Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00283-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00283-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000 23 42 000 2020 00283 01 (4370-2021)
Demandante: Bernardo Alfonso Garzón
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y la Caja de Retiro de
las Fuerzas Militares
Temas: Devolución de mesada. Incompatibilidad entre la asignación de
retiro y la pensión de invalidez. Miembros de la Fuerza Pública.
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Caja
de Retiro de las Fuerzas Militares contra la sentencia proferida el 11 de mayo de
2021 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a
las súplicas de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Pretensiones de la demanda1
2. El demandante por intermedio de apoderado solicitó declarar la nulidad de los
artículos 2, 3 y 4 de la Resolución 7333 del 9 de julio de 2019 y el artículo 1 de la
Resolución 8696 del 14 de agosto de 2019, que ordenaron la devolución de unas
sumas de dinero devengadas por concepto de asignación de retiro. A título de
restablecimiento del derecho se reconozca y pague por concepto de indemnización
por perjuicios inmateriales el equivalente a 100 SMLMV por perjuicio moral y 100
SMLMV por violación a derechos constitucionales y convencionalmente amparados.
2.2. Hechos que fundamentan la demanda
3. Se afirma que el 11 de mayo de 1970 el demandante se incorporó al Ejército
Nacional como soldado y el 4 de marzo de 1991 fue retirado del servicio mediante
Resolución 0115 de 1991 cuando ostentaba el grado de sargento viceprimero. Luego
con Resolución 1981 del 24 de noviembre de 1992, CREMIL le reconoció asignación
de retiro efectiva a partir del 4 de junio de 1991. El 17 de mayo de 2018 le fue
practicada Junta Médico Laboral, con la que se determinó un 85.16% de DCL, por esta
razón el Ministerio de Defensa a través de la Resolución 1117 del 20 de marzo de
2019, le reconoció pensión de invalidez.
4. Mediante escrito radicado 20383215 del 26 de abril de 2019, el demandante
solicitó la extinción de la asignación de retiro, petición que fue resuelta a través de
la Resolución 7339 del 9 de julio de 2019, accediendo a ello a partir del 4 de junio
1 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_01DEMANDAYANEXOSF(.PDF) folios 3 a 15
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00283 01 (4370-2021)
Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
de 1991, por haberse acogido a la pensión de invalidez reconocida por el Ministerio
de Defensa Nacional, así mismo se ordenó a esta última entidad descontar de las
sumas reconocidas por concepto de pensión mensual de invalidez el valor de
$502.789.153 que recibió de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares por concepto
de asignación de retiro entre el 4 de junio de 1991 al 31 de mayo de 2019.
Inconforme con esta decisión presentó recurso de reposición, que fue desatado a
través de la Resolución 8696 del 14 de agosto de 2019.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
5. Citó como normas vulneradas el preámbulo y los artículos 1, 2, 13, 29, 48, 90 de
la Constitución Política; artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 y los artículos 10 y 138
de la Ley 1437 de 2011.
6. Señaló que es infundada la consideración del numeral 8 de la Resolución 7333
del 9 de julio de 2019 que ordenó al demandante devolver la suma de $502.789.150
que recibió por concepto de asignación de retiro entre junio de 1991 y el 31 de mayo
de 2019, toda vez que esas mesadas fueron adquiridas dentro del marco de
legalidad, transparencia y buena fe. Que la entidad omitió analizar el fenómeno
prescriptivo en punto al pago de las mesadas recibidas por concepto de asignación
de retiro; a lo que se suma que desconoció el procedimiento del proceso de cobro
coactivo, puesto que sin mediar un proceso declaró al demandante como deudor de
la entidad y ordenó medidas cautelares sobre todos los dineros que llegase a
percibir hasta el monto equivalente a $502.000.000, que corresponden a las
mesadas que por concepto de asignación de retiro devengó entre 1991 y 2019; en
ese sentido consideró que le fue vulnerado el derecho al debido proceso.
1.4. Contestación de la demanda
7. La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares2, por intermedio de apoderado se
opuso a las súplicas incoadas insistiendo en la presunción de legalidad de los actos.
Sostuvo que a través de la Resolución 1981 del 24 de noviembre de 1992, CREMIL
reconoció asignación de retiro al demandante a partir del 4 de junio de 1991; así
mismo, el Ministerio de Defensa por medio de la Resolución 1117 del 20 de marzo
de 2019, le reconoció pensión de invalidez a partir del 4 de junio de 1991, pero con
efectos fiscales a partir del 1 de noviembre de 2013, por efectos de la prescripción.
8. Afirmó que en atención al artículo 128 de la Constitución Política, nadie puede
recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, así mismo el artículo
36 del Decreto 4433 de 2004, dispone que las asignaciones de retiro y pensiones
con incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades
del derecho público, pero el interesado puede optar por la más favorable.
9. Concluye entonces, que la fecha a partir de la cual debía extinguirse la asignación
de retiro del uniformado corresponde al 4 de junio de 1991, por lo que es procedente
descontar de la pensión de invalidez, las sumas que por concepto de asignación de
retiro devengó entre el 4 de junio de 1991 y el 31 de mayo de 2019, pues, no es
posible que por el mismo periodo perciba ambas prestaciones.
10.Notificada de la existencia del presente asunto la Nación – Ministerio de
Defensa3, no contestó la demanda4.
2 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_06ADMISIONDDARECO(.PDF)
3 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
15ED_ACTUACIONE_07NOTIFICACIONADMISO.pdf
4 Tal como quedó anotado en auto del 24 de marzo de 2021 - expediente digital segunda instancia índice samai
2 archivo 19ED_ACTUACIONE_11PRESCINDEALEGAT.pdf
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Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
1.5. Sentencia de primera instancia5
11. En sentencia proferida el 11 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró la nulidad parcial de las Resoluciones 7333 del 9 de julio de
2019 y 8696 del 14 de agosto de 2019, proferida por la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares, en la medida en que ordenaron la devolución de las mesadas que recibió
el demandante desde el 4 de junio de 1991 al 31 de mayo de 2019; y a título de
restablecimiento del derecho ordenó al Ministerio de Defensa que del retroactivo
pensional reconocido al señor Garzón Garzón en la Resolución 1117 del 20 de mayo
de 2019, haga los descuentos correspondientes para devolver a CREMIL lo pagado
por concepto de asignación de retiro desde el 1 de noviembre de 2013 al 31 de
mayo de 2019, garantizando que no haya afectación al mínimo vital del actor.
12. Señaló que el artículo 128 de la Carta contempla la prohibición de devengar
más de una asignación que provenga del tesoro público, y que además para el
personal uniformado de las Fuerzas Militares y de Policía, el Gobierno Nacional en
el Decreto 4433 de 2004, reguló expresamente la incompatibilidad entre asignación
de retiro y pensiones a que hace referencia el artículo 36 ibidem, razón por la cual
el interesado podía optar por la más favorable a sus intereses.
13. Para el caso del demandante a través de la Resolución 1981 del 24 de
noviembre de 1992, CREMIL le reconoció asignación de retiro a partir del 4 de junio
de 1991, con posterioridad y en cumplimiento de una orden de tutela, fue valorado
por la Junta Médico Militar, que en acta 100999 del 17 de mayo de 2018, determinó
que tenía una disminución en su capacidad laboral del 85.16%, por esta razón el
Ministerio de Defensa Nacional profirió la Resolución 1117 del 20 de mayo de 2019,
a través de la cual le reconoció pensión de invalidez a partir del 4 de junio de 1991,
pero con efectos fiscales a partir del 1 de noviembre de 2013, por efectos de la
prescripción, prestación que quedó condicionada a la extinción de la asignación de
retiro.
14. El 26 de abril de 2019, previa solicitud del actor, con Resolución 7333 del 9 de
julio de 2019, se extinguió la asignación de retiro percibida por aquel a partir del 4
de junio de 1991, por haberse acogido a la pensión de invalidez a cargo del
Ministerio de Defensa, en el mismo acto administrativo se ordenó descontar de las
sumas liquidadas por concepto de pensión mensual de invalidez la suma de
$502.789.153 correspondiente a los valores que recibió por parte de CREMIL por
concepto de asignación de retiro en el periodo comprendido entre el 4 de junio de
1991 y el 31 de mayo de 2019, decisión que fue recurrida por el demandante y
confirmada a través de la Resolución 8696 del 14 de agosto de 2019.
15. En ese orden, el Tribunal diferenció dos interregnos de tiempos en relación con
la situación jurídica del demandante, el primero comprendido entre el 4 de junio de
1991, fecha a partir de la cual comenzó a devengar la asignación de retiro y hasta
el 1 de noviembre de 2013, fecha a partir de la cual se pagaría la pensión de
invalidez; y un segundo periodo transcurrido entre el 1 de noviembre de 2013 y el
31 de mayo de 2019, fecha de extinción de la asignación de retiro. En relación con
el primer periodo señaló que no es procedente la devolución de las sumas recibidas
por concepto de asignación de retiro, pues en ese tiempo el actor recibió las
mesadas de buena fe y el reconocimiento de la pensión de invalidez por parte del
Ministerio de Defensa no facultó a CREMIL para cobrar unos dineros recibidos de
5 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_19SENTENCIAPRIMERA(.pdf)
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Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
buena fe, que además tienen origen en un acto administrativo que goza de
presunción de legalidad; agregando que sobre ese periodo no fue reconocida suma
alguna por concepto de pensión de invalidez, por lo que no estaba incurso en una
incompatibilidad.
16. No ocurre lo mismo con el segundo interregno, esto es, desde el 1 de noviembre
de 2013 hasta el 31 de mayo de 2019, toda vez que al demandante en la Resolución
1117 del 20 de mayo de 2019, el Ministerio de Defensa le reconoció un retroactivo
pensional a partir del 1 de noviembre de 2013, tiempo en el que a su vez devengó
asignación de retiro, por lo que en virtud de la prohibición constitucional de recibir
doble asignación del tesoro público, durante dicho tiempo procede la devolución de
los dineros.
17. Finalmente, y en cuanto al reconocimiento de una indemnización por los
perjuicios inmateriales reclamados, negó la pretensión como quiera que el
demandante no allegó prueba de ello al plenario.
1.6. Recurso de apelación6
18. A través de apoderada, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares presentó
recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia; alegó que los actos
acusados no estaban viciados de nulidad; y señaló que yerra el a quo al considerar
que la devolución de las sumas solo aplica a partir del año 2013.
19. Expresó que dicha devolución tiene lugar desde el 4 de junio de 1991, como se
dispuso en los actos administrativos demandados, para el efecto rememora que la
asignación de retiro fue reconocida a partir del 4 de junio de 1991, y que
posteriormente con Resolución 1117 del 20 de marzo de 2019, se reconoció pensión
de invalidez al demandante, prestación también efectiva desde el 4 de junio de
1991, siendo declarada la prescripción de las mesadas causadas con anterioridad
al 31 de noviembre de 2013; de manera que, por expresa prohibición del artículo
128 de la Carta, el actor no puede devengar las dos prestaciones durante el mismo
periodo, por lo que es procedente la devolución desde la data en mención y no a
partir del mes de noviembre de 2013, como lo dispuso el tribunal.
20. Finalmente, solicitó que no se le imponga condena en costas en segunda
instancia, ya que no se ha incurrido en actuación dilatoria.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
21.Por auto calendado el 1 de febrero de 2022, se admitió el recurso de apelación7.
No hubo intervenciones en esta instancia.
22. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23. De acuerdo De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es
6 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_21CORREORECURSOAPELA
7 Expediente segunda instancia índice 4 de la plataforma Samai
8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual manera, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso9, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, únicamente una de las
partes presentó recurso de alzada, el análisis se encuentra limitado a lo allí
plasmado.
2.2. Cuestión previa
24. En la demanda el señor Bernardo Alfonso Garzón Garzón alega que CREMIL
desconoció el procedimiento establecido para efectos del cobro coactivo y que en
su lugar ordenó la devolución de las mesadas reconocidas al demandante por
concepto de asignación de retiro, actuación con la que vulneró su derecho al debido
proceso y defensa, no obstante, en la sentencia proferida en primera instancia, no
existe pronunciamiento respecto a este punto.
25. Sobre el particular, resulta pertinente señalar que si bien esta Subsección en
diferentes providencias ha orientado que la competencia es un criterio de validez de
los actos administrativos, motivo por el cual en asuntos de contornos similares al
analizado se ha estudiado de fondo las pretensiones encaminadas a cuestionar la
actuación de la administración cuando se atribuye facultades de autotutela para
ordenar el reintegro de sumas10 lo cierto es que, el marco de competencia en
segunda instancia lo fija el recurso de apelación, y dado que no se planteó tal asunto
con la alzada, no es posible abordarlo, pues se desconocería el principio de
congruencia; a lo que se suma que CREMIL actúa como apelante único, razón por
la cual en aplicación del principio de la no reformatio in pejus no es posible hacer
más gravosa su situación.
2.3. Del problema jurídico
26. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la decisión del tribunal de
instancia se ajusta a derecho, en la medida que ordenó la devolución de las sumas
reconocidas a favor del señor Bernardo Alfonso Garzón Garzón por concepto de
asignación de retiro durante el periodo transcurrido entre el 1 de noviembre de 2013
y el 31 de mayo de 2019; o por el contrario, como lo aduce la entidad en el recurso,
ello procede desde el 4 de junio de 1991, data a partir de la cual sostiene fueron
reconocidas tanto la asignación de retiro como la pensión de invalidez.
2.3. Normas y jurisprudencia aplicable al asunto
2.3.1. De la prohibición de recibir más de una asignación que provenga del
erario público.
27. El artículo 128 de la Constitución Política dispone que “Nadie podrá
desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en
las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente
determinados por la ley.”
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de mayo de 2025. Rad.76001 23
33 000 2013 00980 01 (0020-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección A. Sentencia del 27 de febrero de 2025. Rad. 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020). C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez;
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Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
28. La disposición en cita fue reglamentada por el artículo 19 de la Ley 4ª de
199211, que reiteró lo expuesto en la norma constitucional respecto a la prohibición
de recibir más de una erogación que provenga del Tesoro Público y además fijó
unas excepciones a esta regla general, entre las que se encuentran las
asignaciones percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o
policial de la Fuerza Pública, excepción que no es absoluta y debe ser analizada
con fundamento en las normas que regulan la compatibilidad en materia de salarios
y prestaciones para el personal de las Fuerzas Militares y de Policía.
29. Sobre el particular y en punto a la compatibilidad ente asignación de retiro y
pensiones, el artículo 175 del Decreto 1211 de 199012, señala lo siguiente:
«Artículo 175. Forma de pago de asignaciones de retiro y pensiones. Las
asignaciones de retiro y pensiones militares se pagarán por mensualidades vencidas
durante la vida del agraciado y son compatibles con los sueldos provenientes del
desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la actividad militar por
movilización o llamamiento colectivo al servicio.
Las asignaciones de retiro y las pensiones militares son incompatibles entre sí y
no son reajustables por servicios prestados a entidades de derecho público;
igualmente son incompatibles con las pensiones de invalidez o de retiro por vejez,
pero el interesado puede optar por la más favorable.
Las asignaciones de retiro y las pensiones militares son compatibles con las pensiones
de jubilación e invalidez provenientes de entidades del derecho público. (Resalta la
Sala)»
30. En igual sentido el artículo 36 del Decreto 4433 de 200413, se refirió al tema
objeto de estudio en el presente asunto así:
«Artículo 36. Compatibilidad de la asignación de retiro y pensiones. Las asignaciones
de retiro y pensiones previstas en el presente decreto, son compatibles con los sueldos
provenientes del desempeño de empleos públicos, incluidos los correspondientes a la
actividad militar o policial, por movilización o llamamiento colectivo al servicio y con las
pensiones de jubilación e invalidez provenientes de entidades de derecho público.
Las asignaciones de retiro y las pensiones de que trata el presente decreto, son
incompatibles entre sí y no son reajustables por servicios prestados a entidades
de derecho público, pero el interesado puede optar por la más favorable. (Resalta
la Sal)»
31. En ese orden, si bien las asignaciones de retiro reconocidas a los miembros de
la Fuerza Pública y de Policía están investidas de la excepción de incompatibilidad,
aquella no resulta absoluta, en tanto la ley en forma taxativa señaló en qué casos
los emolumentos a cargo del tesoro público pueden ser devengados de manera
concomitante, así: i) los salarios por el desempeño de otros empleados públicos con
posterioridad al retiro, ii) las asignaciones provenientes de la actividad militar o
policial por movilización o llamamiento colectivo al servicio, y iii) las pensiones de
jubilación e invalidez siempre y cuando provengan de otra entidad de derecho
público; así las cosas, solo ante estas tres circunstancias es posible la
compatibilidad entre la asignación de retiro y otras asignaciones que provengan del
tesoro público
11 Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que
provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado.
Exceptúanse las siguientes asignaciones:
(...)
b. Las percibidas por el personal con asignación de retiro o pensión militar o policial de la Fuerza Pública;
12 Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares
13 Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública
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Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
32. Se concluye entonces que existe incompatibilidad entre la asignación de retiro y
las pensiones de invalidez reconocidas a favor de los miembros de la Fuerza Pública
siempre y cuando ambas provengan de la entidad castrense.
33. En sentencia C-432 de 200414, la Corte Constitucional orientó sobre la
incompatibilidad entre la asignación de retiro y otras prestaciones propias del
régimen especial de los miembros de la fuerza pública, atendiendo a que la causa
o fuente del reconocimiento de la prestación es la misma, veamos:
34. En ese horizonte de comprensión, resulta diáfano concluir que la asignación de
retiro y la pensión de invalidez resultan incompatibles, conservando el derecho el
beneficiario a optar por la más favorable.
«Por otra parte, la doctrina viviente a partir de la interpretación sistemática de los
Decretos-Leyes 1211, 1212, 1213 y 1214 de 1990, ha reconocido la incompatibilidad
de la asignación de retiro y de las otras pensiones militares, como prestaciones
fundamentales del régimen especial de los miembros de la fuerza pública.
Dicha incompatibilidad se origina en la prohibición constitucional de conceder más de
una asignación que provenga del tesoro público, cuya causa o fuente de
reconocimiento sea la misma, es decir, en este caso, la prestación del servicio militar
durante largos períodos de tiempo[30]. Por ello, no es cierto como lo sostiene la
accionante que se trate de un beneficio adicional desproporcionado e irracional. Por
el contrario, se trata de una prestación susceptible de reconocimiento por el retiro del
servicio activo (al igual que la pensión de vejez) y que, por su propia naturaleza, es
incompatible con otras pensiones militares. Lo anterior, no es óbice para que se
reconozcan pensiones de jubilación e invalidez provenientes de otras entidades de
derecho público, siempre que se causen en diferente tiempo, provengan de distinta
causa y tengan un objeto no asimilable.»
2.4. Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto
35. Se encuentra acreditado en el proceso que a través de la Resolución 1981 del
24 de noviembre de 1992, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares con fundamento
en las disposiciones contenidas en Decreto 1211 de 1990, reconoció asignación de
retiro al sargento viceprimero Bernardo Alfonso Garzón Garzón, a partir del 4 de
junio de 1991, en cuantía del 74% del sueldo en actividad correspondiente a su
grado, sin que se le ordenara pago de retroactivo alguno15.
36. En cumplimiento de un fallo de tutela proferido el 1 de noviembre de 2016, el
señor Bernardo Alfonso Garzón Garzón fue valorado por la Junta Médica Laboral
de Sanidad del Ejército Nacional, autoridad médica que en acta 100999 del 17 de
mayo de 2018 determinó que tenía una pérdida de capacidad laboral del 85.16%16.
37. Con fundamento en lo anterior, la Secretaría General del Ministerio de Defensa
a través de la Resolución 1117 del 20 de marzo de 201917, le reconoció pensión de
invalidez atendiendo a lo dispuesto en los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014
(normas vigentes al momento de la valoración médico laboral), prestación efectiva
a partir del 4 de junio de 1991, pero con efectos fiscales a partir del 1 de noviembre
de 2013 por prescripción. En punto al reconocimiento de la pensión de invalidez se
destaca del acto lo siguiente:
«(…) si bien es cierto el retiro del Sargento Viceprimero del Ejército Nacional, GARZÓN
GARZÓN BERNARDO ALFONSO, se produjo en vigencia del Decreto 1211 de 1990, es
14 Sentencia C- 432 de 2004. Magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil
15 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_01DEMANDAYANEXOSF(.PDF) folios 17 - 19
16 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_01DEMANDAYANEXOSF(.PDF) folios 20 a 24
17 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_01DEMANDAYANEXOSF(.PDF) folios 26 - 32
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00283 01 (4370-2021)
Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
decir el 04 de marzo de 1991, es claro que el citado Suboficial no cumplía en ese momento
con la totalidad de los requisitos exigidos por dicho decreto, para acceder a la pensión de
invalidez, siendo estos la Junta Médica Laboral y el retiro del servicio, razón por la cual no
es procedente su aplicación.
Teniendo en cuenta que la Junta Médico Laboral que el otorgó el derecho al Sargento
Viceprimero del Ejército Nacional GARZÓN GARZÓN BERNARDO ALFONSO, se
practicó en vigencia de los Decretos 4433 de 2004 y 1157 de 2014, cumpliéndose así con
la totalidad de los requisitos exigidos para acceder a la pensión de invalidez es procedente
indicar que en el presente caso se aplican dichos marcos normativos, ya que en vigencia
del Decreto 1211 de 1990, no fue resuelta su situación jurídica, por cuanto al momento
del retiro no se le practicó la Junta Médico Laboral, como se evidencia en el Numeral III
correspondiente a Antecedentes de la Junta Médica Laboral No. 1000999 del 17 de mayo
de 2018 (folio 29).
(…)
Que por lo anterior, es preciso manifestar que se ha configurado la prescripción
respecto de las mesadas causadas con anterioridad al 1 de noviembre de 2013,
tomando como referencia la fecha en que se hizo exigible el derecho, esto es el 1 de
noviembre de 2016 (fecha del fallo de tutela que originó el Acta de la Junta Médica Laboral
No. 100999 del 17 de mayo de 2018, folio 29 a 31) y Acta Adicional No. 3704 del 09 de
febrero de 2019, (folio 142).»
38. De otra parte, en ese mismo acto el Ministerio señala que la asignación de retiro
y la pensión de invalidez son incompatibles, razón por la cual el demandante para
efectos del pago de la última prestación en comento debía allegar copia del acto
administrativo que declara la extinción de la asignación de retiro debidamente
ejecutoriado.
39. Mediante oficio 20383216 del 26 de abril de 201918, el señor Garzón Garzón
solicitó a CREMIL extinguir la su asignación de retiro que venía percibiendo, lo que
dio lugar a la Resolución 7333 del 9 de julio de 201919, que ordenó la extinción de
dicha prestación a partir del 4 de junio de 1991 por haberse acogido a la pensión
de invalidez a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. Así mismo dispuso que
esta última debía descontar de las sumas liquidadas por concepto de pensión de
invalidez el valor de $502.789.153 a favor de la CREMIL por concepto de mesadas
de asignación de retiro pagadas entre el 4 de junio de 1991 y el 31 de mayo de
2019; que en caso de no ser posible el descuento parcial o total por parte del
Ministerio de Defensa de las sumas adeudadas por el demandante, dicho acto
administrativo prestaría mérito ejecutivo a fin de iniciar las acciones coactivas
correspondientes, y que los valores existentes en la cuenta de acreedores varios a
nombre del actor con posterioridad el 31 de mayo de 2019, pasen a recursos de la
Caja.
40. Inconforme con esta decisión, el 2 de agosto de 2019 presentó recurso de
reposición, en el cual señaló que la petición por medio de la cual solicitó la extinción
de la asignación de retiro data del 26 de abril de 2019, no obstante se extinguió el
derecho desde junio de 1991; por tanto, era improcedente la devolución de
$502.789.150, teniendo en cuenta que se traba de sumas recibidas de buena fe.
Aunado a que destacó que la entidad declaró prescrito el pago de las mesadas
causadas con anterioridad al 1 de noviembre de 2013, no obstante, ordenó la
devolución de las sumas causadas por el periodo comprendido entre el 4 de junio
de 1991 y el 31 de mayo de 201920. El mencionado recurso fue desatado por
18 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_01DEMANDAYANEXOSF(.PDF) folios 33 - 35
19 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_01DEMANDAYANEXOSF(.PDF) folios 36 - 38
20 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_01DEMANDAYANEXOSF(.PDF) folios 39 - 43
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00283 01 (4370-2021)
Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
CREMIL mediante Resolución 20416785 del 14 de agosto de 2019, confirmando en
su integridad el contenido del acto recurrido21.
41. De cara a desatar la alzada, se tiene que CREMIL con el recurso cuestiona el
extremo temporal inicial dispuesto por el tribunal para efectos de la devolución de
sumas percibidas por el actor por concepto de asignación de retiro, ya que resulta
incompatibles con la pensión de invalidez que posteriormente le fue reconocida. En
ese orden, insiste en que la devolución debe efectuarse desde el 4 de junio de 1991
y hasta el 31 de mayo de 2019 –extremo final que no cuestiona-.
42. Pues bien, la Sala anticipa que confirmará la sentencia recurrida que dispuso la
mentada devolución de sumas desde el 1º de noviembre de 2013 y hasta el 31 de
mayo de 2019, como pasa a explicarse.
43. Respecto al periodo que reclama CREMIL –4 de junio de 1991 a 1 de noviembre
de 2013-, se tiene que el a quo consideró que no había lugar a su devolución, en la
medida en que el actor devengó las sumas por asignación de retiro de buena fe, de
manera que el posterior reconocimiento de la pensión de invalidez no habilita la
devolución de las mismas, destacando que en todo caso, por ese mismo periodo no
le fue reconocido valor alguno por concepto de pensión de invalidez, no
estructurándose una incompatibilidad entre tales prestaciones.
44. Ahora, CREMIL con el recurso no desvirtúa el análisis del tribunal respecto a la
buena fe del actor, sino que insiste en que se presenta una incompatibilidad en la
medida en que ambos conceptos se reconocieron desde la misma fecha, por lo que
será sobre este último tópico sobre el cual la Sala centrará el análisis.
45. Enefecto, como lo sostiene la entidad apelante, la asignación de retiro y la
pensión de invalidez son incompatibles, sin embargo, la situación particular del actor
no evidencia que este hubiere percibido ambos conceptos durante el periodo
transcurrido entre el 4 de junio de 1991 y el 1 de noviembre de 2013.
46. Para dar claridad a este punto, constata la Sala que las siguientes situaciones
administrativas respecto a la efectividad del derecho y pago de la asignación de
retiro y pensión de invalidez, veamos:
Concepto Acto Fecha de efectividad del Fecha hasta la cual
administrativo derecho la devengó la
prestación
Reconocimiento Resolución 1981
asignación de del 24 de 4 de junio de 1991 31 de mayo de 2019
retiro noviembre de
1992
Reconocimiento Resolución 1117 4 de junio de 1991, pero con Se encuentra activa
Pensión de de 20 de marzo de efectos fiscales a partir del 1
invalidez 2019. de noviembre de 2013, por
prescripción.
No obstante, para el pago de
la prestación por invalidez, el
Ministerio solicitó al
demandante aportar copia del
acto administrativo de
extinción de la asignación de
21 Expediente digital segunda instancia índice samai 2 archivo
ED_ACTUACIONE_01DEMANDAYANEXOSF(.PDF) folios 44 - 47
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00283 01 (4370-2021)
Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
retiro debidamente
ejecutoriado.
Extinción de la Resolución 7333 Ordenó la extinción de la No aplica
asignación de del 9 de julio de asignación de retiro a partir
retiro y devolución 2019 del 4 de junio de 1991 y la
de sumas. devolución de las sumas
causadas por concepto de
asignación de retiro entre el 4
de junio de 1991 al 31 de
mayo de 2019.
47. Sobre el particular, se observa que en la Resolución 1117 del 20 de marzo de
2019, la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional, al momento de
reconocer la pensión de invalidez al demandante señaló que la prestación sería
efectiva a partir del 4 de junio de 1991, pero con efectos fiscales a partir del 1
de noviembre de 2013, por prescripción, estudio este último para lo cual precisó
que la fecha en que se hizo exigible el derecho correspondía al 1 de noviembre de
2016 (fecha del fallo de tutela que originó el Acta de la Junta Médica Laboral No.
100999 del 17 de mayo de 2018, folio 29 a 31) y Acta Adicional No. 3704 del 09 de
febrero de 2019, (folio 142).”, lo anterior significa que para la entidad el derecho a
la pensión de invalidez surgió con el fallo de tutela proferido el 1 de noviembre de
2016, que ordenó a la Junta Médica su valoración a efectos de determinar el
porcentaje de pérdida de la capacidad laboral.
48. Además, al verificar el acta de la Junta Médico Laboral se advierte que no se
estableció que la pérdida de capacidad laboral tuviera origen en la misma fecha en
que se produjo el retiro del servicio del demandante, es más a partir de la
documentación aportada no se puede establecer la fecha a partir de la cual se
estructuró la invalidez.
49. En ese orden concluye la Sala que, si bien CREMIL extinguió la asignación de
retiro reconocida a favor del señor Garzón Garzón a partir del 4 de junio de 1991, lo
cierto es que los efectos del pago producto del reconocimiento de la pensión de
invalidez solo fueron exigibles a partir del 1 de noviembre de 2013, lo anterior
significa que, por este periodo no devengó dos asignaciones provenientes del tesoro
público, y por tanto no se presenta el supuesto contemplado en el artículo 128
Constitucional.
50. Finalmente, se observa que con el recurso se aduce que se desconoce la
jurisprudencia, entre esta, la sentencia del 1 de marzo de 2007, dentro del proceso
identificado con número interno 4782-2005. Sobre el particular encuentra la Sala
que los supuestos fácticos analizados en esa providencia no son similares a los
revisados en el presente asunto, toda vez que en esa oportunidad la orden de
extinción de la prestación y devolución de sumas tuvo fundamento en el reintegro
del demandante al servicio activo y el consecuente pago de los salarios y
prestaciones. De otra parte, la entidad cita una sentencia calendada el 31 de agosto
de 2006, sin embargo, no suministran los datos que permitan su identificación por
lo que no es posible analizar si guarda relación con el asunto que aquí se debate.
2.5. Conclusión
51. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta decisión.
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 25000 23 42 000 2020 00283 01 (4370-2021)
Demandante: Bernardo Alfonso Garzón Garzón
2.6. Condena en costas en segunda instancia
52. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
53. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
54. En tal virtud, contrario a lo alegado con el recurso, la eventual condena se
impondrá a la parte vencida sin que sea necesario verificar si realizó o no actos
dilatorios; y la liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP
teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
55. En consecuencia, se impondrán costas a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares por cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley.
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en atención a lo dispuesto en esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares, conforme lo indicado en la parte motiva.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/
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