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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2021-00046-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 50001-23-33-000-2021-00046-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se accedió a las pretensiones. Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 Radicado: 50001-23-33-000-2021-00046-01 (3556-2025) Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 50001-23-33-000-2021-00046-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 50001-23-33-000-2021-00046-01 (3556-2025)
Demandante: Gladys Visitación Bojacá de Muñoz
Demandada: Servicio Nacional de Aprendizaje ─SENA─

Tema: Marco normativo aplicable a la devolución de mesadas
percibidas. Buena y male fe. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual accedió a las pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Gladys Visitación Bojacá de Muñoz instauró demanda contra el
Servicio Nacional de Aprendizaje ─SENA─, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad parcial de la Resolución Nro. 1-0706 del 6 de julio de
2020, por medio de la cual la secretaria general del SENA le reconoció la sustitución
pensional, con ocasión del fallecimiento del señor Luis Alfonso Muñoz Rojas; y la
nulidad parcial de la Resolución Nro. 1-0898 del 11 de agosto de 2020, mediante la
cual se confirmó la Resolución Nro. 1-0706 del 6 de julio de 2020.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que no está
obligada a efectuar reintegro de la suma de cincuenta millones novecientos
cincuenta y cuatro mil quinientos ocho pesos ($50.954.508); y que se condene en
costas a la demandada.

HECHOS

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Radicado: 50001-23-33-000-2021-00046-01 (3556-2025)

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

4. Que contrajo matrimonio con el señor Luis Alfonso Muñoz Rojas el 27 de julio de
1974, a quien luego de cumplir con los requisitos de la Ley 33 de 1985, se le
reconoció la pensión vitalicia de jubilación, de carácter compartida, mediante las
Resoluciones Nro. 596 del 24 de marzo de 2006, expedida por el SENA, y 126119
de 2010, expedida por el Instituto de Seguros Sociales.

5. Que el señor Luis Alfonso Muñoz Rojas falleció el 27 de noviembre de 2019,
razón por la que presentó solicitud de sustitución pensional ante el SENA y
COLPENSIONES.

6. Que por Resolución Nro. 32234 del 3 de febrero de 2020, COLPENSIONES le
reconoció la sustitución pensional de carácter compartida y, mediante la Resolución
Nro. 1-0706 del 6 de julio de 2020, el SENA le reconoció la sustitución pensional y
solicitó el reintegro de las sumas pagadas de más al causante, en el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2019, las cuales
correspondían a cincuenta y tres millones setecientos treinta y cuatro mil
ochocientos once pesos (53.734.811).

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

7. Se indicaron como violados los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 46, 48, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; y la Ley 100 de 1993.

8. En el concepto de violación manifestó que los actos demandados vulneraron su
derecho a la seguridad social y pensional, porque era cuestionable que el SENA se
atribuyera la facultad de descontar valores de la pensión sustitutiva, mediante la
figura de la compensación, pues ese era un deber que no le correspondía porque
no se trataba de una obligación solidaria.

9. Que el SENA vulneró principios constitucionales como la dignidad humana, el
mínimo vital y el Estado Social de Derecho al ordenarle el reintegro de valores de
su pensión que presuntamente fueron pagados en exceso al señor Luis Alfonso
Muñoz Rojas entre enero de 2011 y diciembre de 2019, periodo en el cual él era el
único titular del derecho pensional, por lo que resultaba contradictorio atribuirle
consecuencias jurídicas negativas por pagos que no le correspondían.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

10. La demanda se admitió en auto del 6 de mayo de 20211. El SENA se opuso a
las pretensiones, bajo el argumento de que no había lugar a declarar la nulidad de
los actos demandados porque no existía causal que los viciara, en la medida que
actuó conforme con las normas que regulan la sustitución pensional.

11. Se opuso a la solicitud de exoneración del reintegro de la suma de cincuenta
millones novecientos cincuenta y cuatro mil quinientos ocho pesos ($50.954.508),
al estimar que se probó la ausencia de buena fe por parte del señor Luis Alfonso

1 Véase a índice 12 de SAMAI del Tribunal.

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Muñoz Rojas, porque a él se le notificó de la pérdida de fuerza ejecutoria de las
resoluciones que le otorgaron la pensión compartida y, sin embargo, guardó silencio
frente a la Administración, beneficiándose de pagos indebidos. Finalmente, propuso
como excepciones las de ausencia de buena fe e innominada2.

12. Por auto del 30 de septiembre de 2021 decidió impartirse el trámite de sentencia
anticipada, para lo cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas3. El 16 de octubre
de 2025 se dictó sentencia que fue apelada en el plazo oportuno por la demandada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

13. El Tribunal Administrativo del Meta, en sentencia del dieciséis (16) de octubre
de dos mil veinticinco (2025), accedió a las pretensiones. Indicó que le asistía razón
a la actora en sus pretensiones, porque se acreditó que el señor Luis Alfonso Muñoz
Rojas fue beneficiario de una pensión de jubilación reconocida por el SENA, de
forma compartida, con la Unidad de Pasivos Prestacionales del Meta.

14. Que ese acto incluía una condición resolutoria que establecía que el pago total
de la mesada pensional estaría a cargo del SENA hasta que el ISS reconociera la
pensión de vejez. Que como la condición se cumplió, implicaba que el SENA debía
cesar el pago de la pensión conforme lo había descrito en el acto de reconocimiento.
Por lo anterior, el SENA, mediante Resolución Nro. 01362 del 4 de agosto de 2011,
declaró la pérdida de fuerza ejecutoria de los actos de reconocimiento pensional.

15. Sin embargo, el SENA, en ese acto administrativo, indicó que era la única
beneficiaria de la condición resolutoria del acto de reconocimiento pensional y, por
ende, la Unidad de Pasivos Prestacionales del Meta debía continuar pagando el
mismo valor de la cuota parte que pagaba, la cual, para el 1° de enero de 2011,
ascendía a trescientos noventa y cinco mil trescientos noventa y un pesos
($395.391). Que esa suma sería pagada por el SENA, repitiendo luego contra
aquella entidad.

16. Adujo que, en adelante, no se observó pronunciamiento del SENA hasta la
decisión sobre la sustitución pensional derivada del fallecimiento del pensionado,
en la que, extrañamente, la entidad indicó que al revisar la nómina de pensionados
y consultado el Grupo de Administración de Salarios de la Dirección General del
SENA, se evidenció que el causante «recibió doble mesada pensional» por el
periodo comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2019,
por lo cual procedía la obligación de reintegro del dinero por parte de la beneficiaria
de la sustitución pensional.

17. Que del análisis del cuadro que detalla las mesadas pensionales presuntamente
pagadas en exceso al señor Luis Alfonso Muñoz Rojas, se advertía que esas sumas
no correspondían, en estricto sentido, a una mesada pensional, porque obedecían
a los valores que el propio SENA se obligó a pagar en la Resolución Nro. 01362 del
4 de agosto de 2011, como complemento de la pensión derivado de la cuota parte
de la Unidad de Pasivos Prestacionales del Meta.

2 Véase a índice 16 de SAMAI del Tribunal.
3 Véase a índice 20 de SAMAI del Tribunal.

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18. Que los pagos realizados por el SENA al causante durante el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2019 no
obedecieron a una equivocación u omisión administrativa consistente en continuar
sufragando la totalidad de la mesada pensional, sino que dichos pagos tuvieron su
origen en el cumplimiento de una obligación que la entidad asumió en el 2011,
consistente en pagar un complemento de la pensión.

19. Que en el expediente no se advirtió que el señor Luis Alfonso Muñoz Rojas, ni
la señora Gladys Visitación Bojacá de Muñoz, hayan tenido participación en la
decisión de continuar sufragando el complemento de la pensión o la cuota parte
correspondiente a la Unidad de Pasivos Prestacionales del Meta, porque esa
determinación fue tomada en ejercicio de sus competencias.

20. En consecuencia, consideró que no podía atribuirse a la demandante
responsabilidad por los pagos realizados por el SENA en cumplimiento de una
obligación que decidió asumir porque, pretender trasladar a la beneficiaria de la
pensión las consecuencias de una decisión administrativa que le fue completamente
ajena, vulneraría el principio de buena fe y de confianza legítima.

21. Concluyó que era claro que no se desvirtuó la presunción de buena fe sobre la
conducta asumida por el causante y su beneficiaria, en la medida que el pago
efectuado entre 2011 y 2019 se dio en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el
SENA respecto de la cuota parte de la Unidad de Pasivos Prestacionales del Meta
y que, por esa razón, la demandante no está obligada a reintegrar las sumas
reclamadas por el SENA, porque no se demostró mala fe en su actuación.

22. Así las cosas, declaró la nulidad parcial de la Resolución Nro. 1-0706 del 6 de
julio de 2020 y de la Resolución Nro. 1-0898 del 11 de agosto de 2020, en relación
con la orden de reintegro del complemento pensional sufragado en el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2019 y, como
restablecimiento del derecho, declaró que la demandante no está obligada a
reintegrar la suma de $50.954.508 al SENA, a quien, finalmente, condenó en
costas4.

RECURSO DE APELACIÓN

23. La demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que la
presunción de buena fe se desvirtuó cuando el señor Luis Alfonso Muñoz Rojas
recibió un mayor valor en el pago de las mesadas pensionales y guardó silencio u
omitió avisar a la entidad sobre el error ocurrido, razón por la que la devolución
ordenada a su cónyuge supérstite es legal, porque se produjo un enriquecimiento
sin causa a favor del señor Muñoz, con el consecuente perjuicio económico al
patrimonio del Estado5.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

24. El 21 de enero de 2026 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,

4 Véase a índice 49 de SAMAI del Tribunal.
5 Véase a índice 52 de SAMAI del Tribunal.

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una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia6.

25. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

26. Se observa que, en el concepto de violación de su demanda, la señora Gladys
Visitación Bojacá de Muñoz cuestionó la competencia o facultad que se atribuyó el
SENA para descontar valores de la pensión sustitutiva que se le reconoció, sin que
ello fuera objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Administrativo del Meta.

27. Sobre este punto, la Sala pone de presente que la Subsección, en diversas
providencias, ha sostenido que la competencia es un criterio de validez
insubsanable de los actos administrativos, motivo por el que ha estudiado, de fondo,
aquellos eventos en los que la Administración se atribuyó facultades de autotutela
declarativa y ejecutiva, cuando no media una norma habilitante para ello7.

28. Pese a lo anterior, y teniendo en cuenta que la sustentación del recurso de
apelación es el medio procesal previsto por el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011
para que el recurrente manifieste los motivos de inconformidad con la sentencia, así
como que esta es la que delimita el pronunciamiento de la segunda instancia, tal y
como lo dispone el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012, aplicable por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA, la Sala se limitará a resolver sobre la
procedencia de la devolución de sumas percibidas de buena fe, en atención al
principio de congruencia.

29. Así las cosas, el problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en
determinar si es procedente ordenarle a la señora Gladys Visitación Bojacá de
Muñoz que le reintegre al SENA los dineros percibidos por su esposo, por concepto
de mesadas pensionales pagadas en el periodo comprendido entre el 1° de enero
de 2011 y el 31 de diciembre de 2019.

Marco normativo aplicable a la devolución de mesadas percibidas

30. El principio de buena fe se reguló en el artículo 83 de la Constitución Política en
los siguientes términos:

«ARTICULO 83. Las actuaciones de los particulares y de las autoridades
públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá
en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».

6 Véase a índice 4 de SAMAI.
7 Al respecto, véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 27 de febrero de

2025. Rad. 47001-23-33-000-2015-00222-01 (3401-2020). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; Sección Segunda.
Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2025. Rad. 19001-23-33-000-2019-00285-01 (1114-2025). C.P.
Jorge Iván Duque Gutiérrez; Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de mayo
de 2025. Rad. 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024). C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.

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31. Por su parte, según lo prescribe el numeral 1, literal c del artículo 164 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, «no habrá lugar
a recuperar lo que fuese pagado a particulares de buena fe».

32. Al respecto, esta Sección, en los casos en que las prestaciones periódicas, tales
como la pensión, han sido recibidas como resultado de un error de la administración,
ha mantenido una posición pacífica en punto a que no procederá la devolución de
las mesadas por haber sido percibidas de buena fe. Específicamente, se ha
sostenido lo siguiente:

«[…] La Sala observa que evidentemente a la demandante no le asistía el
derecho al reajuste que le fue reconocido y que implicó el pago de la mesada
pensional a partir del 1º de enero de 1996 en un monto equivalente a seiscientos
diez mil novecientos cincuenta y nueve pesos con noventa y un centavos
($610.959,91) cuando por este concepto le correspondía solamente la suma de
quinientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y cinco pesos con sesenta
y cuatro centavos ($565.965,64).

Lo anterior teniendo en cuenta que como obtuvo el derecho pensional a partir
del 1º de enero de 1996 no le era aplicable el incremento previsto en el artículo
143 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, lo anterior, la entidad demandada no estaba facultada para
pretender unilateralmente recuperar las sumas de dinero que por equivocación
pagó pues fueron recibidas por la actora de buena fe. En esa medida, los
pagos efectuados por la entidad tienen amparo legal porque fueron
recibidos de buena fe por la demandante y en ese orden, no obstante, la
legalidad del acto que dispuso el reintegro, la Sala considera que la
administración no probó ni en la vía gubernativa ni en la judicial la mala fe
de la demandante en la obtención de los reajustes pagados»8 (negrita fuera
de texto).

33. Teniendo en cuenta que el principio de buena fe trae consigo una presunción
de legalidad que admite prueba en contrario, le corresponde a quien pretenda
desvirtuarla probar que el peticionario actuó de mala fe. En ese sentido, en los
eventos en los que por un error de la administración se reconoce la pensión a quien
no reunió los requisitos, no puede alegar a su favor, con posterioridad, su propia
culpa, a fin de recuperar un dinero que fue recibido por una persona sin ningún tipo
de dolo o actuación malintencionada9.

34. No obstante, en aquellos casos en los que el error no devenga de la
administración, deberá analizarse cada caso en particular, para determinar si hay
lugar o no a la devolución de los dineros.

8 Sentencia de 17 de mayo de 2007. Número interno: 3287-05.

Véanse también: Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1 de septiembre de 2014. Radicación: 25000-
23-25-000-2011-00609-02 (3130-2013). Actor: CAJANAL EICE EN LIQUIDACIÓN, hoy Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Luz
Mery Melo Melo.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 21 de junio de 2007. Número interno: 0950-2006. Actora: Univ.
Distrital Francisco José de Caldas. Demandado: Arturo Spin Ramírez.
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de marzo de 2008. Radicado: 68001-23-15-000-2001-03370-
01 (0488-07). Actor: Universidad Industrial de Santander. Demandado: Ismael Pinto Rincón.
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de noviembre de 2016. Radicado: 130012333000201300149
01 (2677-2015). Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, UGPP. Demandado: Manuel Baquero Nova.
9 En este sentido, se pronunció la Subsección B, de la Sección Segunda en las sentencias del 17 de noviembre

de 2016, interno: 2677-15, y del 29 de junio de 2017, número interno: 4321-2016.

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Resolución del caso concreto

35. El SENA pretende con su recurso que se declare que sí es procedente la
obligación de reintegro, a cargo de la señora Gladys Visitación Bojacá de Muñoz,
de las sumas de dinero que percibió el señor Luis Alfonso Muñoz Rojas en el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2019, teniendo
en cuenta que se generó un perjuicio en contra de la estabilidad financiera del
sistema y que se probó la mala fe del causante.

36. Al respecto, se pone de presente que aun cuando la entidad apelante no
controvirtió en su recurso ningún aspecto referido a la presunción de legalidad de
los actos demandados, lo cierto es que esta sí se desvirtuó, razón por la que, en
principio, era claro que no había lugar a ordenar la devolución de las mesadas que
se presume que se percibieron de buena fe.

37. Sin embargo, en vista de que la apelante estima que dicha obligación sí era
legal se considera, en primer lugar, que no es cierto el reparo de que se probó la
mala fe del señor Muñoz Rojas ─bajo el argumento que «guardó silencio y omitió
avisar a la entidad sobre el error ocurrido»─, en la medida que la actividad probatoria
del SENA no se dirigió a demostrar ninguna inconsistencia en la que el causante
haya incurrido para obtener las sumas que presuntamente se le pagaron de más.

38. En todo caso, si la entidad demandada hubiera probado que ello sí ocurrió, se
recuerda que la mala fe no es transferible, porque se trata de una figura personal y
subjetiva. En otras palabras: aun cuando se probara que el señor Luis Alfonso
Muñoz Rojas se valió de actuaciones fraudulentas que indujeron a la Administración
a adoptar una decisión errada, eso no era extensible a su cónyuge supérstite.

39. En segundo lugar, en cuanto al reparo de que se generó un perjuicio en contra
de la estabilidad financiera del sistema, se indica, una vez más, que la actividad
probatoria del SENA no se orientó en ese sentido, por lo que en este caso no hay
prueba que permita determinar que se causó un daño al patrimonio público, máxime
si se tiene en cuenta que los supuestos dineros que se pagaron de más al señor
Luis Alfonso Muñoz Rojas correspondían a los valores que la misma entidad se
obligó a pagar como complemento de la pensión derivado de la cuota parte de la
Unidad de Pasivos Prestacionales del Meta, tal y como concluyó el tribunal de
primera instancia y frente a lo cual no se presentó objeción por la entidad
demandada.

40. Por consiguiente, no hay lugar a ordenar a la señora Gladys Visitación Bojacá
de Muñoz, en su calidad de cónyuge supérstite, la devolución de las sumas
percibidas por el señor Luis Alfonso Muñoz Rojas, toda vez que en el expediente
quedó acreditado la causa de esa erogación, así como que el causante, ni su
esposa, aportaron información falsa o desplegaron actuaciones que indujeran a la
Administración a adoptar una decisión errada.

41. Entonces, en vista de que la demandada no cumplió con su carga procesal de
acreditar que el causante y la beneficiaria de la pensión actuaron de mala fe, resulta
procedente la aplicación de la disposición prevista en el artículo 164 del CPACA, de
tal suerte que no hay lugar a ordenarle a la cónyuge supérstite la devolución de las

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sumas que recibió el pensionado, en la medida que, tal y como se advirtió en el fallo
recurrido, se desvirtuó la presunción de legalidad de las Resoluciones Nro. 1-0706
del 6 de julio de 2020 y 1-0898 del 11 de agosto de 2020.

42. De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia, por medio de la cual se accedió a las pretensiones de la señora Gladys
Visitación Bojacá de Muñoz.

Condena en costas de segunda instancia

43. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta Corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

44. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

45. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

46. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Meta.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el dieciséis (16) de octubre de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Meta, por medio de la cual se
accedió a las pretensiones.

Segundo. CONDENAR en costas en esta instancia a la parte recurrente de acuerdo
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

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Radicado: 50001-23-33-000-2021-00046-01 (3556-2025)

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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