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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00222-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2015-00222-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dos (2) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se negaron las pretensiones, la cual quedará así: Segundo. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de la Policía Nacional. 23 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. 24 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 15 Radicado: 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020) Tercero. DECLARAR la nulidad del artículo 2° de la parte resolutiva de la Resolución No. 11188 del 17 de septiembre de 2012; de la Resolución No. 8148 del 30 de septiembre de 2013; del Oficio No. 26719 / GCC SDF del 22 de octubre de 2014; de los artículos 2° y 3° de la parte resolutiva de la Resolución No. 1906 del 24 de marzo de 2015; y de la Resolución No. 4224 del 11 de junio de 2015. Cuarto. Como restablecimiento del derecho, se DECLARA que el señor Elías Moisés Balcázar Carpintero no tiene la obligación de reintegrar la suma correspondiente a ciento noventa y dos millones ochocientos veintiséis mil ciento sesenta y cuatro pesos con seis centésimas ($192,826,164.06), valor que fue pagado en el período comprendido entre el 14 de octubre de 2004 y el 30 de julio de 2012, hasta tanto la entidad demandada ejerza las acciones legales correspondientes. No obstante, en caso de que CASUR haya descontado dicha suma de dinero, se ORDENA su reintegro a favor del demandante. Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la fórmula que se indicó en la parte motiva. Quinto. NIÉGUENSE las demás pretensiones. Sexto. Sin condena en costas en ambas instancias. Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2015-00222-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

27 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020)
Demandante: Elías Moisés Balcázar Carpintero
Demandadas: Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Caja
de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de los valores percibidos por concepto
de asignación de retiro. REVOCA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la
sentencia proferida el dos (2) de octubre de dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, por medio de la cual se negaron las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Elías Moisés Balcázar Carpintero instauró demanda contra la Nación-
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional ─CASUR─, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad:

i) De la Resolución No. 11188 del 17 de septiembre de 2012, por medio de
la cual el director general de CASUR revocó, en todas sus partes, la
Resolución No. 5692 del 21 de octubre de 2004, que reconoció la
asignación mensual de retiro al señor Elías Moisés Balcázar Carpintero.

ii) De la Resolución No. 8148 del 30 de septiembre de 2013, mediante la
cual el director general de CASUR resolvió, en forma negativa, el recurso
de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo.

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020)

iii) Del Oficio No. 26719 / GCC SDF del 22 de octubre de 2014, por medio
del cual el director general de CASUR solicitó la devolución de los valores
ordenados en la Resolución No. 11188 del 17 de septiembre de 2012.

iv) De la Resolución No. 1906 del 24 de marzo de 2015, mediante la cual el
director general de CASUR reconoció y ordenó el pago de la asignación
mensual de retiro al señor Elías Moisés Balcázar Carpintero, a partir del
15 de marzo de 2015; y ordenó el descuento de los valores ordenados en
la Resolución No. 11188 del 17 de septiembre de 2012, declarándolo
deudor del tesoro.

v) De la Resolución No. 4224 del 11 de junio de 2015, por medio de la cual
el director general de CASUR resolvió, en forma negativa, el recurso de
reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que no le descuenten ninguna suma
de su asignación de retiro mediante acción coactiva; sumas que recibió, por el
mismo concepto, entre el 14 de octubre de 2004 y el 30 de julio de 2012 y que
ascienden a un total de $192,826,164.06.

Que se reintegren las sumas de dinero descontadas en forma contraria a derecho,
ordenando su indexación.

Que se cancelen los daños morales causados por la retención de la asignación
mensual de retiro y una suma mensual de descuento de esta, sin ningún acuerdo
previo de pago y sin agotar la vía coactiva.

Que en caso de determinar que sí procede el descuento de sumas dinero, que se
ordene a CASUR adelantar el proceso de jurisdicción persuasiva y coactiva, y que
se aplique la prescripción del artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

Que se llame en garantía a la Policía Nacional, con el fin que haga la reparación
integral de los perjuicios que llegare a sufrir por la devolución de los dineros.

Que se ordene el pago de una indemnización equivalente a la totalidad de los
haberes dejados de percibir (salarios, primas, subsidios y demás emolumentos), por
el descuento que en forma contraria a derecho se ha realizado, y que se paguen los
daños materiales en que ha incurrido por no percibir, de manera completa, la
asignación de retiro.

Que las sumas de dinero que le sean reconocidas se indexen con base en el índice
de precios al consumidor.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante Resolución No. 01619 del 13 de julio de 2004, fue retirado del servicio
activo de la Policía Nacional.

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020)

Que, por tener el tiempo y los requisitos legales, CASUR reconoció a su favor la
asignación mensual de retiro mediante la Resolución No. 5692 del 21 de octubre de
2004.

Que por considerar que le fueron violados sus derechos, demandó el acto de retiro
del servicio, el cual se declaró nulo por el Tribunal Administrativo del Magdalena y,
mediante Resolución No. 00630 del 1° de marzo de 2012, fue reintegrado a la
institución.

Que mediante la Resolución No. 11188 del 17 de septiembre de 2012, el director
general de CASUR revocó, en todas sus partes, la Resolución No. 5692 del 21 de
octubre de 2004.

Que interpuso recurso de reposición contra la anterior resolución, el cual se resolvió
desfavorablemente mediante la Resolución No. 8148 del 30 de septiembre de 2013.

Que mediante Oficio No. 26719 / GCC SDF del 22 de octubre de 2014, le fue
solicitada la devolución de los valores ordenados en la Resolución No. 11188 del 17
de septiembre de 2012.

Que CASUR descontó, arbitrariamente, la suma de ciento noventa y dos millones
ochocientos veintiséis mil ciento sesenta y cuatro pesos con seis centésimas
($192,826,164.06), cancelados por concepto de asignación mensual de retiro entre
el 14 de octubre de 2004 y el 18 de agosto de 2012, cuando dicha suma se
correspondía con la indemnización de los perjuicios que le fueron causados con
ocasión del retiro ilegal.

Que se retiró del servicio el 15 de diciembre de 2014, por lo que le fue reconocida
la asignación mensual de retiro mediante la Resolución No. 1906 del 24 de marzo
de 2015.

Que mediante Resolución No. 4224 del 11 de junio de 2015, se resolvió, en forma
negativa, el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo.

Que solo percibe ingresos económicos de su vinculación con la Policía Nacional y
que tiene a su cargo 3 hijos.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 2, 6,13, 29, 47, 53, 83, 216, 218,
220 y 228 de la Constitución Política; la Ley 4ª de 1992; los artículos 102 y 297 del
Decreto 1333 de 1986.

En el concepto de violación se indicó que los actos demandados incurrieron en los
vicios de desvío de poder y falta de requisitos legales en su formación. Que el dinero
proveniente de la asignación mensual de retiro es el único sustento con el que
cuenta para sostenerse y sostener a su familia.

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020)

Que la demandada incurrió en una vía de hecho porque no podía hacer caso omiso
a la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la sentencia
que declaró nulo el acto administrativo que lo retiró del servicio.

Que CASUR estaba en la obligación de cumplir el fallo que ordenó su reintegro, el
cual, por principio de igualdad, no dio lugar a descuento de los valores percibidos
por concepto de asignación de retiro.

Que la orden de reconocimiento de los dineros pagados por salarios dejados de
percibir por parte de un servidor público desvinculado por un acto ilegal se hace a
título de indemnización.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El señor Elías Moisés Balcázar Carpintero presentó, en una primera oportunidad,
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones No.
11188 del 17 de septiembre de 2012 y 8148 del 30 de septiembre de 2013 y el Oficio
No. 26719 / GCC SDF del 22 de octubre de 2014.

Dicha demanda se radicó, originalmente, ante los Juzgados Administrativos del
Circuito de Santa Marta ─a la cual se le asignó el Radicado No. 47001-23-33-000-
2015-00222-00─, quienes, por auto del 27 de marzo de 2015, la remitieron al
Tribunal Administrativo del Magdalena por falta de competencia. Una vez remitida
al Tribunal, se admitió en auto del 23 de julio de 20151.

Luego, el accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra las Resoluciones No. 1906 del 24 de marzo de 2015 y 4224 del 11 de junio
de 2015 ─a la cual se le asignó el Radicado No. 47001-23-33-002-2015-00440-00─,
la cual se admitió en providencia del 11 de mayo de 20162.

Bajo este radicado, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional contestó la
demanda oponiéndose a las pretensiones, tras indicar que lo solicitado por el
accionante contraría lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución Política. Que,
al haberse efectuado el reintegro, el demandante no tenía derecho a percibir suma
alguna por concepto de asignación mensual de retiro, por lo que pretender que no
reintegre dichos dineros, constituye una violación al precepto constitucional3.

La Policía Nacional también contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones,
para lo cual manifestó que había falta de legitimación en la causa por pasiva, dado
que fue CASUR quien expidió los actos cuya nulidad se solicita4.

En providencia del 11 de octubre de 2017, se decretó la acumulación de los
procesos con Radicados No. 47001-23-33-000-2015-00222-00 y 47001-23-33-002-
2015-00440-005.

1 Véase a folio 115, del cuaderno principal.
2 Véase a folio 194, del cuaderno 2.
3 Véanse los folios 216-219, del cuaderno 2.
4 Véanse los folios 220-229, del cuaderno 2.
5 Véanse los folios 116-118, del cuaderno principal.

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El 9 de octubre de 2018 se celebró audiencia inicial, en la que se fijó el litigio y se
decretaron las pruebas6. Una vez se corrió traslado para alegar de conclusión, se
dictó sentencia, que fue apelada en el plazo oportuno por la parte demandante.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del dos (2) de octubre
de dos mil diecinueve (2019), negó las pretensiones tras indicar que la Constitución
Política, en su artículo 128, prohíbe la doble asignación por parte del Estado, lo cual
se plasmó en la Ley 4ª de 1992 que dispuso las excepciones a esta norma.

Que el caso no encuadra en ninguna de esas excepciones, por lo que solicitar la
nulidad de los actos demandados no resultaba procedente, por cuanto están
revestidos de legalidad, lo cual no fue desvirtuado por el demandante.

Que, si bien la asignación de retiro es un reconocimiento por la labor desempeñada
en la institución, ese derecho no es ilimitado, debido a que bajo ninguna
circunstancia podía predicarse el derecho a recibir dos asignaciones en el mismo
período por parte de las entidades del Estado.

Que, por lo anterior, no podía impedírsele a la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional que recupere los dineros que entregó al demandante, porque esos
emolumentos, indistintamente de su naturaleza, provienen de una misma génesis
financiera.

Que resultaba inviable que la entidad accionada exonerara al accionante del recobro
por concepto de la asignación de retiro que le fue cancelada, cuando por sentencia
judicial fue reintegrado a la institución, percibiendo el pago de salario y prestaciones
sociales por el mismo tiempo en el que recibió la asignación.

Que no existe normativa que permita ostentar, al mismo tiempo, la calidad de
uniformado y retirado de la Policía Nacional. Que, al haberse ordenado su reintegro,
se restableció su condición inicial, esto es, la que ostentaba antes del acto de retiro,
por lo que las sumas que recibió por concepto de restablecimiento del derecho y las
que percibió por asignación de retiro, devienen en incompatibles7.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que no
había que efectuar ningún descuento porque la Constitución, la ley y la
jurisprudencia lo impiden.

Que no hay doble erogación por parte del Estado porque el pago que hizo la Policía
fue en cumplimiento de una orden judicial, mientras que el que realizó CASUR fue
en cumplimiento de una obligación legal.

Que solo tendría que descontarse lo que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

6 Véanse los folios 196-207, del cuaderno principal.
7 Véanse los folios 426-440, del cuaderno principal.

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Nacional canceló entre el 1° de marzo de 2012 y el 30 de julio de 2012, porque en
ese período sí hubo doble erogación del tesoro, correspondiéndose a la suma de
doce millones cuatrocientos dos mil setecientos setenta y ocho pesos
($12,402,778).

Que en el evento en que se confirme la presunción de legalidad de los actos
acusados, solo pueden descontarse los dineros percibidos desde septiembre de
2009 y hasta septiembre de 2012, en aplicación de la prescripción trienal de la que
trata el artículo 43 del Decreto 4433 de 2004.

Que debe declararse la nulidad de los actos demandados, porque fueron expedidos
de forma irregular8.

Además, realizó una solicitud probatoria en el sentido de oficiar a la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional para que certifique, de la suma adeudada, la
siguiente información: bajo cuál norma legal no se incluyeron los valores aportados
por la entidad a sanidad de la Policía Nacional; a qué se refiere con que el monto
adeudado se encuentra en conciliación con sanidad; por qué en la liquidación no se
incluyó el valor descontado por concepto de sanidad, que se corresponde con la
suma de seis millones seiscientos cuarenta y nueve mil veintidós pesos
($6,649,022). También solicitó la revisión del certificado del mes de agosto de 2012,
dado que las sumas, arrojaron valores diferentes a los consignados en esa
certificación; y que se oficie a la demandada para que remita constancia de
notificación y ejecutoria de la Resolución No. 1906 del 24 de marzo de 2015.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 3 de diciembre de 2020 se admitió el recurso de apelación9, en
el que no se hizo pronunciamiento alguno sobre la solicitud probatoria en segunda
instancia. En providencia del 12 de abril de 2021, se corrió traslado para alegar de
conclusión10, sin que la parte demandante se pronunciara sobre las pruebas
solicitadas, motivo por el cual, la actuación quedó saneada.

La parte demandante alegó de conclusión, reiterando, en general, los argumentos
expuestos en el recurso de apelación11.

Las entidades demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES DE LA SALA

De conformidad con el recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico que
deberá resolver la Sala consiste en determinar si los actos administrativos
demandados, por medio de los cuales se ordenó la devolución de unos dineros
pagados al señor Elías Moisés Balcázar Carpintero por concepto de asignación de

8 Véanse los folios 466-484, del cuaderno principal.
9 Véase a índice 3 de SAMAI.
10 Véase a índice 9 de SAMAI.
11
Véase a índice 13 de SAMAI.

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retiro en el período comprendido entre el 14 de octubre de 2004 y el 30 de julio de
2012, están viciados de nulidad.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho, que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese
sentido, esta figura consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva
que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga
sobre quien la alega, pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de
nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga
de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido
caracterizada como una “jurisdicción rogada” en lo que tiene que ver con esta
particular materia.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser
tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la Sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4, del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984) que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial
de un acto administrativo que se indiquen en la demanda las normas violadas y el
concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada con el fin de dar protección al ordenamiento
superior12.

De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General
del Proceso y, sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que al
“[…] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible
interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de desentrañar
el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus súplicas,
lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando siempre una
afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico sentido o aspiración de

12 Sobre la justicia rogada, se puede revisar: CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de la Sección

Segunda. Sentencia del 21 de abril de 2018. Rad. 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-
SUJ2-010-18.

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quien procura una tutela efectiva de sus derechos […]”13.

En similar sentido, se ha pronunciado esta Corporación al indicar que dicho deber
tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo materialmente
pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para tramitar la
controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le dé el
sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales14.

Así entonces, considera la Subsección que, en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental, es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la
omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 Superior se desprenden
diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a
ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce
en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga
una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el
procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del
administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.

Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del
derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha
versado sobre la posibilidad o no de que el demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.

El debido proceso administrativo

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que en
las actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos de
contradicción y defensa.

Sin embargo, no toda irregularidad dentro del procedimiento dará lugar a la nulidad
de los actos, sino cuando aquella implique el desconocimiento de las garantías
fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición.

13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de marzo de 2019.

Exp. SL 960-2019.
14 Al respecto, se puede consultar: CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección A.

Sentencia del 13 de agosto de 2021. Rad. 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).

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La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos15.

Como puede observarse, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico16, el material17, el territorial18 y
en algunos casos el temporal19.

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece
de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado 20.

15 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que “[…] la valoración del

ejercicio de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de
conformidad con las reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los
preceptos vigentes al tiempo en que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez
son los que determinan la regularidad de su ejercicio. [...]”.
16 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura

organizacional de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de
funciones administrativas: Cfr. Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
17 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente

asignada a la autoridad que lo expidió. “Es el qué de la competencia”: Ibidem, p. 125.
18 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio

geográfico en el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus
funciones: Cfr. ibidem, pp. 124-125.
19 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un

límite de tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-
127.
20 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: “Frente a vicios o

defectos como la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020)

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu
proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
Superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que “[l]os servidores públicos están al servicio del Estado
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución,
la ley y el reglamento […]”.

Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como la vía gubernativa, la
revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de cobro coactivo de
las entidades públicas deben tener una consagración legal expresa que habilita en
cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse21.

falta de competencia no es posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso”: CONSEJO
DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de junio de 2004. Rad.
11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
21 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018,

radicado: 25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las
prerrogativas que se le concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o
ejecutiva. “[…] En el primero de los casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les
otorga la ley, producen actos administrativos a través de los cuales definen una situación jurídica
como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa obligación. La autotutela ejecutiva o
coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la administración, tendientes a hacer
efectiva una determinada situación jurídica”.

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Resolución al caso concreto

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional expidió la Resolución No. 11188
del 17 de septiembre de 2012, por la cual extinguió la asignación de retiro
reconocida al señor Elías Moisés Balcázar Carpintero, por haber sido reintegrado al
servicio y ordenó la devolución de la suma de ciento noventa y dos millones
ochocientos veintiséis mil ciento sesenta y cuatro pesos con seis centésimas
($192,826,164.06), valor que fue pagado en el período comprendido entre el 14 de
octubre de 2004 y el 30 de julio de 2012.

Contra el anterior acto administrativo, el interesado interpuso recurso de reposición,
el cual se resolvió, de forma negativa, mediante la Resolución No. 8148 del 30 de
septiembre de 2013, con base en los siguientes argumentos:

“[…] Que la Caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, no fue parte del
proceso en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Policía Nacional y no ha sido condenada a pagar valor alguno y en
consecuencia no existe mérito para dejar de cobrar los valores cancelados
por concepto de asignación mensual de retiro, máxime que en virtud del fallo
que condenó a la Policía Nacional a reintegrar al servicio activo al señor
SP (r), sin solución de continuidad, es decir que nunca perdió la calidad de
SP en servicio activo.

Que al haberse ordenado el reintegro al servicio activo al señor SP sin
solución de continuidad para efectos de los pagos salariales y
prestacionales, queda sin ningún fundamento los pagos efectuados por esta
Caja por concepto de asignación mensual de retiro, toda vez que no se
puede dar la misma condición laboral al mismo tiempo en la misma persona,
es decir, devengar salario como miembro de activo de la Policía y
simultáneamente cobrar asignación mensual de retiro por el mismo tiempo,
lo que se configura una flagrante violación al Artículo 128 de la Carta Política.
[…]” (negrillas y subrayas originales).

Luego, mediante Resolución No. 1906 del 24 de marzo de 2015, el director general
de CASUR reconoció y ordenó el pago de la asignación mensual de retiro al
demandante, a partir del 15 de marzo de 2015; y ordenó el descuento de los valores
ordenados en la Resolución No. 11188 del 17 de septiembre de 2012, declarándolo
deudor del tesoro.

Contra el anterior acto administrativo, el interesado interpuso recurso de reposición,
el cual se resolvió, de forma negativa, mediante la Resolución No. 4224 del 11 de
junio de 2015, conforme con lo siguiente:

“[…] con resolución 1906 del 24/03/2015, esta Entidad ordenó el
reconocimiento y pago de la asignación mensual de retiro y ordeno reintegrar
valores con destino al presupuesto de la Entidad de la suma de CIENTO
NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS CON 06/100 ($192.826.164,069) MONEDA
CORRIENTE, por concepto de asignación mensual de retiro cancelada, en
el lapso comprendido entre el 14/10/2004 al 30/07/2012, incluidos los
descuentos de ley, “(…) caso contrario será el mencionado Sargento Mayor
(r) quien deberá efectuar el reintegro al presupuesto de esta Caja, de dichos
valores o en su lugar, esta Caja se reserva el derecho a descontar en
proporciones de ley, los valores de la asignación mensual de retiro que
devengue o llegare a devengar el mencionado Sargento Mayor (r), (…)” por
cuanto el mencionado policial fue reintegrado al servicio activo de la Policía

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Nacional, sin solución de continuidad, en cumplimiento a la sentencia del
Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Santa Marta, modificada por el
Tribunal Administrativo del Magdalena, […], acto administrativo, que se
encuentra debidamente notificado, ejecutoriado y gozando de la presunción
de legalidad” (mayúsculas y subrayas originales).

Establecido lo anterior, lo primero que puede concluirse es que CASUR, al expedir
los actos administrativos demandados, actuó en procura de sus intereses jurídicos,
lo que impone la necesidad de establecer si gozaba de una competencia normativa
que le permitiera adoptar tales medidas de autotutela.

Así las cosas, conforme con el artículo 199 del Decreto 1212 de 1990, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional realiza el reconocimiento de las
asignaciones de retiro y de las pensiones a sus beneficiarios, conforme a la hoja de
servicios adoptada por el Ministerio de Defensa y a los procedimientos y requisitos
que establezca la citada Caja, mediante resolución del director general, contra la
cual procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario.

El numeral 3.10, del artículo 3° de la Ley 923 de 2004 dispuso que la “[…] Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
serán las entidades responsables de las labores de administración de aportes,
reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como
de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes”.

Por su parte, el Acuerdo 8 de 2001 ─por el cual se adoptaron los estatutos internos
de CASUR─ estableció las siguientes funciones del director general:

“[…] 19. Reconocer y pagar, conforme a la ley, las asignaciones de retiro,
pensiones y demás prestaciones a que está obligada la Caja, para lo cual
podrá exigir las pruebas legales y complementarias que estime necesarias.

20. Autorizar descuentos de las asignaciones o pensiones de los afiliados y
beneficiarios de la entidad, por obligaciones contraídas con el Ministerio de
Defensa Nacional y Organismos Adscritos o Vinculados al mismo o por
errores evidentes en la liquidación de las citadas asignaciones y pensiones,
previo procedimiento establecido en la ley y aquellos dispuestos por mandato
judicial o con arreglo a las disposiciones legales”.

Visto lo anterior, para la Sala es claro que la entidad demandada no tiene
competencia para ordenarle al demandante que reintegre los dineros pagados por
concepto de asignación de retiro pues, como ya se mencionó, para ejercer cualquier
potestad administrativa debe existir habilitación expresa y, en el caso bajo estudio,
se advierte que las normas que previeron las funciones de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, la facultaron, inicialmente, para reconocer y pagar
dicha prestación económica, pero no la habilitaron para ordenar reintegros de
haberes pagados por concepto de dicha prestación.

Ante la ausencia de una norma que establezca la competencia, la autoridad
administrativa está imposibilitada para actuar, es decir, las facultades de autotutela
declarativa y ejecutiva de la Administración dependen, igualmente, de la existencia
de normas expresas de autorización y de mandato, en correspondencia con el
principio de legalidad.

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020)

En estos términos, la Sala concluye que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional, no tiene competencia para ordenar, por sí misma, el reintegro de los
dineros recibidos por el señor Elías Moisés Balcázar Carpintero por concepto de
mesadas de asignación de retiro, razón por la que los actos administrativos
demandados se expidieron sin competencia y en clara extralimitación de funciones.
Si la entidad pretendía una devolución de sumas que, en su consideración, son
incompatibles con el artículo 128 de la Constitución Política, debió reclamar el “pago
de lo no debido”, contemplado en el artículo 2313 del Código Civil.

En igual sentido, se pronunció el Consejo de Estado en un asunto con identidad
fáctica al aquí expuesto, en el que se analizó la improcedencia de la orden de
devolución de unos dineros pagados de más por una entidad pública, sin que
hubieran agotado los mecanismos administrativos o judiciales previstos por el
ordenamiento jurídico, a saber:

“[…] Sin embargo y a pesar de esto, la administración expidió las
Resoluciones 1227 y 1541 de agosto 21 y noviembre 6 de 2002
respectivamente, que sin ser nominadas como revocatoria directa de las
Resoluciones 942 de 22 de mayo de 1998, que ordena el reintegro; 858 de
diciembre 14 de 1998; 888 de noviembre 30 de 1998, que da cumplimiento
al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenando
los pagos correspondientes tanto al actor como a la Caja de Previsión del
Distrito; 231 de abril 16 de 1999, que reconoce y paga unos intereses; 233
de abril 16 de 1999, que reconoce una diferencia en el subsidio familiar; 622
de septiembre 21 de 1999, que establece el pago de una cuenta; desconocen
la legalidad, la vigencia y firmeza de las mismas, y ordena que se reintegre
al Distrito Capital, unos dineros pagados de más por la entidad,
argumentando que se presentó un error en la liquidación.

Al decretar el reintegro de estos dineros está emitiendo una decisión que solo
podía ser fruto de la revocatoria directa, pues el resultado inmediato y útil de
las citadas resoluciones es dejar sin efecto tácitamente las decisiones
que efectuaron ese pago, lo cual no podía hacerse en virtud del
principio de legalidad de los actos y de la presunción que existe sobre
los mismos, cosa diferente, es que hubiese existido ilicitud en su
expedición o en su trámite, o que el error haya sido inducido por el
interesado, vale decir, que hubiese actuado con temeridad, pero aún en
este evento, la entidad debía garantizar el debido proceso con un
procedimiento sumario, antes de tomar una decisión de esta naturaleza.

[…]

El ordenamiento jurídico resguarda la confianza entre las partes y la
administración no tiene otro remedio más que protegerla, no puede destejer
como Penélope, creando situaciones desleales, que van en contravía del
concepto ético del derecho.

“Si bien es cierto la administración está obligada a recuperar los
emolumentos cancelados sin justa causa, como lo afirma la Alcaldía
Mayor de Bogotá en los mismos actos demandados, debe entenderse que
esto no lo habilita para actuar contra legis, sino mediante el uso de los
mecanismos y herramientas legales con los que cuenta; respetando en
todo momento los procedimientos que el legislador ha desarrollado para tal
fin, lo que no significa nada distinto a respetar el debido proceso”. […]”22
(negrillas fuera de texto).

22 CONSEJO DE ESTADO. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 11 de noviembre de

2009. Exp. 1127-07.

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Radicado: 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020)

Bajo esa óptica, es claro que la administración debe utilizar los mecanismos
judiciales o administrativos establecidos para recobrar o buscar el reintegro de
sumas de dinero que considera indebida o injustamente pagadas, por lo que no es
dable que adelante una actuación administrativa tendiente a crear una nueva
decisión que preste mérito ejecutivo, como ocurrió en el presente caso.

Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que
la actuación de CASUR transgredió el ordenamiento jurídico y comportó un abuso
del derecho al trasladar al administrado cargas que no tiene por qué asumir, pues
se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente
consagrada u otorgada por la Constitución o la ley, su ejercicio se constituye en una
arbitrariedad.

Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia proferida el dos (2) de octubre de
dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio
de la cual se negaron las pretensiones para, en su lugar, concederlas parcialmente,
al haberse desvirtuado la presunción de legalidad: del artículo 2° de la parte
resolutiva de la Resolución No. 11188 del 17 de septiembre de 2012; de la
Resolución No. 8148 del 30 de septiembre de 2013; del Oficio No. 26719 / GCC
SDF del 22 de octubre de 2014; de los artículos 2° y 3° de la parte resolutiva de la
Resolución No. 1906 del 24 de marzo de 2015; y de la Resolución No. 4224 del 11
de junio de 2015.

Igualmente, se declarará probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Policía Nacional, dado que fue la Caja de Sueldos de Retiro de la
Policía Nacional quien suscribió los actos demandados y, por ende, entre el
demandante y la Policía Nacional no existe una relación de identidad respecto a la
existencia de un deber correlativo de satisfacer el derecho objeto de litigio.

Del restablecimiento del derecho

El accionante solicitó, a título de restablecimiento del derecho, que se declare que
no tiene que devolver suma alguna por concepto de mesadas pensionales
devengadas entre el 14 de octubre de 2004 y el 30 de julio de 2012, por lo que se
dará la orden a CASUR para que proceda de conformidad, teniendo en cuenta que
ello es así hasta tanto la entidad demandada ejerza las acciones legales
correspondientes.

En el evento en que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional haya
descontado suma alguna, se ordena su reintegro a favor del demandante. Las
sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad por pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de

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precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho.

Sobre la pretensión de reconocimiento de daños morales, así como de otros daños
materiales, esta Sala considera que de las pruebas allegadas al plenario no se logró
acreditar, con suficiencia, la aflicción, el dolor o padecimiento sufrido por el señor
Elías Moisés Balcázar Carpintero con motivo de la retención de la asignación
mensual de retiro, así como la merma económica, puesto que su esfuerzo probatorio
se orientó a demostrar asuntos relativos al trámite administrativo y a las actuaciones
surtidas ante la demandada.

La Sala concluye que, si bien es cierto que los actos administrativos son nulos por
haberse expedido con falta de competencia, no podría decirse que toda actuación
irregular de la Administración conlleva la materialización de perjuicios materiales y
morales. En ese orden de ideas, para que procediera el reconocimiento de los
perjuicios reclamados, era indispensable que el actor los demostrara, pues se trata
de una carga probatoria al tenor de lo establecido en artículo 167 del Código
General del Proceso.

De la condena en costas en ambas instancias

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202123 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está revocando la decisión
apelada, en consideración al numeral 4.° del artículo 365 del CGP24, y observando
los argumentos esbozados por la parte demandada en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto en ninguna de las instancias, por el contrario, manifestó
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia proferida el dos (2) de octubre de dos mil
diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Magdalena, por medio de la
cual se negaron las pretensiones, la cual quedará así:

Segundo. DECLARAR PROBADA la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva respecto de la Policía Nacional.

23 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
24 Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.

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Tercero. DECLARAR la nulidad del artículo 2° de la parte resolutiva de la
Resolución No. 11188 del 17 de septiembre de 2012; de la Resolución No. 8148 del
30 de septiembre de 2013; del Oficio No. 26719 / GCC SDF del 22 de octubre de
2014; de los artículos 2° y 3° de la parte resolutiva de la Resolución No. 1906 del
24 de marzo de 2015; y de la Resolución No. 4224 del 11 de junio de 2015.

Cuarto. Como restablecimiento del derecho, se DECLARA que el señor Elías
Moisés Balcázar Carpintero no tiene la obligación de reintegrar la suma
correspondiente a ciento noventa y dos millones ochocientos veintiséis mil ciento
sesenta y cuatro pesos con seis centésimas ($192,826,164.06), valor que fue
pagado en el período comprendido entre el 14 de octubre de 2004 y el 30 de julio
de 2012, hasta tanto la entidad demandada ejerza las acciones legales
correspondientes. No obstante, en caso de que CASUR haya descontado dicha
suma de dinero, se ORDENA su reintegro a favor del demandante.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena serán ajustadas de conformidad con la
fórmula que se indicó en la parte motiva.

Quinto. NIÉGUENSE las demás pretensiones.

Sexto. Sin condena en costas en ambas instancias.

Séptimo. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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