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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00370-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2019-00370-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones para, en su lugar: 20 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: +57 (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 13 Radicado: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024) “SEGUNDO: CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho, que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR reintegre, en favor del señor Jaime Hernán Herrera Castro, las sumas correspondientes a los valores que se le hayan descontado de la mesada pensional a él reconocida, sin que se sobrepase la suma total de ochenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos ($88.624.197), que inicialmente se ordenó descontar por la entidad; hasta TERCERO: Las sumas cuyo reconocimiento de ordena serán ajustadas conforme con la fórmula que se indicó en la parte motiva”. Cuarto. CONFIRMAR en lo demás la decisión de primera instancia. Quinto. Sin condena en costas en esta instancia. Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2019-00370-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 52001-23-33-000-2019-00370-01 (0854-2024)
Demandante: Jaime Hernán Herrera Castro
Demandada: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─

Tema: Falta de competencia para expedir los actos administrativos
demandados. Reintegro de los valores percibidos por concepto
de asignación de retiro. REVOCA PARCIALMENTE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, contra la
sentencia proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Nariño, por medio de la cual se accedió parcialmente a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Jaime Hernán Herrera Castro instauró demanda contra la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional ─CASUR─, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin que se
acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad parcial de la Resolución Nro. 6442 del 26 de octubre de
2018, por medio de la cual se ordenó el reconocimiento y pago de la asignación
mensual de retiro, a partir del 30 de julio de 2018, y ordenó descontar la suma de
ochenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos
($88.624.197), por concepto de asignación mensual de retiro pagada en el período
comprendido entre el 18 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017; y la nulidad
de la Resolución Nro. 8220 del 21 de diciembre de 2018, mediante la cual se
resolvió, de forma negativa, el recurso de reposición interpuesto contra el primer
acto administrativo.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare que no debe
reintegrar ninguna suma de dinero; que se ordene a la demandada que se abstenga
de continuar descontando los valores de la asignación de retiro que percibe y que

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reintegre los valores descontados, suma que, a la fecha de presentación de la
demanda, ascendía a ocho millones ochocientos veintinueve mil ciento noventa y
siete pesos ($8.829.197), más los intereses de ley generados.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que mediante Resolución Nro. 7421 del 3 de septiembre de 2013, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía le reconoció la asignación de retiro por cumplir con
los requisitos exigidos para acceder a dicha prestación y declaró prescritas las
mesadas causadas con anterioridad al 18 de febrero de 2010.

Que mediante Resolución Nro. 03685 del 8 de agosto de 2017, el Ministerio de
Defensa Nacional ordenó su reintegro al servicio, con ocasión de lo ordenado en la
sentencia del 17 de diciembre de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de
Nariño.

Que una vez reintegrado, envió petición a la demandada en la que informó sobre su
nueva situación, con el fin que se excluyera de nómina y no se efectuara un doble
pago. Que, no obstante, la entidad nunca contestó.

Que mediante Resolución Nro. 5669 del 2 de octubre de 2017, se revocó la
Resolución Nro. 7421 del 3 de septiembre de 2013, ordenándole que reintegrara la
suma de ochenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete
pesos ($88.624.197).

Que contra los anteriores actos interpuso demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho, la cual tramitó el Juzgado Quinto Administrativo de Pasto.

Que mediante Resolución Nro. 6442 del 26 de octubre de 2018, se le reconoció la
asignación mensual de retiro y se ordenó descontar la suma de ochenta y ocho
millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos ($88.624.197), por
concepto de mesadas pagadas en el periodo comprendido entre el 18 de febrero de
2010 y el 31 de agosto de 2017.

Que interpuso recurso de reposición contra la anterior resolución, el cual fue resulto,
de forma negativa, mediante Resolución Nro. 8220 del 21 de diciembre de 2018.

Que el 26 de noviembre de 2018 le fue pagada la primera mesada, a la cual le
descontaron el 50% y que, a la fecha de interposición de la demanda, los
descuentos efectuados por la accionada ascendían a la suma de ocho millones
ochocientos veintinueve mil ciento noventa y siete pesos ($8.829.197).

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Se indicaron como normas violadas los artículos 29 y 83 de la Constitución Política;
el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992; el artículo 19 de la Ley 797 de 2003; el artículo
97 de la Ley 1437 de 2011; los Decretos 1212 y 1213 de 1990; y el Decreto 823 de
1995. En el concepto de violación indicó que los actos administrativos demandados

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se expidieron con desviación de poder porque la entidad demandada interpretó, en
su contra, la sentencia de reintegro del 7 de diciembre de 2016, proferida por el
Tribunal Administrativo de Nariño.

Que el fallo del Tribunal aplicó, como precedente judicial, la sentencia de unificación
556 de 2014 de la Corte Constitucional, la cual estableció una limitación del pago
del daño, por concepto de indemnización. Que el comité de conciliación de la
demandada estableció, en sesión del 28 de septiembre de 2015, que no podía
exigírsele la devolución de dineros, pues los pagos efectuados por la
reincorporación al servicio se hicieron a título de indemnización.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

La demanda se presentó, originalmente, ante los Juzgados Administrativos de
Pasto quienes, por auto del 23 de mayo de 2019, declararon la falta de competencia
para conocer el proceso y la remitieron al Tribunal Administrativo de Nariño1. Una
vez remitida, en providencia del 20 de enero de 2020 se admitió2.

La demandada contestó oponiéndose a las pretensiones, expresando que siempre
ha estado presta al cabal cumplimiento de las normas que son aplicables a las
prestaciones de los retirados y sus beneficiarios, por lo que no ha observado una
conducta dilatoria o de mala fe. Que la sentencia con la cual se ordenó la
reincorporación del demandante estableció que el reintegro se consideraría sin
solución de continuidad, es decir, sin que pudiera entenderse que se presentó
alguna ruptura de su vínculo con la Policía Nacional.

Que, por lo anterior, lo que el demandante percibió como asignación de retiro debe
reintegrarse a la Administración. Propuso las excepciones de inepta demanda,
legalidad de los actos acusados, inexistencia del derecho y la genérica o
innominada3.

Por auto del 27 de enero de 2022, decidió impartírsele al proceso el trámite de
sentencia anticipada, para lo cual se tuvieron como prueba los documentos
aportados por las partes y se fijó el litigio 4. Una vez se corrió traslado para alegar
de conclusión, se dictó sentencia, que fue apelada por las partes.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia proferida el veinte (20) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023), accedió parcialmente a las pretensiones
expresando que no se trató de una doble asignación a título de salarios por varias
vinculaciones laborales, sino de la percepción concomitante de sueldos y de
asignación de retiro, pagada esta última por un ente previsional que está sujeto en
su actuación a ley y a la Constitución Política, de manera que debe efectuar un
manejo adecuado de los recursos que administra, en orden a mantener la
sostenibilidad del sistema.

1 Véase el archivo «007. ACTA REPARTO DE JUZGADO […]», disponible a índice 11 de SAMAI del Tribunal.
2 Véase el archivo «008. ACTA DE REPARTO TRIBUNAL […]», ibid.
3 Véase el archivo «011. CONTESTACION DEMANDA […]», ibid.
4 Véase el archivo «024. AUTO DE SENTENCIA ANTICIPADA», ibid.

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Que al concretarse el reintegro se restableció la condición inicial del demandante,
es decir, la que ostentaba antes del acto de retiro. Que la declaración de nulidad del
acto administrativo que lo desvinculó retrotrajo las cosas a su estado anterior, de
manera que se entendía como si aquel nunca se hubiera separado del servicio,
razón por la cual las sumas que recibió por concepto de restablecimiento del
derecho y las que percibió por asignación de retiro devienen en incompatibles por
ausencia de causa justificada para su reconocimiento.

Que la reincorporación que judicialmente se decidió trajo para el demandante, como
consecuencia directa, la pérdida del derecho de su condición de retirado, de donde
deviene la incompatibilidad entre los valores que se le pagaron como asignación
durante el lapso en que se mantuvo vigente el acto administrativo de desvinculación
que fue anulado.

Que la orden judicial dispuso, claramente, pagar los salarios y demás prestaciones
sociales a favor del accionante desde el momento de su desvinculación y hasta el
día en que efectivamente se produjera su reintegro, lo que implicó que el pago se
realizara a título de restablecimiento del derecho y no de indemnización.

Que las sumas que percibió el demandante por concepto de asignación de retiro
debían devolverse, puesto que no resultaban compatibles con el pago que recibió
como restablecimiento del derecho, pero, únicamente, hasta el monto al que se
extiende lo que debe pagarse por ese restablecimiento, lo cual no implicaba que
pudiera accederse a las súplicas de la demanda sobre la anulación del acto con el
cual se ordenó devolver las sumas que se cancelaron como asignación de retiro,
sino que se ponía un límite a ese reintegro.

Que como el restablecimiento del derecho se extiende entre seis y veinticuatro
meses, es decir, un máximo de dos años, y que teniendo en cuenta que con los
actos demandados se ordenó que devolviera lo que se le canceló por concepto de
asignación de retiro entre 2010 y 2017, era indudable que contrario a una doble
erogación a favor del actor, se constituía un enriquecimiento injustificado a favor del
Estado, por lo cual se declaraba la nulidad del acto y se ordenaba que la demandada
emita los actos correspondientes, conforme al contenido del fallo, en contra del
particular y de quien se estime pertinente.

Que, por esas razones, se declaraba la nulidad de las Resoluciones Nro. 6442 del
26 de octubre de 2018 y Nro. 8220 del 21 de diciembre de 2018. Que se ordenaba
que, a favor de la CASUR, el demandante devolviera las sumas que percibió por
concepto de asignación de retiro, puesto que no resultaban compatibles con el pago
que recibió como restablecimiento del derecho porque se anuló la decisión de
desvincularlo del servicio, pero, únicamente hasta el monto de lo que se debe pagar
por ese restablecimiento. Finalmente, que se ordenaba a la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional emitir los actos correspondientes para obtener el
reembolso de lo pagado, conforme al contenido del fallo, en contra del particular y
de quien se estime pertinente 5.

RECURSOS DE APELACIÓN

5 Véase a índice 13 de SAMAI del Tribunal.

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La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que manifestó que pese
a estar de acuerdo con la declaratoria de nulidad de las Resoluciones Nro. 6442 del
26 de octubre de 2018 y Nro. 8220 del 21 de diciembre de 2018, lo decidido por el
Tribunal en los demás numerales de la parte resolutiva de la sentencia recurrida no
eran claros, porque ello no podría ser una consecuencia de la declaratoria de la
nulidad de los actos demandados.

Que de acuerdo con la sentencia que lo reintegró al servicio, no recibió el pago de
todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que
estuvo desvinculado de la institución, sino una indemnización por el daño causado.
Que el cobro y los descuentos que hizo la demandada le significaban un detrimento,
así como un enriquecimiento injustificado para el Estado, ya que jamás se dio un
doble pago en el tiempo, razón por la que la devolución de dineros no debió
ordenarse6.

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que indicó que debieron
denegarse en su totalidad las pretensiones de la demanda, en el entendido que
quedó demostrado en el proceso la prohibición de origen constitucional de devengar
más de una asignación que provenga del tesoro público. Que también quedó
demostrado que en el periodo comprendido entre el 18 de febrero de 2010 y el 31
de agosto de 2017, se le pagó al demandante asignación de retiro en el grado de
subintendente.

Que, además, se demostró que el Tribunal Administrativo de Nariño ordenó a la
Policía Nacional, en el fallo del 7 de diciembre de 2016, que reintegrara al servicio
activo al señor Herrera Castro sin solución de continuidad, condenándola a pagar
los salarios que dejó de percibir desde que se produjo su retiro y hasta que se
produjera su reintegro.

Que, según esto, el retiro del servicio activo del policial nunca ocurrió, por lo que se
entiende que estuvo vinculado a la Policía Nacional desde el 10 de febrero de 1992
al 2017, de manera ininterrumpida. Que para el lapso comprendido entre 2007 y
2017 no podía ostentar la calidad de miembro activo de la Policía Nacional,
percibiendo salario y prestaciones y, a su vez, ostentar la calidad de miembro
retirado vinculado a la CASUR, percibiendo asignación de retiro 7.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

El 26 de febrero de 2024 se admitieron los recursos de apelación y se dispuso que,
una vez ejecutoriado, el expediente pasaría a Despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría emitir concepto
hasta antes de que el proceso ingresara para fallo

Aunque no se hizo pronunciamiento alguno sobre la solicitud probatoria que en
segunda instancia presentó el demandante 8, este no se pronunció sobre las pruebas
solicitadas, motivo por el cual, la actuación quedó saneada.

6 Véase a índice 15 de SAMAI del Tribunal.
7 Véase a índice 16 de SAMAI del Tribunal.
8 Véase a índice 4 de SAMAI.

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Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

Se resolverá previas las siguientes

CONSIDERACIONES

De conformidad con los recursos de apelación interpuestos, el problema jurídico
que deberá resolver la Sala consiste en determinar si los actos administrativos
demandados, por medio de los cuales se ordenó la devolución de unos dineros
pagados al señor Jaime Hernán Herrera Castro por concepto de asignación de retiro
en el período comprendido entre el 18 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017,
están viciados de nulidad.

De la legalidad de los actos administrativos y el principio de justicia rogada

La presunción de legalidad es un atributo del acto administrativo que implica que
mientras este no haya sido anulado en sede judicial, ha de suponerse que fue
proferido conforme a derecho, que es obligatorio y puede ejecutarse. En ese
sentido, esta figura consagrada legalmente en el artículo 88 del CPACA, conlleva
que la carga de la prueba o de la argumentación sobre la ilegalidad del acto recaiga
sobre quien la alega, pues como presunción legal admite prueba en contrario.

En esta figura hay una regla que indica al juez que debe denegar la pretensión de
nulidad de un acto administrativo cuando quien lo demanda no cumple con la carga
de demostrar que está viciado. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, encargada de juzgar la validez de esa clase de actos, ha sido
caracterizada como una «jurisdicción rogada» en lo que tiene que ver con esta
particular materia.

En todo caso, la presunción de legalidad de los actos administrativos ha de ser
valorada en el contexto constitucional en el que se enmarca y, por ello, deben ser
tenidas en cuenta las consideraciones de la Corte Constitucional en la Sentencia C-
197 de 1999 acerca de la exequibilidad condicionada que tuvo en su momento el
numeral 4, del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de
1984) que, al igual que el CPACA, dispone como requisito de la impugnación judicial
de un acto administrativo que se indiquen en la demanda las normas violadas y el
concepto de violación.

En línea con lo expuesto, se encuentra que cuando el juez del medio de control de
simple nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho advierta la vulneración de
derechos fundamentales o normas de rango constitucional en los actos
administrativos acusados, le corresponde analizar de forma oficiosa preceptos o
argumentos distintos a los que se plantearon inicialmente. Es decir, se puede
flexibilizar el principio de justicia rogada con el fin de dar protección al ordenamiento
superior 9.

De la labor interpretativa del juez y el derecho al debido proceso

9 Sobre la justicia rogada, se puede revisar: Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia

del 21 de abril de 2018. Rad. 81001-23-33-000-2014-00012-01(1321-15) CE-SUJ2-010-18.

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Esta facultad fue consagrada en el numeral 5° del artículo 42 del Código General
del Proceso y, sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que al:

«[…] encargado de administrar justicia se le atribuye, como misión ineludible
interpretar los actos procesales, entre ellos la demanda inicial, a fin de
desentrañar el verdadero alcance e intención del demandante al formular sus
súplicas, lógicamente sin aislar el petitum de la causa petendi, buscando
siempre una afortunada integración y con ello poder precisar el auténtico
sentido o aspiración de quien procura una tutela efectiva de sus derechos
[…]»10.

En similar sentido, se ha pronunciado el Consejo de Estado al indicar que dicho
deber tiene como finalidad que las autoridades judiciales determinen lo
materialmente pretendido por quien demanda y se establezca la vía idónea para
tramitar la controversia, esto es que, ante la falta de claridad del escrito inicial, se le
dé el sentido y el alcance que se derive de la intención real del demandante, sin
desconocer o variar abiertamente sus factores esenciales 11.

Así entonces, considera la Subsección que, en virtud de la prevalencia del derecho
sustancial sobre el procedimental, es dable acudir al deber interpretativo del juez y
desentrañar o ahondar en el desarrollo de este derecho fundamental de aplicación
inmediata en la actuación administrativa que produjo los actos administrativos
demandados, más aún cuando se puede advertir una falta de competencia y la
omisión de aplicación del procedimiento administrativo en su expedición.

Del derecho al debido proceso establecido en el artículo 29 Superior se desprenden
diferentes garantías para las actuaciones administrativas, entre ellas, el derecho a
ser juzgado ante el juez o tribunal competente, que para lo administrativo se traduce
en la necesidad de que el sujeto que adelante la actuación y emita el acto, tenga
una asignación previa del ordenamiento, y que para su expedición se atienda el
procedimiento establecido por el legislador para garantizar el debido proceso del
administrado, de allí que, analizar estos requisitos son de relevancia constitucional.

Sin que ello implique trasgresión al principio de congruencia o vulneración del
derecho de defensa de la demandada, en la medida en que el presente proceso ha
versado sobre la posibilidad o no de que el demandante tenga la obligación de
restituir las sumas que devengó por concepto de mesadas pensionales.

El debido proceso administrativo

En el ámbito de las actuaciones administrativas, este derecho fundamental ha sido
denominado por la jurisprudencia y la doctrina como debido proceso administrativo,
que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos
por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación
administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de los administrados.

10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de marzo de 2019. Exp. SL 960-

2019.
11 Al respecto, se puede consultar: Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 13 de

agosto de 2021. Rad. 85001-23-33-000-2014-00159-03 (60078).

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En este sentido, el debido proceso administrativo impone a la administración que en
las actuaciones que tengan como finalidad crear, modificar o extinguir situaciones
jurídicas, se dé aplicación a los lineamientos previamente consagrados por el
legislador, para garantizar a los ciudadanos la protección de sus derechos de
contradicción y defensa.

Sin embargo, no toda irregularidad dentro del procedimiento dará lugar a la nulidad
de los actos, sino cuando aquella implique el desconocimiento de las garantías
fundamentales de quien pueda resultar afectado con su expedición.

La competencia como presupuesto de validez de los actos administrativos

Para que un acto administrativo sea válido se requiere, entre otras condiciones, que
al sujeto de quien emana le haya sido atribuida, vía constitucional, legal o
reglamentaria, la facultad de tomar dicha decisión. Esto es lo que en la teoría del
acto administrativo se conoce como competencia o elemento subjetivo del acto, que
se refiere tanto a la institución, entidad u órgano, como al individuo que lo profiere.

La competencia administrativa se determina a partir de la identificación de
funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones y facultades que le ha
asignado el ordenamiento jurídico a los servidores públicos y a los particulares que
ejercen funciones públicas, pues no de otra forma se puede delimitar el campo de
acción dentro del cual le es dado desenvolverse a una autoridad administrativa.

De esta manera, las normas que deben considerarse a efectos de estudiar la
competencia, como presupuesto de validez de los actos administrativos, son
aquellas vigentes en el momento de ser emitida la respectiva manifestación
unilateral de voluntad tendiente a producir efectos jurídicos 12.

Como puede observarse, la falta de competencia es un vicio externo al acto
administrativo, debido a que no se afinca en su contenido o finalidad, sino en el
sujeto que lo expide. Ahora, es importante tener en consideración que la asignación
de competencias a la administración pública atiende a diferentes factores que
pueden identificarse como el funcional o jerárquico 13, el material 14, el territorial 15 y
en algunos casos el temporal 16.

En ese orden, dado que la competencia permite que las decisiones de la
administración se encuentren revestidas de legalidad, el acto administrativo estará
viciado de nulidad en aquellos casos en los que se profiere por un sujeto que carece

12 Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-014 de 1993 precisó que «[…] la valoración del ejercicio

de una competencia, esto es, la definición acerca de si un órgano estatal obró o no de conformidad con las
reglas que la fijan, debe hacerse necesariamente mediante el cotejo con los preceptos vigentes al tiempo en
que se efectivizó, dado que por constituir éstos su fuente de validez son los que determinan la regularidad de
su ejercicio. [...]».
13 Se refiere al ejercicio de atribuciones según el grado jerárquico que, dentro de la estructura organizacional

de la administración pública, ostenta el servidor público o particular investido de funciones administrativas: Cfr.
Luis Enrique Berrocal Guerrero, op. cit., p. 127.
14 Supone que el acto administrativo proferido sea el desarrollo de una competencia efectivamente asignada a

la autoridad que lo expidió. “Es el qué de la competencia”: Ibidem, p. 125.
15 Parte de reconocer que debe haber una división del territorio que permita delimitar el espacio geográfico en

el que la autoridad administrativa se encuentra habilitada para el desempeño de sus funciones: Cfr. ibidem, pp.
124-125.
16 Es un parámetro que aplica en determinados casos en los que el ordenamiento jurídico impone un límite de

tiempo para que la administración pueda ejercer su poder decisorio: Cfr. ibidem, pp. 125-127.

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de capacidad para actuar, esto es, sin una competencia atribuida por el
ordenamiento jurídico. Por ello, el artículo 137 del CPACA (causales aplicables al
artículo 138 de la misma disposición) consagra la falta de este elemento como un
vicio invalidante de los actos administrativos, el cual, según la jurisprudencia de esta
Corporación, es uno de los más graves y, por lo tanto, no puede ser saneado 17.

El principio de autotutela administrativa

En virtud de dicho principio, se le concede a la administración una serie de
potestades y prerrogativas que le permiten defender directa y unilateralmente los
intereses jurídicos que le asisten sin necesidad de acudir a instancias judiciales. Se
trata pues de una figura que dentro del Estado de Derecho puede resultar particular
debido a que denota claramente una relación de desigualdad entre las entidades
públicas y los administrados, a quienes resultan oponibles las decisiones que motu
proprio tomen las primeras en aras de hacer efectivos los intereses públicos.

Sin embargo, esta facultad no es irrestricta ya que encuentra límites en el interés
general y en las competencias que explícitamente le han sido asignadas a cada
autoridad. Así, uno de los postulados esenciales del Estado Social de Derecho es
que las autoridades o los particulares que cumplan funciones públicas o
administrativas no gozan de plena autonomía ya que toda conducta que deseen
desplegar debe estar consagrada en una norma habilitante.

Esta premisa tiene consagración constitucional en los artículos 6, 122, 123 y 209
Superiores, con base en los cuales puede sostenerse que se encuentra proscrita la
admisión de facultades implícitas o cuyo alcance no esté bien definido y que sea
ajeno a la satisfacción de los intereses generales y los fines esenciales del Estado.
De esta manera, la primera de tales normas dispone que los servidores públicos,
además de ser responsables por infringir la Constitución y las leyes, lo son también
por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, esto es, que están
positivamente limitados, de allí que solo pueden hacer lo que les está permitido por
la Constitución, las leyes, los reglamentos, etc.

Por su parte, conforme al artículo 122, el contenido funcional de todo empleo público
debe encontrarse señalado en la ley, siendo necesario, para que pueda ejercerse
el cargo, que el funcionario jure cumplir y defender la Constitución, así como
desempeñar los deberes que le incumben. En la misma línea, el artículo 123 de la
misma normativa dispone que «[l]os servidores públicos están al servicio del Estado
y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución,
la ley y el reglamento […]».

Por ello, mecanismos de autotutela de la administración como los recursos
administrativos, la revocatoria directa de los actos administrativos y la facultad de
cobro coactivo de las entidades públicas tienen una consagración legal expresa que
habilita en cada caso su aplicación y las condiciones en que debe ejercerse 18.

17 De acuerdo con lo dicho por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo: “Frente a vicios o defectos como

la inconstitucionalidad, la ilicitud no saneable o absoluta, la desviación de poder y la falta de competencia no es
posible convalidar o remediar el acto viciado o defectuoso”: Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 15 de junio de 2004. Rad. 11001-03-15-000-1998-0782-01(S-782).
18 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado:

25000-23-25-000-2011-01239-01(3870-14) precisó que según la naturaleza de las prerrogativas que se le

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Resolución del caso concreto

La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional expidió la Resolución Nro. 6442
del 26 de octubre de 2018, mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de la
asignación mensual de retiro a partir del 30 de julio de 2018, a favor del señor Jaime
Hernán Herrera Castro; y ordenó descontar la suma de ochenta y ocho millones
seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos ($88.624.197), por
concepto de asignación mensual de retiro pagada en el período comprendido entre
el 18 de febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017.

Contra el anterior acto administrativo, el interesado interpuso recurso de reposición,
el cual se resolvió, de forma negativa, mediante la Resolución Nro. 8220 del 21 de
diciembre de 2018, con base en los siguientes argumentos:

«[…] Que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, no fue parte en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se surtió contra la
Policía Nacional y no ha sido condenada a pagar valor alguno y en
consecuencia no existe mérito para dejar de cobrar los valores cancelados por
concepto de asignación mensual de retiro, máxime que en virtud del fallo que
condenó a la Policía Nacional a reintegrar al servicio activo al SI (r) JAIME
HERNAN HERRERA CASTRO, sin solución de continuidad, es decir que nunca
perdió la calidad de policial en servicio activo, devolviendo las cosas al estado
anterior a que se produjera el acta administrativo que dio origen al litigio.

Que al haberse ordenado el reintegro al servicio activo al señor Agente sin
solución de continuidad, queda sin ningún fundamento legal los pagos
efectuados por esta Caja por concepto de asignación mensual de retiro, toda
vez que no se puede dar la misma condición en el tiempo, en la misma persona,
es decir, devengar salario como miembro activo de la Policía y simultáneamente
cobrar asignación mensual de retiro por el mismo tiempo, lo que se configura
una flagrante violación al Artículo 128 de la Carta Política. […]» (negrillas y
subrayas originales).

Establecido lo anterior, lo primero que puede concluirse es que CASUR, al expedir
los actos administrativos demandados, actuó en procura de sus intereses jurídicos,
lo que impone la necesidad de establecer si gozaba de una competencia normativa
que le permitiera adoptar tales medidas de autotutela.

Así las cosas, conforme con el artículo 199 del Decreto 1212 de 1990, la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional realiza el reconocimiento de las
asignaciones de retiro y de las pensiones a sus beneficiarios, conforme a la hoja de
servicios adoptada por el Ministerio de Defensa y a los procedimientos y requisitos
que establezca la citada Caja, mediante resolución del director general, contra la
cual procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario.

El numeral 3.10, del artículo 3° de la Ley 923 de 2004 dispuso que la «[…] Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
serán las entidades responsables de las labores de administración de aportes,
reconocimiento y pago de asignaciones de retiro y de sus sustituciones, así como

concedan a la administración, la autotutela puede ser de tipo declarativa o ejecutiva. «[…] En el primero de los
casos, los actores públicos, en ejercicio de las facultades que les otorga la ley, producen actos administrativos
a través de los cuales definen una situación jurídica como puede ser la existencia de un derecho y su correlativa
obligación. La autotutela ejecutiva o coactiva alude a las operaciones o acciones llevadas a cabo por la
administración, tendientes a hacer efectiva una determinada situación jurídica».

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de la inversión, manejo y control de los recursos correspondientes».

Por su parte, el Acuerdo 8 de 2001 ─por el cual se adoptaron los estatutos internos
de CASUR─ estableció las siguientes funciones del director general:

«[…] 19. Reconocer y pagar, conforme a la ley, las asignaciones de retiro,
pensiones y demás prestaciones a que está obligada la Caja, para lo cual
podrá exigir las pruebas legales y complementarias que estime necesarias.

20. Autorizar descuentos de las asignaciones o pensiones de los afiliados y
beneficiarios de la entidad, por obligaciones contraídas con el Ministerio de
Defensa Nacional y Organismos Adscritos o Vinculados al mismo o por
errores evidentes en la liquidación de las citadas asignaciones y pensiones,
previo procedimiento establecido en la ley y aquellos dispuestos por mandato
judicial o con arreglo a las disposiciones legales».

Visto lo anterior, para la Sala es claro que la entidad demandada no tiene
competencia para ordenarle al demandante que reintegre los dineros pagados por
concepto de asignación de retiro pues, como ya se mencionó, para ejercer cualquier
potestad administrativa debe existir habilitación expresa y, en el caso bajo estudio,
se advierte que las normas que previeron las funciones de la Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, la facultaron, inicialmente, para reconocer y pagar
dicha prestación económica, pero no la habilitaron para ordenar reintegros de
haberes pagados por concepto de dicha prestación.

Ante la ausencia de una norma que establezca la competencia, la autoridad
administrativa está imposibilitada para actuar, es decir, las facultades de autotutela
declarativa y ejecutiva de la administración dependen, igualmente, de la existencia
de normas expresas de autorización y de mandato, en correspondencia con el
principio de legalidad.

En estos términos, la Sala concluye que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional no tiene competencia para ordenar, por sí misma, el reintegro de los
dineros recibidos por el señor Jaime Hernán Herrera Castro por concepto de
mesadas de asignación de retiro, razón por la que los actos administrativos
demandados se expidieron sin competencia y en clara extralimitación de funciones.
Si la entidad pretendía una devolución de sumas que, en su consideración, son
incompatibles con el artículo 128 de la Constitución Política, debió reclamar el «pago
de lo no debido», contemplado en el artículo 2313 del Código Civil.

En igual sentido, se pronunció el Consejo de Estado en un asunto con identidad
fáctica al aquí expuesto, en el que se analizó la improcedencia de la orden de
devolución de unos dineros pagados de más por una entidad pública, sin que
hubieran agotado los mecanismos administrativos o judiciales previstos por el
ordenamiento jurídico, a saber:

«[…] Sin embargo y a pesar de esto, la administración expidió las
Resoluciones 1227 y 1541 de agosto 21 y noviembre 6 de 2002
respectivamente, que sin ser nominadas como revocatoria directa de las
Resoluciones 942 de 22 de mayo de 1998, que ordena el reintegro; 858 de
diciembre 14 de 1998; 888 de noviembre 30 de 1998, que da cumplimiento
al fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenando
los pagos correspondientes tanto al actor como a la Caja de Previsión del

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Distrito; 231 de abril 16 de 1999, que reconoce y paga unos intereses; 233
de abril 16 de 1999, que reconoce una diferencia en el subsidio familiar; 622
de septiembre 21 de 1999, que establece el pago de una cuenta; desconocen
la legalidad, la vigencia y firmeza de las mismas, y ordena que se reintegre
al Distrito Capital, unos dineros pagados de más por la entidad,
argumentando que se presentó un error en la liquidación.

Al decretar el reintegro de estos dineros está emitiendo una decisión que solo
podía ser fruto de la revocatoria directa, pues el resultado inmediato y útil de
las citadas resoluciones es dejar sin efecto tácitamente las decisiones
que efectuaron ese pago, lo cual no podía hacerse en virtud del
principio de legalidad de los actos y de la presunción que existe sobre
los mismos, cosa diferente, es que hubiese existido ilicitud en su
expedición o en su trámite, o que el error haya sido inducido por el
interesado, vale decir, que hubiese actuado con temeridad, pero aún en
este evento, la entidad debía garantizar el debido proceso con un
procedimiento sumario, antes de tomar una decisión de esta naturaleza.

[…]

El ordenamiento jurídico resguarda la confianza entre las partes y la
administración no tiene otro remedio más que protegerla, no puede destejer
como Penélope, creando situaciones desleales, que van en contravía del
concepto ético del derecho.

“Si bien es cierto la administración está obligada a recuperar los
emolumentos cancelados sin justa causa, como lo afirma la Alcaldía
Mayor de Bogotá en los mismos actos demandados, debe entenderse que
esto no lo habilita para actuar contra legis, sino mediante el uso de los
mecanismos y herramientas legales con los que cuenta; respetando en
todo momento los procedimientos que el legislador ha desarrollado para tal
fin, lo que no significa nada distinto a respetar el debido proceso” […]»19
(negrillas fuera de texto).

Bajo esa óptica, es claro que la administración debe utilizar los mecanismos
judiciales o administrativos establecidos para recobrar o buscar el reintegro de
sumas de dinero que considera indebida o injustamente pagadas, por lo que no es
dable que adelante una actuación administrativa tendiente a crear una nueva
decisión que preste mérito ejecutivo, como ocurrió en el presente caso.

Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se encuentra que
la actuación de la demandada transgredió el ordenamiento jurídico y comportó un
abuso del derecho al trasladar al administrado cargas que no tenía que asumir, pues
se reitera, la facultad de autotutela es reglada y si no está expresamente
consagrada u otorgada por la Constitución o la ley, su ejercicio se constituye en una
arbitrariedad.

Por consiguiente, la Sala revocará parcialmente la sentencia proferida el veinte (20)
de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Nariño,
por medio de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones para, en su lugar,
concederlas en los siguientes términos:

A título de restablecimiento del derecho, se ordenará a la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional que reintegre, en favor del señor Jaime Hernán Herrera
Castro, las sumas correspondientes a los valores que se le hayan descontado de la

19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 11 de noviembre de 2009. Exp. 1127-07.

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mesada pensional a él reconocida, sin que se sobrepase la suma total de ochenta
y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos
($88.624.197), que inicialmente se ordenó descontar por la entidad.

No obstante, con independencia de la orden de devolución dispuesta en esta
providencia, CASUR guarda el derecho a iniciar, por las vías legales, las acciones
encaminadas a recuperar la suma de ochenta y ocho millones seiscientos
veinticuatro mil ciento noventa y siete pesos ($88.624.197), por concepto de
asignación mensual de retiro pagada en el período comprendido entre el 18 de
febrero de 2010 y el 31 de agosto de 2017; o bien por el monto que se haya
descontado, en caso de ser inferior a dicha suma.

Las sumas cuyo reconocimiento se ordena a favor del demandante serán ajustadas
de conformidad con la fórmula que se transcribe a continuación:

R= Rh x Índice final
Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (R.H.),
que es la cantidad por pagar, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de
precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de
esta providencia, por el índice vigente en la fecha en que se causó el derecho.

De la condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 20 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por la parte demandada a quien se le resuelve
desfavorablemente el recurso, en sus distintas intervenciones, no se presenta tal
supuesto, por el contrario, en el escrito de alzada manifestó argumentos razonables
en defensa jurídica de sus intereses, de manera que no se impondrá condena en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR los numerales SEGUNDO y TERCERO de la sentencia
proferida el veinte (20) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal
Administrativo de Nariño, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones para, en su lugar:

20 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la

sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.

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“SEGUNDO: CONDENAR, a título de restablecimiento del derecho,
que la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR
reintegre, en favor del señor Jaime Hernán Herrera Castro, las sumas
correspondientes a los valores que se le hayan descontado de la
mesada pensional a él reconocida, sin que se sobrepase la suma total
de ochenta y ocho millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa
y siete pesos ($88.624.197), que inicialmente se ordenó descontar por
la entidad; hasta

TERCERO: Las sumas cuyo reconocimiento de ordena serán
ajustadas conforme con la fórmula que se indicó en la parte motiva”.

Cuarto. CONFIRMAR en lo demás la decisión de primera instancia.

Quinto. Sin condena en costas en esta instancia.

Sexto. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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