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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00658-02

Fecha
27 de junio de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00658-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda presentada por la Administradora 50 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 20 Radicado: 25000-23-42-000-2020-00658-02 (5324-2022) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Colombiana de Pensiones contra Antonio Solano Prieto Acosta, por las razones expuestas en esta decisión. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. SLVA 21

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00658-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00658-02 (5324-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandados: Antonio Solano Prieto Acosta
Litisconsorte: Administradora de fondo de pensiones Horizonte, hoy Porvenir
SA

Temas: Traslado del régimen de prima media con prestación definida al
régimen de ahorro individual con solidaridad. Pérdida de los
beneficios de la transición. Efectividad del traslado

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante contra
la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-administrativo2, en orden a que

1
En adelante Colpensiones.
2
En lo que sigue CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00658-02 (5324-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

se declarara la nulidad de las siguientes resoluciones: i) 15055 del 26 de mayo de
2010, por la cual el Instituto de los Seguros Sociales3, reconoció una pensión de
vejez a favor de Antonio Solano Prieto Acosta; ii) 25441 del 26 de julio de 2011, por
la cual ordenó el ingreso en nómina de la prestación, a partir del 1° de agosto de
2011; y iii) 5114 del 9 de octubre de 2011, por la cual confirmó el acto anterior.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) el reintegro de lo pagado por concepto de mesadas, retroactivos y salud
con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez, a partir de la fecha de
inclusión en nómina de pensionados hasta que cese el pago o se declare la
suspensión provisional; iii) la indexación de las sumas de dinero reconocidas; iv) el
pago de intereses a que hubiere lugar; y v) las condena en costas al demandado.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Colpensiones reconoció pensión vejez a Antonio Solano Prieto Acosta por
medio de la Resolución 15055 del 26 de mayo de 2010, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 100 de 1993; sin embargo, fue dejada en suspenso hasta que acreditara
el retiro definitivo del servicio.

3.2. A través de la Resolución 25441 del 26 de julio de 2011 fue incluida en
nómina la prestación a partir del 1° de agosto de 2011. Esta decisión fue confirmada
por la Resolución 5114 del 9 de octubre de ese año.

3.3. Luego de consultado el Sistema de Información de los Afiliados a las
Administradoras de los Fondos de Pensión (SIAFP), advirtió que el demandado se
trasladó al régimen de ahorro individual con solidaridad en la administradora
Horizonte.

3.4. Mediante auto APDPE146 del 23 de octubre de 2019 le solicitó autorización
para la revocatoria de la pensión, por no ser la competente para reconocerla, sino
la AFP Horizonte; sin embargo, el demandado no se pronunció.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4.Como tales, se señalaron los artículos 48 de la Constitución Política; 42 del
Decreto 1406 de 1990; y 12, 13 y 33 de la Ley 100 de 1993.

3
En lo sucesivo ISS.

2

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00658-02 (5324-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

5. En cuanto al concepto de violación expuso que Antonio Solano Prieto Acosta se
encuentra afiliado a la administradora de fondos Horizonte y es esta la competente
para atender el reconocimiento pensional, pues es la que recibe las cotizaciones,
tal y como lo dispone el artículo 42 del Decreto 1406 de 1999, lo que evidencia una
falta de competencia de Colpensiones para expedir los actos acusados4.

1.2. Contestación de la demanda

6. Antonio Solano Prieto Acosta se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la demanda, con fundamento en lo siguiente5:

6.1. No se aportó prueba documental que acreditara su afiliación al fondo privado
de pensiones Horizonte, ni certificación alguna de estar actualmente afiliado a algún
otro fondo privado. En la casilla «7. ESPACIO PARA EL AFILIADO» del formulario de
afiliación a Horizonte, no aparece la firma del demandado.

6.2. Porvenir6 expidió la historia laboral en la que aparece registrado que se
vinculó en noviembre de 1999 y se retiró en febrero de 2002 para trasladarse al ISS.
A su vez, en el reporte emitido por Colpensiones aparecen registradas las
cotizaciones realizadas inicialmente a Horizonte (hoy Porvenir) por el traslado, por
el periodo noviembre de 1999 a febrero de 2002, lo que evidencia su regreso al
régimen como afiliado y cotizante activo. Ahora bien, para la fecha del traslado
[noviembre de 1999] tenía 56 años de edad y le faltaban 4 para pensionarse, de
manera que era beneficiario del régimen de transición, razón por la cual el traslado
era ineficaz e ilegal y su retorno al ISS era válido.

7. Propuso las excepciones de cobro de lo no debido, buena fe y prescripción.

8.La AFP Porvenir no contestó la demanda7 tal y como lo advirtió el a quo en auto
del 1° de abril de 20228.

4
Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 12 (archivo WinRAR ZIP), archivo 2.
5
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 33.
6
Al respecto señaló que mediante escritura pública 2250 del 26 de diciembre de 2013 de la Notaría
65 de Bogotá, y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 31 de diciembre de ese año, la
sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías Porvenir SA, perfeccionó la fusión por
absorción de la AFP Horizonte.
7
Fue vinculada mediante auto del 1° de octubre de 2021. Índice 2 de Samai, expediente digital,
archivo 39.
8
En esta providencia anunció que aplicaría el contenido del artículo 182A del CPACA que establece
la posibilidad de dictar sentencia anticipada. Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 52.

3

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

1.3. La sentencia apelada

9.El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
mediante sentencia proferida el 6 de julio de 2022 negó las pretensiones de la
demanda. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos9:

9.1. Antonio Solano Prieto Acosta acreditó más 15 años de servicios cotizados
antes del 1° de abril de 1994, razón por la cual le es aplicable el régimen de
transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y en tal medida, podía
retornar, en cualquier tiempo, al régimen de prima media con prestación definida. Al
respecto, contrario a lo considerado por la entidad demandante, si bien se trasladó
del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con
solidaridad, posteriormente retornó al primero.

9.2. Si bien el artículo 42 Decreto 1406 de 1999 dispone que «el traslado de entidad
administradora producirá efectos sólo a partir del primer día calendario del segundo mes
siguiente a la fecha de presentación de la solicitud del traslado efectuada por el afiliado ante
la nueva entidad administradora. La entidad administradora de la cual se retira el trabajador
tendrá a su cargo la prestación de los servicios y el reconocimiento de prestaciones hasta
el día anterior a aquél en que surjan las obligaciones para la nueva entidad», quien debe
reconocer la pensión del demandado es Colpensiones, pues el retorno del traslado
del régimen se realizó en marzo de 2002, es decir que a partir del mes siguiente el
responsable del reconocimiento es el nuevo fondo de pensiones (Colpensiones).

9.3. La pensión fue concedida el 26 de mayo de 2010, efectiva a partir del 1° de
junio de ese año, con la inclusión de todas las cotizaciones, en los términos del
artículo 13 Decreto 758 de 1990, pago que se condicionó al retiro definitivo del
servicio, pues así se dispuso en la Resolución 015055 del 26 de mayo de 2014.

9.4. Es válida la última vinculación efectuada por el demandado en el año 2002,
pues al contar con más de 15 años de servicios antes del 1° de abril de 1994, podía
retornar al régimen de prima media con prestación definida en cualquier momento,
por lo que no puede considerarse que la multiafiliación se mantuvo hasta el final de
la relación laboral, y una vez retornó al ISS la AFP Horizonte «terminó su cuenta
individual y trasladó el ahorro», sin que exista en el plenario prueba de que el
demandado siguió afiliado a ese fondo después de marzo de 2002.

9.5. Contrario a lo que plantea la entidad demandante el último fondo pensional
al cual estuvo afiliado Antonio Solano Prieto Acosta fue Colpensiones entidad a la
cual cotizó durante muchos años, sin que ésta tuviese reparos en recaudar dichos

9
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 68.

4

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

aportes, por lo que no es de recibo que en uso de formalidades excesivas pretenda
soslayar su responsabilidad para con el afiliado.

1.4. El recurso de apelación

10. Colpensiones interpuso recurso de apelación en el cual manifestó lo siguiente10:

10.1. Carece de competencia para el reconocimiento de la pensión reconocida a
través de los actos acusados pues Antonio Solano Prieto Acosta se encontraba
afiliado a un fondo privado que administra el RAIS al momento de cumplir los
requisitos para adquirir la prestación. Por lo cual el acto administrativo que reconoce
pensión de vejez es contrario a derecho.

10.2. El demandado cumplió los requisitos para adquirir la pensión de vejez cuando
tenía la calidad de afiliado del fondo de pensiones y cesantías Horizonte. Por lo que
la competencia para reconocer y pagar esa prestación no recae en Colpensiones,
sino en Horizonte, hoy Porvenir.

10.3. El pago de una prestación sin el cumplimiento de los requisitos legales,
atenta contra el principio de estabilidad financiera del sistema general de pensiones,
establecido por el Acto Legislativo 01 de 2005 como una obligación del Estado,
entendido como el manejo eficiente de los recursos asignados a dicho sistema con
el objetivo de garantizar a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
seguridad social. El sistema está conformado por recursos limitados, que se
distribuyen de acuerdo con las necesidades de la población, con el objetivo de hacer
efectivos los derechos adquiridos. Así, con los actos acusados se vulnera el
principio de progresividad y al acceso a la pensión de quién sí tiene derecho.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar11.

1.6. El Ministerio Público

12. En esta oportunidad no se pronunció12.

10
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 75.
11
Tal y como se indicó en el auto del 11 de octubre de 2023. Índice 12 de Samai.
12
Así se desprende del informe secretarial del 11 de diciembre de 2023. Índice 17 de Samai.

5

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer lo siguiente: ¿Colpensiones era la entidad
competente para el reconocimiento de la pensión de Antonio Solano Prieto Acosta
a pesar de haberse trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Regímenes del Sistema General de Pensiones creados por la Ley 100 de
1993

14. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral cuyo
propósito fue «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como
para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades
propuestas en [esa] Ley». Asimismo, el Sistema General de Pensiones allí diseñado
tuvo por objeto «garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en [esa] Ley, así como propender por la ampliación
progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de
pensiones».

15. En virtud de lo anterior, en su artículo 12 estableció dos regímenes i) el de prima
media con prestación definida, administrado por el extinto ISS, hoy Colpensiones y
ii) el de ahorro individual con solidaridad, gestionado por los fondos privados. El
primero lo define como «aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen
una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente
definidas»13 en el cual los aportes de sus afiliados constituyen «un fondo común de
naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad
de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución
de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley»14. El segundo se basa en el
ahorro proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros;
en él, el monto de la pensión no es determinado por la ley, sino que depende «de
los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los subsidios
del Estado, cuando a ellos hubiere lugar»15.

16. Para obtener el beneficio pensional, en el primero de los regímenes analizados,
el afiliado debe cumplir con unos requisitos de edad y semanas de cotización, en

13
Artículo 31 de la Ley 100 de 1993.
14
Literal b) del artículo 32 ibidem.
15
Literal a) del artículo 60 ibidem.

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tanto que en el segundo, este es el de ahorro individual, tendrían derecho al
reconocimiento prestacional quienes hayan reunido en su cuenta individual el capital
necesario para financiarla y siempre que la cuantía no sea inferior al 110 % del valor
del salario mínimo mensual legal vigente.

17. Esta corporación ha señalado que estos regímenes son excluyentes entre sí16, y
por tal motivo, el trabajador debe seleccionar el régimen al que se afilia y «para tal
efecto [debe] manifestar por escrito su elección al momento de la vinculación o del
traslado»17.

18. Sobre el particular, el texto original del literal e) del artículo 13 ibidem señalaba
que «una vez efectuada la selección inicial, éstos (los afiliados) sólo podrán trasladarse de
régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial»18. No
obstante, con la expedición de la Ley 797 de 2003 se modificó la norma así:

«Artículo 2.º Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y
se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán
así:

Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.
a) La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes;

e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de
pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán
trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de
la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el
afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos
para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;» [Se resalta].

19. Esta norma fue reglamentada por el Decreto 3800 de 200319, que en su artículo
1 señaló que quienes «a 28 de enero de 2004, les faltaren 10 años o menos para cumplir
la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez,
entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad, hasta dicha fecha».

20. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de
transición por el cual protegió a quienes al momento de entrar en vigencia el Sistema
tenían 35 o más años de edad si se trata de mujeres o 40 o más años de edad si
son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, a los cuales se les debía

16
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2016,
radicado 11001 03 25 000 2012 00016 00 (0072-12).
17
Literal b) del artículo 13 de la Ley 100.
18
En tanto que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.
19
«Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 2° de la Ley 797 de 2003».

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aplicar la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez del régimen anterior al
cual se encontraran afiliados. Sin embargo, la noma indicó lo siguiente:

«<Inciso condicionalmente exequible>20 Lo dispuesto en el presente artículo para las
personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o más
años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, no será
aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro individual
con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas para dicho
régimen.

<Inciso condicionalmente exequible>21 Tampoco será aplicable para quienes habiendo
escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de
prima media con prestación definida». [Se resalta].

21. Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005, delimitó la aplicación del régimen de
transición y reguló el parámetro temporal de su vigencia en los siguientes términos:

«[…] el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este

20
Inciso 4 declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
789 del 24 de septiembre de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, así: «siempre y cuando se entienda
que estas disposiciones no se aplican a quienes habían cumplido quince (15) años o más de servicios
cotizados, al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley
100 de 1993, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta sentencia. Con todo, el monto de
la pensión se calculará conforme al sistema en el que se encuentre la persona».
21
Inciso 5 declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia
referida en la nota anterior, así: «siempre y cuando se entienda que estas disposiciones no se aplican
a quienes habían cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en
vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993, conforme a lo
establecido en la parte motiva de esta sentencia. Con todo, el monto de la pensión se calculará
conforme al sistema en el que se encuentre la persona.

Así mismo se declara EXEQUIBLE este inciso 'en el entendido que el régimen de transición se aplica
a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen
de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de
servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y
decidan regresar al régimen de prima media con prestación definida, siempre y cuando:

a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y

b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren
permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado en
el régimen de prima media».

8

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régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen».

22. En línea con lo expuesto, sobre la pérdida de los beneficios de la transición en
los eventos en los que las personas se acogieran de manera libre y voluntaria al
RAIS, la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002 condicionó la
aplicación de este beneficio excepcional bajo el concepto de las expectativas
legítimas, en cuanto consideró que estas debían respetarse para quienes
alcanzaron por lo menos 15 años de servicio y, de esta manera, avaló que les fuera
respetada la transición, con el condicionamiento de que retornaran al régimen de
prima media con un ahorro que no fuera inferior al monto del aporte legal que allí
les correspondía; no así para quienes únicamente hubieren acreditado el
requerimiento de la edad (35 años para mujeres y 40 para hombres)22.

23. Valga precisar que es necesario comprobar si el traslado del régimen cumplió o
no con los requisitos señalados por la jurisprudencia para conservar su validez, en
atención a las consecuencias colaterales que de él emergen, esto es la posible
pérdida de la transición, y de contera la imposibilidad de acceder a una pensión de
vejez; razón por la cual esta corporación ha encontrado indispensable, en aras de
garantizar los derechos irrenunciables de las personas, verificar si al momento en
que la persona optó por escoger el régimen al cual efectuaría sus cotizaciones a
seguridad social, esta hubiere sido debidamente asesorada23 de manera precisa
y transparente respecto de sus ventajas y desventajas, «pues es justamente la
información asimétrica referente a la forma en que operan y conceden la prestación de vejez
de los regímenes, la que permitirá la escogencia espontánea y consciente de los afiliados»24
en atención al principio de «libertad de elección de régimen» que exige a las
administradoras proporcionar información en un lenguaje claro, simple y
comprensible que les permita «conocer toda la verdad objetiva –y comparada– de los

22
Esta postura ha sido reiterada por esta corporación, en el sentido de hacer exigible el requisito
temporal de los 15 años de servicios o cotizaciones a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993
para aquellos trabajadores que, al margen de que se hubieran hecho beneficiarios de la transición
prevista en el artículo 36, optaron voluntariamente por el traslado al RAIS. Al respecto, ver: Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado
200012339000-2015-00358-01 (4244-2017); ii) sentencia del 7 de mayo de 2020, radicado
250002342000201503434 01 (2004-201).
23
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia señaló que «lo que se exige no es cualquier tipo
de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad informada» pues el propio Estatuto
de Seguridad Social, desde su origen, reconoció que podían presentarse asimetrías en la
información lo cual tendría incidencia en los derechos de los trabajadores. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 14 de noviembre de 2018, providencia: SL4964-
2018.
24
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 22 de julio de 2021, radicado
68001-23-33-000-2013-00253-01 (2764-2017), M.P. William Hernández Gómez; y del 14 de octubre
de 2021, radicado 15001 23 33 000 2015 00695 01 (6435-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00658-02 (5324-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro»25.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

24. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

24.1. Antonio Solano Prieto Acosta nació el 18 de octubre de 1943 según consta
en el registro civil de nacimiento26.

24.2. De acuerdo con los certificados aportados al expediente, prestó sus servicios
en las siguientes entidades, además de otras empresas privadas27:

Entidad
Entidad Desde Hasta Total responsable de
los aportes
15 de febrero de 21 de noviembre
IDRD 9 meses, 6 días Cajanal
1972 de 1972
Fondo Territorial
Departamento de 15 de febrero de 3 años, 10
2 de abril de 1973 de Pensiones
Cundinamarca 1977 meses, 13 días
Públicas
Secretaría Distrital 9 de agosto de 1 año, 3 meses,
18 de abril de 1989 Foncep
de Hacienda 1990 22 días
Secretaría de Caja de Previsión
16 años, 10
Educación de 16 de julio de 1974 4 de junio de 1991
Bogotá
meses, 19 días Social del Distrito
Secretaría Gobierno 22 de septiembre 4 años, 5 meses, Caja de Previsión
6 de abril de 1984
de Bogotá de 1988 16 días Social del Distrito
Secretaría Tránsito 1 año, 2 meses, Caja de Previsión
18 de abril de 1989 3 de julio de 1990
de Bogotá 15 días Social del Distrito
21 de diciembre de 2 de mayo de 2 años, 4 meses,
ICETEX Cajanal
1990 1993 11 días
4 de noviembre de 15 de marzo de 4 años, 4 meses,
ICBF Cajanal
1994 1999 11 días

24.3. Entre el 1° de febrero de 1969 y el 30 de octubre de 1999 realizó cotizaciones
al ISS, según se desprende de la Resolución 015055 del 26 de mayo de 201028 y

25
Corte Constitucional, Sentencia T-191 de 2020.
26
Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 12 (archivo WinRAR ZIP), archivo 07Memorial, link
CC-17095386.zip, documento PDF denominado «GEN -DDI AF—2016_13729245-
201905130020258»
27
Índice 2 de Samai, expediente digital, carpeta 12 (archivo WinRAR ZIP), archivo 07Memorial, link
CC-17095386.zip.
28
A través de este acto administrativo el ISS le reconoció una pensión de vejez al demandado. Índice
2 de Samai, expediente digital, archivo 8.

10

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del reporte de semanas cotizadas al ISS hoy Colpensiones29 tal y como se observa
en el siguiente cuadro:

Origen de la
Entidad Desde Hasta Total
información
30 de noviembre de Reporte de
Colegio Claretiano 1 de febrero de 1969 10 meses
1969 Colpensiones
Gimnasio de los 1 año, 6 meses, 19 Reporte de
12 de enero de 1970 31 de julio de 1971
Cerr días Colpensiones
15 de febrero de 21 de noviembre de Resolución 5055 de
IDRD 9 meses, 6 días
1972 1972 2010
Depto de 3 años, 10 meses, 13 Resolución 5055 de
2 de abril de 1973 15 de febrero de 1977
Cundinamarca días 2010
Alcaldía Mayor 16 años, 10 meses, Resolución 5055 de
16 de julio de 1974 4 de junio de 1991
Simultáneos 2427 19 días 2010
15 de febrero de 9 años, 4 meses, 7 Reporte de
Univ. Noct LA 22 de junio de 1991
1982 días Colpensiones
Secretaría 22 de septiembre de 4 años, 5 meses, 16 Resolución 5055 de
6 de abril de 1984
Gobierno 1988 días 2010
Simultáneo 1064
Secretaría Tránsito 1 año, 2 meses, 15 Resolución 5055 de
18 de abril de 1989 3 de julio de 1990
Simultáneo 290 días 2010
ICETEX 21 de diciembre de 2 años, 4 meses, 12 Resolución 5055 de
3 de mayo de 1993
Simultáneo 117 1990 días 2010
21 de septiembre de Reporte de
Conalfrío Ltda. 16 de abril de 1994 6 meses, 26 días
1993 Colpensiones
Corporación 20 de octubre de Reporte de
7 de diciembre de 1994 1 mes, 17 días
estudios 1994 Colpensiones
4 de noviembre de 4 años, 5 meses, 29 Resolución 5055 de
ICBF 3 de mayo de 1999
1994 días 2010
Reporte de
Corporación Uni. 1 de agosto de 1996 30 de agosto de 1999 3 años, 1 mes
Colpensiones

24.4. En todo caso, en el reporte de semanas cotizadas de Colpensiones, obra
registro de semanas posteriores al 1° de enero de 2000 por una «Corporación
universi», por el demandado, la Escuela de Cadetes, la «Dirección nacional D» y la
Policía Nacional, desde esa fecha hasta el 30 de noviembre de 2018, así:

Entidad Desde Hasta
Corporación Univ 1/01/2000 30/11/2001
Antonio Solano 1/01/2002 31/05/2003
Corporación Univ 1/04/2003 30/06/2008
Antonio Solano 1/05/2003 30/04/2008
Corporación Univ 1/04/2008 30/09/2008
Escuela de cadetes 1/07/2008 31/05/2010
Dirección Nacional D 1/08/2013 31/10/2016
Policía Nacional Dir 1/06/2017 30/11/2018

24.5. Además, del reporte de Colpensiones, se advierte que antes del 1° de abril

29
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 33, página 24.

11

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de 1994, efectuó cotizaciones en esa administradora por alrededor de 610.29
semanas. Así se señala en el certificado aludido:

Entidad Desde Hasta Semanas

Colegio Claretiano 1 de febrero de 1969 30 de noviembre de 1969 43.29

Gimnasio de los Cerr 12 de enero de 1970 31 de julio de 1971 80.86

Univ. Noct LA 15 de febrero de 1982 22 de junio de 1991 458.43

Conalfrío Ltda. 21 de septiembre de 1993 1° de abril de 1994 27.71

Total 610.29

24.6. El 1° de septiembre de 1999, diligenció el formulario de afiliación al fondo de
pensiones y cesantías Horizonte30, y de acuerdo con la relación histórica de
movimientos Horizonte, expedida por Porvenir el 8 de noviembre de 2019, la
afiliación se hizo efectiva ese 1° de septiembre de 1999, no se encuentra vigente y,
aun cuando aparecen registros de «movimientos», la única cotización que se reporta
corresponde al mes septiembre de 1999, así31:

Fecha Pago Periodo Pago Nit Pago Razón Social Aporte obligatorio Comisión
1999/10/08 199909 860056070 Universidad Antonio Nariño 49.282 17.248

24.7. La administradora de pensiones Porvenir certificó que Antonio Solano Prieto
Acosta presenta en su cuenta individual del fondo los siguientes datos32:

Vigencias
Fecha de inicio Fecha de retiro Entidad traslado
1/11/1999 28/02/2002 Instituto de Seguros Sociales

Empleadores que efectuaron aportes:
NIT Razón social
860,056,070 Universidad Antonio Nariño

Valores trasladados:
Fecha pago Valor Entidad
16/11/2012 $ 463 Colpensiones
16/10/2007 $ 143,44 Instituto de Seguros Sociales

30
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 33, página 37.
31
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 33, página 38 a 40.
32
Índice 2 de Samai, expediente digital, archivo 33, página 41.

12

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24.8. Por medio de la Resolución 15055 del 26 de mayo de 2010, Colpensiones le
reconoció una pensión de vejez de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993
con una tasa de reemplazo del 85% sobre 1905 semanas; sin embargo, fue dejada
en suspenso hasta que acreditara el retiro definitivo del servicio.

24.9. A través de la Resolución 25441 del 26 de julio de 2011 fue incluida en
nómina la prestación a partir del 1° de agosto de 2011. Esta decisión fue confirmada
por la Resolución 5114 del 9 de octubre de ese año.

24.10. Mediante auto APDPE146 del 23 de octubre de 2019 Colpensiones le solicitó
autorización para la revocatoria de la pensión, por no ser la competente para
reconocerla, sino la AFP Horizonte.

2.3.2. Análisis sustancial

25. De las pruebas anteriormente relacionadas se establece que para el 1° de abril
de 199433 Antonio Solano Prieto Acosta tenía más de 50 años de edad y mas de 15
años de servicios prestados, es decir, que es beneficiario del régimen de transición
de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al haber consolidado los requisitos
de edad y de tiempo de servicios.

26. Lo anterior, pues aun cuando se advierte simultaneidad de vinculaciones, el
periodo certificado por la Secretaría de Educación de Bogotá es suficiente para
considerar que se acreditó este requisito pues da cuenta de que prestó sus servicios
por 16 años, 10 meses y 19 días antes de la entrada en vigor de la mencionada Ley
10034, pese a que ese tiempo no se encuentre reportado en Colpensiones.

27. De acuerdo con lo anterior, contaba con el cúmulo de cotizaciones necesario para
retornar al régimen de prima media, pues tal y como se ha reseñado en esta decisión
y a partir de las consideraciones expuestas en la sentencia C-1024 de 2004, se
entendió que la prohibición contenida en el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de
1993, según la cual no podía trasladarse aquel que le faltara 10 años o menos para
cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, no aplica para quienes se
beneficiaban de la transición contenida en la aludida Ley 100 por tiempo de
servicios; es decir que quienes acreditaban 15 años o más de servicios podían
retornar al régimen de prima media en cualquier tiempo35.

33
Fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
34
Entre el 16 de julio de 1974 y el 4 de junio de 1991.
35
Tal y como se indicó en la sentencia C-789 de 2002.

13

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28. En este punto resulta necesario precisar que la posibilidad de retornar al régimen
de prima media, sin perder los beneficios de la transición no se circunscribe a la
acreditación de cotizaciones a una determinada entidad de previsión, sino que
alude a que todo aquel trabajador que se haya trasladado al RAIS, pero que a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 contara con 15 años de servicios podía
retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media. De esta manera, aun
cuando de acuerdo con el reporte de semanas cotizadas de Colpensiones, al 1° de
abril de 1994 solo había efectuado cotizaciones en esa entidad por alrededor de
610.29 semanas, lo cierto es que el requisito que era necesario acreditar es el de
tiempo de servicios y ese lo completó.

29. Ahora bien, uno de los argumentos de Colpensiones consiste en que, para la
fecha de adquisición del estatus, el demandado no se encontraba afiliado al régimen
de prima media con prestación definida, en consecuencia, no era la competente
para reconocer y pagar la prestación. Para sustentar su argumento, invocó el
artículo 42 del Decreto 1406 de 1999, que al respecto señala lo siguiente:

«Artículo 42. Traslado entre entidades administradoras. El traslado entre entidades
administradoras estará sujeto al cumplimiento de los requisitos sobre permanencia en
los regímenes y entidades administradoras que establecen las normas que reglamentan
el Sistema.

En todo caso, el traslado de entidad administradora producirá efectos sólo a partir del
primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de la
solicitud del traslado efectuada por el afiliado ante la nueva entidad administradora. La
entidad administradora de la cual se retira el trabajador tendrá a su cargo la prestación
de los servicios y el reconocimiento de prestaciones hasta el día anterior a aquél en que
surjan las obligaciones para la nueva entidad.

En el Sistema de Seguridad Social en Salud, el primer pago de cotizaciones que se deba
efectuar a partir del traslado efectivo de un afiliado, se deberá realizar a la nueva Entidad
Promotora de Salud.

En el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, el primer pago de cotizaciones que se
deba efectuar a partir del traslado efectivo de un afiliado, se deberá realizar a la antigua
administradora de la cual éste se trasladó, con excepción de los trabajadores
independientes, que deberán aportar a la nueva administradora de pensiones.

Para los efectos del presente artículo, se entenderá por traslado efectivo el momento a
partir del cual el afiliado queda cubierto por la nueva entidad en los términos definidos
en el inciso anterior.»

30. Como se observa, la norma transcrita se limita a señalar, entre otras cosas, que
el traslado estará sujeto al cumplimiento de los requisitos de permanencia y que
producirá efectos solo a partir del primer día calendario del segundo mes siguiente
a la fecha de presentación de la solicitud del traslado efectuada por el afiliado ante

14

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

la nueva entidad administradora, pero nada prevé respecto de la competencia para
el reconocimiento de la pensión de vejez cuando el trabajador válidamente retorna
al régimen de prima media por ser beneficiario del régimen de transición de la Ley
100 por alcanzar el tiempo de servicios requerido.

31. En criterio de la Sala, de esta norma no se puede advertir la trasgresión alegada
por la parte demandante que soporte la pretensión de declarar la falta de
competencia para reconocer y pagar la pensión porque, el demandado, a la fecha
de adquisición del estatus, estaba afiliado a la AFP Horizonte.

32. Por el contrario, tal y como lo señaló el a quo, de la norma aludida se advierte la
necesidad de la efectividad del traslado y lo cierto es que Colpensiones permitió el
retorno al régimen pues siguió recibiendo las cotizaciones efectuadas por él y sus
empleadores tal y como se evidencia en el recuento probatorio. Así, para esta Sala
es evidente que el accionante fue aceptado nuevamente por Colpensiones,
comoquiera que esta administradora fue la destinataria de las cotizaciones, sin que
ello fuera controvertido en su momento.

33. Con esto se advierte la ineficacia del traslado y permite advertir que ni Porvenir
ni Colpensiones brindaron la asesoría necesaria ni la información y
acompañamiento que exige una solicitud de cambio de régimen, pues de haberlo
hecho, el demandante habría estimado con anterioridad a ello las consecuencias de
su petición. Con todo, lo que se evidencia es que pese a que sí se diligenció un
formulario con tal propósito, el interés del afiliado era mantener las condiciones de
las que se beneficiaría de permanecer en Colpensiones como administradora del
régimen de prima media.

34. Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «lo que se exige
no es cualquier tipo de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad
informada»36 pues el Estatuto de la Seguridad Social, desde su origen, reconoció
que podían presentarse asimetrías en la información lo cual tendría incidencia en
los derechos de los trabajadores. Por tal motivo, recordó que a las administradoras
les correspondía no solo aportar los documentos suscritos por quien se
traslada, sino brindar la asesoría suficiente que le permitiera al trabajador
adoptar una decisión completamente libre37.

35. A su vez, la Corte Constitucional ha ratificado y desarrollado el principio de
«libertad de elección de régimen», y la necesidad de proporcionar información como

36
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 14 de noviembre de 2018,
número de providencia: SL4964-2018.
37
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 22 de noviembre de 2011,
radicación: 33083.

15

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uno de los plurales deberes de las administradoras en relación con sus afiliados, y
«se concreta, a su vez, en las siguientes obligaciones: a) se debe suministrar información
y asesoría a través de un lenguaje claro, simple y comprensible, y; b) debe darse a conocer
toda la verdad objetiva –y comparada– de los regímenes, evitando sobredimensionar lo
bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro»38.

36. Con fundamento en lo anterior, esta corporación39 ha recordado que en efecto,
en el numeral 1 del artículo 97 del Decreto 663 de 199340 [aplicable a las
administradoras de fondos de pensiones, por virtud de lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 3 ibidem] se previó la obligación de suministrar a los usuarios «la
información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen,
de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las
mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas», pues la actividad
de estas administradoras impacta en el derecho fundamental de la seguridad social;
y que tal exigencia fue reiterada en la Ley 1328 de 200941 que dispuso que en las
relaciones entre los consumidores y las entidades financieras, debía observarse de
manera minuciosa el principio de transparencia e información cierta, suficiente y
oportuna.

37. En esa línea, el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2555 de 201042 indicó que las
administradoras de pensiones, «tienen el deber del buen consejo, por lo que se
encuentran obligadas a proporcionar a los consumidores financieros información completa
respecto a los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación
con su participación en cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de
Pensiones», por lo que dispuso, a su vez, el deber de brindar asesoría por parte de
representantes de ambos regímenes «como condición previa para que proceda el
traslado», imperativo que fue reiterado en el parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1748
de 201443.

38. Bajo tales premisas, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que antes de que
se realice un cambio de régimen, debe informarse al usuario como mínimo las
características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno, así como

38
Corte Constitucional, Sentencia T-191 de 2020.
39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de octubre de 2021,
radicado 15001-23-33-000-2015-00695-01 (6435-2019) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
40
"Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su
titulación y numeración".
41
Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras
disposiciones.
42
Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del
mercado de valores y se dictan otras disposiciones.
43
«Por medio de la cual se establece la obligación de brindar información transparente a los
consumidores de los servicios financieros y se dictan otras disposiciones». Exigencia, que fue
reafirmada en el Decreto 2071 de 2015 «Por el cual se modifica el Decreto número 2555 de 2010 en
lo referente al régimen de protección al consumidor financiero del Sistema General de Pensiones».

16

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los riesgos y consecuencias que el traslado genera para cada afiliado44; y esta
corporación ha sostenido que «ya no es suficiente con proporcionar con claridad las
distintas opciones del mercado, con sus características, condiciones, riesgos y demás
efectos que se deriven de la escogencia, sino que, de manera concomitante, implica un
mandato de brindar asesoría y buen consejo; de modo que la situación del trabajador, con
sujeción a su edad, semanas de cotización, IBC, grupo familiar, entre otros, conjugue un
conocimiento objetivo de los regímenes pensionales y subjetivo a nivel individual, más la
opinión experta sobre el asunto, de cara a tomar una decisión responsable en torno a la
inversión más apropiada de sus ahorros pensionales»45.

39. Así pues, esta Sala echa de menos una prueba adicional a aquella contenida en
el formulario de afiliación al RAIS suscrito por el demandado, a través del cual se
demostrara esa afiliación libre y voluntaria, acompañada de la asesoría que se exige
al momento de incorporarse a la referida administradora de pensiones; esto es no
existe constancia de que se hubiese suministrado al usuario la información clara y
precisa sobre las características, condiciones, consecuencias y riesgos del cambio
de régimen; y lo cierto es que esa carga le corresponde a la entidad, sobre todo en
lo que atañe a la pérdida del régimen de transición del que es beneficiario el
demandado, dado que contaba con el requisito de tiempo de servicios exigido en el
aludido artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para aducir que tenía una expectativa
legítima.

40. Lo anterior es así, pues la asesoría y buen consejo al momento del traslado,
supone una mayor carga probatoria por parte de las administradoras, a fin de
evidenciar que el trabajador fue acompañado por personas expertas en la materia,
que le hubieren permitido tomar la decisión aún bajo los posibles resultados
adversos a sus intereses46. En tal sentido, no es suficiente la simple suscripción del
formulario, sino el cotejo con la información brindada47, de allí que se imponga el
deber a las administradoras de pensiones de documentar el asesoramiento claro y
suficiente sobre los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar
la invalidez de dicho tránsito.

41. En ese orden, el deber de información al momento del traslado de regímenes se
configura como una obligación a cargo de las administradoras de pensiones, lo que
de acuerdo con lo señalado por esta corporación, impone la inversión de la carga

44
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL2324-2019 del 19 de marzo
de 2019, radicado 64860.
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, radicado
68001 23 33 000 2013 00253 01 (2764-2017), M.P. William Hernández Gómez.
46
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de septiembre 2014, número
de providencia: SL12136.
47
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 9 de septiembre de 2008,
radicación: 31389.

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de la prueba en favor del afiliado a efectos de que sea la entidad de previsión la que
demuestre, de un lado, que el trabajador firmó de manera libre y voluntaria el
formulario de afiliación para trasladarse al RAIS y, de otro, que esto lo hubiera
realizado luego de que tuviera un conocimiento pleno de los alcances positivos y
negativos que esa decisión traía consigo48. En un asunto de contornos similares al
que ahora es objeto de estudio, la Subsección A de la Sección Segunda de esta
corporación señaló49:

«Bajo el anterior preludio, resulta insostenible el argumento de que la demandada firmó
de manera libre y voluntaria el formulario de afiliación para trasladarse al RAIS, y que,
como consecuencia de ello, hubiere perdido los beneficios de la transición y la posibilidad
de pensionarse bajo las prerrogativas especiales previstas en el Decreto 546 de 1971
para los funcionarios de la Rama Judicial, pues conforme se ha explicado en
precedencia, la libertad supone el conocimiento pleno de los alcances positivos y
negativos que una decisión traiga consigo en su adopción, cuya carga
demostrativa, se insiste, le correspondía a la entidad de previsión a fin de
evidenciar que dicha información fue expuesta a la interesada.

Esto precisamente obedece a la inversión de la carga de la prueba en favor del
afiliado, pues mal se haría al plantear en estos casos que la mera suscripción del acto
jurídico de afiliación era suficiente para materializar el traslado, toda vez que, cualquier
determinación personal de la índole que aquí se discute, es eficaz cuando existe un
consentimiento informado, y sobre todo en materia de seguridad social que no se
puede ignorar la trascendencia de los derechos pensionales.

Pues tales condiciones fácticas cobran relevancia justamente cuando se pretende
esclarecer, en caso de controversia, si el cambio de régimen pensional cumplió los
mínimos de transparencia, así como si al momento del afiliado tomar la decisión de
trasladarse, contaba con los elementos de juicio suficientes para ello, y de contera, sirven
de soporte para considerar si el régimen de transición aún le resultaba aplicable o no».
[Se resalta].

42. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra que la situación fáctica descrita
resta validez i) al traslado alegado por la entidad demandante, especialmente al
tratarse de un trabajador beneficiario del régimen de transición que se encontraba
en una situación susceptible de perder los beneficios que establece el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, a fin de obtener su pensión de jubilación bajo prerrogativas
excepcionales y más favorables a sus intereses, y a su vez ii) al presunto perjuicio
de Colpensiones pues, contrario a sus afirmaciones lo que resulta inadmisible es
que se desconozcan los derechos a la seguridad social so pretexto de la afectación
a la estabilidad financiera del sistema.

48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de octubre de 2021,
radicado 15001-23-33-000-2015-00695-01 (6435-2019) M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
49
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021, radicado
68001 23 33 000 2013 00253 01 (2764-2017), M.P. William Hernández Gómez.

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43. Sobre esto último, a juicio de Colpensiones, con la expedición de los actos
acusados se vulneraría el principio de sostenibilidad financiera porque se «afecta
gravemente su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que si (sic)
tienen derecho a su reconocimiento»; sin embargo, para la Sala la afectación al
patrimonio público no va más allá de una apreciación huérfana de prueba y, aunque
genera un costo para la entidad, de acuerdo con lo hasta ahora desarrollado, se
trata de una prestación legalmente reconocida en punto de la entidad competente
para reconocerla como administradora del régimen de prima media.

44. Y es que aun cuando el asunto planteado por Colpensiones pudiese generar un
dilema para esta autoridad judicial en tanto que entrarían en colisión la
sostenibilidad financiera y el derecho a la seguridad social, este debe resolverse
acudiendo al parágrafo del artículo 334 de la Constitución Política, según el cual
«bajo ninguna circunstancia, autoridad alguna de naturaleza administrativa, legislativa o
judicial, podrá invocar la sostenibilidad fiscal para menoscabar los derechos fundamentales,
restringir su alcance o negar su protección efectiva», lo cual debe analizarse de cara a
los principios de buena fe y confianza legítima que el Estado genera a quien goza
de un derecho protegido constitucionalmente.

45. Así las cosas, tal y como lo señaló el a quo, Antonio Solano Prieto Acosta no
tenía vocación de permanecer en el RAIS pues allí solo se hicieron cotizaciones por
un mes, a más que de acuerdo con lo certificado por Porvenir, su afiliación no se
encuentra vigente. Aunado a lo anterior, al momento de su traslado no contaba con
los elementos útiles y consejos profesionales para hacer su elección, lo que impone
considerar que no fue efectivo el traslado.

46. Con fundamento en lo expuesto, esta Sala no encuentra soporte a los
argumentos en contra de los actos acusados que permitan la declaratoria de nulidad
y, por lo tanto, se impone confirmar la sentencia apelada que negó las pretensiones
de la demanda.

2.4. Costas

47. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00658-02 (5324-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

48. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

49. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma50.

50. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

51. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, actuación
temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Antonio Solano Prieto
Acosta es beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley
100 de 1993 y podía retornar del RAIS al RPMPD en cualquier momento, de manera
que Colpensiones sí es la entidad competente para reconocer en esas condiciones
la prestación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de julio de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante la cual
se negaron las pretensiones de la demanda presentada por la Administradora

50
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 25000-23-42-000-2020-00658-02 (5324-2022)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

Colombiana de Pensiones contra Antonio Solano Prieto Acosta, por las razones
expuestas en esta decisión.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
SLVA

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