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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00193-02

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00193-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 28 de febrero de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por Jaime Rodolfo Castellanos Casallas contra la Procuraduría General de la Nación por los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 31 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00193-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00193-02 (4375-2023)1
Demandante: Jaime Rodolfo Castellanos Casallas
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tema: bonificación por compensación del Decreto 610 de 1998. Subtema: inclusión
de las cesantías de los congresistas para determinar el valor de la prima especial de
servicio de los magistrados de las altas cortes y la incidencia en la bonificación por
compensación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, el 28 de febrero de
2023, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El accionante, quien ejerce como procurador judicial II, solicitó la nulidad del acto
administrativo por medio del cual la Procuraduría General de la Nación le negó la
reliquidación y pago de la bonificación por compensación con el 80% de lo que
perciben los magistrados de altas cortes, que debe corresponder a lo devengado por
los congresistas, incluidas las cesantías. El Tribunal accedió a las pretensiones de la
demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor Jaime Rodolfo Castellanos Casallas, mediante apoderado judicial,
presentó demanda el 20 de febrero de 20202, en ejercicio de la acción del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación, Procuraduría
General de la Nación, con las siguientes pretensiones3:

(i) Se declare la nulidad del oficio S-2019-017373 del 2 de septiembre de 2019,
por medio del cual la Procuraduría General de la Nación le negó la reliquidación
1
Expediente híbrido.
2 Folio 21 del cuaderno principal.
3 Folios 1 a 7 del cuaderno principal.

1

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00193-02 (4375-2023)
Demandante: Jaime Rodolfo Castellanos Casallas
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

y pago de la bonificación por compensación, que se le ha venido cancelando de
manera mensual en su condición de procurador judicial II.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
demandada a reliquidar y pagar a Jaime Rodolfo Castellanos Casallas la
bonificación por compensación de la que ha sido beneficiario durante el tiempo
que ha ejercido el cargo de procurador judicial II, teniendo en cuenta para su
liquidación lo estipulado en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, es decir,
incluyendo la prima especial de servicios devengada por los magistrados de
altas cortes, prima que para su correcta liquidación debe incluir las cesantías
percibidas por los congresistas.

(iii) Pidió reliquidar y pagar la diferencia entre lo pagado y lo que se ha debido pagar
por concepto de bonificación por compensación en los términos del numeral
anterior, por el tiempo en el que el accionante ha permanecido vinculado a la
Procuraduría General de la Nación en calidad de procurador judicial II.

(iv) Adicionalmente, solicitó que las sumas adeudadas sean actualizadas, conforme
al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y que se reconozca los intereses
moratorios de acuerdo con los artículos 187, 189 y 192 del Código de
Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA).

2.1.1. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. El señor Jaime Rodolfo Castellanos Casallas presta sus servicios a la
Procuraduría General de la Nación como procurador 25 judicial II para asuntos del
trabajo y la seguridad social de Bogotá D.C., desde el 2 de septiembre de 2016 y se
encuentra activo a la fecha de la presentación de la demanda.

4. Durante la vinculación del demandante, la entidad le reconoció la bonificación
por compensación, no obstante, se liquida y paga con el 80% en relación con lo
percibido anualmente por los magistrados de altas cortes, y no como debería ser,
respecto de lo devengado anualmente por los congresistas, incluidas las cesantías.

5. El demandante presentó reclamación administrativa el 9 de agosto de 2019 con
el fin de obtener la reliquidación y pago de la bonificación por compensación que iguale
el 80% de lo devengado por los magistrados de alta corte, que debe corresponder a lo
devengado por los congresistas, incluidas las cesantías.

6. La Procuraduría General de la Nación mediante el oficio S-2019-017373 del 2
de septiembre de 2019 negó la solicitud por considerar que al demandante se le ha
reconocido, liquidado y pagado la bonificación por compensación en virtud del Decreto
1102 de 2012, conforme a lo indicando por la Dirección Ejecutiva de la Administración
Judicial, certificaciones que relacionan los ingresos de los magistrados de las altas
cortes para cada uno de los años pretendidos.

2
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00193-02 (4375-2023)
Demandante: Jaime Rodolfo Castellanos Casallas
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

2.1.2. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

• De la Constitución Política, los artículos 2, 4, 6, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150
(ordinal 19, literal e), 288, 277(numerales 1 y 7) y 280.
• De la Ley 4 de 1992, los artículos 1, 2, 15 y 16.
• Decreto 610 de 1998.
• Decreto 1102 de 2012.
• Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 14.

8. Al explicar el concepto de violación, la parte accionante expuso que los decretos
610 y 1239 de 1998, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, crearon la
bonificación por compensación para los magistrados de tribunales, fiscales delegados
ante tribunales, etc., con vigencia a partir del 1 de enero de 1999 con carácter
permanente, beneficio que consiste en que los ingresos mensuales serían iguales al
60% para el año 1999, 70% para el 2000 y el 80% a partir del 2001, de lo que por todo
concepto devenguen los magistrados de las altas cortes.

9. Señaló que posteriormente se expidió el Decreto 2668 de 1998 mediante el cual
se derogaron los decretos citados con antelación. Luego se profirió el Decreto 664 de
1999 que creó la misma prestación, pero consagró sumas taxativas para cada grado
en particular, inferiores a los porcentajes señalados en los decretos derogados.

10. Precisó que el Consejo de Estado mediante sentencia de 25 de septiembre de
20014 declaró la nulidad del Decreto 2668 de 1998, por lo tanto, los decretos 610 y
1239 de 1998 recobraron su vigencia.

11. Indicó que el Gobierno nacional, expidió el Decreto 4040 de 2004, que creó la
bonificación por gestión judicial con carácter permanente que sumada a la asignación
básica y demás ingresos laborales, igualara al 70% de lo que por todo concepto
devengaran anualmente los magistrados de las altas cortes, para los cargos
taxativamente descritos en el artículo 1 de dicho decreto, el cual fue anulado por el
Consejo de Estado a través de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, expediente
11001-03-25-000-2005-00244-01, por considerar que fue expedido en forma irregular,
ilegal e inconstitucional.

12. Adujo que posteriormente, el Gobierno nacional expidió el Decreto 1102 del
2012, por medio del cual se modifica la bonificación por compensación para los
magistrados del tribunal y otros funcionarios, lo anterior como consecuencia de la
declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004.

13. Finalmente, citó apartes de la sentencia del 18 de mayo de 2016, expediente
25000-23-25-000-2010-00246-02, que definió que la aplicación del artículo 15 de la
Ley 4 de 1992 «… tiene clara incidencia en la determinación de la bonificación por
compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de
1998 pues el mismo de manera semejante al artículo 1 del Decreto 10 de 1993 previó

4
Consejo de Estado, Sala de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia del 25 de septiembre de 2001,
expediente 395-99.
3
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Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% …» de lo que por todo concepto devenguen
los magistrados de alta corte, para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes
respectivamente.

14. Por lo anterior, indicó que las autoridades administrativas y judiciales deben
adoptar esta decisión judicial en cuanto la aplicación plena del Decreto 610 de 1998 y
los precedentes jurisprudenciales que integran el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 para
la liquidación y pago de la bonificación por compensación de los funcionarios
beneficiarios de esta.

2.2. Contestación de la demanda

15. La Nación, Procuraduría General de la Nación, se opuso a las pretensiones de
la demanda. Mencionó que su actuación estuvo ceñida al marco legal vigente para el
momento de la expedición del acto administrativo demandado, esto es, los decretos
expedidos por el Gobierno nacional en ejercicio de la potestad reglamentaria5.

16. Precisó que a pesar de la autonomía administrativa, financiera y presupuestal
que tiene la Procuraduría General de la Nación, no ostenta atribuciones legales en
materia de fijación de salarios y prestaciones de sus servidores.

17. Indicó que al accionante en su condición de Procurador Judicial II, para
liquidarle la bonificación por compensación, se le computa – conforme a lo certificado
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –, la totalidad de los ingresos del
magistrado de alta corte en el año, esto es, las doce (12) remuneraciones mensuales
integradas por la asignación básica, los gastos de representación y la prima especial
(según los decretos salariales respectivos) más las prestaciones sociales, luego de lo
cual, sobre el monto total hallado, se liquida el porcentaje señalado, es decir, el 80%.

18. Argumentó que la bonificación por compensación no puede desbordar el tope
del 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, establecido
con claridad por la ley y la jurisprudencia.

19. Señaló que la Procuraduría General de la Nación no incluyó el auxilio a las
cesantías como un ingreso laboral permanente de los congresistas, en atención a las
distintas posturas interpretativas alrededor del asunto, entre las cuales se encuentra
la que se opone a dicho reconocimiento, arguyendo que al juez no le es dable distinguir
donde el legislador no lo hace.

2.3. Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del 28 de febrero de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda. En
consecuencia, ordenó lo siguiente6:

PRIMERO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre
de 2019; por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

5 Folios 48 a 51 del cuaderno principal.
6 Folios 71 a 79 del cuaderno principal.

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Demandante: Jaime Rodolfo Castellanos Casallas
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. S-2019-017373 de 2 de septiembre
de 2019, expedido por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación,
por medio del cual no se accedió al pago y reconocimiento de los derechos laborales
reclamados por la demandante, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

TERCERO: Condenase a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
a reconocer y pagar a Jaime Rodolfo Castellanos Casallas, el derecho adquirido a recibir
las diferencias adeudadas, por concepto de Bonificación por Compensación, en su
condición de Procurador Judicial II, las cuales le deben ser reconocidas y pagados con
carácter permanente, en el equivalente al 80%, de lo devengado por todo concepto por
los Magistrados de las Altas Cortes, incluyendo la prima de servicio – art. 15 ley 4ª de
1992 - prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias
adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la
liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente
devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación,
prima de localización y vivienda, prima de salud, prima de servicios, prima de navidad y
cesantías, durante el periodo comprendido entre el 2 de septiembre de 2016 y hasta el
día en que funja o fungió en el cargo de Procurador Judicial II u otro equivalente, con los
correspondientes reajustes. De tal manera, que el 80% de la bonificación por
compensación para los magistrados y/o procuradores judiciales II y cargos
homologados, es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la prima
especial de servicios, incluido el auxilio de cesantías, esto es, que la reliquidación de la
bonificación procede respecto de los citados funcionarios, siempre que, en la respectiva
anualidad, sus ingresos anuales percibidos no hayan alcanzado el tope del 80% de lo
que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, incluido en ello las cesantías
de los congresistas, todo esto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO. - Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el
artículo 187 del C.P.A.C.A., tomando como base la variación porcentual de los índices
de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

QUINTO. - Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se
estructuran los supuestos de hecho y de derecho, de que tratan los artículos 192 y 195
del mismo Código.

SEXTO. - Ordenase a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del
término previsto en los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A., tomando en cuenta la
sentencia de la Corte Constitucional, C – 188 de 1999.

SÉPTIMO. - Expídase por secretaría y entréguese al demandante, copia de esta
sentencia con la constancia de su notificación y ejecutoria, en los términos del numeral
2º del artículo 114 del CGP.

OCTAVO. - Sin condena en costas en esta instancia.

[…]7.

21. Como fundamento de la decisión, el Tribunal expuso los siguientes argumentos:

22. Indicó que probada la calidad de procurador judicial II que ostenta el
demandante, es claro que tiene derecho a la reliquidación y pago de la bonificación
por compensación, incluyéndose el derecho adquirido a recibir las diferencias
7 Transcripción fiel, inclusive con errores.

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adeudadas, con inclusión de la prima especial creada por el artículo 15 de la Ley 4 de
1992.

23. Asimismo, señaló que al haberse decantado por la jurisprudencia del Consejo
de Estado8, según la cual las cesantías de los congresistas forman parte de la prima
especial de los magistrados de altas cortes, este rubro debe considerarse para la
liquidación de la referida bonificación por compensación, a partir del 2 de septiembre
de 2016 (fecha de vinculación como procurador judicial II) y hasta el día en que funja
o fungió en el referido cargo.

24. Precisó que el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados
y/o procuradores judiciales II y cargos homologados, es un límite que no puede ser
superado con el reconocimiento de la prima especial de servicios, incluido el auxilio de
cesantías. Por lo tanto, la reliquidación de la bonificación procede respecto de los
citados funcionarios, siempre que, en la respectiva anualidad, sus ingresos anuales
percibidos no hayan alcanzado el tope del 80% de lo que por todo concepto devenga
un magistrado de alta corte, que a su vez tiene como referencia, entre otras
prestaciones, las cesantías de los congresistas.

25. Finalmente, accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales adeudadas al accionante por
concepto de bonificación por compensación, en el equivalente al 80%, de lo
devengado por todo concepto por los magistrados de las altas cortes, incluyendo la
prima especial de servicio, la prima de vacaciones, la prima de navidad, la bonificación
por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios,
teniendo en cuenta para la liquidación de esta los ingresos laborales totales anuales
de carácter permanente devengados por los congresistas desde el 2 de septiembre de
2016 y hasta el día en que funja o fungió en el cargo de procurador judicial II u otro
equivalente. Asimismo, ordenó la indexación de los valores adeudados, el pago de
intereses y no condenó en costas a la demandada.

2.4. Recurso de apelación

26. La Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, bajo los siguientes argumentos9:

27. Consideró que no era jurídicamente viable efectuar reconocimientos laborales
distintos o por valores diferentes a los establecidos en los actos administrativos
expedidos por el Gobierno nacional.

28. Adujo que el Decreto 1102 de 2012 reglamentó en debida forma el pago de la
bonificación por compensación y de igual manera dejó plenamente establecido que
este emolumento solo constituye factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del sistema general de pensiones y del sistema general de seguridad social
en salud. En ningún aparte se hace referencia a primas, vacaciones o cesantías, como
erróneamente lo hizo el a quo.

8
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 18 de julio de 2018,
rad. 250002325000201000069002 (0323-2016). Conjuez ponente: Carmen Anaya de Castellanos.
9 Folios 87 a 89 del cuaderno principal.

6
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29. Alegó que la bonificación por compensación, conforme a lo establecido en
el Decreto 610 de 1998 y en la jurisprudencia del Consejo de Estado 10, únicamente
constituye factor salarial para efectos de los aportes al sistema general de pensiones,
sin que pueda incidir en la reliquidación de otras prestaciones sociales.

30. Por otra parte, señaló que, si en gracia de discusión se accediera a la
reliquidación de la bonificación por compensación en los términos requeridos por el
demandante, se desconocerían las disposiciones que rigen la materia, ya que los
ingresos percibidos en cada año laborado por un procurador judicial II, no pueden
superar el porcentaje de ley, es decir, el 80% de la totalidad de los ingresos del
magistrado de alta corte. Proceder en forma distinta, reiteró, es permitir el
reconocimiento y pago de montos sin título y causa jurídica, afectando el presupuesto
público de forma injustificada.

31. En consecuencia, solicitó revocar la sentencia apelada, por cuanto la entidad
demandada pagó los salarios en los montos y cuantías previstas para los procuradores
judiciales II, conforme al marco normativo aplicable en la materia.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

32. Mediante auto del 5 de mayo de 2025 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada y se prescindió del traslado para alegar de
conclusión, en aplicación de la Ley 2080 de 2021, toda vez que no se solicitaron
pruebas en segunda instancia 11.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

33. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con el
inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce
de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los
tribunales administrativos.

3.2. Problema jurídico

34. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:

¿El juez de primera instancia ordenó la reliquidación de la totalidad de prestaciones
sociales, teniendo en cuenta como factor salarial la bonificación por compensación de
que trata el Decreto 1102 de 2012?

¿El demandante tiene derecho a que se le reconozca y pague la diferencia existente
entre lo percibido y lo que debió devengar por concepto de bonificación por
compensación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1102 de 2012, en los
términos ordenados por la sentencia de primera instancia?

10
Referencia: 47001233100020110007202 (2107-2015) DEMANDANTE: Cristian Salomón Xiques Romero.
11 Samai, índice 5, 5Autoqueadmite_13432024autoqueadmit(.pdf) NroActua 5.

7
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00193-02 (4375-2023)
Demandante: Jaime Rodolfo Castellanos Casallas
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

3.3.1. Bonificación por compensación

35. La bonificación por compensación fue creada por el Gobierno nacional dentro
de una política de nivelación para los destinatarios de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, pues esta había sido insuficiente y se requería una
nueva política salarial. Por ello, el Gobierno tomó la decisión de fijar los ingresos de
los magistrados12 de segundo nivel tomando como referencia cierto porcentaje de lo
percibido por los magistrados de alta corte. Esto se realizó a través de un mecanismo
de anclaje, frente a lo devengado por todo concepto, por los magistrados del primer
nivel del artículo 15 de la citada Ley 4 de 1992. Dicho contexto fue explicado por la
Corte Constitucional, en la sentencia C-244 de 201313, en los siguientes términos:

En el año de 1998 se dio otro acontecimiento normativo fundamental en la política
salarial del sector justicia: mediante un Decreto reglamentario de la Ley 4a, el Decreto
610 de 1998, el Gobierno reaccionó a la protesta organizada de los jueces para
considerar que la prima especial concedida en 1992 al segundo nivel funcional de
funcionarios judiciales (definido en el artículo 14 y que sólo había sido del 30% de sus
ingresos salariales hasta ese entonces reconocidos) había sido insuficiente y que se
requería una nueva política salarial. Para responder a este reclamo, el Gobierno tomó la
decisión de fijar los ingresos de los magistrados de segundo nivel como un cierto
porcentaje del de los Magistrados de alta Corte (que, a su vez, habían sido igualados a
los de los Congresistas en el artículo 15 de la Ley 4a). Esta fijación o anclaje entre niveles
jerárquicos de la Rama Judicial ya había sido intentado, de hecho, en Leyes de finales
de los ochentas (Ley 10/1987 y Ley 63/88), que, sin embargo, no habían sido
debidamente ejecutadas. El nuevo Decreto 610/98 buscaba crear un mecanismo gradual
de cumplimiento de tales esquemas de anclaje para generar, ahora sí, una política de
"nivelación salarial". Para el año de 1998, el segundo nivel de la jerarquía ganaba el 46%
de los ingresos de los magistrados del primer nivel. Según el Decreto, esto constituía
una "desigualdad económica entre los dos niveles" y, para superarla, propuso un sistema
escalonado de nivelación a tres años en el que en el primero recibirían el 60% de lo
percibido, por todo concepto, por los Magistrados del primer nivel del artículo 15; para el
segundo y tercer año tales porcentajes serían aumentados al 70 y luego al 80%. Con
ello se adoptaba un mecanismo de anclaje proporcional del salario idéntico al que ya se
había intentado en la Ley 4a entre funcionarios del primer nivel y los propios congresistas.
Para ejecutar este nuevo esquema de nivelación salarial, la "prima especial" de la Ley
4a pasó a denominarse "Bonificación por compensación" y se aclaró en el artículo 1º del
Decreto 610 que sólo constituía factor salarial para las pensiones, tal y como ya se había
afirmado en la Ley 332/96.

36. En consecuencia, el presidente de la República, en desarrollo de las normas
generales de la Ley 4 de 1992, profirió el Decreto 610 de 1998 14, que creó la
bonificación por compensación, así:

ARTÍCULO 1o. Créase, para los funcionarios enunciados en el artículo 2o del presente

12 Y autoridades equivalentes.
13 M.P. Diego López Medina. En esta providencia, la Corte Constitucional se estuvo a lo resuelto en la sentencia C-

681 de 2003, que declaró inexequible la expresión "sin carácter salarial", contenida en el artículo 15 de la Ley 4 a
de 1992, pero sólo para efectos de la cotización y liquidación de la pensión de jubilación.
14 Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

Los Decreto 610 y 1239 de 1998 fueron derogados por el Decreto 2668 de 1998, sin embargo, este último fue
declarado nulo por el Consejo de Estado, en sentencia de la Sección Segunda del 25 de septiembre de 2001,
ejecutoriada el 5 de octubre de 2001, exp. 395-99, M.P. Álvaro Lecompte Luna, actor: Pablo Julio Cáceres Corrales.
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Demandante: Jaime Rodolfo Castellanos Casallas
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

decreto, una Bonificación por Compensación, con carácter permanente, que sumada a
la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al sesenta
por ciento (60%) de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los
Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional
y Consejo Superior de la Judicatura. La Bonificación por Compensación sólo constituirá
factor salarial para efectos de determinar las pensiones de vejez, invalidez y
sobrevivientes, en los mismos términos de la prima especial de servicios de los
Magistrados de las Altas Cortes.

37. El reconocimiento de esta bonificación se extendió para los secretarios
generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional,
y al secretario judicial del Consejo Superior de la Judicatura, a través del Decreto 1239
de 199815 dictado por el presidente de la República.

38. En este orden de ideas, la bonificación por compensación tiene las
características que a continuación se enuncian:

i) Carácter permanente;

ii) solo constituye factor salarial para efectos pensionales en los mismos términos
que la prima especial de servicios de los magistrados de altas cortes;

iii) desde el Decreto 1102 de 2012 constituye base de cotización para los aportes
a salud;

iv) los beneficiarios son los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; a los
Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional,
y el Consejo Superior de la Judicatura; a los Abogados Auxiliares del Consejo de
Estado; a los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; a los Fiscales
del Tribunal Superior Militar, los Fiscales ante el Tribunal de Distrito, y los jefes
de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito; los secretarios generales de la
Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional, y al
secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura;

v) se paga mensualmente;

vi) con efectos fiscales desde el 1 de enero de 1999;

vii) inicialmente correspondía al 60% de los ingresos laborales que por todo
concepto perciben los magistrados de alta corte (1999). Para la vigencia fiscal
siguiente aumentó al 70% (2000);

viii) en la tercera vigencia fiscal aumentó al 80% (2001), de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte;

ix) la bonificación «sumada a la prima especial de servicios y a los demás
ingresos laborales actuales» debe igualar el 80% de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los magistrados de alta corte.

15 Por el cual se adiciona el Decreto número 610 del 26 de marzo de 1998.

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Demandante: Jaime Rodolfo Castellanos Casallas
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

39. Ahora bien, la sentencia del 18 de mayo de 201616, dictada por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, consideró que la prima especial de servicios del
artículo 15 de la Ley 4 de 1992 «tiene clara incidencia en la determinación de la
bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos
al Decreto 610 de 1998, pues el mismo, de manera semejante al artículo 1º del Decreto
10 de 1993, previó la nivelación salarial al 60%, 70% y 80% “… de lo que por todo
concepto devenguen los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la
Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado”
(subraya fuera del texto), para los años 1998, 1999, 2000 y siguientes,
respectivamente».

40. A renglón seguido, señaló que las cesantías de los magistrados de alta corte
también son un emolumento que se incluye en «todo lo devengado», comoquiera que
«el auxilio de cesantías es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los
jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría
violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política
de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza únicamente
con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por
compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo
2º del Decreto 610 de 1998».

41. En la misma línea, señaló que para calcular la diferencia entre lo devengado por
los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener en
cuenta las cesantías de los parlamentarios, «para, así, determinar el valor de la prima
especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».

42. A modo de conclusión, cabe precisar entonces que el valor de la bonificación
por compensación «es el resultado de la diferencia entre lo proyectado como ingresos
anuales que “por todo concepto” reciban los magistrados de Alta Corte y los
ingresos anuales de magistrado de Tribunal y demás cargos equivalentes, para fijar el
ingreso laboral de éstos últimos en un 80% a partir del año 2001»17.

43. Con posterioridad, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda, en la sentencia
del 2 de septiembre de 201918, reiteró que la bonificación por compensación hace parte
de un sistema de anclaje diseñado de forma escalonada, tal como lo explicó la Corte
Constitucional en la sentencia C-244 de 2013. La referida providencia también señaló
que, en virtud del Decreto 610 de 1998, los ingresos laborales de sus destinatarios, a
partir del año 2001, serían iguales al ochenta por ciento (80 %) de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte. Ciertamente, resaltó
que «el 80% de la bonificación por compensación para los magistrados y cargos
homologados es un límite que no puede ser superado con el reconocimiento de la
prima especial de servicios y de ningún otro beneficio económico laboral».

44. El citado Decreto 610 de 1998 fue derogado por el Decreto 2668 de 1998, en
consecuencia, cada año el Gobierno Nacional expidió los decretos para regular la

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 18 de mayo de 2016, Rad. 25000-23-

25-000-2010-00246-02(0845-15).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 8 de octubre de 2024, Rad. 25000-23-

42-000-2015-05188-02 (3217-2022), M.P. Clara Elisa Cifuentes Ortiz.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-

23-33-000-2016-00041-02(2204-18). Aclarada en auto del 7 de octubre de 2019.
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bonificación por compensación19. En efecto, el Gobierno nacional dictó los Decretos
664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001, 663 de 2002 y 3570 de
2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por
ejemplo, para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los
siguientes montos: $2.030.717 (1999), 2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410
(2002) y 2.491.911 (2003).

45. Ahora bien, el Decreto 2668 de 1998 fue anulado por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2001, expediente
395-99, con efectos «ex tunc». Por consiguiente, volvió a ser aplicable el Decreto 610
de 1998.

3.3.2. Bonificación de gestión judicial

46. El Decreto 4040 de 200420, en el artículo 1, creó la bonificación de gestión
judicial; determinó que era incompatible con la bonificación por compensación, y que
el valor correspondía a un porcentaje del 70% del valor integrado por la asignación
básica y los demás ingresos laborales de lo que por todo concepto devengaran los
magistrados de las altas cortes, cuyos destinatarios eran los funcionarios de la Rama
Judicial, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa.

47. La norma indicaba que la bonificación solo era factor salarial para efectos de
determinar las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y era parte integral del
ingreso base de liquidación, debiendo cotizarse mensualmente sobre lo devengado.

48. Los destinatarios eran los magistrados de Tribunal y Consejo
Seccional, magistrados auxiliares de las altas cortes, abogados asistentes y abogados
auxiliares del Consejo de Estado, fiscales delegados ante Tribunales de Distrito,
fiscales auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, directores ejecutivos seccionales
de Administración Judicial, y secretarios generales de la Corte Suprema de Justicia,
Consejo de Estado y Corte Constitucional y secretario judicial del Consejo Superior de
la Judicatura. Igualmente, tenían quienes ingresaron, con posterioridad a la publicación
de este decreto, a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen
de manera permanente como agentes del Ministerio Público ante los magistrados de
Tribunal a que se refiere el presente artículo.

49. En el artículo 2 se indicó que los destinatarios «podrán optar al reconocimiento
y pago de la Bonificación de Gestión Judicial, […] siempre y cuando se encuentren en
una de las siguientes situaciones: a) Quienes han iniciado acciones judiciales
relacionadas con la Bonificación por Compensación y desistan de sus pretensiones,
renunciando expresamente a la posibilidad de iniciar nuevamente acciones, en los
términos del artículo 342 del Código de Procedimiento Civil; b) Los que no han
efectuado tales reclamaciones y suscriban contratos de transacción para precaver
litigios futuros relacionados con la Bonificación por Compensación».

19 En efecto, el Gobierno nacional expidió los Decretos 664 de 1999, 2738 de 2000, 1476 de 2001, 2726 de 2001,

663 de 2002 y 3570 de 2003, que regularon la bonificación por compensación con valores fijos anuales, por ejemplo,
para el magistrado de Tribunal Nacional de Orden Público fueron los siguientes montos: $2.030.717 (1999),
2.218.153 (2000), 2.299.560 (2001), 2.407.410 (2002) y 2.491.911 (2003).
20 Por el cual se crea una Bonificación de Gestión Judicial para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.

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50. Sin embargo, la Sección Segunda, Sala de Conjueces, en sentencia del 14 de
diciembre de 201121, declaró la nulidad del citado Decreto 4040 de 2004, en atención
a que, para tener derecho a la bonificación de gestión judicial, los destinatarios debían
desistir de las demandas para obtener el pago de la bonificación por compensación
del Decreto 610 de 1998 o celebrar contratos de transacción. Se estimó que el Decreto
4040 de 2004 otorgó validez a la transacción sobre el pago de la bonificación por
compensación del 80%, pese a que los derechos laborales no pueden ser objeto de
negociación por las partes, dada su naturaleza de derecho adquirido y porque se violó
el principio de progresividad. Insistió entonces en que constitucionalmente está
prohibido renunciar a los derechos adquiridos o transar sobre derechos ciertos e
indiscutibles.

51. La Sala de conjueces precisó que, para una misma categoría de servidores
judiciales, con idénticas funciones, horarios, responsabilidades y requisitos, coexistían
dos regímenes vigentes: el Decreto 610 de 1998, que fijaba la asignación mensual en
el 80% de lo devengado por los magistrados de altas cortes, mientras que el Decreto
4040 de 2004 la establecía en el 70%, con lo cual se materializó un trato diferenciado
injustificado entre sujetos en igualdad de condiciones.

52. En este orden de ideas, se estableció que el Decreto 4040 de 2004 violó los
derechos al trabajo, a la igualdad y a la prohibición de transigir o conciliar sobre
derechos ciertos e indiscutibles.

53. Luego de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, el presidente de
la República dictó el Decreto 1102 de 201222, según el cual, a partir del 27 de enero
de 2012, la bonificación por compensación que venían percibiendo los beneficiarios 23
equivaldría al 80% de lo que por todo concepto devengaran los magistrados de alta
corte, con la connotación de ser «factor salarial para efecto del ingreso base de
cotización del Sistema General de Pensiones y del Sistema General de Seguridad
Social en Salud en los mismos términos de la Ley 797 de 2003».

54. El artículo segundo del referido Decreto 1102 de 2012 indicó que «como
consecuencia de la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, los servidores
que venían percibiendo la Bonificación de Gestión Judicial percibirán, a partir de la
fecha de ejecutoria de dicha sentencia, la bonificación por compensación en los
mismos términos y condiciones señaladas para su reconocimiento en el artículo 1° del
presente decreto».

3.4. Hechos probados relevantes

55. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede
establecer lo siguiente:

21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad. 11001-03-25-000-2005-00244-01 (10067-05), M.P. Carlos Arturo

Orjuela Góngora.
22 Por la cual se modifica la bonificación por compensación para los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios.
23 Magistrados de Tribunal, Magistrados de Consejo Seccional, Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,

Magistrados Auxiliares de las Altas Cortes, Abogados Asistentes y Abogados Auxiliares del Consejo de Estado,
Fiscales Delegados ante Tribunales de Distrito, Fiscales Auxiliares ante la Corte Suprema de Justicia, Directores
Ejecutivos Seccionales de Administración Judicial, Secretarios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Consejo
de Estado y Corte Constitucional y Secretario Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y los funcionarios
vinculados a la Procuraduría General de la Nación.
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56. El señor Jaime Rodolfo Castellanos Casallas se vinculó a la Procuraduría
General de la Nación, en el cargo de procurador judicial II, desde el 2 de septiembre
de 2016 a la fecha de la presentación de la demanda24.

57. El jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la
Nación certificó los haberes devengados por el demandante entre el 2 de septiembre
de 2016 y el 30 de julio de 2019, dentro de los cuales, se encuentra la bonificación por
compensación25.

58. Mediante escrito presentado el 9 de agosto de 2019, el señor Jaime Rodolfo
Castellanos Casallas solicitó a la Procuraduría General de la Nación el reconocimiento
y pago de las diferencias causadas por concepto de la bonificación por compensación,
liquidada en el 80% de los ingresos que por todo concepto perciben los magistrados
de las altas cortes, que debe corresponder a lo devengado por los congresistas,
incluidas las cesantías 26.

59. A través del oficio S-2019-017373 del 2 de septiembre de 2019, negó la solicitud
por considerar que al demandante se le ha reconocido, liquidado y pagado la
bonificación por compensación en virtud del Decreto 1102 de 2012, conforme a lo
certificado por la Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial, certificaciones en
que se relacionan los ingresos de los magistrados de las altas cortes para cada uno
de los años pretendidos27.

60. Se encuentra incorporado certificado expedido por la subdirectora de
prestaciones económicas (E) del Fondo de Previsión Social del Congreso de la
República el 15 de mayo de 2019, en el que hace constar los ingresos mensuales de
los congresistas, entre los años 1992 y 2018.

3.5. Caso concreto

3.5.1. Resolución del primer problema jurídico

61. De conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala delimita su competencia,
como juez de segunda instancia, a los argumentos expuestos en el recurso de
apelación presentado por la parte demandada.

62. Para la resolución del primer problema planteado, la Subsección advierte que
el Tribunal, después de citar la jurisprudencia relativa a la naturaleza de la prima
especial de servicios y de la bonificación por compensación, concluyó lo siguiente:

Esta Sala Transitoria, siguiendo el derrotero de la ley y las líneas jurisprudenciales,
reitera, que la Bonificación Por Compensación no tiene el carácter de factor salarial a
efectos de la liquidación y pago de las prestaciones sociales y sólo tendrá el carácter de
salarial para efectos de determinar el valor de las pensiones de cualquier naturaleza,
postura que se mantendrá en virtud del necesario respeto a los principios de legalidad,
seguridad jurídica e igualdad.

24
Según se lee en los hechos de la demanda y conforme se acepta en la contestación de la demanda, visible en
los fólios 48 a 56 del caderno principal.
25
Folio 15 del cuaderno principal.
26 Folios 10 y 11 del cuaderno principal.
27 Folios 12 y 13 del cuaderno principal.

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63. De esta manera, se advierte que el Tribunal no ordenó la reliquidación de
prestaciones sociales con la inclusión de la bonificación por compensación, como lo
afirma la entidad demandada en el recurso de apelación; por lo tanto, los reparos
expuestos por la parte demandada resultan infundados.

3.5.2. Procedencia del pago de las diferencias por concepto de bonificación por
compensación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1102 de 2012, en
los términos ordenados por la sentencia de primera instancia

64. La parte demandada adujo en el recurso de apelación que al acceder a la
reliquidación de la bonificación por compensación en los términos requeridos por el
demandante, se desconocerían las disposiciones que rigen la materia, ya que los
ingresos percibidos en cada año laborado por un procurador judicial II, no pueden
superar el porcentaje de ley, es decir, el 80% de la totalidad de los ingresos del
magistrado de alta corte.

65. En este orden de ideas, en primera medida la Subsección precisa que el actor,
quien ejerce el cargo de procurador judicial II, es beneficiario de la bonificación por
compensación, acorde con el Decreto 1102 del 24 de mayo de 2012, hecho que no es
discutido por las partes.

66. En cuanto a la bonificación por compensación se destaca que debe atender lo
dispuesto en el Decreto 1102 del 2012, el cual indica que «los funcionarios vinculados
a la Procuraduría General de la Nación, en empleos en los que actúen de manera
permanente como agentes del Ministerio Público ante los Magistrados del Tribunal,
antes señalados, equivaldrá a un valor que sumado a la asignación básica y demás
ingresos laborales iguale al ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto
devenguen anualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia Consejo de
Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura».

67. Cabe anotar que, en sentencia del 18 de mayo de 201628, la Sala de Conjueces
de la Sección Segunda consideró que para calcular la diferencia entre lo devengado
por los congresistas y lo percibido por los magistrados de alta corte, se debían tener
en cuenta las cesantías, «para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio
a la que tienen derecho estos últimos [magistrados de alta corte]».

68. También señaló que la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de
1992, debe observar «para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales
anuales de carácter permanente devengados por los Congresistas». Así pues, la
discusión sobre la liquidación de la prima especial de los magistrados de altas cortes
se resolvió en la providencia de conjueces de 2016.

69. Entonces, se reitera que el derecho discutido en el proceso está regulado en el
Decreto 1102 del 2012. Por consiguiente, la liquidación debe realizarse hasta alcanzar
el tope del 80%, y que conlleva a la obligación correlativa de la entidad accionada de
hacer el cálculo correcto de la bonificación por compensación, tal y como lo manifestó
el Tribunal al precisar que la reliquidación de la bonificación procede, siempre que, en
la respectiva anualidad, los ingresos anuales percibidos por el actor no hayan

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00246-
02, actor: Jorge Luis Quiroz Alemán y otros.
14
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alcanzado el tope del 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta
corte, incluido en ello las cesantías de los congresistas.

70. En consecuencia, no se advierte imprecisión alguna en la sentencia de primera
instancia al ordenar el reconocimiento de las diferencias a que tiene derecho el
accionante por concepto de bonificación por compensación, señalando (i) que debe
considerarse para su cálculo lo devengado por los magistrados de altas cortes, por
ejemplo, la prima de servicio; (ii) que la remuneración de estos es equivalente a la de
los congresistas, incluyendo las cesantías y; (iii) que lo reconocido en ningún caso
puede sobrepasar el referido tope. Esto en la medida que los anteriores parámetros
corresponden a lo señalado por la ley (art. 14 y 15 de la Ley 4 de 1992, decretos 610
de 1998 y 1102 del 2012) y la jurisprudencia frente a casos similares.

71. Por lo tanto, frente al segundo problema jurídico planteado, se estima que sí
procede el pago de las diferencias por concepto de bonificación por compensación, en
los términos ordenados en la sentencia de primera instancia.

3.6. Consideraciones adicionales

72. Finalmente, al ser el derecho a la seguridad social irrenunciable29 e
imprescriptible30, se adicionará la sentencia para disponer que la entidad reliquide y
pague los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en
favor del demandante por las diferencias dejadas de pagar por la bonificación por
compensación desde el 2 de septiembre de 2016 y hasta la fecha que ocupe el cargo
que le otorga el derecho.

73. Esto en consideración a que la referida prestación, de conformidad con el
Decreto 1102 de 2012, es ingreso base de cotización para el Sistema General de
Pensiones.

74. También se adicionará la decisión apelada, en el sentido de aclarar que lo
reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente siempre y
cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas no se hayan
cancelado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a esta hacer la
verificación correspondiente.

75. Lo anterior teniendo en cuenta, por ejemplo, como se indicó al resolver el
problema jurídico, que el Decreto 1102 de 2012 dispuso a partir del 27 de enero de
2012, el reconocimiento de la bonificación por compensación equivalente al 80% de lo
percibido por los magistrados de alta cortes, es decir, en los términos solicitados por
el peticionario y reconocidos por el juez de primera instancia.

29
Constitución Política, artículo 48. En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los principios
mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos
en normas laborales».
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes
para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones
sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el
carácter de emolumentos económicos temporales».
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3.7. Conclusión

76. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que el señor Jaime Rodolfo
Castellanos Casallas tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia de lo que
percibió por bonificación por compensación y lo que debió devengar por dicho
concepto, siempre que en la respectiva anualidad los ingresos del demandante no
hayan alcanzado el tope del 80 % devengado por todo concepto por un magistrado de
alta corte, que debe corresponder a lo devengado por los congresistas, con la inclusión
de las cesantías.

3.8. Costas

77. En lo atinente a las costas, la presente providencia acoge el criterio de
interpretación mayoritario31 de la Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, por razones de seguridad jurídica e igualdad, consistente en que para decretar
la condena debe verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala
fe.

78. Por lo tanto, no hay lugar en esta instancia a imponer dicha condena, en
atención a que no se advierte que la entidad demandada haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar parcialmente la sentencia dictada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, el 28 de febrero
de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda promovida por Jaime Rodolfo
Castellanos Casallas contra la Procuraduría General de la Nación por los motivos
expuestos en la parte motiva de esta providencia.

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La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00193-02 (4375-2023)
Demandante: Jaime Rodolfo Castellanos Casallas
Demandada: Nación, Procuraduría General de la Nación

SEGUNDO. Adicionar la sentencia para disponer que la entidad accionada debe
reliquidar y pagar los aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones en favor del señor Jaime Rodolfo Castellanos Casallas, desde el 2
de septiembre de 2016 con ocasión de las diferencias surgidas a causa del reajuste
ordenado a título de bonificación por compensación y hasta el día en que funja en el
cargo de procurador judicial II u otro equivalente.

Asimismo, que lo reconocido con ocasión del proceso de la referencia, será procedente
siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones ordenadas
no se hayan cancelado por la entidad accionada previamente. Por lo que concierne a
esta hacer la verificación correspondiente.

TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia.

CUARTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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