Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00417-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00417-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00417-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
Demandante: Alicia Arévalo Bohórquez
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Tema: Prima especial. MODIFICA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la sala1 el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia
proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, por medio de la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Alicia Arévalo Bohórquez interpuso demanda en contra de la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se inapliquen por inconstitucionalidad los decretos 57 de 1993, 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 76 de 1997, 64 de 1998, 44 de 1999, 2740 de 2000,
1475 de 2001, 2720 de 2001, 2777 de 2001, 673 de 2002, 3569 2003, 4172 de
2004, 936 de 2005, 389 de 2006, 618 de 2007, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 de
2010, 1039 de 2011, 0874 de 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014,1105 de 2015, 234
de 2016, 1003 de 2017 y 338 de 2018.
1 Actualmente los miembros de la subsección no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente
proceso. De otro lado, cabe precisar que, si bien el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves se declaraba impedido
respecto de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, por tener un proceso activo en el que se
debatía un asunto similar, el mismo fue definido mediante sentencia del 16 de septiembre de 2025, decisión
que se encuentra ejecutoriada, por lo que no existe pleito pendiente entre las partes o interés actual al respecto.
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3. Que se declare la nulidad de la Resolución 2986 del 21 de abril de 2016, a
través de la cual la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial negó la reliquidación y el pago de las diferencias debidas por concepto de
salarios y prestaciones sociales, en virtud de la prima especial prevista en el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992, así como del acto ficto producto del silencio administrativo
negativo en el que incurrió la entidad frente al recurso interpuesto.
4. A título de restablecimiento del derecho se ordene pagar «el 30 % de la
remuneración mensual faltante para un total del 100% del salario, con las
consecuencias prestacionales de este 30% del salario, incluidas las cesantías,
intereses a las cesantías, y la prima especial de servicios contemplada en el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, más las consecuencias prestacionales incluidas las
cesantías, intereses a las cesantías, y la prima especial de servicios contemplada
en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 […] desde la posesión […] como juez de la
República hasta la fecha que ocupe el cargo».
5. Que se actualicen las sumas reconocidas, se cancelen los intereses
correspondientes, y se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 187, 188, 189, 192 y 195 del CPACA.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
6. Que ha prestado sus servicios en la Rama Judicial, en calidad de juez de la
República, así: «[…] desde el 07 de Septiembre de 2011 al 31 de Mayo de 2015,
[…] desde el 10 Junio al 13 de Septiembre de 2015, […] desde el 02 de Diciembre
de 2015 hasta la fecha […]». Que el «19 de febrero de 2016»2, solicitó a la
demandada reconocer y pagar «el equivalente del 30% como remuneración
mensual con carácter salarial con las consecuencias prestacionales […] incluidas
las cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial consagrada en los
artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992», petición que se negó a través de los actos
demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
7. Considera violados los artículos: 1, 13, 25, 53 y 121 de la Constitución
Política; 2, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 1, 2, 4 del Decreto 10 de 1993; 14 del
Código Sustantivo del Trabajo; 84 del CCA; y 152 numeral 7 de la Ley 270 de 1996.
8. Que los actos acusados fueron expedidos con desconocimiento de la
Constitución, la ley y del precedente desarrollado por esta corporación porque la
entidad interpretó de forma errónea los decretos anuales que regulan la prima
especial correspondiente al 30 % del salario, pues la consideró como parte del
mismo y no como un aumento, lo que generó una disminución en la asignación
2
Según se desprende del sello de radicación.
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básica y en las prestaciones sociales de sus beneficiarios. Para el efecto, citó la
decisión del 29 de abril de 20143 emitida por el Consejo de Estado.
9. Que de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4.ª de 1992, la prima especial de
servicios será igual a la diferencia entre los ingresos laborales anuales recibidos por
los miembros del congreso y los que devenguen los magistrados de las altas cortes,
incluidas las cesantías, que deben calcularse dentro de la cifra a equiparar, lo cual
incide en lo que perciben los jueces.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
10. El 9 de diciembre de 2020 fue admitida la demanda. La entidad4 citó el artículo
14 de la Ley 4.ª de 1992 y unos apartes de la sentencia del 2 de septiembre de
2019. Señaló que los jueces tienen derecho a las diferencias por concepto de prima
especial de servicios, sin carácter salarial. Agregó que, en caso de que la actora se
encuentre retirada del servicio, presentará propuesta conciliatoria en la oportunidad
correspondiente.
Propuso como excepciones las de «imposibilidad presupuestal de reconocer los
derechos reclamados por el actor (sic) al encontrarse en servicio activo»,
«integración de litis consorcio necesario», «prescripción» y la «innominada».
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sala Transitoria, mediante
sentencia del treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)5, accedió
parcialmente a las pretensiones. Expuso que la prima especial de servicios debe
ser entendida como un incremento y no una disminución de la remuneración básica
de los servidores beneficiarios.
12. Concluyó que la demandante tiene derecho a las diferencias derivadas de tal
emolumento, precisando que las prestaciones sociales se deben liquidar sobre la
cantidad del sueldo que le fue disminuido y no sobre el porcentaje de la prima, que
no tiene carácter salarial. Ello al constatar que la entidad no reconoció el 30 % de la
remuneración con las consecuencias prestacionales, incluidas las cesantías y los
intereses, la prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, ni la incidencia proporcional de la prima especial de servicios prevista en
el artículo 15 de la misma ley.
13. Sin embargo, señaló que, conforme a la sentencia del 2 de septiembre de
2019, operó el fenómeno de la prescripción sobre las sumas causadas con
anterioridad al 18 de febrero de 20136, salvo que «si debe ser tenida en cuenta para
3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia del 29 de abril de
2014. Expediente: 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-2007). C.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
4 Dar clic a «Gestionar documentos». Ver archivo denominado «
21ED_EXPEDIENTEDIGITAL_18CONTESTACION(.PDF) NroActua 15» de SAMAI del tribunal.
5 Índice 34 de SAMAI del tribunal.
6 Numeral 3 de la parte resolutiva.
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la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para el sistema de seguridad
social en pensiones, por ser un derecho irrenunciable e imprescriptible y constituir
factor salarial para estos efectos».
14. Se estuvo a lo resuelto en las sentencias del 29 de abril de 2014 y 2 de
septiembre de 2019 e inaplicó por inconstitucionalidad, todos los decretos que
dieron un entendimiento distinto del derecho a la referida prima7. Declaró la nulidad
de los actos acusados y condenó a la demandada a reconocer la prima especial de
servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992, equivalente al 30 %,
«como factor salarial para el pago de aportes a pensiones a la señora ALICIA
ARÉVALO BOHÓRQUEZ, durante los extremos temporales laborados como Juez
de la República, desde el 18 de febrero de 2013 hasta cuando sea titular del
derecho»8.
RECURSOS DE APELACIÓN
15. La parte demandante9 interpuso recurso de apelación «solo en lo
desfavorable con respecto a la prescripción». Sostuvo que no ocurrió la prescripción
ya que el derecho surge a partir de las sentencias constitutivas proferidas por el
Consejo de Estado. Que la prima especial de servicios se hizo exigible con la
providencia del 29 de abril de 2014, por lo tanto, el término extintivo debe aplicarse
solo a los procesos iniciados después de la ejecutoria de dicha decisión, dado que
antes de esa fecha no había certeza sobre la existencia del derecho. Como sustento
citó las sentencias del 15 de marzo de 200710, 19 de febrero11, 30 de julio de 200912,
y 27 de octubre de 201113.
16. La parte demandada14 señaló que el fallo es incongruente, y que se
vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción, al ordenar el
reconocimiento de «la prima especial referida como (sic) carácter salarial
teniéndose en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o aportes para
el sistema de seguridad social en pensiones y salud durante toda la relación laboral
del demandante (sic)», lo cual no fue reclamado en sede administrativa ni judicial.
Agregó que el juez no motivó la decisión al emitir esa orden.
17. Que el fenómeno prescriptivo se configuró sobre las sumas causadas con
anterioridad al 19 de febrero de 2013, y no al 18 de febrero de 2013, ya que la
7 Numerales 1 y 2 de la parte resolutiva.
8 Numeral 5 de la parte resolutiva.
9 Índice 36 de SAMAI del tribunal.
10 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
15 de marzo 2007. Expediente: 05001-23-31-000-2003-02713-01 (9475-2005). C.P. Alejandro Ordóñez
Maldonado.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
19 de febrero de 2009. Expediente: 15001-23-31-000-2003-01925-01 (2445-2007) C.P. Bertha Lucía Ramírez
de Páez (E).
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del
30 de julio de 2009. Expediente: 76001-23-31-000-2004-02623-01 (0492-2008). C.P. Bertha Lucía Ramírez de
Páez.
13 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del
27 de octubre de 2011. Expediente: 15001-23-31-000-2001-00793-01 (1487-2008) C.P. Alfonso Vargas Rincón.
14 Índice 37 de SAMAI del tribunal.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
reclamación administrativa se radicó el 19 de febrero de 2016.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
18. El 19 de diciembre de 2025 se admitieron los recursos. La demandante
sostuvo que tiene derecho a las diferencias que se causen por concepto de prima
especial de servicios, incluido el auxilio de cesantías, que constituye un ingreso
laboral anual de carácter permanente.
La parte demandada y el agente del Ministerio Público no se pronunciaron.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
19. Deberá resolver la subsección si operó la prescripción sobre las sumas
reclamadas y, de ser el caso, establecer la fecha a partir de la cual se configuró; si
se vulneraron los derechos al debido proceso, defensa y contradicción al otorgarle
a la prima especial de servicios efectos para la reliquidación de los aportes al
sistema de seguridad social en salud y pensión.
Marco normativo y jurisprudencial
De la prima especial, artículo 14 de la Ley 4.ª de 1992
20. La Ley 4.ª de 1992, en el artículo 14, determinó que el Gobierno nacional
establecerá una prima especial no inferior al 30 % ni superior al 60 % del salario
básico, sin carácter salarial, en favor de los magistrados de todo orden de los
tribunales superiores de distrito judicial y de lo contencioso administrativo, los
agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, los jueces de la
República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, los
auditores de guerra y los jueces de instrucción penal militar, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del
Distrito Capital y los servidores de los niveles directivo y asesor de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
21. En desarrollo de dicho mandato, el Gobierno nacional ha expedido
anualmente los decretos salariales aplicables a los servidores públicos. No
obstante, aquellos proferidos entre los años 1993 y 2007 fueron declarados nulos
por el Consejo de Estado, Sala de Conjueces, mediante sentencia del 29 de abril
de 201415, al considerar que reconocer el treinta por ciento (30 %) del salario a título
de prima especial despoja de efectos salariales esa porción de la asignación básica
y, en consecuencia, reduce el monto de las prestaciones sociales, al liquidarlas
sobre un setenta por ciento (70 %). Con lo que se inobserva la prohibición
establecida en el artículo 2, literal a), de la Ley 4.ª de 1992, según la cual «En ningún
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 29 de abril de 2014. Radicación:
11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). CP: María Carolina Rodríguez Ruiz.
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caso se podrán desmejorar sus salarios y prestaciones sociales», y además se
desconoce que la prima «debe entenderse como un fenómeno retributivo de
carácter adicional».
22. A partir de dicha providencia, el Consejo de Estado ha emitido varias decisiones
en las cuales ha mantenido este criterio, entre ellas, las sentencias del 2 de
septiembre de 201916, 11 de julio de 202317, 5 de septiembre de 202318, 5 de
diciembre de 202319, 6 de agosto de 202420 y 18 de diciembre de 202421. En
particular, se ha precisado que:
• La prima especial es un incremento del salario básico, por ende, sus
beneficiarios tienen derecho al reconocimiento y pago de las diferencias que
por dicho concepto resulten a su favor.
• No tiene carácter salarial, salvo para efectos de pensión, lo cual guarda
armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996.
• El reconocimiento de las sumas adeudadas no podrá, en ningún caso,
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional para cada uno
de los cargos que perciban el referido emolumento.
• Los beneficiarios tienen derecho a la reliquidación y pago de las prestaciones
sociales sobre el 100 % de su asignación básica, sin restarle ni sumarle a
éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene carácter salarial
y, por tanto, no incide en la liquidación de las prestaciones sociales.
23. En esa misma línea argumentativa, esta corporación, mediante sentencia del 9
de abril de 202422, declaró la nulidad de los decretos salariales proferidos entre los
años 2008 y 2018 y reiteró que el 30 % correspondiente a la prima especial «no
puede ser deducido del salario»23.
Del principio de congruencia
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala Plena de Conjueces, sentencia del 2 de septiembre de 2019.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018). CP. Carmen Anaya de Castellanos.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 9 de abril de 2024. Radicación:
11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
23 En dicha providencia se precisó que: «la nulidad que se declara no implica que la prima especial sin carácter
salarial del 30% de la remuneración mensual de los servidores públicos beneficiarios, desaparece del mundo
jurídico, sino que, tal como se desprende de la motivación plasmada en esta sentencia, ese porcentaje no puede
ser deducido del salario, sin que en ningún caso pueda ser inferior, a la luz de la norma legal, artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992».
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
24. El artículo 281 del CGP, respecto de la congruencia de la sentencia, prevé lo
siguiente:
«ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en
consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda
y en las demás oportunidades que este código contempla y con las
excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo
exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto
distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada
en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido
después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en
su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio […]»
25. Al respecto, esta corporación en diferentes decisiones, entre otras, las
emitidas el 25 de enero de 201824, 4 de marzo de 202125 y 22 de noviembre de la
misma anualidad26, ha sostenido que el principio de congruencia constituye un límite
al contenido de las decisiones judiciales, de manera que lo resuelto guarde identidad
jurídica con las peticiones y excepciones propuestas por las partes en el marco del
litigio, salvo que la ley otorgue facultades oficiosas al juez. Dicho de otro modo, este
principio es entendido como la correspondencia entre lo que se decide por el juez y
lo que constituye la materia del litigio, sin incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o
minuspetita27, como regla general.
26. Dicho principio tiene dos connotaciones, a saber, i) externa: cuando la
decisión está en armonía con lo pedido y alegado por las partes y ii) interna: cuando
existe coherencia en lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en la parte
motiva de la providencia28.
24 Consejo de Estado, Sección Primera. Radicado: 25000-23-41-000-2013-00911-01.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de marzo de 2021, radicación: 11001-
03-25-000-2013-01223-00 (3095-13), MP. César Palomino Cortes.
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2021, radicación:
11001-03-26-000-2019-00001-00 (63.104), M.P. María Adriana Marín.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 22 Especial de Revisión, providencia de 7
de abril de 2015, radicación 11001-03-15-000-2013-00358-00 (REV).
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 16 de agosto de 2002,
radicación: 76001232400019970434501 (12668): «[…] Cuando en una providencia judicial, no se respeta el
principio de la congruencia, se incurre en lo que la doctrina ha llamado fallo “ultrapetita” que consiste en
reconocer un mayor derecho que el invocado por el demandante, “extrapetita”: cuando se reconoce un derecho
que no ha sido reclamado o cuando se reconoce un derecho reclamado o se acoge la pretensión pero por una
causa diferente o deducida de hechos no alegados, y “minuspetita”: cuando se omite el pronunciamiento sobre
una de las pretensiones.»
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 21 de noviembre
de 2007. Expediente: 50001233100020020019802 (15770). Actor: Germán Darío Ospina Garzón. Demandado:
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
Resolución del caso concreto
27. La sala abordará los puntos de inconformidad planteados por las partes, los
cuales se concretan en la prescripción de las sumas reclamadas; y el presunto
desconocimiento de los derechos al debido proceso, defensa y contradicción al
reconocerse el carácter salarial a la prima especial de servicios para efectos de la
reliquidación de aportes al sistema de seguridad social.
28. Se advierte que el tribunal condenó a la entidad a pagar, en favor de la
demandante, el 30 % de la prima especial de servicios establecida en la Ley 4.ª de
1992, durante los tiempos laborados como juez de la República, desde el 18 de
febrero de 2013 hasta cuando sea titular del derecho. Lo anterior, al encontrar
probado que la señora Alicia Arévalo se ha desempeñado como juez de circuito
desde el 7 de septiembre de 201129 y que ha percibido montos inferiores a los que
le correspondían.
29. Esta corporación ha sostenido de manera pacífica30, que el derecho a la
prima especial se hizo exigible con la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993
que reglamentó primigeniamente la Ley 4.ª de 1992, es decir, a partir del 7 de enero
de 1993. Desde entonces, los interesados podían interrumpir el término extintivo,
de modo que, no fue con la ejecutoria de la sentencia del 29 de abril de 2014 que
surgió dicho derecho, dada su naturaleza declarativa.
30. Lo anterior implica que, si bien se han proferido decisiones anulatorias que
han abordado la titularidad y la forma de pago de este haber laboral, no se requiere,
en cada caso particular, una sentencia constitutiva de la situación jurídica, pues
tales providencias no tienen esa naturaleza, sino que son de carácter declarativo
con efectos ex tunc, lo cual ratifica que el derecho en discusión, al ser de creación
legal, era susceptible de reclamación sin que fuera necesario un pronunciamiento
judicial previo.
31. Definidos estos puntos, se advierte que como la reclamación administrativa
se radicó el 19 de febrero de 201631, se encuentran prescitos los valores causados
con anterioridad al 19 de febrero de 2013. Es decir que la actora tiene derecho a
que se le paguen las diferencias producto del reajuste desde el 19 de febrero de
2013, durante los tiempos en que ejerció como juez de la República.
29 De acuerdo con el certificado del 7 de marzo de 2016 emitida por la coordinadora del Área de Talento Humano
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá. Archivo denominado
«8ED_EXPEDIENTEDIGITAL_06ANEXO4.PDF».
30 Para el efecto pueden consultarse:
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación: 25000-
23-25-000-2010-00700-02 (0735-2019). CP: Juan Camilo Morales Trujillo
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia 8 de octubre de 2024. Radicación:
25000234200020170478802 (1135-2023). CP: Nubia González Cerón.
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre de 2024. Radicación:
170012333000201600137 02 (0322-2021) CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
31 Según se desprende del sello de radicación y de la Resolución 2986 del 21 de abril de 2016, la solicitud fue
radicada el 19 de febrero de 2016. Archivos denominados «5ED_EXPEDIENTEDIGITAL_03ANEXO1.PDF» y
«7ED_EXPEDIENTEDIGITAL_05ANEXO3.PDF».
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
32. En relación con los aportes destinados al Sistema de Seguridad Social en
Pensiones estos constituyen un derecho imprescriptible e irrenunciable32 y por
virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 199333 son obligatorios, no
solo por su naturaleza parafiscal, sino por la sostenibilidad del sistema.34 En
consecuencia, surge el deber de la entidad de efectuar las reliquidaciones
correspondientes con el fin de determinar el monto de los aportes adeudados.
33. Igual conclusión surge respecto de las diferencias en las cesantías35 durante
los tiempos en los que la accionante se desempeñó como juez, de conformidad con
lo expuesto en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 201636, según la cual
este derecho no prescribe mientras la relación laboral esté vigente.
34. En los eventos de interrupción de la prestación del servicio, la sala había
aplicado el término trienal37 de prescripción respecto de cada período de
vinculación. No obstante, se precisa este entendimiento, en el sentido de que,
cuando la reclamación se formula dentro de los tres años siguientes a la terminación
de la relación laboral, tampoco se configura el aludido fenómeno. Lo anterior,
responde a la necesidad de aplicar la figura atendiendo al momento de exigibilidad
de la obligación, conforme a los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del
Decreto 1848 de 1969, sin que la existencia de los tiempos separados por una
interrupción determine, por sí sola, el cómputo independiente del plazo extintivo,
siempre que dicha interrupción no exceda los 15 días hábiles previstos por la
jurisprudencia en estos casos, para establecer la solución de continuidad. De
superarse dicho término, la prescripción se contabilizará de manera independiente
respecto del lapso anterior.
35. Para lo que interesa en este asunto, se relacionarán los períodos en los que
la actora laboró como juez de la República, no sin antes advertir que existe solución
de continuidad en la prestación del servicio cuando transcurren más de quince (15)
días hábiles entre un vínculo y otro38.
32 La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
33 ARTÍCULO 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral deberán
efectuarse cotizaciones obligatorias a los Regímenes del Sistema General de Pensiones por parte de los
afiliados y empleadores, con base en el salario que aquéllos devenguen.
34 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la Sección
Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz, radicación: 25000-
23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
35 En relación con las siguientes demandantes: Martha Jahel Amézquita Varón, Carol Licette Cubides
Hernández, Melba del Pilar González Barrera, Luz Stella Alarcón Gallego, Yadia Eny Mosquera Aguirre, Elsa
Lucía Romero Santos, Blanca Cecilia Gutiérrez Alba, Gilda María Pedraza Ávila y Edna Constanza Ramírez
Cubillos. Dicho concepto no será reconocido a la señora Martha Eugenia Tarazona de Jaramillo porque según
la certificación aportada, se desvinculó el 30 de diciembre de 2005.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016. Radicación: 08001-23-31-000-
2011-00628-01 (0528-14) CE-SUJ2-004-16. MP: Luis Rafael Vergara.
37 Procesos con radicados: 25000 23 42 000 2017 00431 02 (1133-2020); 25000 23 42 000 2017 00599 02
(1325-2020); 25000-23-42-000-2015-00217-02 (1567-2020) y 73001-23-33-000-2021-00507-02 (0420-2025).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de marzo de 2024. Radicación: 25000-
23-42-000-2021-00931-01 (3078-2023)
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
35. Según las certificaciones remitidas39, la accionante laboró como funcionaria
judicial, así: desde el 7/09/2011 hasta el 30/04/2013, desde el 1/05/2013 hasta el
31/05/2015, desde el 10/06/2015 hasta el 13/09/2015, y desde el 2/12/2015 hasta
el 31/07/2018.
36. Entre el 14 de septiembre de 2015 y el 5 de octubre del mismo año, laboró
como profesional especializado; y del 2 de diciembre de 2015 al 31 de julio de 2018,
volvió a ejercer como juez de circuito. Es decir que, hubo una interrupción laboral
entre el 6 de octubre de 2015 y el 1 de diciembre del mismo año. Para efectos del
reconocimiento de las diferencias por cesantías, se precisa que la reclamación fue
radicada en el 2016, dentro de los tres años siguientes a la ruptura del año 2015, y
además fue presentada cuando aún se encontraba vigente la nueva vinculación
comprendida entre los años 2015 y 2018.
37. En consecuencia, se modificará el numeral tercero de la decisión, con el fin
de declarar parcialmente la prescripción de las sumas anteriores al 19 de febrero de
201340, con excepción de las diferencias de las cesantías y de las cotizaciones a
pensión, que deberán reconocerse, respectivamente, a partir del 7 de septiembre
de 2011, en los lapsos en los que se desempeñó como juez, hasta el 31 de julio de
2018, teniendo en cuenta la certificación emitida el 7 de mayo de 2026, en la que
se constata que trabajó en calidad de juez de circuito hasta la referida fecha (31 de
julio de 2018), pues en los períodos posteriores estuvo vinculada como profesional
universitario41.
38. Se ordenará a la demandada reajustar y pagar los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en Pensiones, utilizando como ingreso base de cotización el
100 % de la remuneración, calculado sobre el total de la asignación básica fijada
anualmente por el Gobierno nacional para los servidores de la Rama Judicial, esto
es, el salario básico pagado en su momento sobre un 70 %, más el 30 % reconocido
a título de prima especial, con inclusión del valor de este último emolumento, que
solo constituye factor para efectos pensionales. Lo anterior de conformidad con la
ley.
39. Contrario a lo afirmado por la entidad, se observa que la actora sí reclamó
tanto en vía administrativa42 como judicial43 las sumas adeudadas por concepto del
porcentaje de la remuneración reclamado «y las prestaciones laborales que de él
se deriven», dentro de las cuales, se infiere, se encuentran los aportes al sistema
de seguridad social en pensiones.
39 Archivo denominado «8ED_EXPEDIENTEDIGITAL_06ANEXO4.PDF»; de acuerdo con los documentos
allegados en virtud de la prueba de oficio decretada mediante auto del 26 de marzo de 2026, obrantes en índices
44, 47 y 50 de SAMAI.
40 Lo cual también se precisará en el numeral quinto del fallo, relativo al restablecimiento del derecho.
41 Entre el 12 de agosto de 2022 y el 1 de abril de 2023.
42 «[…] En relación al 30% como remuneración mensual, para un total del 100% del salario con las
consecuencias prestacionales de este 30% del salario con las consecuencias prestacionales de este 30% del
salario, incluidas las cesantías, intereses a las cesantías […]».
43 Archivo denominado «4ED_EXPEDIENTEDIGITAL_02DEMANDA.PDF».
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
40. Se destaca que esta corporación en distintas decisiones, entre ellas, las
sentencias del 2 de septiembre de 2019, 11 de julio de 202344, 5 de septiembre de
202345, 5 de diciembre de 202346, 6 de agosto de 202447 y 18 de diciembre de 202448,
ha sostenido que la prima especial no tiene carácter salarial, salvo para efectos de
pensión. Lo cual guarda armonía con lo sostenido por la Corte Constitucional en la
sentencia C-279 de 1996.
41. Precisión que también hizo el tribunal en la parte considerativa al señalar que
«debe ser tenida en cuenta para la reliquidación de la pensión de jubilación o
aportes para el sistema de seguridad social en pensiones, por ser un derecho
irrenunciable e imprescriptible y constituir factor salarial para estos efectos». Motivo
por el cual no se advierte la vulneración del principio de congruencia ni del derecho
al debido proceso alegados.
42. En cuanto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, aunque la
entidad afirmó que el tribunal los ordenó, no se encontró pronunciamiento al
respecto, por lo que este punto no será objeto de análisis.
43. Ahora, se advierte que el juez en la parte resolutiva, numeral quinto,
únicamente ordenó pagar «la prima especial del 30% establecida en la Ley 4ª de
1992, como factor salarial para el pago de aportes a pensiones», a pesar de que,
en la parte considerativa indicó:
«al no habérsele reconocido y pagado a la demandante sus derechos a
percibir el 30% de la remuneración mensual faltante para un total del
100% del salario, con las consecuencias prestacionales incluidas las
cesantías, intereses a las cesantías y la prima especial de servicios
contemplada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, además de la
incidencia proporcional de la prima especial de servicios
establecida en el artículo 15 de la misma ley49, tomando en cuenta el
tope legal, se accederá al reconocimiento de este derecho en los
extremos temporales laborados como Juez de la República».
44. Más adelante, concluyó que la Rama Judicial debía liquidar «con carácter
permanente a la demandante como destinataria, del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
sus derechos adquiridos al pago correspondiente al 100% del salario básico
mensual con sus consecuencias prestacionales»50.
44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de julio de 2023. Radicación:
25000-23-42-000-2017-04777-02 (6109-2019). CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez
45 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de septiembre 2023. Radicación:
73001-23-31-000-2011-00775-02 (4667-2019) CP: Hugo Alberto Marín Hernández
46 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de diciembre de 2023. Radicación:
250002342000201703771 02 (0232-2021). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de agosto de 2024. Radicación:
250002342000201402796 02 (5358-2022). CP: Carmen Anaya de Castellanos.
48 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 3 de diciembre 2024. Radicación:
25000-2342-000-2019-01001-02 (4400-2021). CP: Jorge Iván Acuña Arrieta.
49 Negrita fuera de texto.
50 Negrita fuera de texto.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
45. Se advierte, entonces, una incongruencia, en tanto que el tribunal solo
dispuso el pago del 30 % de la remuneración que fue disminuido y reconocido bajo
la denominación de prima especial de servicios51, y no ordenó las diferencias de las
prestaciones que fueron liquidadas sobre el 70 % del salario.
46. En virtud del inciso 2 del artículo 287 del CGP, y teniendo en cuenta que el
juez concluyó en la parte motiva que la señora Alicia Arévalo tenía derecho al
reconocimiento de las prestaciones sociales derivadas del reajuste, se adicionará la
decisión para ordenarle a la entidad cancelar las diferencias que resulten de
reliquidar las prestaciones sobre la totalidad de la remuneración, sin restar ni sumar
a ésta el 30 %, en la medida en que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial, salvo para efectos de pensión.
47. En conclusión, se modificarán los numerales segundo52 y quinto53 de la
decisión, en el sentido de precisar que la demandada deberá cancelar el porcentaje
del 30 % descontado de la asignación básica por concepto de prima especial de
servicios54, así como las diferencias que surjan en las prestaciones con el reajuste,
a partir del 19 de febrero de 2013, durante los períodos laborados como juez de la
República, hasta el 31 de julio de 2018.
48. Igualmente, se ordenará el pago de los aportes a pensión, en los términos
descritos anteriormente; y lo correspondiente a las cesantías, desde el 7 de
septiembre de 2011 hasta el 31 de julio de 2018, ya que fueron liquidadas sobre el
70 % del salario básico y lo correcto es que se calculen sobre el 100 % de la
remuneración.
49. Debe señalarse que la legalidad de los decretos que incorporaron la prima
especial del treinta por ciento (30 %) como parte de la remuneración fue definida
por la corporación mediante las sentencias del 29 de abril de 2014 y del 9 de abril
de 2024, en las que se declaró la nulidad de tales disposiciones; por lo tanto, resulta
improcedente declarar la excepción de ilegalidad para inaplicar los decretos.
50. En consecuencia, la sala modificará el numeral primero55 y revocará el
numeral segundo de la decisión56, para disponer estarse a lo resuelto en las
providencias citadas.
51 Aunque la orden contenida en el numeral quinto, en principio, pareciera referirse a la prima especial de
servicios, de las consideraciones expuestas en la parte motiva se desprende que, en realidad, alude al 30 % de
la asignación básica que fue descontado por dicho concepto. Lo anterior, por cuanto la prima especial ya había
sido reconocida a la demandante. Por tal razón, y con fin de evitar interpretaciones erróneas al momento de su
cumplimiento, se modificará la decisión.
52 Frente a la prescripción en los términos descritos.
53 Respecto al restablecimiento del derecho.
54 Dado que tal como quedó redactado en la parte resolutiva, podría dar lugar a un entendimiento equivocado
al momento de su ejecución.
55 Teniendo en cuenta que pese a disponer estarse a lo resuelto en la sentencia del 29 de abril de 2014 inaplicó
los decretos que previeron la prima especial de servicios.
56 En el que ordenó estarse a lo resuelto en la sentencia del 2 de septiembre de 2019.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
De la condena en costas en segunda instancia
51. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
52. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021 fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
53. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
54. En consecuencia, no se impondrán costas en esta instancia a los recurrentes,
porque las peticiones de los recursos de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, de modo que no puede predicarse que alguna de las partes haya
sido vencida en el proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: MODIFICAR el numeral primero de la sentencia del treinta (30) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria, para ESTARSE a lo resuelto en las sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, el 29
de abril de 2014 y 9 de abril de 2024, bajo los radicados: 11001-03-25-000-2007-
00087-00 (1686-07) y 11001 03 25 000 2019 00609 00 (4735-2019),
respectivamente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo: REVOCAR el numeral segundo de la sentencia del treinta (30) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
Tercero: MODIFICAR el numeral tercero de la sentencia del treinta (30) de
noviembre de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria. en el sentido de:
«Declarar probada de la excepción de prescripción de las sumas a que
hubiere lugar por el reajuste salarial derivado del reconocimiento de la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
causadas con anterioridad al 19 de febrero de 2013, con excepción de
la obligación de la demandada de pagar las diferencias por concepto de
cesantías y de efectuar las cotizaciones o aportes al Sistema General de
Seguridad Social en materia de pensiones».
Cuarto: MODIFICAR el numeral quinto de la sentencia del treinta (30) de noviembre
de dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sala Transitoria.
«Condenar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL a reconocer y pagar a favor de la
demandante el 30 % del salario que fue disminuido de la asignación básica
mensual y reconocido bajo la denominación de la prima especial de servicios,
prevista en la Ley 4ª de 1992, desde el 19 de febrero de 2013, durante los
períodos laborados como juez, hasta el 31 de julio de 2018.
Reliquidar y pagar las prestaciones sociales a la accionante, desde el 19 de
febrero de 2013, durante los períodos laborados como juez, hasta el 31 de julio
de 2018, liquidadas sobre la base de todo el salario básico, sin restarle ni
sumarle a éste el 30 %, ya que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial, salvo para efectos pensionales.
Reajustar y pagar, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, desde el 7 de septiembre de 2011, durante los períodos laborados
en calidad de juez de la República, hasta el 31 de julio de 2018.
La liquidación deberá efectuarse tomando como ingreso base de cotización el
cien por ciento (100 %) de la remuneración, calculado sobre la totalidad de la
asignación básica fijada anualmente por el Gobierno nacional para los
servidores de la Rama Judicial, esto es, el salario básico pagado en su momento
sobre un 70 %, más el 30 % reconocido a título de prima especial, con inclusión
del valor de este último emolumento, que solo constituye factor para efectos
pensionales. Lo anterior de conformidad con la ley.
Igualmente, se ordena reliquidar las diferencias por concepto de cesantías
durante los períodos en que se desempeñó como juez de la República, desde
el 7 de septiembre de 2011 hasta el 31 de julio de 2018, tomando como base el
100 % del salario básico».
Quinto: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia del treinta (30) de noviembre de
dos mil veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sala Transitoria.
Sexto: Sin condena en costas en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.
Séptimo: Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00417-01 (7662-2023)
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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