Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00437-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00437-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00437-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
11 de junio de 2026
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00437-01 (1847-2025)
Demandante: Carlos Alberto Benitez Lacouture
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00437-01 (1847-2025)
Demandante: Carlos Alberto Benitez Lacouture
Demandado: Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima especial de servicios art. 14 de la Ley 4 de 1992.
Decisión: Revoca numeral primero, para estarse a lo resuelto, y confirma
en lo demás. Condena en costas
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. Comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de
impedimento para conocer del presente asunto1, se procede a resolver el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 29 de
noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
que accedió a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Pretensiones de la demanda
2. La parte demandante solicitó la nulidad del Oficio No. 20175920015691 del
18 de diciembre de 20172 mediante el cual la entidad demandada negó el
reconocimiento y pago del reajuste solicitado, y del acto ficto o presunto derivado
de la no respuesta al recurso de apelación interpuesto por el actor.
3. A título de restablecimiento del derecho, peticionó: «[…] CUARTA .- [...]
reconocer y pagar a la demandante el total del 100% del salario con las consecuencias
prestacionales incluidas las cesantías, intereses a las cesantías, más la prima especial
de servicios señalada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 más las consecuencias
prestacionales que generen dicha prima especial de servicio incluidas las cesantías,
intereses a las cesantías, […]
QUINTA: Que se ordene a la demandada que le siga pagando el 100% de los ingresos
mensuales a cada uno de los demandantes con sus respectivas consecuencias
prestaciones más la prima especial de servicios que se señala en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992 con las consecuencias prestacionales3[…]».
1 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos
relacionados con el reconocimiento de la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, objeto del
presente proceso.
2 Índice 5 expediente digital, 3Anexo, Gestión en otros despachos de Samai.
3
Transcripción literal del acápite de pretensiones.
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Demandante: Carlos Alberto Benitez Lacouture
Hechos que fundamentan la demanda
4. La parte actora elevó petición ante la entidad demandada4 en la que solicitó
se le reconociera y reliquidara la prima especial de servicios, y el reajuste de
salarios. La cual fue resuelta de manera negativa mediante los actos
demandados.
Fundamentos de derecho
5. Para la abogada de la parte actora, las decisiones enjuiciadas vulneraron el
preámbulo y los artículos 1, 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 14 del Código
Sustantivo del Trabajo; 12 del Decreto 717 de 1978; 84 del Código Contencioso
Administrativo; 2, 10, 14 y 15 de la Ley 4 de 1992; 1, 2, 4 del Decreto 10 de 1993
y 152 de la Ley 270 de 1996.
6. Al desarrollar el concepto de violación, sostuvo que no resulta admisible
sustentar que la prima sin carácter salarial es una reducción al salario y no un
«plus» al mismo, cuando la Fiscalía General de la Nación conoce que la prima
es algo adicional y no una merma al salario, por lo que negar el reconocimiento
de tal derecho al demandante implica una situación inequitativa, incurriendo en
falsa motivación y en desviación de poder.
Contestación de la demanda
7. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda5 y se opuso a las
pretensiones en razón a que a partir del año 2003 los salarios y prestaciones
sociales se han liquidado en el caso concreto con base al 100% del salario, por
lo cual carece de objeto la petición.
8. Finalmente, propuso la excepción de «prescripción».
Sentencia de primera instancia
9. Mediante sentencia proferida el 29 de noviembre de 20246, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca accedió a las súplicas de la demanda.
10. Para arribar a esa decisión, el a quo concluyó que el reconocimiento de la
prima especial de servicios resulta viable después del año 2003, a pesar de no
haber sido consagrada en los decretos salariales y prestacionales dirigidos a la
Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con los principios de progresividad y
no regresividad de los derechos sociales. Por otra parte, con la expedición del
Decreto 272 de 2021 la demandada se obligó a incluir en la nómina de los
beneficiarios la prima especial de servicios correctamente liquidada.
4 En los hechos no se relaciona la fecha de la petición ni los tiempos de servicio.
5 Índice 29 gestión en otros despachos de Samai.
6 Índice 51, gestión en otros despachos de Samai.
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Normatividad que, según su artículo 3, entró en vigencia el 1 de enero de 2021.
No obstante, ello no implicó el pago de la diferencia generada en los periodos
laborales anteriores.
11. Indicó que la prima especial solo constituye factor salarial para determinar el
ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. Agregó que, la Fiscalía
General de la Nación no realizó estos pagos, por lo que se debe ajustar las
cotizaciones del demandante desde que se generó el derecho. Esto se hará sin
afectar la obligación por el fenómeno de la prescripción, pues el derecho a la
pensión es irrenunciable e imprescriptible.
12. Determinó respecto del pago de la prima que en el presente caso operó la
prescripción trienal sobre las diferencias causadas con anterioridad 5 de
diciembre de 2014, toda vez que la petición de reconocimiento se hizo el 5 de
diciembre de 2017.
13. En consecuencia, se estuvo a lo resuelto en las sentencias del 2 de
septiembre de 20197 y 15 de diciembre de 20208, declaró probada la excepción
de prescripción de los valores reconocidos con anterioridad al 5 de diciembre de
2014, la nulidad de los actos administrativos demandados y, a título de
restablecimiento del derecho, dispuso:
CUARTO: CONDENAR a la Nación- Fiscalía General de la Nación a
RECONOCER y PAGAR en favor del señor Carlos Alberto Benítez Lacouture la
prima especial de servicios calculada como un adicional del 30% sobre la base del
100% del salario básico, desde el 05 de diciembre 2014 y hasta el 31 de
diciembre de 2020, según lo expuesto en la parte motiva. Sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad,
debiendo descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO: La Nación-Fiscalía General de la Nación ajustará los pagos de cotización
a la seguridad social en pensión de la demandante derivadas del reconocimiento
de la prima especial de servicios, sin afectar dicha obligación por el fenómeno de la
prescripción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. […]
Recurso de apelación
14.Inconforme con esa decisión, la apoderada de la parte accionada la recurrió
en apelación.9
15. En su intervención, la entidad demandada citó la sentencia del 15 de
diciembre de 202010 proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, y sustentó que dicha providencia señaló como
restablecimiento del derecho solo el reconocimiento y pago de la prima especial
de servicios del 30% como adición al salario y no como un factor salarial.
7 Radicación: 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18)
8 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
9 Índice 54, gestión en otros despachos de Samai.
10 Radicación: 73001-23-33-000-2017-00568-01 (5472-2018).
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16. Señaló que ordenar la cotización a los fondos de pensiones durante todo el
tiempo en que ha sido fiscal es atentar con la estabilidad financiera, más aún
cuando lo máximo que debe ser reconocida como aportes son los generados
durante los tres años anteriores a su reclamación, conforme al fenómeno
prescriptivo del derecho.
17. Finalmente, refirió que la sentencia debe limitarse hasta el 30 de diciembre
de 2020, ya que para las vigencias posteriores, conforme al Decreto 272 de 2021,
se le ha venido cancelando al demandante la mencionada prima desde enero del
2021.
Trámite correspondiente a la segunda instancia
18. Por auto del 28 de noviembre de 2025,11 se admitió el recurso de apelación
de la entidad demandada.
19. Las partes guardaron silencio.
20. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en
legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo
que se resolverá la apelación, previas las siguientes:
II. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo12, esta Sala de
Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de
apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en primera instancia por
los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
22. Le corresponde a la Sala establecer si el actor tiene derecho al reconocimiento
de la prima especial de servicios, si dicho emolumento constituye factor salarial
para liquidar las prestaciones sociales, y si operó la prescripción de los aportes
pensionales. Así mismo, si se debe limitar el restablecimiento del derecho al 31
de diciembre de 2020, conforme lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021.
23. Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:
1. La prima especial de servicios contemplada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992 y el precedente jurisprudencial; y 2. Caso concreto.
11 Índice 7 de Samai.
12 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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La prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4 de 1992
24. La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14, determinó que «el Gobierno Nacional
establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial13 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la
República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten
por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir
del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de
que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador
Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles
Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil».
25. Porsu parte, el Gobierno nacional fijó el régimen salarial y prestacional
aplicable a los servidores de la Fiscalía General de la Nación mediante el Decreto
53 de 1993, en el cual previó que será de obligatorio cumplimiento para quienes
se vinculen al servicio con posterioridad a la vigencia de este. Igualmente,
estableció que las personas vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían
optar una sola vez por el régimen salarial y prestacional establecido en ese
decreto (artículo 2), con la excepción14 establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, que excluyó el beneficio de la prima especial.
26. El Legislador tuvo que pronunciarse sobre la prima especial del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, con el fin de precisar su alcance respecto de los servidores
públicos de la Fiscalía General de la Nación. En efecto, en el artículo primero de
la Ley 332 de 199615 determinó con claridad que la prima especial, en los
supuestos que resulte aplicable para la entidad, constituye parte del ingreso
básico de liquidación sólo para efectos de la liquidación de la pensión de
jubilación.
27. Posteriormente se profirió la Ley 476 de 1998, la cual aclaró la anterior
normativa y en su artículo primero dispuso: «Aclárase el artículo 1o. de la Ley
332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí consagrada que hace alusión
13 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-96 de 24 de
junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para
establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de
salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas
técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una
omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en
relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».
14 Artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: «excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General
de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993».
15 Artículo 6: «[e]l treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los siguientes servidores públicos
se considera como prima especial de servicios sin carácter salarial. Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal
Nacional, Jefe Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito, Fiscal ante Tribunal Nacional, Jefe Unidad
Regional de Fiscalía, Fiscal ante Tribunal de Distrito, Fiscal Regional, Jefe Unidad Seccional de Fiscalía,
Fiscal Seccional, Secretario General, Directores Nacionales, Directores Regionales, Directores Seccionales,
Jefes de Oficina, Jefes de División».
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a la Ley 4a. de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de
1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto. En
consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a que se
refiere el artículo 6o. del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo
subrogan o lo adiciona, tendrá carácter salarial para efectos de la determinación
del salario base de liquidación de la pensión de jubilación».
28. Ahora, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 15 de diciembre de 202016, respecto de la prima
especial de servicios concluyó lo siguiente:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento
y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base
de liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de
la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de
1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica,
sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones
sociales sobre el 100% de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.”
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima
especial de servicios, se tendrá́ en cuenta en cada caso la fecha de presentación
de la reclamación administrativa y a partir de allí́ se reconocerá́ hasta tres años
atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de
1969.
29. Lo anterior, ha sido reiterado en varias oportunidades en las sentencias del
6 de junio de 2023,17 10 de septiembre de 202418 y 5 de noviembre 2024.19
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces, conjuez
ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba, del 15 de diciembre de 2020, radicación número: 73001-23-33-000-
2017-00568-01(5472-18).
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio 2023. Radicación:
05001233300020150165102 (3578-2018) CP: Bernardo Andrés Carvajal Sánchez. Y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 6 de junio de 2023. Radicación:
730012333000201700551 01 (2276-2019). CP: Germán Eduardo Palacio Zúñiga.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 10 de septiembre de 2024.
Radicación: 250002342000201900422 02 (2879-2021). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 5 de noviembre 2024.
Radicación: 25000-2342-000-2020-00137-01 (0687-2022). CP: Clara Elisa Cifuentes Ortíz.
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30. Igualmente, mediante sentencia del 21 de septiembre de 202220 de la Sala
de Conjueces del Consejo de Estado, se declaró la nulidad de algunos artículos
de los decretos salariales anuales, expedidos desde 1993, en los cuales señaló
que el 30% correspondiente a la prima especial «no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».
Hechos probados
31. Dentro del proceso se encuentra probado que el actor presta sus servicios a
la Fiscalía General de la Nación, así: fiscal delegado ante jueces penales
municipales y del circuito de manera ininterrumpida desde el 6 de abril de 2006,
sin que a la fecha de expedición de la certificación laboral se reporte retiro del
servicio.21
32. Está demostrado que el actor, a partir del año 2006 percibió el 100% del
sueldo correspondiente al cargo de fiscal que desempeñó y que no reporta ningún
emolumento por concepto de la prima mencionada hasta diciembre de 2020.22
33. Que el 5 de diciembre de 201723 la parte demandante elevó petición a la
entidad demandada, solicitando el reajuste de la prima especial de servicios, de
la cual obtuvo respuesta negativa mediante los actos administrativos
demandados.
Caso concreto
34. La Sala advierte, que en el presente caso procede el reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios como un incremento del salario básico, como lo
señaló el a quo, la cual no tiene carácter salarial y por tanto no incide o es inocua
para liquidar las prestaciones sociales, salvo para efectos de pensión, conforme
lo dispone el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, y en especial para el caso de la
Fiscalía, como lo prevé la Ley 476 de 199824, por lo que no le asiste razón a la
entidad demandada.
35. Por otro lado, se advierte que la cotización a pensión está íntimamente
relacionada con el restablecimiento del derecho, por lo que, al ordenar el
reconocimiento de dicho emolumento, es deber de la entidad realizar el pago de
los aportes al Sistema General de Pensiones, de conformidad con la ley, por ser
20 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
21Índice 5 expediente digital e índice 32, Gestión en otros despachos de Samai. Fechas de certificaciones
14 de diciembre de 2017 y 25 de abril de 2023.
22 Índice 32 expediente digital, Gestión en otros despachos de Samai.
23 Índice 5 expediente digital e índice 32, Gestión en otros despachos de Samai.
24 Artículo 1º. Aclárase el artículo 1º de la Ley 332 de 1996, en el sentido de que la excepción allí
consagrada que hace alusión a la Ley 4ª de 1992, no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la
Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen
con posterioridad a dicho decreto. En consecuencia, para estos servidores, la prima especial de servicios a
que se refiere el artículo 6º del Decreto 53 de 1993 y los decretos posteriores que lo subrogan o lo adiciona,
tendrá carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de
jubilación.
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un derecho imprescriptible e irrenunciable25 a favor del trabajador y por virtud
de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 son obligatorios por la
sostenibilidad del sistema26.
36. Es del caso señalar que, a partir del 2003 los decretos salariales de la Fiscalía
no previeron la mencionada prima, el reconocimiento de esta sí era procedente
como una adición a la asignación básica, por lo que para el presente caso a partir
del 2006 las diferencias de los aportes pensionales deben liquidarse respecto de
la prima especial del 30 %, bajo el entendido de que, en su momento, se hicieron
los aportes de ley sobre el 100% de la asignación básica, tal como lo indicó el a
quo, por lo que no le asiste razón a la entidad demandada.
37. Ahora, frente al argumento de la entidad de que a partir del Decreto de 272
de 2021 ha pagado la prima especial en un porcentaje del 30% adicional a la
asignación básica mensual y que se limite el restablecimiento hasta antes de
entrar en vigor dicho precepto, una vez revisado el expediente, se advierte que
conforme al certificado de factores salariales a partir de enero de 2021 se le viene
cancelando al actor tal emolumento. Sin embargo, se encuentra que el Tribunal
de instancia sí limitó el restablecimiento del derecho al 31 de diciembre de 2020,
pues dispuso «reconocer y pagar […] la prima especial de servicios calculada
como un adicional del 30% sobre la base del 100% del salario básico, desde el
05 de diciembre 2014 y hasta el 31 de diciembre de 2020». En consecuencia,
no hay lugar a hacer alguna consideración adicional al respecto, por lo que no
tiene vocación de prosperidad lo alegado por la entidad.
38. Por otro lado, se dispondrá revocar el numeral primero del fallo impugnado
que se estuvo a lo dispuesto en las providencias del 2 de septiembre de 2019 y
15 de diciembre de 2020, y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia del
21 de septiembre de 202227 de la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, que
declaró la nulidad de algunos artículos de los decretos salariales anuales,
expedidos entre 1993 y 2017 en los cuales señaló que el 30% correspondiente a
la prima especial «no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que
además ella es una adición a éste». Además, se declaró la nulidad de la siguiente
previsión «ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o
prestacional estatuido por las normas del presente decreto, en concordancia con
lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992. Cualquier disposición en
contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos adquiridos».
39.De conformidad con lo expuesto, se dispondrá: i) revocar el numeral primero,
y en su lugar estarse a lo resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de
25
La sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación 23001 23 33 000 2013 00260 01 (0088-15) consejero
ponente, Carmelo Perdomo Cuéter, precisó: «la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar
frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época,
mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles del
mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
26 Ver sentencia del Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala de conjueces de la
Sección Segunda- providencia del 4 de julio de 2024, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortíz,
radicación: 25000-23-42-0002017-05349-02 (2828-2021).
27 Proceso 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018), conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
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Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00437-01 (1847-2025)
Demandante: Carlos Alberto Benitez Lacouture
Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022
dentro del radicado 11001 03 25 000 2018 01101 00 (3974-2018); y ii) se
confirmará en lo demás la sentencia apelada.
Condena en costas
40. . La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese
sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida
en el proceso.
42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
43. En consecuencia, se impondrán costas a la demandada -parte vencida-, por
cuanto no prospera el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con
el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
44.En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. REVOCAR el numeral primero, y en su lugar ESTARSE a lo
resuelto en la sentencia expedida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sala de Conjueces, del 21 de septiembre de 2022 dentro del radicado 11001 03
25 000 2018 01101 00 (3974-2018), de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 29 de noviembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
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Demandante: Carlos Alberto Benitez Lacouture
TERCERO. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada.
Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada por los consejeros de Estado, en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley y el artículo 186 del CPACA.
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