Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00501-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00501-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2020-00501-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
23 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00501-01 (4427-2023)
Demandante: Yobany Alberto López Quintero
Demandado: Departamento del Amazonas
Tema: Modificación de calendario académico de los docentes
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
la parte demandante en contra de la sentencia de 12 de mayo de 2023,
proferida por la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
El demandante solicitó la nulidad de la Resolución 0533 de 19 de marzo de
2020 expedida por el departamento del Amazonas modificó el calendario
académico establecido en la Resolución 3590 de 4 de diciembre 2019, emitida
por dicho ente territorial.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
El señor Yobany Alberto López Quintero fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:
i) El Decreto 2277 de 1979 estableció que la docencia es una profesión
encaminada al ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de
educación en los distintos niveles. Igualmente, en el artículo 67 dispuso que
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado-SAMAI.
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Demandante: Yobany Alberto López Quintero
los docentes tienen derecho a vacaciones remuneradas que determine el
calendario escolar.
ii) La Ley 60 de 1993 reguló la distribución de competencias en materia de
educación a los entes territoriales y dispuso que les correspondía a los
municipios administrar los servicios educativos estatales y específicamente en
el artículo 6 preceptuó que la ley y el reglamento señalarían los criterios,
régimen y reglas para la organización de plantas de personal docente y
administrativo de los servicios educativos estatales.
iii) La Ley 115 de 1994 señaló que el rector o director del establecimiento
educativo está facultado para que en ausencias temporales o definitivas de
directivos docentes encargue a una persona calificada vinculada con la
institución.
iv) El Decreto 1850 de 2002 en su artículo 14, compilado por el Decreto
1075 del 26 de mayo de 2015, estableció que los docentes tienen derecho a 7
semanas o 49 días de vacaciones al año de acuerdo al calendario escolar
vigente, durante los meses de junio, julio, diciembre y enero.
v) El Decreto 1278 de 2002, dispuso en el artículo 61 que los docentes y
directivos docentes disfrutarán de vacaciones colectivas por espacio de 7
semanas al año, distribuidas cuatro al finalizar el año escolar, dos durante el
receso de mitad de año y una en semana santa.
vi) El Decreto 3020 de 2002 estableció los criterios y procedimientos para
organizar las plantas de personal docente administrativo del servicio educativo
estatal.
vii) El artículo 14 del Decreto 1850 de 2020 determinó que los docentes
tienen derecho a 7 semanas o 49 días de vacaciones al año que se fraccionan
de conformidad con el calendario escolar, períodos en los que tienen derecho
al pago de salarios y prestaciones sociales.
viii) El período académico para los trabajadores docentes decretado en la
Resolución 3590 de 4 de diciembre de 2019 para el año lectivo 2020 en relación
con las vacaciones fue el siguiente:
C. SEMANAS DE VACACIONES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS
DOCENTES
FECHA DURACIÓN EN SEMANAS
del 06 al 12 de enero de 2020 Una (01) semana
del 29 de junio al 12 de julio de
Dos (02) semanas
2020
del 07 de diciembre de 2020 al Cuatro (04) semanas
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03 de enero de 2021
TOTAL Siete (7) semanas
ix) Posteriormente, con la expedición del Decreto 417 de 2020, declaratoria
de estado de emergencia económica, social y ecológica en el territorio Nacional
y la expedición de la Circular 020 de 2020 del Ministerio de Educación Nacional
se determinó que el calendario debería ser modificado por las Secretarías de
Educación del país, lo que se realizó con la Resolución 0533 de 19 de marzo
de 2020, así:
C. SEMANAS DE VACACIONES DE DOCENTES Y DIRECTIVOS
DOCENTES
FECHA DURACIÓN EN SEMANAS
del 06 al 12 de enero de 2020 Una (01) semana
del 30 de marzo al 19 de abril de
Tres (3) semanas
2020
del 14 de diciembre de 2020 al 3
Cuatro (04) semanas
de enero de 2021
TOTAL Siete (7) semanas
x) Con la expedición de la Circular 020 de 2020 el Ministerio de Educación
instruyó a los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación ajustar sus
calendarios de acuerdo con los lineamientos dados en ella misma sin el
consentimiento de los empleados del magisterio cambiándoles las condiciones
laborales.
xi) Los gobernadores, alcaldes y secretarios de educación cambiaron de
forma arbitraria los calendarios académicos afectando los derechos laborales
de los docentes.
1.3. Normas violadas y concepto de violación
El accionante señaló que el acto acusado vulneró:
Los artículos 13, 24, 53 y 215 de la Constitución Política; el artículo 14 del
Decreto 1850 de 2002 y el Decreto 491 de 28 de marzo de 2020.
Por lo tanto, en el concepto de violación argumentó que es reprochable que el
acto acusado haya determinado que las vacaciones del personal docente oficial
serían disfrutadas durante la época de aislamiento por la emergencia sanitaria
como consecuencia de la pandemia Covid-19, por cuanto limitó la libertad de
elección del lugar de disfrute y de locomoción.
Señaló que se desconoció el artículo 14 del Decreto 1850 de 2002 el cual
estableció que las entidades territoriales determinarán cada año el calendario
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académico y contempla 7 semanas de vacaciones, concretamente, las 7
semanas deben concederse y disfrutarse en el mismo año que se causaron, y
no como lo contempló el acto demandado en el año posterior, porque de un
lado se exceden las facultades conferidas en la norma y se vulneran los
derechos de este grupo poblacional al reducir el período de descanso que les
corresponde por ley.
Afirmó que las regulaciones extraordinarias que se expidan con ocasión de la
emergencia sanitaria no pueden ser ajenas a los principios y valores que
imperan en el ordenamiento jurídico.
Aseveró que el Decreto 491 de 2020 estableció en el artículo 15 que durante el
período de aislamiento preventivo obligatorio las autoridades dispondrán las
medidas necesarias para que los servidores públicos y docentes ocasionales o
de hora catedra cumplan sus funciones mediante la modalidad de trabajo en
casa, en ese orden de ideas, manifestó que el acto acusado contrarió lo
parámetros fijados por el gobierno nacional, pues se debía promover el trabajo
en casa y lo que se dispuso fue de manera coactiva entrar en período de
vacaciones.
Indicó que los docentes fueron el único grupo de empleados públicos a los que
se les impuso un cambio abrupto de sus vacaciones, y que los demás
servidores estatales realizaron sus actividades laborales sin que la emergencia
sanitaria influyera en su calendario laboral, por ejemplo, la administración de
justicia cumpliría 3 meses de suspensión de términos que se han ido
levantando paulatinamente y se han adoptado reglas de atención virtual al
ciudadano, medidas replicadas en las demás ramas del poder público.
Por lo tanto, destacó que la autoridad administrativa vulneró disposiciones de
rango constitucional, tales como los artículos 13 (igualdad), 24 (libertad de
locomoción), inciso segundo del 53 (descanso necesario) y el 215, por cuanto
se excedieron las facultades otorgadas en el estado de emergencia al omitir
ponderar las decisiones adoptadas.
1.4. Contestación de la demanda
El departamento del Amazonas contestó oportunamente la demanda,
oponiéndose a la prosperidad de sus pretensiones. Con tal fin señaló los
siguientes argumentos:
i) La entidad territorial no modificó arbitrariamente el calendario
académico, conforme al artículo 2.4.3.4.2 de la Ley 1075 de 2015 otorgó esa
facultad al gobierno nacional, de esa forma, la administración departamental
únicamente ajustó el acto demandado conforme a la Circular 20 de 16 de marzo
de 2020.
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ii) Las vacaciones periódicas y remuneradas es un mecanismo para
concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del
trabajador, cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y
justicia, sin embargo, la emergencia sanitaria generó repercusiones en todos
los ámbitos, razón por la que los gobiernos debieron adoptar medidas que
permitiesen superar la crisis o conjurar los efectos de la emergencia.
iii) El cambio del calendario escolar dispuesto en la Circular 20 de 16 marzo
de 2020, adoptada en la Resolución 0533 del 19 de marzo de 2020, fue una
respuesta equilibrada a la gravedad de los hechos generados con la crisis, más
que restringir los derechos y garantías constitucionales, buscó ser una
herramienta útil de protección de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, así como la comunidad educativa en general.
1.5. Sentencia de primera instancia
El 12 de mayo de 2023, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda con
fundamento en las siguientes razones:
i) El calendario escolar de los docentes y directivos docentes es de 52
semanas, distribuidas así, 5 semanas de trabajo institucional, 40 semanas de
trabajo lectivo y 7 semanas de vacaciones, la facultad de modificar el calendario
académico es del gobierno nacional, previa solicitud de la entidad territorial
competente, no obstante, ante la ocurrencia de hechos que alteren el orden
público, esta última puede realizar los ajustes del calendario académico que
sean necesarios.
ii) La emergencia sanitaria del Covid 19 fue una situación que alteró el
orden público, según el artículo 15 del Decreto 1850 de 2002, compilado en el
artículo 2.4.3.4.2. del Decreto Único Reglamentario del sector educativo, las
entidades territoriales mediante las Secretarías de Educación podían efectuar
los ajustes del calendario académico que garantizaran la prestación del servicio
educativo y a su vez velar por la salud de los estudiantes y los docentes.
iii) Es cierto que se modificó el período de vacaciones de los maestros en
el departamento del Amazonas, sin embargo, se respetó el número de semanas
reconocidas en el referido de decreto, correspondientes a 7 semanas, por ello,
en ningún momento se vulneró el derecho al descanso de dichos servidores.
iv) La limitación del derecho a la libre circulación en el territorio nacional
con el aislamiento preventivo obligatorio inició a partir del 25 de marzo de 2020
y estuvo vigente hasta el 1° de septiembre del mismo año, luego, las
autoridades administrativas establecieron la fase de aislamiento selectivo y
distanciamiento individual responsable, restricción que tuvo vigencia hasta el
día 1° de mayo de 2022, en virtud de lo dicho, es incorrecta la afirmación del
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demandante de que los únicos obligados a tomar los períodos vacacionales en
medio de las restricciones que adoptó el gobierno nacional hubiesen sido los
docentes del sector público, ya que, las medidas afectaron a todo el
conglomerado social, quienes indistintamente a ostentar la calidad de
empleado público, debieron asumir restricciones propias del estado de
emergencia.
v) De la lectura del artículo 14 del Decreto 1850 de 2002 no se advirtió que
las vacaciones de los docente debían ser concedidas y disfrutadas en la
vigencia del año lectivo en el que se causaron, por el contrario, reglamentó que
los establecimiento educativos estatales deben señalar las fechas precisas de
iniciación y finalización de las 52 semanas de actividades, las cuales se
respetaron tanto en la Resolución 3590 del 4 de diciembre de 2019 y la
Resolución 0533 del 19 de marzo de 2020, de igual manera, el citado acto
administrativo no alteró los extremos temporales determinados en la
Resolución de 4 de diciembre de 2019, pues, las dos decisiones administrativas
contemplaron como fecha de finalización de las vacaciones de los maestros el
3 de enero de 2021.
vi) A juicio del ciudadano, el departamento del Amazonas no acató el
artículo 15 del Decreto 491 expedido el 28 de marzo de 2020 en el que se
señaló que la administración territorial debía fomentar y promover el trabajo en
casa, de esa manera, haber ordenado a los docentes de manera coercitiva
entrar a periodo vacacional, entorpeció la implementación de las medidas de
protección laboral pretendidas desde la administración central.
vii) Sobre el particular, el mencionado Decreto se expidió con posterioridad
a la Resolución 0533 del 19 de marzo de 2020, por tal motivo, era imposible
que el acto impugnado hiciera alusión a las directrices impartidas en el Decreto
491, no obstante, la misma Circular 20 del 16 de marzo de 2020, anticipó la
utilización de las herramientas de la virtualidad para el desarrollo de actividades
de la educación y enseñanza.
1.6. Recurso de apelación
El señor Yobany Alberto López Quintero solicitó que se revoque la sentencia
de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes argumentos:
i) El a quo no evaluó la vulneración de los derechos prestacionales de
carácter social de los docentes en lo atinente a las vacaciones, la regulación de
la emergencia sanitaria y ecológica en los Decretos 385 del 12 de marzo de
2020, 417 del 17 de marzo de 2020 y 491 reglamentario del 2020, flexibilizaron
la función presencial y el uso adecuado de las tecnologías, sin habilitar a las
entidades del sector educativo estatal alterar el calendario académico.
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ii) El trabajo en casa por el confinamiento obligatorio y la protección
especial que se debe brindar a niños y adolescentes generó sobre carga laboral
a los profesores, además de preparar las clases, tuvieron que adecuarse a las
necesidades de cada alumno porque algunos no poseían herramientas digitales
o tecnológicas que les permitiera guiar y orientar a los estudiantes desde sus
hogares, todas las actividades se efectuaron en el periodo de vacaciones,
ejerciendo largas jornadas de trabajo.
iii) El plan nacional decenal de educación «el camino hacia la calidad y la
equidad» tiene como propósito implementar las tecnologías de la información y
la comunicación en la educación pública, por lo tanto, el Ministerio de
Educación debe reconocer la necesidad de crear la capacidad y elementos para
que los profesores y los alumnos provechen el potencial de las Tics en los
procesos formativos y pedagógicos.
iv) Las autoridades administrativas recargaron a los trabajadores del
magisterio con responsabilidades propias del Estado, en ninguna de las demás
instituciones que integran a los poderes públicos sucedió lo mismo, esto denotó
abandono y coacción de desarrollar actividades laborales sin contar con los
medios suficientes o una capacitación adecuada.
v) Una de las funciones del Estado es formar a los maestros en el uso
pedagógico de las diversas tecnologías y orientarlos para aprovechar la
capacidad de dichas herramientas en el aprendizaje continuo, sin embargo, a
pesar de que los docentes tienen una de las más importantes
responsabilidades en sus manos, no se logra cumplir con suficiencia las tareas
encomendadas, si la administración continua conculcando los derechos de los
profesores con la expedición de actos administrativos como el aquí debatido.
vi) Se configuró en el asunto un hecho cumplido en tanto las vacaciones se
surtieron y cumplieron su finalidad, que es un descanso de las actividades
laborales, ya que, se consumó el calendario académico, considerando que los
efectos de la sentencia de anulación, serían hacia el futuro como un precedente
importante para preservar los derechos de los docentes y su seguridad jurídica.
vii) Los artículos 7° y 8° del Decreto 1850 de 2002, así como el artículo
2.4.3.4.1 del Decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, establecieron que los
docentes tienen derecho a 7 semanas o 49 días de vacaciones en cada
anualidad, durante los meses de junio, julio, diciembre y enero, períodos en los
que se reciben el pago de salarios y prestaciones sociales con normalidad.
viii) Es reprochable la decisión contenida en el acto administrativo
demandado que modificó el calendario escolar y determinó que las vacaciones
del personal docente oficial serían disfrutadas durante la época de aislamiento
por la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional como
consecuencia de la pandemia Covid-19, ya que si bien es discrecional de sus
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destinatarios escoger el lugar de disfrute de las vacaciones y las actividades a
desarrollar durante las mismas, no cabe duda que imponer el desarrollo de las
vacaciones en el tiempo de aislamiento, generó que el personal docente
estuviera limitado en su libertad de elección y de locomoción, impidiendo de
esta manera que se desarrollaran a plenitud las actividades para las cuales está
prevista esta época.
ix) Se vulneraron disposiciones de rango constitucional, tales como los
artículos 13 (igualdad), 24 (libertad de locomoción), inciso segundo del 53
(descanso necesario) y el 215, por cuanto se excedieron las facultades
otorgadas en el estado de emergencia al omitir ponderar las decisiones
adoptadas.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
El 2 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que,
de no presentarse solicitud probatoria en esta instancia, el expediente
regresaría al despacho para fallo2.
Encontrándose el proceso en la Secretaría de la Sección Segunda, la
procuradora segunda delegada ante esta Corporación, emitió concepto3 en
el que solicitó confirmar la decisión de primer grado por las siguientes razones:
i) No se afectó el derecho a la igualdad, lo modificado por el acto
demandado fueron los artículos 3°, 6°, 7° y 8° de la Resolución 3590 del 4 de
diciembre de 2019, en lo relacionado con el trabajo académico con estudiantes,
desarrollo institucional, receso estudiantil y las vacaciones de los maestros de
conformidad con las facultades del artículo 15 del Decreto 1850 de 2022; no
hubo discriminación o trato diferenciado de este personal, lo que se adoptó
correspondió a medidas de control y prevención por la emergencia sanitaria,
medidas necesarias y ajustadas a las directrices del gobierno nacional.
ii) El derecho a la libre locomoción no es absoluto, se pueden establecer
límites en la medida en que sea necesario e indispensable para prevenir la
infracción de sanciones penales, proteger el interés público, la seguridad
nacional, el orden público, la salud, la moral pública y los derechos o libertades
de las demás personas, las restricciones que se establezcan deben ser
razonables, proporcionadas y que cumplan con fines constitucionales
discernibles, como sucedió en el caso planteado, ya que, la restricción temporal
no obedeció de forma directa a las modificaciones introducidas en la Resolución
0533 del 19 de marzo de 2020, sino al contexto de la pandemia generada por
el Covid 19, pues, los cambios efectuados no son abruptos como lo indicó el
demandante, ni anularon el derecho a la libertad de libre locomoción, en tanto
2 Conforme al informe secretarial visto en el índice 27 de Samai, no se presentaron solicitudes de pruebas.
3 Índice 25 de Samai.
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que las restricciones no fueron diferentes a las medidas aplicables al resto de
la población.
iii) La entidad territorial no afectó el derecho al descanso de los docentes,
ni el período vacacional de dichos empleados, se respetaron las 7 semanas
consagradas en el Decreto 1075 de 2015, la modificación fue de duración
limitada y su origen de fundamentó en el principio de solidaridad, aplicable para
la protección de los derechos a la vida y a la salud de manera individual y
colectiva que estaban en riesgo por la emergencia sanitaria.
iv) Los planteamientos desarrollados en el recurso de apelación son
apreciaciones y consideraciones personales del recurrente sobre el acto
administrativo acusado, sin establecerse un razonamiento jurídico y
argumentos con sustento legal, dado que, al citar normas jurídicas sin un
desarrollo riguroso, no permite deducir que los motivos de la decisión sean
falsos o sustentados en normas contrarias.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado,
se procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Jurisdicción y competencia
Sin mayores consideraciones, la Sala indica que detenta la competencia para
resolver el litigio propuesto en la demanda y su respectiva contestación, de
conformidad con lo establecido el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo4.
2.2. Procedencia y oportunidad en el ejercicio del medio de control de
nulidad
De conformidad con lo previsto en el artículo 137 del C.P.A.C.A., el medio de
control de nulidad procede, por excelencia, contra todo acto administrativo de
contenido general.
Así mismo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 164 ejusdem, no
existe límite de tiempo para la presentación de la demanda respectiva o, lo que
es igual, el fenómeno de caducidad no tiene aplicación frente al citado
instrumento judicial.
4 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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De cara a lo expuesto, la presente acción jurisdiccional deviene procedente, en
tanto el acto demandado está representado por una resolución de carácter
general emitida por la secretaría de educación de Cundinamarca.
2.3. Legitimación en la causa por activa y por pasiva
De acuerdo con lo establecido en el artículo 137 del C.P.A.C.A., toda persona
podrá ejercer el medio de control de nulidad para discutir la legalidad de los
administrativos de carácter general. Por tanto, en este asunto, se concluye que
el demandante está legitimado en la causa por activa.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, departamento del Amazonas
– Secretaría de Educación asumió esta condición, en tanto el acto acusado fue
proferido por esa autoridad.
2.4. El acto administrativo demandado
2.4.1. El acto demandado
El acto administrativo impugnado contenido en la Resolución 0533 de 19 de
marzo de 2020, «Por medio de la cual se modifica a la resolución número 3590
del 4 de diciembre de 2019, por la cual se expide el calendario académico para
el año lectivo 2020, en los establecimientos educativos oficiales del
departamento del Amazonas, en los niveles de preescolar, básica y media,
educación de adultos y se dictan otras disposiciones», resolvió:
«ARTÍCULO 1: Modifique el artículo tercero de la Resolución número
3590 del 4 de diciembre de 2019 el cual quedaría así:
Periodos semestrales para el trabajo académico con estudiantes
establecimientos Educativos oficiales, en los niveles de educación
Preescolar, Básica y Media.
PRIMER PERIODO Entre el 27 de enero al 19 de
julio de 2020
SEGUNDO PERIODO Entre el 20 de julio al 6 de
diciembre de 2020
Artículo 2: Modifique el artículo seis de la Resolución número 3590 del 4
de diciembre de 2019, el cual quedaría así:
Actividades de Desarrollo Institucional.
Entre el 13 y el 26 de enero
Desarrollo institucional: Dos (2) semanas
de 2020
Entre el 16 y 29 de marzo de
Desarrollo institucional: Dos (2) semanas
2020
Entre el 7 y 13 de diciembre
Desarrollo institucional: Una (1) semana
de 2020
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Artículo 3: Modifique el artículo siete de la Resolución Número 3590 del
4 de diciembre de 2019, el cual quedaría así:
Receso estudiantil
Tres (3)
Entre el 6 al 26 de enero de 2020
Semanas
RECESO Cinco (5)
Entre el 16 de marzo y el 19 de abril de 2020
ESTUDIANTIL Semanas
Cuatro (4) Entre el 7 de diciembre de 2020 hasta el 3
semanas de enero de 2021
Artículo 4: Modifique el artículo ocho de la Resolución Número 3590 del
4 de diciembre de 2019, el cual quedaría así;
Vacaciones de docentes y directivos docentes.
Una (1)
Entre el 6 al 12 de enero de 2020
Semana
VACACIONES Tres (3)
Entre el 30 de marzo y el 19 de abril de 2020
DOCENTES Semanas
Tres (3) Entre el 14 de diciembre de 2020 hasta el 3
Semanas de enero de 2021
Artículo 5: Las demás actividades del Calendario Académico para e año
2020 con sus correspondientes fechas quedan conformes a lo estipulado
en la Resolución 3590 del 4 de diciembre de 2019 […]».
2.4.2. Problemas jurídicos
Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar:
• ¿El departamento del Amazonas en la Resolución 0533 del 19 de marzo
de 2020 que modificó el calendario escolar de los establecimientos
educativos oficiales de esa jurisdicción infringió las normas en que debería
fundarse?
• ¿El acto administrativo demandado impidió el disfrute de las vacaciones
de los docentes oficiales, afectó la libertad de elección de los docentes
oficiales del lugar de su goce y del derecho de locomoción, o, por el
contrario, la decisión acusada fue consecuencia de las acciones de
aislamiento adoptadas por el gobierno nacional frente a la pandemia del
covid-19?
Para la solución de los interrogantes se empleará el siguiente método: i)
antecedentes normativos de la Resolución 0533 de 19 de marzo de 2020; ii) La
nulidad del acto administrativo por violación del ordenamiento superior o la
regla de derecho en que debía fundarse y iii) problema jurídico – análisis de la
sala.
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2.4.2.1. Antecedentes normativos de la Resolución 0533 de 19 de marzo
de 2020
El artículo 86 de la Ley 115 de 19945 estableció que los calendarios académicos
tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a las condiciones económicas
regionales y a las tradiciones de las instituciones educativas. Además, dispuso
que en la educación básica secundaria y media se organizará por períodos
anuales de 40 semanas de duración mínima o semestrales de 20 semanas
mínimo.
Adicionalmente, en el parágrafo de la citada disposición se determinó que el
Ministerio de Educación reglamentará los calendarios académicos de manera
que contemple dos períodos vacacionales uniformes.
Posteriormente, el Decreto 1850 de 2002 reglamentó la jornada laboral de los
directivos docentes y docentes de los establecimientos educativos estatales de
educación formal, expresando sobre el calendario académico lo siguiente:
«Artículo 2º. Horario de la jornada escolar. El horario de la jornada escolar
será definido por el rector o director, al comienzo de cada año lectivo, de
conformidad con las normas vigentes, el proyecto educativo institucional y
el plan de estudios, y debe cumplirse durante las cuarenta (40) semanas
lectivas establecidas por la Ley 115 de 1994 y fijadas por el calendario
académico de la respectiva entidad territorial certificada […].
[…]
Artículo 14. Calendario académico. Atendiendo las condiciones económicas
regionales, las tradiciones de las instituciones educativas y de acuerdo con
los criterios establecidos en el presente Decreto, las entidades territoriales
certificadas expedirán cada año y por una sola vez, el calendario
académico para todos los establecimientos educativos estatales de su
jurisdicción, que determine las fechas precisas de iniciación y finalización de
las siguientes actividades:
1. Para docentes y directivos docentes:
a) Cuarenta (40) semanas de trabajo académico con estudiantes, distribuido
en dos períodos semestrales;
b) Cinco (5) semanas de actividades de desarrollo institucional; y
c) Siete (7) semanas de vacaciones. […] [Articulo compilado en el Decreto
1075 de 2015 artículo 2.2.3.4.1]
Artículo 15. Modificación del calendario académico o de la jornada escolar.
La competencia para modificar el calendario académico es del Gobierno
Nacional, los ajustes del calendario deberán ser solicitados previamente por
5 «por la cual se expide la ley general de educación».
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la autoridad competente de la respectiva entidad certificada mediante
petición debidamente motivada, salvo cuando sobrevengan hechos que
alteren el orden público, en cuyo caso la autoridad competente de la
entidad territorial podrá realizar los ajustes del calendario académico
que sean necesarios.
Las autoridades territoriales, los consejos directivos, los rectores o directores
de los establecimientos educativos no son competentes para autorizar
variaciones en la distribución de los días fijados para el cumplimiento del
calendario académico y la jornada escolar, ni para autorizar la reposición de
clases por días no trabajados por cese de actividades académicas» [Artículo
compilado en el Decreto 1075 de 2015 artículo 2.2.3.4.2]
[Negrilla de la Sala]
El día 10 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó
medidas preventivas sanitarias como consecuencia de la emergencia derivada
del coronavirus Covid-19 mediante Resolución 380 del 10 de marzo de 20206.
Subsiguientemente, el Ministerio de Educación a través de la Circular 19
expedida el 14 de marzo de 20207, dirigida a los gobernadores, alcaldes, y
secretarios de educación de entidades territoriales certificadas en educación,
impartió orientaciones como consecuencia de la emergencia sanitaria,
estableciendo que las entidades territoriales en el marco de la política de
gestión de riesgo debían monitorear las condiciones sanitarias de prestación
del servicio y la evolución de la emergencia; evaluar y coordinar las acciones
pertinentes, entre ellas, un ajuste del calendario académico.
La misma cartera ministerial, mediante la Circular 20 de 16 de marzo de 20208,
adoptó medidas adicionales y complementarias para el manejo, control y
prevención del coronavirus COVID-19 y en atención a los dispuesto en los
artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.2.4.2 del Decreto 1075 de 2015 instruyó a las
secretarias de educación para que ajustaran el calendario académico de la
siguiente manera:
«[…]
2. Tres semanas como período de vacaciones de los educadores y por lo
tanto de receso estudiantil, teniendo en cuenta las semanas programadas
que no hayan sido cumplidas en el marco del calendario académico vigente
y lo establecido en el artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015. Para eso
6
Ministerio de Salud y de la Protección Social (8 de octubre de 2024). Resolución 0380 de 10 de marzo
de 2020. «Por la cual se adoptan medidas preventivas sanitarias en el país, por causa del coronavirus
COVID2019 y se dictan otras disposiciones»,
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-380-de-2020.pdf
7 Ministerio de Educación (8 de octubre de 2024). Circular 19 de 14 de marzo de 2020. «Orientaciones
con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19»,
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Circulares/393910:Circular-No-19-del-14-de-marzo-
de-2020
8 Ministerio de Educación (8 de octubre de 2024). Circular 20 de 14 de marzo de 2020. «Medidas
adicionales y complementarias para el manejo, control y prevención del Coronavirus (COVID-19)»,
https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Circulares/394018:Circular-No-20-del-16-de-marzo-
de-2020
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se utilizarán las semanas del 30 de marzo al 19 de abril de 2020 y
retornarán al trabajo académico a partir del 20 de abril. […]». [Negrilla
de la Sala].
El secretario de planeación y desarrollo territorial con encargo de funciones de
gobernador del departamento del Amazonas, así como, el secretario de
educación departamental, expidieron la Resolución 0533 de 2020 que modificó
a la Resolución 3590 de 4 de diciembre de 2019, modificándose el calendario
académico.
2.4.2.2. La nulidad del acto administrativo por violación del ordenamiento
superior o la regla de derecho en que debía fundarse
El artículo 88 del CPACA señala que «los actos administrativos se presumen
legales mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo», y por ello, hasta tanto no sea declarada su ilegalidad o nulidad
judicial, debe ser acatado por encontrarse ajustado a derecho y continuar
surtiendo efectos jurídicos.
Presunción respecto de la cual esta Corporación ha sostenido que «Por tanto,
la única forma de romper dicha presunción de validez es mediante
pronunciamiento judicial definitivo. Por esto, en el ordenamiento jurídico
colombiano en la demanda de nulidad se exige al accionante que señale en el
escrito de demanda tanto las normas que considera violadas como el concepto
de la violación; este último requisito constituye la causa petendi o el marco en
el cual se puede desenvolver la litis, sin que el operador jurídico pueda
pronunciarse de oficio sobre otras posibles vulneraciones, toda vez que se trata
de una jurisdicción de carácter rogado».9
Así las cosas, la presunción de legalidad atribuye la tutela de la seguridad
jurídica a la actividad de la administración, la cual puede ser desvirtuada en el
ejercicio de los medios de control previamente establecidos en el ordenamiento
jurídico, y a través de los cuales el operador judicial, en su sana crítica y libertad
probatoria, determinará si generan las consecuencias señaladas por el
demandante. Con tales propósitos, el accionante tiene la carga de invocar y
sustentar el por qué el acto cuestionado trasgrede la normativa señalada en su
petición. Esa obligación viene impuesta desde el artículo 137 del C.C.A. «hoy
artículo 162 del C.P.A.C.A.», y sobre ella la Corte Constitucional expresó:
«Carece de toda racionalidad que presumiéndose la legalidad del acto tenga el
juez administrativo que buscar oficiosamente las posibles causas de nulidad de
los actos administrativos, más aún cuando dicha búsqueda no solo dispendiosa
sino en extrema difícil y a veces imposible de concretar, frente al sinnúmero de
disposiciones normativas que regulan la actividad de la administración. Por lo
tanto, no resulta irrazonable, desproporcionado ni innecesario que el legislador
9 Consejo de Estado 11001-03-26-000-2008-00033-00 (35313-2009).
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haya impuesto al demandante la mencionada obligación, la cual contribuye
además a la racional, eficiente y eficaz administración de justicia, si se tiene en
cuenta que el contorno de la decisión del juez administrativo aparece enmarcado
dentro de la delimitación de la problemática jurídica a considerar en la sentencia,
mediante la determinación de las normas violadas y el concepto de la violación
Podría agregarse, que con el establecimiento de dichos requisitos el legislador
desarrollo el deber previsto en el art. 95-7 de la Constitución para que quienes
demandan actos administrativos ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo contribuyan al buen funcionamiento de la administración de
justicia».
En ese contexto, el legislador concibió el medio de control de simple nulidad
para los actos administrativos de carácter general y, excepcionalmente, para
las decisiones administrativas de contenido particular, indicando en el artículo
137 que:
«Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se
declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general. Procederá
cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del
derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación
de las atribuciones propias de quien los profirió».
La Sala advierte de las afirmaciones efectuadas en el concepto de violación
que se alega que el acto demandado fue expedido con infracción de las normas
en las que ha debido fundarse, causal respecto de la cual la jurisprudencia de
esta corporación10 la ha considerado como la contravención legal directa de la
norma superior en que debía fundarse el acto administrativo, y ocurre por falta
de aplicación, aplicación indebida o, interpretación errónea.
En ese orden, el primer evento (falta de aplicación de una norma) se presenta
cuando la autoridad administrativa desconoce su existencia o, a pesar de que
la conoce, no la aplica a la resolución del caso; o acepta su existencia pero que
no tiene validez en el tiempo o en el espacio.
La aplicación indebida por su parte tiene lugar cuando el caso concreto se
define con disposiciones legales que no son las adecuadas para el tema de
debate o porque no se establece de forma correcta la diferencia o la semejanza
existente entre la suposición legal y la tesis del asunto bajo estudio.
Y la interpretación errónea se presenta cuando las disposiciones que se aplican
son las que regulan el tema objeto de controversia, pero la autoridad les asigna
un sentido o alcance que no le corresponde.
2.4.2.3. primer problema jurídico: ¿El departamento del Amazonas en la
Resolución 0533 del 19 de marzo de 2020 que modificó el calendario escolar
10 C.E. Sec. Cuarta. 25000-23-27-000-2004-92271-02 (16660), mar. 15/2012
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de los establecimientos educativos oficiales de esa jurisdicción infringió las
normas en que debería fundarse?
2.4.2.3.1. Análisis de la Sala. El demandante explicó que la Resolución 0533
del 19 de marzo de 2020 desconoció el artículo 14 del Decreto 1850 de 2002,
norma según la cual las entidades territoriales organizarán anualmente el
calendario académico y de éste 7 semanas corresponderán a vacaciones que
deben ser concedidas y disfrutadas en el mismo año de su causación, contrario
a lo establecido en el acto administrativo objetado en el año posterior, así
mismo, afirmó que se excedieron las facultadas conferidas en el estado de
emergencia social y económica por omitir ponderar las determinaciones
adoptadas.
Sobre el particular se tiene que el acto cuestionado modificó el calendario
académico organizado mediante la Resolución 3590 del 4 de diciembre de
2019, en especial, el período de disfrute de las vacaciones de los maestros
oficiales y los directivos docentes, en los siguientes términos:
Resolución 3590 del 4 de diciembre de 2019 Resolución 0533 del 19 de marzo de 2020
Día de Día de
Día de inicio Duración Día de inicio Duración
finalización finalización
6 de enero de 12 de enero 6 de enero de 12 de enero
Una semana Una semana
2020 de 2020 2020 de 2020
29 de junio de 12 de julio de Dos 30 de marzo 19 de abril de
Tres semanas
2020 2020 semanas de 2020 2020
7 de 14 de
3 de enero de Cuatro 3 de enero de
diciembre de diciembre de Tres semanas
2021 semanas 2021
2020 2020
Siete Siete
TOTAL TOTAL
semanas semanas
Conforme a lo anterior, se tiene que la variación en el calendario académico
acaeció en el primer semestre, concretamente el período de 22 de junio al 5 de
julio de 2020 el cual se modificó por el lapso que comprende del 30 de marzo
al 5 de abril y del 13 al 19 de abril de dicha anualidad, a pesar de ello, en las
dos situaciones se dispuso como tiempo de vacaciones las 7 semanas de que
trata el artículo 14 del Decreto 1850 de 2002, compilado en el artículo 2.2.3.4.1
del Decreto 1075 de 2015.
Igualmente, el artículo 15 íbidem11 dispuso que la competencia para modificar
el calendario académico es del gobierno nacional, previa solicitud de la entidad
certificada, salvo que sobrevengan hechos que alteren el orden público en cuyo
caso quien tiene esa facultad es la entidad territorial. Alteración definida por el
órgano de cierre de la Jurisdicción Constitucional como «el conjunto de
condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad
general y el goce de los derechos humanos»12.
11 Del Decreto 1850 de 2002 compilado en el artículo 2.4.3.4.2 del Decreto 1750 de 2015
12 Sentencia C 825 de 2004. MP Rodrigo Uprimny Yepes.
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En esas circunstancias, las consideraciones del acto administrativo demandado
son del siguiente tenor:
«Que mediante Resolución Número 3590 del 4 de diciembre de 2019 se
adopta el Reglamento Territorial sobre Calendario Académico
correspondiente al año lectivo 2020, para los Establecimientos
Educativos de educación formal de naturaleza oficial del departamento
de Amazonas.
Que en la Resolución mencionada anteriormente en los artículos 3, 6, 7
y 8 se distribuyeron las actividades del Calendario Académico, donde se
establecieron las semanas de: Trabajo Académico con estudiantes,
Desarrollo Institucional, Receso Estudiantil y las Vacaciones de Docentes
y Directivos Docentes.
[…]
Que atendiendo la Declaratoria de Salud Pública de Interés Internacional-
ESPII-declarada por el Comité de Expertos de la Organización Mundial
de la Salud; la Declaratoria de Pandemia de la OMS; las medidas
adoptadas por el Gobierno Nacional dentro de la declaratoria de
emergencia sanitaria (Decreto 385 del 12 de marzo de 2020) ante la
confirmación de los casos de COVID19 en el país.
Que conforme a las Directivas dadas por el Gobierno Nacional […] y del
Ministerio de Educación Nacional mediante Circular N. 020 del 16 de
marzo, la cual contiene medidas adicionales y complementarias para el
manejo, control y prevención del Coronavirus (COVID-19).
Que el departamento de Amazonas no es ajeno a la situación que se vive
a nivel mundial y nacional, por ende se hace necesario llevar a cabo
medidas de prevención y adoptar acciones en fase de preparativos para
las respuesta, contención y recuperación frente al posible brote de
enfermedad; a fin de la protección al derecho a la vida de la población
amazonense y en especial de los niños, niñas y jóvenes que se
encuentran dentro del Sistema Educativo de la Entidad Territorial
Certificada de Amazonas.
Que, de conformidad con lo expuesto, se hace necesario modificar el
artículo 3, 6, 7 y 8 de la Resolución Número 3590 del 4 de diciembre de
2019, en lo relacionado con trabajo Académico con estudiantes,
Desarrollo Institucional, Receso Estudiantil y las Vacaciones de Docentes
y Directivos Docentes».
Visto lo anterior, los motivos expuestos en la Resolución 0533 del 19 de marzo
de 2020 se fundamentaron en la emergencia sanitaria provocada por la
pandemia del virus Covid 19, en ese sentido, se refirió a hechos sobrevinientes
extraordinarios relacionados con la alteración al orden público por problemas
de salubridad. Por lo tanto, el departamento de Cundinamarca expidió el acto
administrativo en ejercicio de la competencia otorgada por el artículo 2.4.3.4.2
del Decreto 1750 de 201513.
13 Así se pronunció esta Corporación dentro del radicado 66001-23-33-000-2020-00354-01
(5720-2022) C.P. Gabriel Valbuena Hernández
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A pesar de que la decisión administrativa no citó en las consideraciones para
su expedición la Circular 020 de 2020 signada por el Ministerio de Educación,
no se desconoció el contenido de ésta porque la entidad territorial impartió
directrices e instrucciones de ajuste del calendario académico estableciendo
dos semanas como período de vacaciones de los docentes y directivos
docentes entre el 30 de marzo al 19 de abril de 2020, así, la resolución objeto
de debate respetó el tiempo contemplado por la cartera ministerial, teniendo en
cuenta que en medio de las dos semanas fijadas por el departamento de
Amazonas se encuentra la semana santa14.
Por lo tanto, el acto demandado se expidió por la secretaria de educación en
ejercicio de las facultades legales y respetando el ordenamiento superior, en
consecuencia, no se configuró la causal de nulidad de infracción de las normas
en que debería fundarse.
2.4.2.3.1. Segundo problema jurídico: ¿El acto administrativo demandado
impidió el disfrute de las vacaciones de los docentes oficiales, afectó la libertad
de elección de los docentes oficiales del lugar de su goce y del derecho de
locomoción, o, por el contrario, la decisión acusada fue consecuencia de las
acciones de aislamiento adoptadas por el gobierno nacional frente a la
pandemia del covid-19?
El recurrente indicó que era reprochable que el acto acusado haya determinado
que las vacaciones del personal docente oficial serían disfrutadas durante la
época de aislamiento por la emergencia sanitaria como consecuencia de la
pandemia COVID-19, por cuanto limitó la libertad de elección del lugar de
disfrute y de locomoción.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala verificará si el acto administrativo que
modificó el período de vacaciones de los docentes respetó el principio de
proporcionalidad, toda vez que como lo señaló la Corporación, «la modificación
del calendario académico eventualmente acarree una variación en las fechas
en las que esas semanas podrán disfrutarse, ello no implica per se un
menoscabo de los derechos sociales de los trabajadores, ya que esto sería
consecuencia de la necesidad de efectuar ajustes institucionales para
garantizar la prestación del servicio15».
14 Al respecto, la Circular 20 de 16 de marzo de 2020 sobre el ajuste al calendario académico estableció
que en atención a lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley 115 de 1994, los numerales 5.1 y 5.2 del
artículo 5° de la Ley 715 de 2001, y los artículos 2.4.3.4.1 y 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, las
Secretarías de Educación ajustarán el calendario de la siguiente forma: «2. Tres semanas como periodo
de vacaciones de los educadores y por lo tanto receso estudiantil, teniendo en cuenta las semanas
programadas que no hayan sido cumplidas en el marco del calendario académico vigente y lo establecido
en el artículo 2.4.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015. Para esto utilizarán las semanas del 30 de marzo al 19
de abril de 2020 y retornarán a trabajo académico a partir del 20 de abril […]».
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión 16,
Sentencia del 15 de enero de 2021, Radicación 11001 03 15 000 2020 02452 00. CP Nicolas Yeyes
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La Corte Constitucional ha señalado que la proporcionalidad permite la
ponderación entre principios constitucionales, cuando dos de éstos entran en
colisión, debido a que la aplicación de uno implica la reducción del campo de
aplicación del otro, de ahí que, corresponde determinar si la reducción es
proporcionada16.
Así mismo, ha detallado como los elementos para realizar el test de
proporcionalidad a los siguientes:
«a. La idoneidad o adecuación de la medida, la cual hace relación
a que la intervención o la injerencia que el Estado pueda generar en
la efectividad de un derecho fundamental resulte lo “suficientemente
apta o adecuada para lograr el fin que se pretende conseguir”.
Finalidad que debe propender por un objetivo constitucionalmente
legítimo o deseable y el cual debe evidenciarse como de imperiosa
consecución.
b. La necesidad hace referencia a que la limitación a un derecho
fundamental debe ser indispensable para la obtención del objetivo
previamente descrito como legítimo y, que de todos los medios
existentes para su consecución, debe ser el que, en forma menos
lesiva, injiera en la efectividad del derecho intervenido.
c. El test de proporcionalidad en sentido estricto, el cual permite
entrar a evaluar o ponderar si la restricción a los derechos
fundamentales que genera la medida cuestionada, resulta
equivalente a los beneficios que reporta, o si, por el contrario, ésta
resulta desproporcionada al generar una afectación mucho mayor a
estos intereses jurídicos de orden superior. En otras palabras, es a
partir de este especifico modelo de test que resulta posible poner en
la balanza los beneficios que una medida tiene la virtualidad de
reportar y los costos que su obtención representa, de forma que sea
posible evidenciar si ésta se encuentra ajustada al ordenamiento
superior al propender por una relación de costo-beneficio que, en
general, resulta siendo favorable a los intereses constitucionales en
controversia»17.
En este orden de ideas, es necesario revisar si la medida adoptada y acusada
de nulidad, resultó adecuada para lograr el fin propuesto, es decir, si fue una
acción idónea.
Así, se tiene que la Corte Constitucional al revisar la constitucionalidad del
Decreto extraordinario 660 de 2020 «Por el cual se dictan medidas relacionadas
con el calendario académico para la prestación del servicio educativo, en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica» expresó:
16 Sentencia C-022/96. MP Carlos Gaviria Díaz.
17
Sentencia C-144/15. MP Martha Victoria Sáchica Méndez
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«Se conoce que con el fin de contrarrestar las consecuencias que para la
vida y salud de las personas ha traído la pandemia ocasionada por el
contagio exponencial del coronavirus –Covid-19–, se han tomado medidas
de confinamiento total o parcial. Las previsiones adoptadas han supuesto
ciertas limitaciones en el goce de otros derechos –por ejemplo, el derecho
a la educación–, motivo por el cual se hace necesario examinar con
particular rigor la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas
puestas en marcha y tomar nota del impacto diferenciado que estas
pueden desencadenar sobre los derechos económicos, sociales y
culturales, en general y, en particular, de grupos históricamente excluidos
o en especial situación de riesgo.” (…)
Una lectura de las motivaciones de la medida contemplada en el Decreto
bajo examen hace factible ver que ésta busca, al facultar al Ministerio de
Educación para organizar el calendario académico, garantizar el derecho
a la vida y a la salud de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, docentes
y directivos docentes y, de modo simultáneo, responder a las necesidades
concretas de los territorios, pues permite que las autoridades competentes
en educación cuenten con el margen de acción necesario que les posibilite
atender la crisis con fundamento en las exigencias del contexto y les facilite
dotarse de las herramientas y metodologías más aptas para garantizar, de
manera efectiva, la continuidad del aprendizaje sin descuidar, se repite, el
derecho a la vida de niñas, niños, adolescentes, jóvenes cuyo número total,
como quedó registrado en los considerandos de la norma bajo examen,
asciende a la suma de diez millones ciento sesenta y un mil ochenta y un
(10´161.081) matriculados»18.
Conforme con lo anterior, la decisión de cambiar el calendario académico y
modificar las fechas de vacaciones de los docentes, como ya se indicó, estuvo
acompañada del receso escolar tal y como lo establecía la Circular 020 de 2020
expedida por el Ministerio de Educación Nacional; es decir, la medida adoptada
era idónea, pues con ella se minimizó el riesgo de contagio de los niños, niñas
y jóvenes al disponerse la suspensión de clases presenciales salvaguardando
no solo sus vidas, sino también la de los docentes y directivos docentes,
otorgando en ese mismo período sus vacaciones.
De tal manera, que el cambio de las fechas de las vacaciones en el calendario
escolar no conllevó a la inexistencia del disfrute de las mismas, pues fueron
concedidas en idéntica forma en que la tendría la población estudiantil con el
único de fin de proteger sus vidas teniendo en cuenta que la pandemia
generada por el covid-19 provocó en nuestro país la adopción de medidas
sanitarias y de emergencia sanitaria, de emergencia social, económica y
ecológica y de orden público y otras de carácter ordinario, implementadas a raíz
de la expedición del Decreto 417 de 2000, por el cual se acudió al estado de
excepción regulado en el artículo 215 de la Constitución y en la Ley 137 de
1994, con la única finalidad de preservación de la salubridad nacional, haciendo
frente a la situación para conjurarla e impedir la extensión de sus efectos.
18
Sentencia C-418/20. MP Cristina Pardo Schlesinger
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N ú m e r o i n t e r n o : ( 4427-2023)
Demandante: Yobany Alberto López Quintero
En ese orden, la decisión adoptada encuentra justificación precisamente en esa
situación especial generada por el covid-19, única e imprevista no solo para el
departamento del Amazonas sino para el mundo; evento que provocó la
emisión de decisiones gubernamentales en pro de la protección de la población
y que conllevaron a medidas de confinamiento, lo que se constituyó en
motivación del acto administrativo demandado.
Respecto al criterio de necesidad, fue justificada la restricción del derecho a la
libre locomoción de los docentes, sin embargo, conviene reiterar que no fue
producto del acto administrativo expedido por el departamento del Amazonas
sino de las acciones tomadas por el gobierno nacional como consecuencia del
covid-19. En efecto, el ajuste en las vacaciones de los docentes acaeció debido
a las medidas de aislamiento social y la emergencia sanitaria que decretó el
Ministerio de Salud y Protección Social para evitar la propagación de ese virus
y atenuar sus efectos; con las Circulares 19 del 14 de marzo y 20 del 16 de
marzo de la misma anualidad el Ministerio de Educación recomendó el
aislamiento de los estudiantes y del personal administrativo y docente que
presentaran estados gripales, igualmente, expuso la necesidad de que las
entidades territoriales monitorearan las condiciones sanitarias relacionadas con
la prestación del servicio educativo, entre ellas, ajustar el calendario
académico. Asimismo, de mantenerse el calendario inicial que establecía las
vacaciones para el mes de junio, el disfrute reclamado se habría dado
igualmente en confinamiento, medida que no provino de la autoridad
departamental sino del gobierno nacional.
Del mismo modo, se considera que los maestros pudieron gozar de la totalidad
del período de vacaciones de 7 semanas contemplado en el ordenamiento
jurídico y se reafirma que, la restricción de locomoción no fue producto de la
resolución demandada, sino que fue consecuencia directa de las acciones
preventivas de aislamiento adoptadas por el gobierno nacional que se dirigieron
a toda la población en general.
Finalmente, en relación con el test de proporcionalidad es claro que la medida
adoptada de modificar las fechas de vacaciones de los docentes es
proporcional al beneficio obtenido de proteger la vida y salud de los docentes y
de los estudiantes y garantizar el derecho de educación de los mismos,
además, en los inicios de la emergencia sanitaria no era fácil implementar
medidas de trabajo en casa, pues existían dificultades para la entrega del
material de apoyo pedagógico, movilidad de los maestros y en general
problemas de interacción entre alumnos y docentes19.
19 Afirmaciones del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con el seguimiento que realizado en
relación con “los establecimientos educativos, la adecuación a la modalidad de trabajo académico en casa
se ha prestado mediante la combinación de herramientas de apoyo pedagógico que comprenden en
promedio: (i) el 55,8% con apoyo de material impreso -guías, talleres, textos-, (ii) el 23,2% con apoyo de
programas de radio y televisión y, (iii) el 21,1% con apoyo de plataformas digitales”. (sentencia C 418/20)
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N ú m e r o i n t e r n o : ( 4427-2023)
Demandante: Yobany Alberto López Quintero
En consideración a lo expuesto, la Sala concluye que el acto administrativo
demandado no se encuentra viciado de nulidad, de ahí que, se confirmará la
sentencia dictada el 12 de mayo de 2023 por la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las
pretensiones de la demanda.
2.4. Condena en costas
En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que
se ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 188 del CPACA20.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de mayo de 2023, proferida por
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la
demanda impetradas por el señor Yovanny Alberto López Quintero contra el
departamento del Amazonas, por lo dicho en la motivación.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: En firme esta decisión devuélvase el expediente al Tribunal de
origen y efectúese las anotaciones en el programa SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI.
En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del
CPACA.
20 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil».
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