ibidem.
33 Certificación visible en el folio 120, ibidem.
34 Certificación visible en los folios 124 y 125, ibidem.
35 Folios 101 y 102 del expediente.
36 Folios 31 y 32 del archivo titulado «Expediente contrato No 2014-1026», antecedentes administrativos

aportados por la parte demandada que reposan en el CD del folio 225 del expediente.
37 Folios 110 y 111 del expediente.
38 Folios 124 y 119, ibidem.
39 Folios 126 y 127, ibidem.

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4. Oficio SDM-SGJ-95227-2019 de 13 de mayo de 201940 expedido por la
subsecretaria de gestión jurídica de la Secretaría Distrital de Movilidad en la que
detalló entre otros aspectos, los siguientes:

«En atención a la solicitud realizada por medio de la comunicación del asunto,
procedo a dar respuesta en los siguientes términos:

[…]

6. Informar si las incapacidades médicas causaron suspensiones de algunos
contratos.

Respuesta: Dentro del expediente contractual no se evidencian incapacidades
médicas que hayan soportado suspensiones a los contratos suscritos entre la
Secretaría Distrital de Movilidad y el señor GUILLERMO MESA VARGAS.
[…]

14. Certificado de los turnos, jornadas y horarios asignados según cada contrato
ejecutado.

Respuesta: Teniendo en cuenta que las diferentes vinculaciones que tuvo el señor
GUILLERMO MEZA VARGAS con la Secretaría Distrital de Movilidad fue a través
de contrato de prestación de servicios, no se establecieron para la ejecución de
los mismos turnos, jornadas u horarios.

[…].»

5. Hoja de vida del señor Guillermo Meza Vargas41.

6. Informes de actividades de los meses de enero de 2014, febrero de 2014,
marzo de 2014, abril de 201442, mayo de 2014, junio de 2014, julio de 201443,
septiembre de 2014, octubre de 2014, diciembre de 2014, enero de 201544, mayo
de 2015, junio de 2015, julio de 2015, noviembre de 2015, diciembre de 2015,
enero de 2016, febrero de 2016, marzo de 2016, abril de 2016, mayo de 201645,
junio de 2016, julio de 2016, agosto de 2016, septiembre de 2016, octubre de

40 Folios 91 a 98 del expediente.
41 Obra en los archivos titulados «Expediente contrato No 2014-186», «Expediente contrato No 2014-1026»,

«Expediente contato No 2015-113_compressed», «Expediente contrato No 2016-388» y «Expediente
contrato No 2017-571», antecedentes administrativos aportados por la parte demandada que reposan en el
CD del folio 225 del expediente.
42 Los informes de los meses de enero a abril de 2014 se encuentran en los folios 119 a 121, 127 a 129, 133

a 135, 139 a 141, 157 a 159, 163 a 168, 171 a 173 del archivo titulado «Expediente contrato No 2014-186»,
antecedentes administrativos aportados por la parte demandada que reposan en el CD del folio 225 del
expediente.
43 Los informes de los meses de mayo, junio y julio de 2014 se encuentran en los folios 82 y 83, 85 a 87, 89

y 90 del archivo titulado «A) 2014-186», en la carpeta «3. ANTECEDENTES CONTRACTUALES», anexos
de la demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
44 Los informes de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2014 se encuentran en los folios 33 a

35, 39 a 41, 47 a 50, 53 a 55 del archivo titulado «Expediente contrato No 2014-1026», antecedentes
administrativos aportados por la parte demandada que reposan en el CD del folio 225 del expediente.
45 Los informes de los meses de mayo, junio, julio y noviembre de 2015 se encuentran en los folios 75 y 76,

79 y 80, 82 y 83, 85 y 86, 104 y 105, 108 a 110, 113 y 114, 121 a 123, 127 y 128, 131 y 132 del archivo
titulado «Expediente contato No 2015-113_compressed», antecedentes administrativos aportados por la
parte demandada que reposan en el CD del folio 225 del expediente.
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2016, noviembre de 2016, diciembre de 2016, enero de 2017, febrero de 201746,
marzo de 2017, abril de 2017, mayo de 2017, junio de 2017, julio de 2017, agosto
de 2017, septiembre de 2017, octubre de 2017, noviembre de 2017, diciembre
de 2017, enero de 2018, febrero de 2018, marzo de 2018, abril de 2018, mayo
de 2018, junio de 2018, julio de 201847

7. Órdenes de pago de los días 7 de marzo de 2014, 13 de maro de 2014, 1° de
abril de 2014, 6 de mayo de 2014, 6 de junio de 2014, 3 de julio de 2014, 5 de
agosto de 2014, 3 de octubre de 2014, 5 de diciembre de 2014, 6 de noviembre
de 2014, 24 de diciembre de 201448, 6 de febrero de 2015, 11 de marzo de 2015,
8 de abril de 2015, 13 de mayo de 2015, 2 de junio de 2015, 1° de julio de 2015,
11 de agosto de 2015, 4 de septiembre de 2015, 7 de octubre de 2015, 6 de
noviembre de 2015, 4 de diciembre de 2015, 21 de diciembre de 201549, 5 de
febrero de 2016, 9 de marzo de 2016, 6 de abril de 2015, 15 de junio de 2016, 11
de julio de 2016, 9 de agosto de 2016, 15 de septiembre de 2016, 3 de octubre
de 2016, 9 de diciembre de 2016, 27 de diciembre de 201650, 8 de febrero de
2017, 21 de marzo de 2017, 17 de abril de 2017, 9 de mayo de 2017, 6 de junio
de 2017, 12 de julio de 2017, 4 de agosto de 2017, 11 de septiembre de 2017, 3
de octubre de 2017, 7 de noviembre de 2017, 5 de diciembre de 207, 27 de
diciembre de 201751, 12 de febrero de 2018, 5 de marzo de 2018 y 16 de abril de
201852 a nombre del señor Guillermo Meza Vargas.

46 Los informes de los días 25 a 30 de mayo de 2016, así como, de los meses de junio, julio, agosto,

septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016, enero y febrero de 2017 se encuentran en los folios
63 y 64, 66 a 68, 71 y 72, 74 a 76, 78 a 80, 82 a 84, 86 a 90, 95 a 98, 106 a 108, 117 a 119, 126 a 128 del
archivo titulado «Expediente contrato No 2016-388», antecedentes administrativos aportados por la parte
demandada que reposan en el CD del folio 225 del expediente.
47 Los informes de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y

diciembre de 2017, así como de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2018 se encuentran en
los folios 65 a 67, 71 a 73, 75 a 77, 80 a 82, 85 a 87, 90 a 92, 95 a 97, 99 a 101, 103 a 105, 107 a 109, 111
a 113, 132 y 133, 135 a 137, 142 a 144, 146 a 148, 150 a 152, 154 a 156 del archivo titulado «Expediente
contrato No 2017-571», antecedentes administrativos aportados por la parte demandada que reposan en el
CD del folio 225 del expediente.
48 Documentos visibles en la carpeta titulada «4. PAGOS Y RETENCIONES DE 2014», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
49 Documentos visibles en la carpeta titulada «5. PAGOS Y RETENCIONES DE 2015», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
50 Documentos visibles en la carpeta titulada «6. PAGOS Y RETENCIONES DE 2016», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
51 Documentos visibles en la carpeta titulada «7. PAGOS Y RETENCIONES DE 2017», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
52 Documentos visibles en la carpeta titulada «8. PAGOS Y RETENCIONES DE 2018», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
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8. Informe histórico detallado de los aportes realizados por el señor Guillermo
Meza Vargas a pensión, salud y riesgos laborales en las anualidades de 2014 53,
201554, 201655, 201756 y 201857.

9. Archivo titulado «MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y REQUISITOS
POR COMPETENCIAS LABORALES»58 de la Secretaría Distrital de Movilidad en
el que reposan los manuales de funciones de los cargos de profesional
especializado código 222, grado 32 del área funcional de dirección de procesos
administrativos en el que entre otros requisitos de experiencia se exigía contar
con el título profesional de derecho y afines, título de posgrado en la modalidad
de especialización y 9 años de experiencia profesional.

10. Constancia de notificación y de recibido del oficio SDM-SGJ DRJ 79985-2019
de 23 de abril de 2019 en la carrera 16 # 37-11 de Bogotá, recibido por la señora
Luisa Fernanda López59.

11. Constancia de notificación y de recibido del oficio SDM-SGJ DRJ 203286-
2019 de 23 de septiembre de 2019 en la carrera 16 # 37-11 de Bogotá, recibido
por el señor Alessandro Saavedra60.

12. Durante la audiencia de pruebas se recaudó el testimonio solicitado por el
demandante correspondiente al señor Anderson Yesid Redondo Serrano.

13. Solicitud de reconocimiento y pago de prestaciones sociales: Mediante
escrito radicado el día 5 de abril de 201961 se solicitó al departamento al Distrito
Capital de Bogotá el reconocimiento de una relación laboral, producto de los
contratos de prestación de servicios que suscribió con esa entidad y el pago de
las prestaciones sociales causadas desde el 27 de enero de 2014 y hasta el 18
de julio de 2018. Dicha petición fue reiterada el 13 de septiembre de 201962.

14. Acto administrativo demandado: Por medio del oficio SDM-SGJ DRJ
79985-2019 expedido el 23 de abril de 201963 por el director de representación
judicial de la autoridad administrativa se negó la anterior petición con fundamento

53 Folios 1 a 11 del archivo titulado «23. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2014», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
54 Folios 1 a 13 del archivo titulado «24. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2015», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
55 Folios 1 a 12 del archivo titulado «25. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2016», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
56
Folios 1 a 13 del archivo titulado «26. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2017», anexos de la
demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
57 Folios 1 a 8 del archivo titulado «27. COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 2018», anexos de la

demanda aportados por la parte demandante que reposan en el CD del folio 134 del expediente.
58 Folios 101 y 102 del archivo titulado «MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y REQUISITOS POR

COMPETENCIAS LABORALES», anexos de la demanda aportados por la parte demandante que reposan
en el CD del folio 134 del expediente.
59 Folios 141 a 143, 147 y 148 del expediente.
60 Folios 144 y 145, 149 a 151 ibidem.
61 Folios 82 a 85, ibidem.
62 Folios 72 a 81, ibidem.
63 Folios 74 a 76, ibidem.

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en que «por lo tanto, y al no existir elementos para considerar que hubo una
continuada subordinación y dependencia entre usted y la Secretaría Distrital de
Movilidad en el desarrollo de los contratos de prestación de servicios ejecutados
y no existir en estricto sentido el cumplimiento de órdenes directas sobre la
manera o forma en que debía ejecutar sus labores, le informamos que su solicitud
resulta improcedente, por cuanto la única relación surgida entre usted y esta
entidad fue de orden contractual, en la modalidad de prestación de servicios, en
los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993».

Primero la Sala analizará el reproche de la autoridad administrativa relacionado
con que la demanda se radicó por fuera de término y en ese orden operó la
excepción de caducidad, pues, el término para la presentación de la demanda
debía contabilizarse desde la notificación del oficio SDM-SGJ DRJ 79985-2019
de 23 de abril de 2019.

En ese sentido, se advierte que la demandada propuso la excepción de
caducidad desde la contestación de la demanda en similares términos a los
expuestos en la apelación.

Al respecto, el acto administrativo que colocó fin a la actuación administrativa fue
el impugnado por el demandante, éste debía notificarse personalmente al
interesado, cumpliendo las formalidades de los artículos 67 y 68 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que
preceptuaron lo siguiente:

«Artículo 67. Notificación personal: Las decisiones que pongan término a una
actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su
representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el
interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica
y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos
que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los
plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en
el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las
siguientes modalidades:

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser
notificado de esta manera.

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados
actos administrativos de carácter masivo que tengan origen en convocatorias
públicas. En la reglamentación de la convocatoria impartirá a los interesados las
instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de notificación
personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.

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2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada
verbalmente en estrados, debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones
adoptadas y de la circunstancia de que dichas decisiones quedaron notificadas. A
partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la
interposición de recursos».

ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL: Si no hay otro
medio más eficaz de informar al interesado, se le enviará una citación a la
dirección, al número de fax o al correo electrónico que figuren en el expediente o
puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de
notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días
siguientes a la expedición del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en
el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso
anterior, la citación se publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso
al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) días».

Así mismo, de acuerdo con el artículo 7264 de la misma codificación procesal la
notificación surtida sin el lleno de los citados requisitos no se tendría por hecha
ni produciría efectos legales la decisión, salvo que el interesado manifieste que
conoció el acto, consienta la decisión o presente recursos en contra de éste, es
decir, darse por notificado por conducta concluyente.

En ese orden de ideas, la notificación de los actos administrativos particulares,
sin importar la denominación que se le dé65, debe cumplir con los requisitos
descritos en la regulación, so pena de tenerla por no hecha y la consecuencia de
no producir efectos legales, toda vez que la publicidad66 es un requisito de
eficacia del acto administrativo.

Reposa en el expediente la constancia de envío del oficio impugnado cuyos
destinatarios fueron el demandante y su apoderado a través de correo certificado
con fecha de 13 de mayo de 201967, veáse:

64 «Artículo 72 de la Ley 1437 de 2011. Falta o irregularidad de las notificaciones y notificación por

conducta concluyente. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la notificación, ni
producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que conoce el acto, consienta
la decisión o interponga los recursos legales».
65 Notificación personal, por aviso, por conducta concluyente y de actos de inscripción o registro.
66 «Numeral 9° del Artículo 3 de la Ley 1437 de 2011. Principios. Todas las autoridades deberán

interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz
de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código y en las leyes
especiales.
[…]
9. En virtud del principio de publicidad, las autoridades darán a conocer al público y a los interesados, en
forma sistemática y permanente, sin que medie petición alguna, sus actos, contratos y resoluciones,
mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que ordene la ley, incluyendo el empleo de
tecnologías que permitan difundir de manera masiva tal información de conformidad con lo dispuesto en
este Código. Cuando el interesado deba asumir el costo de la publicación, esta no podrá exceder en ningún
caso el valor de la misma».
67 Folio 141 del expediente.

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La empresa de servicio postal «4-72» certificó68 la entrega del documento así:

68 Folios 147 y 148, ibidem.

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Sin embargo, la notificación del oficio SDM-SGJ DRJ 79985-2019 de 23 de abril
de 2019 realizada el día 13 de mayo de la misma anualidad, no cumple con lo
dispuesto en las reglas de la notificación personal, toda vez que si bien obra la
respectiva constancia de envío del acto administrativo a la dirección de
correspondencia señalada en la reclamación administrativa, el documento fue
recibido por la señora Luisa Fernanda López, persona distinta al demandante y
su apoderado.

Por lo anterior, no se realizó la notificación personal de la decisión administrativa
en los términos de los artículos 67 y 68 de la Ley 1437 de 2011 69 y debe

69 ARTÍCULO 67. NOTIFICACIÓN PERSONAL. <Ver Notas del Editor> Las decisiones que pongan término
a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado,
o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades
ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también
podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:

1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera.

La administración podrá establecer este tipo de notificación para determinados actos administrativos de
carácter masivo que tengan origen en convocatorias públicas. En la reglamentación de la convocatoria
impartirá a los interesados las instrucciones pertinentes, y establecerá modalidades alternativas de
notificación personal para quienes no cuenten con acceso al medio electrónico.

2. En estrados. Toda decisión que se adopte en audiencia pública será notificada verbalmente en estrados,
debiéndose dejar precisa constancia de las decisiones adoptadas y de la circunstancia de que dichas

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Demandante: Guillermo Meza Vargas

entenderse que el accionante se notificó por conducta concluyente en la fecha
de radicación del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, 15
de enero de 202070. En los anteriores términos, no tiene razón el mandatario de
la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá sobre la presentación
extemporánea de la demanda.

De otro lado, la Sala teniendo claro el material probatorio que se allegó al
plenario, procederá analizar cada uno de los elementos que constituyen la
relación laboral encubierta en el caso concreto.

Ahora bien, se demuestra la prestación personal del servicio del demandante,
dado que ejecutó actividades de manera personal en la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá como ingeniero de sistemas entre el 27 de enero de 2014 y
el 14 de julio de 2018, según dan cuenta los 5 contratos de prestación de servicios
suscritos entre las partes y sus respectivas prórrogas. Así como los informes de
actividades y los certificados expedidos el día 22 de abril de 2019 por la directora
de contratación de la autoridad administrativa, y con lo expresado por el testigo
que manifestó también haber prestado sus servicios a la demandada en ciertos
lapsos de la época en que lo hizo el demandante.

La prestación de sus servicios, según se observa de la lectura de los objetos
contractuales consistió en: i) la realización de labores con la utilización de
conocimientos y experiencia en ingeniera de sistemas para la organización y
optimización de la información usada por la dirección de procesos administrativos
y en especial los procesos adelantados por la subdirección de jurisdicción
coactiva, permitiendo la optimización de los procedimientos desarrollados y las
demás actividades requeridas, en el marco de los artículos 17,18,19 y 20 del
Decreto Distrital 567 de 200671 y ii) la prestación de servicios en ingeniería de
sistemas para el apoyo técnico y administrativo de las actividades requeridas al
interior de los procesos misionales a cargo de la dirección de procesos
administrativos y de las 3 subdirecciones a su cargo72.

Como obligaciones específicas se pactaron las siguientes:

decisiones quedaron notificadas. A partir del día siguiente a la notificación se contarán los términos para la
interposición de recursos.

ARTÍCULO 68. CITACIONES PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL. Si no hay otro medio más eficaz de
informar al interesado, se le enviará una citación a la dirección, al número de fax o al correo electrónico que
figuren en el expediente o puedan obtenerse del registro mercantil, para que comparezca a la diligencia de
notificación personal. El envío de la citación se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición
del acto, y de dicha diligencia se dejará constancia en el expediente.

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario señalada en el inciso anterior, la citación se
publicará en la página electrónica o en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término
de cinco (5) días.
70 De acuerdo al acta de reparto vista en el folio 135 del expediente.
71 Objetos de los contratos 2014-186 de 24 de enero de 2014, 2014-1026 de 26 de agosto de 2014 y 2015-

113 de 6 de febrero de 2015.
72 Objeto de los contratos 2016-388 de 24 de mayo de 2016 y 2017-571 de 13 de marzo de 2017.

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Demandante: Guillermo Meza Vargas

Del contrato 2014-186 de 24 de enero de 2014: i) participar en la realización de
mesas de trabajo, sensibilizaciones, reuniones y talleres que se efectúen con
ocasión del desarrollo de las actividades relacionada con los planes, programas
y procedimientos relacionados con el objeto del contrato; ii) incorporar al sistema
SICON toda la información o actuaciones surtidas con ocasión de los procesos
administrativos sancionatorios, contravencionales y jurisdicción coactiva,
incluidos los de segunda instancia, de acuerdo con el perfil asignado; ii) acoger
los principios, parámetros y procedimientos definidos por la dirección de servicio
al ciudadano para funcionamiento de cada una de las Subdirecciones de la
dirección de procesos administrativos en cuanto a la prestación del servicio. iii)
reportar información diaria o semanal según sea el caso al supervisor del
contrato, de los procesos de jurisdicción coactiva conocidos, a efectos de
manejar información estadística de la dirección de procesos administrativos; iv)
Realizar seguimiento al SICON; v) cruce y consolidación de bases de datos para
lograr la ubicabilidad de los deudores; vi) consolidar bases de datos de medidas
cautelares y depuración de cartera; vii) presentar informe según se requiera de
los expedientes del grupo de transporte público de la subdirección de jurisdicción
coactiva; viii) migración de información de bases de datos de la subdirección de
jurisdicción coactiva al SICON y ix) manejo de herramientas informáticas para
almacenamiento de información.

Del contrato 2014-1026 de 26 de agosto de 2014: i) apoyar la coordinación y
administración de los sistemas de información propios para el desarrollo de los
procesos de jurisdicción coactiva y contravencionales que adelante la dirección
de procesos administrativos73; ii) empalmar con el sistema SICON el desarrollo
de los proyectos que sean autorizados por el superior jerárquico y/o toda la
información surtida con ocasión de los procesos administrativos sancionatorios
contravencionales y jurisdicción coactiva de acuerdo con el perfil asignado, de
manera oportuna y confiable74; iii) responder por la consolidación, seguimiento y
claridad de la información desarrollada por la dirección de procesos
administrativos en los términos del objeto del contrato75; iv) participar en la
realización de mesas de trabajo, sensibilizaciones, reuniones y talleres que se
efectúen con ocasión del desarrollo de las actividades relacionada con los planes,
programas y procedimientos relacionados con el objeto del contrato76; v) reportar
información diaria o mensual según sea el caso al interventor del contrato, de los
procesos convencionales, de trasporte público o de jurisdicción coactiva
conocidos, a efectos de manejar información estadística de la dirección de
procesos administrativos; vi) Interiorizar los temas referentes al sistema de
gestión calidad y MECI de la entidad; vii) obtención de datos para el reporte
periódico de los indicadores de gestión, incluyendo los del plan operativo anual-
POA; viii) realizar seguimiento a la implementación del módulo de cobro coactivo
del sistema de información contravencional SICON; ix) preparar los datos que se

73 Obligación incluida en el contrato 2015-113 de 6 de febrero de 2015.
74 Obligación incluida en el contrato 2015-113 de 6 de febrero de 2015.
75 Ibidem.
76 Ibidem.

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requieren para presentar los respectivos avances de la depuración de cartera de
la SDM y x) apoyar profesionalmente a la dirección de procesos administrativos
en temas relacionados con aplicaciones, sistemas de información y
requerimientos de información masiva fundamentales para realizar la gestión de
la entidad77.

Del contrato 2016-388 de 24 de mayo de 2016: i) apoyar el monitoreo y
seguimiento respectivo a los diferentes procesos de integración a las fuentes de
información que lleve a cabo en la subdirección de jurisdicción coactiva, que le
sean encomendados por el superior relacionado con la administración de la
plataforma hardware y software del sistema de información de la entidad; ii)
apoyar técnicamente el proceso de vigilancia procesal y gestión de cartera de la
subdirección de jurisdicción coactiva; iii) ejecutar actividades tendientes a la
unificación de las bases de datos utilizadas al interior de los diferentes grupos
que conforma la subdirección de jurisdicción coactiva, atendiendo las directrices
que imparta la oficina de información sectorial; iv) apoyar en la planeación,
estructuración y seguimiento de planes de trabajo y procedimientos que requiera
un componente técnico, al interior de los procesos de cobro coactivo a fin de
mitigar los fenómenos jurídicos de la prescripción y pérdida de fuerza ejecutoria;
v) ejecutar las actividades que se requieran para el cumplimiento de los planes
de mejoramiento institucional y por procesos, relacionados con la depuración de
cartera y la calidad de la información que afecten los estados financieros de la
entidad; vi) participar en las actividades dirigidas al proceso de depuración y
saneamiento de cartera de obligaciones a favor de la entidad, que sean de
iniciativa de la subdirección de jurisdicción coactiva; vii) participar en la
estructuración y evaluación de los procesos de contratación que requiera la
subdirección de jurisdicción coactiva, previa designación por parte del ordenador
del gasto, como miembro del respectivo comité, de ser requerido,
específicamente en sus anexos técnicos, de acuerdo a las características y
condiciones establecidas por la secretaría distrital de movilidad y viii) apoyar en
las labores de supervisión de los contratos estatales o convenios o contratos
interadministrativos relacionados con los sistemas de gestión de cobro
persuasivo, a cargo de la subdirección de jurisdicción coactiva.

Del contrato 2017-571 de 13 de marzo de 2017: i) brindar apoyo desde el punto
de vista técnico en las labores de supervisión del contrato de mensajería; ii)
efectuar actividades tendientes a la unificación de las bases de datos de la
subdirección de contravenciones de tránsito, acorde con las directrices
impartidas por la oficina de información sectorial y la subdirección administrativa,
esta última relacionado con la gestión documental; iii) revisar y analizar las bases
de datos con las que cuenta la subdirección de contravenciones de tránsito
generadas con ocasión a los procesos misionales; iv) solicitar, analizar y reportar
las bases de datos o la información estadística para dar respuesta a los órganos
de control político, fiscal, disciplinario y administrativo, y demás peticiones

77 Ibidem.

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presentadas por alguna autoridad administrativa; v) brindar apoyo en la
planeación, estructuración y seguimiento de planes de trabajo y procedimientos
que requiera un componente técnico, al interior de los procesos misionales de
competencia de la subdirección de contravenciones de tránsito; vi) asistir a las
mesas de trabajo dirigidas a la unificación y análisis de las bases de datos que
se generen en los diferentes procesos de carácter misional de competencia de la
subdirección de contravenciones de tránsito; vii) brindar apoyo en la definición de
los controles de términos procesales que requiera la subdirección de
contravenciones de tránsito al interior de sus procesos; viii) brindar apoyo en la
estructuración de los anexos técnicos y evaluación en los procesos de
contratación que requiera la dirección de procesos administrativos o de las 3
subdirecciones a su cargo, previa designación por parte del ordenador del gasto,
como miembro del respectivo comité; ix) asistir y participar en las actividades y
cumplir con los compromisos asignados por el supervisor, que se deriven del
Sistema Integrado de Gestión (SIG) especialmente en lo concerniente al proceso
al que pertenece la dirección de procesos administrativos y las 3 subdirecciones
a su cargo; x) dar respuesta oportuna a los documentos asignados por la
correspondencia oficial de la SDM y mantener al día los mecanismos que la
misma disponga para su seguimiento; xi) adelantar las gestiones necesarias de
actualización y seguimiento en el Sistema Integrado de Información sobre multas
y sanciones por infracciones de tránsito SIMIT, de todos aquellos casos que
corresponden a la subdirección de contravenciones de tránsito, lo anterior
teniendo en cuenta el reporte diario realizado por la dirección de servicio al
ciudadano a través de los SuperCades y/o cualquier otro medio de comunicación
y xii) participar y realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por la
subdirección de contravenciones de tránsito, derivados de las mesas de trabajo
adelantadas entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el Sistema Integrado de
Información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito SIMIT y/o la
Federación Colombiana de Municipios.

Así mismo, cuando se le preguntó al declarante sobre las funciones del señor
Guillermo Meza Vargas, contestó:

«PREGUNTA DE LA MAGISTRADA SUSTANCIADORA: ¿Usted qué cargo tenía
o cómo conocía el trabajo de él? ¿Usted era abogado de la entidad? CONTESTÓ:
Sí, señora. Yo me ocupaba de contestar las peticiones, revisaba peticiones y el
trabajo de los ingenieros era como una especie de, ayudaban a la trazabilidad
correspondiente de las obligaciones, de las de los acuerdos de pago, de las
prescripciones, entonces se veía uno involucrado de una manera u otra en el
trabajo de ellos. […]. PREGUNTA DE LA MAGISTRADA SUSTANCIADORA:
¿Cuáles eran las funciones encargadas? ¿Cuál? CONTESTÓ: Él se encargaba de
todo lo que tenía que ver con las bases de datos de la entidad, de la subdirección,
como le digo, obligaciones a punto de prescribir, obligaciones en tiempo,
mandamientos de pago, acuerdos de pago, moratorios de acuerdos. PREGUNTA
DE LA MAGISTRADA SUSTANCIADORA: ¿Qué hacía frente a un acuerdo de
pago o frente a una obligación que estuviera a punto de prescribir? ¿Cuál era la
función de él? CONTESTÓ: La función de él, por lo menos con lo que tenía que
ver con los acuerdos de pago que yo estaba en ese momento trabajando ese tema,

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era que nos informaran de manera clara y precisa los tiempos en los cuales ya
había moratorias de los acuerdos de pago para poder llevar a cabo lo concerniente
a los incumplimientos, para decretar los incumplimientos de los acuerdos de pago.
Nosotros teníamos que decretar los incumplimientos de los acuerdos de pago para
poder levantar las suspensiones de los cobros y levantar la interrupción de la
prescripción para que nuevamente volviera a contar. Entonces era una función
permanente respecto de esa labor».

En este orden, de acuerdo con el testigo, el demandante tenía la función de
manejar las bases de datos de la subdirección administrativa de la Secretaría
Distrital de Movilidad sobre obligaciones, mandamientos de pago, acuerdos de
pago e intereses moratorios. Sin embargo, de las actividades establecidas en los
contratos de prestación de servicios se observa que no hubo identidad en la
realización de las labores, dado que ellas variaron en el tiempo.

No obstante, es posible concluir que la relación contractual giró en torno a la
creación de base de datos y el uso de información de la Secretaría Distrital de
Movilidad sobre comparendos y procedimientos de cobro coactivo para la
articulación de múltiples procedimientos internos de la entidad, en especial de la
dirección de procesos administrativos, ello se constata con los informes de
actividades que integran el expediente, veamos:

Contratos 2014-1026 de 26 de agosto de
Contrato 2014-186 de 24 de enero de 2014
2014 y 2015-113 de 6 de febrero de 2015
Informe de actividades de enero de 2014 Informe de actividades de septiembre de 2014

Obligaciones para el período: Obligaciones para el período:
Búsqueda de comparendos 2012 sin
Unificación bases de datos de archivo: Se resolución: Se hace la búsqueda por el
desarrolló la tarea evaluando la estructura de programa Sicón en el cual se revisan varias
esta base de datos encontrando que existen pantallas y se dejan evidencias de esa
campos diferentes en la estructura de las búsqueda
mismas, no se pudo terminar esta actividad Base de datos de mandamiento de pago sin
por cambio de tarea que se encuentra en notificar y el valor:
proceso.
Se hace revisión de los mandamientos de
Informe de actividades de febrero de 2014 pagos sin validar ni notificar, se hace por el
programa Sicón, en este proceso se revisan
Obligaciones para el período: en carteles, información, comparendos, estos
son el objetivo de validar si estos
Unificación bases de datos de archivo: Se comparendos están vigentes.
desarrolló la tarea evaluando la estructura de
esta base de datos encontrando que existen Correspondencia: Se hacen envíos de
campos diferentes en la estructura de las correspondencia persuasiva.
mismas, no se pudo terminar esta actividad
por cambio de tarea que se encuentra en Informe de actividades de diciembre de 2014
proceso.
Obligaciones para el período:
Entrega de base de datos de fecha: Se
entrega base de datos con la fecha de adición Base de datos de noviembre derechos de
de la fecha que evalúa si el comparendo está petición: Cargue de registros a la base de
por fuera de términos. datos.

Informe de actividades de marzo de 2014 Atención usuarios: Derechos de petición.

Obligaciones para el período: Informe de actividades de enero de 2015

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Unificación bases de datos de archivo: Se Obligaciones para el período:
trabajan las bases de datos que están en
Excel que guardan el registro de los Requerimientos persuasivos: Se trabajó el
comparendos que se encuentran en el archivo requerimiento 18300 con el objeto de enviar
de la sede Paloquemao, se unifican la base en correspondencia persuasiva a infractores
Excel y luego se pasan a Acces para poder vigentes, se depuró la base de direcciones
ser consultada: erradas, nombres, cédulas erradas quedando
128439 registros los cuales están en estos
Revisión de comparendos en Sicón: Revisión momentos en correspondencia para su cruce
de los comparendos sustanciados en la base y generación de documentos.
de datos de Sicón.
Base de datos de embargos y secuestros: Se
Entrega de comparendos para ser ubicados terminó la base de datos de embargos y
en archivo: Se buscan 13351 comparendos en secuestros en su primera fase que la creación
las bases de datos de Excel que se de los parámetros, seguridades y procesos de
encuentran en las bases de Paloquemao. cargue, está pendiente el proceso de
capacitación y pruebas de trabajo.

Informe de actividades de junio de 2014 Base de datos de recaudos: Se cumplió con el
requerimiento del Dr. Manuel, la creación de
Obligaciones para el período: una base de datos para la captura y
almacenamiento de las liquidaciones de los
Búsqueda comparendos en LeerFiche: Hago procesos de recaudo para hacienda, la base
proceso de selección de los 1021 registros en se creó con el respectivo requerimiento de
los cuales se deben descargar los formato, captura y cálculo de la liquidación,
documentos que se encuentran en las fechas está por definir los procesos de pruebas y
de 03/06/2005 hasta 07/03/2009, este definición de usuarios.
proceso se desarrolla durante 2 semanas y Asesoría área de persuasivos en llamadas: Se
media, de los cuales se depuró en 100% de presta asesoría en la presentación de las
los registros quedando solo el 15% de estadísticas del área de persuasivos por
registros requeridos. llamadas, las cuales se presentaron para el
cierre del año 2014.
Búsqueda de registros de embargo: Se me
asigna completar información de los Reunión de ubicabilidad: Asistencia a la
comparendos que se les inició proceso de reunión de ubicabilidad que se inició este año
embargo, para todos se les debe definir si con la empresa Intcoeraza. Se participó en el
tiene vehículos o inmueble. requerimiento de histórico de comparendo
1967 hasta el 2015.
Complementar registros de archivo: En el
área de archivo se encontraron 10833 Módulo de persuasivos: Se participa en las
registros incompletos que no poseen nombre pruebas al proceso de generación de
ni número de cédula, por esta razón, se novedades de cartera en el programa de
asignó la tarea de completar estos registros. Sicón el cual está en proceso de ajuste.

Informe de actividades de mayo de 2015

Obligaciones para el período:

Requerimientos: Se generaron los siguientes
requerimientos 2014-20150-20151-20152-
20111-20112 de los cuales se solicitaron
enviar estados de cartera de los persuasivos
del mes de abril, se pidió cambio del módulo
de persuasivos para su generación y
novedades

Reuniones: Se efectuaron dos reuniones una
con INCOBRANZA y con ETB, la primera con
el tema de persuasivos del mes de abril y la
segunda pidiendo la colaboración para el
cambio del módulo de persuasivos.

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Envío de archivos cartera de comparendos:
Se envían los registros semanales de cartera
comparendos, se hace informe del número de
comparendos transmitidos.

Base de datos: Se trabaja la base de datos
transporte creando 3 formatos, actualmente
se debe modificar esta base por los
inconvenientes de claridad en las
liquidaciones.

Correspondencia: Se pasaron los
requerimientos de acuerdos de pago y de
persuasivos para su respectivo reparto en el
mes de mayo.

Informe de actividades de diciembre de 2015

Obligaciones para el período:

Reunión con Coldelivery S.A.S: Se hacen
reuniones con la empresa de correspondencia
para poder definir los procesos y las entregas
de los procesos de persuasivos.

Proceso de informe de Intcobranza: Se
Desarrolla el tema de Intcobranza por el tema
del último pago y ajuste de los procesos de
cumplimiento de entrega de contrato.

Reuniones de persuasivos: Se hace el
proceso del trabajo con la nueva empresa de
persuasivos y la generación de las nuevas
bases de datos.

Resolución: Se ayuda la impresión de las
comunicaciones con las resoluciones.

Ubicabilidad de datos: Se trabaja la base de
ubicabilidad para embargos.
Contrato 2016-388 de 24 de mayo de 2016 Contrato 2017-571 de 13 de marzo de 2017
Informe de actividades de mayo de 2016 Informe de actividades de enero de 2018

Obligaciones para el período: Obligaciones para el período:

Informe de cartera del proceso persuasivo: Se Reporte de SIMIT: Se reportan todas las
genera el informe que muestra el recaudo del solicitudes que envía por correo a los
proceso persuasivo abogados, al Cade 45, contravenciones,
coactiva, para que se ajusten las
Generación de bases de datos prescritos: Se inconsistencias que se presentan en la página
entregan base de datos de los registros 53084 de SIMIT, esto se hace todos los días, dos
y 56000, registros que se referencian como veces al día.
prescritos con su ubicabilidad.
Carta del 3 día: Se trabaja el proceso de envío
Revisión de base de prescripciones: Se hace a empresas y puertos de transporte una carta
la ubicabilidad de 78.000 registros para para notificar los comparendos impuestos a
ubicabilidad. vehículos de servicio público, esto se hace a
diario.
Correos de tutela: Se desarrolla el tema de
contestar los correos y requerimientos de
información por este medio.

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Proceso de reincidencias: Seguimiento a las
Informe de actividades de agosto de 2016 comunicaciones que se enviaron por la
empresa de correspondencia.
Obligaciones para el período:
Entrega de informes: Se trabaja en los
Entrega de información Milenium para informes de comparendos impuestos por
proceso persuasivo: Se hace entrega de los semana, como el informe de puertos, como
archivos para persuasivo a la empresa entrega de información a Concejo o
Milenium requerimientos que se solicitan.

Reuniones revisión y entrega de información Entrega de información a abogados de
de las bases de prescripción: Reunión con la contravenciones: Se atienden los llamados a
Dra. Viviana y el grupo de vigilancia y control todas las solicitudes que la coordinación
para evaluar los resultados de las bases de requiera.
prescripción.
Reportes a informes: Se trabaja con el
Reunión en Cifin central de riesgos: Se traba requerimiento 21241 diferentes solicitudes de
en reunión para evaluar envío de infracciones con como 1, D12, D14,
comunicaciones y evaluación de cruce de motocicletas, bicicletas para entregas de
información, conteo de los registros a reportar diferentes solicitudes de terceros.
y reunión con los funcionarios que intervienen
en el proceso. Presentaciones y reportes de ejecutorias: Se
trabajan en el mes de las diferentes consultas
Reunión en contravenciones: Se llama a que hacen los abogados atendiendo los
reunión para evaluar el tema de la generación recursos en este proceso solicitando
de comparendos netamente manuales. documento de aviso y ejecutorias.

Reunión con la empresa Milenium para definir Trabajo de requerimiento: Se colabora en
el proceso de entrega de información: Se pasar requerimiento a ETB para reporte de
revisan los procedimientos de entrega de infracciones impuestas a motos y ciclistas en
información y los puntos que se encuentran la vía la Calera.
pendientes de entrega.
Base de datos de Cade: Se trabaja con el
Reunión de depuración de cartera: Se explica tema de base de datos para alertas de
los valores que se encuentran pendientes de reincidencias cuando se cumplan los
depuración, ya sean por comité o por contraventores y su período de suspensión.
procedimientos legales «prescripción».
Reunión OPA: Se participa en reunión con la
Generación y entrega de requerimiento para Dra. Adriana en el nuevo proceso de mensaje
revisar recaudo de cartera: Se generan y se de imposición de un comparendo para este
justifican los requerimientos para validar el proceso se hace la tarea de solicitar a la OIS
requerimiento de cartera del proceso los campos que se pueden pedir y período
persuasivo, así mismo se hace el para hacer este proceso.
requerimiento para evaluar el proceso de
embargo y desembargo.

Cargue y descargue de la carpeta para
almacenamiento de PDF en la red: Se solicitó
el proceso de poder habilitar una carpeta para
el almacenamiento y consulta de los
documentos que puedan consultar, este
requerimiento se hace a la mesa de ayuda.

Informe de actividades de enero de 2017

Obligaciones para el período:
Base de datos para reportar a centrales de
riesgo: Se depuraron y se revisaron con el
programa Sicón y los informes de 4-72, los
acuerdos que se tienen asignados para ser
reportados a las centrales de riesgo.

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Actas de reunión con ETB para definir
procedimientos centrales de riesgos: Se
desarrollan dos reuniones con ETB y la
interventoría para definir el proceso de cargue
de los acuerdos de pago que se manejaran en
el proceso de cargue y cuáles no se deben
reportar para el cargue de los acuerdos
nuevos-

Requerimiento para ETB: Se desarrolla un
requerimiento para oficializar el proceso de
reporte de Experian definiendo los campos y
el manual de Datacrédito Experian y un
requerimiento solicitando retiro de 41 registros
de la base de reporte a central de riesgos.

Requerimiento para informe a grupo de
vigilancia y control de cartera: Se crea el
requerimiento complementar campos para las
bases de seguimiento que se requieren en el
grupo. Esta actividad se realiza de acuerdo a
lo establecido en las funciones de la vigilancia
y control de la cartera.

Generación de comunicaciones de
correspondencia: Procesamos la generación
de comunicaciones de persuasivo de forma
masiva para el mes de enero de los
comparendos con fallo 2018. Esta actividad se
realiza de acuerdo a lo establecido en las
funciones de la vigilancia y control de cartera.

Cruce de comparendos para proceso de
información de un derecho de petición: Se
atiende solicitud para suministrar información
de fecha y estado de comparendos para la
respuesta a un derecho de petición. Esta
actividad se realiza de acuerdo a lo
establecido en las funciones de la vigilancia y
control de cartera.

Trabajo de central de archivo plano: Se
trabajó archivos planos para informe de los
mandamientos con fecha del 30/06/2014 AL
30/12/2015 de notificaciones personales y con
mandamiento con fecha del 29/12/2015. Esta
actividad se realiza de acuerdo a lo
establecido en las funciones de la vigilancia y
control de cartera.

Diligenciamiento de la base que se maneja
para el grupo de vigilancia y control de cartera:
Se pasan los registros que se encontraban en
el requerimiento de fallos 2016 a la base de
trabajo, se complementan los meses de
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio,
agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre.

Unificación de los PDF de los acuerdos que se
reportaron en el primer reporte para Cifin: Se
guardan los PDF en una carpeta para efectos

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Demandante: Guillermo Meza Vargas

de tener soporte de los acuerdos que se
encuentran en central de riesgos.

Igualmente, se prueba el elemento de la remuneración, pues por la prestación
personal del servicio se pactaron unos montos como honorarios en los contratos
celebrados entre las partes, lo que también aparece registrado en certificado
expedido el 22 de abril de 2019 y en las órdenes de pago a nombre del señor
Guillermo Meza Vargas.

En cuanto al elemento esencial de la relación laboral, esto es, el de la continuada
subordinación y dependencia, se recuerda que, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en la facultad que le
asiste al empleador para exigirle al trabajador «el cumplimiento de órdenes, en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle
reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del
contrato».

Elemento respecto del cual, la Sala ha afirmado que «implica una superioridad
jerárquica en el esquema organizacional de quien se atribuye esta facultad
sobre el subordinado», mientras que la coordinación «más que una facultad es
una obligación que el estatuto de contratación estatal, por medio de las normas
que lo rigen, impone a los entes públicos que desarrollen cualquier tipo de
convenio con rubros oficiales, y que deben realizar para garantizar la correcta
ejecución del objeto contractual. Dicha obligación incluye facultades de carácter
administrativo, que implican regularizar algunas funciones, el definir horarios en
la prestación del servicio contratado e incluso el suministro de algunos
elementos, que identifiquen al contratista con la comunidad; empero, coordinar
de ningún modo lleva implícita la superioridad jerárquica contenida de la
subordinación»78.

En el caso concreto, se tiene que la entidad demandada recurrió la decisión de
primera instancia, al considerar que en el estudio del tribunal existió una indebida
valoración probatoria que llevó a que se tuvieran por acreditados, sin estarlos,
los elementos necesarios para declarar la relación laboral encubierta, en
especial el atinente a la subordinación.

Ante ello, es menester establecer indicios que, analizados en conjunto con las
pruebas del caso concreto, permitan determinar la existencia de subordinación
en la ejecución de las labores llevadas a cabo por el actor cuando prestó sus
servicios en favor del SENA, atendiendo lo expuesto por esta Corporación en la
sentencia de unificación SUJ-025-CES2- 2021 en la que precisó como indicios
los siguientes:

78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de julio de

2021, expediente:3536-2018, magistrado ponente: William Hernández Gómez.
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«i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus
actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad
laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la Sala Plena estimó
necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades
permitidas para los empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación, y, por consiguiente, que la relación contractual sea
simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) habitualmente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello,
si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo
puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi, la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la
existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector,
organizativo disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que
esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a
cabo el cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio
probatorio que exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o
seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se aleje de un
ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho
de que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de
funciones o en la realización de tareas idénticas, semejantes o
equivalentes a las asignadas en forma permanente a los funcionarios o
empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la existencia
de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la

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relación laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo
del Trabajo.»

Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procede a determinar
la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir de los siguientes
ítems:

i) Lugar de trabajo: Del análisis en conjunto del acervo probatorio y bajo la sana
crítica, se puede establecer que el demandante ejecutó las actividades
encomendadas en las instalaciones de la sede de Paloquemao de la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá.

ii) Horario de trabajo: Sobre el cumplimiento de horario de trabajo, el deponente
aseveró:

«PREGUNTA APODERADO DEMANDANTE: Entonces, sírvase, señor testigo,
informar al despacho si el señor Guillermo Mesa cumplía horario, sí o no cumplía
horario. CONTESTÓ: Sí, señor. En ocasiones, como le digo, yo ya veía al señor
Mesa, el ingeniero Guillermo Mesa, lo veía a la misma hora que yo llegaba a
trabajar. Cuando llegaba en diferente horario era porque los tenían en alguna
reunión o en la 13, yo ya había llegado a Paloquemao, o los tenían en alguna
otra reunión, pero con ocasión de las funciones que desempeñaba de manera
diaria. PREGUNTA DE LA MAGISTRADA: Aclárenos su respuesta porque nada
más nos está diciendo que cuando usted llegaba él estaba allí, pero no era que
le exigieran un horario específico ni que tuviera que estar desde una determinada
hora hasta una determinada hora. Sencillamente, cuando usted llegaba, él
estaba ahí, pero no nos está diciendo nada respecto al horario. CONTESTÓ: Ok,
doctora, inclusive en una ocasión, una funcionaria que era superior jerárquico de
nosotros, nos dijo indistintamente a todos que debíamos acudir en el horario de
siete de la mañana a cuatro treinta de la tarde. Esa funcionaria era la doctora
Edith Carolina Chávez, que en ese tiempo era, pues, la directora de procesos
administrativos, era superior jerárquico de nosotros.

De esas afirmaciones la Sala considera que el testigo no especificó en cuáles
días de la semana el demandante prestaba sus servicios ni el horario de trabajo,
especificó que cuando él llegaba a la dependencia, el señor Guillermo Meza
Vargas ya se encontraba en ella, también explicó que la subdirectora de
procesos administrativos Edith Carolina Chávez en una ocasión les señaló a
todos los presentes, tanto empleados como contratistas que el horario era de
7:00 AM a 4:30 PM.

Sobre el control del horario afirmó:

«PREGUNTA DE LA MAGISTRADA SUSTANCIADORA: ¿Tenía algún control
para saber que ustedes llegaban a las siete y que se iban a las cuatro y media?
¿Hay algún control de horario? CONTESTÓ: Un control de horario escrito no se
hacía porque todo se hacía con un biométrico. Yo como funcionario tenía que
ingresar a las siete de la mañana, colocaba mi dedo índice en un biométrico y
ese biométrico daba la información de cuándo uno entraba, a qué hora entraba,
pero varias veces vi a la funcionaria. Incluso yo fui también víctima de ese actuar

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de la funcionaria. Se paraba en la puerta de la entrada a la oficina en la cual
inclusive también estaba trabajando el ingeniero Mesa, como repito, yo trabajaba
en la misma zona, en la misma dependencia con él, cuando trabajé en
Paloquemao, y ella se paraba en la puerta de entrada a ver quién llegaba y quién
no llegaba tarde. Y si llegaba uno 10 o 15 minutos tarde, literalmente le digo así
a él. Le decía a uno, mire, ¿qué son estas horas de llegar? Me lo hizo a mí.
Posiblemente, se lo haya hecho al ingeniero Meza. No me consta que lo haya
hecho así, pero ella lo hacía indistintamente si era funcionario o contratista en
ocasión. […] PREGUNTA DE LA MAGISTRADA SUSTANCIADORA: ¿Pero a
usted no le consta de esos llamados de atención al señor Guillermo Meza?
CONTESTÓ: No, no me consta. No me consta sobre ese particular. Como le
digo, me ocurrió a mí y lo hacía de manera indistinta con cualquier compañero
que estuviera ahí.

En ese sentido, se considera que, si bien el testigo dijo que había un control
biométrico para verificar el cumplimiento del horario de los empleados, y que la
subdirectora de procesos administrativos comprobaba si se llegaba tarde o no a
la oficina, ello obedeció a su tipo de vinculación legal y reglamentaria, distinta a
la pretendida en este proceso. Por lo tanto, la afirmación efectuada frente al
cumplimiento de un horario por parte del demandante surgió como producto de
la imaginación o de una suposición del testigo, pero no de un conocimiento cierto
y directo sobre ello.

Lo anterior, porque el declarante nunca expresó que el señor Guillermo Meza
realizaba registro biométrico a la entrada y salida de la entidad, y si bien dijo que
la subdirectora se ubicaba en la puerta de la edificación, tampoco señaló que era
para controlar el ingreso y salida del demandante.

De la misma manera, la Sala advierte que en oficio SDM-SGJ-95227-2019 de 13
de mayo de 2019 expedido por la subsecretaria de gestión jurídica de la
autoridad administrativa, se dijo: «teniendo en cuenta que las diferentes
vinculaciones que tuvo el señor Guillermo Meza Vargas con la Secretaría Distrital
de Movilidad fueron a través de contrato de prestación de servicios, no se
establecieron para la ejecución de los mismos turnos, jornadas u horarios»; lo
que denota la inexistencia de cumplimiento de horario por el demandante.

En todo caso debe advertirse que si ello hubiese ocurrido, tal circunstancia per
se no lleva consigo el elemento de la subordinación, pues entre las partes
contratantes puede existir una «relación de coordinación en sus actividades, de
manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el
desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el
cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello
no significa necesariamente la configuración de un elemento de
subordinación»79.

79 Sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de
recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de los
aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de
subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el demandante es su
inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera
que demuestre que esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en
que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto contractual».

En esos términos, en línea con lo sustentado por la entidad demandada en su
recurso, la Sala observa que dentro del proceso no existen elementos
probatorios con los cuales se pueda establecer que el demandante en la
ejecución de sus servicios estuvo sujeto al cumplimiento de directrices u órdenes
de un superior, o que debía ejecutar los contratos en las condiciones impuestas
por la entidad.

En efecto, las pruebas documentales no permiten avizorar la existencia de
órdenes, memorandos, imposición de labores en cuanto al tiempo, modo y lugar
por parte de la entidad sobre el señor Guillermo Meza Vargas, a partir de los
cuales se logre advertir su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario del ente demandado. Por el contrario, de las documentales
únicamente se observan las certificaciones de ejecución contractual, las actas
de inicio de los contratos, los expedientes contractuales, la hoja de vida del
interesado, los informes de actividades rendidos por el demandante, las órdenes
de pago y el informe de los aportes efectuados al sistema de seguridad social a
pensión, salud y riesgos laborales.

Elementos que, en modo alguno, pueden considerarse como indicios de
acciones subordinantes por parte de la entidad, pues, al contrario, los mismos
resultan ser actividades que devienen de la coordinación inherente que debe
existir en la ejecución de los objetos contractuales.

De ahí que, no se puede concluir, que la subordinación a la que fue sometido el
demandante se especificó en la mayoría de los contratos de prestación de
servicios que establecieron como obligación «atender el objeto del contrato en
forma oportuna cumpliendo con las instrucciones y/o lineamientos que imponga
el supervisor del contrato y/o los Directivos de la entidad», toda vez que con la
lectura de los mismos se advierte únicamente la descripción del objeto y las
obligaciones para las cuales fue contratado. Sin que adicional a ello, se
demuestre la existencia de requerimientos, órdenes o imposiciones que
desbordaran los límites propios de coordinación que debe imperar en este tipo
de contratación.

En cuanto al testimonio rendido por el señor Anderson Yesid Redondo Serrano,
la Sala considera que tampoco logra determinar la falta de autonomía del

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demandante en la ejecución de su servicio. Ello, porque si bien manifestó que el
demandante estaba subordinado al subdirector de la oficina de jurisdicción
coactiva y al director de la dirección de procesos administrativo de la Secretaría
Distrital de Movilidad, no señaló razones o eventos particulares que de manera
clara y suficiente denoten la configuración del elemento de la subordinación.

El testigo aseveró que el demandante tenía como jefes al subdirector de la oficina
de jurisdicción coactiva y al director de la dirección de procesos administrativo,
precisando de manera genérica que: «Si ellos decían, toca ir a una reunión a tal lado,
había que acudir a la reunión, se necesitaba tal información, esa información se
presentaba dentro de unos términos, con unos parámetros, etcétera». De la misma
manera, cuando se le preguntó «cuéntenos por qué usted considera que los señores
subdirector de jurisdicción coactiva y el director de procedimientos administrativos eran
jefes del señor Guillermo Mesa. ¿Qué hacían ellos como jefes? CONTESTÓ: Bueno, en
primer lugar, pues el contrato era celebrado por la Secretaría Distrital de Movilidad y los
supervisores de contrato eran los correspondientes subdirectores de cada una de las
dependencias, en este caso, el subdirector de jurisdicción coactiva era el supervisor
directo del contrato de todos los contratistas que estuvieran adscritos a la secretaría en
lo que tenía que ver con la subdirección de jurisdicción coactiva, acuerdos de pago,
mandamientos, embargos, etcétera, persuasivos, todos esos contratistas ellos tenían
como supervisor a ese funcionario. En cuanto a lo que tenía que ver con la dirección de
procesos administrativos, la de procesos administrativos en ese entonces era la
dependencia de la cual era el supervisor jerárquico de la oficina de subdirección de
jurisdicción coactiva y en caso de que se requiriera algún tipo de información tocaba
también acudir y entregarla a la dirección de procesos administrativos».

Posteriormente, cuando se le preguntó si consideraba si el subdirector de
jurisdicción coactiva y el director de procesos administrativos eran los jefes del
demandante porque había una supervisión y le pedían al demandante hacer
informes, explicó: «Sí, se solicitaban informes, se podía solicitar entregas de bases,
todo lo que tiene que ver con desarrollos o reuniones, con diferentes dependencias,
como le digo, Una de esas dependencias era la oficina de información, otra podía ser el
partnership de ETB que era DataTools, para esa época, no sé si lo sigue siendo, que
manejaba el sistema de información contravencional, ahí están absolutamente todo lo
que tiene que ver con los requerimientos, todo, uno tenía que pasar, estuviera uno
trabajando en el tema de cobro, teníamos que pasar necesariamente por esas
dependencias».

De la misma manera, cuando el apoderado del demandante le preguntó al testigo
si el señor Guillermo Meza Vargas podía hacer autónomamente el trabajo o el
que le señalaran los jefes inmediatos80, señaló: «Había unas directrices sobre lo
que se quería con el trabajo. Entonces, por ejemplo, una X o Y base de datos tenía que
llenarse de X o Y formas. Todo lo que tenía que ver con SICON, con el sistema de
información, tenía una predeterminación de acuerdo a lo que se pretendía con cada uno

80 PREGUNTA DEL APODERADO DEL DEMANDANTE: En la cotidianidad laboral de
la entidad y específicamente en la subdirección de cobro coactivo, el ingeniero Meza
podía hacer autónomamente su trabajo o el que le indicaran sus jefes inmediatos.
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de esos documentos, con cada una de esas bases. Si esas bases eran sobre tema de
acuerdos o sobre tema de mandamientos, debía tener ciertas estipulaciones o ciertos
campos base para llenar. Pues digo eso porque yo tuve contacto con bases que tenía
el ingeniero Guillermo, que con ocasión a mi trabajo tuve que verificar y tenían una
uniformidad en lo que tenía que ver con los datos e información».

Analizadas esas manifestaciones la Sala considera que, si bien el declarante
expuso que existían ciertas directrices respecto de lo esperado con el trabajo, lo
cierto es que no detalló aspectos relevantes sobre las particularidades de su
servicio, con las cuales se puedan extraer las posibles imposiciones de órdenes;
su narración sobre este aspecto es genérica, y aunque mencionó posibles
conductas que a su juicio constituían el direccionamiento del accionante como lo
era rendir informes de actividades, estos se encuentra dentro de los límites del
principio de coordinación para la concreción de los objetos de los contratos de
prestación de servicios.

De otro lado, el declarante aseguró que conoció al demandante durante los años
2014 a 2016 y que en la anualidad de 2014 no compartió oficina con él porque
laboraba en la sede de la 13 de la entidad pública, cuando en ese momento el
demandante prestaba sus servicios en la sede de Paloquemao, así mismo, relató
que a partir de 2015 alternaba entre las sedes de la 13 y Paloquemao porque
debía estar en ambas oficinas, veamos:

«PREGUNTA DE LA MAGISTRADA SUSTANCIADORA: Listo, entonces usted
conoció la labor del ingeniero desde el 2014 y cuéntenos cómo era un día del
ingeniero Guillermo Mesa durante el tiempo que usted lo conoció. ¿Ustedes
compartían oficina? CONTESTÓ: En el 2014 no compartí oficina con él, pero sabía
de su existencia y de su trabajo. En el 2015 que se traslada la subdirección
coactiva, subdirección de jurisdicción coactiva de la sede de la 13 a la sede de
Paloquemao, ya lo empiezo a tratar de manera más personal y de manera, se
puede decir, diaria. PREGUNTADO: ¿Diaria? CONTESTÓ: Sí, porque yo tenía
que estar entre la oficina de la 13 y la oficina de Paloquemao. Yo estaba alternando
en ambas sedes y prácticamente yo lo tenía en frente de mi puesto cuando yo
llegaba a la oficina en Paloquemao. Ya cuando yo llegaba, ya el hombre ya estaba
ahí trabajando, cumpliendo con sus funciones. Si les tocaba ser citados a una
reunión en la 13, tenían que acudir allá, entonces uno también se le encontraba
allá. Las funciones eran las de cualquier otro funcionario de la entidad».

Lo precedente, permite establecer que no contó con la inmediación,
conocimiento directo y permanente de las actividades desarrolladas por el
demandante, en ese sentido, el testimonio no cuenta con la suficiente certeza
demostrativa en el plenario.

No obstante, nótese que en los objetos de los contratos de prestación de
servicios 2016-388 de 24 de mayo de 2016 y 2017-571 de 13 de marzo de 2017
se estableció la prestación de servicios de servicios profesionales para el apoyo
técnico y administrativo de las actividades que se requiera al interior de los

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procesos misionales81 de competencia de la dirección de procesos
administrativos y de las 3 subdirecciones a su cargo.

De igual manera, en la descripción de la necesidad de los referidos contratos
llevada a cabo por la autoridad administrativa explicó que «así las cosas, los
procedimientos administrativos sancionatorios por infracción a las normas de
tránsito y transporte, y consecuencialmente, los de gestión persuasiva y cobro
coactivo, se realizan en la dirección de procesos administrativos y las tres (3)
subordinaciones a cargo, requieren de personal idóneo, para llevar a cabo sus
procesos de carácter misional».

El Tribunal de primer grado, entre otros de los indicios para tener por demostrada
la subordinación afirmó que el demandante ejecutó actividades misionales
propias de la entidad, sin embargo, es necesario destacar que las actividades
ejecutadas por el demandante requerían de conocimientos técnicos
especializados en ingeniería de sistemas y la ejecución sólo era posible si
contaba con ellos.

Además, la subdirección administrativa de la Secretaría Distrital de Movilidad
certificó que «revisada la planta global de empleos se determina que no existe
personal suficiente con el perfil requerido para prestación de servicios
profesionales en ingeniería de sistemas, para el apoyo técnico y administrativo
en las actividades que se requieran al interior de los procesos misionales de
competencia de la dirección de procesos administrativos y de las 3
subdirecciones a su cargo».

Si se observa el manual específico de funciones y requisitos por competencias
laborales de la entidad pública del cargo de profesional especializado código
222, grado 32 de la dirección de procesos administrativos que corresponde al
cargo que en la demanda se indicó como el equivalente a las funciones
desarrolladas por el demandante, no se determinó ninguna similitud, a saber:

II. ÁREA FUNCIONAL: DIRECCIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
III. PROPÓSITO PRINCIPAL
Orientar y verificar el desarrollo de las actividades relacionadas con los
procesos adelantados con ocasión de las infracciones a las normas de tránsito

81 El literal E del artículo 17 del Decreto Distrital 567 de 2006 «Por el cual se adopta la estructura
organizacional y las funciones de la Secretaría Distrital de Movilidad, y se dictan otras disposiciones»,
estableció como una de las funciones de la dirección de procesos administrativos: dirigir y controlar las
actividades y procesos de jurisdicción coactiva de la Secretaría de Movilidad, y verificar el cumplimiento del
Reglamento Interno de Recaudo de Cartera de la Entidad.

Así mismo, el artículo 20 estableció como funciones de la subdirección de jurisdicción coactiva, entre otras
las siguientes: a) adelantar la acción persuasiva de cobro de las multas de tránsito y de transporte; b)
adelantar las actuaciones encaminadas a lograr el cobro efectivo de las sumas que le adeuden a la
Secretaría, con las excepciones legales, y que le remita la Subdirección Financiera, desarrollando las
labores de cobro persuasivo y adelantando los procesos de jurisdicción coactiva en las condiciones que
señale la ley y c) Coordinar e implementar el cumplimiento del Reglamento Interno de Recaudo de Cartera
de la Entidad, en materia de los procedimientos de cobro.
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y transporte, de conformidad con la normatividad vigente y las directrices
impartidas.
IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar el desarrollo de las actividades de carácter sancionatorio
relacionados con las infracciones a las normas de tránsito y transporte, que
deba adelantar la Dirección, de acuerdo con las normas vigentes.
2. Revisar los fallos de segunda instancia de los procesos por infracciones a
las normas de tránsito y transporte, de conformidad con los procedimientos
establecidos.
3. Absolver consultas y emitir conceptos de orden jurídico sobre la aplicación
de las sanciones sobre las infracciones al Normas de Tránsito y Transporte.
4. Revisar los recursos de apelación que se presenten contra las resoluciones
del subdirector de Jurisdicción Coactiva que rechacen las excepciones
propuestas contra el mandamiento de pago.
5. Orientar en la aplicación de normas y políticas en materia sancionatoria
relacionadas con las infracciones a las normas de tránsito y transporte en el
Distrito Capital, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.
6. Ejercer las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y área
de desempeño.

En ese orden de ideas, no existe ninguna similitud con las funciones previstas
para el anterior cargo y las desarrolladas por el demandante.

Ahora bien, la realización de funciones misionales en las entidades del Estado
con personas distintas a la planta de personal ha sido permitida
excepcionalmente por el ordenamiento jurídico82, mediante contratos de
prestación de servicios, cuando: (i) las actividades no puedan realizarse con el
personal empleado o (ii) requieran conocimientos especializados. De manera
que, en estricto sentido, es factible que las entidades del Estado contraten a
personal externo para la ejecución de sus funciones inherentes cuando se
requieran de conocimientos especializados -tal y como ocurre en el presente
caso- siempre y cuando no se advierta en su ejecución los elementos que
pongan en tela de juicio la autonomía en la ejecución del contratista a partir de
la imposición de órdenes o direccionamiento en cuanto al tiempo, modo o
cantidad de trabajo83.

Así pues, no se demostró en este caso, que la entidad demandada hubiese
disfrazado el vínculo contractual con el demandante, por ello siguiendo lo
establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso que señala «[…]
incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen»; se estima que era el demandante a quien
le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la relación

82 Sentencia C - 154 de 1997.
83 Sentencia de 12 de octubre de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 85001-23-33-000-2019-

00156-01 (3997-2021) C.P Gabriel Valbuena Hernández
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encubierta que alegó que existió entre su persona y el ente demandado a través
de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso.

Al respecto, esta Subsección de tiempo atrás ha considerado que «si bien no
puede decirse que existe una prueba reina para demostrar el elemento de la
subordinación y dependencia continuada, esta Sala si ha considerado que para
acreditar este elemento de la relación laboral, deben aportarse aquellas que
permitan acreditar fehacientemente que el contratista no ejercía su actividad,
para la cual fue contratado, en forma autónoma e independiente, sino que debía
someterse ineludiblemente a las órdenes e instrucciones de funcionarios de la
entidad, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que estos impusieran»84

Así las cosas, para la Sala le asiste razón al recurrente en esta instancia, pues la
parte demandante no cumplió con la carga probatoria de acreditar los elementos
probatorios suficientes que permitan advertir indicios subordinantes en la
ejecución de sus actividades durante el período que prestó el servicio de
ingeniero de sistemas en la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá

De manera que hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones.

Ahora bien, de acuerdo a los argumentos expuestos en los párrafos anteriores,
al no estar demostrada la subordinación, elemento esencial para declarar la
existencia de una relación laboral, la Sala procederá a revocar la sentencia de
primera instancia proferida el 24 de mayo de 2022 por la Subsección F de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en su lugar
serán negadas las pretensiones de la demanda, ya que la actividad probatoria de
la parte demandante fue realmente escasa. En consecuencia, no hay lugar al
estudio del segundo y tercer problema jurídico.

2.5. Condena en costas

En anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una valoración
objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas, no obstante,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
verificar la carencia de fundamento legal.

En ese orden, comoquiera que en este caso se revocará la sentencia de primera
instancia, debe darse aplicación al numeral 4.° del artículo 365 del CGP, por
tanto, no hay lugar a condena en costas de ambas instancias, toda vez que se
sustentaron las razones esgrimidas por la parte actora en defensa jurídica de sus
intereses, sin que se avizore una carencia de fundamento legal.

84 Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P

Gabriel Valbuena Hernández.

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Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 25000234200020200002001 (4323-2022)
Demandante: Guillermo Meza Vargas

2.6. Otras órdenes

En el índice 9 de las actuaciones registradas en el Sistema de Gestión Judicial-
Samai, se vislumbra que la directora de representación judicial de la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá otorgó poder especial al abogado Diego Daniel
Vega Orjuela, por lo tanto, se efectuará el respectivo reconocimiento de
personería.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el doctor Juan Camilo
Morales, de acuerdo con lo expresado en la parte motiva de esta decisión. En
consecuencia, separarlo del conocimiento de este asunto.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de 24 de mayo de 2022, proferida por la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda presentada por el señor Guillermo Meza Vargas en contra de la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. En su lugar. NEGAR las pretensiones
de la demanda; conforme lo expresado en la motivación.

TERCERO: RECONOCER al abogado Diego Daniel Vega Orjuela, identificado
con cédula de ciudadanía 1.018.493.132 de Bogotá y tarjeta profesional 364.450
del C.S de la J., como apoderado judicial de la Secretaría Distrital de Movilidad
de Bogotá, en los términos y para los fines conferidos en el poder.

CUARTO:Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de origen
y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Con impedimento fundado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA

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