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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00516-01

Fecha
7 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00516-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Siete (7) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, que negó a las pretensiones de la demanda. En su lugar: SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. 202-0416-2020 Rad. 20202011781 del Once (11) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), expedido por la asesora de la Dirección General con delegación de funciones del grupo de gestión contractual del INVIMA, por medio del cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago de las acreencias laborales deprecadas por el señor José Luis Rubio Saavedra, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. TERCERO: Declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre el señor José Luis Rubio Saavedra, y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, ocurrida entre el Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Once (2011) y el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), salvo interrupciones, conforme a las consideraciones que anteceden. CUARTO: DECLARAR que operó el fenómeno de la prescripción sobre todos los derechos salariales y prestacionales reclamados en este proceso, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia. QUINTO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, el reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, durante el plazo donde se demostró la existencia de la relación laboral, siendo estos, los periodos del 29/12/2011 a 29/12/2011, 05/01/2012 a 05/07/2012, 05/07/2012 a 31/12/2012, 20/01/2013 a 31/12/2013, 2/01/2014 a 31/12/2014, 06/01/2015 a 31/12/2015, y 15/01/2016 a 30/12/2016, tomando como ingreso base de cotización (IBC) mes a mes el valor de lo percibido por un empleado de planta en un cargo que guarde equivalencia funcional al por él desempeñado, en caso de existir; aclarando que, solo en el evento de 27 Número Interno: 2418-2025 Demandante: José Luis Rubio Saavedra Demandado: INVIMA acreditarse la no existencia de dicho funcionario de planta se tendrá que acudir a los honorarios pactados. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00516-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Siete (7) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)

Radicado: 25000234200020200051601 (2418-2025)
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandada: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y
Alimentos – INVIMA
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Relación laboral encubierta tras contratos de
prestación de servicios
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del Siete (7) de julio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda1.

1.1.1. Pretensiones.

El señor José Luis Rubio Saavedra, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y
solicitó la nulidad del:

Oficio No. 202-0416-2020 Rad. 20202011781 del Once (11) de marzo de Dos
Mil Veinte (2020), expedido por la asesora de la Dirección General con

1
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS» y documento «27. Reforma Demanda», mediante auto del 19 de octubre de 2021, se admitió
la reforma a la demanda.

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

delegación de funciones del grupo de gestión contractual del INVIMA, por
medio del cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago de las
acreencias laborales deprecadas por el tiempo que prestó sus servicios a la
entidad demandada.

A título de restablecimiento del derecho pidió: i) se declare que existió una
relación laboral entre las partes desde el Veintinueve (29) de diciembre de Dos
Mil Once (2011) y hasta el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Dieciséis
(2016), sin solución de continuidad; ii) se ordene el pago, indexado, de los
salarios y prestaciones sociales a que haya lugar durante toda la relación
laboral, teniendo como salario el devengado por un servidor de la planta de
cargos de la entidad demandada – servidor misional código 2-2 grado 18; iii)
la devolución de los aportes a seguridad social integral que tuvo que realizar
el demandante; así como, el pago de la diferencia en los aportes efectuados
al sistema de seguridad social en pensión; iv) el reintegro de los valores que
le fueron descontados al actor por retención en la fuente; v) el pago de las
cotizaciones no efectuadas a la caja de compensación; vi) la sanción por el no
pago de las cesantías definitivas al momento de terminar la relación; así como,
por el no pago de los intereses a las cesantías; vii) el pago de la indemnización
de que trata la Ley 909 de 2004; viii) el pago de los intereses moratorios y de
costas procesales y; ix) el cumplimiento del fallo en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA.

1.1.2 Hechos

El actor prestó sus servicios al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos, en adelante, INVIMA, desde el Veintinueve (29)
de diciembre de Dos Mil Once (2011) y hasta el Treinta (30) de diciembre de
Dos Mil Dieciséis (2016), a través de contratos de prestación de servicios,
desempeñando el cargo de economista en la Secretaría General de la entidad.

Manifiesta el demandante que, durante todo el tiempo que prestó los servicios
en la entidad demandada cumplía un horario de trabajo, recibía llamados de
atención; así como, felicitaciones verbales, debía asistir obligatoriamente a
reuniones y para ausentarse debía pedir permiso. Asimismo, que la entidad le

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

suministraba todos los equipos de trabajo y ejecutaba sus funciones bajo
subordinación del coordinador del Grupo de Gestión Administrativa.

Expone que, el día 22 de junio de 2018 presentó una petición ante la accionada
denominada “Solicitud de prueba de informe”, la cual fue resuelta mediante
oficio con radicado No. 2000-0089-18 (rad 20182033469).

Ese mismo día, a través de correo físico certificado, presentó otra petición,
esta vez con miras a agotar la reclamación administrativa, deprecando el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones; al no
obtener respuesta, reiteró dicha solicitud el 22 de noviembre de 2018, la cual
fue resuelta por medio de oficio con radicado No. 2000-0152-18 (Rad
20182052058038) donde la entidad afirmó que había dado respuesta a la
solicitud a través de misiva del 16 de julio de 2018.

Posteriormente, el 21 de enero de 2020, también por correo físico certificado,
presentó ante la llamada a juicio una nueva reiteración de respuesta de fondo
a las solicitudes incoadas los días 22 de junio y 22 de noviembre de 2018, la
cual fue resuelta a través del acto administrativo acusado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.

La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:

Constitución Política, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 14, 25, 29, 48, 53, 58, 83, 90,
95, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 209, 277 y 351.

Leyes: 6 de 1945; 4 de 1990; 4 de 1992; 100 de 1993, artículos 15, 17, 18, 20,
22, 23, 128, 157, 161, 195 y 204; 244 de 1995; 332 de 1996; 443 de 1998; 909
de 2004; 1438 de 2008; 1437 de 2011 y; 1564 de 2012.

Decretos: 2127 de 1945; 3135 de 1968; 1042 de 1978; 1045 de 1978; 2400 de
1979; 3074 de 1968; 1045 de 1978; 1848 de 1968; 1919 de 2002 y; 1374 de
2010.

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

Indicó que la entidad demandada vulneró sus derechos y garantías laborales
al haber sido vinculado mediante órdenes de prestación de servicios, cuando
en realidad se materializó una relación laboral, toda vez que se acreditaron los
elementos esenciales de aquella, siendo estos: la prestación personal, la
remuneración y subordinación.

1.2 Contestación de la demanda2.

El INVIMA se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que no existió
una relación laboral entre las partes.

Sostuvo que, el demandante fue contratado mediante contratos de prestación
de servicios profesionales, con fundamento en las Leyes 80 de 1993 y 1150
de 2007; asegurando además que, la actividad desplegada por el accionante
obedeció exclusivamente al objeto contratado; asimismo, resaltó que en el
desarrollo de aquellos no se presentó subordinación alguna, limitándose a
ejercer la supervisión con miras a verificar el cumplimiento de lo contratado.

Propuso las excepciones que denominó «falta de los recursos en la actuación
administrativa»; «caducidad del medio de control»; «inepta demanda»3; «inexistencia de los
elementos de la relación laboral»; «inexistencia de la obligación»; «cobro de lo no debido»;
«ausencia de vínculo de carácter laboral»; «prescripción»; y «genérica».

1.3. La sentencia de primera instancia4.

La Sección Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia proferida el Siete (7) de julio de Dos Mil
Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda, sin condena en
costas.

Como sustento de su decisión el Tribunal indicó que, para la configuración de
la relación laboral encubierta es necesario acreditar el cumplimiento de tres
requisitos, el primero de ellos, esto es, la prestación personal del servicio, en

2
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «24.
Contestación demanda».
3
Las excepciones de “falta de agotamiento de los recursos en la actuación administrativa”, “caducidad de la acción”
e “inepta demanda” propuestas por la entidad demandada, fueron resueltas por el Tribunal por medio del auto del 27
de octubre de 2022 declarándolas no probadas.
4
Samai – tribunal de origen, índice 92.

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

este asunto quedó probado con los contratos aportados y los testimonios
practicados, evidenciándose que el accionante prestó sus servicios de manera
personal al INVIMA desde el Primero (1) de diciembre de Dos Mil Once (2011)
y hasta el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), con las
siguientes interrupciones: de 04 días hábiles entre el 30 de diciembre de 2011
a 04 de enero de 2012, 02 días hábiles entre el 01 de enero de 2015 al 05 de
enero de 2015 y 01 de enero de 2016 al 14 de enero de 2016; no obstante,
aclaró que, como en la demanda se indicó como extremo inicial el Veintinueve
(29) de diciembre de Dos Mil Once (2011) sería esta la fecha de inicio de la
relación que se tendría en cuenta.

En cuanto al segundo elemento, esto es, la remuneración se expuso que, en
los contratos se pactó el pago de unos honorarios como contraprestación
periódica que, al margen de su denominación, corresponde a una retribución
mensual por la labor.

Ahora, en cuanto al tercer elemento denominado subordinación se dijo:

Los testigos manifestaron que la labor era desempeñada por el demandante
en las instalaciones de la entidad demandada, en el horario de lunes a viernes
desde las 7:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., indicando que la actividad ejercida era
la de supervisar lo relacionado con el servicio de vigilancia de la entidad, sin
precisar si dicha supervisión recaía en un contrato externo o los servicios de
seguridad y vigilancia los prestaba directamente la demandada.

De las declaraciones recibidas no se logró tener certeza frente a las órdenes
que presuntamente le imponía la entidad llamada a juicio al actor, en el
entendido que si bien los testigos mencionaron varios nombres de personas
que le daban instrucciones, no es posible tener certeza que aquellas tuvieran
la coacción propia de una relación laboral.

Para el Tribunal el requisito de la subordinación no fue cumplido, aclarando
que, conforme la jurisprudencia del Consejo de Estado, el solo hecho de
cumplir con un horario o recibir instrucciones no genera una relación laboral,
por cuanto aquellas son propias de la coordinación de actividades necesaria
para garantizar el cumplimiento de la relación contractual.

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

Se dijo que, en los contratos de prestación de servicio prevalece el principio
de coordinación, consistente en la sincronización de las actividades requeridas
en la medida de la necesidad de la entidad contratante, lo que se estima
ocurrió en el caso bajo estudio. Esto es diferente a la subordinación que existe
en la relación laboral, la cual genera que el empleador pueda imponer al
trabajador las condiciones de tiempo, modo y lugar para que desarrolle sus
labores, sin que le asista ningún tipo de independencia o autonomía, y, en el
caso que nos ocupa, la parte actora no acreditó tales circunstancias como era
su deber procesal en los términos del artículo 167 del C.G.P.

1.4. El recurso de apelación5

La parte demandante interpuso recurso de apelación solicitando que se
revoque la decisión proferida por el A-quo y, en su lugar, se declare la
existencia de una relación laboral con el INVIMA.

Sostiene que, la sentencia incurrió en errores sustanciales de valoración
probatoria y desconoció principios constitucionales y jurisprudenciales sobre
la relación laboral encubierta.

Afirma que, durante el vínculo que tuvo con la entidad demandada se
configuraron los tres elementos de una relación laboral encubierta, no
habiendo discusión sobre la prestación del servicio y la remuneración
percibida; no obstante, a diferencia de lo concluido por el Tribunal, considera
que también se acreditó la subordinación comoquiera que:

• El señor JOSE LUIS RUBIO SAAVEDRA, estaba sujeto a un esquema
de control de horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 4:30 p.m.; así
como, a la supervisión directa, recibía instrucciones constantes, debía
asistir de forma obligatoria a reuniones y era sujeto de llamados de
atención.

5
Samai – tribunal de origen, índice 97.

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

• Sus funciones estaban alineadas con los objetivos permanentes del
INVIMA y eran ejercidas en las instalaciones de la entidad demandada
con herramientas y recursos por ella otorgados.
• Las labores asignadas, como supervisión de vigilancia, actualización de
bases de datos, control de activos y representación institucional en
comités, no eran de carácter temporal ni accesorio.
• Debía solicitar permiso para ausentarse de su lugar de trabajo.

Para sustentar su posición, citó la sentencia de unificación del Consejo de
Estado SUJ- 025-CE-S2-2021, indicando que en ella se expuso que la
existencia de subordinación no depende necesariamente de un contrato
laboral formal, sino que puede deducirse a partir de diversos indicios de
dependencia funcional. Además, ha establecido que la continuidad
contractual, la ejecución de funciones estructurales y la integración funcional
del trabajador en la entidad son indicios suficientes para declarar la existencia
de un vínculo laboral.

1.5. Trámite de segunda instancia

Por medio de auto del Quince (15) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)6,
el consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA.

De dentro de los diez días siguientes a su notificación la parte demandada se
pronunció sobre el recurso de alzada interpuesto por el demandante y pidió
confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que no se configuró el
elemento de la subordinación, precisando que solo hubo la supervisión del
contrato necesaria para su cabal ejecución7.

1.6. Concepto del Ministerio Público8

Dentro del plazo legal, el agente del Ministerio Público allegó el concepto
respectivo, solicitando que se confirme la decisión del Tribunal; al considerar que,

6
Samai - índice 04.
7
Samai - Índice 09.
8
Samai - índice 11.

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

no se logró demostrar la existencia de subordinación, elemento esencial para
poder declarar la existencia de una relación laboral.

Se adujo que, dentro del plenario no se acreditó que el demandante estuviera
sujeto a órdenes, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, como
tampoco que existiera similitud de la labor con algún cargo de planta del instituto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.

Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3289 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si, hay lugar a la declaratoria de existencia
de una relación laboral entre el demandante y el INVIMA, habida cuenta de
los servicios que prestó desde el Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil
Once (2011) y hasta el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016),
esto es, si se acreditaron los tres elementos necesarios para que se configure
la relación laboral encubierta alegada en la demanda, especialmente, el
elemento de la subordinación.

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«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo; 2.2.2. Pruebas recaudadas; y 2.2.3 Caso
concreto.

2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial de la existencia de una relación
laboral encubierta y/o subyacente

En principio, cabe precisar que, respecto de los contratos estatales de
prestación de servicios, la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3),
dispone:

«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de
la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando
dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos general relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.»

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se
vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad,
o para desarrollar labores especializadas que no pueden asumir el personal
de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del
contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente
bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las
expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún
caso […] general relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el
precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en sentencia C-154
de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y
el de carácter laboral, así:

«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de
prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se
requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada
subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio,
en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada,
puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la
subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación
de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes,
de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se
hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto
de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la
diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano
legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el
previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la
calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario
sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o
dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de
impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio,
se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así
se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios
independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia
al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni
pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados
del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la
actividad del mandato respectivo.» -sic-

Entonces, el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es,
la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada
subordinación, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales
a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado
en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la
garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas
respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se
constata en juicio la continua prestación de servicios personales
remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos
de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que
desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos
contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia
de las relaciones laborales10; y, para reforzar su tesis, el demandante puede

10 En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia de 27
de enero de 2011, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01 (202-10).

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

valerse de los criterios de la permanencia del empleo para constatar si se está
encubriendo una auténtica relación laboral11.

En el mismo sentido, la Subsección B de esta Sección Segunda 12 recordó
que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del
servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos,
la cual debe mantenerse durante el vínculo y, (ii) le corresponde a la parte
actora demostrar la permanencia, esto es, prolongada en el tiempo; sumado
a que la labor sea inherente a la entidad y, en algunos casos, la equidad o
similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de
planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para
desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una
verdadera relación laboral.

Este criterio ha sido reiterado por esta Subsección en múltiples oportunidades,
consolidando así una línea jurisprudencial uniforme en torno a la materia. En
consecuencia, será con fundamento en dicho marco normativo y
jurisprudencial que se desarrollará el análisis del presente asunto13.

2.2.2. Pruebas recaudadas.
a) Se allegó al plenario copia de los contratos de prestación de servicios
suscritos entre el demandante y la entidad demandada, así:
Inicio Finalización Días de
Año Contrato Objeto
DD/MM/AA DD/MM/AA interrupción
Prestación de servicios profesionales como
No. 938 Economista para el Grupo de Gestión
2011 de Administrativa de la Secretaría General del 1/12/11 29/12/11 NA
201114 INVIMA.

No. 048 Prestación de servicios profesionales de un
2012 de economista en la Secretaría General del 5/01/12 5/07/12 4
201215 INVIMA.

11 Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Sentencia T-040 de 2016.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-
33-000-2012-00020-01 (316-2014).
13
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera sentencias
identificadas con los radicados internos 0199-2023, 2164-2023, 3767-2023, 4845-2023, 7292-2023, entre otros.
14
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 73 a 77.
15
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 79 a 83.

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

No. 720
2012 de Prestación de servicios profesionales como 5/07/12 31/12/12 NA
201216 economista en la Secretaría General del
INVIMA.

No. 004
2013 de Prestación de servicios profesionales de un 2/01/13 31/12/13 NA
201317 Economista, en la Secretaría General.

No. 002
Prestación de servicios profesionales como
2014 de 2/01/14 31/12/14 NA
economista para la Secretaría General del
201418
INVIMA.

No. 004
2015 de Prestación de servicios profesionales como 06/01/15 31/12/15 2
201519 economista para la Secretaría General del
INVIMA.

Prestación de servicios profesionales al
No. 009 Instituto Nacional de Vigilancia de
2016 de Medicamentos y Alimentos para apoyar 15/01/16 30/12/16 8
201620 técnicamente al Grupo de Gestión
Administrativa de la Secretaría General en
las actividades administrativas.

b) Antecedentes administrativos de los contratos núms. 048 de 201221, 720
de 201222, 004 de 201323, 002 de 201424, 004 de 201525 y 009 de 201626,
aportados por la entidad demandada.
c) Formatos de traslado de bienes por retiro del señor José Luis Rubio al
Grupo de Gestión Administrativa del INVIMA, con fecha del Dieciséis (16)
de enero de Dos Mil Diecisiete (2017)27.
d) Acta de entrega del Veintiocho (28) de diciembre de (2016), de los pasivos
del INVIMA a cargo del actor al señor Juan Manuel Mendoza Villamarín28.

16
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 85 a 88.
17
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 89 a 95.
18
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA, páginas 97 a 100.
19
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 101 a 105.
20
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 107 a 113.
21
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «21.
2020-516 JOSE LUIS RUBIO- ANTECEDENTES 2».
22
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «15.
2020-516 JOSE LUIS RUBIO- ANTECEDENTES 3».
23
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «16.
2020-516 JOSE LUIS RUBIO- ANTECEDENTES 4».
24
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «18.
2020-516 JOSE LUIS RUBIO- ANTECEDENTES 5».
25
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «19.
2020-516 JOSE LUIS RUBIO- ANTECEDENTES 6».
26
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «20.
2020-516 JOSE LUIS RUBIO- ANTECEDENTES 7».
27
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 115 a 127.
28
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», página 129.

13

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

e) Correos electrónicos enviados por el señor Juan Manuel Mendoza
Villamarín, firmando como coordinador del Grupo de Gestión
Administrativa, dirigidos al señor José Luis Rubio Saavedra en los meses
de septiembre a diciembre de 2016, donde se le solicita informes de
gestión, autorizaciones de ingreso de personas, convocatoria a reuniones,
y da instrucciones para el seguimiento de asuntos29.
f) Oficio No. 2350-0883-23 del Diecinueve (19) de octubre del Dos Mil
Veintitrés (2023), por el cual la asesora de la Dirección General (E) con
delegaciones de funciones del Grupo de Talento Humano del INVIMA,
informa que no existe en la entidad el empleo denominado servidor
misional código 2-2 grado 1830.
g) Copia de la solicitud de prueba por informe, sin fecha, presentada por el
actor al INVIMA, en la que enlistó siete cuestionamientos relativos a
órdenes asistenciales y de servicio celebrados con la entidad; entre los
cuales pidió información acerca del presupuesto asignado a la Secretaría
General del INVIMA durante los años 2014 a 2016; el valor de las
asignaciones salariales de empleados públicos que desempeñen funciones
similares a las del actor, el tipo de vinculación a la que están sometidos los
servidores públicos de dicha secretaría, certificado de factores salariales
para la cotización a seguridad social en pensiones; así como, el motivo por
la que se le exigiera, durante su relación con la entidad, el cumplimiento de
horarios, informe de novedades durante la prestación del servicio, junto con
las razones para dar por terminado unilateralmente el contrato31.
h) Copia del oficio No. 2000-0089-18 (radicado 20182033469) del Dieciocho
(18) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018), donde el INVIMA da respuesta a
la anterior solicitud de prueba por informe, indicándole el monto del
presupuesto asignado a la Secretaría General, se le aclara que el vínculo
que tuvo le peticionario con la entidad fue a través de contratos de
prestación de servicios no de empleado público, sin exigencia de
cumplimiento de horarios, en virtud de lo cual no le eran reconocidas
prestaciones sociales y por tanto no pueden realizar equivalencias con los
funcionarios de planta de la entidad; además, se le informa que los

29
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 131 a 239.
30
Samai – tribunal de origen, índice 53, archivo «030_RECIBEMEMORIALES_2020516OFICIO2350.pdf».
31
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 31 a 36.

14

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

servidores públicos del INVIMA tienen la calidad de empleados públicos;
que la terminación del contrato se dio dado que las funciones por él
desempeñadas iban a ser realizadas por los servidores de la entidad 32.
i) Copia del escrito radicado el Veinte (20) de noviembre de Dos Mil Dieciocho
(2018) ante el INVIMA, por parte del apoderado de la parte actora,
solicitando respuesta de fondo a la reclamación administrativa radicada en
de junio de 201833.

En este punto debe aclararse que, al plenario no se allegó solicitud elevada
por la parte actora en junio del año 2018 donde se haya deprecado la
declaratoria de una relación laboral y el pago de acreencias laborales. Ante
el requerimiento efectuado por el Tribunal, el apoderado de la parte actora
aportó unos documentos34, del análisis de ellos no se advierte que se haya
reclamado la existencia de una relación laboral encubierta ni el pago de
acreencias laborales a favor del señor Rubio Saavedra, como aquí se
pregona; lo anterior, en el entendido que en el relato de los hechos allí
indicados se habla de unos contratos como odontólogo y en las
pretensiones se pide dicha relación laboral pero entre Gerardo Duarte y
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.
j) Oficio No. 2000-0152-18 (radicado 20182058038) del Cinco (5) de
diciembre de Dos Mil Dieciocho (2018)35, suscrito por el secretario general
del INVIMA, informando al apoderado de la parte actora que la entidad dio
respuesta de fondo sobre todas las peticiones elevadas por medio del oficio
radicado 20182031469 del Dieciséis (16) de julio de Dos Mil Dieciocho
(2018), entregada el Dieciocho (18) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018)36.
k) Respecto de la presunta relación laboral entre el señor José Luis Rubio
Saavedra y el INVIMA, se escucharon en audiencia de pruebas los
siguientes testimonios:

32
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 41 a 46.
33
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», página 55.
34
Samai – tribunal de origen, índice 84, archivo «archivo 052_MemorialWeb_Otro-10MEMORIALAPORTA.pdf».
35
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», página 59.
36
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «23.
Antecedentes», página 4.

15

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

Identificación Audiencia de pruebas del 15 de febrero de 202437

Leonardo Avilés
Avilés Minuto 5:00 y en adelante de la grabación:
El testigo señaló que, desde diciembre de 2011, José Luis Rubio,
(Audiencia del 15 hasta finales de diciembre de 2016, se desempeñó en la supervisión
del contrato de vigilancia, encargándose de la logística, la revisión de
de febrero de
cámaras, el cumplimiento de las funciones de los vigilantes y la
2024) asistencia a reuniones mensuales de comité donde recibía
retroalimentación e instrucciones. Indicó que trabajaba de lunes a
viernes, ocasionalmente los sábados, en horarios de 7 a. m. a 4 p. m,
asignados por el coordinador de Gestión Administrativa, en la sede
principal de Montevideo (Carrera 68D 17), posteriormente en
Chapinero (Carrera 10 64, Lurdes) y en sedes alternas. Expresó que,
durante este período, la mayoría de los funcionarios eran contratistas,
sin personal de planta realizando las mismas labores y que los
contratos se renovaban anualmente hasta el último día del año,
iniciando nuevos contratos la primera semana del siguiente. Manifestó
que José Luis, no podía delegar sus funciones, trabajaba bajo las
instrucciones de varios jefes, como William Rodríguez, Juan Manuel
Mendoza y Mario Osorio, utilizando herramientas estándar como un
computador y una impresora compartida, además de un carné de
identificación con foto, nombre y cédula para acceder a las
instalaciones.

Nancy Rocío
Silva Olarte Minuto 21:40 y en adelante de la grabación:
Manifestó que conoció al demandante cuando ingresó a laborar en el
(Audiencia del 15 INVIMA y que hasta 2016, José Luis Rubio trabajó como contratista
en la supervisión del contrato de vigilancia, cumpliendo un horario de
de febrero de
7 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes en la oficina de gestión
2024) administrativa, donde coincidieron, pues también fue contratista en el
mismo grupo, hasta el año 2014, cuando esta fue trasladada a otra
oficina. Mencionó que, durante ese período, tuvieron como jefes a
William Rodríguez, Juan Manuel Mendoza y Mario Osorio, quienes,
como coordinadores daban las órdenes. Reiteró que los contratos se
renovaban anualmente en enero, cubriendo de enero a diciembre, y
se les enfatizaba el cumplimiento del horario. Finalmente, expuso que,
al firmar el contrato, recibían un carné de identificación, y a partir de
finales de 2014, debían usar una tarjeta de acceso para marcar
entrada y salida tras la instalación de talanqueras.

• Reclamación administrativa38

a) Escrito del Veintidós (22) de enero de Dos Mil Veinte (2020) 39, por el cual
la parte demandante solicita a la entidad demandada, contestación de la
reclamación administrativa que adujo incoó el día Veintidós (22) de junio
de Dos Mil Dieciocho (2018), en la que solicitó que se reconozca que existió
una relación laboral de orden legal y reglamentaria sin solución de
continuidad con el INVIMA40, reiterada el Veinte (20) de noviembre de Dos

37
Samai – tribunal de origen, índice 66, archivo
«038AUDIENCIADEPR_20200051600PRUEBAS15DEFEBRERODE2024.pdf».
38
Conforme lo precisó el Tribunal, se tiene esta reclamación y respuesta como el agotamiento de la reclamación
administrativa, por ser un aspecto sobre el cual no se emitió recurso alguno.
39
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 47 a 53.
40
El Tribunal resaltó que en el plenario no se allegó prueba de la reclamación administrativa del 22 de junio de 2018,
motivo por el cual, tuvo en cuenta como reclamación administrativa la presente solicitud del 22 de enero del 2020.

16

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

Mil Dieciocho (2018); de la que se infiere que el periodo sobre el cual se
reclama la relación laboral fue del (1) de octubre de Dos Mil Uno (2001)
(sic) al Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

b) Oficio No. 20202011781 del Once (11) de marzo de Dos Mil Veinte
(2020)41, suscrito por la asesora de la Dirección General con delegación de
funciones del grupo de Gestión Contractual del INVIMA, por medio del cual
negó la solicitud de reconocimiento de acreencias laborales por el periodo
reclamado.

2.2.3. Caso concreto.

La Sala pasa a analizar si en este caso se acreditaron los tres elementos que
conforman la relación laboral, siendo estos: prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación.

En cuanto al primer elemento de la relación laboral, esto es, la prestación
personal del servicio, para la Sala dicho elemento está acreditado, toda vez
que, de análisis de los contratos detallados en el cuadro que antecede se logra
evidenciar que el actor prestó sus servicios como economista para el Grupo
de Gestión Administrativa de la Secretaría General del INVIMA de manera
directa y personal, durante el periodo comprendido entre el Primero (1) de
diciembre de Dos Mil Once (2011) y hasta el Treinta (30) de diciembre de Dos
Mil Dieciséis (2016).

Adicionalmente, el testigo Leonardo Avilés Avilés hizo referencia a la
prestación del servicio por parte del actor durante los citados años.

No obstante, tal como lo concluyó el Tribunal, como la pretensión de la
demanda es que se declare la relación desde el Veintinueve (29) de diciembre
de Dos Mil Once (2011), momento para el cual ya estaba vigente el vínculo,
se tendrá dicha data como la fecha de inicio.

41
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 65 a 71.

17

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

Respecto a la remuneración se encuentra demostrado que, como
contraprestación de la labor desempeñada por el señor José Luis Rubio
Saavedra percibió́ una remuneración; así se desprende de los contratos
suscritos donde se pactó el pago de honorarios por la labor; aspecto sobre el
cual no se presentó inconformidad; ante ello, se da por probado el segundo
elemento.

Establecido lo anterior, la Sala se encamina al estudio del elemento de la
subordinación o dependencia; que es el objeto de la controversia,
comoquiera que para el Tribunal aquel no se configuró.

Frente a la subordinación, la Corte Constitucional en la sentencia T-041 de
2024 señaló que, esta implica que el empleador está facultado para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes en cualquier momento; aquellas pueden
estar relacionadas con el tiempo, el modo o la cantidad de trabajo; así como,
con la imposición de reglamentos para la ejecución de sus tareas. Igualmente,
estas órdenes deben ser permanentes durante toda la ejecución del contrato
bajo diversos parámetros42.

Asimismo, sobre el elemento de la subordinación y los indicios que resultan
relevantes para la declaración de una relación laboral, han sido diversos los
pronunciamientos de esta Corporación, los cuales quedaron consagrados en
la sentencia de unificación del Nueve (9) de septiembre de Dos Mil Veintiuno
(2021)43 donde se dijo que tales indicios eran, entre otros: el cumplimiento de

42
«136. Sobre la subordinación, la Corte Constitucional estableció que esta implica que el empleador está facultado
para exigirle al empleado el cumplimiento de órdenes en cualquier momento. Estas órdenes pueden estar
relacionadas con el tiempo, el modo o la cantidad de trabajo, así como con la imposición de reglamentos para la
ejecución de sus tareas. Asimismo, estas órdenes deben ser permanentes durante toda la ejecución del contrato 42.
En ese sentido, la subordinación, como elemento determinante del contrato de trabajo, fue entendida por esta
corporación como:
«[U]n poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través
de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como éste
debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias […]».42.
[…]
«141. Finalmente, la Sala Laboral de la Corte Suprema de justicia reiteró que existen indicios sobre la existencia de
una relación laboral encubierta, los cuales fueron relacionados en la Recomendación 198 de la Organización
Internacional del Trabajo. Estos indicios pueden ser útiles para descifrar una relación de trabajo subordinada. De esta
forma, la autoridad judicial consideró como tales la prestación del servicio según el control y supervisión de otra
persona42, la exclusividad42, la disponibilidad del trabajador42, la concesión de vacaciones42, la aplicación de sanciones
disciplinarias42, cierta continuidad del trabajo42, el cumplimiento de una jornada u horario de trabajo 42, la realización
del trabajo en los locales o lugares definidos por el beneficiario del servicio42, el suministro de herramientas y
materiales42, el hecho de que exista un solo beneficiario de los servicios42, el desempeño de un cargo en la estructura
empresarial42, la terminación libre del contrato42 y la integración del trabajador en la organización de la empresa42».
43
«103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha considerado, como indicios de la
subordinación, ciertas circunstancias que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la entidad para que el contratista
lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones

18

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

horario de labores; la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar;
que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta.

En ese sentido, el acervo probatorio da cuenta de varios indicios relevantes
que, contrario a lo resuelto por el Tribunal, permiten tener por configurado el
elemento de la subordinación, así: el cumplimiento de horarios, las labores se
ejecutaron bajo instrucciones y órdenes emanadas de la entidad demandada.
Lo anterior, teniendo en cuenta que:

Los señores Leonardo Avilés Avilés y Nancy Rocío Silva Olarte en sus
declaraciones señalaron que, el actor debía cumplir una jornada de lunes a
viernes, en un horario de 7:30 a.m. a 4:30 p.m, e incluso se dijo por la señora
Silva Olarte que, hubo un periodo de tiempo donde el demandante tenía que,
usar una tarjeta de acceso para marcar entrada y salida, precisando la testigo
que el actor debía portar carné de la entidad durante la prestación del servicio;
además, la labor era ejercida en las instalaciones del INVIMA, entidad quien
le asignó el puesto de trabajo y todos los elementos que requería para
desarrollar sus actividades conforme lo precisó el testigo Avilés Avilés. Los dos
testigos también indicaron que, el accionante recibía órdenes de sus jefes,
William Rodríguez, Juan Manuel Mendoza y Mario Osorio, empleados de la
entidad llamada a juicio.

El testigo Avilés afirmó también que, el señor Rubio Saavedra no podía delegar
sus funciones, tenía que asistir a reuniones mensuales de comité donde
recibía retroalimentación y órdenes para ejercer su labor. Estas órdenes
también quedaron acreditadas con los diferentes correos electrónicos
aportados al plenario, los cuales eran enviados por el señor Juan Manuel
Mendoza Villamarín, coordinador del Grupo de Gestión Administrativa,
dirigidos al actor durante los meses de septiembre a diciembre de 2016, donde
se le solicita informes de gestión, autorizaciones de ingreso de personas,

tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla,
en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de planta. […] 105. ii) El horario
de labores. […] 106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. […] 107. iv) Que las actividades
o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan
los elementos configurativos de la relación laboral». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala
Plena de Sección Segunda. sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021. Expediente:
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

19

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

convocatoria a reuniones y da instrucciones para el seguimiento de asuntos a
su cargo44.

Adicionalmente, tenemos que la labor ejercida por el demandante no fue por
un evento temporal o para cubrir una necesidad contingente de la entidad
accionada, al contrario, esta perduró por más de cuatro (4) años;
desconociendo con ello lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993,
según el cual, esta permitido la celebración de contratos de prestación de
servicios, cuando la labor no pueda realizarse con personal de planta o
requiera de conocimientos especializados pero solo «por el término estrictamente
indispensable».

Igualmente, la naturaleza de la función desarrollada por el accionante, la cual
consistía según el testimonio rendido por el señor Leonardo Avilés «en la
supervisión del contrato de vigilancia, encargándose de la logística, la revisión de cámaras, el
cumplimiento de las funciones de los vigilantes» y según lo indicado por la señora

Nancy Rocío Silva Olarte estaba encaminada a la supervisión del contrato de
vigilancia»; si bien no es propia del objeto social de la llamada a juicio, si resulta

indispensable para sus fines, pues está ligada con la preservación, cuidado de
los bienes; así como, con la seguridad de las instalaciones.

En este punto, debe indicarse que, si bien en el objeto contractual de todos los
contratos suscritos por el demandante con la llamada a juicio se hizo referencia
a la prestación de servicios profesionales como economista; no es menos
cierto que, en las obligaciones contractuales se pactó el desarrollo de
actividades que versaban sobre la adquisición, cuidado, mantenimiento y
vigilancia de los bienes de la entidad, así: (i) apoyar y proyectar los
documentos y actos administrativos necesarios para la adquisición del servicio
de mantenimiento locativo de las instalaciones del INVIMA; (ii) apoyar a
proyectar los documentos y actos administrativos necesarios para la
adquisición del servicio de mantenimiento de los equipos de oficina,
laboratorios, vehículos del INVIMA de acuerdo con los requerimientos, normas
y procedimiento vigentes; (iii) apoyar en el servicio de seguridad y vigilancia
de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes; (iv) actualizar las

44
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 131 a 239.

20

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

funciones de los vigilantes de acuerdo con lo pactado en el contrato de
prestación de servicios en cada uno de los puestos de trabajo en las diferentes
sedes; (v) realizar los estudios de seguridad con el propósito de establecer
debilidades y fortalezas en cada uno de los puntos de control del servicio de
seguridad y vigilancia. (vi) asistir en representación del Grupo a los Comités
que le designe el Coordinador y; (vii) proyectar los documentos y oficios que
establezca el supervisor, entre otras funciones.

En consideración a lo expuesto, se insiste que, contrario a lo afirmado por el
A-quo, en el presente asunto se acreditaron los tres elementos de la relación
laboral durante el tiempo en que el actor prestó sus servicios a través de
contratos de prestación de servicios y que fue objeto de reclamo por este
medio de control, esto es, desde el Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil
Once (2011) y el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016).

Así las cosas, durante los periodos en que el demandante prestó sus servicios
a la entidad a través de contratos de prestación de servicios, habrá de
declararse la existencia de una relación laboral encubierta, esto es, entre los
periodos del 1/12/2011 a 29/12/2011, 05/01/2012 a 05/07/2012, 05/07/2012 a
31/12/2012, 20/01/2013 a 31/12/2013, 2/01/2014 a 31/12/2014, 06/01/2015 a
31/12/2015, y 15/01/2016 a 30/12/2016.

En virtud de lo anterior, se considera que hay lugar a declarar la nulidad del
acto administrativo acusado; dado que, se logró demostrar que el vínculo que
unió a las partes sí fue de origen laboral.

Establecida la existencia de una relación laboral encubierta bajo la forma de
un contrato de prestación de servicios, lo que procede es la definición del
restablecimiento del derecho. Sin embargo, a juicio de la Sala, el medio de
control incoado fue presentado cuando ya había operado el fenómeno de la
prescripción, como pasa a exponerse:

La Sala no desconoce que la competencia del juez de segunda instancia se
define por los argumentos del recurso de apelación, los cuales en este caso
no incluyen la discusión sobre la prescripción; no obstante, el inciso primero

21

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

del artículo 328 del Código General del Proceso45, dejó abierta la posibilidad
que se adopten las decisiones de oficio que correspondan. Sumado a lo
anterior, el inciso segundo del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011, dispone
que silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las
excepciones de fondo, propuestas o no46; igualmente, hace parte del objeto de
esta jurisdicción la protección del orden jurídico y el patrimonio público, por
todas estas razones se pasará a revisar oficiosamente el fenómeno de la
prescripción.

En ese orden de ideas, debe recordarse que el fenómeno de la prescripción ha
sido analizado por esta Sección, específicamente en lo que respecta a los
derechos que se derivan de la declaratoria de existencia de la relación laboral,
así en la sentencia de unificación de 25 de agosto de 201647 se dijo:

«[…] quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá
reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la
terminación de su vínculo contractual (…) Sin embargo, no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y
progresividad» (se destaca).

Adicionalmente, debe recordarse que, el fenómeno de la prescripción está
consagrado en el artículo 41 del Decreto Ley 3135 de 1968, en concordancia
con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, normas que disponen la
prescripción trienal e indican que aquel se puede interrumpir por una sola vez,
lo anterior significa que, una vez se presenta la reclamación administrativa, el
plazo inicia de nuevo su conteo y la demanda debe ser presentada dentro de
los tres años siguientes, so pena de que se configure aquel.

El actor en la demanda afirmó que presentó una primera reclamación

45
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. (…)
46
ARTÍCULO 187. CONTENIDO DE LA SENTENCIA. La sentencia tiene que ser motivada. En ella se hará un breve
resumen de la demanda y de su contestación y un análisis crítico de las pruebas y de los razonamientos legales, de
equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y
precisión y citando los textos legales que se apliquen. En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas
y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus. Para restablecer el
derecho particular, la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podrá estatuir disposiciones nuevas en reemplazo
de las acusadas y modificar o reformar estas. […]
47
Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (88-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter.

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

administrativa en junio del año 2018, pidiendo la declaratoria de una relación
laboral y el pago de acreencias laborales; la cual, según su dicho fue reiterada
el 20 de noviembre de 2018. La primera reclamación en cita no fue aportada;
ante ello, el Tribunal requirió a la parte actora para que la aportara, quien dio
respuesta al requerimiento48; no obstante, del análisis de los documentos
allegados no se evidencia que, en efecto se haya incoado la referida
reclamación.

Estos documentos, tanto en los hechos como en las pretensiones hacen
referencia a unos contratos como odontólogo y en las pretensiones se pide
dicha relación laboral, pero, entre Gerardo Duarte y Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional, como puede apreciarse49:

Debe además indicarse que, en el escrito del Veinte (20) de noviembre de Dos

48
Samai – tribunal de origen, índice 84, archivo «archivo 052_MemorialWeb_Otro-10MEMORIALAPORTA.pdf».
49
Ibid.

23

Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

Mil Dieciocho (2018)50, se reiteró la reclamación administrativa radicada en
junio de 201851, la cual como ya se expuso, hace mención a una persona
diferente a la aquí figura como demandante; en esta segunda petición no se
expuso el objeto de la misma; por tanto, tampoco es posible concluir que con
ella se haya agotado la reclamación administrativa; en la cual se pidió lo
siguiente:

La Sala desea resaltar que, tan solo con la reclamación presentada el
Veintidós (22) de enero de Dos Mil Veinte (2020)52, la parte demandante logró
acreditar que presentó solicitud ante la entidad demandada tendiente a
obtener la declaratoria de la relación laboral y el pago de acreencias
laborales53; la cual, fue resuelta de forma negativa a través del acto

50
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», página 55.
51
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», página 55.
52
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 47 a 53.
53
El Tribunal también llegó a esta misma conclusión, precisando que, al plenario no se allegó prueba de la reclamación
administrativa del 22 de junio de 2018, motivo por el cual, tuvo en cuenta como reclamación administrativa la solicitud
del 22 de enero del 2020.

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Número Interno: 2418-2025
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Demandado: INVIMA

administrativo acusado, esto es, el oficio 20202011781 del Once (11) de marzo
de Dos Mil Veinte (2020)54, suscrito por la asesora de la Dirección General con
delegación de funciones del grupo de Gestión Contractual del INVIMA.

En ese orden de ideas, es la citada reclamación del Veintidós (22) de enero
de Dos Mil Veinte (2020) la que se tendrá en cuenta para definir el fenómeno
de la prescripción; así las cosas, debe recordarse que, la relación laboral
terminó el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016); por tanto, el
actor podía haber reclamado los derechos que en virtud de aquella se
configuraron hasta el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Diecinueve (2019);
sin embargo, como ya se ha expuesto, lo acreditado es que aquella que se
presentó el Veintidós (22) de enero de Dos Mil Veinte (2020), esto es, cuando
ya se había configurado el citado fenómeno jurídico de la prescripción.

En virtud de lo anterior, no es posible acceder al restablecimiento del derecho
deprecado, esto es, a las pretensiones tendientes a obtener el pago de los
emolumentos laborales e indemnizaciones reclamados; no obstante, debe
aclararse que, la citada figura de la prescripción no opera sobre los aportes
pensionales, dado que, estos al estar ligados al derecho pensional tienen la
connotación de ser imprescriptibles e irrenunciables. Así las cosas, a pesar de
la declaratoria de prescripción se deberá ordenar a la entidad que proceda a
efectuar el pago de la diferencia sobre los aportes pensionales que se hubieran
generado durante el tiempo en que se acreditó la existencia de la relación
laboral.

Conforme a lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia, se
declarará la nulidad del Oficio No. 202-0416-2020 Rad. 20202011781 del Once
(11) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), expedido por la asesora de la
Dirección General con delegación de funciones del grupo de gestión
contractual del INVIMA, por medio del cual se negó la existencia de una
relación laboral y el pago de las acreencias laborales deprecadas por el señor
José Luis Rubio Saavedra. Asimismo, se declarará la existencia de una
relación laboral encubierta entre el señor José Luis Rubio Saavedra y el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA,

54
Samai – tribunal de origen, índice 33, expediente digital, archivo «10_ED_20200051600(.ZIP)», documento «01.
DEMANDA Y ANEXOS», páginas 65 a 71.

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Número Interno: 2418-2025
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Demandado: INVIMA

ocurrida entre el Veintinueve (29) de diciembre de Dos Mil Once (2011) y el
Treinta (30) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016), salvo interrupciones,
conforme a las consideraciones que anteceden.

No obstante, se declarará que operó el fenómeno de la prescripción sobre
todos los derechos salariales y prestacionales reclamados en este proceso,
sin embargo, a título de restablecimiento del derecho se ordenará al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, el
reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, durante el plazo donde se demostró la existencia de la relación
laboral, siendo estos, los periodos del 29/12/2011 a 29/12/2011, 05/01/2012 a
05/07/2012, 05/07/2012 a 31/12/2012, 20/01/2013 a 31/12/2013, 2/01/2014 a
31/12/2014, 06/01/2015 a 31/12/2015, y 15/01/2016 a 30/12/2016, tomando
como ingreso base de cotización (IBC) mes a mes el valor de los honorarios
que devengó por los contratos que encubrieron la relación laboral o por un
servidor de la misma categoría vinculado laboralmente a la planta de la
entidad, en caso de que este exista.

Asimismo, se indicará que la entidad demandada solo deberá realizar el pago
de los aportes que en su calidad de empleador le correspondía. Por su parte,
el señor José Luis Rubio Saavedra deberá acreditar las cotizaciones que
realizó al Sistema General de Seguridad Social en pensiones, durante el
tiempo que duró su vinculación y, en la eventualidad de que no las hubiese
hecho o existiese diferencia en su contra, deberá pagar o completar, según
sea el caso, el porcentaje que le correspondía como trabajador.

2.4 Condena en costas

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Siete (7) de julio de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección A, que negó a las pretensiones de la demanda. En su
lugar:

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del Oficio No. 202-0416-2020 Rad.
20202011781 del Once (11) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), expedido por
la asesora de la Dirección General con delegación de funciones del grupo de
gestión contractual del INVIMA, por medio del cual se negó la existencia de
una relación laboral y el pago de las acreencias laborales deprecadas por el
señor José Luis Rubio Saavedra, de acuerdo con lo expuesto en precedencia.

TERCERO: Declarar la existencia de una relación laboral encubierta entre el
señor José Luis Rubio Saavedra, y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - INVIMA, ocurrida entre el Veintinueve (29) de
diciembre de Dos Mil Once (2011) y el Treinta (30) de diciembre de Dos Mil
Dieciséis (2016), salvo interrupciones, conforme a las consideraciones que
anteceden.

CUARTO: DECLARAR que operó el fenómeno de la prescripción sobre todos
los derechos salariales y prestacionales reclamados en este proceso, por los
motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho ORDENAR al Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, el
reconocimiento y pago de los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, durante el plazo donde se demostró la existencia de la relación
laboral, siendo estos, los periodos del 29/12/2011 a 29/12/2011, 05/01/2012 a
05/07/2012, 05/07/2012 a 31/12/2012, 20/01/2013 a 31/12/2013, 2/01/2014 a
31/12/2014, 06/01/2015 a 31/12/2015, y 15/01/2016 a 30/12/2016, tomando
como ingreso base de cotización (IBC) mes a mes el valor de lo percibido por
un empleado de planta en un cargo que guarde equivalencia funcional al por
él desempeñado, en caso de existir; aclarando que, solo en el evento de

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Número Interno: 2418-2025
Demandante: José Luis Rubio Saavedra
Demandado: INVIMA

acreditarse la no existencia de dicho funcionario de planta se tendrá que acudir
a los honorarios pactados.

La entidad demandada solo deberá realizar el pago de los aportes que en su
calidad de empleador le correspondía. Por su parte, el señor José Luis Rubio
Saavedra deberá acreditar las cotizaciones que realizó al Sistema General de
Seguridad Social en pensiones durante el tiempo que duró su vinculación y,
en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su
contra, deberá cancelar o completar, según sea el caso, el porcentaje que le
correspondía como trabajador.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Sin condena en costas en esta instancia.

OCTAVO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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